3FEMINICIDIOS EN SINALOA, VIOLENCIA QUE NO SE DETIENE
13 El caso Negrete: Cuando el poder político se mete a los chats privados
25Murmullos DePrimera
27 Feliciano y el Diablo Higuera niegan la realidad evidente para los empresarios
36 Las reglas de Morena para el 2027: Imelda, la adelantada
54 Cobros para recuperar auto robado: revictimización desde el Estado
65 En la cumbre de líderes de Trump, México fuera
73Sinaloa en el abismo, 18 meses de terror sin reacción ciudadana
46 Internacional Eduardo Rivadeneyra Núñez
77 Mar de Fondo Institucional
86 La Frase Iván Grijalva
FEMINICIDIOS EN SINALOA, VIOLENCIA QUE NO SE DETIENE
Santiago Rentería
Mientras Sinaloa vive una nueva etapa de violencia por la disputa entre grupos criminales, otra crisis avanza en paralelo: el aumento de los feminicidios. En 2025 se registraron 104 asesinatos de mujeres, de los cuales 73 fueron tipificados como feminicidio por la Fiscalía General del Estado. En los primeros dos meses de 2026 ya suman 14 casos. Entre marchas, testimonios y reclamos, el estado gobernado por Rubén Rocha Moya llega a un nuevo 8 de marzo con una deuda profunda con las mujeres que siguen exigiendo justicia en medio del fuego cruzado que representa una lucha criminal que no ha tenido una tregua contra ellas.
Las calles del centro de Culiacán volvieron a llenarse de morado el pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Carteles con nombres, fotografías de mujeres asesinadas, consignas contra la violencia y gritos de justicia avanzaron entre avenidas que, en otros días, también han sido escenario de operativos, balaceras y miedo.
Vivian Karely, su familia sigue exigiendo justicia.
En medio de ese escenario, las mujeres marcharon para recordar que en Sinaloa hay una violencia que no se detiene: la que se ejerce contra ellas. Cada pancarta representaba una historia. Cada nombre, una ausencia.
Entre la multitud caminaba la familia de Vivian Karely. Su caso resume, para muchas mujeres, lo que significa buscar justicia en un estado donde la violencia se multiplica y las respuestas institucionales suelen llegar tarde.
Vivian Karely tenía 26 años cuando desapareció el 22 de marzo de 2025 en Culiacán. Durante más de dos semanas su familia recorrió oficinas, levantó denuncias, buscó pistas y entregó información a las autoridades. Dieciséis días después, su cuerpo fue localizado envuelto en una cobija y en avanzado estado de descomposición en el fraccionamiento Villa Fontana.
Durante la marcha del 8 de marzo, su hermana Alma Daniela tomó la palabra y denunció lo que muchas familias repiten una y otra vez: que en Sinaloa la búsque -
da de justicia suele recaer en quienes menos deberían cargar con esa responsabilidad.
“La Fiscalía te da mil vueltas. Tienes que perder todo el día y no te van a dar ni una sola respuesta”, relató ante medios de comunicación.
Mientras Vivian permanecía desaparecida, su familia entregó videos e información que podían ayudar a ubicarla. Sin embargo, asegura que las diligencias se realizaron con retraso.
En medio de la desesperación, fue ella misma quien comenzó a investigar: “Le hablaba al fiscal y me decía que él no podía perder el tiempo porque él sí buscaba personas de verdad”, recordó.
La marcha más reciente del 8M, violencia contra mujeres en aumento en Sinaloa en los últimos meses.
La frase quedó flotando en la marcha como un símbolo de la distancia que muchas familias sienten frente a las instituciones encargadas de procurar justicia.
LAS CIFRAS DETRÁS DE LA INDIGNACIÓN
Las historias individuales reflejan un problema que también se observa en los números. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en 2025 se registraron 104 asesinatos de mujeres, de los cuales 73 fueron clasificados como feminicidios.
Se trata de una de las cifras más altas de la última década. El panorama no parece mejorar en 2026. En los
Feminicidios en Sinaloa, la estadística fría.
El asesinato de Rubí Patricia, activista y madre buscadora, caso más reciente.
primeros dos meses del año ya se han contabilizado al menos 14 feminicidios, lo que coloca a Sinaloa entre los estados con más casos en el país.
La tendencia muestra un aumento constante: En 2024, entre enero y febrero se registraron cuatro feminicidios. En 2025, en el mismo periodo fueron diez. En 2026, la cifra ya asciende a 14. En apenas dos años, el número se ha triplicado.
Entre los casos más recientes se encuentra el asesinato de Rubí Patricia, madre buscadora localizada sin vida el 27 de febrero pasado en su domicilio en Mazatlán.
Su muerte provocó indignación entre colectivos y organizaciones que acompañan a familias de personas desaparecidas. La Fiscalía, presionada por la opinión pública, pronto presentó a un detenido que hoy está vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
LA VIOLENCIA QUE RODEA AL ESTADO
El aumento de feminicidios ocurre en un contexto marcado por la violencia criminal. Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una nueva etapa de confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. El conflicto inició en Culiacán y con el paso de los meses se extendió a distintas zonas del estado.
Balaceras, operativos militares, persecuciones y ataques armados se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Pero, para activistas y especialistas, reducir la violencia contra las mujeres a la guerra entre grupos criminales sería una explicación incompleta.
La violencia feminicida, advierten, tiene raíces más profundas: desigualdad, impunidad y una respuesta insti-
Vivian Karely fue localizada muerta en Culiacán a días de su desaparición.
tucional que con frecuencia llega cuando ya es demasiado tarde.
CUANDO EL ESTADO LLEGA TARDE
Uno de los reclamos más constantes de colectivos feministas en Sinaloa es la llamada violencia institucional. Denuncian que muchas veces las autoridades reaccionan cuando el feminicidio ya ocurrió, pero no actúan con la misma urgencia ante denuncias previas de violencia, amenazas o antecedentes de agresión. Es decir, existen señales de riesgo que podrían activar mecanismos de protección, pero que no siempre reciben atención o seguimiento oportuno.
Las críticas también han alcanzado a la Secretaría de las Mujeres. Desde que asumió el cargo, su titular, Ana Chiquete, ha sido cuestionada por la falta de resultados tangibles frente a la violencia feminicida.
Comparecencia de Ana Chiquete, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, cuestionada por la falta de resultados tangibles.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate cuestionó la falta de información pública que permita evaluar la eficacia de la Alerta de Violencia de Género.
Las preguntas siguen sin una respuesta clara: ¿han disminuido los feminicidios?, ¿cuánto tardan las autoridades en reaccionar?, ¿qué tan efectivas son las medidas de protección para las víctimas?
Sin indicadores claros, advierten especialistas, es difícil saber si las políticas públicas realmente están funcionando.
Familiares de Vivian Karely asesinada durante el 2025, en manifestación en Palacio de Gobierno.
LA EXIGENCIA DE LOS COLECTIVOS
Para organizaciones feministas como Amapas del Norte, el problema no es solo de cifras o estadísticas. Es también de voluntad política. Las activistas señalan que muchas acciones institucionales se quedan en protocolos, reuniones o discursos oficiales que no logran traducirse en protección real para las mujeres.
“No queremos que sólo posen para las fotos y firmen un papel que se quede en mero protocolo. Exigimos voluntad política que realmente vele por la libertad, seguridad y bienestar de las mujeres en Sinaloa”, señalaron.
Una deuda que sigue creciendo. Así llegó Sinaloa a otro 8 de marzo. Con nombres escritos en carteles, con familias que siguen buscando justicia y con cifras que no dejan de crecer. En un estado marcado por la violencia criminal, los feminicidios continúan acumulándose como otra herida abierta.
Y mientras las marchas terminan y las calles vuelven a la normalidad, queda una pregunta que las mujeres repiten cada año: ¿cuántas más tendrán que morir para que la violencia deje de ser parte de la vida cotidiana en Sinaloa?
El caso Negrete: CUANDO EL PODER POLÍTICO SE METE A LOS CHATS PRIVADOS
Santiago Rentería
Poco a poco, los tribunales electorales comienzan a ser utilizados como instrumentos de presión política. El caso de la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete, abre un debate inquietante: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado para castigar opiniones expresadas en conversaciones privadas de WhatsApp? La activista Emma Zermeño enfrenta una sentencia que podría implicar una sanción económica de hasta 300 mil pesos, luego de que mensajes personales terminaran convertidos en prueba judicial.
En Culiacán, un litigio que parecía menor y hasta absurdo terminó convirtiéndose en un caso que hoy levanta alarmas sobre la libertad de expresión y la privacidad digital en México.
La controversia gira en torno a la diputada con licencia Almendra Negrete, quien denunció por violencia política en razón de género a la activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres, Emma Zermeño López.
Negrete, además de ser diputada con licencia, es secretaria Nacional de la Diversidad Sexual del Parti-
do Morena, y desde ahí ha tenido otros altercados con miembros de la comunidad LGBT que la acusa de excesivamente reactiva.
De ahí, lo que vuelve excepcional el caso que la envuelve no es únicamente la acusación, sino la naturaleza de las pruebas: conversaciones privadas de WhatsApp que originalmente formaban parte de un chat personal entre Zermeño y un conocido, quien terminó en la nómina del Congreso contratado por la suplente de Negrete.
El expediente, que inició con una denuncia presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, terminó escalando hasta la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en su Sala Regional Guadalajara.
Almendra Negrete, diputada con licencia en Sinaloa.
En el camino, lo que empezó como una conversación privada terminó convertido en un proceso judicial con posibles sanciones económicas y medidas de restricción.
EL ORIGEN: UN CHAT PRIVADO
Los hechos se remontan a una conversación privada sostenida por Zermeño con el entonces diputado juvenil Jonathan Alexis Ramírez Quevedo. En ese intercambio, ambos discutían el actuar político de Negrete. Alexis era entonces amigo de Emma. Tiempo después, la relación entre Ramírez y Zermeño se deterioró. Posteriormente, el joven se integró al Emma Zermeño en conferencia de prensa.
El TEESIN resolvió a favor de Negrete por violencia política de género.
equipo de trabajo de la diputada en el Congreso local y entregó capturas de pantalla de las conversaciones privadas.
Con esos mensajes en mano, Negrete presentó una denuncia por violencia política en razón de género.
Entre los comentarios que aparecen en el expediente judicial se encuentran expresiones críticas e insultantes hacia la legisladora, entre ellas frases como: “Lo que ha avanzado por el colectivo LGBT no ha sido por ella”, “Lo del Congreso lo quiso sabotear”, “Pinche almendra”, “Nomás quiere joder”, “Inventa pendejadas abusando de su influencia y contactos”, “Lo bueno que ya nadie la toma en serio y nomás se ríen”.
Para los magistrados, esas expresiones constituían ataques basados en prejuicios que buscaban desacreditar el trabajo político de Negrete y utilizar su orientación sexual para denostarla.
UN PRIMER FALLO… Y LA REVERSIÓN
En enero pasado, el Tribunal Electoral de Sinaloa había determinado inicialmente que no existían elementos suficientes para sancionar a Zermeño. La razón central
Parte de los mensajes que fueron presentados en la queja.
Algunos de los chats que fueron presentados como pruebas.
era clara: las expresiones se realizaron en una conversación privada, lo que caía dentro del ámbito de la libertad de expresión y la privacidad.
Pero el caso no terminó ahí. Negrete impugnó la resolución y el expediente llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal, quien resolvió que sí existían elementos de violencia simbólica contra la legisladora. Con ese criterio, el expediente fue regresado al tribunal estatal para emitir una nueva resolución.
LA SENTENCIA
Tras acatar la instrucción del tribunal federal, el Tribunal Electoral de Sinaloa declaró finalmente existente la infracción de violencia política contra las mujeres en razón de género en su modalidad simbólica.
Entre las medidas ordenadas destacan: La posibilidad de una sanción económica de hasta 300 mil pesos. La prohibición de que Zermeño se acerque o contacte a Negrete por cualquier medio. La obligación de abstenerse de emitir expresiones que puedan afectar los derechos político-electorales de la legisladora. Notificación a dependencias estatales debido a que la activista es funcionaria pública.
Sentencia del TEESIN.
Sentencia del TEESIN
Incluso se instruyó al Centro de Justicia para la Mujer continuar brindando atención médica, psicológica y psiquiátrica a la diputada denunciante.
EL ARGUMENTO DE LA DEFENSA
Para Emma Zermeño, el caso no es simplemente un litigio político, sino un precedente potencialmente peligroso para la libertad de expresión en México. En conferencia de prensa, la activista acusó que el proceso refleja un “abuso de poder”.
“Se estaría marcando un precedente muy peligroso en México sobre el tema de la libertad de expresión al invadirse ámbitos íntimos y privados. Cualquier conversación entre cualquier grupo de personas podría potencialmente convertirse en un delito”, advirtió.
Zermeño aseguró además que ni siquiera conocía personalmente a la diputada cuando ocurrieron los hechos: “Yo no conocía a esta persona”, declaró.
Durante la más reciente marcha del 8M aparecieron flyers referentes al caso.
La activista también subrayó la desigualdad de condiciones en el litigio: “Existe una asimetría de poder económico y político”, dijo, al señalar que difícilmente podría cubrir una multa de esa magnitud si la sentencia queda firme.
EL DEBATE DE FONDO: PRIVACIDAD CONTRA PODER POLÍTICO
Más allá del conflicto personal entre una legisladora y una activista, el caso ha abierto un debate de fondo. ¿Puede el Estado sancionar opiniones emitidas en una conversación privada? ¿Hasta dónde llega la protección contra la violencia política y dónde comienza la invasión a la privacidad?
Especialistas en derechos digitales han advertido que el precedente podría abrir la puerta a un escenario inquietante: que mensajes personales, chats o conversaciones privadas sean usados como evidencia judicial para castigar opiniones.
Si ese criterio se consolida, cualquier discusión informal entre ciudadanos —en WhatsApp, Telegram o cualquier plataforma— podría terminar en un tribunal electoral.
UN PRECEDENTE INCÓMODO
El caso Negrete se inserta en una discusión más amplia sobre el uso de la figura de violencia política en
Mensajes en plataformas digitales, ahora utilizados como pruebas para denuncias.
razón de género. Diseñada originalmente para proteger a mujeres que enfrentan ataques sistemáticos en la arena pública, la herramienta ha sido criticada cuando se utiliza para perseguir expresiones privadas o críticas políticas.
En ese contexto, la pregunta que deja este litigio sigue abierta: ¿Se trata de una legítima defensa contra ataques discriminatorios o de un uso del poder político para castigar opiniones incómodas?
La respuesta, más allá del expediente judicial, podría definir los límites entre libertad de expresión, privacidad digital y poder político en México.
MURMULLOS DEPRIMERA
«SE VOLTEÓ LA TORTILLA»
SI QUIEREN, PUEDEN
El Gobierno de México presentó el gran “Plan Kukulkán”, un operativo de inteligencia y seguridad de cara al mundial de futbol 2026, lo curioso del caso es que, presentaron un plan que incluye miles de elementos, aviones, helicópteros y cuanta cosa uno se imagine con tal de blindar las sedes mundiales, pero, ¿por qué no han usado todo eso para pacificar el país? La respuesta es más que obvia… ¡Que se chingue el ciudadano de a pie!
NO HUBO MAYORÍA
Pues como era de esperarse, ni el PT ni el Partido Verde aportaron para que la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum se aprobara, por el contrario, votaron en contra, y era más que claro, si no, ¿cómo iban a sobrevivir dichos partidos? El miedo no anda en burro y aquí sí que aplicó la de lo que me conviene sí y lo que no, pues no… ¡Ándese, amigos y enemigos!
MURMULLOS DEPRIMERA
«SE VOLTEÓ LA TORTILLA»
EL DATO PROTEGIDO SINALOENSE
La sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa deja un precedente en el estado: el abuso de poder es tajantemente visible. La diputada con licencia Almendra Negrete denunció a la ciudadana Emma Zermeño por “Violencia Política de Género” tras presentar unas capturas de pantalla de un chat privado de comentarios hacia la funcionaria, la cosa sigue escalando y deja en claro que el poder se utiliza cuando tienes el respaldo del partido y del gobierno… ¡Mucho ojo, cuate!
BIEN REPROBADOS
Recientemente vuelven a pulular las encuestas donde se “presume” la “aprobación” tanto del gobernador de Sinaloa como del alcalde de Culiacán, ambos no pasan del 55 por ciento de aprobación, pero los medios de comunicación continúan con esta difusión masiva como si fuera un gran logro, el ciudadano ha hablado y en la escuela debajo de seis es reprobado… ¡Así o más claro el hartazgo!
Feliciano y el Diablo Higuera
NIEGAN LA REALIDAD EVIDENTE PARA LOS EMPRESARIOS
David Fuentes M.
Mientras organismos empresariales advierten sobre cierres de negocios y pérdida de empleos en Sinaloa, algunos funcionarios cuestionan la magnitud del problema. Entre ambas posturas, la realidad cotidiana de comerciantes, trabajadores y emprendedores sigue desplomándose en medio de la violencia desatada desde septiembre de 2024.
En Sinaloa, la guerra que inició en septiembre de 2024 por la disputa entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa , ha dejado una innegable huella en la economía local.
Distintas cámaras empresariales coinciden en que el impacto no sólo se mide en hechos de seguridad, sino también en negocios cerrados, reducción de empleos y una pérdida de inversión ante el clima de zozobra que se vive en la entidad.
De acuerdo con Francis Cázares Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), en Mazatlán más de 900 micro, pequeñas y
Feliciano Castro, ceguera gubernamental ante cierre de negocios en Sinaloa.
medianas empresas han cerrado sus puertas en los últimos 18 meses, lo que ha provocado la pérdida de alrededor de cuatro mil empleos.
La dirigente empresarial explicó que el deterioro comenzó a profundizarse conforme la violencia se expandía desde Culiacán hacia los municipios del sur del estado, lo que afectó el flujo de visitantes, el consumo local y la confianza para invertir en el puerto.
Cázares advirtió que, aunque algunos negocios intentan resistir, la economía del puerto se mantiene contraída. Muchos establecimientos han optado por reducir horarios, cerrar sucursales o aplicar esquemas de operación mínima para evitar bajar cortinas definitivamente.
“¿Qué podemos esperar las empresas pequeñas si van alrededor de 900 empresas cerradas en Mazatlán? Pero siguen diciendo que estamos bien”, cuestionó.
Alejandro Higuera, rechazó las versiones sobre una caída en el turismo.
LOS NÚMEROS: LA REALIDAD
Las cifras sobre el impacto económico de la violencia también han sido documentadas por otros organismos empresariales. El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) reportó que tan solo en 2025 cerraron 348 empresas en Mazatlán.
A nivel estatal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa advierte que el panorama es aún más dramático. Su presidenta, Martha Elena Reyes Zazueta, sostiene que al menos dos mil 700 empresas han cerrado desde septiembre de 2024, mientras que mil patrones han dejado de cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa.
Comunicado del Consejo Sinaloense de Empresarios para la presidenta Sheinbaum.
“Llevamos 17 meses con esta violencia y no vemos que vaya a terminar. Cada vez hay más cortinas cerradas”, afirmó.
La líder empresarial añadió que el impacto también se refleja en otros sectores productivos. En el ámbito mi-
nero, explicó, al menos tres operaciones han cerrado en Sinaloa, incluyendo proyectos vinculados a inversionistas extranjeros.
El Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE) presentó un diagnóstico aún más severo. En un posicionamiento público difundido este año, el organismo aseguró que la crisis de seguridad ha derivado en cuatro mil 569 empresas cerradas y la pérdida de 19 mil 531 empleos en el estado.
El CSE señala que delitos como homicidio doloso, desaparición de personas, robo de vehículos y robo a comercio se han duplicado o incluso triplicado en los últimos 18 meses, lo que ha deteriorado el clima de negocios y afectado la vida cotidiana de la población.
“Se ha fracturado la convivencia social y la economía se encuentra severamente lesionada”, advierte el organismo.
CEGUERA GUBERNAMENTAL
Sin embargo, las cifras presentadas por organismos empresariales no son compartidas por todos los funcionarios del gobierno estatal.
El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, puso en duda los datos difundidos por Codesin sobre el cierre de empresas en Mazatlán y pidió evidencias antes de aceptar el diagnóstico.
“No conozco el dato de Codesin, incluso pongo en duda eso. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las empresas?”, declaró en entrevista con medios locales.
El funcionario señaló que emitir afirmaciones categóricas sin sustento público puede generar percepciones negativas sobre el estado.
“Hay que decir que a veces se generan narrativas que no corresponden a la realidad. Seamos objetivos”, añadió.
Una postura similar ha sido expresada por Alejandro El Diablo Higuera Osuna, subsecretario de la Industria de Reuniones en la Secretaría de Turismo estatal.
El funcionario rechazó las versiones sobre una caída en el turismo de reuniones en Mazatlán y cuestionó las mediciones que hablan de una disminución del 40 por ciento en la actividad de convenciones desde septiembre de 2024.
La ola de violencia que afecta al estado ha llevado al cierre de cientos de negocios en Mazatlán.
“Creo que tienen mal contabilizado”, afirmó.
Para Higuera Osuna, difundir diagnósticos negativos sin un análisis completo puede contribuir a lo que llamó “narrativas apocalípticas” que afectan la imagen del destino turístico.
EL GRITO DE AYUDA
Pero mientras tanto, en el sector empresarial, la preocupación sigue creciendo. Durante una reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa, el Consejo Sinaloense de Empresarios entregó un posicionamiento en el que pidió replantear la estrategia de seguridad y reforzar la presencia policial.
Entre las propuestas destacan incrementar el número de policías estatales, mejorar su equipamiento, fortalecer la Fiscalía y reducir la impunidad, además de ordenar el sistema penitenciario.
Turismo en Mazatlán.
Francis Cázares Olivares. presidenta de Canaco Servytur Mazatlán.
Los empresarios advierten que la violencia no sólo ha golpeado a las familias sinaloenses, sino que también está erosionando la base económica del estado.
“A pesar de los esfuerzos, el gobierno no ha podido terminar de poner orden en el espacio público”, señala el documento dirigido a la Presidencia.
En ciudades como Culiacán y Mazatlán, donde el comercio, el turismo y los servicios dependen en gran medida de la confianza y la movilidad de la población, la incertidumbre continúa marcando el ritmo de la actividad económica.
LAS REGLAS DE MORENA PARA EL 2027: IMELDA, LA ADELANTADA
Santiago Rentería
Los tiempos políticos en Morena se descompusieron antes de tiempo en Sinaloa. Mientras el partido fija reglas para evitar campañas adelantadas rumbo a la gubernatura de 2027, algunos de sus propios aspirantes ya recorren el estado en una carrera anticipada. La senadora Imelda Castro encabeza esa dinámica: actos multitudinarios, mensajes cuidadosamente calculados y una narrativa política que, sin decirlo abiertamente, apunta a su aspiración de convertirse en la candidata morenista al gobierno estatal.
Durante un evento del pasado 7 de marzo, Imelda Castro lanzó entre dientes su intención de la gubernatura.
En Morena todavía no empiezan oficialmente las definiciones rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027, pero la carrera política ya está en marcha. Y algunos de sus protagonistas, lejos de guardar prudencia, parecen correr con meses de ventaja.
Entre ellos destaca la senadora Imelda Castro Castro, quien en los hechos lleva tiempo
desplegando una intensa estrategia de posicionamiento político por todo el estado. Aunque evita declararse formalmente aspirante, el mensaje que envía en actos públicos, reuniones y giras territoriales apunta a un objetivo evidente: la candidatura al gobierno estatal.
El pasado 7 de marzo, durante un evento con más de dos mil mujeres en el salón Musas del bulevar Pedro Infante, Castro lanzó una frase que dejó poco margen para la interpretación política:
“Y Sinaloa, que se escuche bien y que se escuche lejos, Sinaloa tendrá el honor de encabezar ese momento histórico de la paridad total y tendremos la primera gobernadora mujer en Sinaloa”.
La senadora no dijo explícitamente que esa gobernadora sería ella. Pero en política, como suele ocurrir, lo importante no siempre es lo que se dice, sino lo que se sugiere. Y en el escenario morenista sinaloense, pocos dudan de que el mensaje tenía destinatario.
El entusiasmo del público femenino, en el marco del Día de la Mujer, terminó por completar la escena. Al finalizar su intervención, las asistentes comenzaron a corear su nombre: “Imelda, Imelda, Imelda”.
La escena parecía más un acto de campaña que un evento político ordinario. Una reunión disfrazada como cientos de ellas.
LAS REGLAS QUE NADIE QUIERE RESPETAR
El problema es que ese discurso ocurrió prácticamente al mismo tiempo en que Morena intentaba poner orden en la sucesión estatal.
Durante una sesión del Consejo Nacional del partido, encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, se aprobaron las reglas internas para el proceso rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde puso los estatuos de cara al 2027.
El acuerdo estableció que el 22 de junio se designarán a los llamados “coordinadores estatales de la defensa de la Cuarta Transformación”, una figura que en los hechos funciona como antesala de la candidatura a gobernador.
El propio partido definió lineamientos para evitar abusos y simulaciones en la contienda interna. Entre ellos: prohibición de actos anticipados de campaña, evitar uso de recursos públicos, restricción de espectaculares y promoción personal, impedir acarreo y eventos ostentosos, así como prohibir campañas excesivas o ataques digitales entre aspirantes. Todo lo que no se cumple en los hechos.
Sin embargo, en la práctica, esas reglas parecen tener más valor simbólico que real.
El propio partido definió lineamientos para evitar abusos y simulaciones en la contienda interna
La actividad política en Sinaloa indica que la disputa interna ya empezó y que cada aspirante busca posicionarse antes de que Morena formalice el proceso. En ese tablero, Imelda Castro ha decidido jugar adelantado.
LA DENUNCIA QUE TERMINÓ EN NADA
Las señales de promoción política anticipada no pasaron desapercibidas para la oposición. El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) contra la senadora morenista.
Los partidos argumentaron que Castro había desplegado una estrategia de posicionamiento que incluía:
El Partido Acción Nacional en Sinaloa interpuso quejas ante el IEES por campañas anticipadas de Imelda.
asambleas informativas, giras territoriales, pinta de bardas, entrega de promocionales y publicaciones sistemáticas en redes sociales.
Según la queja, todas esas acciones buscaban posicionar su imagen rumbo a la elección de 2027, lo que podría constituir actos anticipados de campaña. Los denunciantes aseguraron haber entregado más de 400 fotografías y evidencias de al menos 100 bardas pintadas en distintos municipios del estado. Pero el caso terminó diluyéndose.
Tras revisar las pruebas, el IEES concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral.
El consejero electoral Martín González Burgos, presidente de la Comisión de Quejas, explicó que el material analizado —publicaciones en redes sociales, referencias en medios y diligencias de inspección— no permitió demostrar una violación a la ley.
La resolución declaró inexistentes las conductas denunciadas. Para la oposición, la decisión fue un golpe a la credibilidad institucional.
El representante del PAN ante el instituto, Edgardo Burgos Marentes, cuestionó duramente el fallo y aseguró que la autoridad electoral analizó los hechos de manera aislada, sin evaluar el conjunto de la estrategia política desplegada.
Según el panista, la resolución envía “un mensaje preocupante para la democracia”, porque normaliza prácticas de posicionamiento político adelantado.
LA GUERRA SILENCIOSA DENTRO DE MORENA
Mientras las denuncias se diluyen en las instituciones electorales, la verdadera batalla se libra dentro de Morena.
A tres meses de la definición del 22 de junio, las redes sociales se han convertido en un campo de guerra política donde cada grupo impulsa encuestas que favorecen a su propio aspirante.
En algunas mediciones aparece al frente Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. En otras lidera Enrique Inzunza Cázarez, cercano al círculo político del gobernador Rubén Rocha Moya. Y en varias más, la puntera es Imelda Castro.
En algunas encuestas posicionan a Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez como candidateables a la gubernatura de Sinaloa.
En otras, Imelda encabeza las encuestas.
Las encuestas, muchas de origen incierto, se multiplican diariamente en plataformas digitales como instrumentos de propaganda política. Mientras tanto, otras figuras del morenismo estatal ni siquiera logran aparecer con fuerza en las preferencias.
La diputada local Teresa Guerra Ochoa apenas figura en las mediciones, y la diputada federal Graciela Domínguez Nava permanece rezagada en el tablero interno.
LA SUCESIÓN QUE YA EMPEZÓ
En teoría, Morena busca evitar el desgaste prematuro de la competencia interna. En la práctica, la sucesión por la gubernatura de Sinaloa ya comenzó.
Las giras, los eventos masivos, la movilización territorial y la guerra de encuestas son señales claras de una disputa que se adelanta cada vez más. La senadora Imelda Castro parece haber entendido bien la lógica de la política contemporánea: quien se posiciona primero, parte con ventaja.
Por eso su frase sobre la primera gobernadora de Sinaloa no fue una ocurrencia retórica. Fue un mensaje político. Uno que deja claro que, aunque Morena diga que todavía no empieza el proceso, la carrera por la gubernatura ya está corriendo. Y algunos aspirantes —como Imelda Castro— no tienen intención de esperar el disparo de salida oficial.
Pruebas presentadas como actos anticipados de campaña, desechados.
DE LA ESCUELA A ORMUZ
Eduardo Rivadeneyra Núñez
En unos días de hostilidades ya hay suficientes hechos violentos como para que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ocupe un buen capítulo en los libros de historia. El asesinato del antiguo líder supremo iraní Ali Jamenei, sustituido en el cargo por su hijo, Mojtabá Jamenei, en un ataque sorpresa el primer día de acciones bélicas sin que hubiese una declaración de guerra previa por parte de los agresores. Mientras en la misma fecha hubo varios bombardeos contra una escuela primaria en la localidad de Minab que causaron la muerte de 168 personas, en su mayoría menores de edad.
Ali Jamenei asesinado en un ataque en los días recientes.
Luego de los bombardeos contra la escuela y sus alrededores, las autoridades iraníes denunciaron los hechos y tanto la prensa como organizaciones civiles de otros países comenzaron a solicitar información sobre lo sucedido. El gobierno israelí indicó que ellos no habían lanzado ataques a esa zona y el secretario de Defensa de Washington, Pete Hegseth, afirmó que no podía tratarse de explosivos estadounidenses porque ellos nunca atacarían civiles.
Días después, sin embargo, la televisora CNN mostró imágenes de un misil, al parecer un Tomahawk fabricado únicamente por Estados Unidos, que impactaba directamente la escuela. La emisora británica BBC, encontró evidencia de que fueron numerosas las explosiones que destruyeron el plantel y lo confirmó analizando imágenes tomadas por satélites al momento de los hechos.
Bombardeo a una escuela en Irán, culpan a Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump respondió sobre el tema señalando que si un misil Tomahawk impactó la escuela no significa que haya sido lanzado por Estados Unidos. Sin embargo, no precisó qué país pudo haber sido porque esta arma se vende sólo a Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos.
El caso motivó que el Pentágono iniciara una investigación sobre el asunto y unos días después el diario The New York Times reportó que el ataque fue motivado por un error pues se utilizaron bases de datos obsoletas que no mostraban un plantel escolar y que las indagatorias continuarán.
En los siguientes días, continuaron los bombardeos sobre Irán, mientras misiles de este último país alcanzaban objetivos en territorio de Israel. Sin embargo, el efecto que esperaba el gobierno de Washington entre la población iraní no ocurrió. Cuando se informó so-
Manifestaciones en Irán.
bre la muerte del Ayatollah Ali Jamenei, el presidente Trump hizo un llamado a que la población se levante contra el gobierno y ocurrió lo contrario, los iraníes se manifestaron en las calles en contra de los agresores estadounidenses a pesar de la gran disparidad de fuerza entre ambas fuerzas armadas.
Las hostilidades comenzaron a generar presión en los mercados sobre los precios del petróleo, el principal producto de irán. El barril de este que antes del conflicto se situaba entre 60 y 70 dólares, comenzó a elevarse y alcanzó los 120 dólares cuando se mencionó que el gobierno de Teherán podría cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transita poco más del 20 por ciento del crudo que se consume en el mundo. En las últimas horas los precios comenzaron a bajar luego de que el presidente Trump informó que la guerra se acerca a su fin.
Donald Trump y Pete Hegseth.
En los últimos días varios medios estadounidenses han informado que organizaciones como la Fundación para la Libertad Religiosa Militar han recibido cientos de denuncias de soldados que aseguran que sus superiores han comenzado a pronunciar mensajes en los que se refieren al conflicto con Irán como el inicio del Armagedón, es decir el enfrentamiento final que se menciona en la Biblia y se está difundiendo la idea de que el presidente Trump fue “ungido por Dios” para encabezar la guerra final y preparar el retorno de Jesús, sin que hasta el momento el Pentágono se haya pronunciado al respecto, por lo que se oponen a participar en un combate sustentado en creencias que ni siquiera son compartidas por las principales doctrinas de la cristiandad.
Mojtabá Jamenei.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
El SUNTUAS sección
Administrativos e Intendencia y el Centro de Políticas de Género
FIRMAN CONVENIO, PARA FORTALECER LA IGUALDAD Y DIVERSIDAD
En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), Sección Administrativos e Intendencia, formalizó un acuerdo de colaboración con el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (CPGIMH). Esta alianza busca trazar una ruta clara hacia la equidad, la erradicación de la discriminación y el respeto irrestricto a los derechos de toda la comunidad universitaria.
Compromiso Sindical y Perspectiva de Género Durante el protocolo, Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general del SUNTUAS Administrativos, destacó que este convenio no es solo un cumplimiento normativo, sino una herramienta estratégica para fortalecer la labor sindical:
“El convenio establece lineamientos que nos recordarán integrar siempre la diversidad, la igualdad y la paridad de género en nuestras acciones, decisiones y comisiones. En todo trabajo colegiado debe existir la diversidad; esto refuerza los principios para que el comité ejecutivo, los comisionados y el
personal de apoyo la apliquen como una herramienta necesaria y eficaz”, señaló Leal Salazar.
Por su parte, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, Directora del CPGIMH, resaltó que los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la transformación social: Superar resistencias: Es necesaria la voluntad política para asumir el desafío de mejorar las condiciones laborales. Construcción conjunta: Crear políticas, programas y acciones que promuevan la inclusión.
Prevención: Contribuir a erradicar cualquier forma de violencia de género en los espacios de trabajo.
Prevención de la Violencia Digital
Como parte de la jornada, se llevó a cabo el conversatorio “Prevenir la violencia digital: Derechos, justicia y Acción”, un espacio diseñado para analizar y combatir una de las problemáticas más persistentes en la era tecnológica. El evento fue moderado por la doctora Martha Patricia Castro López y contó con la participación de la doctora Lilia Mireya Castro López y la doctora Alba Victoria López Salazar, quienes brindaron herramientas de sensibilización y capacitación al personal universitario.
Finalmente, el secretario general recordó que la Universidad Autónoma de Sinaloa se fortalece con la pluralidad, destacando que actualmente más del 50% de la matrícula estudiantil, así como una parte significativa del cuerpo docente y administrativo, está integrado por mujeres que transforman la institución día tras día.
COBROS PARA RECUPERAR AUTO ROBADO: REVICTIMIZACIÓN DESDE EL ESTADO
David Fuentes M.
En Sinaloa, ser víctima del robo de auto no implica que el problema termina si la unidad es recuperada. Para muchos ciudadanos, el proceso apenas comienza. Tras localizar el automóvil, los propietarios deben enfrentar una serie de pagos para poder recuperarlo, costos que pueden alcanzar hasta los 12 mil pesos. En un contexto donde el delito mantiene una tendencia al alza, legisladores y organismos empresariales han comenzado a impulsar reformas para eliminar estos cobros, al considerarlos una forma de revictimización para quienes ya sufrieron la pérdida de su patrimonio.
Los
Entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se han registrado poco más de diez mil robos de vehículos en Sinaloa, lo que equivale a un promedio cercano a 19 robos diariamente. Este fenómeno, además, muestra una tendencia al alza, con un incremento del 58 por ciento respecto al año anterior.
Aunque una parte de estos vehículos es recuperada por las autoridades (en la mayoría de los casos son abandonados por los propios delincuentes), esto no significa necesariamente el fin del problema para los propietarios.
Con frecuencia, el proceso para recuperarlo implica costos adicionales por servicios de grúa, arrastre, almacenaje o pensión en corralones, cargos que deben cubrirse antes de poder retirar la unidad.
costos que paga el ciudadano tras el robo de su vehículo.
Estadística de robo de vehículos en Sinaloa, más de diez mil en 18 meses de conflicto.
Para los ciudadanos, esta situación se percibe como una segunda carga económica tras haber sido víctimas de un delito. Los costos pueden ser significativos. Según datos presentados por el sector empresarial, el pago por arrastre y pensión puede alcanzar hasta 12 mil pesos por vehículo, dependiendo del tiempo que la unidad permanezca en resguardo.
Hasta ahora se han recuperado cerca de dos mil automóviles, lo que representaría un impacto económico acumulado de 22 millones de pesos pagados por los propietarios.
COBROS EXCESIVOS, ¿QUÉ HACER?
Este escenario ha generado preocupación entre organizaciones empresariales y legisladores, quienes con-
Diputados del Partido Sinaloense presentaron la propuesta para que las víctimas de robo de vehículos queden exentas del pago de derechos relacionados con arrastre.
sideran que estos cobros representan una forma de revictimización, al obligar a los ciudadanos a asumir gastos derivados de un delito del cual fueron víctimas.
Ante el incremento del robo de vehículos y las dificultades que enfrentan los propietarios para recuperar sus unidades, el Congreso del Estado analiza diversas iniciativas orientadas a eliminar o reducir estos cobros.
Una de ellas fue presentada por los diputados Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio
Corrales Burgueño, del Partido Sinaloense (PAS). La propuesta busca reformar el Código Penal de Sinaloa para que las víctimas de robo de vehículos queden exentas del pago de derechos relacionados con arrastre, almacenaje y maniobras cuando su automóvil sea recuperado.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis legislativo y plantea que los ciudadanos puedan recu-
perar su patrimonio sin enfrentar cargos adicionales derivados del delito. De aprobarse, quienes soliciten la entrega de su vehículo deberán presentar la constancia original de reporte de robo emitida por la autoridad correspondiente, acreditando que se interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía.
Los legisladores del PAS sostienen que esta medida permitiría establecer criterios claros para evitar cobros indebidos y apoyar a las familias afectadas por un delito que tiene alto impacto económico y social en el estado.
En paralelo, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también ha impulsado una iniciativa relacionada con el mismo problema. Su planteamiento propone reformar tanto el Código Penal como la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa para que las víctimas queden exentas de pagar diversos derechos administrativos vinculados al proceso de recuperación del vehículo.
Consejo Intercamaral de Culiacán presentaron una propuesta al Congreso del Estado para evitar el cobro de cuotas de arrastre tras robo de vehículo.
Aunque ha habido vehículos recuperados, el peregrinar el afectado se traduce en pagos de más de doce mil pesos.
EL BENEFICIO
Entre los cargos que podrían eliminarse se encuentran el arrastre, almacenamiento, reposición de placas o trámites relacionados con la tarjeta de circulación, siempre que la persona acredite su calidad de víctima y exista relación directa entre el trámite y el delito cometido.
La propuesta del PRI busca además incorporar esta exención dentro del principio de reparación del daño, con el objetivo de que el sistema jurídico reconozca que los costos derivados del proceso de recuperación no deben recaer sobre quienes sufrieron el robo.
El debate legislativo también ha sido impulsado desde el ámbito empresarial. El Consejo Intercamaral de Culiacán, encabezado por Rafael Izabal, presentó una iniciativa ante
el Congreso del Estado para eliminar obligatoriamente las cuotas de arrastre y pensión cuando un vehículo robado sea recuperado por las autoridades.
La propuesta plantea modificar el artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y adicionar el artículo 50 Bis al Código Penal, con el objetivo de eliminar pagos administrativos como grúa, corralón, almacenaje, maniobras e incluso algunas infracciones relacionadas con el proceso de recuperación.
De acuerdo con el testimonio obtenido por DeprimeraNoticias de un afectado, la cifra comienza con $800 pesos correspondientes a la grúa de arrastre hacia un corralón o pensión privada, de eso se pueden acumular $100 pesos diarios por los días que el automóvil permanezca en dicha pensión y posteriormente se tendrían que pagar otros $800 pesos para sacarlo de la pensión, la suma puede aumentar cuando el usuario tiene que cubrir costos para reparar su vehículo ya sea que haya sido chocado o baleado.
Desde la perspectiva empresarial, obligar a las víctimas a pagar estos cargos constituye un caso de victimización secundaria institucional, concepto reconocido por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Bajo esta visión, el ciudadano no debería asumir las consecuencias económicas de un delito que no pudo evitar y que las autoridades tienen la obligación de prevenir y sancionar.
REÚNE PARTIDO SINALOENSE
A 500 MUJERES LÍDERES EN CAPACITACIÓN SOBRE REFORMA
ELECTORAL Y PARIDAD
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Partido Sinaloense, a través de la Secretaría de Mujeres y la Secretaría de Activismo Social, llevó a cabo la Conferencia Magistral “Reforma Electoral y Paridad”, un espacio de capacitación y reflexión que reunió a cerca de 500 mujeres líderes provenientes de diferentes municipios del estado.
Al evento asistieron presidentas de comité, secretarias, líderes de colonia y activistas sociales, quienes partici-
paron en esta jornada formativa enfocada en fortalecer el liderazgo femenino, la participación política de las mujeres y el conocimiento sobre los avances en materia de derechos político-electorales.
La conferencia magistral fue impartida por la reconocida periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres Sara Lovera López, quien cuenta con una amplia trayectoria en la investigación, promoción y defensa de los derechos de las mujeres en México y América Latina.
Sara Lovera López es periodista, investigadora y feminista, considerada una de las voces más influyentes en el periodismo con perspectiva de género en el país. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, así como en organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.
Es fundadora y directora del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac México) y ha sido una de las principales impulsoras de la incorporación de la perspectiva de género en el periodismo mexicano. Su trabajo ha contribuido a visibilizar la situación de las mujeres, así como a promover cambios legislativos y sociales en favor de la igualdad.
Por su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo, además de recibir múltiples distinciones por su labor en la defensa de los
derechos de las mujeres, la libertad de expresión y la promoción de una democracia más incluyente.
Durante su ponencia, la especialista compartió un análisis sobre la evolución de la participación política de las mujeres en México, los avances logrados en materia de paridad de género, así como los retos que aún persisten para garantizar una participación plena y efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Durante el evento se contó con la presencia del presidente del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, quien reiteró el compromiso del instituto político con el fortalecimiento del liderazgo femenino y la generación de espacios de formación política para las mujeres.
También participaron en el presídium la diputada Angélica Díaz Quiñónez, quien dirigió un mensaje a las asistentes; la secretaria general del partido, Alondra López Millán; la secretaria de Mujeres, Jesús Antonia Zusuki Lugo; el secretario de Organización del Movimiento
Territorial del PAS, Samuel Soto; la secretaria de Finanzas, Denisse Angélica Sicairos Villegas; la secretaria de Asuntos Electorales, Cecilia González Luna; la responsable de Asuntos Jurídicos, Lolita Gotro; y la secretaria de Juventud, Aime Alarcón Moreno.
Asimismo, se contó con la presencia del presidente del Comité Directivo Municipal de Culiacán, Ricardo Adán Pérez Durán; de la presidenta del Comité Municipal de Ahome, Yolanda Luna Cerón; y en representación del presidente del Comité Municipal de Guasave, Humberto Valenzuela, asistió el secretario general Rosario Moroyoki.
El evento incluyó la presentación de materiales de trabajo, la lectura de la semblanza de la conferencista, la ponencia magistral y la entrega de un reconocimiento por su destacada trayectoria y contribución a la defensa de los derechos de las mujeres.
Con este tipo de actividades, el Partido Sinaloense refrenda su compromiso de seguir impulsando la capacitación, organización y participación activa de las mujeres en la vida política y social de Sinaloa, convencido de que el liderazgo femenino es fundamental para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Claro que se puede, por un Sinaloa mejor.
EN LA CUMBRE DE LÍDERES DE TRUMP, MÉXICO FUERA
David Fuentes M.
En la pasada cumbre “Escudo de las Américas”, Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” en América Latina y relató ante una docena de mandatarios una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de que el ejército estadounidense intervenga en territorio mexicano para combatir al narcotráfico. El episodio, que incluyó una parodia de Sheinbaum por parte de Trump, convirtió a México en el centro de una cumbre a la que, paradójicamente, no fue invitado.
En la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami el pasado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a México.
Frente a una docena de presidentes latinoamericanos, Trump aseguró que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles en Latinoamérica”, señalando a las organizaciones criminales mexicanas como responsables de gran parte del derramamiento de sangre en la región.
El encuentro ocurrió apenas una semana después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Trump convocó de urgencia a un grupo de mandatarios latinoamericanos para impulsar una “alianza regional contra los cárteles”.
Cumbre Escudo de las Américas.
Durante su discurso, Trump describió a los cárteles de la droga como “un cáncer” que amenaza la seguridad del continente. “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército”, afirmó.
Estados Unidos y sus aliados se comprometieron a coordinar acciones para “privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.
Trump incluso planteó la posibilidad de utilizar armamento de alta precisión contra los líderes criminales si los países de la región lo solicitaban. Según explicó, se trataría de ataques con misiles “extremadamente precisos, directo a la sala de estar” de los capos de la droga.
Donald Trump ventiló una llamada con la presidenta Sheinbaum.
TRUMP Y MÉXICO
El momento que más llamó la atención ocurrió cuando el mandatario se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Primero la describió como “una persona muy buena”, con “una voz hermosa”, pero enseguida relató una conversación previa entre ambos sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en territorio mexicano para combatir al narcotráfico.
Trump aseguró que en esa conversación le dijo: “Déjeme erradicarlos”, en referencia a los cárteles. Según su relato, la respuesta de la presidenta mexicana fue: “No, no, por favor, presidente”. El mandatario estadouniden-
La presidenta Sheinbaum reconoció no haber sido invitada a la cumbre.
se imitó entonces la voz de Sheinbaum frente al auditorio, arremedando su manera de hablar, lo que generó reacciones entre los asistentes.
LOS INVITADOS
Al encuentro asistieron presidentes que comparten ideologías de derecha, entre ellos, Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana) y Nayib Bukele (El Salvador), además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuyo padre fue miembro del partido Nazi en Alemania.
Trump y los acuerdos con algunos mandatarios.
El encuentro también estuvo marcado por ausencias notables. México, Brasil y Colombia, las tres principales economías de América Latina, no fueron invitados a la reunión. Los tres gobiernos comparten posiciones políticas de izquierda.
La exclusión fue confirmada posteriormente por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Durante una conferencia matutina, la mandataria señaló que México no fue invitado, pero aseguró que ello no afecta la relación bilateral con Estados Unidos.
“No, no fuimos invitados, pero no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, declaró. Explicó que su gobierno mantiene un grupo de trabajo permanente con autoridades estadounidenses en materia de seguridad desde el inicio de la actual administración en Washington.
Sheinbaum también recordó que México ha rechazado una intervención militar extranjera en su territorio para combatir a los cárteles. En varias ocasiones, la mandataria ha sostenido que el Estado mexicano tiene la capacidad para enfrentar a estas organizaciones y ha negado que los grupos criminales controlen el país o tengan más poder que las instituciones.
POLÍTICOS EN LA MIRA
En 2025, el gobierno de Trump revocó visas a decenas de políticos y funcionarios mexicanos señalados por presun-
Entre los políticos que se les retiró la visa estadounidense está la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
tos vínculos con el narcotráfico, una medida que, según reportó la agencia Reuters, habría afectado al menos a medio centenar de integrantes del partido Morena.
Entre los casos más notorios estuvo el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, el político Carlos Torres, a quienes Estados Unidos canceló el permiso de entrada al país en medio de especulaciones sobre investigaciones relacionadas con corrupción y crimen organizado.
En ese contexto, la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano adquiere una dimensión particularmente peligrosa para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha insistido en que el combate al narcotráfico debe realizarse sin vulnerar la soberanía del país.
Sin embargo, Trump ha insistido en que México es un país controlado por los narcos, lo que coincide con otras posturas que señalan
que los periodos de relativa calma en México dependen de la “pax narca”, es decir, que las organizaciones criminales se pongan de acuerdo para tranquilizar las “plazas”.
El caso más citado en los últimos meses ha sido el de Sinaloa, donde la violencia desatada por las dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 ha llevado a que el propio Ejército Mexicano reconozca que la única forma de recuperar la estabilidad sería que los propios grupos criminales decidieran terminar con la guerra.
Aunque la cumbre de Miami se presentó oficialmente como un esfuerzo regional para coordinar estrategias contra el narcotráfico, compartir inteligencia y promover acciones conjuntas entre gobiernos, especialistas señalan que la iniciativa también responde a un contexto geopolítico más amplio.
Además de la lucha contra el crimen organizado, el encuentro busca reforzar alianzas políticas entre gobiernos cercanos a Washington y contrarrestar la influencia de potencias externas en la región.
Durante el evento, Trump mencionó que no permitirá que “influencias externas hostiles” ganen terreno en América Latina, en una referencia que diversos analistas interpretaron como dirigida a China, cuyo peso económico ha crecido de forma considerable en las últimas décadas en distinos países de la región.
Sinaloa en el abismo
18 MESES DE TERROR SIN REACCIÓN CIUDADANA
Abel Jacobo Miller
Abel Jacobo Miller durante el conversatorio ciudadano, las cifras son frías.
Hace días se participó en un conversatorio ciudadano. Se presentaron cifras actualizadas de septiembre de 2024 a febrero de 2026 y la sala quedó en silencio. No fue sorpresa; era el peso de una realidad que ya nadie se atreve a nombrar en voz alta: Sinaloa lleva más de 18 meses bajo un estado de violencia que ha superado con creces cualquier parámetro histórico reciente.
Casi tres mil personas desaparecidas de manera forzada. Los colectivos de búsqueda dicen que esa cifra puede ser el triple.
Más de diez mil vehículos robados: un promedio de 557 al mes y 18.5 diarios. Dos mil 885 homicidios dolosos, 160 al mes en promedio. Más de 400 incendios intencionales. Dos mil 697 comercios cerrados. Tres minas paralizadas. 24 mil empleos formales perdidos según el IMSS, y hasta 36 mil, si se incluyen los informales, según Coparmex.
A esto hay que sumar la plaga de “ponchallantas” en carreteras y accesos a la ciudad, que ha convertido cualquier traslado en un riesgo mortal.
Estas no son estadísticas frías. Son familias rotas, negocios que apagaron las luces para siempre, jóvenes que ya no regresan a casa y trabajadores que perdieron todo en cuestión de meses. La economía legal de Sinaloa está sangrando mientras el crimen organizado mantiene el control territorial. Y lo más grave: la sociedad lo observa casi con resignación.
Porque lo que no aparece en las infografías del conversatorio, pero sí en las calles, es la apatía colectiva.
Marchas en Culiacán, ciudadanos levantan la voz; pero sigue la apatía.
¿Dónde están las marchas masivas? ¿Dónde están las plazas llenas de ciudadanos exigiendo seguridad, justicia y un gobierno que recupere el control? No existen. En lugar de movilizaciones multitudinarias vemos grupos pequeños, a veces con miedo y muchas veces integrados por familiares directos de las víctimas. El resto de la sociedad —la que aún tiene empleo, la que todavía puede salir a la calle sin ser extorsionada— prefiere el silencio. “No vaya a ser que me toque a mí”, se escucha en voz baja. El miedo se ha convertido en la principal estrategia de contención social.
Esta apatía no es casual. Es el resultado de años de impunidad, de gobiernos que minimizan cifras y de comunicados oficiales que hablan de “enfrentamientos” en lugar de masacres planeadas. Cuando la ciudadanía deja de exigir, el Estado deja de sentir presión. Y el crimen organizado lo sabe: mientras la gente no salga a las calles, puede seguir operando con relativa tranquilidad.
En el propio conversatorio se planteó con claridad lo que debería hacer el gobierno: recuperar el control territorial con operativos permanentes por zonas, establecer un mando único real, trabajar con inteligencia previa y brindar protección especial a corredores comerciales e industriales. Golpear las finanzas criminales congelando cuentas y propiedades. Proteger la economía legal con fondos de emergencia, seguros estatales y estímulos fiscales. Profesionalizar y depurar policías locales con evaluaciones serias y salarios dignos. Garantizar justicia rápida y visible, con jueces y fiscales especializados y con la publicación mensual de detenidos y sentencias. Y, sobre todo, mantener una
comunicación clara y honesta, sin ocultar ni minimizar la crisis.
Pero ninguna de estas medidas avanzará si la sociedad sigue callada. La apatía ciudadana es el oxígeno que alimenta la violencia. Mientras no haya presión social real –marchas, plantones, boicots y denuncias masivas–, los políticos seguirán con discursos vacíos y los delincuentes con su calendario de extorsión.
Sinaloa no se recupera solo con más soldados o más patrullas. Se recupera cuando su gente deje de tener miedo a hablar, a marchar, a exigir. Porque el día que miles de sinaloenses salgan a las calles a decir “basta”, ese día el gobierno no tendrá más remedio que actuar.
Hasta entonces, las cifras seguirán subiendo, los desaparecidos seguirán sin nombre y la apatía, lamentablemente, seguirá siendo la respuesta más cómoda de una sociedad que ya no reconoce su propio dolor.
Ni los operativos federales han logrado bajar los índices de violencia.
MAR DE FONDO
EN MÉXICO, LA VERDAD ES CIEGA Y MUDA
“Para contrarrestar la presencia de los cárteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando mucha de la masacre y el caos en el hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadaTrump, mensaje directo a Sheinbaum.
A su
nos”, sentenció el presidente norteamericano, Donald Trump, en el evento denominado “Escudo de las Américas”, el pasado 7 de marzo en Miami, Florida, al que, por cierto, no acudió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en representación de México.
Donald Trump mencionó que él le dijo a Sheinbaum: “Déjeme erradicar a los cárteles”, y la mandataria mexicana contestó: “No, no, no, por favor, presidente”. “Tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos de una vez, porque están empeorando”, justificó el presidente norteamericano en dicha reunión.
Este pronunciamiento se robustece con la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 que firmó Trump, formalizando legalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite operativos militares estadounidenses en suelo extranjero. Los cárteles señalados son, encabezando la lista: Cártel de
llegada a la presidencia, Donald Trump declaró a los cárteles del narco como organizaciones terroristas.
Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Cártel del Golfo.
La designación de terrorismo a estas organizaciones criminales se basa en informes de inteligencia de diferentes agencias estadounidenses que señalan a estos grupos como amenazas a la seguridad nacional, principalmente por la violencia que generan al traficar drogas —destacando el fentanilo— y por el tráfico de migrantes.
La designación de narcoterrorismo tiene implicaciones legales. La principal es que el Departamento del Tesoro norteamericano congelará activos de estos cárteles, así como de empresas y personas ligadas a estos grupos. También habrá mayores penalizaciones para quienes brinden cualquier tipo de apoyo o se relacionen con estas organizaciones criminales.
Y, como ha sido la regla, aparece el Cártel de Sinaloa en primer lugar de la lista. En los meses recientes, el
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha identificado empresas de varios giros comerciales que proporcionan suministros de precursores químicos y empresas fachada que lavan dinero. Entre ellas: casinos, gasolineras, alquiladoras de cabañas, restaurantes de sushi, empresas agrícolas y constructoras, entre muchas otras.
Si el Cártel de Sinaloa encabeza las listas estadounidenses del narcoterrorismo, el gobernador de Sinaloa es, sin lugar a dudas, el funcionario más documentado en presuntos vínculos con dicho cártel, según trabajos periodísticos y filtraciones de inteligencia tanto norteamericana como de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Un par de días antes de la elección de 2021 en Sinaloa, uno de los candidatos a ocupar un cargo público en la zona serrana refería: “¡Está de la chingada acá arriba!”.
Durante la votación del 2021, se presentaron incidentes, amenazas y robos de urnas.
Al momento de renunciar a la candidatura, fueron docenas de candidatos de partidos opositores a Morena los que renunciaron por amenazas del crimen organizado; los demás lo hicieron en silencio.
Dicha elección se llevó a cabo entre amenazas, “levantones”, robo de urnas y grupos armados que se paseaban por todo el territorio donde se colocaron casillas pidiendo el voto por Morena, es decir, por Rubén Rocha Moya. Todo quedó registrado en medios locales, nacionales e internacionales.
“Venimos por el dinero de los votos”, dijeron cuando entraron a las casas de 29 de los 35 operadores del PRI en un municipio del centro de Sinaloa durante la madrugada del 6 de junio de 2021, se leía en un medio nacional.
“La noche del sábado 5 de junio de 2021, varias camionetas del crimen organizado circularon por calles de Culiacán. Fue durante la madrugada cuando algunas de esas camionetas irrumpieron en el fraccionamiento Colinas del Rey y ‘levantaron’ de su domicilio al secretario de organización del Comité Directivo Estatal del
José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI fue privado de la libertad previo a las elecciones del 2021.
PRI en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán; posterior a la votación lo soltaron”, se leía en un canal alemán de noticias.
“No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere escuchar”, reza el refrán. En México es claro que el dinero de los cárteles y sus operativos con gente armada los días de las elecciones se constituyen claramente en la diferencia para ganar una elección y, con ella, el poder del Estado.
Este es el gran problema electoral en México y no aparece por ningún lado en las reformas electorales, principalmente en las impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El no querer erradicarlo habla de un interés partidario gubernamental que se ve beneficiado porque esto permanezca igual e intocable rumbo a las elecciones de 2027.
Le pregunto: ¿es necesario que el presidente estadounidense venga a decirnos lo que está mal en nuestro país para hacer algo al respecto?
Inauguran en el Corredor Cultura del Congreso del Estado la exposición
“Mujeres en el Muro de Honor: Legado y Memoria”
En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Mujeres, el Congreso del Estado de Sinaloa inauguró una exposición en el Corredor Cultural “Dámaso Murúa”, denominada “Mujeres en el Muro de Honor: Legado y Memoria”, un espacio dedicado a reconocer y visibilizar el legado de destacadas sinaloenses que han contribuido al desarrollo social, cultural y político de la entidad.
Durante el evento, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Tere Guerra Ochoa, destacó que esta exposición representa un acto de reconocimiento a la historia y a las luchas de las mujeres que, durante décadas, fueron invisibilizadas tanto en los espacios públicos como en el ámbito privado.
Señaló que el propio Muro de Honor refleja esa realidad histórica, ya que desde su establecimiento en 1866 transcurrieron 92 años para que se incorporara el nombre de la primera mujer sinaloense, Agustina Ramírez, en 1958. Indicó que, durante décadas, fue la única mujer reconocida en ese espacio, hasta que en la 64 Legislatura se sumaron más nombres y en la actual legislatura se incorporó la deportista María del Rosario Espinoza.
La legisladora recordó que la lucha de las mujeres por la igualdad ha sido larga y compleja, como ocurrió con el reconocimiento del derecho al voto en México, que se incorporó a la Constitución en 1953, más de un siglo después de los primeros ordenamientos constitucionales del país. En ese contexto, subrayó que el Corredor de Mujeres busca contribuir a visibilizar a quienes han dejado huella en la historia de Sinaloa y del país.
Guerra Ochoa destacó que el reconocimiento a las mujeres no se limita únicamente a quienes ocupan cargos públicos, sino también a aquellas que desde diversos sectores como la agricultura, la pesca, la artesanía, el turismo y el trabajo comunitario han contribuido al desarrollo de la entidad. Reiteró que el compromiso del Poder Legislativo es seguir impulsando acciones que permitan a las mujeres, jóvenes y niñas vivir en condiciones de igualdad, seguridad y libertad.
El Corredor de Mujeres rinde homenaje a seis sinaloenses que forman parte del Muro de Honor del Congreso del Estado: Agustina Ramírez, símbolo de fortaleza y sacrificio en la historia nacional; Amparo Ochoa, reconocida intérprete de la música popular mexicana; Inés Arredondo, destacada escritora y referente de la literatura mexicana; Felipa Velázquez, luchadora social por los derechos agrarios; Cecilia Zadí, promotora de la educación y el desarrollo social; y María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica y referente del deporte mexicano.
Durante el evento también participó la presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, quien señaló que la creación de este corredor representa un espacio de memoria y reconocimiento para las mujeres que abrieron camino en distintos ámbitos de la vida pública y social.
Indicó que el 8 de marzo recuerda la lucha histórica de las mujeres por mejores condiciones de vida, por el derecho al voto y por el reconocimiento de su dignidad, movimiento que con el paso del tiempo fue reconocido a nivel internacional como una jornada dedicada a promover los derechos de las mujeres y la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
El acto contó con la presencia de diputadas y diputados integrantes de la 65 Legislatura, así como de autoridades administrativas del Congreso del Estado.
LA FRASE
POR: IVÁN GRIJALVA
QUIERO FELICITAR Y AGRADECER
EL TRABAJO DEL GENERAL SCHAZARINO PUES ESTÁ EL FRENTE DE LA SEGURIDAD EN SINALOA
Sin demasiadas explicaciones, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino presentó su renuncia. Durante los 15 meses que ocupó el cargo se caracterizó por algo muy particular: el silencio. Pocas declaraciones, escasas apariciones públicas y una presencia prácticamente invisible en medio de una realidad que hablaba por sí sola.
Mientras tanto, las cifras seguían su propio camino. Los homicidios aumentaban, el robo de vehículos se mantenía imparable y la percepción de inseguridad crecía entre los sinaloenses, la capital sinaloense se posicionaba como la más insegura de México. En las calles se acumulaban los problemas, pero desde su escritorio parecía que todo marchaba con una calma digna de otro estado… o quizá de otro país.
Lo curioso es que, durante su última visita a Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó públicamente por el “buen trabajo” realizado. Un reconocimiento que, visto desde la realidad cotidiana de los ciudadanos, sonó más a una cortesía política en medio del discurso, que a diagnóstico de seguridad.
Porque si algo dejó claro esta renuncia es que, en materia de seguridad, a veces basta con no aparecer, no explicar y no incomodar para que desde el poder se declare que todo va bien, y que tras 18 meses las cosas parecen que en vez de mejorar… siguen peor.
Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.
