Deprimera #435 | 14 de febrero de 2026

CONCORDIA: SE DESTAPA LA FOSA QUE GRITA JUSTICIA

Crónica de una tragedia anunciada en la sierra de Sinaloa

DIRECTORIO

435 | Sábado 14 de febrero de 2025

Director

Bernardino Chávez Arroyo

Sub director

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Santiago Rentería

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Eduardo Rivadeneyra

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Santiago Rentería

Zona Sur

David Fuentes M.

Finanzas

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Cultura

Sergio Ramos

Cartón

Edwin Ayala /Quique

Deprimera Visión

Aldo Montoya

Correo electrónico

Deprimeraintencion@hotmail.com

Asesor jurídico

Ricardo Arnulfo Mendoza

Diseño

3CONCORDIA, SE DESTAPA LA FOSA QUE GRITA JUSTICIA

14 Desaparecidos en Mazatlán, turismo de terror y muerte

22 Murmullos DePrimera

24Sinaloa bajo mando militar, ¿pacificación real o administración de la guerra?

32La guerra interna de Morena rumbo a 2027

47 FGR: expedientes de alto impacto en el olvido 59Austeridad en el discurso, lujo en los hechos

CONCORDIA, DESTINOS TRUNCADOS POR UNA FOSA

Crónica de una tragedia

anunciada en la sierra de Sinaloa

La realidad del cobro de extorsiones a empresas mineras de la sierra de Sinaloa se vio reflejada en una de las más atroces estampas trágicas de la guerra que se libra entre los grupos criminales desde hace 17 meses, al ser secuestrados diez trabajadores de la mina Vizsla Silver, de origen canadiense, cuyos cuerpos terminaron en una fosa, presuntamente luego de que la compañía radicada en Vancouver, Canadá, se negó a pagar el “piso” para seguir operando en la zona serrana de Concordia. Aunque la narrativa del gobierno federal, en voz de Omar García Harfuch, intentó hacer ver que todo se trató de una “confusión”, para las familias víctimas la tragedia pinta la realidad: se descarriló el cobro de piso y la muerte llegó a sus seres queridos que lo único que hicieron era buscar un mejor futuro y un trabajo estable con una empresa que hoy no les da la cara, con un gobierno que más que ayudar, estorba.

En la sierra de Concordia, donde los caminos se vuelven brechas y las brechas territorio disputado, la desaparición de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver expuso con brutal claridad una realidad que en la industria se comenta en voz baja: en ciertas regiones del país, operar implica negociar con el crimen o asumir el riesgo de la violencia.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República sólo ha confirmado que los cinco cuerpos sacados de la fosa de la comunidad de El Verde corresponden a cinco mineros, pero todavía faltan otros cinco cuerpos por localizar.

El 23 de enero, técnicos, geólogos e ingenieros fueron privados de la libertad en la zona serrana del municipio. Venían de distintos estados y trabajaban en un proyecto minero en

un territorio en disputa entre grupos criminales. La noticia no estalló de inmediato. Las familias estaban lejos y la reacción institucional fue lenta. Durante días, la búsqueda se sostuvo en redes sociales, donde comenzaron a circular fichas con sus nombres y rostros.

Fue hasta el 28 de enero cuando autoridades estatales reconocieron públicamente el caso. El anuncio de un operativo especial llegó el 1 de febrero. El gobernador Rubén Rocha Moya escribió entonces en su cuenta de X: “Por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, se intensifica el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia, con más de mil elementos, 3 helicópteros y 2 aviones buscarán”. Para las familias, el despliegue llegó tarde.

El 6 de febrero, en la comunidad de El Verde, a unos 40 kilómetros de la mina, se localizó la primera fosa clandestina. En ella se encontraron cuerpos que después fueron identificados como parte del grupo de trabajadores desaparecidos. Días después, se confirmó que eran diez en total.

LA ESPERA DE LAS FAMILIAS

El caso de José Antonio Jiménez Nevárez, ingeniero de 34 años y coordinador de seguridad, retrata la dimen-

Colectivos de búsqueda en el lugar, con esperanza de localizar a sus seres queridos.

sión humana de la tragedia. Su familia viajó desde Sonora a la Ciudad de México para pruebas de ADN. La espera fue larga y sin información clara. “Son las horas más largas de mi vida”, dijo un familiar mientras aguardaba en instalaciones federales.

La confirmación llegó entrada la noche. José Antonio tenía dos hijas. “Él se dedicaba a trabajar para su familia, era buen muchacho, ni vicios ni nada”, contaron sus allegados. Entre lágrimas, otro familiar resumió el dolor: “No lo encontramos como hubiéramos querido”.

En un mensaje difundido en redes, alguien cercano escribió: “Tenía dos hijas. Saliste a buscar el sustento para darles lo mejor y ahora les faltas tú, pero sé que desde el cielo las cuidarás”. La frase se repite, con matices, en cada familia: hombres que migraron por trabajo y quedaron atrapados en una guerra que no era suya.

ADVERTENCIAS EN LA SIERRA

Extrabajadores de la mina aseguran a medios de comunicación que la inseguridad no era nueva. Relatan vigilancia constante, drones y encuentros con grupos armados. Uno de ellos explicó: “No trabajábamos en oficina, trabajábamos en el campo. Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos, nos vigilaban vehículos, volaban drones en las áreas en que estábamos trabajando”.

Según su testimonio, narrado a un medio de Sonora, incluso durante un paro técnico previo recibieron un mensaje directo: “Nos dijeron literalmente: ‘Por favor, sálganse que no podemos garantizar su seguridad’”. Aun así, la operación continuó. Las amenazas se reportaron a superiores. “Nosotros reportábamos directamente a los supervisores y ellos a los directivos”, relató. En algunos casos, afirma, la respuesta fue minimizar el riesgo: “A algunos compañeros les dijeron que eran flojos”.

La hipótesis de que el secuestro se relaciona con cobro de piso o extorsión circula entre familiares y trabajadores, incluso así lo dijo el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno: “Es muy probable que sea una cuestión de extorsión de grupos del crimen organizado contra la minera”, declaró ante medios de comunicación.

En Sinaloa, ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo quisieron hablar del tema, simplemente lo negaron.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los mineros fueron “confundidos”.

Sin embargo, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que no había denuncia formal: “No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados”. Reconoció, no obstante, que en otros estados existen prácticas similares contra empresas mineras.

En cambio, García Harfuch señaló que “fueron confundidos” con integrantes de un grupo criminal rival, y señaló a Los Chapitos de ser los autores del crimen.

UN PATRÓN CONOCIDO

La relación entre minería y crimen organizado no es nueva en Sinaloa. En 2015, un comando robó un concentrado de oro valuado en millones de dólares en la mina El Gallo 1. En ese entonces, directivos admitieron

que pagaban cuotas para operar. La confesión evidenció un sistema informal de “permisos” criminales. El caso de Concordia sugiere que ese modelo no desapareció, sólo se volvió más riesgoso.

En la comunidad de El Verde, donde se encontraron los cuerpos de los mineros, autoridades también localizaron otras fosas clandestinas sin relación directa con el caso. La fiscal estatal explicó: “No tiene correspondencia con el caso de los mineros”. Pero la coincidencia geográfica subraya la dimensión de la violencia en la región.

EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD

Tras el hallazgo de los cuerpos, la empresa emitió un comunicado en el que expresó estar “devastada por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas”. El sector minero nacional manifestó su soli-

daridad y exigió justicia. Sin embargo, familiares han señalado la falta de cercanía y respuestas claras.

Para las autoridades, el caso se investiga dentro de la disputa criminal en la zona. Para las familias, la explicación es más directa. “No entiendo por qué hacen daño a gente inocente”, dijo un pariente de una de las víctimas.

La diferencia entre ambas narrativas refleja una tensión constante: la institucional, que se apega a denuncias formales y expedientes, y la de quienes viven la violencia en carne propia. En regiones donde el crimen controla territorio, denunciar extorsiones puede significar exponerse a represalias. El silencio se vuelve mecanismo de supervivencia.

De acuerdo con la periodista María Idalia Gómez en la zona, según estimaciones preliminares de personas en campo y testimonios de detenidos, podría haber alrededor de 120 cuerpos, pero referente a las otras fosas que se localizaron, pudiera hablarse de un número mayor de personas.

LA SIERRA QUE PRODUCE Y ENTIERRA

Concordia es parte de una franja serrana donde confluyen minería, rutas clandestinas y economías controladas por grupos armados. Las empresas llegan con inversión y empleo. Los grupos criminales, con control territorial. En medio quedan los trabajadores.

El caso de los diez mineros deja preguntas abiertas: ¿quién garantiza la seguridad en zonas donde el Estado tiene presencia limitada? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas al operar en territorios de alto riesgo? ¿Por qué la reacción institucional suele llegar después de la tragedia?

Por ahora, la sierra guarda el eco de los nombres y las frases que dejaron las familias. “Son las horas más largas de mi vida”, dijo un familiar en la espera. Esa frase resume la experiencia de quienes aún recorren el país para recuperar cuerpos, exigir justicia y entender por qué un trabajo terminó en fosa. En Concordia, el cobro de piso dejó de ser rumor. Se volvió tragedia. Y la tierra, una vez más, se abrió para mostrar lo que muchos sabían y pocos decían en voz alta.

DESAPARECIDOS EN MAZATLÁN TURISMO DE TERROR Y MUERTE

David Fuentes M.

Mientras las familias de los desaparecidos marchan por el malecón exigiendo a las autoridades que atiendan sus casos, para los gobiernos municipal y estatal lo principal ha sido proteger la imagen del puerto ante el Carnaval 2026. Pero los casos de turistas privados de la libertad en Mazatlán resuenan en todo el país sin que las autoridades puedan esconder la ingobernabilidad que se vive en Sinaloa.

El caso más reciente que encendió las alertas sobre la seguridad de los turistas en Mazatlán ocurrió a inicios de febrero, cuando seis integrantes de una familia originaria del Estado de México fueron privados de la libertad mientras vacacionaba en el puerto.

El viaje había sido planeado como una celebración familiar por el cumpleaños de la madre, Verónica Sabino Contreras. Tras varios días recorriendo la ciudad, los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, así como su cuñado Óscar García Hernández, rentaron vehículos tipo razer para realizar un paseo por la Zona Dorada.

Fue la última vez que se supo de ellos. Los vehículos fueron encontrados abandonados. Posteriormente, la esposa de Óscar y su hija de nueve años fueron localizadas en la comunidad de El Habal, en la zona rural de Mazatlán, en estado de shock y sin lesiones visibles. Hasta ahora, los cuatro hombres continúan desaparecidos.

MANIFESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Ante la desesperación, Verónica Sabino bloqueó avenidas principales en la Ciudad de México con mantas en las que se leía “Mazatlán, regrésanos a nuestros hijos”, exigiendo la intervención de los gobiernos estatal y federal. A unas semanas de los hechos, los operativos anunciados no han arrojado resultados visibles, mientras el caso se suma a otros ocurridos en circunstancias similares en el mismo destino turístico.

EL CASO CARLOS EMILIO

Meses antes, otro nombre ya se había convertido en símbolo de la vulnerabilidad de los turistas que visitan Mazatlán: Carlos Emilio Galván Valenzuela, duran-

Manifestación de familiares en la Ciudad de México, piden apoyo al gobierno para localización de sus seres queridos.

Carlos Emilio, joven duranguense, fue visto por última vez en el Bar Terraza Valentino en Mazatlán.

guense de 21 años, recién egresado de la carrera de Gastronomía.

Carlos Emilio desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 dentro del antro Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada. De acuerdo con los testimonios de sus primas, el joven se levantó de la mesa para ir al baño y nunca regresó. Su teléfono celular dejó de tener señal minutos después. La familia denunció irregularidades desde las primeras horas. Una de las primas intentó ingresar a los sanitarios para buscarlo, pero un guardia de seguridad se lo impidió, asegurando que no había nadie más en el interior. Posteriormente, el personal del establecimiento negó el reingreso al lugar durante más de media hora y, según la madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, el bar se negó inicialmente a entregar los videos de seguridad.

El caso tomó relevancia política al confirmarse que Terraza Valentino es propiedad del ahora exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien se vio obligado a renunciar a su cargo –y a todas sus aspiraciones políticas– semanas después de que el establecimiento fuera cateado. Colectivos y organizaciones civiles han señalado que este vínculo ha contribuido a la opacidad del caso y a la falta de resultados, mientras la desaparición de Carlos Emilio permanece sin avances.

Para los colectivos de búsqueda de Durango, la historia de Carlos Emilio no es un hecho aislado. Madres Buscadoras de Durango mantiene activas más de 20 fichas de personas originarias de ese estado desaparecidas principalmente en Mazatlán. Otros colectivos,

Los cuatro jóvenes desaparecidos en Mazatlán, sin rastro.

como Buscando Emilios, han documentado al menos 18 casos activos entre 2024 y 2025. Las familias coinciden en una narrativa común: jóvenes que viajan por turismo o trabajo y de los que, de pronto, no vuelve a saberse nada.

LOS NÚMEROS CRUDOS

Las cifras oficiales reflejan una crisis mayor. Desde el inicio de la narcoguerra interna del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, se han reportado alrededor de 700 personas desaparecidas solo en este municipio. Pese a la magnitud del problema, la Vicefiscalía Regional Zona Sur cuenta con apenas tres ministerios públicos especializados para atender hasta 45 casos semanales de desaparición.

La percepción ciudadana acompaña los datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en diciembre de 2025 casi 80 por ciento de los habitantes de Mazatlán se sentían inseguros, un aumento de más de 27 puntos porcentuales respecto a mediciones previas.

Aun así, el discurso oficial insiste en minimizar la situación. Mientras la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, recomendó evitar viajar al puerto, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que existiera una crisis y defendió la imagen turística del destino.

ANTE TODO, EL CARNAVAL

Ese contraste se volvió más evidente en vísperas del Carnaval de Mazatlán 2026. A pesar de los secuestros, desapariciones y del hallazgo de una fosa clandestina en Concordia, las autoridades estatales mantienen las Manifestación

Ante toda la violencia y desapariciones, el gobierno insiste en el Carnaval de Mazatlán.

celebraciones bajo el lema “Arriba la Tambora”. La Secretaría de Turismo proyecta una derrama económica superior a los mil 200 millones de pesos, una ocupación hotelera cercana al 87 por ciento y la llegada de más de 92 mil turistas.

Para empresarios y autoridades, el carnaval representa el principal motor económico del puerto. Para las familias de los desaparecidos, es un recordatorio doloroso de cuáles son las prioridades del gobierno de Rocha.

Mientras se afinan operativos para proteger desfiles y conciertos, madres y padres continúan marchando, pegando fichas de búsqueda y denunciando que, en Mazatlán, el turismo sigue siendo una vitrina que oculta una grave crisis de desapariciones.

MURMULLOS DEPRIMERA «¿CUÁNTOS

MÁS?»

A MI NI ME

PREGUNTEN

Dio la vuelta al país la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya luego de que le preguntaran algo referente a Jalisco, en su tono “bromista” mencionó que “no sabe de Sinaloa, menos de otros lados” y no pudo decir más verdades; el mandatario estatal brilla por su ausencia, para él sigue siendo más importante los negocios de construcción que ver por el bien del estado que es consumido cada día más por la violencia… ¡Nunca sabe nada!

NARCOFOSAS

La tierra habló, y de ella salieron los cuerpos de al menos cinco mineros en El Verde, Concordia, al sur del estado, quienes habían sido privados de su libertad por un grupo armado, la búsqueda se realizó por varios días, finalmente dieron con una fosa clandestina con los cuerpos de los mineros, la realidad, es que hay otras fosas más en la región y se habla de un número espeluznante de personas fallecidas… ¡Pero tenemos un gobierno que no sabe nada!

MURMULLOS DEPRIMERA

«¿CUÁNTOS MÁS?»

CONFUDIDOS

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los mineros habrían sido “confundidos” por una célula del crimen organizado, el pretexto perfecto de las autoridades para minimizar el hecho, en Sinaloa ser ciudadano de bien te puede llegar a costar la vida… ¡Los pretextos cuatrotetistas!

INDIGNACIÓN

Como sociedad deberíamos estar manifestándonos arduamente; el asesinato del joven Ricardo Mizael se suma a otros tantos de jóvenes colaterales en esta guerra. De acuerdo con el testimonio de la pareja de su madre, el joven sólo iba a comprar un biberón para alimentar a unos gatitos que había rescatado, a Ricardo lo “confundieron” y lo asesinaron a balazos, en un Sinaloa que no tiene gobierno y el gobernador, brilla por su ausencia… ¡¿Cuántos más?!

SINALOA BAJO MANDO MILITAR, ¿pacificación real o administración de la guerra?

Santiago Rentería

Por años, en Sinaloa la violencia no llega: se instala, cambia de ritmo, de protagonistas y de zonas calientes, pero nunca desaparece. Se transforma como una marea oscura que sube y baja sin retirarse del todo. En ese escenario, el Ejército mexicano decidió mover una de sus piezas más experimentadas: El general de División Héctor Ávila Alcocer asumió el mando de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, en medio de una nueva escalada derivada de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa.

El relevo en el mando de la Tercera Región Militar que comprende Durango y Sinaloa no ocurrió en tiempos de calma. Ocurrió cuando Culiacán y otros puntos del estado volvieron a ser territorio de disputas visibles, cuando las facciones conocidas como La Mayiza y La Chapiza tensan el equilibrio que durante años sostuvo una relativa estabilidad criminal.

Para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó movimientos de piezas claves en los mandos militares, mandando a Mazatlán al general de División –recientemente ascendido en noviembre de 2025–Héctor Ávila Alcocer.

No se trata de un mando militar improvisado. Con 46 años de servicio, formación en fuerzas especiales y entrenamiento en academias militares de Estados Unidos, su hoja de servicio habla de operaciones, planeación estratégica y cooperación bilateral.

Fue comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán. Es decir, conoce el terreno. Conoce la estructura criminal que se disputa el territorio. Conoce la dinámica política local. También fue agregado militar en Washington, lo que le otorgó interlocución internacional y aval diplomático.

En términos castrenses, es un perfil técnico y operativo. Sin embargo, las preguntas que surgen con los cambios castrenses: ¿cuál será el papel de la Guardia Nacional y Militar en Sinaloa, principalmente en Culiacán? ¿A pacificar o estar de lado de un bando?

El gobernador Rocha Moya en la toma de protesta de Héctor Ávila Alcocer.

El gobierno federal apuesta por experiencia, no por experimentación. Se habla y se perjura que existe coordinación directa con la Secretaría de Seguridad federal. El mando militar en Sinaloa se mantiene bajo control central, no estatal.

No es un general que deba su posición al gobernador Rubén Rocha Moya. Su línea responde a la estructura federal. ¿Podrá inclinar la balanza?

UNA GUERRA QUE NO TERMINA

En la narrativa gubernamental nunca hay una guerra, se habla de “hechos aislados”, “ajustes entre grupos”, “operativos focalizados”, pero nunca de un conflicto que ya lleva 17 meses erosionando la vida social y económica del estado, en particular de ciudades como Culiacán, Navolato y Mazatlán.

Pero en la realidad, la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa ha fracturado el equilibrio que durante años permitió una hegemonía criminal relativamente estable.

Cuando una organización dominante se fragmenta, la violencia no sólo aumenta: se desordena. Y frente a esa disputa interna, el Ejército no combate a una estructura externa. Observa una guerra dentro de un mismo entramado criminal. Ahí radica el desafío.

EL ANTECEDENTE INCÓMODO

En septiembre de 2024, el entonces comandante Francisco Jesús Leana Ojeda declaró que la paz en Sinaloa no dependía del Ejército, sino de que los grupos antagónicos dejaran de enfrentarse.

Las declaraciones del general Jesús Leana en Culiacán.

La frase provocó indignación. Fue interpretada como resignación institucional. Días después fue removido. Meses más tarde, fue nombrado comandante del Ejército Mexicano. La institución no lo desautorizó; lo promovió.

Eso reveló una verdad incómoda: el Ejército reconoce límites operativos frente a conflictos criminales internos donde la capacidad de inteligencia y control territorial no siempre equivale a pacificación inmediata.

En ese contexto, la llegada de Ávila Alcocer no es solo un relevo administrativo, por lo que pareciera una corrección narrativa.

¿PACIFICACIÓN O CONTENCIÓN ESTRATÉGICA?

El Ejército en Sinaloa ha operado durante décadas, decomisando armas, asegurando laboratorios, dete-

Jesús Leana y Héctor Ávila Alcocer.

niendo objetivos prioritarios. Pero también ha convivido con una realidad estructural donde el narcotráfico forma parte del tejido económico, político y social.

La pregunta de fondo es si el nuevo mando impulsará una estrategia ofensiva contra todas las facciones o si priorizará la contención para evitar que la disputa escale a niveles de crisis nacional.

La experiencia internacional de Ávila Alcocer sugiere formación en análisis estratégico. Eso implica lectura de escenarios, cálculo de riesgos y priorización de objetivos, pero no siempre significa eficacia, porque muchos mandos van a entrenarse a Estados Unidos y en México no logran abatir las estructuras criminales.

LA GUARDIA NACIONAL

En teoría, la Guardia Nacional debería asumir un rol central en seguridad pública. En la práctica, su estructura depende cada vez más del mando militar. En Culiacán y otras zonas críticas, la Guardia Nacional opera bajo coordinación castrense. Su despliegue suele acompañar operativos del Ejército, no liderarlos.

El dilema es claro: mientras la Guardia Nacional no consolide autonomía operativa real, la estrategia seguirá militarizada, y su papel reducido a una corporación que sigue siendo una espectadora en el gran teatro simulado de la guerra.

Y la militarización prolongada no necesariamente resuelve conflictos criminales fragmentados; puede estabilizarlos temporalmente.

El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la ceremonia de bienvenida. La imagen proyecta coordinación institucional. Pero la estructura de mando no depende del Ejecutivo estatal. El Ejército responde a la federación.

Eso reduce margen político local, pero también limita responsabilidades directas. Cuando la violencia aumenta, la narrativa suele desplazarse hacia el ámbito federal. Cuando disminuye, se comparte el mérito. Sinaloa queda en medio de ese equilibrio discursivo.

LA GUERRA INTERNA DE MORENA RUMBO A

David Fuentes M.

A dos años de las elecciones intermedias de 2027, el partido en el poder enfrenta una disputa interna que pone en riesgo su supremacía. Con 17 gubernaturas en juego y la continuidad del proyecto en entredicho, las tensiones por candidaturas, reglas internas y control territorial han dejado de ser diferencias soterradas para convertirse en una confrontación abierta de cara al electorado.

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado y de la Junta de Coordinación Política no fue un simple relevo parlamentario. Marca el punto de una pugna que se libra desde hace meses en el interior del partido oficial, donde distintos grupos se disputan el control de las candidaturas rumbo a 2027, año en que estarán en juego 17 gubernaturas, casi la mitad del país.

La versión oficial habló de una decisión personal de Adán Augusto para fortalecer el “trabajo territorial” de Morena en los estados en contienda, primero se hablaba de una embajada en Europa, pero todo indica que ésta fue rechazada.

Pero su salida ocurrió tras un año de confrontaciones internas, señalamientos por presuntos vínculos con el

grupo criminal La Barredora, acusaciones de desvío de recursos y choques abiertos con Ricardo Monreal y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

El contraste es inevitable: Monreal coordinó seis años en el Senado, mientras que Adán apenas resistió un año. El cambio evidenció que el soporte político que lo sostenía, es decir, su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, ya no opera con la misma fuerza desde que el expresidente se retiró a Palenque.

MONREAL, OTRO CASO

La tensión no se limita al Senado. Ricardo Monreal, coordinador en la Cámara de Diputados, difundió un video en el que advirtió que “las disputas serán insalvables” en Morena si no se establecen reglas claras para la selección de candidaturas. En conferencia de prensa, Monreal alertó que los escándalos, detencio-

nes de alcaldes, viajes al extranjero y exhibiciones de lujo desgastan a la presidenta y pueden detonar una “ruptura” rumbo a 2027.

Monreal enfrenta, a su vez, cuestionamientos internos. Se le acusa de intentar imponer a su hermano Saúl Monreal como candidato en Zacatecas y de haber operado políticamente contra Sheinbaum en 2021, cuando la oposición ganó varias alcaldías en la Ciudad de México. También pesa sobre él el señalamiento de obstaculizar reformas de la presidenta como la de aguas nacionales y la electoral, en lo local fue pieza clave para que AMLO palomeara la candidatura de Rocha, esto dicho por el propio hoy gobernador.

EL DESGASTE

Ricardo Monreal, nepotismo a la vista.

En paralelo, la dirigencia de Morena tampoco escapa a la crítica. Evaluaciones internas señalan desgaste en el liderazgo de Luisa María Alcalde y cuestionamientos hacia Andrés

Manuel López Beltrán, sobre todo porque su estrategia no ha servido para ganar elecciones, como ocurrió en Durango, donde se le acusó de pasar la mayor parte del tiempo encerrado en el hotel en lugar de salir a territorio, a las calles, como lo hacía su padre.

La presidenta ha pedido que su partido prohíba desde 2027 la reelección y el nepotismo, pese a que la reforma constitucional entraría en vigor hasta 2030. La medida ha generado resistencias en Morena, el Partido Verde y el PT, cuyos liderazgos advierten que sin reglas consensuadas podría fracturarse la alianza legislativa. Es así como Félix Salgado Macedonio pretende sustituir a su hija, Evelyn, en la gubernatura de Guerrero, en las elecciones del próximo año.

Los datos electorales alimentan la preocupación: en 2024, 75 por ciento de los alcaldes que buscaron reelegirse perdieron. Morena teme repetir el escenario de

su partido prohíba la reelección y el nepotismo.

persecución de la gobernadora Layda Sansores contra los diputados de su propio partido que no aprobaron el endeudamiento que la mandataria solicitó al Congreso estatal.

En Jalisco, la detención del alcalde de Tequila por presuntos nexos con el CJNG abrió cuestionamientos sobre los filtros internos del 2021, cuando la división interna le costó posiciones clave en la capital del país, donde la mitad de la ciudad se vistió con las siglas de la oposición. Las fracturas ya son visibles en los estados. En Campeche, seis de 13 diputados morenistas se deslindaron de su coordinador legislativo tras la restauración del fuero constitucional en el marco de la

partido. En Baja California, Michoacán y Veracruz también se registran tensiones entre gobernadores y estructuras locales, además de las acusaciones contra los gobernadores de tener nexos con la delincuencia organizada.

EL ROMPIMIENTO EN SINALOA

En Sinaloa, el conflicto adquirió forma el 9 de diciembre pasado, cuando el Congreso local discutió un préstamo por dos mil 200 millones de pesos solicitado por el Ejecutivo estatal, que se suma a otro crédito aprobado en enero de 2025 por dos mil 300 millones. El bloque cercano al gobernador Rubén Rocha Moya respaldó la medida, mientras que el grupo afín a la senadora Imelda Castro, quien es una de las que realiza una campaña adelantada rumbo a 2027, votó en contra.

En Sinaloa, Morena se fracturó en imeldistas y rochistas.

Desde tribuna, la diputada Juana Minerva González advirtió que el endeudamiento tendría impactos por dos décadas y cuestionó la falta de detalle en los proyectos y montos por municipio. La votación evidenció la ruptura entre rochistas e imeldistas, una división que se traslada a redes sociales, donde Facebook, TikTok y WhatsApp se han convertido en el principal campo de batalla.

Con una oposición debilitada, la disputa interna de Morena en Sinaloa definirá la candidatura a la gubernatura. El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas entre los grupos nacionales: el círculo cercano a Sheinbaum, los leales al lopezobradorismo, la estructura de personajes podereosos como Monreal, Adán Augusto o Fernández Noroña.

A siete años de haber llegado al poder federal, Morena enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo sin el hilo unificado de López Obrador, a quien poco a poco se le desbaratan los hilos de su movimiento. En estados como Sinaloa, donde el partido conserva mayoría electoral pero no cohesión interna, la guerra civil morenista podría convertirse en el factor decisivo de la contienda.

AEROPUERTO DE EL PASO: EL GLOBO

Eduardo Rivadeneyra Núñez

En un principio se hablaba de la presencia de drones cerca del aeropuerto.

El ejército de los Estados Unidos se encuentra derribando drones de los cárteles mexicanos en el aeropuerto de El Paso, Texas, aseguró la fiscal general de los Estados Unidos de América, Pam Bondi, a los legisladores que se encontraban en el Capitolio durante su comparecencia ante una comisión bipartidista que la cuestionaba sobre el llamado Caso Epstein.

Esa era la noticia que en esos momentos se viralizaba en los medios y las redes sociales. Horas después se sabría que se trató de una confusión que llevó a las auto-

ridades de la Administración Federal de Aeronáutica a anunciar que el aeropuerto de El Paso permanecería cerrado varios días.

Unas horas después, las autoridades aeronáuticas y la Fuerza Aérea indicaron que se trató de un “globo de fiesta” que era utilizado en un ejercicio para probar armas destinadas a derribar drones y cuya presencia no había sido debidamente informada a la administración del aeródromo de dicha localidad en la frontera entre Texas y Chihuahua.

La comparecencia de Bondi se programó luego de que, durante el fin de semana, un grupo de congresistas tuvo acceso a los documentos del caso Epstein en los que no se ha ocultado el nombre de personas ni lugares. Al compararlos con las versiones públicas encontraron motivos para cuestionar a la funcionaria.

Sin embargo, relataron los congresistas, la fiscal general evitó responder a los cuestionamientos y en distintas ocasiones insistió en que los legisladores no de -

Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas.

berían preocuparse tanto por el caso que se analizaba sino por la seguridad en la frontera con México, donde el ejército derribaba drones de los cárteles.

Aunque pocas horas después se aclaró que se había tratado de un ejercicio y un “globo de fiesta”, el incidente si ilustra cómo en ocasiones una “confusión” puede llegar a desencadenar un ataque militar y cómo podría tratarse de un hecho intencional como ya se han registrado en distintas épocas y momentos.

Lo sucedido también podría llevar a pensar que la fiscal utilizó un hecho que podría no ser importante para presentarlo como algo grave con la intención de evadir las preguntas sobre los archivos Epstein, como una técnica de encubrimiento. Cabe mencionar que a la comparecencia se invitó a las víctimas del caso y cuando se le comentó a Bondi que se encontraban ahí y se les pidió que se levantaran, ni siquiera volteó a verlas.

Otra lectura sería que la fiscal no intentó desviar la atención de los congresistas, sino que tomó la noticia con mucha seriedad. Sin embargo, esto llevaría a pensar que no hay coordinación entre las autoridades ae -

El cierre del aeropuerto tras supuestos drones volando, fue malentendido y terminó siendo un globo de fiesta.

ronáuticas civiles y militares. Además, parecería una falta de capacitación o profesionalismo confundir un ataque de drones con un “globo de fiesta”. Lo cual podría ser peligroso por tratarse del ejército más poderoso del mundo.

Entre otros incidentes de “confusión” se puede recordar a los soldados alemanes que en 1939 aseguraron haber recibido disparos de soldados polacos en la frontera entre ambos países desencadenando la Segunda Guerra Mundial, aunque al parecer no había militares de Polonia en la Zona.

Un caso relevante es el llamado Incidente de Thornton, ocurrido en 1845 cuando soldados estadounidenses cruzaron el Río Nueces, en ese entonces frontera entre México y la República de Texas, y se encontraron con un grupo de soldados mexicanos lo que derivó en un intercambio de disparos que desencadenó la guerra de Estados Unidos contra México.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

¡De Sinaloa para el mundo!

ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA DE LA UAS ROMPEN FRONTERAS Y FORTALECEN SU FORMACIÓN CON MOVILIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

Alumnos de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tanto los que regresan como los que parten a programas de movilidad, agradecieron a la institución rosalina la oportunidad de ampliar sus horizontes. Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil a prepararse mejor para el futuro en cualquier disciplina, haciendo énfasis en el dominio de otros idiomas y el desarrollo de habilidades integrales.

Rumbo a la “Tierra del Sol Naciente”

Felipe Emiliano Ramírez Cebreros, alumno de Antropología Social, se encuentra en el proceso para viajar a Tokio, Japón, donde estudiará en la Universidad de Toyo. Felipe compartió que viajar a este país siempre fue uno de sus objetivos, ya que su interés de estudio se centra en los procesos urbanos desde la perspectiva antropológica.

“Espero profundizar en las diferentes dinámicas de Japón y Tokio, concretamente en cuestiones urbanas, cultura o ‘subculturas’ —como las llaman allá— y otros apartados importantes para la investigación. Como antropólogo, me llama la atención vivir la experiencia de primera mano para obtener el dato y la verdadera validez de las cosas”, explicó.

Para lograr esta meta, Ramírez destacó haberse preparado no solo en su disciplina, sino también en el aprendizaje de idiomas como el inglés y el japonés.

Experiencias nacionales con visión global

Por su parte, Danna Leticia Salas Rodríguez, quien realizó su movilidad en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, afirmó haber crecido académicamente. Destacó la

importancia de vincularse con estudiantes de otras latitudes de México y el mundo para entender la antropología desde diversas perspectivas.

“Es fundamental que la Universidad cuente con este programa que nos permite salir de nuestro entorno y prepararnos para enfrentar la vida. Mi plan es continuar con un posgrado y buscar oportunidades fuera de mi zona de confort”, señaló Danna.

Finalmente, Lesly Almaral Castillo, quien cursó un semestre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), compartió que la experiencia le abrió el panorama hacia la investigación, área en la que, gracias a su desempeño, recibió una oferta laboral.

“Quiero agradecer a la UAS; gracias a esta experiencia tengo una oferta de trabajo. Es importante que los alumnos se atrevan a realizar movilidad, ya sea nacional o internacional, porque te da la oportunidad de abrirte al mundo”, concluyó.

EXPEDIENTES DE ALTO IMPACTO EN EL OLVIDO

Rentería

La llegada de la Fiscalía General de la República a un caso en Sinaloa ha sido presentada como el paso que garantizaría verdad y justicia, pero en la práctica, familiares de víctimas, actores políticos y analistas coinciden en que esa atracción también ha significado expedientes opacos, prolongados en una larga agonía que se diluyen con el tiempo. La lista más reciente incluye el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda, el caso del secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, el ataque en contra de Sergio Torres Félix y hace unos días la investigación por la desaparición y asesinato de trabajadores de la mina en Concordia. Todo con el pase hacia la impunidad.

El asesinato del exrector de la UAS y líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, se convirtió en uno de los expedientes más explosivos de los últimos años en Sinaloa por la magnitud de lo que implicaba en sus rencillas con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien inició una embestida judicial en contra de las autoridades de la UAS, núcleo de defensa del cuenismo.

Desde el inicio, las versiones oficiales se contradijeron. La Fiscalía estatal con Sara Bruna Quiñónez al frente sostuvo que había sido un asalto en una gasolinera; después se reveló que el video que respaldaba esa versión habría sido manipulado, y que todo se trató de un “show” montado.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó posteriormente que Cuén fue asesinado dentro de una finca en Huertos del Pedregal, el mismo sitio donde habría ocurrido la emboscada y posterior secuestro de Ismael El Mayo Zambada. La investigación federal incluso señaló posibles responsabilidades penales de personal de la Fiscalía estatal por un presunto montaje del crimen, cosa que terminó en nada, en posibles pactos, acuerdos políticos que dejaron en el olvido la investigación que apuntaba a complicidades del gobernador con un grupo criminal.

El expediente se volvió aún más complejo por su conexión con el caso Zambada. La carpeta fue entregada a la FGR por la posible relación entre ambos hechos. Pese al impacto político y criminal del caso, no hay órdenes de aprehensión, menos sentencias firmes ni una narrativa judicial definitiva. El expediente continúa en manos federales.

EL “SECUESTRO”

DEL MAYO ZAMBADA

La desaparición y traslado de Ismael El Mayo Zambada en julio 2024 —atribuido a un engaño de Joaquín Guzmán López para entregarlo a autoridades de Estados Unidos— detonó una crisis dentro del Cártel de Sinaloa y un terremoto político en el estado.

La FGR abrió investigaciones por múltiples delitos relacionados con la captura y los hechos ocurridos ese día. Sin embargo, la opacidad persiste en varios puntos clave: Si hubo o no participación o conocimiento de autoridades. La mecánica exacta del operativo. El vínculo con el asesinato de Cuén.

El caso permanece bajo investigación federal sin una reconstrucción judicial pública completa, mientras la fragmentación del cártel tras la caída del Mayo provocó una escalada de violencia en el estado que ha dejado cerca de tres mil homicidios y más de tres mil desapariciones forzadas.

Harfuch señaló a la facción de Los Chapitos detrás del atentado contra Torres Félixm.

VIOLENCIA POLÍTICA Y ATENTADOS: EXPEDIENTES EN ESPERA

Aunque menos documentados en términos judiciales, atentados contra actores políticos —como el registrado contra el exalcalde y diputado estatal Sergio Torres Félix— han seguido el mismo patrón: Alta visibilidad mediática. Investigación que escala a nivel federal. Pocos resultados públicos en tribunales.

Si bien el caso no ha sido atraído por la FGR de manera formal, según la presidenta Claudia Sheinbaum está colaborando activamente para resolver el caso. De hecho, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el ataque fue atribuido a Los Chapitos, y días más tarde detuvieron a un hombre apodado El Radio 13, vinculado con ese grupo, a quien acusaron de participar en el atentado.

En Sinaloa, la violencia política ha sido históricamente vinculada a disputas del crimen organizado por el control territorial y de instituciones.

Los expedientes federales, sin embargo, suelen volverse reservados o prolongarse durante años.

MINEROS DE CONCORDIA: EL CASO MÁS

RECIENTE EN MANOS FEDERALES

En enero de 2026, la desaparición y asesinato de diez mineros en una zona serrana de Sinaloa volvió a encender alarmas nacionales. La investigación oficial apunta a que fueron “confundidos” con miembros de una facción criminal rival en medio del conflicto entre La Chapiza y La Mayiza, pero testimonios de familiares y extrabajadores señalan que pudo tratarse de un caso de extorsión que terminó mal.

El

El gobierno federal desplegó más de mil elementos militares y marinos, mientras la FGR atrajo el caso por su posible relación con el crimen organizado. Hasta ahora el gobierno federal insiste que hay detenidos y líneas de investigación abiertas.

Una parte de los cuerpos ha sido identificada, pero el expediente sigue en fase inicial y el patrón vuelve a repetirse: impacto nacional, atracción federal, y un proceso que podría prolongarse por años.

De este modo, la intervención de la FGR en Sinaloa ocurre en un entorno de violencia sostenida: El flujo masivo de armas desde Estados Unidos alimenta los conflictos entre facciones del narcotráfico.

Las disputas internas del Cártel de Sinaloa tras la caída del Mayo intensificaron asesinatos y desapariciones.

En paralelo, la federación presume operativos contra laboratorios y precursores químicos en la entidad, con

decomisos millonarios. Pero esos golpes no necesariamente se traducen en resolución de casos emblemáticos.

Los expedientes se abren con estruendo mediático, se concentran en la FGR y luego entran en una fase de silencio institucional. En un estado donde crimen organizado y política se cruzan con frecuencia, la justicia federal se presenta como la instancia que podría romper la impunidad.

Pero en la percepción pública, y en la experiencia de varios casos recientes, la atracción federal también ha sido el inicio de procesos que se prolongan sin resolución clara. La frase “la FGR atrae el caso” puede significar dos cosas: que la investigación sube de nivel… o que entra en una zona donde el tiempo, la reserva y la complejidad institucional hacen que la verdad tarde años en llegar.

CON GRAN ASISTENCIA SE RENUEVA COMITÉ MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO

Salvador Alvarado, Sinaloa, a 7 de febrero del 2026.- Con la presencia de más de 200 asistentes, el Partido Sinaloense llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal en Salvador Alvarado, un evento que representa no solo un acto protocolario, sino una etapa clave dentro del proceso de replanteamiento y renovación del PAS, rumbo a una nueva era de trabajo político y social en el estado.

En el evento se destacó que este momento forma parte de la consolidación de una mesa de trabajo sólida, enfocada en construir un Sinaloa mejor, con apertura, inclusión y participación ciudadana.

El PAS entra en una nueva era marcada por la evolución, la cercanía con la gente y una visión renovada del servicio público. Hoy el partido se transforma para escuchar, adaptarse y responder a las verdaderas necesidades de la sociedad, apostando por ideas frescas, liderazgo responsable y acciones que generen impacto real. Esta nueva etapa representa un compromiso con el cambio, la participación ciudadana y la construcción de un futuro más justo y transparente.

Durante el acto protocolario se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal del PAS en Salvador Alvarado, que acompañará los trabajos del comité local: Lic. Alexander Armenta, presidente del Co-

mité Municipal; Luis Antonio Castro González, secretario general; Laura Xitlali Domínguez Armenta; Mario Alberto, secretario de Jóvenes; Contreras González; Favy Marcos, secretaria de Inclusión; Isabel Villa Araujo, secretaria de Activismo.

El evento contó con la presencia del Dr. Robespierre Lizárraga Otero, presidente estatal del Partido Sinaloense, quien encabezó esta importante jornada política.

Lic. Samuel Soto, secretario de Organización del PAS; Aime Lizeth Alarcón, secretaria de la Juventud; Rosario Vacacegua, secretaria de Asuntos Indígenas; Noemí Castañeda, Regidora del PAS en Navolato; Alba Virgen Montes Álvarez, Regidora del PAS; Judith Ornelas, Regidora y presidenta del Comité del PAS en Sinaloa de Leyva y Yolanda Luna Cerón, presidenta del Comité del PAS en Ahome.

Asimismo, estuvieron presentes invitados especiales y figuras de otros frentes políticos como muestra de apertura democrática: Liliana Cárdenas Valenzuela, secretaria general del PRI Sinaloa; Sergio Cárdenas, secretario de Tecnología e Innovación Digital del PRI Sinaloa; Luis Antonio Higuera, presidente del PRI en Salvador Alvarado y Damaris Portillo, Reina de los Juegos Florales de Salvador Alvarado.

El evento concluyó con el mensaje del Dr. Robespierre Lizárraga Otero, presidente estatal del Partido Sinaloense, quien destacó que la fortaleza del PAS radica en que todas y todos los sinaloenses tienen un espacio, reafirmando el compromiso del partido con la inclusión, el trabajo territorial y el bienestar social.

Finalmente, se realizó la fotografía grupal oficial, cerrando el evento bajo la consigna que identifica al Partido Sinaloense: ¡Claro que se puede!

AUSTERIDAD EN EL DISCURSO, LUJO EN LOS HECHOS

David Fuentes M.

Arribaron a sus cargos con la bandera de la austeridad republicana, pero una vez instalados en el poder, aventaron al bote de la basura el discurso político y se dejaron llevar por el frenesí de los lujos y los excesos.

La narrativa de la austeridad republicana promovida por la cuarta transformación prometió acabar con los lujos y los excesos en el ejercicio del poder. Sin embargo, en distintos niveles de gobierno, desde el Poder Judicial hasta los ayuntamientos y el Senado, los hechos demuestran que la austeridad no es para todos.

EL CASO DE LA SUPREMA CORTE

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la

En redes sociales se viralizó un video, donde dos trabajadores del ministro Aguilar le limpiaban los zapatos.

polémica se instaló a pocos meses de la llegada de los nuevos ministros y ministras. La adquisición de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee, con costos que oscilan entre 1.6 y 1.7 millones de pesos por unidad (más blindaje cercano a dos millones adicionales) fue justificada como una medida de seguridad institucional.

Posteriormente, el Órgano de Administración Judicial informó que el Poder Judicial adquirió 571 vehículos y que la operación implicaría un ahorro de mil 098 millones de pesos frente al esquema de arrendamiento previo. Tras el escándalo, se anunció que las camionetas blindadas dejarían de ser usadas por ministros y serían reasignadas a jueces en riesgo.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, llegó al cargo en septiembre de 2025 con la promesa de “quitar privilegios”. No obstante, su oficina operó con 97 asesores, con un costo mensual superior a seis millones de pe -

sos. La Corte anunció después una reducción cercana al 40 por ciento en esa plantilla. El argumento institucional fue que la presidencia tendría también carácter jurisdiccional y asumiría análisis y proyectos ante el Pleno. En paralelo, la ministra Loretta Ortiz fue captada viajando en clase business rumbo a Costa Rica. Otro episodio fue la asignación de 40 mil 600 pesos para un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres. Pero un video difundido en redes acabó con la imagen de la nueva corte: dos colaboradores limpiando los zapatos del ministro presidente antes de un acto oficial en Querétaro.

Aguilar ofreció disculpas y explicó que se trató de un accidente con café. La escena, con el funcionario de manos en los bolsillos, alimentó críticas sobre formas y simbolismos en una Corte que se presenta como “del pueblo”.

EL SALÓN DE BELLEZA DEL SENADO

El contraste entre discurso y práctica no se limita al Poder Judicial. En el Senado se reveló la existencia de un salón de belleza que operaba durante sesiones plenarias, de 7 a 14 horas, en una oficina casi secreta. Medios documentaron sillones, espejos y unas estilistas que atendía a las senadoras.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra, fue captada aplicándose un tinte. Tras la difu-

sión, el salón fue cerrado. La presidenta del Senado reconoció su existencia y afirmó que las usuarias pagaban el servicio, sin precisar quién lo autorizó.

EL CASO DEL ALCALDE DE TEQUILA

En el ámbito municipal, los casos se multiplican. Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, fue detenido y enfrenta prisión preventiva acusado por la FGR de delincuencia organizada con fines de secuestro y por extorsión. Registros migratorios incluidos en la carpeta de investigación documentan viajes frecuentes a España, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos entre 2020 y 2025, algunos cuando ya ejercía el cargo con un salario mensual de 64 mil pesos.

Su esposa registró visitas a ciudades como Madrid, Zúrich, París y Londres. Las autoridades señalaron que

el nivel de vida no correspondía con sus ingresos. En actos públicos fue señalado por portar lentes Cartier de 31 mil pesos y un reloj Richard Mille valuado entre 450 mil y 650 mil dólares.

EL CASO ELOTA, SINALOA

En Sinaloa, el alcalde de Elota, Richard Millán, de Movimiento Ciudadano, viajó a París para un foro internacional en medio de operativos de seguridad en su municipio. El gobernador Rubén Rocha calificó el viaje como “poco afortunado”. En su despacho instaló una silla estilo imperio con águilas metálicas y terciopelo azul, con sus iniciales bordadas.

El alcalde sostuvo que el mobiliario provenía de un negocio propio y no de recursos públicos, pero la imagen de una “corte real” contrastó con la situación de abandono del municipio.

OTROS EGOCENTRISMOS MORENISTAS

En Acapulco, la alcaldesa morenista Abelina López fue criticada por portar un collar valuado en 227 mil pesos. “¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y me regale cosas?”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa. Su administración también enfrenta observaciones por 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023 señaladas por la

Abelina López, alcaldesa de Acapulco y su collar de más de 200 mil pesos.

Auditoría estatal, además de cuestionamientos por conciertos con costos de hasta 20 millones de pesos.

En Tepic, la presidenta municipal Geraldine Ponce ha sido señalada por lucir accesorios y ropa de lujo que, sumados, superan 2.9 millones de pesos, mientras su salario neto es de 78 mil 335 pesos mensuales. En su declaración patrimonial reportó la adquisición de una casa por más de 32 millones de pesos. “Lo caro depende del bolsillo”, argumentó ante las críticas.

NOROÑA, UN CASO APARTE

Pero sin duda el caso más paradigmático es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha construido buena parte de su capital político en la crítica frontal a los privilegios de la clase gobernante.

Noroña y sus viajes en primera clase.

Durante años cuestionó seguros privados, “supersueldos” y excesos de legisladores, bajo la consigna de no “vivir del pueblo”. Sin embargo, su propio estilo de vida ha sido objeto de debate tras la revelación de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos y adquirida mediante crédito hipotecario.

A ello se suma la posesión de una camioneta Volvo XC90, cuyo precio ronda entre 1.9 y 2.2 millones de pesos, así como viajes en primera clase a destinos como Estrasburgo y Roma. Noroña ha defendido que se trata de gastos cubiertos con su dinero y que no tiene obligación de ser austero en su vida personal. Pero la discusión pública no se ha centrado en la legalidad de sus bienes, sino en la falta de coherencia entre el discurso contra los lujos con el cual llegó al poder, y el estilo de vida del cual hoy goza.

MAR DE FONDO

SINALOA SE DESANGRA ENTRE LAS PALABRAS Y LOS HECHOS

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado una clara distorsión de la realidad entre lo que dice el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la mayoría de sus discursos, pero esa misma narrativa, casi siempre, va acompañada de videos: hechos. Así la realidad ya no tiene una interpretación, lo que se ve y se oye, se impone ante la perversidad política de torcer esa verdad en el discurso. Aparece la simulación, el engaño y la mentira para justificar lo injustificable o para negar lo que todos vimos y oímos.

Pero, lo de Rubén Rocha Moya empieza desde que se convierte en senador de la República por Morena, en la fórmula que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en las elecciones de 2018. Al dar una conferencia de prensa, en ese año, después de dicha elección, junto a su compañera de fórmula, la hoy enquistada en el senado, Imelda Castro Castro.

Rocha Moya, respondió a reporteros que le preguntaron que si buscaría la gubernatura: “yo no, ¿y tú Imelda?… Esa es la ruta que los priistas siguen”, esas fueron sus palabras, en los hechos, Rocha apenas tocó el senado y comenzó campaña política rumbo a la gubernatura, dejando fuera de toda duda su formación priista. Actualmente Imelda Castro trae una campaña abierta rumbo a los comicios electorales para elegir gobernador en 2027, siguiendo exactamente el mismo camino priista que Rocha.

Ya en plena campaña por gobernar Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue entrevistado, poco tiempo antes de la

elección de 2021, por el periodista Carlos Loret de Mola, en un restaurante en Culiacán. Loret pregunta al entonces candidato de Morena y el PAS: “¿Habría que coordinarse con el narco, con el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán?”, Rocha contesta: “Hay que buscar una forma de hacerlo, los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, los contactos se hacen de personeros del gobierno… yo no tengo recato para hacer eso”.

Años después, ya como gobernador constitucional de Sinaloa, en evento de inauguración del hospital del IMSS Bienestar en Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastelum, el 10 de agosto de 2024, frente a AMLO y en medio de la aseveración, vía carta, de Ismael El Mayo Zambada, de que en su secuestro el 25 de julio en el rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, el capo fue invitado a una reunión donde estarían el gobernador, Rubén Rocha Moya y el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, el papel de Zambada en dicha reunión, media-

dor para destrabar el conflicto entre Rocha y Cuén por el control político de la UAS.

Rocha Moya señaló ante los ojos y oídos de López Obrador, Claudia Sheinbaum, el país y el mundo entero: “No tiene nadie del crimen organizado, que citarme a una reunión, que, para resolver un problema, se habla de un problema de la universidad, no tiene, no hay por qué… no tenemos nosotros complicidad con nadie”, esas fueron las palabras y los hechos.

Lo que implica que una de las dos versiones de Rubén Rocha Moya, miente. El Rocha candidato dice que él sí asistiría a una reunión con el crimen organizado, el hecho está documentada en video y esas fueron sus palabras. El Rocha gobernador niega su postura en ese tema como candidato, al tiempo que se deslinda de lo señalado por Ismael El Mayo Zambada.

Días antes de que Héctor Cuén asistiera a la reunión de Huertos del Pedregal, donde según la versión de El

Mayo fue asesinado, el exrector señaló en su programa de podcast: “Si algo me llegara a pasar, hago responsable al gobernador, Rubén Rocha Moya y a su secretario de gobierno Enrique Inzunza Cazarez”, esas fueron las palabras y los hechos.

Sinaloa en un año cinco meses, pasó de una cultura de violencia a un hecho de barbarie de sálvese quien pueda. Ya no existe esa utopía de “somos más los buenos que los malos”, en estos 17 meses se han roto todos los necro récords: miles de muertos, acompañados de miles de desaparecidos; miles de desplazados y la desesperanza y la muerte cae sobre la población como una especie de virus que se disipa día a día, infectando todo a su paso y con la mortal realidad de que no se vislumbra vacuna alguna que contrarreste este mal en el corto plazo.

Por si algo podría venir a empeorar la situación, la periodista María Idalia Gómez, aseguró que según fuentes que consultó en la zona de fosas clandestinas en El Verde, Concordia, donde se localizaron los cuerpos de

los mineros desaparecidos, habría alrededor de mil personas enterradas en el lugar. El gobernador de Sinaloa comentó en su semanera al respecto: “Me van a disculpar porque yo no puedo dar información, porque yo no la tengo precisa”, esas fueron las palabras y los hechos.

Rocha Moya, el día de la carta que sacó a la luz El Mayo Zambada.

Culiacán es la sexta ciudad más violenta del mundo y, por lo tanto, la ciudad más violenta de México, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Los homicidios en la capital sinaloense pasaron de 623 en 2024, es decir una tasa de 60 por cada 100 mil habitantes a mil 086 durante 2025, lo que elevó la tasa a 103.91 por cada 100 mil habitantes. En medios oficialistas se presume que su presidente municipal es el mejor calificado de los alcaldes en Sinaloa, esas fueron las palabras y los hechos.

No existe lista o señalamiento criminal en el país, ya sea periodístico, ciudadano o político, que no lo encabeza Rubén Rocha Moya… y todos nos hacemos la misma pregunta a lo largo y ancho de México y, principalmente en Sinaloa: “¿Por qué Rubén Rocha Moya sigue de gobernador?”

Tiene delito de extorsión nueva penalidad ejemplar para inhibirlo: Dip.

Tere

Guerra

Con la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión del Estado de Sinaloa, que aprueba el Congreso del Estado de Sinaloa para armonizarla con la correspondiente Ley General, se modifica la pena actual de 4 a 12 años a una que va de 15 a 25 años, la cual es una penalidad ejemplar para efecto de inhibir el delito.

Lo anterior lo señaló la diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al participar en la discusión del dictamen sobre dicha ley, y que finalmente fue aprobada sin ningún voto en contra.

En su posicionamiento, la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena expuso que el tema ya tenía discutiéndose por varias semanas, y puntualizó que en esencia es una “ley espejo” del contenido de la correspondiente ley federal.

Aprobar la ley local, aseguró, “es responderle a la ciudadanía, es ocuparnos de una temática que se ha convertido en un problema, es hablar de cómo a veces hasta de los centros penitenciarios salen llamadas”.

Asimismo, añadió, es hablar de reparación del daño a las víctimas, es ocuparnos de esta lamentable situación que hemos vivido en temas de seguridad.

“Lo que estamos haciendo –precisó– es responder a una exigencia de regular una práctica que no solamente debemos erradicar, sino que debemos sancionar ejemplarmente”.

Durante la discusión también, participó la diputada Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, quien resaltó que aprobar la ley no es mero trámite, sino que es tomar una decisión estratégica para reducir una problemática real.

Se propone, dijo, el combate a la extorsión con claridad legal para cerrarle las puertas a la impunidad, se establece un marco coherente que evite la dispersión en las interpretaciones de la ley.

Asimismo, aseguró que estos cambios dan menos margen para el extorsionador y más certeza para el estado y las víctimas, a la vez que se fortalece la ruta para que el Estado dé respuesta rápida, más técnica y más consistente, a través de una coordinación efectiva de las autoridades competentes.

Sobre el tema también participó la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, del PRI, quien aclaró que no estaba en contra de combatir la extorsión, ya que es un delito que lacera a la población, y que incluso una simple llamada genera temor en quien la recibe.

Sin embargo, dijo, y propuso que no se dispensara la segunda lectura del dictamen, como se había aprobado, ya que apenas una noche antes se había distribuido el mismo.

LA FRASE

POR: IVÁN GRIJALVA

CULIACÁN SALE DEL PRIMER

LUGAR NACIONAL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI coloca a Culiacán en el segundo lugar nacional con mayor percepción de inseguridad con un 88.1 por ciento de personas que se sienten con miedo, pasando del primer al segundo lugar en este ranking.

Sin embargo, la prensa local ha presumido dicha encuesta como un logro, cuando la realidad es completamente distinta: Culiacán solamente bajó un 0.2 por ciento comparado con el tercer trimestre de 2025, quiere decir que casi nueve de cada diez culiacanenses se sienten inseguros.

Y qué hablar de otras ciudades como Mazatlán, que aumentó un 27.6 por ciento comparado al tercer trimestre llegando a un 80.4 por ciento, o sea, que ocho de cada diez mazatlecos se sienten inseguros.

Sinaloa vive uno de los momentos más complicados de su historia, jóvenes asesinados aparecen como víctimas colaterales, homicidios, desaparecidos, robos de vehículos, fosas clandestinas con cientos o miles de cuerpos y aun así los medios de comunicación –muchos de ellos en la nómina del gobierno– juegan con la estadística como si las cosas estuvieran en “un mundo maravilloso”, la cruda realidad es otra, y mientras no se hable con la verdad, las cosas seguirán de mal en peor.

Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.