ACCIONES POR EL BIEN COMÚN
FEBRERO 2026 1ERA EDICIÓN
Defensor del Pueblo promueve diálogo DD. HH. y Estado eficiente
Defensor del Pueblo promueve diálogo sobre derechos y Estado eficiente
El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en coordinación con la eGovernance Academy (eGA) de Estonia, puso en marcha la Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional. La actividad tiene por objetivo fortalecer las capacidades institucionales mediante el uso estratégico de tecnologías e innovación, con un enfoque centrado en los derechos humanos.
Al encabezar el acto de apertura, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que el foro que reúne a distintos sectores de la sociedad procura incorporar buenas prácticas internacionales al proceso dominicano de modernización del Estado.
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“Se trata de un espacio de aprendizaje, diagnóstico y co-creación, en el que participan actores de los sectores público y privado, así como comunidad universitaria, sociedad civil y medios de comunicación”, afirmó Ulloa.
El Defensor del Pueblo señaló que el evento se enmarca en el acuerdo de cooperación entre el órgano constitucional y la e-Governance Academy. En la jornada se analiza la experiencia de Estonia como referente global en gobierno digital, destacando su modelo de Estado basado en la confianza, la interoperabilidad, la transparencia y la garantía efectiva de los derechos.
La Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional constituye un hito en el proceso de modernización institucional de la República Dominicana. Se desarrolla los días lunes 02 y martes 03 del corriente mes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), Distrito Nacional, miércoles 04 y jueves 05 de febrero en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) recinto Santiago de los Caballeros, y el viernes 06 culmina con el Encuentro de Alto Nivel en Santo Domingo.
Con esta iniciativa, el Defensor del Pueblo reafirma su compromiso de promover un Estado más cercano, eficiente y respetuoso de los derechos, impulsando procesos de transformación institucional que coloquen a la ciudadanía en el centro de la acción pública.
Defensor del Pueblo y OEI articulan cooperación para fortalecer educación constitucional
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero. La misma estuvo orientada al intercambio de buenas prácticas y a la identificación de líneas de cooperación en materia de educación cívica, formación ciudadana y fortalecimiento institucional, con especial atención al ámbito universitario.
Durante el encuentro, Ulloa compartió la experiencia dominicana de “Constitución Viva para Todos y Todas”. Se trata de una estrategia de educación constitucional con enfoque territorial, pedagógico y participativo, concebida para acercar la Constitución dominicana a los centros educativos y espacios juveniles, para promover una ciudadanía informada, crítica y comprometida con los valores democráticos.
Defensor del Pueblo imparte conferencia sobre derechos humanos y democracia
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, participó como conferencista invitado en el seminario “Derechos humanos y Estado de derecho: una mirada desde la figura del Defensor del Pueblo”, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Durante su ponencia, abordó el rol garante de
derechos que desempeña el organismo extrapoder. Destacó su importancia en el fortalecimiento institucional, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de una democracia más participativa y cercana a la ciudadanía.
DP y delegación
Universidad de Virginia abordan cambio climático
El Defensor del Pueblo recibió la visita de una comitiva de estudiantes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, interesados en conocer el rol y las acciones del órgano extrapoder en la defensa del derecho a un medioambiente sano.
En el encuentro se abordaron las competencias constitucionales, los mecanismos de atención ciudadana y las actuaciones en materia de protección ambiental. Asimismo, se reafirmó el compromiso con la educación en derechos humanos y la promoción del bienestar colectivo.
Enero: un mes muy activo en “Constitución
Viva para Todos y Todas”
El recién concluido mes de enero tuvo una especial relevancia dentro de la estrategia formativa del Defensor del Pueblo “Constitución Viva para Todos y Todas”, una iniciativa educativa para acercar la Constitución dominicana a la ciudadanía — especialmente a niños, niñas, jóvenes y estudiantes— de manera práctica, crítica y participativa.
A través de este programa se procura que la Carta Magna no sea percibida únicamente como un texto normativo, sino como una experiencia concreta de vida y ejercicio de ciudadanía. También, que esta fomente la conciencia democrática y el conocimiento de los derechos y deberes fundamentales.
Como parte de “Constitución Viva para Todos y Todas”, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, continuó el intercambio docente que desarrolla la institución, impactando a estudiantes de diversos centros educativos en el Distrito Nacional y la provincia La Altagracia.
Durante estos encuentros se abordaron temas vinculados a los gobiernos locales y la democracia municipal. Se promovió el diálogo sobre el rol de legisladores/as, regidores/as y otras autoridades locales. Asimismo, se reflexionó sobre la corresponsabilidad democrática y el valor del voto, entendido como un punto de partida y no como un fin en sí mismo. De igual forma, se socializó el rol y las funciones del Defensor del Pueblo como garante de los derechos fundamentales frente a las actuaciones del Estado, entre otros tópicos de interés cívico.
Entre los centros educativos alcanzados estuvieron: Aníbal Ponce, Politécnico Prof. Santa Mariana Olea de Castro y República de Guatemala.
Defensor del Pueblo ofrece orientaciones a ciudadanía en La Altagracia
En el marco del Festival Gastronómico de la Yuca, en el municipio de Higüey, el Defensor del Pueblo dispuso un stand para atender a la población. Allí ofreció orientaciones por parte del equipo de la Secretaría General del organismo extrapoder.
Además, las personas asistentes al referido espacio disfrutaron la proyección de los capítulos de la Constitución Animada y conocieron más sobre los servicios y programas de la institución.
Conferencia “El Estado que funciona para la gente”
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, impartió la conferencia “El Estado que funciona para la gente”. Se trató de un espacio de reflexión sobre derechos, eficiencia pública y confianza ciudadana, como pilares de una democracia que responde. La misma se desarrolló en el marco del Décimo Festival Gastronómico de la Yuca, en la provincia La Altagracia.
Durante el evento, el Colegio de Abogados, filial Higüey, reconoció el compromiso e impacto positivo de Ulloa al frente de la institución que dirige, en una entrega encabezada por el vicealcalde de Higüey, Pablo Reinaldo Ávila.
Apoyo a personas privadas de libertad durante presentación en La Altagracia
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acompañó a las personas privadas de libertad que ofrecieron sus presentaciones artísticas en el marco del Festival Gastronómico de la Yuca, en el municipio de Higüey.
Se trató de un medio de expresión y evidencia de que la reinserción social es posible cuando se garantizan las oportunidades necesarias para la misma.
Este tipo de escenarios permite reiterar que las políticas públicas orientadas a la rehabilitación, el acompañamiento institucional y
los espacios de reconocimiento del talento y capacidades de las personas producen frutos positivos a la sociedad.
La iniciativa fue impulsada por la Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia La Altagracia (COCDEPAL), con el respaldo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y la participación de los centros CCR-11 San Pedro de Macorís, CCR14 Anamuya y CCR-15 Cucama.
Socialización
Política de Lactancia
La Unidad de Igualdad de Género, que encabeza la primera adjunta del Defensor del Pueblo del Defensor, doctora Ana Martich, desarrolló la charla “Maternidad y Trabajo: rompiendo barreras para una lactancia exitosa”.
La actividad formativa fue dirigida a todo el personal de la institución. Estuvo a cargo de la presidenta y fundadora de Prolactar RD, María Aurelina Estévez. Incluyó conceptos clave y orientaciones sobre el impacto positivo de la lactancia materna en las familias.
Los beneficios para quienes reciben este superalimento materno incluyen: reforzamiento del sistema inmunológico, promoción del desarrollo cerebral y aporte de todos los nutrientes que necesitan.
Conversatorio “Conociendo a Juan Pablo Duarte” va a Haina
El segundo adjunto del Defensor del Pueblo, doctor Darío Nin, ofreció el conversatorio “Conociendo a Juan Pablo Duarte” a estudiantes del Centro Educativo en Artes Manuel Feliz Peña, en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Durante el encuentro se abordaron los aportes, vida y obra del patricio en favor de la República Dominicana y su independencia. La actividad procuró ser interactiva, como forma de motivar en el alumnado el interés por conocer su historia, amar y defender la libertad y soberanía nacional.
Reunión con nuevo ministro de Justicia
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, recibió la visita del ministro de Justicia, Antoliano Peralta. Ambos abordaron acciones conjuntas para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la coordinación de una agenda de trabajo común entre ambas instituciones.
También dialogaron sobre las funciones y el alcance del Ministerio de Justicia, su rol en la articulación del sistema penitenciario, la defensa de
derechos y la administración de políticas públicas en materia de justicia.
En esa primera reunión participaron, además, el secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, la directora jurídica, Ligia Melo, y el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el viceministro Noel Sued Canahuate, acompañado de la viceministra Noelia Rivera.
Días más tarde, se produjo un segundo encuentro, esta vez con el viceministro Sued Canahuate, en el marco del proceso de articulación interinstitucional con la nueva entidad del Estado dominicano. Durante la reunión, se le presentó el Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo 2025 y se intercambiaron impresiones sobre posibles líneas de colaboración orientadas a la promoción y garantía de los derechos fundamentales.
Profesionales del Derecho
DP reciben certificados
Curso Básico de Inteligencia
Abogados y abogadas del Defensor del Pueblo culminaron exitosamente el Curso Básico de Inteligencia, impartido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La entrega de certificados fue encabezada por el secretario general del órgano constitucional, Harold Modesto, quien destacó los aportes realizados por la institución, desde un enfoque de derechos humanos, a la actividad de inteligencia.
Defensor del Pueblo y Donantes RD sensibilizan a veteranos sobre donación de sangre
El Defensor del Pueblo, en coordinación con Donantes RDSV, realizó una charla sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre como práctica solidaria que contribuye a salvar vidas.
La actividad, dirigida a la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional, tuvo por objetivo promover una cultura que permita garantizar que las personas reciban sangre y sus derivados a tiempo, a fin de fortalecer la protección del derecho fundamental a la salud.
Taller “Estado de Derecho y Bien Común” llega a La Romana
En la Universidad O&M Recinto La Romana, se realizó el taller “Estado de Derecho y Bien Común”. Se trata de un espacio de formación y diálogo donde jóvenes universitarios reflexionaron sobre la importancia de la justicia, el respeto a la ley y su rol en la construcción de una sociedad más participativa.
La jornada fue encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. Durante la actividad, se propició un intercambio de ideas orientado al fortalecimiento de la cultura de derechos y la participación ciudadana entre las personas asistentes.
Mesa Comunitaria avanza en La Caleta
Líderes sociales participaron en el taller Resolución de Conflicto, en procura de una cultura de paz, para la conformación de la Mesa Comunitaria en el municipio La Caleta, provincia Santo Domingo.
La actividad estuvo a cargo de Mariano Rivera, coordinador de la Mesa Comunitaria de Boca Chica, la señora Jacinta Rodríguez, activista y fundadora de la citada mesa, y fue asistida por Diana Rosario, en representación del Defensor del Pueblo. El taller fue impartido por Vladimir Rosario, de la Casa de los Derechos del citado organismo constitucional.
OPINIÓN
Artículos por: Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de la República Dominicana
El cabildo: cuando la democracia empieza en el barrio (clase 18)
La clase comenzó con una pregunta directa, casi provocadora: ¿quién decide lo que pasa en tu barrio? No fue una pregunta teórica. Fue una invitación a mirar el territorio, la calle, el parque, la acera rota, el drenaje que no funciona. Ahí, exactamente ahí, empieza la democracia municipal.
La Clase 18 estuvo dedicada a comprender qué es un cabildo, para qué sirve y por qué no es un trámite administrativo más, sino uno de los espacios más concretos de ejercicio de la soberanía popular. La Constitución no concibe la democracia como un acto distante que ocurre cada cuatro años; la concibe como un proceso cotidiano que se ejerce también desde lo local, desde el municipio, desde la comunidad organizada.
Explicamos que el cabildo es el espacio donde las personas pueden expresarse, deliberar, reclamar y proponer frente a sus autoridades locales. No es una cortesía del ayuntamiento; es una obligación institucional y un derecho ciudadano. Cuando el cabildo funciona, la política se humaniza. Cuando no funciona, la gente se siente excluida del Estado.
Leímos juntos los artículos 199, 201 y 202 de la Constitución, que establecen la organización y autonomía de los gobiernos locales. No como una lectura fría, sino como una conversación viva: ¿qué significa autonomía si la gente no participa?, ¿qué sentido tiene un ayuntamiento si no escucha?, ¿qué valor tiene la ley si no se traduce en soluciones concretas?
Luego escuchamos un audio preparado para la clase y detuvimos el ritmo para reflexionar. Las preguntas no buscaban respuestas “correctas”, sino conciencia: ¿has participado alguna vez en un cabildo?, ¿sabes cuándo se convoca?, ¿sientes que tu voz cuenta? Las respuestas fueron honestas, y en esa honestidad apareció el aprendizaje.
La película “La ley de Herodes” nos sirvió como espejo crítico. No para caricaturizar la política local, sino para entender qué ocurre cuando el poder municipal se desconecta de la ciudadanía y de la ley. La risa inicial dio paso a una reflexión más profunda: sin controles, sin participación y sin ciudadanía activa, el poder se deforma.
El momento más potente llegó con la actividad grupal “El presupuesto de mi barrio”. Allí la democracia dejó de ser un concepto y se volvió decisión: priorizar, debatir, escuchar al otro, ceder. Entendieron que gobernar —incluso a pequeña escala— implica responsabilidad y ética.
La clase cerró con un llamado claro: la democracia no se defiende solo votando, se defiende participando. El cabildo es una de esas puertas que la Constitución deja abiertas para que la gente entre al Estado, no para que el Estado se imponga sobre la gente.
Salí del aula con la convicción renovada de que enseñar Constitución desde el territorio no solo forma ciudadanos informados, sino ciudadanos conscientes de su poder. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un discurso y empieza a funcionar.
OPINIÓN
Cuando el Estado no funciona, la democracia se agota
Las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, casi en silencio, cuando el Estado deja de cumplir su función esencial. No fracasan por exceso de debate, sino por la persistencia de un Estado que promete derechos, pero no logra convertirlos en experiencia cotidiana. Un Estado que existe, pero no siempre funciona.
Esa intuición fue formulada con notable lucidez por José Ortega y Gasset, al reflexionar sobre las crisis políticas del siglo XX. Ortega entendió que la democracia no se sostiene por proclamación moral ni por acumulación de normas, sino por algo más exigente: la capacidad real del Estado para cumplir su función histórica. Cuando el Estado deja de funcionar, la democracia no desaparece de inmediato, pero comienza a vaciarse —peligrosamente— por dentro.
Ortega no desconfiaba de la democracia; desconfiaba del Estado ineficaz. Advertía que cuando las instituciones pierden sentido operativo, el poder se vuelve gesto, la política se vuelve ruido y la ciudadanía — huérfana de resultados— empieza a desconectarse. En ese punto, la democracia puede seguir existiendo formalmente, pero deja de gobernar la vida real de la gente.
Ese diagnóstico dialoga hoy con una verdad que resulta cada vez más evidente: la eficiencia del Estado no es una cuestión técnica, sino un deber ético y constitucional. No se trata de administrar mejor por obsesión gerencial, ni de reducir o expandir el Estado por reflejo ideológico. Se trata de algo más elemental y más humano: cuando un servicio público no funciona, no falla un sistema abstracto; falla un derecho concreto.
Ahí se recuerda el sentido del Estado que Funciona para la Gente. No como consigna política, sino como criterio de responsabilidad pública. Porque los derechos no se realizan en discursos ni en documentos bien redactados, sino en procedimientos que avanzan, decisiones que se cumplen y servicios que llegan a tiempo. Un Estado que no ejecuta con eficacia no solo es ineficiente: erosiona la confianza, que es el verdadero capital de toda democracia.
Ortega advertía también contra una ilusión persistente: creer que la democracia se sostiene únicamente sobre la voluntad de las mayorías. Sin instituciones que funcionen, sin reglas que se apliquen y sin administración competente, la voluntad se diluye. Dicho con claridad: sin Estado funcional, la democracia se vuelve retórica.
Por eso, la pregunta decisiva de nuestro tiempo no es si necesitamos más o menos Estado, sino mejor Estado. Un Estado que gaste mejor, decida mejor y sirva mejor. Un Estado que entienda que cada trámite que no avanza, cada política que no llega y cada servicio que falla, debilita algo más profundo que un indicador: la confianza ciudadana en la vida pública.
Hay, además, una coincidencia esencial entre Ortega y una visión contemporánea del poder responsable: la dimensión pedagógica del Estado. Un Estado que funciona educa con su ejemplo; uno que improvisa, deseduca. Cuando los derechos se gestionan con seriedad, la ciudadanía aprende que la Constitución no es un texto lejano, sino una promesa posible.
Hoy, como ayer, la disyuntiva sigue siendo la misma: o el Estado convierte los derechos en gestión, o la democracia se queda en promesa. Y en esa elección cotidiana —silenciosa, pero decisiva— se juega la confianza de la gente y la calidad de nuestra vida democrática.
OPINIÓN
Cuando la salud no puede esperar: San José de Ocoa y el valor de un Estado que responde
Por años, en San José de Ocoa, la emergencia hospitalaria fue una preocupación silenciosa. No siempre ocupaba titulares ni generaba protestas masivas, pero estaba presente en la conversación cotidiana de las familias: ¿habrá médico esta noche?, ¿funcionará la emergencia si ocurre algo?, ¿a dónde iremos si no nos atienden aquí? En una provincia donde ese centro hospitalario es el principal punto de atención, la falta de respuesta oportuna no era un problema administrativo; era una amenaza directa a la vida.
Esa realidad emergió con claridad durante el Diálogo en tu Comunidad por el Bien Común, cuando comunitarios, líderes sociales y ciudadanos comunes coincidieron en una misma preocupación: la emergencia llevaba tiempo operando con limitaciones, sin personal suficiente y con fallas que impedían garantizar atención continua. Para una población de más de 50,000 personas, esa incertidumbre se traducía en miedo, en traslados innecesarios y, sobre todo, en la sensación de que el Estado no estaba llegando cuando más se le necesitaba.
La denuncia fue registrada en el Sistema M158, el modelo de trazabilidad territorial del Defensor del Pueblo, y clasificada como gestión prioritaria. A partir de ese momento, se activó un proceso técnico e institucional que no buscó protagonismo ni soluciones improvisadas. Se trabajó con método: coordinación interinstitucional, revisión de personal, corrección de fallas operativas y garantía de presencia médica continua. Fue un trabajo silencioso, sostenido y riguroso, guiado por una convicción simple pero profunda: la salud no puede esperar.
Semanas después, los propios comunitarios confirmaron el resultado. A través de mensajes, videos y testimonios directos, informaron que la emergencia estaba funcionando con normalidad. La diferencia fue inmediata y tangible. La gente volvió a sentirse segura al saber que podía recibir atención oportuna para sus hijos, sus padres o para ellos mismos. En salud, cada minuto cuenta, y recuperar la capacidad de respuesta significó proteger vidas, reducir riesgos y devolver tranquilidad a toda una provincia.
Esta acción garantizó el Derecho a la Salud, consagrado en el Artículo 61 de la Constitución Dominicana, que establece que “toda persona tiene derecho a la salud integral”. No se trata solo de una frase constitucional; es una obligación concreta del Estado. Cuando un servicio de emergencia vuelve a funcionar plenamente, lo que se restituye no es únicamente la atención médica, sino la confianza, el valor de la vida humana y la certeza de que los derechos pueden hacerse realidad cuando existen instituciones que escuchan y actúan.
Experiencias como la de San José de Ocoa confirman una lección fundamental: los derechos no se defienden desde los escritorios ni se garantizan con discursos. Se defienden en el territorio, escuchando a la gente, verificando los hechos y dando seguimiento hasta que la solución llega. Por eso, el modelo de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común no es una actividad simbólica, sino una herramienta de gestión pública que convierte la voz ciudadana en acción institucional verificable.
El filósofo alemán Jürgen Habermas ha señalado que la legitimidad democrática surge cuando las instituciones son capaces de transformar la comunicación en decisiones racionales orientadas al bien común. En San José de Ocoa, esa idea se materializó: la palabra de la comunidad se convirtió en política pública concreta, y la política pública se tradujo en bienestar real.
Cuando un ciudadano puede acudir a una emergencia sin temor a no ser atendido, el Estado deja de ser una abstracción y se convierte en presencia. Y cuando esa presencia es constante, técnica y humana, ocurre algo más profundo: la gente vuelve a creer. Eso es lo que significa que el Estado funcione.
Esta es solo una de las 100 Acciones por el Bien Común, pero resume con claridad el sentido de toda la estrategia: escuchar, verificar y resolver. Porque cuando la gente habla y el Estado responde, el bien común deja de ser una consigna y se hace visible.
OPINIÓN
Cuando el transporte vuelve, la educación también vuelve
En Villa Altagracia escuchamos una historia que, lamentablemente, se repite en muchos puntos del país. Decenas de estudiantes caminaban largas distancias para llegar a la escuela porque el transporte escolar había dejado de funcionar. Niños que salían antes de que amaneciera. Madres que se turnaban para acompañarlos por caminos inseguros. No era una anécdota aislada ni un problema menor: era una barrera silenciosa al derecho a la educación. Y ningún derecho fundamental puede depender del sacrificio extremo de una familia.
Esta situación fue planteada durante el Diálogo en tu Comunidad por el Bien Común, una metodología de escucha activa que permite convertir la palabra ciudadana en diagnóstico institucional. Allí quedó claro que la interrupción del transporte escolar no solo afectaba la asistencia, sino que comprometía la permanencia educativa, la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de los hogares. La educación, como derecho, no se suspende por fallas operativas; se protege con gestión pública responsable.
Por eso, la incidencia fue registrada en el Sistema M158, la plataforma de trazabilidad que documenta verifica y da seguimiento técnico a cada vulneración de derechos identificada en el territorio. El caso fue clasificado como una afectación directa al Derecho a la Educación, consagrado en el artículo 63 de la Constitución Dominicana, y se activó la gestión correspondiente con el Ministerio de Educación, las autoridades distritales y la comunidad educativa.
El proceso no se resolvió con promesas ni anuncios improvisados. Se revisó la disponibilidad de autobuses, se evaluaron las rutas, se normalizó el servicio y se establecieron mecanismos de seguimiento. Semanas después, la propia comunidad confirmó que el transporte escolar había vuelto a operar con regularidad. Docentes reportaron mayor asistencia y madres expresaron que, por primera vez en meses, podían enviar a sus hijos a la escuela sin miedo.
El impacto fue concreto y medible: 280 estudiantes beneficiados de manera directa, cerca de 900 ciudadanos impactados indirectamente y un alcance total estimado de 1,180 personas, según los registros del Sistema M158. Pero más allá de los números, lo relevante fue el mensaje institucional: cuando el Estado escucha, actúa y verifica, los derechos dejan de ser una declaración abstracta y se convierten en una experiencia real.
Este caso demuestra algo fundamental: los derechos no se defienden solo en los tribunales ni en los discursos. Se defienden en el territorio, con presencia institucional, con coordinación intersectorial y con mecanismos que permitan cerrar el ciclo entre denuncia, gestión y resultado. Como advertía Amartya Sen, el desarrollo —y podríamos decir también la democracia— se mide por las capacidades reales que tienen las personas para ejercer sus derechos, no solo por su reconocimiento formal.
La educación es una de esas capacidades esenciales. Sin acceso seguro y regular a la escuela, el derecho se debilita, la desigualdad se profundiza y la esperanza se posterga. Por eso, garantizar el transporte escolar no es un detalle administrativo: es una condición mínima de justicia social.
Villa Altagracia se convierte así en un caso representativo nacional de cómo una incidencia comunitaria, correctamente canalizada, puede transformarse en una solución verificable. No fue un favor concedido ni una excepción. Fue el cumplimiento de un mandato constitucional.
Soy parte de una generación que cree que el futuro se construye desde la escuela, pero también desde la forma en que el Estado responde cuando ese futuro está en riesgo. Cuando la comunidad habla y el Estado responde con método, la esperanza se organiza. Y cuando los derechos se gestionan con evidencia, el país avanza.
Esto no es retórica. Esto es el Estado que funciona.
Trump, resultados tempranos y el dilema del poder que funciona
En un contexto internacional marcado por la fragmentación del orden global y por una creciente fatiga ciudadana frente a la ineficacia del Estado, el liderazgo estadounidense vuelve a ser evaluado —dentro y fuera de sus fronteras— menos por su retórica y más por su capacidad de producir resultados verificables. En ese marco, los primeros meses de la administración de Donald Trump han generado efectos económicos, geopolíticos y regionales que obligan a un análisis sereno, basado en datos y consecuencias, más allá de simpatías o rechazos ideológicos. La pregunta no es menor: ¿qué ocurre cuando el poder actúa con rapidez y produce impactos visibles, y cómo se mide esa eficacia frente al imperativo democrático de sostenibilidad institucional?
Como advertía Max Weber, el ejercicio responsable del poder no se juzga únicamente por la convicción moral de quien decide, sino por la responsabilidad frente a las consecuencias de esas decisiones. Bajo esa lógica —y prescindiendo deliberadamente de lecturas emocionales— resulta pertinente examinar algunos hechos ocurridos durante este período, cuyo impacto ha trascendido el debate interno estadounidense para proyectarse sobre el sistema internacional.
En el plano económico, los datos han sido particularmente elocuentes. Los ingresos federales asociados a nuevas medidas arancelarias superaron los USD 95,000 millones, fortaleciendo la recaudación en un contexto de presión fiscal global. Paralelamente, el precio promedio de la gasolina descendió de niveles cercanos a USD 3.60 a alrededor de USD 3.20 por galón, lo que representa un ahorro anual aproximado de USD 500 por familia estadounidense, con efectos directos sobre el consumo, la inflación percibida y la competitividad productiva.
OPINIÓN
Los mercados financieros reaccionaron en consonancia. El Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos, con crecimientos interanuales superiores al 20 %, reflejando expectativas de previsibilidad macroeconómica y control del riesgo. Los mercados, actores esencialmente pragmáticos, no operan por afinidad política ni por simpatía ideológica, sino por evaluación de estabilidad. Su reacción constituye un dato objetivo que explica por qué amplios sectores económicos perciben a la actual administración como un factor de orden en un entorno global volátil.
La economía, sin embargo, no existe sin arquitectura política. Como sostenía Joseph Schumpeter, el capitalismo moderno no se erosiona solo por crisis económicas, sino por la fragilidad del marco institucional que lo sostiene. Y es precisamente en el ámbito de la seguridad internacional donde se han producido movimientos que alteraron inercias prolongadas.
Durante este período se han registrado desescalamientos, ceses de hostilidades o acuerdos de contención en al menos ocho conflictos armados: tensiones entre Israel e Irán, pausas en el enfrentamiento entre Israel y Hamas, distensiones entre India y Pakistán, entre Camboya y Tailandia, así como reconfiguraciones en otros escenarios de alta volatilidad. No se trata
de proclamar el fin definitivo de las guerras —la historia aconseja prudencia—, sino de reconocer que conflictos enquistados durante años experimentaron alteraciones significativas en un lapso excepcionalmente breve.
Desde una perspectiva realista, alterar un statu quo prolongado no equivale a resolver un conflicto, pero sí a modificar las condiciones del diálogo. Henry Kissinger recordaba que el orden internacional no avanza por consensos ideales, sino por reequilibrios de poder que obligan a renegociar. Forzar movimiento donde había parálisis constituye, en sí mismo, un hecho estratégico que redefine agendas y prioridades.
Para América Latina, el caso venezolano representa una variable crítica. Venezuela ha generado más de 7.7 millones de migrantes, con impactos directos sobre los sistemas fiscales, sanitarios y laborales de la región. Cualquier alteración del prolongado estancamiento político —sin prejuzgar su desenlace— produce efectos hemisféricos inmediatos. En este punto, la posición sostenida de actores como Marco Rubio, al insistir en que la crisis venezolana es un desafío regional de seguridad y democracia más que un debate ideológico, ha contribuido a mantener el tema en el centro de la agenda hemisférica.
En materia migratoria, los datos muestran una reducción de cruces irregulares superior al 35 % en
comparación con años anteriores, particularmente en tramos sensibles de la frontera sur. Más allá de la valoración normativa, el dato vuelve a colocar sobre la mesa un dilema central: la legitimidad democrática también depende de la capacidad efectiva del Estado para ejecutar las políticas que anuncia y controlar su territorio sin renunciar a sus principios.
Aquí emerge el núcleo del debate contemporáneo. Como advierte Francis Fukuyama, las democracias no fracasan únicamente por derivas autoritarias, sino también por incapacidad funcional. Un Estado que no entrega resultados erosiona su legitimidad con la misma rapidez que uno que concentra poder sin controles.
La cuestión de fondo, entonces, no es si una administración decide rápido o actúa con contundencia. La pregunta verdaderamente relevante es si logra convertir resultados inmediatos en instituciones duraderas, y eficacia coyuntural en confianza sostenida. Gobernar no es solo decidir; es transformar decisiones en reglas, y reglas en estabilidad.
Porque el poder no se legitima por la velocidad de la acción, sino por su capacidad de convertir resultados en estabilidad democrática sostenible.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• Inauguración Casa de los Derechos
Santiago
Febrero 2026
• Inauguración Casa de los Derechos
San Pedro de Macorís
Marzo 2026
