20 El final de la burbuja inmobiliaria en Culiacán
27 Secuestros en disputa: Paralelismos legales entre los casos del Mayo Zambada y Nicolás Maduro
44 Panorama del maíz en 2026 un año sombrío para los productores
51Trump, la soberanía de México y el narcotráfico
Internacional
Rivadeneyra Núñez 64 Mar de Fondo Institucional 70 La Frase Iván Grijalva
SE ROMPE PACTO DE TRANSPARENCIA QUIRINO/ROCHA
Rentería
Santiago
Tras meses de estar en el ojo del huracán por presuntos gastos excesivos, la titular de la Secretaría de Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda fue relevada del cargo de manera sorpresiva por el gobernador Rubén Rocha Moya durante una conferencia semanera que dio en la ciudad de Los Mochis, concluyendo así cuatro años en que la impunidad en los manejos de los dineros del estado también fueron en parte un pacto de complicidad con el gobierno de Quirino Ordaz Coppel; y es que todo parece indicar que aquel acuerdo con el que quedó protegido el hoy embajador de México en España parece romperse por lo más delgado, ya que gracias a las turbias auditorías de su administración fue que Rocha Moya justificó el préstamo de dos mil 300 millones de pesos, monto equivalente al que le perdonó Quirino a empresarios como los Coppel y los Arellano de Mazatlán, dejando un boquete en las finanzas estatales. La salida de Ramírez Zepeda de Transparencia no dejó de marcar las sospechas con la que se movió en estos años la esposa de uno de los hombres más cercanos al gobernador, el ingeniero Rangel.
Rubén Rocha y Quirino Ordaz.
La decisión no estaba en la agenda, no hubo comunicado previo ni explicaciones extensas. Bastó una frase dicha al final de la conferencia semanera en Los Mochis el pasado lunes 5 de enero para cerrar un ciclo de cuatro años: María Guadalupe Ramírez Zepeda dejaba de ser la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de Rubén Rocha Moya.
El anuncio pasó casi desapercibido entre cifras, obras y discursos políticos, pero su significado fue mayor. La salida de la funcionaria ocurrió después de meses en los que la dependencia encargada de vigilar el uso de los recursos públicos estuvo bajo el escrutinio por presuntos gastos excesivos, auditorías cuestionadas y una omisión sistemática para investigar los manejos financieros heredados del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
La Secretaría de Transparencia, creada precisamente para evitar la opacidad, terminó convertida en un símbolo incómodo: el de una institución que nunca confrontó al poder.
EL PACTO SILENCIOSO
Cuando Rocha Moya asumió la gubernatura en 2021, prometió revisar a fondo el estado de las finanzas públicas. Sin embargo, durante buena parte de su administración, las auditorías al sexenio anterior avanzaron con lentitud y sin consecuencias visibles.
Fue hasta 2025 cuando el discurso cambió. De manera gradual, el gobernador comenzó a señalar públicamente las irregularidades detectadas en auditorías practicadas a empresas como Grupo ArHe y Coppel, las cuales derivaron en la devolución de recursos a la Secretaría de Hacienda por alrededor de dos mil 300 millones de pesos.
Ese monto no era menor: representaba una carga directa para las finanzas estatales y fue uno de los principales argumentos del Ejecutivo para justificar la contratación de deuda pública.
José Enrique Rangel Ramos, amigo cercano del gobernador Rocha Moya.
María Guadalupe Ramírez Zepeda.
Para muchos observadores, el silencio previo de la Secretaría de Transparencia no fue casual, sino parte de un acuerdo político no escrito que permitió al exgobernador Ordaz Coppel cerrar su sexenio sin sobresaltos judiciales y hoy ocupar la embajada de México en España.
UNA SECRETARIA FUERA DE PERFIL
Más allá de las auditorías, el perfil de Ramírez Zepeda fue cuestionado desde su llegada al cargo. Su formación académica está ligada al sector salud: química farmacéutica, especialista en microbiología médica, maestra en salud pública y doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Su trayectoria profesional se desarrolló en la Facultad de Medicina y en áreas relacionadas con la salud pública, nunca en transparencia, fiscalización o rendición de cuentas.
No obstante, su nombramiento respondió menos a su currículum que a su cercanía con el círculo más íntimo del gobernador. Ra-
mírez Zepeda es esposa del ingeniero José Enrique Rangel, uno de los colaboradores más cercanos y discretos de Rocha Moya desde sus años como rector de la UAS, senador y ahora gobernador.
Rangel ha ocupado cargos estratégicos: director de Obra en la UAS, asesor adjunto en el Senado y actualmente secretario técnico de la Oficina del Gobernador. En los hechos, se convirtió en una figura permanente en la agenda diaria del mandatario, una presencia constante que también blindó políticamente a la entonces secretaria de Transparencia.
EL ESCÁNDALO QUE ROMPIÓ LA INERCIA
La estabilidad de Ramírez Zepeda comenzó a fracturarse cuando trascendieron viajes y gastos asociados a su función, señalados como excesivos y poco justificados. Aunque no se hicieron públicos expedientes sancionatorios, el tema colocó por primera vez a la Secretaría de Transparencia bajo el mismo reflector que debía encender sobre otras dependencias.
Su salida ocurrió justo cuando el gobierno estatal entra en su etapa final y el tablero político comienza a reacomodarse rumbo a las elecciones de 2027.
El crecimiento del Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, encabezado por el diputado federal Ricar-
do Madrid Pérez, aliado histórico de Quirino Ordaz, ha intensificado las tensiones entre el grupo rochista y el quirinismo, ahora con presencia tanto en el ámbito local como en el extranjero.
En ese contexto, las auditorías, las investigaciones y los señalamientos públicos parecen funcionar no sólo como instrumentos de rendición de cuentas, sino también como herramientas de presión política.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
La Secretaría de Transparencia ya arrastraba antecedentes. Durante el gobierno de Quirino Ordaz, el cargo fue ocupado por María Guadalupe Rubio Yan, quien tampoco investigó los desaseos heredados del sexenio de Mario López Valdez. Años después, Rocha Moya exhibiría las deudas millonarias con el Instituto de Pensiones del Estado, pasivos que, según el propio gobernador, tuvieron que ser cubiertos con créditos bancarios.
María Guadalupe Rubio Yan, secretaria de Transparencia con Quirino Ordaz Coppel.
El adeudo de exgobernadores fue el pretexto para aumentar la deuda pública.
Así, la dependencia creada para vigilar el uso del dinero público ha transitado de sexenio en sexenio sin romper la lógica de protección entre grupos políticos.
EL CIERRE DE UN CAPÍTULO
La destitución de Ramírez Zepeda no implica, por ahora, sanciones administrativas ni procesos judiciales. Tampoco garantiza que las investigaciones pendientes avancen con mayor profundidad. Pero sí marca el fin de una etapa caracterizada por la simulación institucional y la ausencia de consecuencias.
En Sinaloa, la transparencia volvió a ser tema no por lo que reveló, sino por lo que nunca quiso ver, y su principal encargada salió del cargo sin dar explicaciones, tal como llegó: en silencio.
2026 LA ANTESALA ELECTORAL EN SINALOA
David Fuentes M.
Este 2026 Sinaloa entra de lleno en una etapa preelectoral marcada por la polarización, el desgaste del poder, la inseguridad y la ausencia de contrapesos efectivos. Aunque las elecciones se celebrarán en 2027, desde ahora comienzan a definirse candidaturas, alianzas y rupturas en un escenario donde la disputa central no ocurre entre partidos, sino al interior de Morena. Acusaciones cruzadas, zafarranchos legislativos y una oposición debilitada configuran un panorama político dominado por la confrontación interna.
En un México profundamente polarizado, el periodo preelectoral está marcado por la división en los partidos políticos, por la exhibición de sus crisis internas y por la desesperada lucha entre aspirantes y suspirantes a las candidaturas que estarán en juego para las elecciones de 2027.
En el caso de Sinaloa, la contienda arrancó de manera anticipada desde 2025, pero será durante 2026 cuando quede prácticamente definido quiénes aparecerán en la boleta para la renovación de la gubernatura, las 20 alcaldías, el Congreso del Estado y las diputaciones federales.
El escenario se vuelve particularmente relevante porque, en los hechos, la disputa central ocurre al interior
De cara al 2027, este año comienzan a surgir los pretensos.
del partido en el poder. Morena enfrenta un proceso de desgaste marcado por la incapacidad para atender problemas graves como la inseguridad, la crisis del campo y la disparada crisis económica que golpea, principalmente a ciudades como Culiacán, donde miles de negocios han cerrado y se han perdido empleos a raíz de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa
A ello se suman señalamientos públicos sobre presuntos vínculos de actores políticos con el narcotráfico. Pese a este contexto adverso, la oposición no ha logrado capitalizar el descontento social y aparece, en la práctica, subordinada al gobierno estatal.
LAS VERDADES A FLOTE
Las declaraciones recientes del diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, terminaron por exhibir el nivel de crispación en el Congreso local. Desde tribuna, el legislador acusó
Zafarrancho en el Congreso tras declaraciones del diputado Serapio Vargas, presuntos sobornos a la oposición.
a la oposición de carecer de dignidad, ideas y congruencia, al afirmar que “hay una oposición a la que le damos una feria y vota a favor”.
Las palabras generaron un zafarrancho legislativo inmediato. Coordinadores y diputadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron pruebas o una retractación pública, al considerar que se trataba de un señalamiento grave. Posteriormente, Vargas Ramírez matizó sus dichos al asegurar que se refería a una “feria” como evento popular y no a dinero, explicación que no logró desactivar la polémica.
El diputado tuvo que recular en sus declaraciones porque se le olvidó un detalle. Para que se lleve a cabo el delito de cohecho tiene que haber dos partes: el que ofrece dinero y el que lo recibe. Si la oposición acepta sobornos para votar a favor de las iniciativas del gobernador Rocha, entonces queda claro quién estaría entregando esa “feria”.
En Sinaloa hay dos bandos dentro de Morena, los rochistas y los imeldistas de cara al 2027.
Más allá del intercambio verbal, el episodio dejó al descubierto un Congreso fracturado y una oposición debilitada, incapaz de posicionarse como contrapeso efectivo. En paralelo, la disputa real se desarrolla dentro de Morena. De acuerdo con distintas encuestas, el partido guinda mantiene ventaja en la intención de voto con cerca del 40 por ciento, muy por encima del PAN que alcanza el 16 por ciento, el PRI que no llega ni al 14 por ciento y Movimiento Ciudadano con alrededor de un siete por ciento.
LA RUPTURA
La aparente fortaleza electoral de Morena contrasta con una guerra interna cada vez más visible. El pasado 9 de diciembre, el Congreso del Estado fue escenario de la ruptura abierta entre dos bloques: el grupo cercano al gobernador Rubén Rocha Moya y el que respalda a la senadora Imelda Castro Castro, quien desde hace más de un año realiza una campaña adelantada rumbo a 2027.
La ruptura interna de Morena se dio tras la solicitud de un nuevo préstamo de parte del gobernador Rocha Moya.
El pretexto fue la discusión y votación de un nuevo préstamo solicitado por el Ejecutivo estatal por dos mil 200 millones de pesos, que se suma a otro crédito aprobado en enero de 2025 por dos mil 300 millones. Durante esa sesión, las diputadas Juana Minerva González y Pedro Alonso Villegas Lobo, identificados con el bloque imeldista, votaron en contra y fijaron un deslinde claro. Desde tribuna, González advirtió que se trataba de una decisión con impactos por las próximas dos décadas y cuestionó la falta de una cartera detallada de proyectos, montos por municipio y garantías de transparencia.
Así, mientras los rochistas intentan mantener el control del aparato gubernamental, los imeldistas suman a exaliados desplazados del círculo del gobernador. Las traiciones, rupturas y reacomodos avanzan sin que la dirigencia logre recomponer una unidad que cada vez luce más artificial.
Los diputados Pedro Lobo y Juana Minerva, del lado Imeldista.
EL EFECTO DE REDES SOCIALES
En este contexto, las redes sociales se consolidan como el principal campo de batalla electoral. Las precampañas ya concentran recursos en plataformas como Facebook y TikTok para disparar el debate, así como en WhatsApp para la difusión de mensajes segmentados, rumores y contenidos anónimos, en un entorno mediático vulnerable a presiones políticas.
De cara a 2026, Sinaloa entra en una etapa donde las máscaras comienzan a caer. Con una oposición desdibujada y un Morena dividido entre rochistas e imeldistas, el proceso preelectoral avanza marcado por acusaciones, disputas internas y un electorado que, aunque mayoritariamente inclinado al partido oficial, aún no termina de definirse. El desenlace de estas tensiones será determinante para el rumbo político del estado en 2027.
Las redes sociales juegan un papel importante en épocas electorales.
MURMULLOS DEPRIMERA
«EMPEZÓ
POTENTE EL 2026»
GRITO EN EL CIELO
En México pareciera que capturaron al presidente del país. La gente pegó el “grito en el cielo” luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera la orden de extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. En el morenismo la indignación fue tal, que parece que la incursión fue en territorio mexicano, mientras aquí prefieren no ver debajo del tapete el cochinero de corrupción y muerte que cargamos… ¡A lo que les truje, Chencha!
AH, NO, BUENO...
Las declaraciones de la morenista Adriana Marín le dieron la vuelta al mundo. Afirmar que el crimen organizado o el narcotráfico “genera empleos”, y dar a entender que por eso no se ataca, causó revuelo. Justificar así la incapacidad del gobierno para combatir el problema —como si fuera inevitable— deja claro que no pueden o, peor aún, no quieren hacerlo… ¡Escupen pa arriba!
MURMULLOS DEPRIMERA
«EMPEZÓ POTENTE EL 2026»
LA SOBERBIA
Qué manera de tirar nuestros impuestos a la basura en este 2026. La soberbia en su máximo esplendor llegó al Senado de la República cuando a Gerardo Fernández Noroña le hicieron el “honor” de develar una fotografía por su “magnífico trabajo” al frente de la Cámara. Válgame Dios: el país está hecho pedazos y estos cabrones todavía se burlan en nuestra cara… ¡A ver pa cuándo ponemos un alto!
LO QUE SE VIENE
Agárrense fuerte. El 2026 es la antesala de las elecciones del próximo año. La guerra sucia viene con todo y veremos hasta dónde son capaces de llegar los morenistas para perpetuarse en el poder, especialmente en un Sinaloa golpeado en todos los frentes. Este año, los partidos dispondrán de 187 millones de pesos para repartir a diestra y siniestra… ¡Se vienen tiempos oscuros!
EL FINAL DE LA BURBUJA INMOBILIARIA EN CULIACÁN
David Fuentes M.
El sector inmobiliario ha sido uno de los más golpeados por la violencia en Sinaloa. El estallido de la guerra entre las dos facciones del cártel reventó la burbuja inmobiliaria que ocasionaba que en Culiacán se vendieran casas a precios inflados. La “narcogentrificación” inmobiliaria, sin embargo, se ha desplazado a otras partes del país donde los narcos se han mudado, llevando con ellos su capital, pero también la violencia.
La crisis inmobiliaria que atraviesa Culiacán ha sido una de las consecuencias económicas de la interminable guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Un conflicto que suma más de dos mil muertos y otros tantos desa-
parecidos y que ha paralizado la actividad productiva, ha exhibido la incompetencia de las autoridades para contener la violencia y propiciado la fuga masiva de capitales hacia otros estados.
En 2025, la venta de vivienda nueva en la capital sinaloense se desplomó alrededor de 70 por ciento, una caída que comenzó en el segundo semestre de 2024 tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos, lo cual derivó en una guerra entre La Mayiza y La Chapiza principalmente en la zona centro y sur de Sinaloa.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Sinaloa indican que siete de cada diez operaciones de compraventa de bienes inmuebles se han cancelado a partir del inicio del conflicto.
El Culiacán de las grandes construcciones quedó en el pasado.
Instituciones bancarias (las que prestan dinero a los empresarios inmobiliarios para la construcción de nuevos complejos residenciales) redujeron la colocación de financiamiento en Sinaloa ante el aumento del riesgo y el incumplimiento de pagos por parte de las desarrolladoras que detuvieron sus obras y han acumulado inventario de casas que no han podido vender.
UN DURO GOLPE
El impacto económico es profundo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa estiman que, en apenas diez meses en 2025, el sector perdió alrededor de 23 mil millones de pesos en valor, afectando a más de 12 mil empleos directos e indirectos.
La industria de la construcción, que a nivel nacional aporta cerca del ocho por ciento del PIB y emplea a uno de cada cinco trabajadores, quedó semiparalizada en Culiacán. Constructoras despidieron cuadrillas completas y los desarrolladores recortaron personal administrativo ante la falta de nuevos proyectos.
La narcogentrificación del sector inmobiliario en Culiacán ha disminuido.
La venta de viviendas en fraccionamientos con costos elevados, acostumbrados a capitales previo a la guerra.
La depreciación de los inmuebles es otro síntoma de la crisis. En Culiacán, el valor de las propiedades cayó hasta 40 por ciento en algunas zonas, una reducción insólita ya que Culiacán estaba experimentando un boom inmobiliario. Viviendas que hace dos años se ofertaban en cinco millones de pesos hoy difícilmente alcanzan los tres millones, y aun así no encuentran comprador.
Analistas inmobiliarios de Culiacán describen el fenómeno de esta manera: actualmente el mercado está conformado por “compradores con capacidad de negociación” y “vendedores urgidos” que bajan precios o aceptan contraofertas con tal de vender. Al mismo tiempo, cientos de viviendas permanecen vacías. Propiedades cuyos dueños se desplazaron por seguridad.
UN PUEBLO FANTASMA
La crisis inmobiliaria es paralela al colapso del comercio. El centro de Culiacán ofrece hoy una imagen cercana a la de un pueblo fantasma. Sólo en los primeros días de enero de 2026, más de 40 negocios cerraron sus cortinas, de acuerdo con la Unión de Comerciantes del Centro. El antecedente inmediato es aún más grave: durante los meses más intensos de violencia, alrededor de dos mil 300 establecimientos dejaron de operar en la capital, y menos de la mitad logró reabrir. La combinación de inseguridad, caída del consumo, alza de costos laborales y falta de circulante volvió inviable la operación de las micro y pequeñas empresas que resistieron incluso la pandemia.
Tan sólo en enero de este año más de 40 negocios han cerrado en el centro de Culiacán.
Organismos empresariales como Coparmex Sinaloa advierten que el discurso oficial de recuperación económica del gobierno estatal no se sostiene frente a los datos. En 2025, los homicidios dolosos aumentaron 67 por ciento respecto al año previo y se registraron más de mil 400 personas desaparecidas, mientras el presupuesto estatal en seguridad creció apenas 13.6 por ciento. La brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta gubernamental se traduce en cierres, desempleo y migración forzada.
El retiro de capital no se limita a inversionistas legales. Durante años, buena parte del dinamismo inmobiliario estuvo sostenido por capital ligado al crimen organizado: la llamada “narcogentrificación”. Hoy ese capital ha desapareció. Operadores y familias vinculadas al Cártel de Sinaloa se trasladaron a otras entidades como Durango, Jalisco, Baja California y, de manera significativa, la Ciudad de México. Con ellos se fueron los recursos, pero también la violencia. En la capital del país
Cortinas cerradas abundan en el centro de la capital sinaloense.
Los negocios cerraron ante la falta de apoyos.
se han documentado asesinatos y detenciones de integrantes del grupo criminal, incluido el de Óscar Noé Medina González, El Panu, jefe de seguridad de Los Chapitos, ejecutado en diciembre de 2025 en plena Zona Rosa.
En Sinaloa, en cambio, la economía quedó completamente deteriorada. La Federación de Colegios de Economistas calcula que las pérdidas acumuladas por la crisis de inseguridad superan los 65 mil millones de pesos.
A más de un año del estallido del conflicto interno del Cártel de Sinaloa, no existe una estrategia integral para rescatar al sector inmobiliario. Las medidas se limitan a incentivos comerciales aislados y a llamados retóricos a la inversión, mientras la violencia persiste.
SECUESTROS EN DISPUTA
PARALELISMOS LEGALES
ENTRE LOS CASOS
DEL MAYO ZAMBADA Y NICOLÁS MADURO
Santiago Rentería
Uno fue secuestrado por un ahijado que buscaba los favores del gobierno gringo, a quien fue entregado para ganar beneficios a favor de él y su familia; el otro era un presidente acusado no sólo de dictador, sino de traficante de drogas, aunque nunca se mostró evidencia. Al final, el “secuestro” es la palabra de defensa esgrimida por ambos, y el narco, el pretexto para romper reglas internacionales: la administración de Trump parece marcar el rumbo al combate al narco, ¿entrará a México para llevarse a narcos clave?
Aunque separados por la geografía, el poder y la historia, los nombres de Ismael El Mayo Zambada y Nicolás Maduro han comenzado a aparecer en una misma conversación jurídica internacional en las cortes de Estados Unidos que los acusan de narcotráfico: la del secuestro como figura legal y sus límites frente al poder ejercido por el gobierno estadounidense.
Uno es el capo histórico del Cártel de Sinaloa, perseguido durante décadas por México y por Estados Unidos; el otro, el presidente de Venezuela, acusado por la justicia estadounidense de narcoterrorismo –aunque en los documentos legales presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya no apareció la referencia al supuesto Cártel de los Soles–, con lo que se puso en duda su existencia.
Secuestro de Maduro e Ismael Zambada, paralelismos.
Sin embargo, ambos casos han sido presentados —por sus defensas y por actores políticos— bajo una narrativa similar: la privación ilegal de la libertad fuera de los cauces formales del derecho internacional.
EL MAYO : DEL SIGILO AL TRIBUNAL
La captura de Ismael Zambada, ocurrida en 2024 en territorio estadounidense, pero entregado por su ahijado Joaquín Guzmán López, rompió con una regla no escrita del narcotráfico: el jefe que nunca caía. De acuerdo con versiones judiciales, Zambada habría sido engañado y trasladado contra su voluntad desde Culiacán, Sinaloa, hasta Estados Unidos, sin un proceso formal de extradición.
Su defensa sostiene que se trató de un secuestro, una figura que en términos jurídicos implica la privación de la libertad sin orden judicial ni consentimiento, y que además vulnera la soberanía mexicana. La Fiscalía estadounidense, por su parte, ha negado que agentes federales hayan participado directamente en la operación.
Ismael Mayo Zambada.
justicia norteamericana.
El debate legal no se centró en la culpabilidad del narcotraficante, sino en cómo llegó a manos de la justicia estadounidense. Para juristas, el caso revive una vieja discusión: si un Estado puede juzgar a una persona obtenida mediante un acto presuntamente ilegal, o si el fin —la persecución de delitos graves— justifica los medios.
Desde luego, en la declaración de Guzmán López se advierte que él no tuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos, y que él sólo orquestó un plan en el que hay todavía más dudas que certezas gracias al silencio que impera en las cortes gringas.
Hoy, Zambada aceptó la culpabilidad para evitar un juicio largo y costoso, y dentro de pocos meses se le dará una sentencia, la cual se espera que sea la cadena perpetua.
La
MADURO: INMUNIDAD BAJO FUEGO
En el caso de Nicolás Maduro, el escenario es distinto, pero el argumento converge. El presidente venezolano ha sido acusado por Estados Unidos de encabezar una red de narcotráfico internacional, por lo menos desde el 2020, y lo señalaron de mantener tratos con cárteles mexicanos, como el de Sinaloa.
El 3 de enero pasado, en un operativo relámpago, Maduro fue detenido por elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, causando decenas de bajas de personal de seguridad del venezolano, destruyendo con bombardeos puntos clave militares de Caracas y otras localidades.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, secuestrado por el gobierno gringo en su propio país.
Aunque la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena señala que un mandatario no puede ser detenido por otro país sin violar los principios de soberanía y no intervención, Estados Unidos realizó la operación y se lo llevó a Estados Unidos junto con su esposa.
Aunque se ha alegado la violación de principios internacionales, el presidente Donald Trump no sólo ha mantenido su discurso bélico, sino también amenazó con anexarse Groenlandia, atacar al presidente colombiano Gustavo Petro y a los cárteles mexicanos dentro del territorio nacional.
EL CONCEPTO LEGAL QUE LOS UNE
En ambos casos, la figura del “secuestro” no se usa en su acepción criminal común, sino como argumento ju-
El ataque en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos para llevarse a Maduro.
rídico. El punto central es el mismo: ¿puede un Estado privar de la libertad a una persona fuera de su territorio y sin seguir los mecanismos legales establecidos?
En el caso de Zambada, el debate gira en torno a la extradición y el respeto al debido proceso. En el de Maduro, al choque frontal entre jurisdicción penal y derecho internacional público.
Ambos escenarios ponen a prueba el principio de que ningún Estado está por encima de la ley, pero también el de que la ley no puede ser ignorada por razones políticas o de seguridad.
CÁRCELES, DERECHOS Y SIMBOLISMO
Otro paralelismo emerge en el destino carcelario. Zambada fue recluido en una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos, bajo un régimen estricto. Maduro ha tenido un trato similar, no sólo por seguridad, sino por el mensaje político que implica: nadie que rete al Imperio sobrevive.
El Mayo Zambada ante tribunales en Estados Unidos.
Trasiego de drogas, principal motivo de Estados Unidos.
Las condiciones de reclusión de presos de alto perfil también han sido objeto de críticas por organismos de derechos humanos, que advierten sobre el uso del aislamiento prolongado y restricciones extremas como una forma indirecta de presión judicial.
JUSTICIA O FUERZA
Más allá de los nombres, los casos de El Mayo Zambada y Nicolás Maduro revelan una tensión constante en el sistema internacional: la frontera entre justicia y fuerza, entre la persecución de delitos graves y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre Estados.
En ambos expedientes, la narrativa del secuestro busca minar la legitimidad del proceso judicial. No se trata de negar los delitos imputados, sino de cuestionar si el camino para juzgarlos fue legal.
El desenlace de estos casos sentará precedentes. No sólo para narcotraficantes o mandatarios acusados, sino para definir hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide que el enemigo está fuera de sus fronteras.
EL ENEMIGO EN CASA
Eduardo Rivadeneyra Núñez
Asesinato de Rene Good a manos de un agente del ICE en Minneapolis.
Las manifestaciones de rechazo a la presencia del Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza se intensificaron en Minneapolis, Minnesota, después de que uno de sus agentes disparó y mató a Rene Good, ama de casa y madre de tres hijas, mientras ésta intentaba alejarse de él a bordo de su vehículo.
Se trataba de una mujer blanca, ciudadana estadounidense, rubia, madre de familia. Ya no era un inmigrante de color con acento extranjero.
En los días siguientes creció en número de ciudadanos blancos que se hicieron presentes en los lugares donde ICE realizaba una redada y también destacó la presencia de amas de casa a bordo de sus vehículos tocando el claxon para alertar sobre la presencia de los agentes.
En diferentes redadas hubo disparos y al menos dos personas heridas. Al menos seis fiscales federales renunciaron por la presión sobre ellos por parte del gobierno de Donald Trump.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, advirtió a los agentes federales que no eran bienvenidos en la ciudad y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguró que los elementos de la Guardia Nacional que dependen del gobierno del estado entrarán en alerta.
La respuesta de Washington fue que se enviarán mil agentes adicionales y decenas de abogados militares para auxiliar a los elementos federales.
Manifestaciones en Estados Unidos.
En el noroeste del país, en la ciudad de Portland, Oregón, también se han tornado violentas las redadas de ICE e incluso se han registrado disparos contra los civiles dejando heridas a dos personas.
En otros estados ya no hay los choques con los elementos de ICE y la Patrulla Fronteriza que se vieron en lugares como Los Ángeles, Washington o Chicago. Sin embargo, se habla de los malos tratos a que son sujetos los detenidos que se encuentran en espera de ser deportados. A la fecha ya han fallecido seis personas que se encontraban en centros de detención para inmigrantes.
Pareciera que el gobierno del presidente Donald Trump está decidido a mostrar mano dura contra sus propios ciudadanos a pesar de que esto incremente el descontento en las calles de las ciudades estadounidenses.
Donald Trump.
Si las manifestaciones se generalizan y se hacen más intensas, el presidente Trump podría invocar el Acta de Insurrección que le permitiría obtener poderes especiales e incluso, si la Suprema Corte no se opone, posponer las elecciones legislativas o de medio término programadas para el martes 3 de noviembre de este año.
Si los resultados de ese proceso electoral son desfavorables para el GOP (siglas de Grand Old Party, nombre con el que se conoce coloquialmente al Partido Republicano en Estados Unidos), el Partido Demócrata obtendría la mayoría en ambas cámaras del Congreso y quedaría abierta la puerta a un desafuero y juicio político contra el presidente Trump.
Cabe recordar que las elecciones que se llevaron a cabo en la segunda mitad del año pasado resultaron desfavorables para el mandatario. En el estado de VirgiICE, rechazo a su presencia en Estados Unidos.
nia, tradicionalmente gobernado por los republicanos, ganó la gubernatura la demócrata Abigail Spanberger; en la ciudad de Nueva York obtuvo la victoria Zohran Mamdani, abiertamente socialista, nacido en Uganda y postulado por el Partido Demócrata, y en Miami, Florida, la alcaldía quedó en manos de la demócrata Eileen Higgins luego de 30 años de estar en manos republicanas.
Con estos resultados podría ser conveniente para el presidente Trump invocar el acta de insurrección y posponer los comicios para evitar un posible juicio político. Así, tanto el presidente como los estadounidenses parecen encontrar mutuamente a su principal enemigo dentro de su propia casa.
Detenciones a diestra y siniestra por parte del ICE.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
EL CENTRO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO EDUCATIVO
DE LA UAS INICIARÁ LA JORNADA DE CAPACITACIÓN
DOCENTE
Se actualizarán en competencias pedagógicas y tecnológicas
El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo (CIDE) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se encuentra listo para llevar a cabo su programación de cursos, conferencias y talleres formativos dirigidos al personal académico de la casa de estudios, los cuales se desarrollarán del 19 al 23 de enero, en el marco de la Jornada de Capacitación Docente y Disciplinar.
Lo anterior fue anunciado por la coordinadora de capacitación docente del CIDE, maestra Sandra Casillas Cárdenas, quien informó que estas actividades tienen como propósito fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas e inno-
vadoras del profesorado universitario, en concordancia con los lineamientos del Modelo Educativo UAS 2022 y el Plan de Desarrollo Institucional Con Visión del Futuro 2029.
“Vamos a estar participando y apoyando a más de 500 docentes, los cuales están registrados para estar dentro de nuestras conferencias, talleres y cursos que daremos a lo largo de esta semana. Los talleres se van a impartir tanto en el turno matutino como en el turno vespertino y tenemos modalidades tanto virtuales como presenciales”, indicó.
Detalló que la oferta de capacitación contempla seis actividades, entre ellas los talleres de Moodle Gamificado y Clase Magistral Activa; la conferencia Innovación Educativa. Metodologías Activas y Aprendizaje Basado en Retos, así como los cursos Planeación didáctica y pedagógica para la docencia universitaria y Estrategias de Aprendizaje, todos impartidos por el núcleo académico del CIDE.
“Buscamos seguir fortaleciendo lo que es la práctica docente, mejoras e innovaciones en el aula, todo esto para apoyar lo que viene siendo el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes, que sea un aprendizaje novedoso, enriquecedor, innovador, pero sobre todo que se centra en el aprendizaje significativo”, subrayó.
Por su parte, el doctor Daniel Emmanuel De Loza Dones, facilitador de la conferencia y dos de los cursos que se realizarán a lo largo de la semana, expuso que las actividades fueron diseñadas a partir de diagnósticos institucionales, con el fin de atender necesidades reales de los docentes y generar un impacto directo en su práctica.
“En el caso de enfermería el resultado fue estrategias didácticas donde vamos a estar trabajando con los docentes bajo las metodologías activas y nuevos enfoques, digamos esa parte de estrategias innovadoras que pueden implementar en el aula y en el caso de la FEFyDE el resultado
salió planeación didáctica (…) vamos a tratar de concientizar al docente sobre la relevancia que tiene la planeación que no solamente es un instrumento que se debe entregar a la administración sino que es un diseño de una experiencia de aprendizaje”, explicó.
El personal del CIDE invitó al profesorado universitario a aprovechar esta oportunidad de seguir enriqueciendo su desarrollo profesional, haciendo mención que el programa de cursos se encuentra disponible durante todo el año a solicitud de las unidades académicas.
PANORAMA DEL MAÍZ EN 2026 UN AÑO SOMBRÍO PARA LOS PRODUCTORES
Santiago Rentería
En Sinaloa, el maíz no sólo se siembra: también se negocia, se protesta y se politiza. Al iniciar 2026, el panorama para los productores dista mucho de la certidumbre prometida por el gobierno federal y estatal. Tras un 2025 marcado por discursos oficiales, mesas de diálogo interminables y movilizaciones constantes, el sector agrícola enfrenta un escenario donde los acuerdos parecen tan frágiles como la confianza entre los productores y gobierno, que no ha sabido ofrecer –o no ha querido–fijar precios de garantía ante una volatilidad de un mercado que devora el producto del campo, dejando en el olvido aquella frase de la 4T: “sin maíz no hay país.”
Alo largo de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya insistió, una y otra vez, en que el maíz sinaloense tendría respaldo institucional, precios justos y acompañamiento gubernamental. Cada crisis fue atendida con el mismo guion: llamados al diálogo, anuncios de entendimientos y declaraciones optimistas desde el poder.
Pero en el campo la narrativa fue distinta. Los siete mil 200 pesos que exigen los productores por tonelada nunca se pusieron sobre la mesa, simplemente promesas, apoyos que no alcanzan. Las manifestaciones no cesaron: bloqueos de carreteras, toma de casetas y protestas frente a edificios públicos se convirtieron en una escena recurrente. Tras cada movilización, se anunciaban acuerdos; días después, los desacuerdos volvían a estallar, evidenciando que las soluciones eran parciales, tardías o simplemente insuficientes ante la complejidad que viven los mercados internacionales y la presión venida desde Estados Unidos.
A lo largo de estos años, productores se han manifestado en el estado.
PROMESAS QUE NO ALCANZAN
El problema de fondo no fue sólo el precio del maíz, sino la incapacidad de ofrecer reglas claras y sostenidas. Retrasos en pagos, apoyos que no llegaban a todos y condiciones cambiantes minaron la confianza del sector. Para muchos productores, los compromisos gubernamentales terminaron percibiéndose como medidas de contención política, más que como políticas públicas de largo alcance.
En lugar de certidumbre, 2025 dejó cansancio. Un cansancio acumulado por ciclos agrícolas cada vez más caros, con insumos al alza, créditos difíciles y márgenes de ganancia cada vez más estrechos.
Bodegueros en Sinaloa, los grandes ganadores.
CUANDO EL MAÍZ ES HERENCIA, NO DISCURSO
En este contexto operan familias productoras como la de Ismael Bello Esquivel, que cultivan más de mil hectáreas de maíz en Sinaloa junto a su padre y hermano. El mismo gobernador Rubén Rocha Moya lo ventiló en una semanera.
Para los grandes productores, el vaivén de los acuerdos no es un tema de coyuntura política, sino una amenaza directa a su estabilidad económica y a la continuidad de un proyecto que involucra generaciones completas.
Este tipo de productores —demasiado grandes para sobrevivir sin apoyos, pero no lo suficiente para absor-
Rocha Moya, reunión con agricultores, promesas y más promesas.
No solamente Sinaloa, todo el país con problemas de apoyos, lejos quedó la frase de la 4T «sin maíz no hay país».
ber pérdidas millonarias— son quienes más resienten la improvisación. Cada promesa incumplida impacta en empleos, cadenas productivas y en la viabilidad misma de seguir sembrando.
Eso sí, quien se ha visto beneficiados en el desastre de los precios del maíz y los planes ineficaces del Gobierno son los bodegueros, pues miles de toneladas del grano terminaron embodegados con costo al Estado por el orden de cuatro millones de pesos, y nunca se supo con transparencia cuánto y cuándo se vendieron las toneladas acumuladas.
2026: LA PACIENCIA AL LÍMITE
El arranque de 2026 no encuentra a un sector esperanzado, sino alerta y escéptico. El gobierno estatal
mantiene el discurso del diálogo permanente, pero en el campo la exigencia es clara: menos mesas y más resultados.
Tan sólo el pasado jueves 15 de enero un grupo de productores se manifestó en el centro de la capital sinaloense para exigir el cumplimiento de pagos correspondientes al ciclo de siembra 2023-2024, señalaron que existen montos pendientes de liquidar por parte del Gobierno Federal
El riesgo es evidente. Si los acuerdos siguen diluyéndose con la misma rapidez con la que se anuncian, la inconformidad volverá a crecer. En Sinaloa, cuando el maíz entra en crisis, no sólo se afecta la economía rural: se tensiona la estabilidad social y política del estado.
Porque el maíz puede esperar lluvia, pero el campo ya no está dispuesto a seguir esperando promesas.
Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura en Sinaloa.
TRUMP, LA SOBERANÍA DE MÉXICO Y EL NARCOTRÁFICO
David Fuentes M.
Las declaraciones de Donald Trump, quien acusa que México está gobernado por cárteles y no descarta acciones directas contra ellos, reavivan la tensión bilateral en materia de seguridad. Mientras Estados Unidos presiona para un combate frontal al narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum responde con la defensa de la soberanía nacional y la no subordinación. El trasfondo de esta confrontación se encuentra en el fortalecimiento del crimen organizado durante el sexenio de AMLO, donde la estrategia de “abrazos, no balazos” permitió la expansión territorial, social y económica de los cárteles, hoy convertidos en uno de los principales empleadores del país.
“Algo habrá que hacer con México”, declaró recientemente Donald Trump en una entrevista con Fox New, bajo el argumento de que el país está gobernado por los cárteles de la droga.
El mandatario estadounidense aseguró que en repetidas ocasiones ha insistido a la presidenta Claudia
Sheinbaum para que ataque frontalmente a las organizaciones criminales.
“Le he preguntado muchas veces: ¿quieres que acabemos con los cárteles?”, declaró Trump, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos pierde decenas de miles de vidas al año por el consumo de drogas, principalmente fentanilo, que ingresan por la frontera con México.
Las declaraciones se dieron tras la intervención del Ejército estadounidense en Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Aunque Trump negó que esa acción fuera un mensaje directo para México, sus palabras llegan en medio de crecientes presiones para que ambos países realicen operaciones conjuntas en materia de combate al tráfico de fentanilo.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
El propio vicepresidente JD Vance afirmó que “el tráfico de drogas debe parar”, mientras Trump insistió en que México es un país donde los cárteles “gobiernan porque los líderes tienen miedo”. Desde el inicio de su segundo mandato, el republicano ha reiterado que no descarta acciones más agresivas, incluyendo la posibilidad de intervención directa en territorio mexicano con drones.
Ante estas amenazas, la presidenta mexicana ha respondido con el argumento de la soberanía. Sheinbaum ha reiterado que México está dispuesto a coordinarse y colaborar con Estados Unidos, pero sin subordinación. “Hay algo que no está en negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, afirmó en una de sus conferencias matutinas.
Donald Trump, varias veces ha dicho de entrar al territorio mexicano y acabar con los cárteles.
Expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana se rige por la Constitución y los principios de la ONU, privilegiando la paz y la solución pacífica de los conflictos. También llamó a Washington a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio, en lugar de trasladar toda la responsabilidad a México.
ORGANIZACIONES CRIMINALES EN GOBIERNO DE AMLO
El trasfondo de esta tensión bilateral se encuentra en la evolución del crimen organizado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Desde su llegada al poder en 2018, el entonces presidente dejó claro que no emprendería una “guerra” contra los cárteles y adoptó la política de “abrazos, no balazos”.
Esa estrategia, basada en la presunta atención a las causas de la violencia, fue acompañada por una nega-
tiva sistemática a reconocer que amplias zonas del país estaban bajo control criminal. López Obrador llegó a calificar como “falso” que los cárteles dominaran territorios, a pesar de las evidencias que se presentaban todos los días con enfrentamientos, masacres y homicidios.
Sin embargo, informes de inteligencia de la Secretaría de Marina señalaron la operación de al menos 109 organizaciones criminales en el país, dedicadas no sólo al narcotráfico, sino también a extorsión, secuestro, trata de personas, robo de hidrocarburos y otros delitos.
Durante ese periodo, episodios como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, el trato cordial del presidente con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y la ausencia de una ofensiva sostenida contra el Cártel de Sinaloa alimentaron la percepción de tolerancia o pasividad del Estado. Mientras tanto, los niveles de homicidio y desapariciones se mantuvieron elevados y el control territorial de los grupos criminales se expandió.
El narcotráfico es el quinto empleador en México.
Así están distribuidos los cárteles en México, expansión de 2018 a la fecha.
EL EMPODERAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Ese crecimiento no sólo fortaleció a las organizaciones en lo militar y lo financiero, sino también en lo social. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science, el crimen organizado se ha convertido en uno de los principales empleadores de México. Entre 160 mil y 185 mil personas trabajaban para organizaciones criminales en 2022, encabezadas por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La cifra posicionaba a la “industria” del crimen como el quinto mayor empleador del país, por encima de empresas como Oxxo, Bimbo o Pemex. El estudio advierte que, debido a las bajas constantes por enfrentamientos
Durante los primeros días del mes de enero Trump y Sheinbaum entablaron llamadas telefónicas tras declaraciones del mandatario estadounidense.
y detenciones, los cárteles deben reclutar alrededor de 350 personas por semana para no colapsar, en un contexto donde la pobreza y la informalidad facilitan el reclutamiento.
En este escenario, la presión de Trump apunta directamente a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras Sheinbaum se refugia en la narrativa de soberanía para contener las amenazas externas, los cárteles buscan aprovechar ese mismo discurso para ganar tiempo y preservar su operación.
El choque entre la amenaza intervencionista de Washington y la defensa de la no subordinación de México perfila un nuevo capítulo en la relación bilateral, con implicaciones directas para la organización y supervivencia del narcotráfico.
Dan lectura a cuatro nuevas iniciativas en tribuna del Congreso; una promueve la igualdad sustantiva
El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cuatro nuevas iniciativas en la Sesión Ordinaria de este jueves, tres de las cuales fueron turnadas a una segunda lectura y una a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y correspondiente dictaminación.
Las iniciativas leídas, son las siguientes:
• Iniciativa de la diputada Luz Verónica Avilés
Rochín, de Morena, que propone reformar el artículo 339, el segundo párrafo del artículo 341 y adicionar el artículo 339 Bis, todos de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa.
Tiene como objetivo establecer la obligación de que las placas metálicas de los vehículos matriculados en Sinaloa se mantengan en todo momento con total visibilidad y legibilidad.
En las adiciones que se proponen, se establece que:
“Las placas vehiculares deberán permitir una identificación rápida y eficiente del vehículo, tanto para las autoridades como para otras personas conductoras y peatones.
“Se considerará incumplida la obligación cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
“l. Se coloquen portaplacas que obstruyan la visibilidad de la información contenida en las placas, así como protectores, micas, láminas transparentes u obscuras, o algún otro objeto distintivo sobre las mismas.
“II. La placa esté doblada o deformada; instalada en lugar distinto al previsto por el Reglamento para tal efecto; o colocada de
manera que impida la observación y lectura de sus caracteres y datos;
“III. Exista cualquier elemento, accesorio, carga, parrilla, portaequipajes, pintura, placa adicional, dispositivo o modificación, incluida suciedad, deterioro, corrosión o daño que impida total o parcialmente la observación y lectura de sus caracteres y datos; y
“IV. La placa trasera no cuente con la iluminación prevista por el fabricante del vehículo, que permita su lectura durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.”
• Iniciativa del diputado Serapio Vargas Ramírez, de Morena, que propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de establecer el uso de lenguaje inclusivo para promover la igualdad sustantiva y visibilizar a las mujeres.
• Iniciativa de la diputada Arely Berenice Ruiz López, de Morena que propone reformar el párrafo primero y las fracciones I, IV y VII del artículo 207 Bis, y adicionar la fracción VIII al artículo 207 Bis, y el artículo 207 Ter, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de agravantes del delito de robo de vehículos.
La reforma al artículo 207 Bis establece incrementar un año más tanto la pena mínima como la máxima,
que actualmente son de cinco y 15 años, de modo que pasarían a ser de 6 a 16 años.
Asimismo, se pone como agravante la destrucción deliberada del vehículo o vehículos robados, así como se le traslade o se les trasladen a otras partes de Sinaloa.
• Iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena que propone reformar las fracciones XXXI y XXXII del artículo 3; el artículo 11 y el segundo párrafo del artículo 19, y adicionar las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 3, un segundo párrafo al artículo 11 y las fracciones VII Bis y VII Ter al artículo 99, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de protección para quienes padezcan cualquier tipo de violencia del orden familiar.
Las adiciones que se proponen definen diversos tipos de violencia, tales como:
• Violencia contra niñas, niños y adolescentes, como; “Toda forma de maltrato físico o psicológico, de negligencia en su cuidado o de explotación, incluido el abuso, acoso sexual y toda forma de maltrato establecido en el 42 de esta Ley”.
• Violencia familiar, se define como un tipo de violencia reconocido en el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, que tiene
como víctimas a las y los miembros del núcleo familiar dentro o fuera del domicilio familiar, teniendo por objeto infligirles un daño, menoscabo, sufrimiento de cualquier naturaleza o la muerte.
Asimismo, velar la debida implementación de protocolos específicos para la atención integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes de delitos, garantizando el interés superior de la niñez en todas las etapas del procedimiento penal.
MAR DE FONDO GATOPARDISMO MORENISTA
Actualmente el gatopardismo político se encuentra más vivo que nunca con los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación: es la estrategia de cambiar todo para que nada cambie o que las estructuras de poder permanezcan igual adaptándose a las circunstancias para que continúen intocables sus posiciones de privilegios frente a una transformación real y profunda.
La construcción del estadio en Mazatlán.
El caso de Sinaloa, en el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, es el claro ejemplo del gatopardismo político. La construcción de estadios deportivos, con dinero público, para equipos profesionales ha sido la constante durante las dos últimas décadas. En 2018 se hablaba de una inversión que rondaba los dos mil millones de pesos en seis estadios, cuatro de beisbol y dos de futbol. Convirtiendo a Sinaloa en la entidad que destinó más recurso público a la construcción de este tipo de inmuebles en todo el país.
En su mayoría bajo concesiones o convenios leoninos ante empresarios o políticos voraces que poseen millonarias fortunas. El tema del despojo de bienes públicos, donde intervienen directamente funcionarios del más alto nivel, comúnmente el gobernador en turno, se convierten en verdaderos secuaces de empresarios locales y nacionales, que sólo ven en el deporte profesional, el lucro constante, pero también lavar imágenes y promover cuadros políticos.
El empresario multimillonario, Ricardo Salinas Pliego, en venta el equipo del Mazaltán.
El deporte y su afición jamás les ha importado. Y aquí es donde cabe hacer una clara separación, ningún proyecto presentado por algún equipo profesional que planteaba detonarse en la juventud sinaloense se ha cumplido a cabalidad por parte de los empresarios, según concesión, convenio o contrato, el incumplimiento por parte del empresario y la colusión de funcionarios es la constante. Todo queda en la opacidad e impunidad, el futbol es el claro ejemplo.
En 2018 el entonces gobernador de Sinaloa, el priista, Quirino Ordaz Coppel, destinó 500 millones de pesos para la construcción de un estadio en Mazatlán, donde Quirino tiene sus hoteles. Ordaz Coppel arbitrariamente, teniendo la mayoría en el congreso local, no realizó ningún tipo de consulta con el legislativo, como lo ordena el artículo 25 de la Ley sobre inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa.
Denuncia presentada ante Fiscalía de Ríos Estavillo.
En aquel entonces Morena era minoría en el congreso. Era la LXIII Legislatura y Graciela Domínguez Nava era quien encabezaba al grupo morenista desde la Comisión de Fiscalización donde era la presidenta. Junto a ella se encontraba, Yeraldine Bonilla Valverde, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, ambas señalaron tajantemente en medios de comunicación y en ruedas de prensa la probable corrupción en torno a la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, responsabilizando directamente al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de manejarse fuera de la ley y evitando a toda costa que el proceso legal de la concesión o convenio del estadio pasara por el congreso como lo estipula la ley.
La denuncia se realizó por escrito y fue dirigida al entonces fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, y a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Reyna Angulo Valenzuela. En rueda de prensa
Yeraldine Bonilla, feroces señaladores de la corrupción quirinista, luego solapadores.
Quirino Ordaz y Graciela Domínguez, complicidades simuladas durante la 63 legislatura.
Graciela Domínguez, hoy parte del régimen que gobierna como diputada federal de morena, en aquel tiempo soltó: “Fue la visión patrimonialista, privada, de beneficio a los grandes ricos de este país, el que ahí, sí, se les otorga dinero público, ahí, sí, no se les llama una política huevona, de mantenimiento a los ricos… vale la pena de nuevo recordarles, dinero público que se invierte a privados en los estadios… lo único que buscan es continuar con la misma política de derroche de dinero”, sentenció.
Por su parte, Yeraldine Bonilla Valverde, que en esa legislación acompañó en todo el proceso de denuncia a Domínguez Nava, fue la presidenta de la mesa directiva en la actual legislación, la LXV. Después de ser ridiculizada en un evento público por el gobernador al señalarla de “meserita de lonchería”, situación que se volvió tema en noticieros a nivel nacional, actualmente Rocha la tiene de secretaria de Gobierno.
Quirino Ordaz evadió el proceso legal entorno a trasparentar y dar cauce como lo señala la Ley sobre Inmuebles del Estado, nunca pasó por el congreso y al final sacaron un contrato como documento legal. El estadio y proyecto de Ricardo Salinas Pliego, terminó saliéndonos en más de mil millones de pesos, y por su pleito con AMLO se retira de Mazatlán y el futbol.
Quirino nunca ha sido llamado ante ninguna autoridad por todas las ilegalidades que se derivaron de la construcción y manejo de concesión del estadio, AMLO lo premió con la embajada de México en España.
Actualmente, ni Graciela Domínguez Nava —que, incluso, se habla de candidateable para la gubernatura— ni Yeraldine Bonilla Valverde han tocado el tema, simplemente lo depositaron en el basurero de las apariencias, engaños y cinismo de la 4T… Este es el cambio que prometieron los morenistas para que todo permaneciera igual. Sólo cambiaron los actores.
Cerca de los mil millones se invirtieron en el estadio de Mazatlán, pronto sin equipo.
LA FRASE POR: IVÁN GRIJALVA
UNA OPOSICIÓN QUE LE DAMOS
UNA FERIA Y VOTAN EN FAVOR
El diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, subió a la tribuna del Congreso del Estado para responder a los señalamientos de la oposición durante la discusión sobre los hechos en Venezuela. No le gustaron. Y reaccionó como suele hacerlo.
Al calor del debate, soltó una frase que dice más de lo que quizá pretendía: “Una oposición que le damos una feria y votan en favor, que no tiene dignidad, que tiene precio, que no tiene ideas”.
La diputada panista Roxana Rubio pidió pruebas. Vargas Ramírez regresó entonces a la tribuna, llamó “zacatones” a sus adversarios y trató de corregirse: la “feria”, dijo ahora, no era dinero, sino un lugar con juegos mecánicos.
La escena es conocida. Primero se escupe, luego se recula. El circo morenista en acción: descalificación, maroma y explicación infantil.
Al final, el mensaje quedó claro. O el diputado acusó sin pruebas a la oposición de vender su voto —lo cual sería grave—, o habló con una ligereza impropia de la tribuna. En ambos casos, el resultado es el mismo: un Congreso cada vez más lejano de la seriedad que exige Sinaloa. Ve nomás la perla de diputados que tenemos.
Nos leemos en la próxima edición. Hasta entonces… hasta siempre.
