CMAN
DOXA
EDITORIAL
Que se combata la corrupción y la impunidad
PAG. 2
La disputa por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez se contaminó con guerra sucia.
El compromiso del gobierno de luchar contra la impunidad y la corrupción, que se convirtió en lema de gobierno, puede tomar rumbo distinto a partir de que funcionarios del Instituto de Comunicación
Y eso que esta disputa es solo interna en el partido Morena para definir candidato. Se están utilizando las redes sociales para ataques anónimos, que muestran el pobre nivel de cultura política de algunos contendientes.
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3481
PRONUNCIAMIENTO
EVENTO
A dos años del asesinato del padre Marcelo Pérez, Iglesia denuncia agravamiento de la violencia en Chiapas La Diócesis y Pueblo Creyente alertaron sobre desapariciones, secuestros, reclutamiento forzado de menores, control territorial del crimen organizado y homicidios vinculados a disputas de poder rumbo a las elecciones de 2027
Eduardo Ramírez asiste a reuniones sobre vivienda y salud encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum
PAG. 4
ACCIONES
Con la ley inmobiliaria planteada por profesionales buscan frenar fraudes
PAG. 3 PAG. 5
5
PAG. 3
Presunto funcionario del gobierno intimida con cárcel y desalojo a familias pobres en Tuxtla
¿Y PORQUÉ AQUÍ NO HAY MARCHAS PARA PROTEGERLA Y EXIGIR JUSTICIA? Raymundo Díaz S.
PAG. 15
LOS RÍOS DE MÉXICO, LOS MÁS CONTAMINADOS DEL MUNDO
REFORMA
El oficialismo aprueba en lo general la “Ley anti memes” sin proteger la libertad de expresión
HOY ESCRIBEN
Carlos Álvarez Flores
PAG. 14
MÉXICO: LA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS PODEROSOS Y ABANDONA A LAS VÍCTIMAS Fundación para la Justicia,
PAG. 13
ARMA DE INTIMIDACIÓN MASIVA Karolina Gilas PAG. 9
PAG. 12
2
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Que se combata la corrupción y la impunidad
E
l compromiso del gobierno de luchar contra la impunidad y la corrupción, que se convirtió en lema de gobierno, puede tomar rumbo distinto a partir de que funcionarios del Instituto de Comunicación en la administración de Rutilio Escandón hicieron la devolución de 8 millones de pesos, de un recurso tomado ilícitamente del Poder Judicial de Chiapas. La cantidad es risible frente a la corrupción que se vivió en ICOSO, encabezada por Julio Rincón, quien se convirtió en millonario y hoy posee varias propiedades en su municipio natal y presuntamente es dueño de un hotel e inmobiliarias en el Estado de Yucatán. Julio Rincón, ante la abulia de Rutilio Escandón, se convirtió en el gobernador en funciones, se auto propuso como delegado nacional en Morena y en el congreso del partido en que se nombró la dirigencia del mismo, él fue el que propuso a Carlos Molina como presidente estatal de Morena, quien era su subordinado desde los tiempos en que trabajaron con Rutilio en el Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, y con ello pasó a controlar ese partido en Chiapas. Julio Rincón fue uno de
los operadores para que Eduardo Ramírez Aguilar obtuviera cero votos de delegados, que tuvo el propósito de demostrar que el actual gobernador no era apreciado en Morena y por lo mismo no podía ser el candidato a la gubernatura de ese partido. La cantidad de devolución que la Auditoría Superior del Estado le hizo devolver a ICOSO, marca un camino para que otros funcionarios de la pasada administración sean procesados y realicen devoluciones de recursos. El más cercano a esta situación es el diputado Local Uriel Estrada, quien fuera responsable de la Auditoría superior del Estado, y quien coordinara el área de corrupción institucionalizada en la pasada administración, en el que se estableció tarifas de pago para las presidencias municipales, recursos que representan la extorsión a que fueron sometidos presidencias municipales por funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón. Es imposible olvidar cuando se organizó una reunión en un rancho en la frailesca, donde fueron citados presidentes y expresidentes, y ahí, Ismael Brito y Uriel Estrada, establecieron los pagos que debían realizarse para evitar la persecución y el encarcela-
miento que podía desatarse a través del órgano de fiscalización de la entidad. Sobre esta forma institucionalizada de extorsión-corrupción que se creó en la pasada administración, existen una veintena de presidentes municipales que ya señalaron que fueron extorsionados por Uriel Estrada y estas declaraciones forman parte de una carpeta de investigación que en cualquier momento debe judicializarse. En el gobierno de Rutilio Escandón la corrupción fue generalizada, y en la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Uriel Estrada, sólo se sancionó a una mujer indígena, presidenta municipal de Chalchihuitán, porque se negó a pagar la cuota que le establecieron y la destituyeron y le iniciaron procedimiento judicial; todos los demás municipios, a pesar de las evidencias de corrupción, fueron exonerados a través de las maniobras realizadas desde la definición del programa de auditorías, para que las autoridades municipales no fueran sancionadas, pero el caso de corrupción institucionalizada debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sobre todo, porque hay declaraciones contra presidentes municipales que no pueden archivarse.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24
Diario ContraPoder en Chiapas
www.diariocontrapoderenchiapas.com. Correo electrónico: contrapoderenchiapas@gmail.com Certificado de licitud de Contenido y de Reserva de Derechos al uso Exclusivo, y Derecho de Autor en Trámite
@D_ContraPoder
961 218 4571
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
3
A dos años del asesinato del padre Marcelo Pérez, Iglesia denuncia agravamiento de la violencia en Chiapas Gabriela Coutiño San Cristóbal de Las Casas, Chis., (apro)
A
dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y la organización Pueblo Creyente denunciaron que la violencia y el despojo territorial en Chiapas no sólo persisten, sino que se han agravado en diversas regiones con desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. En un pronunciamiento público, la estructura diocesana y la feligresía de siete regiones del estado advirtieron sobre el incremento del control territorial de grupos delictivos, los feminicidios y la incorporación forzada de menores a labores de halconeo y venta de drogas al menudeo, así como el aumento en el consumo de sustancias entre la población infantil y juvenil. La denuncia se realizó durante una movilización en San Cristóbal de las Casas, donde miles de católicos tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales marcharon para rendir homenaje al sacerdote, a quien recordaron como un “mártir de la paz y la justicia”. Los representantes de las comunidades urbanas e indígenas señalaron un aumento de “levantones” y homicidios vinculados a pugnas entre grupos de poder con miras al proceso electoral de 2027. También denunciaron que, en distintos municipios, el crimen organizado coopta activamente a jóvenes para la venta de drogas al menudeo y labores de vigilancia, mientras se incrementa el consumo de estupefacientes entre niñas, niños y adolescentes.
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Con prepotencia y abuso de poder, un sujeto que se presentó como delegado de gobierno de nombre Nicolas, llegó a intimidar a un grupo de familias en el sur oriente de Tuxtla Gutiérrez y hasta les ofreció cárcel si no atendían sus recomendaciones. Cabe destacar que infringiendo la ley al allanar domicilios privados, el sujeto se introdujo a la propiedad , pese a que cada una de las familias tienen su certeza jurídica ante notario público. Las escrituras fueron entregadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como parte de un beneficio a los que menos tienen.
La Diócesis y Pueblo Creyente alertaron sobre desapariciones, secuestros, reclutamiento forzado de menores, control territorial del crimen organizado y homicidios vinculados a disputas de poder rumbo a las elecciones de 2027
Los manifestantes reportaron además un aumento en la venta de alcohol y drogas, cobro de piso en vías de comunicación, fallas estructurales en el sistema de salud pública y la constante expulsión de habitantes hacia el norte del país y Estados Unidos.
Denuncian despojo territorial y cuestionan obras de infraestructura La Diócesis y Pueblo Creyente también manifestaron su rechazo a la imposición de obras de infraestructura, como la autopista San Cristóbal–Palenque y el libramiento Teopisca–San Cristóbal, por considerarlas “detonantes de despojo territorial contra los pueblos originarios”.
Asimismo, criticaron la aplicación de la llamada “Ley Indígena”, que calificaron de simulada, al señalar que en diversas zonas fue suspendida o limitada a grupos reducidos para ocultar el control del territorio.
Exigen investigar a los autores intelectuales del asesinato En el segundo aniversario del homicidio del sacerdote, Pueblo Creyente reiteró su exigencia a la Fiscalía General de la República (FGR) para profundizar las investigaciones y dar con los autores intelectuales del crimen. También exigió esclarecer los asesinatos cometidos contra defensores y catequistas en Nueva
Morelia, municipio de Chicomuselo; Acteal, y el del activista Simón Pedro Pérez López. La organización demandó al Estado mexicano garantías de reparación integral del daño y no repetición, ante la persistencia de intimidaciones, persecución y criminalización contra sacerdotes, laicos, autoridades comunitarias y personas defensoras de derechos humanos. Durante la homilía, una joven tsotsil dio lectura al pronunciamiento de la Diócesis y Pueblo Creyente, en el que recordó las palabras de una mujer indígena sobre la labor pastoral de Marcelo Pérez: “El padre Marcelo fue un pastor que protegió a su pueblo, apoyó y buscó la paz y la justicia, y acompañó a las personas a fortalecer su fe. Visitaba a los enfermos y enseñó muchas cosas, sin importarle los riesgos que enfrentaba”.
La trayectoria del padre Marcelo Pérez Marcelo Pérez Pérez inició sus estudios en 1990 en el seminario diocesano de Tuxtla Gutiérrez y fue ordenado sacerdote en 2002 por el entonces obispo Felipe Arizmendi Esquivel, como parte de una iniciativa para que la Diócesis contara con servidores en lenguas originarias. Recibió la ordenación sacerdotal en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y tuvo su primera encomienda en la parroquia de San Pedro Chenalhó, habitada por indígenas tsotsiles.
Presunto funcionario del gobierno intimida con cárcel y desalojo a familias pobres en Tuxtla Los vecinos creen que el delegado de gobierno en contubernio con terceras personas, quieren adueñarse de la propiedad que fue legítimamente donada a varias familias de escasos recursos. Piden la intervención del secretario de gobierno Jorge Enrique Hernández Bielma, del Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y del gobernador Eduardo Ramírez. También enviarán una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum por los abusos de estos funcionarios menores. cortesía 3 minutos Informa
4
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Imponen Medalla al Mérito Cívico “José Artemio López Aguilar” al presbítero Joel Padrón González De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
E
n sesión solemne, la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, impuso la Medalla al Mérito Cívico “José Artemio López Aguilar” al presbítero Joel Padrón González, en reconocimiento a su labor pastoral, mediación social y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las regiones de Los Altos y el norte de Chiapas. Con la presencia del secretario de Gobierno y Mediación del estado de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma -en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar- se entregó por primera vez esta presea que rinde homenaje al “Profe Temo”, José Artemio López Aguilar, un docente y activista de Chicomuselo, Chiapas, asesinado en 2023 tras coordinar marchas por la paz en las regiones de la Sierra y Frontera del estado. Su propósito es reconocer a las y los ciudadanos comprometidos con el humanismo y la promoción de los derechos humanos en Chiapas. En el encuentro parlamentario, estuvieron presentes los familiares del maestro Artemio López; su madre Isabel Aguilar García y su padre, el profesor Artemio López Roblero; su esposa, maestra Osiris de la Luz Cabrera Aguilar y sus hijos, Brandon Ulises López Ríos; José María López Cabrera y Abril López Cabrera; así como autoridades militares y académicas; e integrantes del gabinete legal y ampliado. Correspondió al diputado Abundio Peregrino García realizar la semblanza curricular, destacando que el “Profe Temo”, fue un maestro de telesecundaria, líder magisterial y activista social
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En Palacio Nacional, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en reuniones encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al programa Vivienda para el Bienestar y revisar los avances en la modernización del sistema de salud. Al término del primer encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores, presidentas y presidentes municipales, el mandatario reconoció la visión de la presidenta de México al impulsar el programa Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo es brindar a las familias con menores ingresos la oportunidad de adquirir una vivienda digna con todos los servicios básicos. En esta reunión se destacó la importancia de implementar acciones que agilicen los trámites y procesos,
Su propósito es reconocer a las y los ciudadanos comprometidos con el humanismo y la promoción de los derechos humanos en Chiapas
originario de Chicomuselo. Dedicó su trayectoria profesional a la educación comunitaria y al activismo pacífico en la defensa de los derechos humanos en las regiones de la Sierra y la Frontera chiapaneca. “Entregó su vida por sus convicciones. El profesor Artemio nos dejó una enseñanza: La justicia social no se espera, se construye; la paz no se proclama, se defiende; los derechos humanos no se invocan se protegen todos los días. Él nos enseñó que sólo la justicia social puede llegar por conciencia”, manifestó. La diputada Selene Josefina Sánchez Cruz dio la semblanza del sacerdote Joel Padrón González, quien nació el 6 de mayo de 1939 en el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato. Fue ordenado oficialmente como sacerdote el 20 de junio de 1965. A partir de 1970, el padre Joel Padrón se incorporó formalmente a colaborar con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, bajo la guía espiritual y pastoral del obispo Samuel Ruíz.
Su recorrido en Chiapas lo llevó a Comitán de Domínguez, a San Andrés Larráinzar, Simojovel y a San Juan del Bosque, en comunidades rurales e indígenas de la región Altos y Norte del estado de Chiapas, donde recorrió caminos que nadie caminaba. Ahí se encontró con abuelos, padres, familias completas, lenguas, culturas y tradiciones, pueblos que se defendían y que estaban defendiendo ya en ese momento su identidad y su territorio y que buscaban mejores oportunidades para vivir con dignidad. Su trabajo pastoral se ha distinguido por acompañar demandas de justicia, de impulsar la organización comunitaria y participar en esfuerzos de defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio; también procuró el diálogo y la resolución pacífica de conflictos agrarios. En el emotivo reconocimiento, al hacer uso de la máxima tribuna del estado, el sacerdote Joel Padrón González agradeció a las y los diputados, “por permitirme compartir con uste-
des esta máxima tribuna y poder así también unir mi palabra a su palabra. Gracias sobre todo porque son demasiado generosos conmigo y decidieron que fuera yo el primero -sin mérito alguno de mi parte- en llevar conmigo la medalla al mérito cívico José Artemio López Aguilar”. Este reconocimiento -dijo- me permitirá seguir mirando ahora con la luz del profesor José Artemio López Aguilar a los pueblos que sin conocerme aceptaron un día que yo los acompañara y los sirviera por tantos años. El mismo pueblo de Chicomuselo al que pude mirar y tocar en su momento. Ante el público presente rememoró que por la lucha por los derechos, pasó 50 días en la cárcel de máxima seguridad del penal estatal de Cerro Hueco. Esto -señaló el párroco- más que un atropello injusto a mi persona lo fue en contra de los derechos de estos pueblos. En su discurso mencionó a San Andrés Larráinzar donde se tomaron los llamados acuerdos de San Andrés. Acuerdos que el gobierno de aquel tiempo firmó ante la dignidad y el derecho de los pueblos originarios de Chiapas, aunque después se atrevió a ignorarlos y dejó pendiente su respuesta desde entonces. Y finalizó diciendo: “Nuestra patria que comienza en Chiapas, es el México de justicia para todos. En México ya no hay lugar para privilegios de ninguna especie para nadie. Es también el México democrático que exigimos desde aquella misma madrugada. En México manda solo el pueblo, nadie más, o como decimos en Chiapas: Mandar obedeciendo”.
Eduardo Ramírez asiste a reuniones sobre vivienda y salud encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de garantizar que las viviendas se asignen de manera transparente y oportuna a las personas que más lo necesitan. Ramírez Aguilar señaló que, gracias al trabajo coordinado con la Federación, en Chiapas se entregarán más de 70 mil viviendas, lo que permitirá que más chiapanecas y chiapanecos hagan realidad el sueño de contar con un hogar propio. Por otra parte, tras la reunión de trabajo con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, el mandatario agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum su compromiso y respaldo para continuar fortaleciendo los servicios de salud en Chiapas. Asimismo, reiteró que la salud y el bienestar del
pueblo chiapaneco son una prioridad. “En Chiapas estamos comprometidos con esta gran transformación, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas y todos.
De la mano de nuestra presidenta, seguiremos trabajando para garantizar una atención médica digna, gratuita y de calidad, especialmente para quienes más lo necesitan”, expresó.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
5
Acuerdan trabajar urgentemente el Presupuesto Estatal de Autismo 2027 De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis.
C
on el compromiso de gestionar acciones en favor de la comunidad neurodivergente, la señora Sofía Espinoza y el secretario de Salud Luis Ignacio Avendaño reinstalaron el Comité para la Implementación de la Ley Estatal de Autismo, donde se acordó como prioridad gestionar el Presupuesto 2027 para Autismo En su mensaje, la esposa del gobernador dijo que existe todo el compromiso del Gobierno del Estado para apoyar las acciones en favor del Autismo, por lo que el proyecto para garantizar recursos 2027, cuenta con todo el respaldo. Se acordó trabajar de manera urgente la petición interinstitucional coordinada por la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Finanzas etiquete recursos ordinarios de las dependencias, del Presupuesto 2027 para Autismo. Este trabajo apoyado por la señora Sofia Espinoza, quedó en manos de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud y la Coordinación de Salud Mental, pues el proyecto lo deberá presentar la Presidencia del Comité, en la persona del secretario de Salud, antes de concluir octubre, para poder ser incluido en la propuesta anual. Se plantea que, del recurso regular que les será asignado a las dependencias una fracción, la que ellas y Finanzas determinen, sea etiquetada para Autismo, garantizando así las
Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
La Ley Inmobiliaria presentada meses atrás al Congreso del Estado avanza rápidamente gracias al apoyo de la Secretaría de Economía y del Trabajo y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, informó Armando Ledesma Borja, autor de la iniciativa y del libro Sobre la Ley Inmobiliaria. “Independientemente a las propuestas de ley que estamos introduciendo, que vienen a darle una garantía patrimonial a los chiapanecos evitando fraudes inmobiliarios, el día de hoy es presentar los avances de lo que ya estamos haciendo en materia de contratos de homologación y de garantías”, señaló. El también presidente del Consejo Nacional Inmobiliario explicó que las dos propuestas de ley incluyen la capacitación y certificación de los profesionales inmobiliarios, así como el tema de los seguros y fianzas para proteger el patrimonio de los chiapanecos. Ledesma Borja detalló que los contratos que presentan ya incluyen la parte de seguros y fianzas. Advirtió
En su mensaje, la esposa del gobernador dijo que existe todo el compromiso del Gobierno del Estado para apoyar las acciones en favor del Autismo, por lo que el proyecto para garantizar recursos 2027, cuenta con todo el respaldo
acciones para niños, adolescentes y adultos en 2027 y lo sucesivo. De esta manera, todas la secretarías y órganos de Gobierno tendrán dinero para ejercer programas y acciones en favor de la comunidad durante, priorizando rubros como Salud, Educación, Empleo, Seguridad, entre otros. Por su parte, el secretario de Salud Luis Ignacio Avendaño dijo que la atención al Autismo, como a los diversos sectores en situación de vul-
nerabilidad, son una prioridad del Gobierno del Estado y una instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Así mismo se realizó un llamado para que la siguiente sesión acudan agrupaciones de todo el estado, así como sociedad civil, especialistas activistas y sobre todo familias dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), para generar un solo frente en favor de las personas neurodivergentes. Finalmente las diversas asocia-
ciones participantes, Autis Chiapas, Asociación de Padres de Personas con Autismo, TEA Chiapas, entre otras agradecieron a la señora Sofía Espinoza, al secretario Luis Ignacio Avendaño y dijeron confiar que aprueben el proyecto de petición para tener el presupuesto para Autismo 2027 garantizado, y evitar que como hasta ahora ocurre, la mayoría de las dependencias argumenten no tener fuentes de financiamiento para Autismo.
Con la ley inmobiliaria planteada por profesionales buscan frenar fraudes que el problema surge cuando un chiapaneco confía en un intermediario y, en lugar de acudir a las oficinas del notario, trata con gestores notariales, quienes “alteran el ciclo del trabajo” y no tienen la capacidad ni la responsabilidad de un notario. “En estos contratos que traemos se prohíbe expresamente tratar con gestores notariales. Hay que tratar directamente con el notario, que es el que está legalmente facultado por el gobierno”, subrayó. Respecto a la responsabilidad de los notarios, aclaró que el organismo no tiene facultades para incluir obligaciones a los fedatarios, pero sí obliga a sus asociados a tratar directamente con ellos. “Si no tienen penalidades y pierden el derecho a cobrar comisiones”, advirtió. El entrevistado informó que el Consejo Nacional Inmobiliario cuenta actualmente con 123 asociados y se ha consolidado como la asociación más
grande en Chiapas en menos de un año de constituida. Su enfoque es la legalidad y la capacitación, con docentes que son notarios, jueces y magistrados del más alto nivel en el estado. Sobre la cultura de protección patrimonial entre los chiapanecos, consideró necesario difundir más la cultura
de la legalidad. “Vamos a mostrar los contratos, vamos a proyectarlos para que vean cómo lo estamos haciendo y buscando que estos sean los modelos de contratos que incluya la ley, que sea obligatorio proteger la seguridad de los chiapanecos”, expresó.
6
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Derrame de residuos tóxicos en mina de Peñoles contamina más de 13 km de arroyo en Zacatecas Alonso Chávez Landeros ZACATECAS, Zac., (apro)
U
n derrame de jales, residuos tóxicos mineros, se registró en la mina Sabinas, operada por Industrias Peñoles en la comunidad de San Martín, municipio de Sombrerete, y contaminó 13.58 kilómetros del cauce de un arroyo intermitente hasta llegar al río Súchil, causando afectaciones a la vegetación y la fauna silvestre de la zona. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 20 de octubre clausuró de manera temporal y parcial el área de depósito de jales de la unidad Sabinas, mina subterránea de plomo, cobre y zinc. Además, ordenó a la empresa minera “ejecutar acciones urgentes para contener el material, limpiar la zona afectada y determinar el alcance de la contaminación”. La clausura se aplicó luego de que, tras el aviso de un comité de vigilancia ambiental, personal de la Profepa realizó el 8 de octubre una visita de inspección a la zona y constató la presencia de jales en distintos puntos, desde las instalaciones de la mina hasta la co-
Daniela Reséndiz Quiroz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Un año después de denunciar actos de represión y hostigamiento por parte del gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) acusó que las agresiones contra sus integrantes se han recrudecido en Michoacán, ahora con la participación de la Policía Morelia, bajo la administración del alcalde panista Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista con Proceso, Jesús Camargo, integrante del FNLS en Michoacán, denunció que desde el 30 de septiembre las autoridades estatales y municipales mantienen operativos policiales para impedir que la organización instale su tradicional plantón en la plaza Melchor Ocampo, en el Centro Histórico de Morelia. De acuerdo con el activista, las restricciones han derivado en cercos policiales, bloqueos de manifestaciones y agresiones contra los participantes, pese a que la organización obtuvo dos suspensiones judiciales mediante los juicios de amparo 1423/2026 y 1354/2026. Camargo sostuvo que las resoluciones ordenaban a las autoridades respetar el ejercicio de derechos fundamentales, pero que tanto el gobierno municipal como el estatal han desatendido los mandatos judiciales. “De estos dos amparos obtuvimos suspensiones plenas de oficio, con efecto inmediato, en donde se ordena a las autoridades, al gobierno municipal y al gobierno del estado, que se permita realizar nuestras marchas; sin embargo,
munidad de Estación de Canutillo, en el municipio zacatecano de Chalchihuites, en los límites con Durango. Según la dependencia, el material se desplazó hasta esa zona “debido a las lluvias registradas”. Los inspectores identificaron “afectaciones a la vegetación y la fauna de la zona”, así como la llegada de los residuos al río Súchil, que nace en el municipio de Sombrerete y escurre al noreste rumbo al municipio duranguense de Súchil. Por ello, la Profepa determinó que
“será necesario realizar estudios para determinar el alcance de la contaminación y sus posibles efectos sobre el entorno natural”. Con ese propósito, dio aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que determine las acciones que correspondan ante la posible afectación al río.
Ordenan limpieza y medidas para evitar nuevos derrames Además de imponer la clausura
temporal y parcial del depósito de jales de la mina Sabinas, la Profepa ordenó a Industrias Peñoles aplicar medidas urgentes para atender la contingencia, prevenir nuevos derrames y remediar el sitio afectado. Entre las medidas se encuentran recubrir la presa de jales para prevenir nuevos derrames; garantizar la contención y el control del material; limpiar las piletas para evitar la acumulación de jales; realizar trabajos de caracterización ambiental para determinar el alcance de la contaminación, y ejecutar la limpieza de los 13.58 kilómetros de cauce afectados. La dependencia señaló que “la caracterización ambiental permitirá identificar las condiciones del sitio y contar con información técnica para definir las acciones necesarias de atención y recuperación ambiental, así como de reparación de daños”. Finalmente, la Profepa informó que “dará seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y a las acciones que realice la empresa para atender el derrame, limpiar el cauce y evaluar las afectaciones ambientales”.
FNLS denuncia que se recrudeció la represión en Michoacán; acusa a gobiernos de Morena y PAN hasta el momento ambas autoridades han desacatado las resoluciones judiciales”, afirmó. El integrante del FNLS explicó que la organización realiza desde 2003 jornadas político-culturales en la plaza Melchor Ocampo, con exposiciones de artesanías, mesas de debate, actividades artísticas y manifestaciones relacionadas con el Día de Resistencia Indígena y Popular, que conmemoran cada 12 de octubre. Sin embargo, aseguró que este año el gobierno municipal impidió la instalación del plantón con el argumento de que se trata de actividades de comercio informal. Según Camargo, desde la noche del 30 de septiembre se desplegaron vehículos blindados, unidades policiales y equipos antimotines en el Centro Histórico para impedir la ocupación de la plaza. El activista afirmó que las restricciones se extendieron a las marchas realizadas los días 1, 4, 12 y 17 de octubre, así como a movilizaciones de estudiantes y profesores. Para la marcha del 12 de octubre, señaló, las autoridades desplegaron alrededor de 300 elementos de seguridad estatales y municipales, además de utilizar vehículos para bloquear distintas calles. “Ante esta situación, hemos estado enfrente de los cuerpos policiacos, incluso hasta por más de 10 horas, exi-
giendo que se permita el paso de la marcha y el ejercicio del derecho a la libre manifestación y protesta”, relató.
Denuncian balas de goma y sustancias irritantes Camargo denunció que durante la movilización del 17 de octubre, elementos de seguridad utilizaron balas de goma, gas lacrimógeno y una sustancia que los manifestantes no lograron identificar. “En esta ocasión nos dispararon balas de goma, la policía municipal; nos lanzaron gas lacrimógeno y un líquido que hasta el momento desconocemos”, señaló. De acuerdo con su testimonio, algunos participantes que tuvieron contacto con la sustancia presentaron irritación en ojos y garganta, síntomas que, aseguró, persistían días después de la manifestación. El integrante del frente también recordó un operativo realizado el 22 de julio en la colonia comunal Los Pilares, donde, según su denuncia, una mujer identificada como Minerva perdió un ojo y sufrió tres fracturas de cráneo tras el uso de proyectiles de impacto cinético por parte de elementos de seguridad. Camargo acusó además al alcalde Martínez Alcázar de amenazar con promover investigaciones penales contra integrantes de la organización y de sostener una campaña de desprestigio en la que se les señala de cobrar hasta 25 mil
pesos a los artesanos que participan en sus jornadas. El activista rechazó esas acusaciones y sostuvo que las actividades del FNLS son voluntarias y tienen propósitos políticos, sociales y culturales.
Un año de denuncias Las nuevas acusaciones ocurren casi un año después de que el propio Camargo denunciara ante Proceso agresiones de la Guardia Civil de Michoacán durante las movilizaciones del 11 y 12 de octubre de 2025. En una nota publicada el 31 de octubre de ese año, Proceso documentó su testimonio sobre un operativo en Panindícuaro, donde aseguró que una granada de gas lacrimógeno le provocó lesiones en una muñeca, además de heridas en la cabeza y el rostro que requirieron suturas. En aquella ocasión, el FNLS denunció también que 17 personas habían resultado golpeadas durante una movilización en Morelia y acusó al gobierno de Ramírez Bedolla de emprender una campaña de criminalización contra sus integrantes.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
7
Sheinbaum admite que no revisó huachicol fiscal del sexenio de AMLO Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
L
a presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gabinete no revisó los casos de huachicol fiscal registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e indicó que estos se podrían presentar si existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y esta solicita la información al Ejecutivo federal. “Nosotros lo que decidimos hacer es este cruce de datos a partir de nuestra administración. Se podía hacer hacia 2024 con información que esté disponible. Lo que nosotros decidimos es: qué pasó en 2025, cuando entramos, todo lo que hemos hecho y evitar que siga ocurriendo hacia adelante. Se puede hacer un desarrollo para 2024, 2023”, dijo. A la presidenta también se le insistió si su gobierno haría un informe sobre lo sucedido en años anteriores para conocer exactamente cuánto daño se generó al erario y desde cuándo inició este delito, lo que implicaría a su antecesor. “Pues podría hacerse. Lo que nos interesa a nosotros es erradicarlo. Y si hay alguna investigación por parte de
la fiscalía que implique una investigación previa, el gobierno de México va a colaborar”, dijo. La mandataria agregó: “Desde nuestra perspectiva es muy importante lo que encontramos nosotros en el 2025, cómo estamos cerrando la puerta de todo eso y cómo en el 2026 hemos avanzado muchísimo”. La jefa del Ejecutivo federal añadió que, “si hay una denuncia o algo por parte en la Fiscalía, pues que se proceda a la investigación”. Se le pidió el informe para saber cuándo se abrió la puerta a este delito desde la autoridad. La presidenta respondió: “Sí, pero lo importante es cerrarle la puerta. Y si hay una denuncia en la fiscalía y requiere información del go-
Ordenan al INE verificar que observadores no sean operadores de programas sociales estatales Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue, también, de verificar que los aspirantes a ser observadores electorales el próximo año no sean operadores de programas sociales de los gobiernos estatales o municipales. El caso derivó de una decisión polémica, tomada por el grupo de consejeros encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la cual planteaba que el INE dejaría de verificar por su cuenta que los observadores electorales aparezcan en las nóminas de operadores de programas sociales, y reemplazaría esta labor por una declaración bajo protesta de decir verdad. Tras una primera impugnación, el TEPJF desechó el acuerdo del grupo de Taddei, y ordenó que el INE garantice que los operadores de programas sociales no estén presentes en los centros de votación el día de la elección. El INE acató la instrucción del tribunal, pero limitó el alcance de sus lineamientos a los servidores de la nación, es decir, a los operadores
de los programas sociales federales. Durante su sesión de hoy, los magistrados de la Sala Superior dieron parcialmente la razón a Movimiento Ciudadano (MC) y al PRI, que volvieron a impugnar el acuerdo del INE, alegando que los nuevos lineamientos del INE no garantizaban el impedimento de la participación de operadores de programas sociales estatales o municipales como observadores electorales. La Sala Superior estimó que, en efecto, el INE “se limitó a modificar la relación de bases de datos con las que se debe cruzar la información derivada de las solicitudes para observación electoral, incluyendo la base de datos de servidores de la nación, sin tomar en cuenta que pueden existir diversas fuentes de información que también deben ser consideradas”. Por ello, ordenaron que el INE “amplíe la base de datos para verificación” para cruzar la información de los aspirantes a observadores electorales, y establezca “plazos ciertos de verificación”. El fallo implicará una nueva labor importante para el INE, que necesitará recabar las listas de todos los operadores de programas sociales en los 32 estados y en los 2 mil 463 municipios del país.
bierno de México, con gusto”. Argumentó que el trabajo presentado solo sobre la revisión de 2025 fue de todas las instituciones y las personas que las conforman el Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Aduanas, entre otras. “Son millones y millones y millones de datos que por fin ya están cruzados. Entonces, en el momento que se ve una irregularidad, en ese momento se procede”, apuntó. De acuerdo con Sheinbaum, en 2025 se dejó de percibir 61 mil millones de pesos como Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), pero en 2026 se recuperó la falta de ingreso en 48 mil millones de pesos.
A pesar de que transcurrió más de un año para la presentación de este informe —luego de que la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, revelara un daño al erario por 600 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones correspondían a querellas en curso—, este miércoles el gobierno no contaba con la cifra sobre cuánto dinero se ha recuperado. “Primero empezamos por el año de nuestra administración para poder ser muy transparentes y también mostrar que las detenciones que ha habido tienen que ver con un esquema de defraudación que por lo menos sabemos que ocurrió en el 2025”, dijo la presidenta. El gobierno federal informó que, en cuanto a la información de la FGR, van 2 mil 539 personas detenidas, 5 mil 572 transportes asegurados entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques, así como 173.7 millones de litros incautados. Respecto al buque de Altamira, la mandataria dio a conocer que hasta el momento hay 15 detenidos: 11 marinos y cuatro civiles. Además, hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de las cuales tres corresponden a peticiones de extradición formales que ya hizo México al gobierno de Estados Unidos.
“Raquítico; una burla”: Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial del 8% anunciado por Zoé Robledo Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“Raquítico”, “una burla”, así consideraron trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el aumento salarial del 6.8% al 8% global que anunció esta mañana el director general del organismo, Zoé Robledo; por ello, ratificaron la marcha programada para este miércoles a las 15 horas en la Ciudad de México. Minutos después de que el funcionario informó del nuevo acuerdo del IMSS con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) de aumento salarial de 6.8% a 8% global, del cual 4% es directo al salario tabular y 4% para apoyo a renta, una parte de los trabajadores rechazó la propuesta. En un video difundido en redes sociales desde el plantón que se mantiene en la sede nacional sindical, en la colonia Condesa, Rafael Soto, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y uno de los voceros de los trabajadores, dijo: Nos parece una burla. Nos parece igual de raquítico que el primer ofrecimiento. Nos parece que no es nada que tenga que ver con lo que estamos
pidiendo en nuestro pliego petitorio donde, por supuesto, un congreso extraordinario es la primera fase de esta negociación y ni siquiera han volteado a vernos”. Agregó que “la lucha se mantiene, que los edificios que tenemos tomados se mantienen tomados y que nos preparamos para continuar con las movilizaciones”. Entonces, ratificó que la tarde de este miércoles realizarán una marcha que partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15 horas. Se prevé que el contingente camine sobre las avenidas Cuauhtémoc, Chapultepec e Insurgentes, aunque no se ha informado cuál será el destino final.
8
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
IMSS le pone freno a la Modalidad 40; restringe las cotizaciones para alcanzar una pensión más alta y revisa si es viable mantenerla a futuro Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
E
n medio de las presiones financieras que enfrenta el país y de los señalamientos de especialistas sobre la necesidad de reformar el sistema pensionario del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió modificar, de manera temporal, las condiciones de la llamada Modalidad 40, uno de los mecanismos más utilizados por los trabajadores para mejorar el monto de su pensión antes de retirarse de la vida laboral. De acuerdo con el acuerdo publicado este 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Consejo Técnico del Instituto aprobó una serie de medidas temporales sobre la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, nombre oficial de la Modalidad 40. Uno de los cambios más importantes es que las personas que concluyan el periodo contratado de su aseguramiento, así como aquellas que deseen conservar sus derechos pensionarios podrán incorporarse a esta modalidad tomando como referencia el último salario base de cotización que tenían registrado cuando dejaron de trabajar formalmente. A ese salario podrán agregar como máximo una Unidad de Medida y Actualización (UMA), siempre que el monto utilizado para cotizar no sea inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país. Esto significa que las personas que soliciten un nuevo aseguramiento ya no tendrán la misma libertad para
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), Juan Pablo Albán Alencastro, llamó a “no tergiversar” la mención que hizo del anuncio del gobierno de México de la localización de 16 mil personas desaparecidas, durante su participación en la sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. En su cuenta de X el experto internacional reaccionó tras la mención que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina de que el CED habría reconocido a México por la localización de desaparecidos, como lo mencionó el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina. “Para que no se tergiversen mis palabras (de) ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16 mil personas desaparecidas en el último año es algo
elegir un salario de cotización considerablemente mayor al que tenían registrado ante el Instituto. Durante años, esta modalidad se convirtió en una alternativa para las personas que dejaron de trabajar formalmente, pero que deseaban continuar cotizando ante el Seguro Social con la intención de obtener una pensión elevada que le garantizara la mejor condición de vida posible. Por ejemplo, una persona que dejó de trabajar y desea continuar realizando aportaciones voluntarias tendrá que tomar como referencia el salario con el que estaba registrada antes de causar baja, con el margen adicional establecido por el IMSS.
Los nuevos aseguramientos comenzarán desde la solicitud El IMSS también determinó que los nuevos aseguramientos a la Modalidad 40 comenzarán exclusivamente a partir de la fecha en que la persona presente su solicitud. “Los nuevos aseguramientos a la
Continuación Voluntaria se realizarán exclusivamente a partir de la fecha de la solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la opción que puede ejercer toda persona de efectuar la contratación de su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social, como persona trabajadora independiente”, sostiene el documento. Quienes pretendan incorporarse a esta modalidad tendrán que considerar no solamente el salario con el que desean continuar cotizando, sino también la fecha en que realicen el trámite.
Los trámites serán digitales Los cambios también alcanzan la manera en que las personas podrán realizar su inscripción. En medio de señalamientos sobre el cierre de ventanillas para realizar trámites de la Modalidad 40, el IMSS determinó que las nuevas inscripciones deberán efectuarse únicamente mediante mecanismos digitales. De acuerdo con el documento, las
direcciones de Incorporación y Recaudación, así como de Innovación y Desarrollo Tecnológico, deberán realizar los ajustes necesarios en los procesos y sistemas institucionales para cumplir con esta disposición. El propósito señalado por el Instituto es garantizar la trazabilidad y consistencia de los registros afiliatorios. El IMSS revisará cuánto pesa la Modalidad 40 en sus finanzas Instituciones como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) han insistido sobre las presiones financieras que representa el sistema de pensiones y la necesidad de impulsar reformas, el IMSS decidió investigar los efectos que tiene este mecanismo sobre sus finanzas. De acuerdo con el documento, la Dirección de Finanzas del Instituto, por medio de la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, tendrá que realizar un análisis sobre la Continuación Voluntaria y sus efectos en la situación financiera del Seguro Social. Para ello contará con información de las direcciones de Incorporación y Recaudación, Prestaciones Médicas, Prestaciones Económicas y Sociales, Jurídica, así como Innovación y Desarrollo Tecnológico. El estudio deberá estar concluido a más tardar en un plazo de 6 meses contados a partir de la emisión del 21 de octubre. “Se instruye a la Dirección Jurídica para que, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la recepción de los resultados del análisis señalado en el punto anterior, coordine la elaboración de una propuesta de modificación”, sostiene
Tras declaración de Sheinbaum, presidente del Comité contra la Desaparición llama a “no tergiversar” que hay que felicitar”, señaló el experto. Agregó que “lo primero es saber quiénes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias o al menos sus familias han sido debidamente informadas; segundo, si se ha localizado a 16 mil quedan 120 mil por localizar y hay que continuar los esfuerzos en ese sentido”. Para el presidente del CED “si es verdad” lo anunciado por el gobierno mexicano ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, “claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del artículo 34 por parte del CED que no exonera a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas de analizar la situación y de ser el caso, tomar acciones frente a la remisión a su conocimiento” realizado en abril pasado. Durante la sesión de la víspera, en
nombre de México, Arturo Medina rechazó “la interpretación del Comité contra la desaparición forzada” sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que sirvió de apoyo para que el CED solicitara a la Asamblea General de la ONU asistencia internacional al considerar que la dimensión de las desapariciones en el país alcanzaba niveles de “crímenes de lesa humanidad”. Tras referirse a la colaboración con oficinas de la ONU y con algunos países miembros, así como de medidas tomadas para la búsqueda de personas, Medina informó que se habían localizado a 16 mil personas, la mayoría de ellas con vida. En su segunda intervención en la sesión, el presidente del CED hizo
mención a los avances reportados por Arturo Medina. “Ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las 136 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales del propio Estado mexicano. Felicitamos estos avances”, aplaudió Juan Pablo Albán.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
9
El oficialismo aprueba en lo general la “Ley anti memes” sin proteger la libertad de expresión Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
L
os diputados oficialistas aprobaron en lo general la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección Industrial bautizada en redes sociales como “Ley anti memes” o “Ley anti sátira”, que crea mecanismos legales contra la piratería y la falsificación para proteger a los creadores e inventores. La discusión en lo general duró dos horas y media, tras lo que el oficialismo aprobó la reforma con 312 votos a favor y 119 en contra. La norma fija en su artículo 403 Bis que se impondrán de 1 a 5 años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno. Esto, detalla, cuando un medio de comunicación busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de un documento, plataforma, servicio, sistema comunicación, informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio. Este artículo es el que asociaciones en defensa de la comunicación y opo-
Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Después de un silencio de más de 48 horas, y un exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ofrecer una explicación al país por la polémica en torno al otorgamiento de contratos a una empresa de la que su chofer aparecía como representante legal, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se deslindó de cualquier falta, y echó todas las responsabilidades sobre posibles irregularidades a sus excolaboradores. En un mensaje a medios, al que acudió con evidente nerviosismo, Taddei presentó las declaraciones patrimoniales de sus excolaboradores y recalcó que ellos indicaron “no” en los cuadros sobre participaciones en empresas o conflictos de interés. “Son manifestaciones personales, que cada servidor público presenta bajo protesta de decir verdad, y de las cuales asume la responsabilidad legal correspondiente”, dijo. Taddei acudió hoy ante la prensa, y leyó su mensaje --sin espacio para las preguntas-- con un grupo de funcionarios del INE detrás de ella, como manera de mostrar el respaldo de la institución. Sin embargo, solo acudieron cuatro de los once consejeros, todos de su grupo: Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz, Frida Gómez y Blanca Cruz, a los que Taddei agradeció por “atender
sitores han señalado como alarmante, ya que piden que se estipule de manera explícita que no se tocará la libertad de expresión en medios de comunicación. La oposición destaca riesgos contra la libertad de expresión Sin embargo, pese a las tres mociones suspensivas que presentaron Movimiento Ciudadano (MC), el PAN y el PRI, con similares argumentos en defensa de la comunicación, la reforma fue aprobada en lo general. Por ejemplo, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, pidió regresar la reforma a comisiones y realizar un parlamento abierto tras considerar que, así como está, puede poner en riesgo la libertad de expresión y abrir la puerta a sanciones penales contra quienes utilicen memes, caricaturas o sátira para criticar al gobierno. “A mí me hubiera gustado que tuviéramos aquí un parlamento abierto, que la mayoría fuera sensible a que la
opinión pública tiene ideas como la siguiente: esta es sacada de las iniciativas que caricaturistas, moneros, editorialistas, les hubiera gustado que trajeran 403 Bis: ‘No se cometerá este delito’, me refiero al que ustedes están creando, ‘cuando el uso, reproducción, imitación o incorporación se realice con fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión’. “Yo creo que esta ley saldría por unanimidad si ustedes agregan cuatro renglones, cuatro renglones. Si uno escucha lo que ha dicho el Ejecutivo federal, ellos dicen que en esto no se va a aplicar, sí, nada más que eso no dice la ley. Agreguen esto”, explicó. Se espera que entre las 177 reservas y entre los 88 oradores de la discusión en lo particular, algún diputado oficialista presente la propuesta para que estipule de manera explícita que no se tocará la libertad de expresión en medios de
comunicación. La reforma también crea nuevos delitos, como la distribución de películas, canciones y otras obras antes de su lanzamiento oficial, y busca la armonización de la legislación mexicana con los compromisos internacionales como el T-MEC y los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El narco régimen de Morena busca complicidad y silencio: PAN El diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, afirmó que “el narco régimen de Morena no busca justicia, busca complicidad y silencio”, y resaltó que en el artículo 403 Bis de la Ley de Propiedad Industrial nos vienen a vender la mentira, o más bien quieren simular la venta de esta gran mentira para proteger la identidad gráfica. “Por favor. Cuidan más un logotipo oficial en un meme que la vida de los miles de mexicanos masacrados día a día en las calles. Le tienen más pánico a un meme, a un meme que desnude su corrupción, que a los cárteles que dominan medio país. “Armaron una trampa leguleya, tramposa y ambigua redactada con las patas porque no tiene otro nombre, y con el estómago, con un odio, con ese odio que los caracteriza. Inventan el pretexto de la escala comercial, pero confunden mañosamente el mercado con el libre flujo de ideas y de información.
Taddei se deslinda de escándalo de contratos y chofer en el INE; responsabiliza a excolaboradores este llamado” y “acomodar su agenda para estar presentes”. “Todos los consejeros fueron convocados, los que pudieron asistir, haciendo modificaciones a su agenda aquí están, y lo agradezco de manera infinita”, insistió la presidenta del instituto, quien enfrenta actualmente la peor crisis de su presidencia.
“Jamás fue mi chofer” Respecto a Jonathan Navarrete Torres, quien fue contratado como chofer de la presidencia del INE en mayo de 2025, Taddei ofreció un mensaje contradictorio y poco claro, pues aseveró que “jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a presidencia, pero nunca ha sido, ni fue, ni será --porque ya no labora aquí-- mi chofer”, sin dar más explicaciones sobre este exfuncionario, quien todavía aparecía en la nómina del INE a finales de junio de este año, como “chofer de la presidencia del consejo”. Aunque aseguró que ella no tiene preferencias en las contrataciones, ni incide en los procesos de licitación, Taddei dejó sin respuesta prácticamente todos los señalamientos sobre los aparentes conflictos de interés que salpicaron su gestión; en su lugar, se
escudó detrás de la institución e incluso sugirió la existencia de una campaña política. “Si una nota provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar esta institución, a ellos les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones (…) no se ganan intentando debilitar al INE”, dijo Taddei, quien pidió a la estructura del instituto a mantener la “tranquilidad” y la “firmeza”. La presidenta del INE prometió que ofrecerá “expedientes a la vista”, “información” y su “plena colaboración con las autoridades competentes”, tanto con el Órgano Interno de Control (OIC) como con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar “las condiciones en que se llevan a cabo los procesos de licitación”. El pasado lunes 19, el diario Reforma reveló que Navarrete, quien aparece en la nómina del INE como chofer de Taddei, es apoderado de Corporativo Zeg, una empresa que recibió contratos millonarios para proveer material electoral al INE. Esta empresa, junto con otra llamada Cajas Graf, tuvo como representante legal a Octavio García González, al que Taddei tuvo hasta abril pasado como director de Administración del INE.
Además, el rotativo documentó que ambas empresas recibieron contratos de los institutos locales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua en épocas en que eran presididos, respectivamente, por Guadalupe Taddei, Iliana Aracelí Hernández Gómez –la actual directora general de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el INE– y Claudia Arlett Espino, quien hasta el mes pasado fungía como secretaria ejecutiva del INE. El reportaje desató una polémica en el mundo político. Al llamado de la presidenta Sheinbaum para que el INE esclarezca el asunto, se sumaron las declaraciones del diputado morenista Ricardo Monreal Ávila –quien pidió la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) del INE--, del presidente del Senado, Higinio Martínez, así como de figuras de la oposición.
10
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Desapariciones en México, el desafío que Naciones Unidas pone ante la Asamblea General Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México (Cimacnoticias)
E
l Gobierno mexicano cuestionó la aplicación del mecanismo internacional. La crisis de desapariciones en México llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó los resultados de su procedimiento sobre el país y planteó la necesidad de movilizar la cooperación internacional para atender esta problemática. Durante la presentación de su informe anual, este 20 de octubre, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que existen indicios bien fundados para considerar que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El procedimiento, previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se activó por primera vez respecto de México y permite llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU para que considere posibles medidas de cooperación internacional. De acuerdo con el Comité, su determinación no establece que exista una política federal para cometer desapariciones forzadas ni busca determinar responsabilidades penales individuales. Su propósito es movilizar apoyo para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación y esclarecimiento de los hechos. Tras concluir el procedimiento, corresponde a la Asamblea General considerar las opciones para impulsar esa cooperación. El Comité, por su parte, mantendrá sus funciones de seguimiento y diálogo con el Estado mexicano.
Gobierno mexicano rechaza interpretación del Comité Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró que el Gobierno de México rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. El funcionario defendió las acciones institucionales para atender las desapariciones y sostuvo que la búsqueda de personas constituye
Durante la presentación de su informe anual, este 20 de octubre, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que existen indicios bien fundados para considerar que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad sostienen estas búsquedas. Las madres buscadoras se han convertido en protagonistas de la exigencia de verdad y justicia, pero también en defensoras de derechos humanos que realizan una labor indispensable para localizar a sus seres queridos y visibilizar las omisiones de las autoridades. Su experiencia evidencia que la crisis no termina con la denuncia de una desaparición: continúa mientras las familias carecen de información, las investigaciones no avanzan y no existen garantías suficientes para ejercer el derecho a buscar.
Cooperación internacional, una vía para fortalecer las búsquedas una prioridad nacional. También afirmó que el Estado mexicano no tolera ni consiente este delito. Medina señaló que las desapariciones que anteriormente se ordenaban desde las altas esferas del poder político ahora son perpetradas principalmente por el crimen organizado y, en algunos casos, por autoridades municipales. Asimismo, informó que durante este año fueron localizadas más de 16 mil personas, en su mayoría con vida, aunque no precisó cuántas. Entre las medidas que destacó se encuentran el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y los mecanismos de identificación humana. En respuesta, Albán reconoció las acciones mencionadas por la representación mexicana y expresó su expectativa de que los procesos de cooperación internacional se mantengan en el tiempo, incluido el diálogo con el propio Comité. El presidente del CED también señaló que, según la información presentada por la delegación mexicana, durante el último año fueron localizadas 16 mil personas de las más de 136 mil que figuraban en los registros oficiales citados durante la sesión.
Mujeres desaparecidas y madres buscadoras, una crisis con impactos diferenciados La crisis de desapariciones en
México también requiere una perspectiva de género que permita identificar los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las niñas, así como las violencias que atraviesan quienes buscan a sus familiares. Las mujeres desaparecidas pueden enfrentar riesgos vinculados con la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual. Por ello, las investigaciones deben considerar las circunstancias de cada caso, activar mecanismos de búsqueda oportunos y evitar prejuicios que retrasen la localización de las víctimas. La perspectiva de género también permite reconocer que las consecuencias de las desapariciones se extienden a quienes permanecen en la búsqueda. Madres, hermanas, esposas e hijas han asumido tareas de rastreo en campo, documentación de casos y exigencia de investigaciones ante la falta de respuestas institucionales. Esta labor, que debería contar con el respaldo y la protección del Estado, expone a las mujeres buscadoras a amenazas, agresiones y otras formas de violencia. El informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, presentado por Amnistía Internacional en octubre de 2026, documenta los riesgos y las afectaciones que enfrentan quienes
México registra más de 136 mil personas desaparecidas en los registros oficiales citados durante la presentación del informe. Frente a esta dimensión de la crisis, la cooperación internacional representa una posibilidad para fortalecer las capacidades de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones, así como para examinar posibles vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado. El procedimiento ante Naciones Unidas también coloca en la discusión la necesidad de garantizar la participación de las familias y de las organizaciones que acompañan los casos, además de proteger a quienes denuncian y buscan a sus seres queridos. Para las mujeres y niñas desaparecidas, esto implica investigaciones que consideren los contextos de violencia de género y los riesgos particulares de cada caso. Para las madres buscadoras, requiere medidas de protección, atención integral y condiciones seguras para continuar con su labor. La discusión ante la Asamblea General abre una nueva etapa para examinar qué medidas de cooperación pueden contribuir a atender la problemática. Mientras el Gobierno mexicano defiende las acciones emprendidas y cuestiona las conclusiones del Comité, las familias mantienen una exigencia
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3481
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
11
12
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
ARMA DE INTIMIDACIÓN MASIVA Karolina Gilas
L
a última semana de septiembre Rusia envió a la OTAN una advertencia por escrito: si la alianza intentaba aislar Kaliningrado, Moscú estaba dispuesta a responder con todo su arsenal, incluidas las armas nucleares. La nota mencionaba incluso ataques contra los centros de decisión de los países de la OTAN. El 1 de octubre, en el Foro Valdái, Vladímir Putin reiteró que, ante un ataque a territorio ruso, se consideraría el uso de todas las armas disponibles; al mismo tiempo, aseguró que Rusia no tiene la intención de atacar a ningún país europeo. Hay que asumir que una cosa no excluye la otra. Para amenazar no hace falta presentarse como agresor; resulta más conveniente anunciar que se responderá a una agresión que aún no ha ocurrido. Kaliningrado, el territorio ruso encajado entre Polonia y Lituania y abierto al mar Báltico, es el escenario elegido. Alberga instalaciones militares estratégicas y misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Moscú acusa a la OTAN de preparar un bloqueo marítimo y aéreo, aunque la alianza niega que exista un plan semejante. Lo que sí existe es una actividad militar creciente en el Báltico que incluye la vigilancia de buques, la protección de infraestructura submarina y ejercicios destinados a reforzar la defensa aliada. Algunas de esas medidas afectan a la llamada flota sombra rusa, utilizada para evadir sanciones petroleras. Para justificar su amenaza, al Kremlin le basta con presentarlas como el inicio de un ataque.
Durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear se basó en una premisa terrible pero sencilla. Atacar a una potencia nuclear podía provocar una represalia igualmente devastadora. La utilidad de las bombas consistía, precisamente, en que no se utilizaran. Putin intenta extender esa lógica a una cuestión distinta. No se limita a advertir contra un ataque nuclear o una invasión de su territorio; utiliza la posibilidad de una respuesta nuclear para condicionar lo que otros Estados pueden hacer con sus fuerzas convencionales, sus alianzas y sus decisiones sobre Ucrania. En otras palabras, Rusia declara que defenderá su territorio y, al mismo tiempo, amplía la definición de amenaza, reclamando para sí el derecho de decidir cómo sus vecinos pueden defenderse y qué alianzas pueden integrar. En noviembre de 2024 Rusia modificó su doctrina nuclear. La versión anterior contemplaba el uso de estas armas ante una agresión convencional que pusiera en peligro la existencia misma del Estado. La nueva incluye situaciones que representen una amenaza crítica para su soberanía o su integridad territorial, así como la de Bielorrusia. Esto no significa que un incidente en el Báltico desencadene automáticamente un ataque nuclear. Significa que Moscú se ha reservado un lenguaje más amplio para justificarlo. La intimidación tiene una función inmediata: alterar los cálculos europeos. Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin ha anunciado repetidamente límites que Occidente no debía cruzar. Llegaron
los tanques, los misiles de largo alcance y los aviones de combate; Rusia no respondió con armas nucleares. La sucesión de amenazas incumplidas ha reducido su eficacia. Por eso el tono se endurece, los destinatarios cambian y los escenarios se multiplican. La amenaza de ayer contra la ayuda militar a Ucrania se convierte hoy en una advertencia sobre la seguridad de Kaliningrado. Para que la intimidación funcione, sus adversarios deben creer que Rusia podría cumplir sus amenazas. De ahí la tentación de subir el volumen, acercarlas a escenarios concretos y hacer cada vez más difícil distinguir una señal política de un preparativo real. La reiteración puede acostumbrar a los gobiernos a ignorar las advertencias y, a la vez, aumentar el riesgo de una interpretación errónea ante un incidente verdaderamente grave. La presión no está dirigida únicamente a los militares de la OTAN. Los gobiernos europeos responden ante electorados que pueden apoyar a Ucrania y, al mismo tiempo, temer una guerra con Rusia. Mantener la ayuda militar, reforzar la vigilancia en el Báltico o financiar nuevas capacidades defensivas son decisiones que deben justificarse públicamente. Moscú intenta introducir una consideración adicional en cada debate. ¿Y si esta decisión desencadena una guerra nuclear? No necesita que toda Europa se vuelva prorrusa. Le bastaría con que suficientes gobiernos concluyeran que actuar resulta más costoso que abstenerse. La reacción de la OTAN evidencia la delicadeza de ese cál-
culo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazó la amenaza rusa y descartó un peligro inmediato para el territorio aliado. Esta semana, la organización confirmó que celebrará sus ejercicios nucleares anuales, Steadfast Noon, sin armas reales y lejos de Rusia. Sus responsables señalaron que no han detectado cambios alarmantes en la postura nuclear rusa. No es garantía de que nada salga mal. Es una forma de distinguir entre el incremento de la retórica y la preparación militar observable. Sería un error concluir que porque Putin no ha usado la bomba nunca la utilizará. Las armas existen, la doctrina contempla su empleo en circunstancias más amplias y una crisis militar puede evolucionar de maneras que ninguno de sus participantes había previsto ni deseado. En febrero de 2022, mientras los servicios de inteligencia estadunidenses advertían sobre la invasión, algunos observadores la consideraban improbable debido a los enormes costos que implicaría para Rusia. Putin invadió de todos modos. Aquel antecedente recuerda lo arriesgado que resulta suponer que los costos que desde fuera parecen disuasorios lo serán también para el Kremlin. Aun así, sería un error confundir una amenaza con la decisión de ejecutarla. Los costos de un ataque nuclear, incluida la posibilidad de una respuesta militar devastadora y la pérdida de apoyo internacional, serían enormes para Moscú. La incertidumbre sobre si aceptaría pagarlos es precisamente lo que Putin busca aprovechar.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
13
MÉXICO: LA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS PODEROSOS Y ABANDONA A LAS VÍCTIMAS Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en la Migración y Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Migrantes
E
n México la justicia tiene precio, cobijo político y gafete de servidor público. Si eres una persona migrante buscando sobrevivir, el Estado te persigue, te encierra y te deja morir. Pero si eres un alto funcionario, el Estado te protege, te perdona y, para rematar, te premia con un nuevo cargo gubernamental. Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad. Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio. Esta trampa legal le permitió a Francisco G.Y. obtener una suspensión condicional del proceso en enero de 2025 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, a cambio de admitir que existían hechos constitutivos de delitos de homicidio y lesiones y garantizar (verbalmente) la reparación integral del daño. Condiciones a modo que terminarían a cargo del Estado mexicano, entre ellas que el INM pagará una compensación económica
con el erario; que la atención médica se realizará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que ninguna víctima está en México; y sin que exista ninguna prueba documental de que las 25 estancias migratorias en todo el país cuentan con medidas de protección civil para evitar futuros incendios. La desolación de los sobrevivientes y de las familias que perdieron a sus hijos, hermanos o esposos es total. Se enfrentan a un monstruo burocrático donde las instituciones que deberían defenderlos son, en realidad, cómplices de sus verdugos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abandonó su deber y rol de defensa de las víctimas ante las decisiones del juez. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto una ventanilla de encubrimiento; basta ver cómo le dio un portazo en la cara a las 15 mujeres que sobrevivieron al incendio en Juárez y a quienes hoy se les niega siquiera el reconocimiento de víctimas. ¿Quién escucha entonces a quienes ya lo perdieron todo? ¿Quién defiende a las personas que ni siquiera pudieron comprender plenamente el proceso por la falta de intérpretes? ¿Quién responde a quienes no han recibido atención médica continua ni una reparación completa del daño? Tristemente, esta justicia selectiva es la marca de la casa. La memoria sangra cuando recordamos otras tragedias. Pensemos en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; o en los 19 cuerpos calcinados en Camargo, en 2021. En todos estos casos, las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales quedaron expuestas. Sin embargo, en las cárceles sólo hay chivos expiatorios, policías de bajo rango o halcones. Ja-
más un secretario de Estado, jamás un comisionado de alto nivel. La cadena de mando es intocable. Durante la gestión de Francisco G.Y., de 2019 a 2025, el 80% de las personas migrantes sufrieron extorsión o secuestro al cruzar nuestro país. La población solicitante de asilo dejó de recibir documentación migratoria, a las personas migrantes se les empezó a prohibir el tránsito por territorio mexicano, inclusive obligando a las empresas de autotransporte a no vender boletos ni trasladar a quienes no demostraran su documentación migratoria. Sin contar las miles de personas migrantes fallecidas y desaparecidas que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y las promesas de que las estaciones migratorias ya no serían trampas mortales quedaron huecas, tan sólo el pasado 12 de septiembre un nuevo incendio se registró en la estación migratoria de Janos, Chihuahua. Las víctimas de Ciudad Juárez no piden privilegios. Exigen lo que cualquier persona merece: verdad, justicia, atención y reparación. No puede haber derechos humanos que dependan de la nacionalidad, ni justicia que cambie según el cargo que se ocupa. Un Estado que protege a sus funcionarios mientras abandona a las víctimas renuncia a su responsabilidad más básica. Y mientras la justicia siga teniendo excepciones para los poderosos y obstáculos para los demás, México continuará acumulando expedientes, familias rotas y heridas que ninguna indemnización podrá cerrar por sí sola. La audiencia de Francisco G. Y. pasará a la historia como el día en que el sistema judicial nos escupió en la cara para decirnos que, mientras las víctimas lloran a sus muertos en el abandono, los poderosos siempre encontrarán una salida de emergencia.
14
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
LOS RÍOS DE MÉXICO, LOS MÁS CONTAMINADOS DEL MUNDO Carlos Álvarez Flores
L
os ríos Lerma-Santiago, Atoyac, Tula y Tijuana probablemente sean los más contaminados de planeta. Esto es así porque son utilizados como basureros por miles de empresas de todo tipo de actividades productivas que no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) de última generación (se denominan “descarga cero”, que permiten quitarle todos sus contaminantes y reutilizarla). En mayo de 2012 Greenpeace México obtuvo una sentencia favorable del Instituto Nacional de Acceso a la Información, obligando al opaco Instituto Mexicano del Agua (IMTA) a entregarle los resultados de los análisis fisicoquímicos de calidad del agua que realizara al río Lerma Santiago. En dicho reporte se encontraron 1,090 sustancias químicas; me refiero a plomo, mercurio, níquel, cadmio, tugsteno entre otros, generadas por los miles de empresarios irresponsables que indebidamente vierten diariamente sus aguas residuales sin tratar. Reportaron decenas de plaguicidas tóxicos como el glifosato, residuos de hidrocarburos, desengrasantes y desinfectantes, vinazas de ingenios azucareros, carga orgánica de excretas de animales de granjas porcícolas, y sales metálicas, colorantes, grasas, aceites y jabones industriales. Con todo ello, se ejerce una enorme demanda química y bioquímica de oxígeno, convirtiendo al río Lerma Santiago en un cuerpo de agua muerto. Estos contaminantes tóxicos afectan la salud de los pobladores de zonas aledañas que lo utilizan como agua de riego. De 2008 a 2018 fallecieron 776 mexicanos de insuficiencia renal y 226 de cáncer. EnsuResolución7/20MC708/19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 5 de febrero del 2020, resultó a favor de los pobladores de las zonas aledañas
al Río Lerma Santiago en los Municipios de Juanacatlán y El Salto y vecinos de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el Municipio de Poncitlán, Jalisco. Investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), específicamente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en el Río Santiago en Jalisco, México, en marzo de 2026, confirmaron que los contaminantes del Río Lerma Santiago (metales pesados, compuestos orgánicos y residuos industriales/municipales) provocan alteraciones, rupturas y daños en la estructura del ADN de los habitantes de las zonas aledañas. Los investtigadores utilizaron la técnica llamada “Cometa”, que permite visualizar la fragmentación del material genético en células expuestas a los tóxicos. El estudio detectó mayores daños genéticos en pobladores de El Salto, Juanacatlán y Puente Grande. Las mutaciones genéticas encontradas pueden causar enfermedades crónicas como cánceres (mama, estómago, colon) y daño renal, además de existir el riesgo de que estas alteraciones se hereden a futuras generaciones. Se identificó una “mezcla tóxica” que incluye mercurio, cadmio, plomo, arsénico y lindano. La Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios afirma que el río Atoyac recibe descargas de aguas residuales altamente contaminadas de al menos 63 empresas. El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) ha sancionado a 297 empresas principalmente del sector textil (especialmente lavanderías y teñido de mezclilla), automotriz, siderúrgico, químico y de bebidas, ubicadas en los parques industriales Quetzalcóatl, en la zona industrial de San Jerónimo y de los municipios de Tepetitla de Landizá-
bal, Nativitas e Ixtacuixtla, Tlaxcala. El cuanto al río Tula se sabe que aunque pueda recibir solo unas 400 descargas aguas residuales sin tratar. Son consideran altamente tóxicas procedentes de actividades industriales. Pero la crisis de contaminación se agrava por las descargas de aguas residuales sin tratar de los municipios de Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula de Allende. El Río Tijuana es un cuerpo de agua de enorme relevancia geopolítica y ecológica debido a su naturaleza transfronteriza entre Baja California (México) y California (Estados Unidos de América) de 195 km de longitud. Es un río intermitente de régimen mediterráneo con un caudal promedio bajo de 1.20 m³/s. Recarga tres acuíferos locales y desemboca en el Océano Pacífico formando un importante estuario protegido. Por su especial contaminación causa graves impactos ambientales. Investigaciones de Science y de la Universidad de California en San Diego (UCSD) dicen que es como un reactor químico y biológico abierto que transfiere masivamente sus múltiples contaminantes del agua al aire. Demostraron que la turbulencia, oleaje y la espuma del río pulverizan toxinas hacia la atmósfera, generando una crisis de salud pública aérea, no solo hídrica. Emite Sulfuro de hidrógeno (H2S), gas de alcantarilla con olor a huevo podrido. Detectaron en puntos turbulentos concentraciones 4,500 veces por encima de los niveles urbanos normales, superando peligrosamente los límites de salud. Encontraron amoníaco (NH3) proveniente de la urea y Metano (CH4) y Dióxido de carbono (CO2) generados por bacterias que degradan los lodos cloacales. Se trata de Compuestos Orgá-
nicos Volátiles (COVs) originados por descargas de maquiladoras, plantas industriales y talleres. Benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos provenientes de hidrocarburos y gasolinas, altamente cancerígenos y neurotóxicos. También cloroformo y solventes clorados derivados de desinfectantes y limpieza industrial. El río genera microgotas que flotan, emitiendo aerosoles tóxicos y material particulado (PM). Se transforman en partículas submicrométricas PM1 y PM2.5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y entrar al torrente sanguíneo. Según la Universidad de California en San Diego, contienen mezclas de drogas ilícitas, metabolitos de fármacos, productos de cuidado personal y compuestos del desgaste de llantas, literalmente pulverizados desde el río, que emite bioaerosoles (patógenos transportados por el aire). La espuma y el rocío arrastran bacterias y virus fecales vivos como Escherichia Coli y Salmonella. Acompañadas por endotoxinas de paredes bacterianas del drenaje que provocan inflamación respiratoria aguda al inhalarse. Es una peligrosa fuente continua de contaminación atmosférica que expone diariamente a cientos de miles de mexicanos y estadounidenses a gases irritantes, cancerígenos, partículas ultrafinas y agentes biológicos, ampliando el impacto ambiental más allá del agua y convirtiéndolo en un grave problema de salud pública. Es urgente que los gobiernos locales inviertan en los nuevas estaciones compactas de tercera generación de bajo costo que se utilizan exitosamente en Europa para monitorear en tiempo real la calidad de aire. *Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C. Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
15
¿Y PORQUÉ AQUÍ NO HAY MARCHAS PARA PROTEGERLA Y EXIGIR JUSTICIA? Raymundo Díaz S.
• ¿,Y porqué aquí “callan como momias” las y los dizque “defensores” de las mujeres, incluyendo diputad@s, senadoras, funcionari@ y demás? • Como esta víctima, hay miles en Chiapas y en México, que yacen en la omisión de las autoridades y mueren en el abandono
E
PERFIL FRONTERIZO. ste es uno de los casos en el que las mujeres de Chiapas y de México deberían LEVANTAR LA VOZ y GRITAR JUSTICIA hasta lograrla, y no ser “acarreadas” y manipuladas por el machismo al cuál RINDEN TRIBUTO, RESPETO y OBEDIENCIA. Aquí quisiéramos ver o escuchar la actitud y los gritos de una senadora como Sasil de León Villard quién salió a defender la reciente reforma electoral sobre la paridad de género, cuándo ella, como funcionaria de Manuel Velasco Coello, no sólo UTILIZÓ a las mujeres, sino LAS DESPLAZÓ para colocar a su hermana, cuñada y hermanos en cargos públicos, y LES ROBÓ cuándo fue titular de la SEDEM y PISOTEÓ sus derechos. ¿Porqué aquí no se organizan las mujeres y exigen protección y justicia para una de sus iguales, golpeada, herida, indefensa y en peligro de muerte? ¿Porqué la justicia en Chiapas sigue siendo SELECTIVA y CÓMPLICE de estos aberrantes hechos de violencia y de muerte, como pasó también con un funcionario del COBACH quién sigue libre e impune? Leamos a continuación la narración y la redacción del caso de
esta víctima, cuyos hechos, PERFIL FRONTERIZO dio cuenta o informó en su momento. Mazatán, Chiapas.- Con temor de que su agresor regrese para atentar nuevamente contra su vida, la doctora Selene “N” relató públicamente la brutal agresión que sufrió el pasado 10 de octubre en el ejido Buenos Aires, municipio de Mazatán, donde, según su testimonio, fue golpeada con un palo, amenazada de muerte y con diversas fracturas y lesiones en el cuerpo. Durante una conferencia de prensa convocada por la propia víctima, narró paso a paso los momentos de terror que enfrentó y aseguró que teme por su seguridad, debido a que el presunto agresor continúa en libertad y, hasta el momento de su denuncia pública, ella no contaba con resguardo policiaco. De acuerdo con su testimonio, el hombre, con quien contrajo matrimonio de nombre Victor Iván “N”, presuntamente bajo los influjos del alcohol, luego de haber asistido a una reunión, al llegar a su domicilio la atacó con un palo y le provocó fractura de tabique nasal, órbita, fractura de muñeca derecha y del antebrazo izquierdo, además de múltiples lesiones en las piernas y distintas partes del cuerpo. La doctora Selene explicó que,
debido a la diferencia de estatura y a la complexión gruesa de su agresor, escapar de la golpiza fue extremadamente difícil. Consideró un milagro haber logrado ponerse a salvo, pues, pese a las lesiones que presentaba, consiguió huir para buscar ayuda. Sin embargo, señaló que el peligro no terminó cuando logró escapar, ya que el presunto agresor la siguió por la calle mientras se dirigía a la casa de sus padres, aparentemente con la intención de alcanzarla nuevamente. Esta situación, afirmó, incrementó el temor por su vida y la de sus familiares. Ante estos hechos, la víctima pidió públicamente a las autoridades correspondientes que investiguen a fondo lo ocurrido, garanticen su seguridad y procedan conforme a derecho contra el presunto responsable. Exigió que el caso no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley, sin privilegios ni consideraciones que obstaculicen la justicia. La mujer manifestó su confianza en que las autoridades actuarán y que el señalado será detenido, al recordar el compromiso expresado por el gobernador de Chiapas, quien ha reiterado que primero están las mujeres. Mientras tanto, la falta de
medidas de protección que la víctima refiere tener mantiene su preocupación, pues, además de enfrentar las consecuencias físicas de la agresión, vive con el temor de que el hombre vuelva a buscarla. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las denuncias de violencia contra las mujeres sean atendidas con prontitud, que se valoren los riesgos para las víctimas y que se dicten medidas de protección cuando sean necesarias, para evitar que una agresión denunciada pueda escalar a consecuencias irreparable. Y no sólo este ex-funcionario del ICHEJA y dirigente de un partido político SIGUE EN LIBERTAD e IMPUNE, sino también Ulises Grajales Niño, funcionario del COBACH, quién GOLPEÓ a su esposa. ¿Quién o quiénes y bajo que compromisos y acuerdos protegen y mantienen libres a estos GOLPEADORES DE MUJERES, VENDIENDO LA JUSTICIA al mejor postor? Ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho. NOTA: Ayúdanos a compartir esta información, y ayudemos a esta víctima a encontrar justicia y protección. Gracias, muchas gracias a todos por su empatía y solidaridad.
CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Jueves 22 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3481 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3481