Mini Boletín FISCAL 11/07/2023 - www.gabinetedelaorden.com

Anexo Mod 200

IS 2022. ANEXOS. FOV. La Disposición adicional única de la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprobaron los modelos 2002 y 220 correspondientes a los períodos impositivos iniciados entre el 01.01.2015 y 31.12.2015 aprobó el Formulario normalizado de documentación específica de operaciones con personas o entidades vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades, en adelante FOV, a los efectos de cumplir con la obligación de documentación específica de operaciones vinculadas prevista en el artículo 16.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

[pág. 2]

Sentencia del TS

IRPF. RESIDENCIA FISCAL. Analiza el caso de conflictos de residencia entre estados firmantes de un CDI: deben resolverse conforme a la aplicación del Convenio.

[pág. 5]

Auto del TS

IS. El TS deberá esclarecer silos gastos relativos a la retribución que perciben los socios que son administradores son deducibles.

[pág. 7]

Sentencia del TSJUE

UE. IVA. CONCEPTO DE EP. Reitera su doctrina: la prestación de servicios para la matriz no convierte a la filial en un EP, salvo que la matriz disponga de los medios de la filial como si fueran propios.

[pág. 8]

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

Anexo Mod 200

IS 2022. ANEXOS. FOV. La Disposición adicional única de la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprobaron los modelos 2002 y 220 correspondientes a los períodos impositivos iniciados entre el 01.01.2015 y 31.12.2015 aprobó el Formulario normalizado de documentación específica de operaciones con personas o entidades vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades, en adelante FOV, a los efectos de cumplir con la obligación de documentación específica de operaciones vinculadas prevista en el artículo 16.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en adelante RIS:

¿Qué operaciones deben documentar las ERD?

Todas las entidades deberán documentar todas sus operaciones, excepto :

a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal.

b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) A las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.

Operaciones que se pueden considerar documentadas mediante la presentación del FOV

El artículo 16.4 del RIS hace referencia a las obligaciones de documentación simplificada. En ningún caso, el contenido simplificado en la documentación resultará de aplicación a las siguientes operaciones:

a) Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25% del capital social o de los fondos propios.

b) Las operaciones de transmisión de negocios.

c) Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

d) Las operaciones de transmisión de inmuebles.

e) Las operaciones sobre activos intangibles.

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Contenido del FOV

A Una entidad y sus socios o partícipes

B Una entidad y sus consejeros o administradores

1.

C Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco...de los socios o partícipes, consejeros o administradores (art. 18.2.c).LIS)

D Dos entidades que pertenezcan a un grupo

E Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo

F Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o de los fondos propios

G Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco... participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 %del capital social o los fondos propios

H Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero

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El formulario se deberá presentar con carácter previo a la presentación de la declaración del IS 2022, y consignar el número de referencia (NRS) en la página 21 del modelo 200: 4

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Sentencia del TS

IRPF. RESIDENCIA FISCAL. Analiza el caso de conflictos de residencia entre estados firmantes de unCDI:debenresolverseconformea laaplicacióndel Convenio.

Fecha: 12/06/2023

Fuente: web del Poder Judicial

Enlace: Sentencia del TS de 12/06/2023

La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en auto de 20 de julio de 2022, apreció que las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:

1. Determinar si un órgano judicial o administrativopuede prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio, cuando dicho certificado se extiende a los efectos del Convenio.

2. Aclarar si, a los efectos de analizar la existencia de un conflicto de residencia entre dos Estados, es posible rechazar el contenido de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del otro Estado contratante en el sentido del CDI, o la validez del referido certificado debe ser presumida, no pudiendo ser su contenido rechazado, precisamente por haberse suscrito el referido CDI.

El TS CONTESTA:

Los órganos administrativos o judiciales nacionales no son competentes para enjuiciar las circunstancias en las que se ha expedido un certificado de residencia fiscal por otro Estado ni, en consecuencia, pueden prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio de Doble Imposición, cuando dicho certificado se ha extendido a los efectos del Convenio.

3. Dilucidar si es posible que un Estado firmante de un CDI, de forma unilateral, pueda enjuiciar la existencia de un conflicto de residencia, prescindiendo de la aplicación de las normas específicas suscritas en el referido CDI para estos casos. Concretamente, si en presencia de un conflicto de residencia, es necesario acudir a las normas previstas para su solución en el CDI, requiriendo para ello de una interpretación autónoma y separada de las normas internas que alberguen conceptos similares y, más específicamente, si la "regla de desempate" prevista en el artículo 4.2 CDI, consistente en el "centro de intereses vitales" es equiparable al concepto de "núcleo de intereses económicos" del artículo 9.1.b) LIRPF.

El TS CONTESTA:

Un Estado firmante de un Convenio de Doble Imposición no puede, de forma unilateral, enjuiciar la existencia de un conflicto de residencia, prescindiendo de la aplicación de las normas específicas suscritas en el referido Convenio para estos casos. De esta forma, en presencia de un conflicto de residencia, es necesario acudir a las normas previstas para su solución en el Convenio de Doble Imposición, requiriendo para ello de una interpretación autónoma en relación con las normas internas que alberguen conceptos similares. Específicamente, la regla de "desempate" prevista en el artículo 4.2 del Convenio,

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consistente en el "centro de intereses vitales" es más amplia que el concepto de "núcleo de intereses económicos" del artículo 9.1.b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que no resulta equiparable.

4. Determinar si la expresión "núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos" que emplea el artículo 9.1.b) LIRPF como criterio para determinar la residencia fiscal en España, puede interpretarse en el sentido de que basta, para que se entienda cumplido tal criterio, con que el interesado sea titular de un patrimonio inmobiliario o mobiliario en nuestro país, del que no proceden ingresos. Concretamente, si esa única circunstancia es suficiente, por sí sola, para enervar la eficacia de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país

El TS CONTESTA:

Pues bien, dada las conclusiones alcanzadas en los apartados anteriores en relación con las tres primeras cuestiones de interés casacional, considera la Sala que no es necesario para resolver este asunto fijar doctrina sobre la última cuestión citada, máxime teniendo en cuenta que la interpretación del artículo 9.1.b) LIRPF debe hacerse atendiendo a los elementos probatorios existente en cada proceso, por lo que no puede establecerse una doctrina de alcance general.

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Auto del TS

IS. El TS deberá esclarecer si los gastos relativos a la retribución que perciben los socios que son administradores son deducibles.

Fecha: 28/06/2023

Fuente: web del Poder Judicial

Enlace: Auto del TS de 28/06/2023

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

Esclarecer si los gastos relativos a la retribución que perciban los socios que, al mismo tiempo son administradores o apoderados, como consecuencia de los servicios prestados en favor de la actividad empresarial de la sociedad, constituyen gastos fiscalmente deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se acredite la correspondiente inscripción contable del gasto, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.

Determinar si la respuesta a la anterior cuestión debe modularse cuando no conste la existencia del acuerdo de la Junta General que contempla el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en virtud del cual el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores requiere acuerdo de la junta general.

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Sentencia del TSJUE

UE. IVA. CONCEPTO DE EP. Reitera su doctrina: la prestación de servicios para la matriz no convierte a la filial en un EP, salvo que la matriz disponga de los medios de la filial como si fueran propios.

Fecha: 29/06/2023

Fuente: web del TSJUE

Enlace: Sentencia del TSJUE de 29/06/2023

El artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, y el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, deben interpretarse en el sentido de que un sujeto pasivo destinatario de servicios, que tiene la sede de su actividad económica fuera de la Unión Europea, no dispone de un establecimiento permanente en el Estado miembro en el que está establecido el prestador de los servicios de que se trate, jurídicamente distinto de ese destinatario, cuando este no dispone en él de una estructura adecuada en términos de medios humanos y técnicos que puedan constituir ese establecimiento permanente, y ello incluso cuando el sujeto pasivo prestador de servicios realiza en beneficio de ese sujeto pasivo destinatario, en ejecución de un compromiso contractual exclusivo, prestaciones de trabajo externalizado, así como una serie de prestaciones accesorias o adicionales, que contribuyen a la actividad económica del sujeto pasivo destinatario en ese Estado miembro.

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