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DOXA

EDITORIAL

La credibilidad del INE

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En pleno proceso electoral, en donde se eligen 17 gubernaturas y 500 diputados federales, por mayoría relativa y por representación proporcional, el Instituto Nacional Electoral vive en estos momentos una crisis interna a raíz de que se hizo público

El gobernador tiene la facultad de nombrar a sus colaboradores como él considere. Sólo tiene que cuidar las formas, que los nombramientos cumplan con la legalidad. Sobre todo en aquellos cargos en el que la ley establece requisitos, que deben cumplirse. Hay un Código de ética de los servidores públicos que se encuentra en la basura. Particularmente por los nombramientos que no se apegan a la norma.

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3482

INFORME

REPORTE

Con Sheinbaum, 18 periodistas asesinados y nivel de impunidad casi absoluta: RSF

Con 169 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 18 de ellos en los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, y niveles de impunidad casi absolutos, “lo que pasa en México es una de las más grandes tragedias del siglo XXI para el periodismo”

Detienen a Rosa Pérez Pérez, exalcaldesa de Chenalhó, por presunto fraude

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ACCIONES

Promueve IMSS Chiapas la detección oportuna del cáncer de mama

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Junto a la ASF, Eduardo Ramírez impulsa la capacitación municipal para fortalecer la transparencia

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

EL SALDO ROJO...

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Francisco Ruiz Zuart.

DIMISIÓN

Renuncia funcionaria de Chiapas tras revelarse vínculos con empresas sancionadas por EU

HOY ESCRIBEN

FILIPICAS

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Paco Ramírez PAG. 13

DÍA DEL MÉDICO: UN HOMENAJE EN MEDIO DE LA CRISIS DE SALUD Julieta del Río

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LA SOBERANÍA YA TIENE UN PRESO: LA TRAICIÓN A LA PATRIA NO CONDENABA A NADIE DESDE 1867 Santiago Igartúa Scherer PAG. 3

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La credibilidad del INE

n pleno proceso electoral, en donde se eligen 17 gubernaturas y 500 diputados federales, por mayoría relativa y por representación proporcional, el Instituto Nacional Electoral vive en estos momentos una crisis interna a raíz de que se hizo público la presunta asignación de contratos millonarios a una empresa en donde el chofer de la consejera presidenta del Instituto es el apoderado legal y posteriormente se difundió un vídeo, en donde se observa a Guadalupe Taddei, celebrando una fiesta de cumpleaños a lado de un importante proveedor de servicios del mismo instituto. Este presunto acto de corrupción no es un asunto menor, considerando que el INE debe hacer prevalecer los principios rectores, que rigen a este instituto, en todos los actos y decisiones que se tomen desde la función administrativa y las decisiones colegiadas del Consejo Electoral. De ahí que un acto de corrupción como el que se publicita, en el que se cuestiona directamente la honorabilidad de la consejera presidenta, pone en tela de juicio la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad del INE, y en aras de la transparencia y rendición de cuentas, la consejera

presidenta debiera pedir permiso, durante el período en que se realicen las investigaciones procedentes. El Consejo Electoral del INE tiene señalamientos reiterados de que ha sido cooptado por el gobierno de Morena, lo que lo hace perder autonomía, y una denuncia de corrupción como la que se viene realizando, tiende a provocar mayores señalamientos sobre la imparcialidad, legalidad y objetividad del Instituto frente al proceso electoral que se avecina, donde lo que está en juego es la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, que de manera artificiosa le fue entregada a Morena y sus aliados en donde obtuvieron un 55% de la votación nacional y el INE y el Tribunal Electoral les entregaron el 74% del total de diputaciones de la Cámara de Diputados y el 64% de la Cámara de Senadores, en clara violación a interpretaciones constitucionales. Este acto de corrupción no es el único escándalo en la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE, con anterioridad se publicó una relación de familiares que colaboran con el gobierno de la 4T, que pone en duda la imparcialidad e independencia de sus decisiones, de igual manera se publicita que hay una carencia de título de licenciatura que legalmente

le impide presidir el INE, y luego, una reforma que le otorgó facultades administrativas sin que se sometan a la aprobación del Consejo General, pero de todo estos señalamientos el más grave en el actual, que resulta inadmisible que su chofer sea el apoderado legal de una empresa que recibe contratos millonarios del INE. La legalidad, imparcialidad y transparencia en el INE no puede estar bajo ningún cuestionamiento, en virtud de que es el árbitro de la contienda electoral y su consejera presidenta se encuentra bajo los señalamientos de una presunta corrupción, que de comprobarse, su renuncia debe ser inmediata por lo que representa la figura del presidente del INE en las elecciones. De tal manera que para garantizar la transparencia en las investigaciones, el procedimiento ético indica que Guadalupe Taddei debe solicitar permiso para no entorpecer las investigaciones, pero esa conducta ética no está presente y la Consejera presidenta ya manifestó que no cederá a presiones, como si esto fuera un asunto político y no un problema de transparencia en la asignación de contratos en la dirección de administración que paradójicamente esta oficina depende de la misma presidenta del Consejo.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Renuncia funcionaria de Chiapas tras revelarse vínculos con empresas sancionadas por EU Gabriela Coutiño TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)

ysette Raquel Lameiro Camacho presentó este jueves 22 de octubre su renuncia irrevocable a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló sus vínculos empresariales con sociedades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La dimisión se produjo apenas un día después de que la funcionaria rechazó públicamente cualquier relación con actividades ilícitas y negó ser socia de las empresas señaladas en la investigación. En una carta dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Lameiro Camacho denunció que su salida obedeció a una solicitud injustificada de separación del cargo, derivada de lo que calificó como calumnias y difamaciones periodísticas. “Atestiguo cómo calumnias y difamaciones periodísticas, carentes de todo sustento moral y legal, han desembocado en la solicitud injustificada de mi separación del cargo”, sostuvo. La exfuncionaria agregó: “Retirarme de esta responsabilidad institucional no es un acto de claudicación, sino un imperativo de honor. Asumo esta decisión para dedicar con cada una de mis fuerzas y minutos a esclarecer el origen de esta vil difamación”. En su escrito recurrió a referencias filosóficas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca para defender su trayectoria y cuestionar los señalamientos que provocaron su salida del organismo estatal.

Las sociedades investigadas De acuerdo con la investigación de MCCI, sustentada en documentos del Registro Público de Comercio, Lameiro Camacho aparece vinculada a The Woods Bar, una de las empresas

De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Reporte Ciudadano)

La tarde de este jueves trascendió que elementos ministeriales adscritos a la zona Altos habrían cumplimentado una orden de aprehensión en contra de Rosa Pérez Pérez, ex presidenta municipal de Chenalhó y actual visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la región Altos. De acuerdo con información preliminar, la detención ocurrió la tarde de este jueves, cuando la exfuncionaria salía de sus oficinas ubicadas en la zona centro de San Cristóbal de Las Casas. Tras su detención, habría sido trasladada a Tuxtla Gutiérrez, don-

La dimisión se produjo apenas un día después de que la funcionaria rechazó públicamente cualquier relación con actividades ilícitas y negó ser socia de las empresas señaladas en la investigación

incluidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de sanciones del 29 de septiembre de 2026. La investigación señala que Lameiro fue socia fundadora de The Woods Bar en noviembre de 2020, cuando adquirió el 13% de las acciones. Para diciembre de 2025, cuando ya presidía el IAP de Chiapas, mantenía junto con su hermano Juan Manuel una participación accionaria conjunta del 20 por ciento, según los registros consultados por MCCI. El principal accionista de The Woods Bar, con el 70% de participación, era Luis Alfonso Torres Torres, señalado por las autoridades estadunidenses por presuntamente recibir sobornos y participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas con el Cártel de Sinaloa en Baja California. La OFAC también incluyó entre las empresas sancionadas a Vida Orgánica Tijuana. MCCI documentó otras coincidencias empresariales entre Lameiro Camacho y personas vinculadas con esas sociedades. Entre ellas se encuentra Desarrolladora Plaza Revolución, donde coincidió con Luis Alfonso Torres Torres y fue nombrada gerente, así como Desarro-

lladora El Sombrero, en la que figuró junto con Jorge Alfredo Torres. La investigación también identificó que su hermano Juan Manuel compartió participación en Vida Orgánica Tijuana con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser “político vinculado con el cártel quien tiene una alianza con ‘El Ruso’ (el capo Juan José Ponce Félix)”. Los registros mercantiles documentan relaciones societarias, aunque por sí mismos no acreditan que Lameiro Camacho haya participado en las actividades ilícitas atribuidas por las autoridades estadunidenses a otras personas. Del deslinde a la renuncia El miércoles 21 de octubre, tras difundirse la investigación, Lameiro Camacho emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado. “No tengo participación en dichas actividades ni soy socia de las empresas con las que se me pretende vincular. Rechazo categóricamente las acusaciones que me atribuyen vínculos con el crimen organizado”, afirmó. También sostuvo: “No he cometido delito alguno, ni he participado en actividades ilícitas que comprometan mi integridad”.

En su defensa argumentó que las participaciones empresariales heredadas de su padre en Tijuana no debían confundirse con los señalamientos contenidos en la investigación. Sin embargo, menos de 24 horas después presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del IAP. La carta de dimisión introdujo un nuevo elemento en la controversia, pues Lameiro Camacho sostuvo que existió una solicitud para separarla del cargo, aunque en el texto citado no identifica quién la formuló. El impacto en la administración de Chiapas Lameiro Camacho asumió la presidencia del IAP de Chiapas en diciembre de 2024, al inicio de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. El IAP tiene entre sus principales funciones la capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos de las dependencias estatales y de los ayuntamientos. Durante su gestión encabezó convenios de colaboración institucional, entre ellos uno con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. También coordinó el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), mediante el cual fueron capacitados más de mil 100 servidores públicos de 27 ayuntamientos en materias relacionadas con comprobación del gasto público, licitaciones, adquisiciones y transparencia. La renuncia coloca al gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ante la necesidad de definir la conducción del organismo responsable de profesionalizar a funcionarios estatales y municipales, en medio de las repercusiones de una investigación sobre vínculos empresariales con sociedades sancionadas por Estados Unidos.

Detienen a Rosa Pérez Pérez, exalcaldesa de Chenalhó, por presunto fraude de se llevarían a cabo las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que la orden de aprehensión estaría relacionada con una investigación por el presunto delito de fraude. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre los detalles de la acusación. Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no había emitido una postura pública sobre la detención de la funcionaria al momento de la elaboración de esta nota.

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Junto a la ASF, Eduardo Ramírez impulsa la capacitación municipal para fortalecer la transparencia De la Redacción Huixtán, Chis. (Tribuna)

l gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presenció la presentación de la Convocatoria del Programa Nacional de Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública: Hacia un México sin Corrupción, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos en materia de fiscalización, hacienda pública y rendición de cuentas. Ante la presencia de todas y todos los presidentes municipales del estado, el mandatario hizo un llamado a aprovechar esta capacitación para fortalecer el servicio público municipal. También exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, humanismo y empatía, de acuerdo con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer del amor una política pública. En ese marco, Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa una administración pública eficiente y transparente, en la que se hacen bien las cosas y los recursos pú-

blicos se destinan a programas y obras que contribuyen al bienestar y la prosperidad. Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que esta capacitación busca homologar criterios y brindar acompañamiento a las autoridades municipales para prevenir errores que puedan derivar en un desfalco de sus presupuestos. Añadió que se les enseñará a trabajar en equipo, rendir cuentas y, sobre todo, prevenir irregularidades. Asimismo, anunció la creación de una Unidad Especializada en Asuntos de Pueblos Originarios, orientada a atender la cosmovisión, la buena fe y los buenos

oficios de las comunidades. El director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), José Luis Lima Franco, destacó que este proyecto permitirá acercar conocimientos a los municipios, especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Señaló que una hacienda pública bien administrada es fundamental para responder a las necesidades de la población, por lo que invitó a las autoridades municipales a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus equipos de trabajo. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, dio a conocer que la convocatoria del Programa Nacional de Formación

de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública ya está disponible en redes sociales. Por ello, invitó a las personas presentes a inscribirse y sumarse a esta iniciativa que busca avanzar hacia un México y un Chiapas sin corrupción. El presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, resaltó la importancia de fortalecer la preparación de las autoridades municipales para administrar los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y honestidad. También agradeció al gobernador y al auditor superior de la Federación por impulsar este programa de capacitación, cuyo propósito es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios que respondan a las necesidades de la población. La presidenta municipal de Aldama, Catarina Pérez Ruiz, señaló que gobernar implica actuar con honestidad, mantener las cuentas en orden y garantizar que cada gasto esté debidamente documentado. En ese sentido, reconoció el respaldo del gobernador para que los municipios cuenten con una mejor preparación y la capacitación necesaria para prevenir errores y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Salud fortalece acciones para garantizar atención materna y perinatal oportuna De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Gobierno de Chiapas atiende puntualmente conflicto en los límites con Oaxaca, asegura secretario de gobierno Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

El secretario de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma, aseguró que el conflicto limítrofe con Oaxaca por la zona de Los Chimalapas se atiende con cercanía a las comunidades y respeto a la ley, y que la amenaza de desalojo contra chiapanecos se resolvió mediante el diálogo. “Es un tema de ley, pero con el gobierno humanista del doctor Eduardo Ramírez tenemos que darle atención, debemos ser respetuosos de la ley también. De los límites tenemos que respetar los acuerdos del fallo de la Suprema Corte”, expresó el funcionario. Hernández Bielma señaló que el gobierno mantiene atención permanente en las comunidades de Chimalapas y sigue la indicación del gobernador Eduardo Ramírez. Asimismo, destacó

la excelente relación con el estado vecino de Oaxaca y con sus gobernadores. Respecto a la amenaza de desalojo por parte de comuneros de Chimalapas hacia chiapanecos, el secretario aseguró que todo se resolvió mediante el diálogo. “Acudimos de inmediato respaldando al gobierno de Oaxaca también y hablamos con los representantes de los grupos para que tomaran en cuenta que todo se resuelve conforme a la ley, con el diálogo”, indicó. El funcionario recordó que la anterior secretaria general de gobierno, Dulce Rodríguez Ovando, mantuvo una relación muy cercana con el secretario general de gobierno de Oaxaca, y que él la acompañaba en todo momento para atender el tema. “Estamos muy atentos, en todo momento estamos actuando porque es la instrucción del doctor Eduardo Ramírez: la atención”, concluyó.

Con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de las mujeres embarazadas y sus recién nacidos, la Secretaría de Salud del estado, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), reforzó la preparación del personal de salud de primer y segundo nivel de atención mediante el curso “Asistencia técnica para la mejora continua en emergencia obstétrica”. En esta capacitación participaron médicas y médicos pertenecientes a IMSS Bienestar, IMSS Coplamar, Secretaría de Salud y Servicio Nacional de Salud Pública. Profesionales de la salud adscritos a las unidades de municipios como Chiapa de Corzo, Acala, Altamirano, Ixtapa, Tecpatán, Oxchuc, Ocosingo, Siltepec, Chanal, Palenque, Ocozocoautla y Teopisca, así como de las localidades de Revolución Mexicana, San Felipe Ecatepec, Nuevo Mazapa, Julián Grajales, Amendú, Takiukum y Yaltem, recibieron formación especializada para brindar una respuesta inmediata y de calidad ante una emergencia obstétrica. Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para la atención oportuna de las urgencias obstétricas, tales como: hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embara-

zo (preeclampsia y eclampsia), choque séptico y manejo de hemoderivados y transfusiones sanguíneas. De manera simultánea y en coordinación con las jurisdicciones sanitarias del estado, se imparte el curso “Cuidados Esenciales del Recién Nacido”, dirigido principalmente a las parteras vinculadas a IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud. Esta capacitación contribuye a la disminución de la mortalidad perinatal mediante la actualización en cuidados neonatales, como la estimulación para respirar y la ventilación con mascarilla. Este curso es promovido por la Confederación Nacional de Pediatría de México y la Academia Americana de Pediatría, en coordinación con el Colegio de Pediatría del estado de Chiapas. Con estas acciones, la Secretaría de Salud reafirma su compromiso con el bienestar de las familias chiapanecas e informa que este ciclo de capacitaciones continuará durante el mes de noviembre en modalidad teórico-práctica, priorizando en todo momento la protección de la salud y la vida del binomio madre e hijo.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ExPVEM busca la candidatura morenista por alcaldía de Suchiapa tras detención del edil Gabriela Coutiño Tuxtla Gutiérrez, Chis., (apro)

17 días de la detención del alcalde de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, y del exedil Alexis Nucamendi Gómez, el excandidato del PVEM, Ranulfo Llaven Abarca, hermano del fiscal y exdiputado Jorge Luis Llaven Abarca, se registró como aspirante de Morena a la coordinación municipal de defensa de la Cuarta Transformación, en busca de posicionarse rumbo a la próxima elección por la alcaldía. El registro ocurrió en medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa Suchiapa, municipio conurbado de Tuxtla Gutiérrez, luego de que su alcalde en funciones fue detenido en una investigación relacionada con la fuga de un presunto integrante del Cártel Chiapas y Guatemala. Ranulfo Llaven Abarca, quien en 2024 compitió por el PVEM y perdió frente a Lara Cordero, dio a conocer su inscripción en el proceso interno de Morena mediante sus redes sociales. “Tuve el honor de realizar mi registro como aspirante a la coordinación de defensa de la transformación y soberanía de nuestro municipio por Morena Chiapas”, expresó. También agradeció al dirigente estatal de Morena, Carlos Molina, por recibirlo en la sede del partido. “Estoy convencido de que los grandes cambios se construyen con lealtad, compromiso y amor por nuestra gente. Seguiré firme en la defensa de nuestro movimiento, siempre poniendo por delante el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó. Su incorporación al proceso interno

de Morena ocurrió después de que otro integrante de la familia Llaven, José Alonso Llaven Villarreal, conocido como Pepe Llaven, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (CECCC), realizara un acto político en Suchiapa que fue interpretado como el inicio de sus aspiraciones por la alcaldía. Sin embargo, horas después del evento, el funcionario anunció que desistía de participar en la contienda para continuar en la administración estatal. “Desde este espacio quiero agradecerle a todo mi equipo de Suchiapa por acompañarme en esta jornada. Hoy Chiapas requiere de hombres y mujeres en el servicio público comprometidos que pongan por encima de los intereses personales el bien común y del pueblo. Agradezco al señor gobernador, Dr. Eduardo Ramírez, la oportunidad de seguir abonando a la paz y seguridad de nuestro amado Chiapas”, publicó.

La disputa electoral y la paridad de género El registro de Ranulfo Llaven Abarca también enfrenta una cir-

cunstancia electoral: en el sorteo de paridad de género realizado por el Congreso de Chiapas se determinó que Suchiapa, municipio ubicado a 18 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y de donde es originaria la familia Llaven, tendría una candidatura reservada para una mujer. La disposición abarca otros 61 municipios de la entidad. El procedimiento fue impugnado por el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hasta el momento no ha emitido una resolución definitiva. El partido sostuvo que su recurso no busca contravenir el principio de paridad efectiva. En las elecciones municipales de 2024, Ranulfo Llaven Abarca obtuvo 3 mil 691 votos como candidato del PVEM, mientras que Jorge Lara Cordero ganó la alcaldía con 4 mil 723 sufragios bajo las siglas de Morena. En ese proceso, Jorge Luis Llaven Abarca, hermano de Ranulfo, se desempeñaba como diputado local del PVEM, cargo que posteriormente dejó para reincorporarse a la Fiscalía General del Estado, luego de tres años

de ausencia durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. La detención del alcalde y la fuga de un presunto criminal El reacomodo político en Suchiapa ocurre después de la detención de Jorge Lara Cordero, quien, de acuerdo con versiones locales, buscaba reelegirse, aunque no había anunciado públicamente sus aspiraciones. El pasado 3 de octubre, alrededor de las 05:00 horas, el alcalde fue detenido durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Policía Estatal. En la misma operación fue aprehendido el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Ambos se encontraban en una vivienda que compartían, ubicada en la Primera Avenida Sur Poniente de la colonia San Esteban. Las detenciones ocurrieron después del arresto del director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, señalado por presuntamente facilitar la evasión de Humberto “N”, alias “La Gratel”, identificado por las autoridades como presunto líder del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG). “La Gratel” había sido capturado el 24 de septiembre en Suchiapa, en posesión de armas y drogas. Sin embargo, en lugar de ser trasladado a Tuxtla Gutiérrez, fue ingresado a la prisión municipal, de donde posteriormente escapó. La detención del alcalde y su antecesor abrió un nuevo escenario político en Suchiapa, donde Ranulfo Llaven Abarca busca ahora posicionarse desde Morena, el partido que lo derrotó en las urnas dos años atrás.

Promueve IMSS Chiapas la detección oportuna del cáncer de mama De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Mes Rosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó actividades informativas y de orientación en sus unidades médicas, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer señales de alerta y acudir a valoración médica para favorecer la detección oportuna. El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, doctor Javier Navarrete García, destacó la importancia de acercar información a la población y promover el autocuidado como parte de las acciones institucionales para el cuidado de la salud. En la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, en Tapachula, se llevó a cabo una Feria de la Salud dirigida al

público en general, en la que se brindó orientación sobre nutrición, cuidado de la salud y temas relacionados con el cáncer de mama. Asimismo, las UMF No. 1, 23 y 25 realizaron actividades de concientización y orientación. En estas unidades, el personal de salud compartió información sobre autoexploración mamaria, señales de alerta y la importancia de acudir a revisiones médicas. En la UMF No. 25 también se abordaron estos temas mediante los programas PrevenIMSS y NutrIMSS. Por su parte, personal del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, llevó a cabo acciones informativas para promover el conocimiento sobre el cáncer de mama y la detección oportuna, con la participación de distintas áreas de atención. El doctor Navarrete García señaló que contar con información clara

contribuye a que las mujeres conozcan las medidas de autocuidado y reconozcan la importancia de solicitar valoración médica ante cualquier cambio o señal de alerta. El IMSS en Chiapas recuerda que la autoexploración mamaria y las revisiones médicas forman parte del cuidado de la salud. Ante cualquier

cambio en las mamas, recomienda acudir a la unidad médica correspondiente para recibir orientación y valoración profesional. Con estas acciones, el IMSS refrenda su compromiso con la promoción de la salud y el acercamiento de información a la población derechohabiente.

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

La Familia Michoacana mantiene a 136 personas encadenadas en Guerrero Luis Daniel Nava CHILPANCINGO, Gro. (apro)

a organización criminal La Familia Michoacana tiene en cautiverio, encadenadas y esposadas, a otras 136 personas, reveló Filiberto Velazquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello (Centro Minerva). El dirigente del organismo hizo la declaración vía telefónica basado en los testimonios de los seis campesinos de Ajuchitlán del Progreso que estuvieron secuestrados durante 23 días por ese grupo criminal. El gobierno estatal encabezado por la morenista Evelyn Salgado, a través del subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, retó al director del Centro Minerva a que acuda ante la autoridad y denuncie lo que conoce. Consultado vía telefónica sobre una reunión pactada entre autoridades del gobierno estatal y las víctimas, el director del Centro Minerva, Filiberto Velazquez, denunció que el subsecretario las dejó plantadas por acudir a un Tianguis del Bienestar en el municipio de Chilapa. Y reveló detalles del cautiverio de ocho campesinos del ejido El Balcón, situado en la sierra de Juchitlán del Progreso, desde el 24 de septiembre. Un menor fue liberado el 1 de octubre y otros seis el 16 de octubre. También denunció que ningún representante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero, cuya encargada es Enedina

Medrano Serrano, se ha presentado a visitar a las víctimas que permanecen bajo resguardo y que no han podido regresar por falta de seguridad. La reunión era precisamente para pedir las medidas de seguridad porque las personas quieren regresar a sus hogares, pero no hay garantías de que no les va a pasar nada, dijo. “Porque hay campamentos ya de La Familia Michoacana en El Balcón”, alertó el director del organismo. Y dijo que, aunque hay presencia del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional no va a poner a un soldado por cada habitante para que vayan a hacer sus labores. ¿Cuál es el estado de salud de los que ya regresaron?, se le preguntó. “Mal, tienen infecciones estomacales, dolores, fueron torturados.” De acuerdo con testimonios de los ejidatarios cautivos durante casi un mes, se dieron cuenta que otras 136 personas estaban en cautiverio. A los cautivos solo les dieron de comer una vez al día. “Los tenían de castigo, había una viejita, una persona de la tercera edad, que estaba ahí porque su nieto era a quien iban a castigar, pero como se escapó, ella tuvo que pagar ese castigo.” Entre las personas secuestradas había decenas de personas de Taxco, municipio que en los últimos años ha reportado cientos de desapariciones y que se ha convertido en una zona silenciada por el control del crimen organizado sobre la población y las autoridades. “Unos estaban de castigo porque es-

Bugarin, eventual candidata de la 4T para Nayarit, deja al Partido Verde y se pone el chaleco de Morena

taban encadenados, esos (los campesinos de El Balcón) estaban esposados, aquellos estaban encadenados.” Dijo que cada vez que se acercaban los militares, a los secuestrados los cambiaban a otro lugar. “Ya que se iba el operativo de militares seguía la situación normal”, dijo el defensor de derechos humanos. Y se refirió a Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, el ejidatario que no ha sido entregado y del que las autoridades aseguran continúan buscando. “En el cuarto día, a ellos como los torturaban, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza, tehuacanazos y en una de esas él (Domingo Atanacio) empezó a alucinar, a convulsionar, y se lo llevaron, eso es lo último que se sabe de él.” Indicó que La Familia Michoacana ha tenido la intención de ingresar y tener el control de los municipios de la Costa Grande, pero que han sido frenados por pobladores y grupos delictivos de esa región. “Al final (La Familia Michoacana) tiene una batalla con Los Granados, con los Maldonado, con los Arriola, unos de Bayados, obviamente no han podido por ahí y esta parte (El Balcón) les que-

daba bien y al final querían que la gente luchara con ellos. Así es como funciona”. Filiberto Velázquez sostuvo que la gente de El Balcón tiene años organizados en comités de seguridad, pero sin estar armados. “Han dicho ‘no a las armas’, tienen un componente religioso, de prevención, de educación y así se mantienen desde hace muchos años. “Ellos se preguntan por qué les hicieron eso si ellos nunca se han metido con ellos (los criminales), por qué si los dejaban pasar por ahí, los veían por ahí, pero nunca les habían hecho eso. “Ellos pasaban ahí sin problema, porque se les ha cerrado otras vías, o sea, a fuerza quieren entrar a la Costa Grande.” El también sacerdote dice que la principal petición es que el Estado repliegue al grupo criminal a su territorio y los deje vivir en paz. “Mientras el estado no acabé con la fuente de esta situación esto va a seguir así.” Y que solicitan la intervención en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un tema de delincuencia organizada. “La Fiscalía de Estado no tiene la capacidad ni la voluntad porque al final pertenece a un gobierno local de una manera está presionados por los grupos criminales y más en temas electorales.” Finalmente dijo, sin abundar, que la situación de violencia y el intento de desplazamiento de esas comunidades de la sierra tiene mucho que ver con la proximidad de la elección del 2027 y la reconfiguración de los grupos criminales y políticos en Guerrero.

Fiscalía de Tabasco acusará formalmente a Hernán Bermúdez por desaparición forzada

Aldo Canedo Rodulfo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

VILLAHERMOSA, Tab., (apro)

Jasmin Bugarin, elegida por la coalición de la autollamada 4T para la candidatura de Nayarit, abandonó al Partido Verde y se puso el chaleco morenista a escasas semanas de haber resultado elegida para el 2027. Este jueves, durante la visita de la dirigente de Morena Ariadna Montiel a la entidad, Bugarin hizo público que dejó al PVEM, partido por el que militó y ganó un escaño como senadora de la República. Cuando fue elegida como corcholata, Bugarin aún pertenecía al Verde, por lo que había recibido el respaldo de ambos partidos para las elecciones del 2027. En el evento de este día celebrado en Tepic, Bugarin ya apareció con el chaleco guinda de Morena, confirmando su afiliación y salida de las filas del Verde. Ello no implica que la coalición entre ambos partidos se rompa, aunque aún no ha habido un posicionamiento del

PVEM al respecto. “Jasmine nos comunicó que ella quiere ser militante de Morena. Ya es de Morena, ya la afiliamos y va a estar con nosotros como militante. Yo le agradezco que tenga esa decisión, porque imagínense que llega alguien tan bueno como ella, pues engrandece”, dijo Montiel. Posteriormente, ante medios de comunicación, la coordinadora para Nayarit aclaró que la decisión la platicó con las y los dirigentes del PVEM desde semanas atrás, y dijo que su decisión fue estrictamente personal pues consideró que el logro de encabezar la coordinación para la candidatura de la entidad fue gracias a Morena.

El Ministerio Público de Tabasco presentará este jueves la acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas, anunció el fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, a un día de que venza el plazo legal para realizar esa actuación procesal. El funcionario precisó que el procedimiento se llevará a cabo conforme a las etapas legales correspondientes. Será presentado en el transcurso de este día por escrito, según fuentes oficiales. Bermúdez Requena permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025, luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana. El exfuncionario fue nombrado

secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, y se mantuvo en el cargo durante la administración interina de Carlos Manuel Merino Campos; dejó la Secretaría en enero de 2024. Además del caso por desaparición forzada, Bermúdez enfrenta procesos penales en Tabasco por presuntos delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Los delitos del fuero federal como delincuencia organizada corren a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque la institución no ha informado el estado de las investigaciones. Hernán Bermúdez es señalado como presunto cabecilla del cártel local, La Barredora, organización que operaba en Tabasco y Chiapas, cuyos integrantes han sido relacionados por autoridades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desapariciones se agravan en México; ONU alerta de impunidad superior a 98% y 72 mil cuerpos sin identificar De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)

l Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la impunidad por el delito de desaparición supera el 98% en México y los servicios forenses acumulan 72 mil cuerpos sin identificar. Su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que el aumento de casos, las agresiones contra familias buscadoras y la falta de resultados motivaron la intervención de mecanismos internacionales. ONU alerta por aumento de desapariciones en México Durante un foro organizado por la American University, a través del Washington College of Law, Juan Pablo Albán Alencastro explicó que la situación de las desapariciones en México se ha agravado en los últimos años. Recordó que, durante la visita del Comité a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba poco más de 96 mil personas. Para abril de 2025, cuando se decidió activar el procedimiento internacional, la cifra había superado los 131 mil registros. En aproximadamente cuatro años se incorporaron más de 36 mil personas al registro. Al mismo tiempo, los cuerpos sin identificar en poder de los servicios forenses aumentaron de 52 mil a 72 mil. Albán señaló que las amenazas, agresiones y ataques contra familiares de personas desaparecidas, particularmente madres buscadoras, también influyeron en la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención Inter-

Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)

Para el presidente de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Jorge Ponce Yépez, “si hay que estar preocupados” por los “cambios temporales” que se están aplicando a la Modalidad 40 de retiro, y por el análisis que está por comenzar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que podría derivar en nuevas modificaciones a este esquema de pensiones. En entrevista con Proceso, explica que debe preocupar lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), porque “es un mensaje de que algo está mal en el instituto” y en las finanzas públicas mexicanas, que se están viendo cada vez más presionadas, a lo que se suman las protestas del personal del IMSS. “No es claro este análisis que se hará (...) si literalmente mañana un trabajador busca la Modalidad 40 va a ver estas nuevas limitantes”, dijo. De acuerdo con el acuerdo publicado este 21 de octubre en el DOF, el Consejo Técnico del IMSS aprobó una serie de medidas temporales sobre la Continua-

nacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU.

ONU reconoce acciones de México, pero pide resultados El presidente del Comité reconoció que México ha aprobado leyes, creado comisiones de búsqueda, establecido fiscalías especializadas y destinado recursos para proteger a personas buscadoras amenazadas. Sin embargo, consideró que estas medidas no han sido suficientes para frenar la crisis. “Era claro que la situación no había mejorado, sino que la situación se había agravado”, manifestó. Albán también rechazó las críticas del Gobierno mexicano a la activación del artículo 34 y aseguró que el Comité escuchó a las autoridades, recibió información oficial y analizó las aportaciones de organizaciones civiles antes de tomar la decisión. Subrayó que el organismo internacional tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Convención y proteger los derechos de las víctimas, no respaldar a los gobiernos. Artículo 34 activa la supervisión internacional Albán explicó que el procedimiento del artículo 34 representa el último

escalón de los mecanismos de supervisión internacional contemplados en la Convención. Su aplicación responde a indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática. La decisión se tomó después de varios años de seguimiento a México, una visita al territorio nacional, el análisis de informes gubernamentales y observaciones del Comité, así como casi 800 acciones urgentes registradas hasta ese momento. El especialista señaló que la presión internacional ha propiciado acuerdos de cooperación con Alemania, España, Países Bajos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. No obstante, aclaró que el Comité mantendrá la supervisión del caso mexicano y que ya solicitó información complementaria a las autoridades. Comité pide aclarar localización de personas desaparecidas El presidente del organismo cuestionó que las cifras gubernamentales sobre la localización de 16 mil personas sean suficientes para conocer los resultados de las búsquedas. Explicó que, frente al reporte de 136 mil personas desaparecidas, las autoridades deben precisar quiénes fueron

localizados, cuándo ocurrió, si sus familias recibieron información y cuáles fueron las circunstancias de cada caso. De acuerdo con Albán, incluso considerando las localizaciones reportadas, alrededor de 120 mil personas permanecerían desaparecidas. También mencionó el caso del Rancho Izaguirre como un ejemplo de la gravedad del problema y de la necesidad de investigar los patrones de actuación de las organizaciones involucradas. Asimismo, expresó su inconformidad por la falta de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la elaboración de su informe sobre las desapariciones en México. Familias cuestionan confiabilidad del registro nacional Durante el mismo encuentro, Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM), cuestionó la confiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La madre buscadora busca desde enero de 2009 a su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova, Coahuila. Explicó que una de las principales exigencias de las familias es que el registro contenga información veraz y actualizada. Como ejemplo, relató que durante una revisión domiciliaria los servidores públicos preguntaron si su hijo había aparecido, pero llevaban el nombre de su esposo, José Antonio Robledo Chavarría, en lugar del de su hijo. Aunque aclaró la confusión, denunció que ambos nombres continuaban apareciendo en el registro.

“Sí hay que estar preocupados” por cambios en las pensiones del IMSS con la Modalidad 40: Colegio de Contadores ción Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, nombre oficial de la Modalidad 40. Esta modalidad permite que las personas que dejaron de tener un empleo formal continúen realizando aportaciones al IMSS para acumular semanas de cotización y, dependiendo del régimen al que pertenezcan, mejorar el monto de su futura pensión. Es para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ya que pueden tener derecho a pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, en la que el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas es uno de los elementos que determina cuánto recibirán al retirarse. Por ello, algunos trabajadores utilizaban esta modalidad para elevar su salario de cotización durante los últimos años previos a su jubilación. A ello se suma que en el documento del DOF, la Dirección de Finanzas del Instituto, por medio de la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, ten-

drá que realizar un análisis sobre la Continuación Voluntaria y sus efectos en la situación financiera del Seguro Social. Para ello contará con información de las direcciones de Incorporación y Recaudación, Prestaciones Médicas, Prestaciones Económicas y Sociales, Jurídica, así como Innovación y Desarrollo Tecnológico. El estudio deberá estar concluido a más tardar en un plazo de seis meses, contados a partir de la emisión del acuerdo.

Freno que merma Uno de los cambios más importantes, de acuerdo con el DOF, es que las personas que busquen incorporarse a esta modalidad bajo las nuevas disposiciones solamente tendrán como referencia el último salario base de cotización que tenían registrado cuando dejaron de trabajar formalmente. A ese salario podrán agregar como máximo una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Ponce Yépez explica con un ejemplo

lo que esto significa; si una persona dejó de trabajar formalmente con un salario base de cotización de mil pesos diarios, esa cantidad será la referencia para incorporarse a la Modalidad 40. Antes de estas limitaciones, podía elegir un salario de cotización más alto, siempre que cumpliera con los requisitos y no rebasara el límite legal de 25 UMA, con la intención de mejorar el promedio salarial utilizado para calcular su futura pensión. Ahora, con las nuevas disposiciones descritas por el especialista, a esos mil pesos diarios solamente podría agregar una UMA.

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Somos y PRI exigen cuentas a Guadalupe Taddei en el INE; Morena, PT y PVEM la defienden Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

a sesión extraordinaria que tuvo hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) permitió a Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del organismo, medir el estado de fuerzas en torno a los señalamientos en su contra por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos: sin sorpresa, los partidos Somos y el PRI fueron las voces más críticas; Morena, el PVEM y el PT la defendieron, mientras que Movimiento Ciudadano y, en menor medida, el PAN y Paz se quedaron en una postura intermedia. Solo dos de los diez consejeros –sin contar a Taddei– tomaron la defensa de la presidenta, y un tercero apeló a la calma. Los demás se mantuvieron en silencio, en una discusión que no estaba contemplada en el orden del día. La propia Taddei afirmó que existía, de su parte, una “apertura total para que planteen las dudas o las preocupaciones”, pero minimizó los señalamientos en su contra, pues aseveró que el INE “siempre ha enfrentado críticas al inicio del proceso (electoral). Y siempre hemos sabido salir airosos y hoy no va a ser la diferencia”. La presidenta incluso afirmó que en los últimos días “hemos escuchado declaraciones, señalamientos y suspicacias sobre el INE y sobre esta Presidencia”, y momentos más tarde se escudó detrás de la institución, pues refrendó que

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que sostuvo una tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que ambas se gritaron durante alrededor de diez minutos, y en ella la mandataria acusó a Ariadna Montiel de estar vinculada con el crimen organizado En una entrevista con Carlos Loret de Mola para el sitio Latinus, la mandataria panista confirmó que, en el encuentro, realizado el 19 de septiembre en una oficina a un lado del aeropuerto de Ciudad Juárez, se quedaron a solas. “Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos, sobre todo sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y del estado de seguridad en el país”. –¿Qué quiere decir muy tensa? ¿Gritos?, preguntó Loret de Mola. –Que ella estaba muy enojada y yo también estaba muy enojada. –¿Se levantaron la voz? –Si, nos levantamos la voz la dos porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas en la mas alta tribuna de

“cuando se busca descalificar a la presidencia del INE, no se ataca solamente a la Presidencia: se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano, y esa responsabilidad nos obliga a responder con serenidad, pero también con firmeza”. “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataque”, añadió. La consejera Frida Gómez dijo que “no podemos permitir que las presunciones se conviertan anticipadamente en juicios de responsabilidad o en instrumento de descrédito personal”, y subrayó que Taddei es “una mujer que ha encabezado esta institución en momentos particularmente complejos para nuestro país”. Jorge Montaño, uno de los más incondicionales de Taddei, denunció por su parte las “narrativas mediáticas que buscan de manera evidente mermar la credibilidad del árbitro antes siquiera de que se abran las urnas”, y recalcó que, en su mensaje a medios de ayer, Taddei mostró “impacto y seriedad” que “demuestran su absoluto compromiso con la legalidad frente a la sospecha”. La polémica se desató por una primera nota publicada por Reforma el pasado lunes 19, que reveló que el chofer de Taddei en el INE es apoderado de una empresa que recibió contratos millonarios para proveer material electoral al Instituto. La empresa tuvo como representante legal a Octavio García González, al que Taddei tuvo hasta abril pasado como director de Administración del INE. Notas de prensa posteriores refor-

zaron los señalamientos sobre la presunta colusión entre Taddei, integrantes de su equipo y contratistas del INE. Ayer, después de 48 horas de silencio y ante los exhortos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de otras figuras de la vida política nacional para que diera una explicación, Taddei leyó un mensaje a la prensa en el que se deslindó de todas las acusaciones, y echó la responsabilidad de cualquier irregularidad a las personas señaladas en las notas. La consejera presidenta dejó algunos de los puntos más sensibles sin respuesta, y se retiró sin responder a la prensa. En la sesión de hoy, Taddei no tenía manera de evitar el tema. Hubo que esperar cerca de una hora de sesión, que transcurría con una aparente normalidad, para que el representante de Somos, Marco Antonio Baños, pusiera el tema candente sobre la mesa, aun sin estar en el orden del día. El exconsejero electoral exigió una investigación exhaustiva y pidió la separación temporal de Taddei de su cargo “mientras se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”. Esta primera intervención de Baños abrió una

larga discusión sobre la crisis en torno a Taddei, que la presidenta trató de cerrar después de una primera ronda “de cortesía”, en sus palabras, pero enfrentó la insistencia del PRI y de Somos por seguir hablando del tema, lo que generó intercambios ríspidos con el diputado priista Emilio Suárez Licona. “De verdad diputado, con todo el respeto que usted me merece: ¿por qué no nos apegamos al punto?”, le cortó en algún momento al diputado priista Emilio Suárez Licona, quien se ofendió y le insistió: “Lo que quiere saber el pueblo de México es lo que hacía usted en un festejo, en un evento social, con Alfredo Hernández, que es proveedor de este INE”. Del lado del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona criticó a Taddei con cierta mesura al principio, mientras que el también diputado Carlos Gutiérrez Mancilla actuó como lo suele hacer: con frases grandilocuentes. “Señora presidenta: acredite o renuncie, no hay tercera vía”, dijo a la presidenta del organismo. El representante de Morena, Carlos Guillermo Díaz Robles, invitó a seguir el “cauce legal”, y recalcó que “es nuestra responsabilidad como partidos políticos respetar esta institución”, una postura que contrasta con las duras críticas que Morena solía lanzar al INE cuando la institución era presidida por Lorenzo Córdova Vianello, y por las iniciativas de reforma a través de las cuales el expresidente Andrés Manuel López Obrador buscaba eliminar al organismo autónomo.

Maru Campos desata escándalo: revela gritos con Sheinbaum y acusa a Ariadna Montiel este país en la mañanera, en ese podio, se me acusó de traicionar a la patria. Entonces, obviamente no terminamos bien esa reunión. Según la versión de la gobernadora panista de Chihuahua, la presidenta le reprochó principalmente tres cosas. Primero, por haber metido a México a los agentes de la CIA que murieron en un accidente en Chihuahua tras un operativo para destruir un narcolaboratorio, lo que, según Sheinbaum, provocó un conflicto con el gobierno de Estados Unidos. El segundo agravio de Sheinbaum, según Maru Campos, sería que le llamó “la presidenta de la muerte”. Sin embargo, la mandataria estatal dijo no recordar haberle llamado así, aunque de igual manera se disculpó. “Ya cuando cesaron las voces altas le dije, ‘bueno, les pido una disculpa, pero le pido que revisen los medios de comunicación. Yo he hablado mucho del gobierno de la muerte, del gobierno federal de la muerte, porque es el gobierno federal de la muerte. Es un terror lo que sucede, vaya la redundancia, con este terror y con estos grupos,

con este crimen organizado pues al interior de Chihuahua y de la mayoría de los estados del país.” La gobernadora agregó que el tercer reclamo de Sheinbaum fue la supuesta presencia de agentes norteamericanos en la Torre Centinela, edificada por el gobierno de Chihuahua como central de inteligencia para el estado. “Entonces le dije, ‘bueno, a ver, ya después de que se lograron bajar este tono tan alto de las voces. Saliendo de aquí voy a revisar si hay agentes norteamericanos al interior de la Torre Centinela, pero no lo creo, pero lo voy a hacer’”. Luego, a pregunta de Loret de Mola, argumentó que no sabía si había agentes estadunidenses en dicha edificación. Maru Campos acusa a Ariadna Montiel de estar vinculada al narco Por su parte, la gobernadora afirmó que ella le reprochó por la supuesta vinculación con el crimen organizado de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. “Ariadna Montiel está vinculada con el crimen organizado. Ella cambió

su residencia al estado de Chihuahua. Ella pasó varios años en Chihuahua. Sé que ha comprado propiedades, varias propiedades en Chihuahua capital y en un municipio en Guachochi, que es también parte de la Sierra Tarahumara. De paso, acusó al exalcalde de Ciudad Juárez y virtual candidato a gobernador de Chihuahua por Morena, Cruz Pérez Cuéllar. “Y pues obviamente en Ciudad Juárez, que hoy tenemos al exalcalde, que es un narcocandidato a gobernador y que obviamente Chihuahua no va a dejar que entre ningún narcocandidato ni ningún narcopartido al estado de Chihuahua.”

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Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con Sheinbaum, 18 periodistas asesinados y nivel de impunidad casi absoluta: RSF Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

on 169 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 18 de ellos en los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, y niveles de impunidad casi absolutos, “lo que pasa en México es una de las más grandes tragedias del siglo XXI para el periodismo”, sostuvo Tibauth Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras (RFS). Al presentar el informe “México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa”, Bruttin alertó que de los 22 compromisos que la presidenta hizo con RSF al inicio de su mandato “para proteger y valorar el periodismo”, sólo ha atendido 27% de ellos, sin que hayan tenido un efecto significativo. Acompañado de Bia Barbosa, directora de Incidencia de RSF en América Latina y de Balbina Flores, representante de la organización en México, Thibaut Bruttin informó sobre las reuniones sostenidas en la víspera con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, a quienes se les expuso la urgencia de que los compromisos firmados al inicio del sexenio “se conviertan en acciones concretas”. “Es hora de actuar, proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad y garantizar la libertad de prensa”, instó el director general de RSF al insistir que “el gobierno mexicano tiene que cambiar ahora, pronto, es un tema de urgencia”. Reconoció que a nivel mundial la prensa se desarrolla en “un contexto muy complicado, de voces hostiles contra la prensa, no solamente de gobiernos, pero

de muchos gobiernos en muchos países”, destacando que “el entorno digital se transformó en un espacio para, muchas veces, el discurso de odio en contra de la prensa”, a lo que se suma “una banalización de la violencia”. El director de RSF llamó a valorar al periodismo por “su función social o su rol social de garantizar el derecho a la información y brindar beneficios para el desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos”. En la reunión, los integrantes de la organización con sede en Francia, detallaron que en la reunión con la titular de Gobernación, “reconoció los retrasos en la implementación de los compromisos asumidos con RSF y reiteró la voluntad del gobierno de acelerar el cumplimiento”. Tras señalar que en el encuentro estuvieron presentes la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la directora del Mecanismo Federal de Protección par Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera, se instruyó a las funcionarias a “identificar los obstáculos para el esclarecimiento” de los casos de periodistas asesinados, para “avanzar en la lucha contra la impunidad” y a fortalecer “las capacidades de las entidades federativas para responder a las amenazas”.

En cuanto el encuentro con Godoy, los representantes de RSF contaron que se comprometió a “reforzar la capacitación de los integrantes del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, especialmente en las entidades federativas, e incluir este tema en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.que reúne a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas”. De acuerdo al último informe de RSF sobre México, al que ubican en el lugar 122 de 180 países analizados, de los 169 asesinatos ocurridos en los últimos 20 años, sólo el 1% de los crímenes se han esclarecido; 166 periodistas cubrían información local; del total de asesinados 34 fueron torturados; en cuanto a sus actividades, 59% cubría temas relacionados con el crimen organizado y 46% con política; los estados con mayores registros de crímenes son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. En los últimos 20 años, 43 periodistas fueron víctimas de desaparición, siete fueron víctimas de desaparición forzada, 13 fueron localizados sin vida, seis sin vida, y es 24 siguen sin ser localizados, resaltó Balbina Flores, tras alertar que ante la violencia, al menos 70 periodistas y sus familias se encuentran desplazados de sus lugares de origen. Ante la dimensión de la crisis, en el informe realizado por RSF se insistió al

gobierno mexicano la necesidad de materializar los compromisos que signó con ellos la presidenta Sheinbaum al inicio de su mandato. “El análisis de RSF revela que los avances registrados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbuam no han sido suficientes para transformar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, país que lleva 20 años registrando la serie m´s prolongada de asesinatos de periodistas en un país en paz”. De acuerdo al detalle de los avances, “de los 22 compromisos evaluados, sólo uno registro una evolución positiva, cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron avances sustanciales verificables, dos experimentaron retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información suficiente”. Entre los temas de alerta el documento destacó que a dos años ”no se documentaron mejoras sustanciales en el Mecanismo Federal de Protección”; en cuanto a la defensa del derecho a la información, “persisten las declaraciones públicas denigrantes dirigidas contra los medios de comunicación y los profesionales críticos”, aunado a que el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para pasar sus funciones al gobierno federal, “debilitaron las garantías de independencia en materia de acceso a la información pública”. En cuanto al combate contra la impunidad, en su informe la organización destacó que entre 2010 y 2026 la FEADLE abrió mil 909 investigaciones, de las cuales sólo en 53 casos se concluyeron sentencias, de las cuales en 11 se refieren a asesinatos de periodistas.

SCJN determina que no se aplique en amparos el nuevo código civil y familiar Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), emitido desde 2023, no puede ser aplicado en los juicios de amparo hasta que esté vigente, lo que ocurrirá hasta 2031 según la última votación de la Cámara de Diputados. El pasado 20 de octubre, el Pleno de la Corte destacó que desde el año 2025 se reformó la Ley de Amparo en la que en el artículo 2 se estableció que cuando no exista una norma expresa, se aplicará el nuevo CNPCF. Sin embargo, por mayoría de ocho votos, los ministros determinaron que esa reforma al artículo 2 de la Ley de Amparo no podrá ser aplicada hasta que el CNPCF esté vigente, por lo que mientras eso ocurre, deberá seguirse aplicando el anterior Código de Procedimientos Civiles federal.

El fallo fue emitido prácticamente al mismo tiempo en que los diputados acordaban el aplazamiento de la entrada en vigor del CNPCF hasta el 1 de julio de 2031. Con ello, los ministros resolvieron una contradicción de criterios entre tribunales que sostenían aplicar el CNPCF aunque no esté vigente en todo el país, mientras que otro tribunal optó por aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles, precisamente porque el nuevo Código no está vigente aún. Los ministros coincidieron en que permitir la aplicación inmediata del CNPCF sólo por la mención en la Ley de Amparo puede generar incertidumbre sobre la coexistencia de sistemas procesales -el del nuevo Código y el del anterior-, y afectaría el principio de legalidad procesal. De acuerdo con la Cámara de Diputados, los poderes judiciales requieren cerca de 10 mil millones de pesos anuales para implementar el CNPCF,

recursos que actualmente no están disponibles. El decreto de reforma original establecía como límite de implementación a nivel nacional el 1 de abril de 2027. Proceso informó que durante el debate para aprobar el aplazamiento de la entrada en vigor, el diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano, advirtió la falta de recursos para la implementación del CNPCF, mismos que no están contemplados a futuro. “Pasan los años, pasó así 23, 24, 25 y 26 y no hay recursos suficientes para que este Código de avanzada pueda implementarse. No se destina presupuesto en el pasado y no se considera en el Proyecto de Presupuesto 2027 los recursos necesarios para que de verdad se pueda implementar. “No hubo en estos años ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas, para la capacitación. Se calcula que se

requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año para que realmente el sistema de justicia conforme a este Código pueda funcionar”, dijo. Actualmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México está en crisis derivada, entre otras cosas, de la primera etapa de implementación del CNPCF, iniciada el 1 de diciembre de 2024, con la que fueron eliminados diversos juzgados de proceso escrito, fueron creadas las Unidades de Gestión que concentraron trámites como notificaciones, emplazamientos y exhortos, sin contar con el personal necesario ni la tecnología adecuada para su funcionamiento.

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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CIDH alerta por violencia contra niñas reclutadas; Tejiendo Redes cuestiona reforma Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México (Cimacnoticias)

a CIDH alertó en junio sobre los riesgos de violencia sexual que enfrentan las niñas reclutadas. Tejiendo Redes Infancia cuestiona las reformas sobre reclutamiento criminal y corrupción de menores. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado puede exponerles a explotación, violencia y otras graves violaciones a sus derechos humanos. En el caso de las niñas, los riesgos incluyen formas diferenciadas de violencia basada en género, una situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió desde junio de 2026 y que vuelve a cobrar relevancia ante las recientes reformas legislativas en México. El 12 de junio de 2026, hace más de cuatro meses, la CIDH llamó a los Estados de las Américas a fortalecer las medidas de protección frente al reclutamiento forzado por organizaciones criminales. En su pronunciamiento, señaló que las víctimas suelen ser captadas entre los 13 y 15 años, aunque advirtió que también ocurre a edades más tempranas. El organismo internacional identificó que las niñas enfrentan riesgos particulares de violencia basada en género y que las personas menores de edad reclutadas pueden ser incorporadas a actividades que van desde la vigilancia y el transporte de bienes ilícitos hasta la explotación sexual, el tráfico de drogas y otras formas de violencia. La CIDH también alertó que la magnitud del reclutamiento podría estar subestimada por el subregistro, el temor a represalias y las dificultades para denunciar en territorios bajo control criminal. Por ello, insistió en que niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como víctimas que requieren protección especializada, recuperación y restitución de derechos.

Niñas enfrentan riesgos diferenciados ante el reclutamiento La violencia que enfrentan las niñas puede adquirir características específicas debido a las desigualdades de género y a las condiciones de sometimiento impuestas por las organizaciones criminales. Entre los riesgos identificados por la CIDH se encuentra la violencia basada en género, mientras que la explotación sexual figura entre las actividades a las que pueden ser incorporadas las víctimas del reclutamiento. Esta dimensión requiere respuestas institucionales que con-

El 12 de junio de 2026, hace más de cuatro meses, la CIDH llamó a los Estados de las Américas a fortalecer las medidas de protección frente al reclutamiento forzado por organizaciones criminales. En su pronunciamiento, señaló que las víctimas suelen ser captadas entre los 13 y 15 años, aunque advirtió que también ocurre a edades más tempranas La organización también señaló la necesidad de atender el reclutamiento mediante redes sociales, videojuegos y otras plataformas digitales. Aunque el dictamen contempla los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito, consideró necesario establecer medidas específicas de detección, denuncia e investigación, así como obligaciones para prevenir la captación de personas menores de edad.

sideren las necesidades particulares de las niñas y eviten reducir su situación a la participación en actividades ilícitas. La atención debe contemplar las circunstancias de su captación, las violencias que pudieron experimentar y las condiciones necesarias para que puedan desvincularse de manera segura de las redes criminales. En su pronunciamiento, la Comisión también identificó mayores condiciones de vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes indígenas, afrodescendientes, migrantes y habitantes de territorios afectados por la criminalidad organizada. No obstante, México continúa sin contar con información pública suficiente para dimensionar la magnitud del reclutamiento infantil. La falta de registros desagregados impide establecer cuántas niñas son captadas, qué edades tienen, para qué actividades son utilizadas y qué formas de violencia enfrentan durante el reclutamiento. Las cifras sobre violencia letal permiten observar parte del contexto, aunque no deben confundirse con estadísticas de reclutamiento. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 fueron asesinadas 817 personas de entre 0 y 17 años en el país. De ese total, 178 fueron feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, mientras que 639 correspondieron a homicidios dolosos de hombres. Estos datos no identifican cuántas víctimas fueron previamente reclutadas por grupos criminales, pero muestran la violencia que afecta a la niñez y adolescencia mexicana y la necesidad de fortalecer los mecanismos para identificar y atender sus riesgos específicos.

Tejiendo Redes Infancia cuestiona reformas legislativas La advertencia de la CIDH se suma a la postura de Tejiendo Redes Infancia, organización que el 20 de octubre cuestionó la respuesta legislativa mexicana frente al reclutamiento criminal. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos, un dictamen para incorporar el reclutamiento criminal a la Ley General en materia de Trata de Personas. La propuesta fue enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo. Tejiendo Redes Infancia lamentó que la reforma no establezca, a su juicio, una política integral que contemple la prevención, la identificación de víctimas, su desvinculación segura de las organizaciones criminales y la restitución de sus derechos. La organización señaló que esta decisión repite un patrón legislativo observado el 4 de marzo de 2026, cuando 415 diputadas y diputados aprobaron una reforma al artículo 201 del Código Penal Federal para agravar las penas del delito de corrupción de menores. Aunque la nueva propuesta reconoce el reclutamiento criminal dentro de la legislación en materia de trata, la organización advirtió que siguen pendientes medidas para garantizar la protección especializada de las víctimas y su recuperación. Tejiendo Redes Infancia sostuvo que el reconocimiento legal del delito no sustituye una política de Estado capaz de prevenir la captación, investigar las estructuras criminales y ofrecer alternativas seguras a quienes consiguen salir de ellas.

CIDH pide protección integral y prevención La postura de la CIDH no se limita a reconocer los riesgos del reclutamiento. En su Resolución 1/26, Crimen organizado y derechos humanos en las Américas, adoptada el 28 de febrero de 2026, el organismo recomendó respuestas integrales que incorporen la prevención social de la violencia, el fortalecimiento de los sistemas de protección y la reparación de las víctimas. En su pronunciamiento del 12 de junio, la Comisión reiteró la necesidad de tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, reconocerles como víctimas de especial protección y garantizar medidas de recuperación, reintegración y restitución de derechos. En ese contexto, Tejiendo Redes Infancia llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado a impulsar una política nacional que incluya mecanismos de identificación de víctimas, atención psicosocial especializada, protección de sus familias, reintegración comunitaria y reparación integral, con presupuesto y mecanismos de evaluación pública. También pidió abrir un proceso de parlamento abierto con participación de organizaciones especializadas, colectivos de familias buscadoras, instituciones académicas y organismos internacionales, además de garantizar mecanismos seguros y significativos para escuchar a niñas, niños y adolescentes. Para la organización, el Senado tiene ahora la responsabilidad de revisar el alcance del dictamen y asegurar que la respuesta del Estado no se limite al aumento de penas, sino que contemple las condiciones sociales que facilitan la captación y las necesidades de quienes han sido reclutados.

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Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LA SOBERANÍA YA TIENE UN PRESO: LA TRAICIÓN A LA PATRIA NO CONDENABA A NADIE DESDE 1867 Santiago Igartúa Scherer

rump anuncia operaciones en tierra y México encarcela a un exfiscal por traición a la patria El jueves, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos dijo esto sobre las operaciones militares contra los cárteles: “Ni siquiera hemos empezado.” Dijo que “todavía no hemos actuado en tierra con toda la fuerza, pero eso está comenzando”. Dijo que conoce las rutas. Dijo que los cárteles tienen “un plazo determinado para, básicamente, rendirse”. Dijo que los cárteles gobiernan México y que el gobierno mexicano debería combatirlos, pero que “ahora mismo no son capaces”. De la presidenta dijo que se lo ha dicho, que no está contenta y que es una gran mujer. De las lanchas que su ejército bombardea en el Caribe y el Pacífico dijo que cada una mata a miles de personas y que no siente compasión por quienes van a bordo. Y bromeó: ya nadie sale a pescar. El lunes, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que Trump le ha dicho en llamadas que hay zonas de México gobernadas por los cárteles. Aclaró que nunca usó la palabra narcopolíticos. Es una precisión del tipo que no mejora nada. Entre esas dos fechas, el Estado mexicano ejecutó su único acto soberano de la semana. El sábado detuvo en Chihuahua a César Jáuregui, exfiscal general del estado, y lo acusó de traición a la patria. El domingo lo trasladaron al penal del Altiplano. El martes un juez le dictó prisión preventiva oficiosa. No por el huachicol. No por los cárteles. Por haber dejado entrar a los americanos. Los hechos son graves y porque son peores de lo que parecen. Entre el 17 y el 19 de abril de este año hubo un operativo en la sierra de El Pinal contra un laboratorio clandestino. El inventario resultó enorme: más de 55 mil litros de sustancias líquidas, unas 50 toneladas de sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina. De regreso, una camioneta cayó a un barranco y explotó. Murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación; Manuel Genaro Méndez Montes, su escolta y piloto; y dos ciudadanos estadunidenses presuntamente vinculados a la CIA, que antes de llegar a México habían servido en Afganistán y en otros países. Ahora el dato que debería estar en todas las primeras planas y está en ninguna. Según la propia Fisca-

lía de Chihuahua, esos agentes llevaban en el estado desde octubre de 2025: medio año antes del operativo. Sin autorización. Acudían a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin justificación registrada. Daban entrenamiento. Es decir: agentes extranjeros operaron dentro de una fiscalía mexicana durante seis meses y el gobierno federal se enteró hasta el día en que una camioneta se cayó a un barranco y explotó. La Fiscalía General de la República armó el expediente con más de cien actos de investigación. Ernestina Godoy calificó los hechos de “un ataque al pacto federal y a la división de poderes”: Jáuregui habría ocultado información a la Federación, habría permitido la intervención de extranjeros sin facultades y habría avisado a las fuerzas federales sólo después del operativo, sin carpeta previa y sin entregar cadena de custodia. Él lo niega todo. En su audiencia del domingo —según fragmentos difundidos por la prensa— sostuvo que no dio ninguna instrucción y que no existe una sola prueba que lo coloque ahí: “ni una orden, ni un WhatsApp”. Invocó los testimonios de más de 40 funcionarios, telefonía, geolocalización. Dijo que las reuniones que la Fiscalía exhibe en video eran las habituales de su cargo. Dijo que renunció para no interferir. Dijo que el caso es político. Y aquí es donde hay que mirar el mecanismo, porque el mecanismo es la noticia. Un juez de control estatal resolvió que Jáuregui podía enfrentar su proceso en libertad, con medidas cautelares, por los delitos locales que le imputan: ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Al terminar esa audiencia, en la puerta, agentes federales ejecutaron la orden por traición a la patria. Ese delito —artículo 123 del Código Penal

Federal, de cinco a cuarenta años— trae prisión preventiva oficiosa. No admite discusión, no admite juez que la pondere, no admite medida alternativa. De modo que la calificación jurídica no fue un hallazgo de la investigación. Fue la herramienta que garantizaba el resultado que una audiencia acababa de negar. Hay que medir lo que significa ese delito en este país, porque no es un artículo cualquiera del catálogo. La última vez que alguien fue condenado en México por traición a la patria fue en 1867: Miguel Miramón y Tomás Mejía, juzgados y fusilados en el Cerro de las Campanas por haber apoyado la intervención francesa. En 1945, tres diputados del caso Bracero fueron acusados, pasaron ocho meses en Lecumberri y salieron por amparo. Entre una fecha y otra y hasta hoy, el delito funcionó como insulto político de lujo: se acusó a Santa Anna, a Lorenzo de Zavala, a Victoriano Huerta por pactar con la embajada estadunidense; después a Felipe Calderón por denuncia de un activista, a Peña Nieto y a Videgaray por Odebrecht, a senadores del PAN por recibir a Santiago Abascal y hasta al Chapo Guzmán López por la entrega del Mayo Zambada. Ninguna llegó a proceso. La primera acusación por traición a la patria que llega a un juez en más de ochenta años es ésta. No es contra un presidente, ni contra un general, ni contra el operador de una red criminal. Es contra el exfiscal de un estado gobernado por un partido distinto al partido oficial. Y hay que ponerla al lado de los otros expedientes de la misma institución, porque la comparación es el argumento. Esta es la Fiscalía que en el caso Farías dijo no contar con “datos de prueba con la fuerza legal

necesaria” para investigar al hijo del expresidente. La que no abrió carpeta cuando se publicó que un contratista del gobierno tenía 72 millones de euros en un banco suizo. La que indagó a Rubén Rocha Moya por narcotráfico sin investigar sus cuentas. Esa misma Fiscalía reunió cien actos de investigación en seis meses cuando el acusado era un panista de Chihuahua. La capacidad nunca fue el problema de la FGR. Es la dirección. Dicho todo lo anterior, permitir que agentes extranjeros operen armados en territorio mexicano sin autorización es grave y es ilegal: para eso existen la Ley de Seguridad Nacional y la reforma de 2021 que endureció los controles sobre agentes extranjeros. Un operativo sin carpeta, sin cadena de custodia y sin aviso a la Federación es, además, un operativo que puede tumbar el caso penal del megalaboratorio que desmanteló. La Fiscalía de Chihuahua —que depende del mismo gobierno estatal al que pertenecía Jáuregui— también obtuvo órdenes contra él, así que esto no es sólo la Federación persiguiendo a un opositor. Y Jáuregui no está condenado: está imputado, lo niega, los agentes siguen siendo “presuntos” y Washington no ha confirmado oficialmente nada. Pero es precisamente por lo grave de los hechos que la elección del delito les hace daño. La traición a la patria exige un acto contra la Nación en favor de una potencia extranjera. Lo que hasta hoy está documentado se parece más a la insubordinación, al ocultamiento y a una operación catastróficamente mal hecha. Eso también tiene nombre en la ley y dos de esos nombres ya están en el expediente estatal. Cuando un Estado necesita el delito más solemne de su Código para asegurar una celda, lo que muestra no es la gravedad del acusado: es su propia urgencia. Queda, al final, la aritmética de la semana. El presidente de Estados Unidos anunció desde su oficina que va a operar en tierra, dijo que este país está gobernado por los cárteles y lo repitió por teléfono a la presidenta, que lo confirmó en público. Por eso nadie va a ser procesado, aquí ni allá. La soberanía mexicana, tal como se ejerce hoy, tiene jurisdicción sobre quien abrió la puerta, no sobre quien entró por ella. Ochenta y un años después, la traición a la patria volvió a tener un preso en México. La última condena fue en 1867, contra quienes dejaron entrar a los franceses. No es el que entró. Es el que abrió.

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icen los clásicos del realismo mágico —ese que en Chiapas no se lee, sino que se gobierna— que la política no se crea ni se destruye, solo se recicla en el tablero de las conveniencias. La reciente unción de Ricardo A. Aguilar Gordillo como flamante Titular del Instituto de Administración Pública (IAP) no es solo un nombramiento; es una cátedra magistral de cómo transformar el pasado en un trampolín y las cenizas de un escándalo en el perfume de la “Nueva ERA”. Vayamos por partes, que en el reparto de la piñata estatal siempre hay que ser ordenados. El IAP, ese organismo descentralizado cuyo noble propósito es profesionalizar a los servidores públicos, venía de sufrir un tropiezo de tintes novelescos. Su anterior conductora tuvo que desalojar la oficina de prisa, luego de que las malas lenguas del Departamento del Tesoro estadounidense y las benditas investigaciones periodísticas sugirieran que sus inversiones particulares en bares fronterizos tenían aromas incompatibles con la lícita burocracia, apuntando al mismísimo Cártel de Sinaloa. Ella, por supuesto, negó todo con la dignidad que da un patrimonio lícito, pero el hueco en el escritorio quedó libre. ¿Y a quién llamar para pacificar las aguas y garantizar la pulcritud administrativa? Pues a

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

FILIPICAS Paco Ramírez

El Retorno de los alquimistas: Chiapas y la escuela del cinismo institucional un viejo lobo del tablero magisterial. El regreso de Aguilar Gordillo es una delicia para los amantes del lenguaje de doble filo. Quien fuera Secretario de Educación —saliendo de ahí con un costal de señalamientos por presunta malversación de fondos y un generoso reparto de plazas familiares que sus detractores nunca le perdonaron— vuelve hoy convertido en un presunto juez donde su presencia destruye todo código de ética para los servidores públicos. ¡Qué maravillosa ironía! El hombre acusado en el pasado de torcer las reglas escolares es hoy el encargado de certificar la honestidad y eficacia de los empleados del gobierno. En Chiapas, el lobo no solo cuida las ovejas; les expide certificados de buena conducta. Pero no se equivoquen: este movimiento no se pensó en las aulas del IAP, sino en las oficinas de las Redes Sociales Progresistas (RSP). El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar,

un pragmático de colmillo retorcido, sabe perfectamente que la gobernabilidad en el estado no se construye con santos de altar, sino con operadores que junten votos y contengan protestas. Aguilar Gordillo le aporta una supuesta estructura magisterial disidente que ya empezó a colonizar posiciones estratégicas, extendiendo sus tentáculos hasta la Subsecretaría de Educación Federalizada de la mano de aliados como Alfredo Ramírez, mientras que figuras del primer círculo del gobernador, como Fernando Bermúdez, le guiñan el ojo a las asambleas de RSP.

La gran incógnita que quita el sueño en los pasillos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es si el nuevo cargo ablandará el discurso de Ricardo Aguilar. ¿Seguirá exigiendo la cabeza del senador y líder nacional Alfonso Cepeda Salas desde una oficina gubernamental? La lógica nos dice que un operador de su calibre no suelta su mejor bandera. El IAP no es un refugio para su jubilación; es una trinchera institucionalizada. Desde ahí, con presupuesto, viáticos y el halo protector del gobierno estatal, continuará alimentando el fuego de la disidencia sindical rumbo al crucial año electoral de 2027. Al final del día, el mensaje del Ejecutivo local es transparente para quien sepa leer entrelíneas: la honestidad es un discurso hermoso para las plazas públicas, pero las cuotas de poder y el control territorial son las verdaderas divisas que compran la paz social. Aguilar Gordillo regresa por complicidad blindado por el pragmatismo de un gobierno que prefiere tener a los alquimistas operando adentro del presupuesto, que conspirando afuera de él. Que empiece la profesionalización. Y para finalizar esta parte, se menciona como responsable de entregar al Comité Ejecutivo del SNTE a la CNTE, claro de por medio la Caja de Ahorros.

DÍA DEL MÉDICO: UN HOMENAJE EN MEDIO DE LA CRISIS DE SALUD

ada 23 de octubre México conmemora el Día del Médico, una fecha establecida en 1937 durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, que coincide con la creación, en 1833, del Establecimiento de Ciencias Médicas, hoy Facultad de Medicina de la UNAM. La fecha permite reconocer la labor de quienes dedican su vida a cuidar la salud de los demás. Sin embargo, también obliga a mirar las condiciones en las que miles de médicas y médicos realizan su trabajo. El mejor homenaje no está en las felicitaciones ni en los discursos oficiales, sino en garantizar salarios dignos, medicamentos suficientes, equipo médico, insumos y hospitales en condiciones adecuadas para atender a la población. Hoy México atraviesa una situación preocupante en materia de salud. El desabasto de medicamentos, las deficiencias en los procesos de compra, los problemas con proveedores, la falta de mantenimiento hospitalario y los señalamientos de posibles irregularidades afectan a millones de personas que dependen de los servicios públicos. No se trata únicamente de fallas administrativas, no se trata de los algoritmos, sus consecuencias se reflejan en la atención que reciben los pacientes y en las condiciones en las que trabaja el personal sanitario.

Julieta del Río A estas dificultades se suman las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, como camas en malas condiciones, falta de insumos, instalaciones deterioradas y espacios que no siempre cumplen con las condiciones de limpieza y dignidad que merecen los pacientes. La infraestructura hospitalaria no es un asunto secundario; es parte de las condiciones indispensables para garantizar una atención segura, digna y de calidad. También preocupa que las instalaciones parezcan recibir atención especial ante las visitas de funcionarios, incluida la presidenta de la República, mientras los problemas cotidianos persisten. La salud pública no puede depender de una visita presidencial ni de una escenografía preparada para mostrar una realidad distinta. Los hospitales deben funcionar adecuadamente todos los días, no sólo cuando hay cámaras, recorridos oficiales o compromisos públicos. En medio de estas dificultades están las y los médicos, quienes, con preparación, conocimiento y vocación, enfrentan jornadas extenuantes y una enorme responsabilidad profesional. A esa exigencia se suma, en ocasiones, la impotencia de no contar con los medicamentos, los equipos o los recursos necesarios para atender a sus pacientes como lo requieren. No se puede exigir excelencia médica si no existen las condiciones para ejercerla. Tampoco es justo que el personal de salud cargue con las consecuencias

de una mala planeación, compras deficientes y de decisiones administrativas que terminan perjudicando a quienes necesitan atención. La vocación salva vidas, pero no puede sustituir aquello que las instituciones tienen la obligación de proporcionar. Por eso, conmemorar el Día del Médico debe significar mucho más que publicar mensajes de reconocimiento. Exige revisar las condiciones laborales del personal sanitario, garantizar el abasto de medicamentos, transparentar las compras públicas, investigar posibles irregularidades, dar mantenimiento a los hospitales y evaluar los resultados de las políticas de salud. La administración pública debe demostrar su capacidad para resolver problemas, ejercer responsablemente los recursos y rendir cuentas sobre sus resultados. Detrás de cada receta que no se surte, de cada procedimiento que se pospone y de cada paciente obligado a buscar atención por sus propios medios, hay una persona y una familia que enfrentan incertidumbre, gastos adicionales y sufrimiento. Ésa es la dimensión hu-

mana de las deficiencias del sistema de salud y la razón por la que no pueden minimizarse ni normalizarse. La salud no puede convertirse en una promesa permanente ni en un instrumento de propaganda política. Es un derecho que requiere presupuesto suficiente, planeación, responsabilidad administrativa, transparencia y resultados verificables. No basta con anunciar inversiones o inaugurar instalaciones; es indispensable comprobar que los servicios funcionan y que los recursos se traducen en una atención efectiva para la población. Este 23 de octubre, mi reconocimiento a todas las médicas y médicos de México que, aun en condiciones adversas, mantienen su compromiso con la vida y el bienestar de sus pacientes. El mejor tributo que podemos rendirles es garantizar condiciones dignas para ejercer su profesión y asegurar que cada persona reciba atención oportuna, medicamentos suficientes y servicios de calidad. Porque reconocer a quienes cuidan nuestra salud es indispensable, pero respaldarlos con hechos es una responsabilidad del Estado. La salud es un derecho, no un privilegio. Garantizarla debe ser una prioridad todos los días, no solamente cuando llega el momento de rendir homenaje a quienes dedican su vida a protegerla. Mientras se juegue con la verdad y no se reconozca el problema difícilmente saldremos de esta crisis.

Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EL SALDO ROJO... Francisco Ruiz Zuart.

De la administración de Fabiola Ricci Diestel. Lo que nadie quiere publicar. De Octubre del 2024 a Octubre del 2026.

n San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, los dos años de mal gobierno de Morena, con Fabiola Ricci Diestel al frente, han sido violentos, frecuentes, obscuros y en más de una ocasión, con omisión, tolerancia y complicidad frente al Crimen Organizado. Los cárteles han estado presentes y la autoridad comportándose con total indolencia. BALANCE del 01 de octubre de 2024 al 22 de octubre de 2026. Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. I. Enfrentamientos armados, policías caídos El periodo inicia la noche del 2 de octubre de 2024, a las 23:30 horas, en el Periférico Sur Poniente, a la altura de la planta Coca-Cola, colonia Insurgentes. Un taxi foráneo de Chiapa de Corzo sin placas transportaba siete armas largas. Al marcarle el alto a cuatro policías, sus ocupantes abrieron fuego. Murió el policía Amadeo Sántiz Gómez, un delincuente fue abatido y cuatro fueron detenidos. El 12 de enero de 2025, a las 20:22 horas, en la Calzada Salomón González Blanco, colonia Primero de Enero, sicarios en motocicleta ejecutaron con ocho disparos a dos jóvenes que también circulaban en moto. El 6 de julio de 2025, a la una de la mañana en el Parque Central, un grupo armado que alteraba el orden atacó a la policía. Murió el policía Alfredo Gómez Méndez. Hubo nueve detenidos señalados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, con cinco armas y tres vehículos asegurados. Minutos después de los hechos la presidenta Fabiola Ricci Diestel, para encubrir al grupo criminal afirmó oficialmente que el policía había caído de su propia altura y que resultó gravemente herido. ¿Lo recuerdan? El 16 de enero de 2026, en la mañana y sobre la Avenida Insurgentes, a siete cuadras del parque central, fue atacado un comandante cuando salía de guardia. Quedó herido de gravedad. El hecho reciente de 2026 ocurrió la tarde del 12 de septiembre en la colonia Prudencio Moscoso, zona norte. Sujetos en motocicleta dispararon contra dos hombres que estaban sentados en la banqueta. Uno fue trasladado grave al Hospital de las Culturas y otro resultó con un rozón de bala. No

hubo detenidos. II. Violencia en mercados Como antecedente, el 24 de octubre de 2023 hubo una balacera de 40 minutos en el Mercado del Norte por disputa de espacios y cobro de piso de 100 a 200 mil pesos. Ya en esta administración, el 9 de noviembre de 2024, en el Mercado de la Zona Norte, una patrulla municipal embistió una moto donde viajaban dos albañiles de Zinacantán de 17 y 19 años. Murió Jesús Fernando de 17 años. El video se hizo viral y los patrulleros fueron detenidos. Originalmente y para proteger a sus policías, Fabiola Ricci declaró formalmente que en una persecución de delincuentes habían sucedido los hechos. El 17 de noviembre de 2024, en el Mercado Popular del Norte, una camioneta con encapuchados disparó contra locatarios. Hubo cuatro heridos. III. Levantones Entre el 21 y 23 de abril de 2024 se registró el secuestro de un niño de 11 años en la colonia Primero de Enero. Fue rescatado por la Fiscalía Antisecuestro con cuatro detenidos. El 28 de noviembre de 2024, sobre la carretera Tuxtla-Cintalapa, fueron levantadas cuatro personas originarias de San Cristóbal, entre ellas Héctor Eduardo Cantoral, alias El Kalimba, señalado como presunto asesino del Padre Marcelo. IV. Feminicidios y violencia de género En diciembre de 2024, una mujer y su hija de 6 años fueron asesinadas en San Cristóbal. Fueron

los feminicidios 39 y 40 del año en Chiapas. El 19 de abril de 2025 desaparecieron en San Cristóbal Deisi Guadalupe de 18 años y Rosa Valeria de 14. Fueron halladas sin vida en Cruz de Obispo, Chamula, con impactos de arma de fuego y traumatismo craneoencefálico. Hubo un detenido en Tabasco y una marcha el 25 de abril en la Plaza de la Catedral. El hecho nuevo de 2026 es del 7 de junio. La víctima fue Makala Pendley, ciudadana estadounidense originaria de Indianápolis, vista por última vez en el Barrio de Fátima y cuyo cuerpo fue hallado en Zinacantán. Es un feminicidio agravado. Su pareja, Joseph N, con antecedentes en Alaska por asalto, robo, armas y violación, fue señalado como responsable por traumatismo craneoencefálico con objeto corto contundente. En el cateo se rescató a siete menores de edad que vivían con la pareja. Está vinculado a proceso con prisión preventiva en el CERSS 5. La Fiscalía solicita 100 años de prisión. San Cristóbal se mantiene como el segundo municipio más violento de Chiapas para las mujeres. Tiene Alerta de Violencia de Género desde 2016. Solo en el primer trimestre de 2025 se abrieron 452 carpetas por delitos contra mujeres y el 88 por ciento de las desapariciones infantiles son niñas. V. Bloqueos carreteros El punto más conflictivo es el kilómetro 46 de la autopista de cuota San Cristóbal-Chiapa de Corzo, con bloqueos el 16 de diciembre de 2024, 23 de mayo, 30 de mayo, 4 de junio, 17 de octubre y 26 de septiembre

de 2025, encabezados por la CNTE Sección 7 que exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. En la carretera federal 190, tramo San Cristóbal-Ocosingo y San Cristóbal-Tuxtla, hubo bloqueos intermitentes desde el 1 de diciembre de 2025. VI. Gobernabilidad. En todo el periodo de la administración Ricci no se ha registrado toma directa de la Presidencia Municipal, solo amenazas tras el asesinato del Padre Marcelo Pérez el 20 de octubre de 2024. El 15 de septiembre de 2025 generó crítica la contratación de Panter Bélico para el Grito de Independencia, por apología del delito. Al corte del 22 de octubre de 2026, a dos años del crimen del Sacerdote Marcelo Pérez, más de cinco mil personas peregrinaron el 19 de octubre desde tres puntos de la ciudad hasta la Catedral. Hubo misa presidida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez. El Centro Minerva Bello informó que hay un sentenciado a 20 años, Edgar Rolando Mares Banda, y que el proceso penal 73/2024 contra Héctor N, alias El Chesman, presunto líder de Los Motonetos, sigue en etapa intermedia con audiencia reprogramada para el 17 de noviembre de 2026 en Cintalapa. Los autores intelectuales siguen sin ser identificados. ESTO ES SOLO algo de lo más relevante ocurrido en cuestiones de VIOLENCIA, en los dos años de mal gobierno de Fabiola Ricci Diestel, del partido Morena, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Fabiola Ricci Diestel, hasta ahora, no ha entendido que el éxito del combate a la violencia se fundamenta en desarrollar todas las capacidades preventivas posibles para evitar que los actos violentos ocurran. El gobierno de Morena con Fabiola Ricci Diestel ha frenado el desarrollo y destruido las esperanzas de lograr un municipio con familias atendidas, satisfechas y viviendo en paz. Ha mentido permanentemente, ha desviado el sentido del gobierno y traicionado los intereses comunes de un pueblo que en 2028 cumplirá 500 años de fundado. !Ah! Por todos los hechos aquí descritos en detalle y sucedidos durante los dos años de mal gobierno de Fabiola Ricci Diestel del Morena: no cabe que ella presuma con frecuencia, una inexistente pacificación del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

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Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• El IMSS está en quiebra • Por corrupta, Guadalupe Taddei debe renunciar al INE

l Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó el miércoles anterior cerrar de golpe una de las medidas más importantes que tenían los trabajadores para asegurar una vejez digna. La modificación de las reglas de la Modalidad 40 y la eliminación definitiva de la figura del pago retroactivo por salario. La medida borra la posibilidad de que miles de futuros pensionados realicen sus aportaciones voluntarias para incrementar su salario promedio de cotización de forma retroactiva, condenándolos a un retiro marcado por la austeridad forzada. Lo cierto es que el Consejo del Seguro Social tomó esa decisión como si estuviera echando mano de una legislación paralela. El Poder Legislativo tendría que intervenir para dar sustento al nuevo acuerdo con el que calculará la pensión para la generación de trabajadores que han cotizado en su vida laboral en la “Ley 73”. Como primera medida para enfrentar el problema creado por el mismo gobierno, es que los derechohabientes se amparen, pues si hoy le digo al IMSS “yo me quiero pensionar con la modalidad 40”, me sacan una resolución en donde me digan que por el acuerdo no me la pueden conceder. Pues, entonces yo me amparo sobre esa resolución para acogerme al Derecho porque esta es una suspensión de un acuerdo del Consejo y está por debajo del resto de la normatividad. El gobierno federal publicó este miércoles una serie de cambios en la conocida como Modalidad 40 del IMSS que regula el tope máximo del monto de pensiones. La Modalidad 40 desde su anuncio ha despertado un sinfín de comentarios, un sinfín de señalamientos, particularmente el impacto que va a sufrir una gran cantidad de mexicanos que ya no podrán mejorar sus pensiones. Se verán obligados a someterse a lo que ahora está imponiendo el gobierno, que tuno tuvo mejor idea para tratar de enderezar el problema económico que enfrenta el Seguro Social fastidiando al pueblo y entrarle a las pensiones. Este es un golpe que el gobierno le asesta a millones de mexicanos que durante años dieron su esfuerzo, que lucharon por este país que ya trabajaron, que ya aportaron, que ya hicieron una gran cantidad

de actividades laborales mediante las cuales aportaron con sus impuestos, con su esfuerzo con su y ahorro y más. Sin embargo, vemos que esta bola de incompetentes del gobierno en turno, lo único que hacen es buscar salidas que confirman lo que ya todo sabemos, con una agravante que Claudia Sheinbaum es la responsable de todos los males que sufre este país y por ende los mexicanos. Cerrar de golpe una de las medidas más importantes que tenían los trabajadores para asegurar una vejez digna, el gobierno está violando la ley, porque una modificación de esta naturaleza debió ser sometida a la legislatura que la tienen de su lado. No entiendo por qué no lo hicieron con un decreto del propio instituto, no se puede hacer una modificación tan sustancial, comode la que estamos hablando de la Modalidad 40. Desde hace mucho tiempo hemos venido comentando que el problema de las pensiones en México es una “bomba de tiempo”, es un problema mayúsculo porque tenemos tal cantidad de sistemas de pensiones que no están en este momento haciendo lo que corresponde a la situación que está predominando en el país. La modalidad 40 es una forma de pensión, una forma mediante la cual muchos mexicanos han encontrado la fórmula para poder hacer un ahorro que les permita tener una mejor vida a futuro inmediato. Hasta este momento no hay un indicio de que la ley va ser retroactiva. Esto se acabó todos los que llegaron por la vía de la modalidad 40 ya no van a recibir esa pensión. Van a revisarse cuáles fueron los últimos salarios y se acabó, hasta este momento se dice que aquellas

personas que ya están inscritas podrán seguir pero para los nuevos, hay nuevas reglas del juego, nuevas reglas del juego impuestas desde el gobierno. Es un asunto crucial muy muy importante, porque es un asunto que va afectar a millones de mexicanos afecta a todos a los involucrados en el tema de pensiones, pero también a los actuales trabajadores por el futuro inmediato que les espera y por la aportación que tendrán que hacer para el Seguro Social. Es decir que, por esta determinación se va a afectar a millones de mexicanos. No hay que perder de vista que el Seguro Social que cuenta con 23 millones de mexicanos y no hay quien se queje por las enormes carencias de todo tipo, pero la verdad hay que insistir, que el IMSS está en quiebra, así de fácil.

Nunca en una administración del INE y del IFE se había dado tanta corrupción

La exigencia de renuncia contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, surge tras una investigación periodística de Latinus que reveló presuntos vínculos y conflictos de interés con un proveedor de materiales electorales (la empresa Cajas Graf ) y señalamientos de la oposición sobre contrataciones y movimientos de personal. Partidos políticos como el PRI y figuras opositoras pidieron formalmente que Taddei deje el cargo o compruebe su inocencia respecto a los señalamientos de nexos con proveedores y excolaboradores. Guadalupe Taddei debe renunciar como consejera del INE, para que la ciudadanía no pierda más la

confianza en la institución, dijeron expertos en la materia. El Instituto Electoral, nunca había enfrentado un escándalo de tal magnitud como el que enfrenta Taddei, quien está relacionada con un proveedor de materiales electorales, que a su vez es investigado por diversos delitos financieros. Se ha dicho, que quien no sabe cuidar el dinero, no sabe cuidar los votos, eso está absolutamente comprobado. Esta es la primera vez que en una administración del INE y del IFE antes, se da una situación tan evidente de corrupción. Las acusaciones que hay sobre la presidenta del INE, hablan de que hay opacidad, malos manejos en recursos públicos, que hablan incluso posible tráfico de influencias y de corrupción. La falta de transparencia no genera confianza hacia el INE y Taddei es responsable de todas las decisiones administrativas. Por lo menos, por tendría que pedir licencia, mientras hacen las investigaciones, que ya están en marcha las investigaciones.

Del Montón

Lysette Raquel Lameiro Camacho renunció a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que la señala como accionaria de un bar en Tijuana, B.C., sancionada por Estados Unidos por posibles vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa. Un caso penoso y muy vergonzoso para quien le abrió las puertas en este gobierno, al elegirla sin conocer sus antecedentes. Bueno dicen que al mejor cazador se le va la liebre, pero no es justificación. No todos los colaboradores en este gobierno son honestos, muchos son mañosos, pero los que han sido pilladores ya fueron corridos. Eso es lo que pasa cuando alguien desde afuera te impone a funcionarios, pues no se sabe que clase de fichitas resultarán. En diciembre próximo Eduardo Ramírez dará su segundo informe de gobierno, apenas dos años de gestión y ya esta saliendo la podredumbre de Morena. Chiapas no es la excepción, en todo el país abundan. No es justificación, pero dejar que desde el centro del país te impongan gente, no es bueno y eso ahora lo estamos comprobando. ¿Quién sigue? * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

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Viernes 23 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3482 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3482