Deprimera #439 | 11 de abril de 2026

LICITACIONES EN EL GOBIERNO DE ROCHA CON TUFO

CORRUPCIÓN

DIRECTORIO

No. 439 | Sábado 11 de abril de 2026

Director

Bernardino Chávez Arroyo

Sub director

Aldo Montoya

Colaboradores

Sergio Ramos

Santiago Rentería

Abel Jacobo Miller

Roque Guerrero Barraza

Eduardo Rivadeneyra

Alfredo Rendón

Iván Grijalva

Zona Norte

Santiago Rentería

Zona Sur

David Fuentes M.

Finanzas

Elena Muñoz

Cultura

Sergio Ramos

Cartón

Edwin Ayala /Quique

Deprimera Visión

Aldo Montoya

Correo electrónico

Deprimeraintencion@hotmail.com

Asesor jurídico

Ricardo Arnulfo Mendoza

Diseño

3 LICITACIONES EN EL GOBIERNO DE ROCHA CON TUFO A CORRUPCIÓN

14 La ONU y su postura contra la desaparición forzada en México

25Murmullos DePrimera

27 Sinaloa, entre el tarifazo y el grito del campo

35Sin justicia para los mineros de Concordia

50Semana Santa en Sinaloa: Millones que circulan, violencia que persiste

63El plan B electoral: Austeridad, control y dudas en los gobiernos locales

70Sinaloa 2027: la elección que puede decidirse antes de empezar

Columnas

42 Internacional Eduardo Rivadeneyra Núñez

74 Mar de Fondo Institucional

84 La Frase Iván Grijalva

LICITACIONES EN EL GOBIERNO DE ROCHA

CON TUFO A CORRUPCIÓN

Santiago Rentería.

El reciente escándalo del contrato de las despensas de 356 millones pesos entregado a una empresa fantasma, y que obligó al gobernador a dar marcha atrás de manera aparente, volvió a revivir la polémica de los turbios negocios de los hijos de Rubén Rocha Moya, sobre todo ahora que viene “el Año de Hidalgo”: ahí están también las obras en carrusel, el yerno operando descaradamente en el DIF Sinaloa y todo lo que se trate de recursos que les deje dividendos.

Al ser balconeada en medios y para salvar a su hija Eneyda Rocha y a su yerno Jorge Antonio Cano Félix, el gobernador Rubén Rocha Moya borró de un plumazo el contrato entregado de una manera truculenta a una empresa recientemente constituida, la cual tenía solamente dos empleados registrados ante el Seguro Social.

Rocha Moya no aguantó la exhibida. En su semanera del lunes 6 de abril justificó que la empresa no firmó el contrato en los diez días naturales que tenía que hacerlo, por lo que el convenio tuvo que cancelarse, aunque defendió la legalidad de la licitación.

Durante su más reciente semanera, el gobernador Rocha Moya señaló que al final el contrato no se terminó —como por arte de magia— tras señalamientos.

De acuerdo con el acta de licitación en CompraNet, fechada al 10 de marzo, la empresa Mercadeo Getrevanoa S.A. de C.V. fue la ganadora de la licitación al considerar que daba las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

El contrato es por 356 millones 32 mil 853 pesos para la adquisición y distribución de canastas alimenticias de programas como atención de alimentación escolar, en los primeros mil días y primera infancia, atención a personas en situación de vulnerabilidad y a personas en situación de emergencia o desastre para el 2026.

La licitación fue firmada por Marcos Martínez López, jefe de departamento de bienes y suministros del sis-

tema DIF Sinaloa; Yadisabel López Velázquez, directora de asistencia alimentaria del sistema DIF Sinaloa; Joshua Normando Patraca Meza, titular del órgano interno de control y evaluación, y Gerardo García Valenzuela, jefe del departamento jurídico.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Mercadeo Getrevanoa S.A. de C.V. fue constituida el 25 de septiembre de 2025 en Jalisco y tiene como accionistas a María del Carmen Ibarra López y Chermiee Yaqueline Arizaga Domínguez, en 48 mil y 32 mil títulos, respectivamente.

La empresa tiene domicilio en el área metropolitana de Guadalajara y su objeto social es la fabricación, producción, elaboración, embotellamiento, enlatado, distribución e importación de todo tipo de productos alimen-

ticios; de subproductos alimenticios y no alimenticios; servicio especializado para empresas; procesos de reciclaje; arrendamiento y subarrendamiento de instalaciones, mobiliario, maquinaria y equipo para eventos.

Mercadeo Getrevanoa obtuvo su registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) días antes de ganar la licitación y sólo tiene a dos empleados dados de alta.

Asimismo, el medio señaló que la empresa envió imágenes de las bodegas de almacenamiento en las que se ve una bodega con seis tráileres, pero presuntamente esta fotografía fue bajada de internet.

FACTURERA EN LA MIRA

También otro escándalo reciente fue cuando el Servicio de Administración Tributaria boletinó a las empresas factureras. En Sinaloa se encontró que la empresa constructora Ingeniería y Obras del Pacífico Urba fue contratada por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa para el arrendamiento de pipas por 30 millones de pesos.

Empresas señaladas como factureras en licitaciones con el gobierno de Sinaloa.

Sin embargo, de nueva cuenta Rocha Moya salió a la defensa de sus contratos opacos al sostener que el contrato se le dio a la empresa cuando el SAT aún no la ponía en su lista negra.

Pero esto apenas es una cola de las decenas de obras que tienen todo el tufo a la corrupción de un gobierno que opera en las sombras: los hijos del gobernador.

EL MALECÓN DE LOS MIL MILLONES

Uno de estos ejemplos notorios es el nuevo Malecón Margen Izquierdo que se construye entre el Congreso del Estado y la Unidad de Servicios Estatales, y que llegará cerca de Bachigualato.

Licitado en varios contratos para pulverizar los cientos de millones de pesos, el Malecón

Margen Izquierdo es una de las obras más costosas del sexenio de Rubén Rocha Moya con una cifra cercana a los mil millones de pesos, pagados de los mega créditos que pidió vía congreso del estado.

Cabe recordar que el gobierno de Rocha Moya pidió prestado dos préstamos que avaló el Poder Legislativo, el primero por la cantidad de dos mil 300 millones de pesos y el segundo por dos mil 200 millones, que dan un total de cuatro mil 500 millones de pesos, todo para hacer frente a los desfalcos que dejaron los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

En el caso de la obra millonaria, uno de los tramos recientemente licitado se adjudicó a las empresas Constructora y Arrendamientos del Pacífico S.A. de C.V. y A.

Alguno de los contratos para la construcción del Malecón Margen Izquierdo.

de C. Construcciones un contrato de 84 millones 691 mil 316.21 pesos.

También estaba en marcha la LICITACION PUBLICA OPPU-EST-LP-042-2026 para la construcción de un puente que conecte el bulevar Pedro Infante con el Malecón Margen Izquierdo cuyo costo será cercano a los 300 millones de pesos, según las actas de apertura del concurso.

Otro contrato de esta misma obra faraónica se les dio a las empresas Prefabricados del Pacífico; Edificación, Construcción y Maquinaria de Culiacán; Constructora y Servicio Angulo y una de las favoritas de los hijos de Rocha, Constructora REMCO S.A. de C.V.

El gobernador implementó el Plan Sinaloa para «rescatar la economía», obras a modo.

A todas ellas se les encomendó la primera etapa del Malecón con un costo de 295 millones de pesos, en número cerrados.

La segunda etapa del Malecón fue entregada a las empresas Jase Desarrollos y Supervisión S.A. de C.V., así como Obras y Servicios del Río S.A. de C.V. por un monto de 306 millones de pesos en números cerrados.

Es decir, en total el malecón les costará a los sinaloenses 985 millones de pesos, la más cara de todo el sexenio, ya que la ampliación del malecón que comprende el bulevar Enrique Sánchez Alonso, al norte de la ciudad, tuvo un costo de 126 millones.

El carrusel de constructoras, ganancias directas para la Constructora Chocosa, propiedad de los hijos del gobernador.

Algunos de los productos que la empresa Mercadeo Getrevanoa surtiría al DIF Sinaloa.

LA BANDA SINALOENSE DE LOS ROCHA RUÍZ

En agosto del año pasado, el periodista Víctor Hugo Arteaga publicó un reportaje en el que señalaba cómo el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, otorgó contratos y asignaciones directas por más de tres mil millones de pesos, en donde participaron al menos 23 empresas que acudieron a licitaciones simuladas, bajo un esquema de complicidades.

En dicho reportaje se analizaron 200 procesos licitatorios, adjudicaciones directas y concursos por invitación a por lo menos tres personas a partir de la toma de posesión de Rocha Moya en noviembre de 2021.

La investigación revelaba que existen dos modos de operación que llevan a las empresas de los hijos del gobernador a ganar concursos de manera directa o indirectamente; después, una de esas compañías –Constructora Chocosa S.A. de C.V.–, recibiría pagos por diversos servicios o proveedurías.

Entre las empresas señalaban a la Constructora Bogax, la cual realizó un pagó a la firma Chocosa por tres millones 16 mil 475 pesos por concepto de agregados de material para terraplén, subrasante y base triturado.

Estas empresas señaladas en el reportaje ganaron al menos un contrato de alguna de las dependencias que licitaban bajo el esquema de carrusel, y participaron en otras licitaciones ofreciendo cantidades idénticas a las de sus colegas.

Como bien se sabe, todas estas obras son gestionadas por los hijos del gobernador, quienes se encargan de negociar quién se queda con los proyectos, convertidos en el poder detrás del trono durante todo el sexenio.

LA ONU Y SU POSTURA CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

David Fuentes M.

En Sinaloa, donde suman miles de casos de desapariciones sin resolver por parte de las autoridades, el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que se adiverten posibles crímenes de lesa humanidad en México, encontró eco inmediato en familias y colectivos de búsqueda.

El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo público un posicionamiento sobre la crisis de desaparecidos en México para solicitar al secretario general que remita el tema a la Asamblea General, con el objetivo de que se tomen medidas de apoyo para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.

La decisión, sustentada en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se basó en información recabada durante más de una década por el comité, incluidas visitas a distintos estados de México, análisis de informes oficiales y reportes de la sociedad civil.

El Comité concluyó que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crí-

Informe de la ONU sobre la desaparición forzada en México

menes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques “generalizados o sistemáticos” contra la población civil en distintas regiones.

Aunque aclaró que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer estos delitos, el organismo subrayó que el derecho internacional no exige

que los crímenes de lesa humanidad sean orquestados desde las más altas esferas del poder. Sin embargo, el comité señala que se ha recibido información que apunta a la participación directa de funcionarios públicos en la desaparición de civiles.

El Comité colocó la magnitud de la crisis en cifras: más de 132 mil personas desaparecidas hasta febrero de 2026, más de cuatro mil 500 fosas clandestinas localizadas, al menos seis mil 200 cuerpos recuperados, cuatro mil 600 restos humanos y cerca de 72 mil restos sin identificar. A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años por los distintos gobiernos, señaló el Comité, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y las autoridades continúan desbordadas. Desaparecidos en México, una realidad que el gobierno niega día tras día.

En ese contexto, solicitó a la Asamblea General implementar mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proteger a las familias.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE SHEINBAUM

La reacción del gobierno mexicano fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe al considerar que no tomó en cuenta la información enviada por el Estado. “Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, declaró durante su conferencia matutina.

La presidenta sostuvo que el análisis del Comité no es “muy exacto”, ya que extrapola datos de cuatro estados y de un periodo específico, entre 2009 y 2017, sin reflejar la situación actual del país. También cuestionó la interpretación de la figura de desaparición forzada. “Es aquella que proviene de las instituciones de algún país para desaparecer personas por motivos principalmente políticos. El análisis que hacen ellos queda fuera de esta descripción”, dijo.

En su posicionamiento oficial, el gobierno federal calificó el informe como “sesgado” y “tendencioso”, y aseguró que omite avances institucionales implementados desde 2019. Entre ellos, mencionó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU

El documento también insistió en que el marco de la Convención está diseñado para contextos en los que las desapariciones son cometidas de manera sistemática por agentes del Estado, lo que según Claudia Sheinbaum no corresponde a la realidad mexicana actual. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, afirmó.

EL TRASFONDO DEL DOCUMENTO

La discusión se centró en la definición del delito. De acuerdo con la ONU, la desaparición forzada implica la privación de la libertad por agentes del Estado o por particulares que actúan con autorización, apoyo o complicidad de agentes del Estado, sin que sea necesario un móvil político. El gobierno mexicano, en cambio, sostiene que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con la delincuencia organizada, sin la participación de agentes estatales.

El caso de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán en un bar de un exfuncionario de gobierno.

El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, respondió a las críticas y aseguró que el análisis no se limita a sexenios pasados, sino que integra información acumulada desde 2012 hasta la actualidad, incluidos datos recientes sobre personas desaparecidas. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en manos de la 4T con Rosario Piedra al frente, también rechazó las conclusiones del Comité. En un pronunciamiento, cuestionó la independencia de sus integrantes y criticó a organizaciones de la sociedad civil, a las que acusó de manipular las demandas en materia de derechos humanos y de mantener una visión sesgada sobre la situación en el país.

Posicionamiento del colectivo Sabuesos Guerreras.

COLECTIVOS TRAS DOCUMENTOS

Pero mientras el estado mexicano se peleaba con el comité de la ONU, las reacciones de las familias con desaparecidos y los colectivos de búsqueda no se hicieron esperar.

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán, escribió en sus redes sociales que el documento de la ONU no es “un informe más”, sino “un espejo” de lo que ella vive.

“Significa que lo que le pasó a mi hijo no es un caso aislado. No es un error. No es una excepción”, expresó. En su mensaje, señaló que la crisis implica responsabilidad del Estado no sólo cuando participa directamente, sino también cuando no investiga o no actúa con la

debida diligencia. “Cuando dicen que hay más de cien mil personas desaparecidas, están hablando también de mi hijo”, escribió.

Carlos Emilio, de 21 años y originario de Durango, desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 dentro del bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán. De acuerdo con testimonios, se levantó para ir al baño alrededor de las 2:30 de la mañana y no regresó. Versiones posteriores indican que habría sido sometido dentro del establecimiento y sacado por la fuerza.

A seis meses de los hechos, no hay detenidos ni una línea de investigación concluyente. El caso generó controversia pública, incluida la renuncia del entonces secretario de Economía estatal, Ricardo Pity Velarde, copropietario del bar, mientras la familia denunciaba falta de avances y omisiones en la investigación.

“El caso de Carlos Emilio no es un caso aislado. Su ausencia forma parte de una crisis que

hoy el mundo reconoce como grave, como sistemática, como inaceptable”, escribió su madre, quien concluyó con una exigencia: “Quiero saber dónde está mi hijo. Quiero que lo busquen de verdad. Quiero justicia”.

En ese mismo sentido, el colectivo Sabuesos Guerreras, que ha sostenido que suman más de tres mil las personas desaparecidas en Sinaloa desde el inicio de la guerra entre las dos facciones del cártel, emitió un pronunciamiento. En él, advirtió que Sinaloa enfrenta una de las crisis de desaparición más severas de su historia y criticó el rezago en investigaciones y procesos de identificación.

“Detrás de cada cifra, existe un expediente acumulando polvo y una familia cuya vida se detuvo en el tiempo”, señalaron.

Además, el colectivo exigió que las autoridades prioricen la atención a los casos locales, reduzcan el rezago ministerial y garanticen la aplicación efectiva de los protocolos de búsqueda.

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MURMULLOS DEPRIMERA

SALIDAS QUE CERCO VIEJO »

UN PEQUEÑO CONTRATO

El gobierno del morenista Rubén Rocha Moya metió el freno de mano en seco luego de que le ventilaran un contrato en el DIF Sinaloa que “maneja” la hija del góber –las leyendas dicen que en realidad es el yerno–, donde una empresa creada de la nada, y meramente sin trabajadores, ganó una jugosa licitación de más de 300 millones de pesos, pero, al final, el preciso dijo que siempre no, que la empresa no firmó en tiempo y forma… En mis tiempos se decía: ¡te cacharon!

CARCACHA, PASO A PASITO...

No obstante el desmadre que se vive día a día en Sinaloa, el alza en los precios en todo y demás, pues, los camioneros –del transporte público– despertaron al pueblo bueno y sabio con un aumento en el costo del pasaje, cosa que causó molestia entre los consumidores, al mencionar que los camiones ni siquiera están en buenas condiciones ni dan un servicio que merezca el precio, Culiacán está entre los costos más altos a nivel nacional, por cierto… ¡Si hasta unos hasta frenan como en los Picapiedra!

MURMULLOS DEPRIMERA

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SALIDAS QUE CERCO VIEJO

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SALIDAS FÁCILES

El alza en los combustibles está imparable, no hay impuesto gubernamental que detenga esta subida monumental, en México, todo sube, nada baja, la canasta básica está cara de más, ya no alcanzan ni los salarios para alimentar una familia, pero, ante las declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre la gasolina Premium y su respuesta de que, pues carguen Magna, nos recordó a María Antonieta… ¡Que coman pasteles!

LA ESPERANZA

Dentro de todo lo malo, el reciente rescate con vida de unos de los mineros atrapados en la mina Santa Fe en El Rosario, da un respiro ante toda la bola de malas noticias que nos llegan día a día, asesinatos, robos de vehículos, etc., tras el video difundido en redes sociales, el escuchar a Francisco decir “nunca perdí la fe”, nos da un gramito de esperanza, porque en Sinaloa, justo eso… ¡No perdemos la fe!

SINALOA, ENTRE EL TARIFAZO Y EL GRITO DEL CAMPO

Santiago Rentería

Mientras el gobierno autoriza aumentos al transporte público, miles de familias enfrentan un servicio deficiente y más caro. Al mismo tiempo, productores agrícolas toman carreteras y casetas ante una crisis que tiene un origen en común, aunque no absoluto: el alza en combustibles. En medio, una pregunta incómoda: ¿Quién está siendo realmente respaldado, el ciudadano, el empresario o los grandes industriales?

El periodo vacacional no trajo descanso para los sinaloenses. Llegó con un aumento silencioso pero contundente: el pasaje urbano subió de 13.50 hasta los 15 pesos, tras casi cuatro años sin ajustes, con un grupo de con-

La exigencia ha sido la misma, la promesa eterna de buenos precios.

cesionarios que gusta de presionar, pero no mejorar las unidades que circulan por las principales ciudades, en especial la capital.

La justificación oficial del Gobierno fue: inflación, mantenimiento y, sobre todo, el combustible. Los transportistas argumentaron, en una reunión cerrada en plenas vacaciones, que los costos “han superado los beneficios generados por programas sociales”.

Sin embargo, en la calle la percepción es otra. Usuarios calificaron el aumento como “un duro golpe a la economía familiar” y denunciaron unidades en mal estado, sin aire acondicionado o con largos tiempos de espera.

El boletín oficial del gobierno de Rubén Rocha Moya fue parco: los transportistas se comprometieron a mejorar los camiones, una promesa que siempre se hace en cada aumento que les recetan a los usuarios.

Pero el problema no es sólo el aumento. Es pagar más por un servicio que no mejora, con promesas que quedan en el aire.

EL CAMPO ESTALLA: BLOQUEOS Y DESESPERACIÓN

Mientras en la ciudad se les recetó un incremento a los usuarios del transporte público, en el campo la crisis es más profunda. Productores comenzaron con una manifestación a nivel nacional, en por lo menos 17 entidades del país, en donde en Sinaloa se enfocaron en liberar casetas (dejar el libre paso, sin peaje) y bloquear vialidades como medida de presión ante la falta de apoyos por sus cosechas.

Manifestaciones y toma de casetas por parte de productores.

El sentir de los agricultores, sobre todo de frustración ante los últimos años en que el precio de los granos se ha devaluado, se resume en la frase: “No existe una política pública clara que garantice la rentabilidad y la comercialización de las cosechas”.

El paro en Sinaloa no es aislado. Es parte de una movilización nacional donde agricultores denuncian una “crisis que amenaza el abasto y los precios”.

Y el detonante vuelve a ser el mismo: el diésel. Pero la alza al combustible, debido a la situación inestable por la guerra en Irán, se empareja con la depreciación de los granos por factores internacionales.

Los agricultores insisten en que no se puede competir en contra del sistema de siembra de Estados Unidos,

que suele estar acompañado de beneficios para sus productores, cosa que no tienen en México.

De acuerdo con el líder de los campesinos, Baltazar Valdez Armenta, entre las principales demandas al gobierno están la revisión del modelo agroalimentario, al considerar que ya no responde ni a las necesidades de los productores ni de los consumidores.

En particular, proponen excluir los granos básicos del Tratado de Libre Comercio para permitir al Gobierno regular importaciones y priorizar la compra de producción nacional.

Además, exigió el pago inmediato de apoyos pendientes que, en algunos casos, datan de hasta tres ciclos agrícolas. Según el presidente de Campesinos Unidos, al menos mil productores en Sinaloa siguen sin recibir recursos destinados a comercialización y coberturas.

Productores mantienen tomadas las casetas en distintos puntos del país.

EL DIÉSEL: EL HILO QUE CONECTA LA CRISIS

Ahora, en plena crisis, el transporte y el campo comparten un enemigo común. El precio del diésel, cercano a los 30 pesos por litro, se ha convertido en una carga crítica para ambos sectores.

Este combustible mueve camiones urbanos, tractores, maquinaria agrícola y cadenas de distribución. Su encarecimiento impacta directamente en: El costo del pasaje, producción de alimentos y precio final al consumidor.

Se trata de un efecto dominó que termina golpeando siempre al mismo: el ciudadano.

¿GOBIERNO

O ÁRBITRO PARCIAL?

Aquí surge la crítica de fondo. Por un lado, se autoriza el aumento al transporte bajo presión de concesiona-

rios. Por otro lado, los productores siguen protestando porque los apoyos no alcanzan. El discurso oficial insiste en el equilibrio, pero, los hechos apuntan a otra realidad: decisiones que alivian a sectores empresariales mientras trasladan el costo a la población.

Eso sí, en plena manifestación que tenía agricultores en las casetas de cobro de Costa Rica, El Pisal, Cuatro Caminos (Guasave) y Ahome, el gobernador Rubén Rocha Moya salió al paso al informar que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó el pago de los 750 pesos por tonelada.

Ante esta situación, los productores fueron cautos y señalaron que hasta que no se les pague los adeudos pendientes, retomarían la mesa de negociaciones.

Usuarios señalan que circulan unidades sin aire acondicionado y en pésimas condiciones.

En plenas vacaciones se dio un tarifazo en el transporte público.

EL DILEMA SOCIAL: PRIMERO LOS POBRES… ¿O PRIMERO LOS COSTOS?

El aumento al transporte y la protesta del campo no son hechos aislados. Son síntomas de un mismo modelo: uno donde el costo de la crisis se distribuye hacia abajo.

La realidad de la semana de pascua es que el ciudadano paga más por moverse. El productor lucha por sobrevivir. Y el gobierno administra tensiones sin resolver el fondo.

La pregunta queda en el aire, cada vez más fuerte: ¿Dónde quedó el principio de “primero los pobres”?

SIN JUSTICIA PARA LOS MINEROS DE CONCORDIA

A más de dos meses del secuestro de diez trabajadores mineros en el municipio de Concordia, han sido localizados los cuerpos sin vida de nueve de ellos, mientras que aún permanece desaparecido el ingeniero Francisco Antonio Esparza, de 65 años.

El pasado 6 de abril, la empresa canadiense Vizsla Silver confirmó la identificación de Miguel Tapia Rayón, de 56 años, como el noveno minero encontrado entre los restos hallados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde.

La confirmación se dio tras semanas de análisis en el Servicio Médico Forense de Mazatlán y la verificación mediante pruebas de ADN, realizadas a partir de los restos recuperados en febrero.

El caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, en la cabecera municipal de Concordia, donde se alojaban los trabajadores de la minera, y los privó de la libertad.

Del fraccionamiento La Clementina fueron privados de la libertad.

Los hechos fueron denunciados días después por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que solicitó la intervención de las autoridades para localizar a los empleados.

Desde entonces, la investigación ha estado marcada por la incertidumbre. Autoridades federales señalaron como principal línea la participación del Cártel de Sinaloa, particularmente de una célula vinculada a Los Chapitos.

LAS VERSIONES

De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las primeras investigaciones apuntaron a que los mineros habrían sido seEl caso se remonta a enero de este año cuando fueron privados de la libertad los diez mineros.

cuestrados tras ser confundidos con integrantes de un grupo criminal rival, hipótesis que se mantiene como una de las versiones del caso.

Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada por familiares de las víctimas, quienes han señalado inconsistencias en las versiones oficiales, ya que otra de las hipótesis que se maneja es el posible cobro de extorsión a la empresa minera.

LOCALIZAMIENTO DE LOS CUERPOS

El hallazgo de los primeros cuerpos ocurrió el 6 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República confirmó la localización de una fosa clandestina en El Verde, al norte de la cabecera municipal de Concordia, donde se recuperaron al menos diez cuerpos.

Días después, cinco de ellos fueron identificados como parte del grupo de mineros desaparecidos. En las semanas siguientes, la cifra fue aumentando conforme avanzaron los análisis forenses, hasta llegar a nueve identificaciones confirmadas.

La zona de El Verde, ubicada a menos de una hora de Mazatlán, se ha convertido en el punto central de las investigaciones. Ahí no sólo se han encontrado restos de los trabajadores, sino también otras fosas clandestinas que dan cuenta de un verdadero campo de exterminio del crimen organizado. El secuestro de los mineros ocurre en el marco de la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. La región de Concordia donde ocurrieron los hechos forma parte del llamado “Cinturón de Plata”, una zona de alto

Colectivos de búsqueda en el lugar.

potencial minero que, según testimonios de trabajadores y excontratistas, ha estado expuesta a extorsiones, presencia armada y enfrentamientos desde al menos un año antes de los hechos.

En este entorno, también se han documentado antecedentes de inseguridad que incluyen la suspensión temporal de operaciones por parte de la empresa minera en 2025. Pese a ello, autoridades federales señalaron no tener registros previos de denuncias formales por extorsión o amenazas contra la compañía antes del secuestro de los trabajadores.

En febrero, unos días después de que se hizo público el caso, las autoridades informaron de la captura de cuatro presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a Los Chapitos, quienes habrían señalado la existencia de fosas clandestinas en El Verde.

A más de dos meses de los hechos, la investigación continúa sin resultados concluyentes. La empresa Vizsla Silver ha señalado que mantiene comunicación con las familias y colaboración con las autoridades, mientras organizaciones del sector minero han exigido justicia por los trabajadores asesinados.

Hasta el momento, el saldo es de nueve mineros identificados sin vida, una persona desaparecida, el hallazgo de fosas clandestinas, denuncias por extorsión y una guerra entre las facciones del cártel que ha marcado la vida de toda una región sin que las autoridades hagan nada por detenerla.

ARTEMIS II

Eduardo Rivadeneyra Núñez

La misión Artemis II concluyó con éxito su vuelta alrededor de la Luna y regresa a la Tierra luego de haber observado y tomar imágenes del lado oscuro del satélite como parte de un programa que habrá de llevar seres humanos a pisar el suelo lunar, como hace más de

50 años lo hiciera el programa Apolo, amabos operados por la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Con cuatro astronautas a bordo, incluyendo a la primera mujer que participa en una misión a la Luna y a un miembro de la Agencia Espacial de Canadá (CSA, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orión despegó del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, en medio de la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

En los primeros días de la misión, las noticias que llegaban del conflicto opacaron a la información de la misión espacial, sobre todo las amenazas de destrucción total contra Irán lanzadas por el presidente Donald Trump. Sin embargo, luego de que se anunció un cese al fuego de dos semanas, los titulares de los medios fueron ocupados principalmente por el viaje de Artemis II.

Los astronautas Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto, así como los especialistas Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, partieron partieron hacia nuestro satélite, volaron a su alrededor y tomaron de nuevo dirección hacia la Tierra. En realidad, nunca tocaron la superficie lunar, y lo más que se acercaron fue a seis mil 550 kilómetros, aunque muchos medios afirmaron que se trató de la primera ocasión en que una mujer y un afrodescendiente viajan a la Luna. También se dice que se trató de la primera vez en que se toman imágenes del lado oscuro del cuerpo celeste, pero esto fue realizado por primera ocasión por la sonda soviética Luna 3 en 1959.

Esto nos lleva a recordar que, sin restar importancia a la tecnología y los objetivos del programa Artemis, las “primeras veces” que algo se realizó en el espacio se remontan al Siglo XX, cuando Estados Unidos y la

entonces Unión Soviética compitieron por conquistar el espacio.

Los primeros hitos correspondieron a los soviéticos, que en 1957 colocaron en órbita el primer satélite, el Sputnik 1. Después, en 1961, lograron realizar la primera misión tripulada, con Yuri Gagarin como el primer ser humano en salir al espacio. De la misma nacionalidad, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en tripular un viaje espacial en 1963. Para 1965, Aleksei Leonov, fue el primer ser humano en dar una caminata espacial fuera de su nave y para el 1966 la nave no tripulada Venera 3 llegó a la superficie de Venus para ser el primer objeto humano en aterrizar en otro planeta.

Para 1969 los Estados Unidos tomaron la delantera y logaron el primer alunizaje de seres humanos a bordo

La cápsula Columbia, del Apolo 11, el 21 de julio en 1969, cuando el hombre puso su pie por primera vez en el satélite.

del Apolo 11. Entre ese año y 1972 la NASA logró llevar a la superficie lunar a 12 astronautas en un total de seis misiones más del programa Apolo.

Se considera que la carrera espacial entre esas superpotencias concluyó en 1975, cuando ambas realizaron la misión conjunta Apolo-Soyuz.

Cabe señalar que el primer afrodescendiente que viajó al espacio fue el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quien participó en la misión soviética Soyuz 38, en 1980, lo que lo coloca también como el primer latinoamericano en hacer un viaje espacial, seguido después por el astronauta costarricense Franklin Chang Díaz, también en 1980, y luego por el mexicano Rodolfo Neri Vela en 1985. Estos dos últimos participaron en misiones de la NASA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Tras 50 años de labor,

EL PROGRAMA DE TORTUGA

MARINA DE LA UAS DESTACA EN EL SIMPOSIO MUNDIAL DE HAWÁI, posicionándose

a nivel internacional

Alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) colocaron en el contexto internacional al programa de la tortuga marina de Playa Ceuta, tras participar en el 44.° Simposio Internacional de la Sociedad de Tortugas Marinas, celebrado en Kailua-Kona, Hawái.

Este evento, organizado por la International Sea Turtle Society, es reconocido por reunir a los científicos más destacados del mundo dedicados a la conservación de esta especie. Entre los asistentes figuraron diversos grupos de conservación de México, incluyendo a los estudiantes de la UAS, quienes viajaron a este lugar —que guarda una conexión profunda con la especie— para exponer sus investigaciones. Alejandra Ramos Peinado, en representación de sus compañeros Rocío Ibarra Meza, Edgar Uriel Martínez Ojeda y Carolina Herrera Rosas, señaló que, tras compartir sus indagaciones ante este grupo de expertos, recibieron ofertas de trabajo, por lo que se han planteado aprovechar dichas oportunidades.

“Presentar este tipo de trabajos a este nivel no solo fue una experiencia enriquecedora, sino que nos permitió compartir nuestra labor en un contexto internacional, dándonos

la oportunidad de vincularnos con otras instituciones e investigadores del mundo”, afirmó Ramos Peinado.

Al encuentro asistieron alrededor de 700 participantes, entre investigadores, conservacionistas y manejadores de recursos de todo el planeta. Ingmar Sosa Cornejo, director de la Facultad y quien acompañó al grupo de egresados, destacó el impacto del programa de la tortuga marina de la UAS, el cual pone en alto a Sinaloa a nivel global.

“Para nosotros es un gran orgullo, ya que el objetivo es formar recursos humanos calificados. Ver que nuestras indagaciones están a la par de otras investigaciones internacionales se demuestra con la aceptación de nuestros trabajos”, explicó el director. Además, destacó dos impactos principales:

Académico: El intercambio de ideas con otras instituciones y la apertura de un abanico de oportunidades para que los alumnos realicen posgrados.

Social: El trabajo conjunto con las comunidades locales, una línea de acción que la UAS cumple con rigor.

Sosa Cornejo señaló que los puntos clave del programa de Playa Ceuta que más interesan a colegas de otras latitudes son su persistencia y continuidad, tras casi cincuenta años de existencia. El programa aborda la dinámica poblacional y el comportamiento de la especie mediante modelos científicos; ejemplo de ello fue el modelo presentado por los egresados, el cual analiza el comportamiento de las poblaciones antes, durante y después de la pandemia por COVID-19, así como en periodos de inseguridad.

Semana Santa en Sinaloa MILLONES QUE CIRCULAN, VIOLENCIA QUE PERSISTE

Santiago Rentería

En Sinaloa, la Semana Santa se contó en millones para el Gobierno del Estado encabezado por Rubén Rocha Moya. La Secretaría de Turismo contó a millones de visitantes, millones en derrama económica, millones en expectativas cumplidas… al menos en el discurso oficial. Allá en el fondo quedaron los homicidios, los levantones, envueltos en la narrativa de que nada ocurrió en los balnearios, sitios de recreación a donde los sinaloenses acudieron cansados de la inseguridad y la inflación, al final existen dos caras de los números, pero… las ganancias millonarias, ¿hacia quiénes se van?

Del 29 de marzo al 5 de abril, más de 2.8 millones de personas recorrieron el estado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de Sinaloa. La ocupación hotelera alcanzó el 84 por ciento y la derrama económica superó los tres mil 648 millones de pesos.

Las cifras, presentadas con entusiasmo por las autoridades durante la semanera del lunes 6 de abril dibujan una postal de éxito: playas llenas, festivales activos, hoteles operando casi a su máxima capacidad, un 86 por ciento que no se había visto por la narcopandemia.

Pero como suele ocurrir en Sinaloa, la realidad no cabe en un boletín ni un discurso desde el atril de la semanera.

Porque mientras el gobierno del morenista Rocha Moya celebraba resultados históricos y presumía que la entidad se colocó entre los destinos con mayor ocupación hotelera del país, hay preguntas que quedan fuera del balance: ¿quiénes se quedan con esas ganancias?, ¿a quién le llega realmente esa prosperidad?, ¿y qué pasa en los territorios donde el turismo no alcanza a cubrir la violencia?

MAZATLÁN, EL EJE DE TODO

El puerto concentró más de 615 mil visitantes, una ocupación superior al 86 por ciento y una derrama económica que superó los mil 819 millones de pesos. Es decir, prácticamente la mitad de los ingresos generados en todo el estado durante la Semana Santa se quedaron en ese destino.

Mazatlán representa el modelo turístico que Sinaloa ha impulsado durante años: grandes

hoteles, inversiones privadas, infraestructura enfocada al visitante y una economía que gira en torno al consumo turístico. Ahí están los beneficios más visibles, pero también la concentración más evidente.

Mientras tanto, el resto del estado observa desde la periferia. Los llamados Pueblos Mágicos —Cosalá, San Ignacio, Mocorito, El Fuerte y El Rosario— registraron ocupaciones importantes, algunas incluso cercanas al lleno total. Hubo festivales, celebraciones religiosas, eventos culturales. Se generaron ingresos, sí, pero en una escala mucho menor.

Funcionan más como escaparates que como motores económicos estructurales. Son, en muchos sentidos, la cara amable de un estado que busca proyectar identidad, tradición y seguridad, incluso cuando en otras regiones esa narrativa no se sostiene.

EL CONTRASTE

Porque basta salir de los corredores turísticos para encontrar otra realidad. En Culiacán, la capital del estado, el panorama fue diametralmente distinto. Durante los días santos, la actividad comercial se redujo notablemente. Calles con menos circulación, negocios con baja afluencia y una economía que no logró engancharse al dinamismo turístico.

Aquí, la derrama no llega igual. Y es precisamente en ese mismo territorio donde la narrativa del “saldo blanco” se vuelve más frágil.

Mientras las autoridades reportaban operativos exitosos y una Semana Santa sin incidentes graves en zonas de recreo, la violencia seguía su curso, lejos de las playas y de los escenarios turísticos.

Entre el Jueves y Viernes Santo se registraron 13 personas asesinadas en Sinaloa. Doce de esos homicidios ocurrieron en Culiacán.

Tan sólo el Viernes Santo se reportaron ocho asesinatos, incluyendo el de un agente de la policía municipal, ejecutado en el libramiento Benito Juárez, la conocida Costerita.

Un crimen que se suma a una estadística alarmante: desde septiembre de 2024, 33 policías municipales han sido asesinados en la capital.

La violencia no se detuvo por ser días santos. Ese mismo viernes, Sinaloa se colocó entre las entidades con más homicidios dolosos en el país. Mientras en las playas había ocupación total y eventos masivos, en la capital se acumulaban escenas de crimen.

PANORAMA INCIERTO

A la par, en la zona serrana de Concordia, madres buscadoras realizaban otro hallazgo: restos óseos en la comunidad de El Verde, en una región marcada por la desaparición de mineros en Pánuco. Historias que no forman parte de los informes turísticos, pero que siguen ocurriendo en el mismo periodo que se presume como exitoso.

Es cierto que el sábado 4 y domingo 5 de abril no se registraron homicidios, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Un dato que fue rápidamente incorporado al discurso oficial como señal de control.

Pero incluso ese silencio tiene matices. Porque no borra lo ocurrido días antes, ni cambia el hecho de que la violencia se mantiene como una constante que simplemente se desplaza o se dosifica.

El concepto de “saldo blanco” se sostiene en una lógica selectiva: lo que ocurre fuera de las zonas turísticas, lo que no afecta directamente al visitante, lo que no interrumpe la experiencia vacacional, simplemente no entra en la ecuación.

Porque mientras miles de turistas llenaron playas en Altata, Mazatlán o Guasave, y eventos como el Altata Pachanga Fest o el Carnaval de Badiraguato generan afluencia y consumo, hay comunidades que siguen enfrentando violencia, desapariciones y una economía que no despega.

El discurso oficial insiste en que estos resultados representan bienestar para miles de familias: restauranteros, hoteleros, transportistas, comerciantes. Y sin duda hay sectores beneficiados.

Pero la pregunta sigue abierta: ¿cuántos de esos más de tres mil 600 millones de pesos realmente llegan a las economías locales más golpeadas?

¿Cuánto de esa derrama se queda en manos de pequeños comerciantes y cuánto se concentra en grandes cadenas y grupos empresariales?

Porque si algo dejó claro esta Semana Santa es que el crecimiento no es parejo. Mazatlán crece. Los destinos turísticos se fortalecen. Pero otras ciudades, como Culiacán, viven una realidad paralela, donde la actividad económica es limitada y la violencia sigue marcando el ritmo cotidiano.

Al final, la Semana Santa en Sinaloa no es una sola historia.

EL PARTIDO SINALOENSE

FORTALECE LA FORMACIÓN

POLÍTICA CON EL CURSO

“CONSTRUCCIÓN

DEL DISCURSO Y NARRATIVA POLÍTICA CON VALORES

DEMOCRÁTICOS” EN AHOME

El Partido Sinaloense, a través del Instituto de Educación y Capacitación Política, dio la bienvenida al curso “Construcción del discurso y narrativa política con valores democráticos”, un espacio de formación dirigido a fortalecer las capacidades de comunicación política de sus militantes y cuadros.

Durante el evento se destacó que este encuentro representa más que una toma de protesta, ya que forma parte del proceso de replanteamiento y fortalecimiento interno del partido, en el marco de la nueva era del Partido Sinaloense, orientada a consolidar una participación política basada en principios democráticos, preparación y cercanía con la ciudadanía.

La ponencia estuvo a cargo de Patricia Núñez Román, periodista y feminista con más de 35 años de trayectoria en medios de comunicación. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas con especialidad en Planeación y Promoción por el Tecnológico de Nogales, Sonora, y cuenta con diplomados en Políticas Públicas y Gobiernos Locales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Comunicación con Perspectiva de Género por Tec Milenio e Ismujeres, así como en Literatura

Mexicana del Siglo XX por el INBA e ISIC. A lo largo de su carrera ha impulsado el periodismo con perspectiva de género y la visibilización del papel de las mujeres en la sociedad. Fue fundadora de los periódicos El Debate de Mazatlán y El Sol de Mazatlán, dirigió noticieros en Radio 690 y La Ley de PromoRed, se desempeñó como delegada de Comunicación Social del Gobierno del Estado en la zona sur y actualmente conduce el programa “Dialogando con Paty Núñez” en FG Televisión. Además, es secretaria general de la Red Nacional para la Paridad de Género (RENPAGEN) y coordinadora administrativa del CEDES Valle Alto de la SEP en Culiacán.

En este evento también se contó con la presencia de la IBQ María Luisa Rodríguez López, quien fue propuesta en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mu-

jer, para recibir la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense “Lore de la Vega” 2026, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones.

También estuvieron presentes el presidente del Partido Sinaloense, Dr. Robespierre Lizárraga Otero, así como la secretaria general, M.C. Alondra López Millán. De igual manera participaron el secretario de organización, Lic. Samuel Soto Piña, la secretaria de comunicación, Lic. Jazmín Ballesteros, secretaria de mujeres M.C. Antonia Suzuki y la secretaria de juventud, Aime Alarcón.

Por parte de los comités directivos municipales asistieron la Lic. Yolanda Luna Cerón, en representación de Ahome; el Lic. Alexander Armenta, en representación de Salvador Alvarado; y Rosario Moroyoki, secretario general en representación de Guasave.

Con este tipo de actividades, el Partido Sinaloense reafirma su compromiso con la formación política, el fortalecimiento del liderazgo y la construcción de un discurso público basado en valores democráticos y participación ciudadana.

EL PLAN B ELECTORAL Austeridad, control y dudas en los gobiernos locales

David Fuentes M.

Tras más de 16 horas de debate marcado por descalificaciones, gritos e intercambios de insultos entre bancadas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, avanzó con 343 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 124 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención, esto tras más de 16 horas de debate que estuvo marcado por descalificaciones, gritos e intercambio de insultos entre las distintas bancadas.

El llamado Plan B surgió después de que la propuesta original de reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada. Como resultado, se eliminaron algunos puntos polémicos, como la modificación al esquema de revocación de mandato, para construir una versión viable que, aun así, mantiene cambios estructurales en ayuntamientos, congresos estatales y autoridades electorales.

Entre sus ejes principales, la reforma reduce el número de regidores en los municipios, limita los presupuestos de los congresos locales a un máximo de 0.70 por ciento del gasto estatal, prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y establece restricciones a las remuneraciones y prestaciones de consejeros y magistrados electorales.

También introduce un candado contra el nepotismo: ninguna persona podrá contender por cargos municipales o legislativos si tiene vínculos familiares con quien ocupa el puesto.

VOTACIÓN EN LOS ESTADOS

Tras su aprobación en San Lázaro, la minuta fue enviada a los congresos estatales para su validación. Entidades como Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero dieron luz verde en rápida sucesión. En Sinaloa, el Congreso local avaló la reforma con 32 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, sumándose al bloque de legislaturas que respaldaron el proyecto federal.

De manera rápida, el Congreso de Sinaloa aprobó el Plan B electoral.

Durante la discusión en el Congreso sinaloense, el dictamen generó posturas encontradas. Desde la oposición, el diputado panista Jorge Antonio González Flores cuestionó que la reforma no atiende problemas urgentes y advirtió que podría concentrar el poder.

En la misma línea, la diputada priista Paola Gárate señaló que el proceso se realizó sin un análisis profundo y alertó sobre posibles riesgos, entre ellos la falta de mecanismos efectivos para frenar el financiamiento ilícito en campañas, lo que podría abrir espacio a la intervención del crimen organizado.

A favor, legisladores de Morena defendieron la iniciativa como una respuesta a décadas de gasto público sin controles claros. Argumentaron que los cambios

buscan reducir privilegios, ordenar el uso de recursos y acercar a los gobiernos con la ciudadanía. En términos prácticos, el impacto en Sinaloa presenta matices. Uno de los puntos centrales del Plan B es la reducción de regidurías en los ayuntamientos, fijando un rango de entre siete y quince integrantes por cabildo. Sin embargo, el caso de Culiacán muestra que no todos los municipios tendrían que hacer ajustes. Actualmente, el cabildo culichi cuenta con 12 regidores, por lo que se mantiene dentro del límite propuesto. Esta situación no siempre fue así. En años anteriores, el municipio llegó a tener hasta 18 regidores, cifra que fue reducida tras las reformas impulsadas durante la administración estatal de 2017.

Aun sin modificaciones en el número de integrantes, el tema presupuestal permanece en

el centro del debate. El funcionamiento del cabildo de Culiacán implica un gasto mensual superior al millón de pesos, considerando salarios y personal de apoyo. Cada regidor percibe un sueldo bruto de más de 72 mil pesos, además de contar con colaboradores asignados. La reforma, si bien no interviene directamente en estos sueldos municipales, sí establece un marco de contención del gasto público que podría incidir en futuras decisiones administrativas.

LOS CONGRESOS LOCALES

En paralelo, el Plan B impacta directamente a los congresos locales. La imposición de un tope presupuestal

obliga a las legislaturas a ajustar su gasto sin posibilidad de ampliaciones discrecionales, más allá de la inflación. Esto redefine la operación de los poderes legislativos estatales, al tiempo que elimina prestaciones adicionales para funcionarios electorales, como seguros médicos privados o pensiones especiales.

Otro de los cambios relevantes es la prohibición de la reelección inmediata de diputados locales. A partir de esta reforma, quienes ocupen una curul no podrán contender para el periodo siguiente, aunque los suplentes sí podrán hacerlo si no ejercieron el cargo.

El Plan B también establece que ningún funcionario electoral podrá recibir un salario superior al de la titular del Ejecutivo federal, reforzando el principio de austeridad en los órganos encargados de organizar las elecciones.

Con la aprobación en los congresos estatales, las entidades deberán armonizar su marco legal antes del 30 de mayo de 2026. Mientras tanto, las disposiciones constitucionales comenzarán a aplicarse de forma directa.

SINALOA 2027

LA ELECCIÓN QUE PUEDE DECIDIRSE ANTES DE EMPEZAR

En política, no todas las elecciones se ganan en campaña. Algunas se definen mucho antes: en la estructura, en la aritmética electoral y, sobre todo, en los errores de los adversarios. Ese parece ser el escenario rumbo a 2027 en Sinaloa.

Hoy, el partido dominante no sólo es fuerte: es estructuralmente superior. Morena no llega a la próxima elección como un competidor más, sino como el eje del sistema político estatal. Los datos recientes lo confirman. En 2021 ganó la gubernatura con una ventaja superior a los 20 puntos. En 2024 consolidó ese dominio: control territorial, mayoría legislativa y presencia en casi todo el mapa municipal.

Pero el dato más relevante no es cuánto gana Morena, sino desde dónde compite: desde un “piso” electoral alto. Incluso con desgaste —inseguridad, presión económica, cierre de negocios y descontento en sectores urbanos—, el partido mantiene una base sólida, especialmente en zonas populares, donde los programas sociales y la marca nacional siguen teniendo peso.

En ese contexto, la gran pregunta no es si Morena puede perder fuerza. La pregunta real es si la oposición

Movimiento Ciudadano con nuevo dirigente dijo que no habría alianzas de cara al proceso electoral 2027.

puede aprovechar cualquier debilitamiento. Y ahí es donde el panorama cambia drásticamente. Porque el principal problema de la oposición no está en Morena… está en sí misma.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano enfrentan una paradoja: juntos podrían competir; separados, prácticamente garantizan su derrota. La matemática electoral es clara. Si en 2021 la oposición unida rondaba el 33 por ciento de los votos, fragmentada ese porcentaje se diluye en bloques de entre cinco por ciento y 12 por ciento. En ese escenario, Morena no necesita mayoría absoluta: le basta con una pluralidad para ganar con relativa comodidad.

Más aún, cada partido arrastra sus propias debilidades. El PRI carga con una percepción histórica negativa y una estructura disminuida. El PAN nunca ha logrado consolidar un arraigo real en Sinaloa. Movimiento Ciudadano, aunque crece, sigue siendo una fuerza dispersa, sin suficiente músculo territorial. Divididos, no sólo compiten contra Morena: compiten entre ellos.

Así, la elección de 2027 corre el riesgo de convertirse en una contienda predecible. No porque no existan problemas en el estado —que los hay, y profundos—, sino porque no existe, hasta ahora, una alternativa capaz de capitalizarlos políticamente.

¿Puede cambiar este escenario? Sí, pero bajo condiciones específicas. Una fractura interna en Morena, la aparición de un candidato opositor excepcional o una crisis que altere de forma drástica la percepción pública podrían reconfigurar el tablero. Sin embargo, hoy ninguno de esos factores está consolidado.

Lo que sí está claro es esto: la oposición no pierde por falta de razones, pierde por falta de estrategia.

Sinaloa enfrenta retos reales: inseguridad persistente, una economía presionada y un tejido empresarial debilitado. Hay espacio para una narrativa alternativa. Pero sin unidad, sin liderazgo y sin estructura, esa narrativa no se traduce en votos.

Al final, la elección de 2027 podría no ser una competencia entre proyectos, sino una demostración de una vieja regla política: dividirse frente a un adversario fuerte es, en los hechos, renunciar a ganar.

En una frase: si la oposición no se une, Sinaloa no tendrá una elección competida… tendrá una elección definida.

MAR

DE FONDO

“EN POLÍTICA NO EXISTEN COINCIDENCIAS”

“Vuelvo sin miedo, con muchas ganas de seguir trabajando… tengo seguridad. Quiero agradecer al gobernador y a la presidenta de la JUCOPO, Tere Guerra, y a todos mis compañeros diputados y diputadas”. Estas fueron las palabras de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, en conferencia de prensa en el Congreso sinaloense para anunciar su reintegración a la LXV Legislatura.

Fue el pasado miércoles 8 de enero del presente año cuando la congresista viajaba junto a su compañero

de partido y líder estatal, Sergio Torres Félix, en un vehículo, en una de las arterias principales de la capital sinaloense, cuando fueron sorprendidos por un grupo armado que, sin mediar palabra, abrió fuego contra la humanidad de los políticos y el chofer de ambos.

Sergio Torres recibió un balazo en la cabeza y otro en el pecho, mientras que Elizabeth Montoya sufrió la pérdida del ojo izquierdo. El chofer también resultó herido. Ese mismo día, horas antes, el presidente estatal de Movimiento Ciudadano levantó la voz en el Congreso respecto a la violencia asesina que vive Sinaloa desde hace más de un año, pero, lo más importante, cuestionó los préstamos millonarios, así como las deudas heredadas. “En política no existen coincidencias”, reza el refrán.

“Comentarle, secretario, que hace más de un año hemos vivido una crisis de inseguridad en Sinaloa y esto ha provocado una crisis económica que nos ha gene -

Sergio Torres Félix, el día de su ataque cuestionaba a funcionarios gubernamentales de Rocha.

rado pérdida de empleos por el cierre de negocios. Hemos visto que la agricultura, que es uno de los pilares económicos del estado, también está en crisis… A causa de esta crisis, el gobierno se ha visto en la necesidad de contratar créditos durante la presente administración. Yo le quiero solicitar a usted, secretario, si nos puede informar, por favor, cuál es la situación financiera actual que guarda el gobierno del estado; cuál es el saldo de la deuda a largo plazo; y cómo quedaría al término de la presente administración, así como a cuánto ascienden los pasivos de otras administraciones que el gobierno de Sinaloa ha tenido que enfrentar. ¿Podría hacer usted un balance financiero de estos temas?”

Esto sucedió en la comparecencia del secretario de Finanzas del gobierno rochista, Joaquín Alberto Landeros Güicho, ese mismo 8 de enero. Sergio Torres Félix salvó la vida, pero nadie sabe exactamente su estado de salud actual; se habla de su regreso a ocupar su curul.

Desde el Comité Directivo Nacional de Movimiento Ciudadano, que dirige Jorge Álvarez Máynez, ya hicieron a un lado a Torres Félix. “Con Sergio Pío Esquer, Movimiento Ciudadano inicia una nueva etapa en Sinaloa, en donde la prioridad es construir una alternativa de paz social y de futuro”, señaló Máynez. La pregunta para Álvarez Máynez es: ¿con Sergio Torres no había prioridad en la construcción de una alternativa de paz social y de futuro? Y la otra, más importante por su naturaleza: ¿Elizabeth Montoya y Sergio Pío Esquer tendrán la voluntad política de exigir respuesta a esa última pregunta de Torres Félix al secretario de Finanzas de Sinaloa, Joaquín Alberto Landeros Güicho, en su comparecencia en el Congreso local ese fatídico 8 de enero: ¿podría hacer usted un balance financiero de estos temas?

Son casi cinco mil millones de pesos en empréstitos que el gobernador Rubén Rocha Moya ha solicitado,

Elizabeth Montoya regresó a su curul.

Jorge Álvarez Maynez y Sergio Esquer.

aparejados de su aprobación en el Congreso, dinero que se ha ido al carrusel de empresas que dirigen los hijos de Rocha Moya, y otros miles de millones en desfalcos del exgobernador Quirino Ordaz Coppel al erario sinaloense por amañar auditorías al SAT, situación que Rocha ha manejado para frenar aspiraciones de poder político de Ordaz Coppel con la amenaza de armar expedientes vía fiscalía, como lo ha hecho con otros adversarios políticos.

Durante la conferencia de prensa de Elizabeth Montoya en el Congreso local, acompañada del nuevo líder estatal de MC, Sergio Pío Esquer, un reportero le pregunta a Montoya: ¿lo político no se ha descartado?, respecto a los responsables del atentado. Visiblemente nerviosa, la diputada responde: “Bueno, como yo les comento, yo no he tenido ninguna cercanía; la única cercanía que tuve yo con la fiscalía fue la declaración de los hechos y, posteriormente, yo estuve en mi casa, en recuperación”.

El atentado a estos dos diputados no puede separarse del ambiente político que ha vivido Sinaloa desde que, en octubre de 2021, Rubén Rocha Moya protestó como gobernador. Las declaraciones de Elizabeth Montoya contrastan con la responsabilidad implícita que tiene el gobierno de Rocha Moya en brindar seguridad a sus ciudadanos. Primero, el gobierno debe cumplir cabalmente con su población y no la población —en este caso, la diputada— debe exculpar al gobierno de dicha responsabilidad. Para que una sociedad pueda ejercer su soberanía, debe tener la garantía de un gobierno que verdaderamente gobierne y no sólo disfrace el horror de felicidad y buena fe.

JUCOPO y Comisión de Igualdad, Género, Diversidad

Sexual e Inclusión llaman a la congruencia y al respeto en el Congreso

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Tere Guerra Ochoa y la presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, hicieron un llamado a mantener el respeto, la seriedad legislativa y la congruencia en el trabajo parlamentario, al referirse a recientes expresiones en tribuna relacionadas con el lenguaje incluyente y la agenda de las mujeres.

Guerra Ochoa subrayó que su trayectoria y la del Grupo Parlamentario de Morena, que coordina se han caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que destacó que, tan solo en el marco del mes de marzo, se presentaron 10 iniciativas enfocadas en fortalecer la protección, el bienestar y la eliminación de brechas de desigualdad.

Respecto al debate sobre el uso del lenguaje incluyente, explicó que ya existen avances importantes en la legislación local, particularmente en la Ley Orgánica del Congreso y en la Constitución Estatal, y puntualizó que actualmente se trabaja en una reforma integral que contemple la incorporación de términos inclusivos en todo el marco constitucional, no únicamente en casos específicos. Señaló que esta propuesta busca garantizar una visión amplia y congruente, evitando enfoques parciales o motivados por intereses individuales.

En cuanto a la intervención del diputado Serapio Vargas Ramírez, apoyado por el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, donde se cubrió la boca con cinta y se encadenó a sí mismo en exigencia a que se tome en consideración su iniciativa de establecer la palabra gobernadora con “A”, en el marco normativo de Sinaloa, la diputada lamentó que se utilice la tribuna para posicionamientos que, desde su perspectiva, responden a coyunturas políticas, lo que puede restar seriedad al trabajo legislativo.

En este contexto, adelantó que al interior del grupo parlamentario se analizarán las conductas recientes para fortalecer la disciplina, el orden y el respeto a los acuerdos previamente establecidos.

En el mismo tema, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Género y Diversidad Sexual, hizo un llamado a la congruencia en el discurso y en las acciones, al referirse a quienes han impulsado el uso del lenguaje incluyente desde la tribuna. Señaló que este tipo de planteamientos deben ir acompañados de un trato respetuoso hacia las mujeres, y expresó su respaldo a la postura de la diputada Guerra Ochoa, al coincidir en que el Congreso trabaja en una iniciativa integral en la materia.

Asimismo, enfatizó que el Poder Legislativo debe priorizar una agenda amplia en favor de las mujeres y no centrarse únicamente en modificaciones aisladas, por lo que reiteró la importancia de actuar con responsabilidad, tanto en el ejercicio del cargo como en el debate público.

Además, la diputada Guerra Ochoa destacó que la actual Legislatura ha impulsado acciones relevantes en favor de la igualdad, como la creación de la Unidad de Género y la implementación del Parlamento de Mujeres, lo que refleja una agenda sólida y comprometida con este sector. Añadió que las iniciativas en materia de lenguaje incluyente, incluida la incorporación de términos como “gobernadora”, “juezas” y “magistradas”, forman parte de un dictamen en construcción que busca armonizar toda la Constitución local bajo este principio.

Finalmente, reiteró que el Congreso debe mantenerse como un espacio de debate responsable y constructivo, en el que prevalezca el compromiso con la ciudadanía y, en particular, con las mujeres que demandan resultados, respeto y congruencia en el quehacer público.

BUENO, PUEDEN CARGAR MAGNA

Qué bellos aquellos años —2017 y 2018— cuando el actual régimen prometía gasolina a diez pesos. Promesa que, como muchas, se quedó en el discurso.

Hoy, en los primeros días de abril, la Magna ronda los 24 pesos por litro en varias estaciones; la Premium, en algunos casos, ya alcanza los 30.

En su ya conocida misa del bienestar matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó el ajuste al IEPS para contener el precio. Pero ante la pregunta de un comunicador sobre la gasolina roja, la respuesta fue tan simple como reveladora: “Pues que carguen Magna”, así, simple. Como si el consumo fuera capricho y no necesidad.

Pero así es la lógica oficial: si no te alcanza, el problema no es el precio… eres tú.

Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.