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DOXA

EDITORIAL

El uso del clientelismo político

PAG. 2

La agenda por la paridad de género en Chiapas corre el riesgo de tomar un rumbo equivocado, debido a que más que fortalecer la participación política de la mujer se le quiere convertir en una herramienta de presión o medición de fuerza

El uso de los recursos públicos en las campañas adelantadas debe ser investigado. Particularmente de los nuevos partidos que obtuvieron registro en el IEPC. En el que en la logística en los eventos se evidencia el uso de recursos ilícitos. Y con desfachatez, exhiben el desprecio que tienen a la ley electoral y sus instituciones.

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3479

DECLARACIÓN

POSTURA

La permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS no está en duda: Sheinbaum

La mandataria aseguró que respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora estamos mejor que antes; no estamos como en la época de Mikel Arriola

Senador Luis Armando Melgar: “Veo a Salinas Pliego como presidente en 2030”

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ACCIONES

Eduardo Ramírez fortalece la productividad agropecuaria y la atención de la salud de las mujeres PAG. 3

PAG. 3

SEyT refrenda su respaldo al sector restaurantero en las IV Semana Estatal Gastronómica Chiapas 2026

HOY ESCRIBEN PALABRAS JJUSTAS Lulú Ovilla

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DEMANDA

Toma de la Prepa 1: padres y alumnos exigen a tesorera de “La Escuela es Nuestra” entregar 1.5 mdp para climas

PAG. 4

SACÁ LOS DEDOS DE LA PUERTA Francisco Ruiz Zuart.

EN LA MIRA

PAG. 14

Héctor Estrada

PAG. 14

LA PATRIA NO SUSTITUYE AL CÓDIGO PENAL Ernesto Villanueva

PAG. 13

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD EN LA IA Octavio Islas* PAG. 5

PAG. 12

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL El uso del clientelismo político

a agenda por la paridad de género en Chiapas corre el riesgo de tomar un rumbo equivocado, debido a que más que fortalecer la participación política de la mujer se le quiere convertir en una herramienta de presión o medición de fuerza, a través de eventos masivos, en el que un derecho constitucional, que requiere de mejores políticas para hacerlo un derecho efectivo, se pretende reducirlo a un clientelismo político, que devalúa la importancia del papel político de la mujer, al subordinar el derecho de la paridad de género a intereses individuales o peor aún a componendas en repartos electorales. La movilización de mujeres como herramienta de presión, inducida desde esferas de poder y con el uso de recursos públicos corre el riesgo de generar tres efectos críticos, que a la larga se puede llegar a lamentar: el desgaste de causas legítimas en la participación de las mujeres; el uso de la estructura pública para movilizar una protesta y una falsa representatividad en las intenciones oficiales de un empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué hay un desgaste de las causas legítimas de las mujeres? La respuesta tiene muchos factores: se desvirtúa el debate real sobre la paridad

de género y los derechos de las mujeres al subordinarlos solo a intereses electorales de corto plazo; se está confundiendo la proporcionalidad numérica de las presidencias municipales, con la igualdad real, efectiva y cualitativa en el ejercicio de poder y toma de decisiones políticas, en donde en Chiapas hay ejemplos significativos, mujeres desempeñando formalmente el cargo de presidenta municipales y hombre tomando realmente las decisiones políticas en los municipios; la paridad de género implica erradica la violencia política de género, la eliminación de todas las barreras estructurales que inciden en la discriminación de las mujeres y debe contener una agenda política de Estado que atienda necesidades y prioridades en la interseccionalidad y la diferenciación de las mujeres. El uso de las estructura públicas para movilizar a las mujeres y reducirlas a un clientelismo político es la forma más perversa del uso político de lo que debe ser una agenda política de las mujeres, en donde se priorizan el interés individual de políticos y agentes del Estado sobre lo que realmente es lo sustantivo en la paridad de género, es decir, el empoderamiento de las mujeres para transformar la toma de decisiones, las leyes, las políticas públicas y la vida

democrática en la sociedad, más allá de las elecciones. Un aspecto que viene siendo cuestionado es la falsa representatividad de las mujeres en los cargos de elección popular, en donde se emplea el término despectivo y discriminante de “Juanitas”, además de que se dispone de la facultad de otorgar cargos políticos a hijas o esposas en el que se encubre y disimula el cumplimiento de la ley de paridad de género. En el caso particular de Chiapas, hay una falsa representatividad en la movilización de las mujeres, en virtud de que ésta fue organizada desde la esfera del poder y se superpone a la demanda genuina de las mujeres, en el que sobresale la capacidad logística y financiera de quienes, más allá del papel político de las mujeres, se disputan el poder y la hegemonía local, sin importar el tipo de alianzas que se realizan. El debate de la paridad de género no debe reducirse a las cuotas de poder o en el reparto vía tómbola de las presidencias municipales, sino en una agenda política que real y efectivamente erradique la violencia política de género, que reduzca hasta eliminar las conductas feminicidas y que erradique todas las formas de discriminación de las mujeres.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Diario ContraPoder en Chiapas

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS no está en duda: Sheinbaum Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)

a permanencia de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está en duda, “se tiene que resolver” el conflicto en el sector salud, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien apunta una parte del origen del problema a los sistemas burocráticos para reportar alguna deficiencia o falta de medicamento. Previamente la mandataria federal afirmó que “por el momento” Robledo Aburto seguiría en el cargo porque tiene que hacer una nueva propuesta de salario para los trabajadores. “En este momento no está en duda la permanencia de Zoé. Tiene que resolverse. Ahora estamos mejor que antes no estamos como en la época de Mikel Arriola en el IMSS”. El funcionario deberá mejorar la propuesta salarial que se hizo en un inicio de 5.1% en una parte al tabulador y otra parte un ingreso adicional que tienen todos los trabajadores. Expuso que en un inicio esta propuesta se aprobó en un congreso del Sindicato, pero con las movilizaciones de acordó llevarlo a consulta, donde la propuesta fue rechazada También incluyeron las áreas donde hay “retos,” y debe haber “mejoras” relacionadas en la operación del IMSS, aunque tampoco se podría hacer una propuesta que no vaya acorde a los recursos que tiene en Seguro Social, “porque pues hay temas que por recursos económicos no se pueden proponer, hay que ser responsable con el recurso público”. Con los recorridos que ahora hace

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), encabezada por Luis Pedrero González, acompaña el esfuerzo de los empresarios restauranteros afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, presidida por Cristian Pérez Morales, con motivo del inicio de la IV Semana Estatal Gastronómica Chiapas 2026, bajo el lema “Chiapas se encuentra alrededor de la mesa”. En representación del titular de la SEyT asistió su secretario particular, Geovani Rosales Morales, quien coincidió con el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, en este encuentro orientado a fortalecer la gastronomía, el turismo comunitario y la economía local. El presidente de Canirac Chiapas, Cristian Pérez Morales, informó que la jornada se desarrollará

La mandataria aseguró que respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora estamos mejor que antes; no estamos como en la época de Mikel Arriola

la presidenta, expuso, se dio cuenta que “pasa algo en el gobierno que hay que ser muy francos y es que el gobierno de México funciona con un esquema administrativo y burocrático de hace 40 años con oficios” y por ejemplo cuando un centro de salud no tiene un medicamento o les debe llegar más, “no hay una plataforma electrónica donde le diga a las áreas correspondientes: ‘mándame más de este medicamento’, es correo electrónico. Luego tiene que llevarse el tiempo, un médico, director de un hospital o de un centro de salud de ir de Chetumal a Cancún; en Sonora; en Baja California con las distancias. Por eso es que ha insistido en modernizar y digitalizar todos los procesos. “El IMSS avanzado en algo

de esto, pero requiere todavía más modernización y ahí tiene que contribuir también los trabajadores y también el sindicato porque lo primero que tiene que tener una institución de salud en mente es la salud de la gente y la atención a la gente”. Al consultarle si el IMSS Bienestar también tiene carencias que se deban resolver, dijo que más que un problema de compra de medicamentos, el problema está en cómo se resuelve internamente. Reveló que una vez que se presentó un problema entre un subsecretario y un director general, dijo que le enviaran un reporte y le llegó un gran expediente de oficios, “porque como todo se audita y las auditorías tienen que ver con los oficios pues

todo se pueden por escrito, pues sí pero también se puede auditar una plataforma y los mensajes a través de una plataforma”. Añadió que como servidora pública busca “entender qué es lo que está pasando para ir a resolverlo y no vamos a contratar una empresa para resolver, no. Lo vamos a hacer con ingenieros mexicanos, con jóvenes, acabados de salir del Tecnológico Nacional de México”. La presidenta aseguró que “con esto vamos a resolver el problema de cómo funcionan los almacenes que se automatice todo que todo sea digital si no puede ser que en la era de inteligencia artificial, no tengamos esquemas eficientes de operación del gobierno y la medida que sean más eficientes, pues vamos a atender mejor a la gente y vamos a resolver los problemas”. También habrá una reunión con la Secretaría de Hacienda porque, aunque los recursos son del IMSS, también tiene que participar en las finanzas públicas en general. Cuando habló de tiempos anteriores aseguró que “la verdad que todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos”, aunque que no pudo recordar quién estaba al frente del IMSS en el tiempo de Felipe Calderón. Y aunque admitió que nadie puede decir que todo está perfecto, lo público “tiene que ser excelente”, pero no para gastar en corruptelas “del pasado” ni ineficiencias.

SEyT refrenda su respaldo al sector restaurantero en las IV Semana Estatal Gastronómica Chiapas 2026 en Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque y Tonalá. En la inauguración participaron 25 expositores. El organismo estima un incremento económico de entre 10 y 15 % respecto de la edición anterior que registró 3.8 millones de pesos. Por su parte, el alcalde anfitrión, Jorge Acero Gómez, señaló que Berriozábal alcanzó una derrama económica de 3.5 millones de pesos en un domingo y que su administración destinó 180 mil pesos durante 2026 a la decoración temática del parque central, inspirada en las tradiciones zoques de la región, para atraer visitantes. La celebración pondera el valor de las cocinas tradicionales, las artesanías, los productos regionales y la

riqueza cultural de las comunidades chiapanecas. Con esta participación, la SEyT reafirma su compromiso de promo-

ver el consumo local, la vinculación institucional y las iniciativas que generan oportunidades de desarrollo para las familias de Chiapas.

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Eduardo Ramírez fortalece la productividad agropecuaria y la atención de la salud de las mujeres De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

l gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la apertura de la Ventanilla Estatal del Programa de Adquisición de Maquinaria Agropecuaria, instalada en la Secretaría del Campo, donde las personas productoras podrán tramitar gratuitamente créditos para adquirir maquinaria, equipamiento tecnológico y herramientas agrícolas. El mandatario destacó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer las cadenas productivas de las distintas regiones de Chiapas. Durante el acto, Ramírez Aguilar señaló que Chiapas es un estado con vocación agrícola, ganadera y agroindustrial, por lo que su administración continuará ampliando los apoyos dirigidos a estos sectores. Asimismo, resaltó que, después de años de decrecimiento, la entidad se encuentra entre las de mayor crecimiento económico a nivel nacional, resultado que atribuyó al combate a la corrupción, la certeza jurídica sobre la tierra y la seguridad pública. Posteriormente, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el gobernador participó en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde refrendó el compromiso de su administración con la prevención y atención de esta enfermedad. Aseguró que no se escatimarán recursos para atender esta problemática y adelantó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Chiapas contará próximamente con uno de los hospitales de especialidad con mayor capacidad para la atención del cáncer, proyecto que permitirá

De la Redacción Acala, Chis. (Tribuna)

Durante una gira de trabajo por este municipio, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para fortalecer el bienestar social, las cadenas productivas y la prosperidad del municipio. Aseguró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades municipales para consolidar obras prioritarias, avanzar en las acciones de alfabetización y acercar más apoyos al sector agropecuario. Como parte de su visita, dio inicio a la construcción del Telebachillerato Comunitario Número 246, en el ejido Unión Buenavista, obra que contará con una inversión superior a 17.1 millones de pesos. Asimismo, informó que en Acala se han destinado 22 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura educativa. Añadió que, con el respaldo de la Federación, durante 2026 se construirán 31 nuevos planteles de bachillerato en Chiapas, con el propósito de ampliar

evitar que las y los pacientes tengan que trasladarse a otras entidades para recibir tratamiento. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, consideró que los apoyos al campo deben complementarse con mecanismos jurídicos que garanticen su seguimiento y rendición de cuentas. En ese sentido, informó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar envió al Congreso una iniciativa para reformar el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae), con el propósito de fortalecer su organización, crear consejos técnicos honoríficos de vigilancia y asegurar que los recursos se ejerzan de manera ordenada y transparente en beneficio del sector agrícola de Chiapas. El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, explicó que, después de casi dos décadas, Chiapas cuenta nuevamente con un Programa de Adquisición de Maquinaria Agropecuaria, mediante el cual las y los productores podrán recibir un subsidio de hasta el 50 por ciento para la compra de tractores, implementos agrícolas, equipos y herramientas. Para su operación, el Gobierno de Chiapas autorizó

una inversión de 65 millones de pesos. Detalló que la ventanilla permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, en las instalaciones de la Secretaría del Campo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. El secretario de Salud, Ignacio Avendaño Bermúdez, manifestó que la atención de la salud de las mujeres es una responsabilidad compartida que debe asumirse con cercanía y sensibilidad. Informó que durante la jornada se prevé realizar alrededor de 450 mastografías y ofrecer consultas generales, servicios de optometría, rayos X, ultrasonidos pélvicos y obstétricos, así como electrocardiogramas. Añadió que se busca garantizar información clara, estudios accesibles, diagnósticos oportunos, tratamiento y acompañamiento. Además, anunció que de aquí a diciembre se realizarán 20 mil mastografías. La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que la detección temprana y el autocuidado son fundamentales para enfrentar el cáncer de mama y de cuello uterino. Explicó que, a través del fideicomiso Una mano, una esperanza, el DIF brinda apoyo a pacientes mediante traslados para recibir tratamiento y talleres de elaboración de pe-

lucas oncológicas. Asimismo, celebró la realización de 450 mastografías y la entrega de pelucas y prótesis externas de mama. Desde su experiencia como sobreviviente de cáncer, invitó a las mujeres a dar prioridad a su salud. A su vez, la coordinadora estatal del IMSS Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera, hizo hincapié en la importancia de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama y cervicouterino. Convocó a las mujeres a realizarse mastografías y otras pruebas preventivas, y agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar estos programas en los municipios. También llamó a las instituciones a difundir información que permita fortalecer la prevención y proteger la salud de las chiapanecas. El presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, Carlos Mahr Castañón, reconoció el compromiso del gobernador con el campo chiapaneco y señaló que este tipo de apoyos contribuirá a mejorar la economía del sector agropecuario. También valoró los créditos agrícolas, el rescate del programa de canje de sementales y el respaldo para que Chiapas sea sede de la Convención Nacional Ganadera, espacio en el que se podrá mostrar el trabajo de las y los productores del estado. Durante su testimonio, Gabriela Grajales, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su historia de lucha, fe y fortaleza tras enfrentar cirugías y 23 quimioterapias. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por promover acciones que acercan los servicios de mastografía a los ejidos. Finalmente, destacó la importancia de brindar atención a la salud de las mujeres e invitó a aprovechar estos servicios.

En Acala, Eduardo Ramírez inicia construcción de telebachillerato, anuncia Unidad Deportiva y entrega apoyos al campo las oportunidades educativas para la niñez y la juventud chiapaneca. Posteriormente, el mandatario acudió a la cabecera municipal, donde anunció la construcción de la primera etapa de la Unidad Deportiva, un proyecto que beneficiará a más de 15 mil habitantes y contribuirá a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social. En este mismo recorrido, entregó apoyos para impulsar al sector agropecuario. La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Anjuli Acosta Guillén, explicó que la obra del Telebachillerato Comunitario Número 246 contempla tres aulas didácticas, un salón de cómputo, un salón de usos múltiples, una plaza cívica y obras exteriores. Destacó que estas instalaciones permitirán que las y los jóvenes continúen sus estudios en su lugar de origen, lo que contribuirá a reducir los gastos de sus familias.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, reconoció el esfuerzo diario de las mujeres y los hombres que sostienen la actividad agrícola en Chiapas. Detalló que en Acala se entregaron 500 bombas aspersoras, 500 paquetes de herramientas y 2 mil 450 dosis de ivermectina para combatir el gusano barrenador del ganado. También dio a conocer que se distribuyeron mil árboles frutales de limón persa, cupapé, guanábana y guayaba. El subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Cicerón Argüello Kanter, anunció que a principios de noviembre comenzará la construcción de la Unidad Deportiva, que contará con un campo de fútbol soccer, una cancha de usos múltiples, áreas de juegos infantiles y de ejercitación, campos de fútbol 5 y 7, estacionamiento, andadores y espacios complementarios. Además, estimó que los trabajos con-

cluirán en un periodo de seis meses. La presidenta municipal de Acala, María Patricia Coello Zapata, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar un proyecto que brinda a las y los jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios. Mencionó que esta iniciativa representa una esperanza para quienes desean seguir preparándose y construir un mejor futuro. Asimismo, resaltó la importancia de sumar esfuerzos para generar mayores oportunidades para todas las familias.

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Toma de la Prepa 1: padres y alumnos exigen a tesorera de “La Escuela es Nuestra” entregar 1.5 mdp para climas Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

os inconformes denuncian que el recurso fue aprobado en asamblea para adquirir climas y colocarlos en las aulas, pero la tesorera lo ha retenido por casi un año. Más de mil estudiantes de ambos turnos sufren las altas temperaturas. Padres de familia y estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla Gutiérrez tomaron este día las instalaciones para denunciar que la tesorera del programa “La Escuela es Nuestra” no ha entregado un millón y medio de pesos, recurso que sería utilizado para realizar mejoras en la institución. De acuerdo con los inconformes, esta movilización se debe a que “la señora tesorera no respetó los acuerdos de asamblea del programa La Escuela es Nuestra”. Climas aprobados en asamblea, nunca instalados Los manifestantes precisaron que el recurso correspondiente se emplearía para comprar climas de la marca Midea —con el proyecto aprobado en asamblea general— y serían colocados en cada una de las aulas de la prepa 1. Sin embargo, señalaron que la

De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)

Fernando del Collado conversa con Luis Armando Melgar Bravo, senador por el PVEM, quien advierte que el “quiebre” de Morena es “inevitable” y reconoce que en las próximas elecciones el partido oficialista no logrará mantener los mismos resultados de otros años, “en 2027 no va a ser una campaña sencilla, Morena no es lo que era y el impulso popular que tuvieron en el 24 ya no lo veo”, sentencia. Morena, agrega, “no sabe tener aliados”, y pone de ejemplo al PT “que ya se les está yendo por la libre”. El legislador llama a los verdes a “ser cuidadosos” con mantener las alianzas con el partido de la presidenta Sheinbaum sobre todo por la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, “hay que valorar esa coalición con mucho cuidado porque hay estados como Michoacán en donde difícilmente puedan haber candidaturas que no estén infiltradas por el crimen organizado”, reconoce. El legislador chiapaneco lo tiene claro, en el país “no puede haber un gobierno que asuma la impunidad como parte de gobernar” y vuel-

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla Gutiérrez tomaron este día las instalaciones para denunciar que la tesorera del programa “La Escuela es Nuestra” no ha entregado un millón y medio de pesos, recurso que sería utilizado para realizar mejoras en la institución ciencia para resolver el problema de manera verbal y escrita. Tal pareciera que hay un contubernio entre la secretaria del Bienestar y la tesorera”, precisaron. Recordaron que en tres asambleas la tesorera ha sido desconocida de su puesto, pero ella no aceptó los resultados de las reuniones. “Como padres de familia sabemos el costo que significa un día de pérdida educativa para nuestros hijos, pero al no tener respuesta de las autoridades nos hemos visto en la necesidad de emprender esta lucha”, precisaron.

Llamado a las autoridades

tesorera prefirió conservar en su poder el recurso de un millón y medio de pesos por casi un año, como consecuencia de lo cual más de mil alumnos de ambos turnos sufren los intensos calores.

“Ineptitud, incompetencia y posible contubernio” “Se han tenido diversas reuniones con personal de la Secretaría del Bienestar y han demostrado ineptitud, incompetencia y falta de efi-

En este escenario, los afectados apelaron a la sensibilidad política de las autoridades para resolver esta situación que se ha vuelto ingobernable. “Aclaramos que estamos actuando conforme a nuestro derecho de manifestación y hemos recurrido al mismo, por el bien de nuestros hijos e hijas”, concluyeron.

Senador Luis Armando Melgar: “Veo a Salinas Pliego como presidente en 2030” ve a ser un llamado al gobierno de Sheinbaum para que se investiguen los casos de corrupción donde los hijos del expresidente AMLO estarían señalados, “se deben de investigar a todo el Grupo Tabasco, a toda esa vinculación con el “huachicol” y a todo lo que tenga que ver con el sector salud”, reclama. Y les recuerda al gobierno en turno que “la mentira, corrupción y la ineptitud no deben ir en un gobierno que sea honesto”. Para Melgar, estamos “viviendo un retroceso en lo económico” y la destrucción de los poderes republicanos no ha sido “positivo” para México, “el haber acabado con los pesos y los contrapesos que habían en el poder, tanto en el Poder Judicial, como los órganos autónomos y en las Cámaras, no ha sido algo positivo para el país”. Sin rodeos, el senador Melgar Bravo se decanta por el empresario Ricardo Salinas Pliego para ocupar la presidencia de México en 2030, “veo a Salinas Pliego como presidente porque el

país requiere una persona con visión empresarial y para reconstruir lo mucho que se ha destruido”, dice. Crítico con el comportamiento del arbitraje del INE, Luis Armando Melgar, observa que “ya no tenemos un árbitro electoral como el que teníamos”. Para Melgar Bravo, el INE tiene que “demostrar que son imparciales”. El legislador no olvida que “costó mucho trabajo construir un INE y ahora están a prueba y no hay que confiarnos”.

Luego de ocho años del gobierno de lo que llaman la Cuarta Transformación, el legislador del Verde lamenta “que ya perdimos mucho tiempo y muchas oportunidades como país”. Para el 2027, concluye, “debemos de ser muy cuidadosos y estar muy conscientes de que la elección tiene como destino darle a este país los pesos y contrapesos que se necesita para poder avanzar y hacer las cosas bien”. Información de LatinUS.

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Jalisco: Marcha por el agua termina en incendios y deja 15 mdp en daños a sede de gobierno una presunta agresión contra un policía al que habría provocado una luxación de hombro. Las autoridades reportaron lesiones no graves en 15 policías estatales. Entre los seis civiles atendidos, un hombre de 55 años necesitó traslado hospitalario por una arritmia y una mujer de 38 años por una crisis epiléptica.

Elizabeth Rivera Avelar GUADALAJARA, Jal. (apro)

res puertas de Palacio de Gobierno, el acceso al Congreso de Jalisco y diversos espacios de edificios públicos quedaron dañados por los incendios y actos vandálicos registrados durante la segunda Marcha por el Agua Limpia. El gobierno estatal calculó en 15 millones de pesos las afectaciones preliminares en la sede del Ejecutivo, donde también reportó daños en vitrales, cantera, ventanas y equipos de videovigilancia. Un día después de los hechos, los responsables de la seguridad pública en Jalisco defendieron el operativo desplegado durante la protesta y atribuyeron la falta de detenciones inmediatas a la decisión de evitar enfrentamientos que pusieran en peligro a los asistentes. La postura fue expuesta este lunes por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; el coordinador general de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González. Los funcionarios informaron que 10 personas fueron detenidas, 15 policías estatales resultaron lesionados y seis civiles recibieron atención médica. La manifestación del domingo congregó, según la estimación oficial, a unas 9 mil 500 personas que reclamaban una solución al suministro de agua turbia, con olores desagradables y sedimentos en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La demanda ciudadana quedó desplazada por los ataques contra inmuebles públicos en el centro de la ciudad. Actos vandálicosActos vandálicos — Elizabeth Rivera Avelar

La decisión de no confrontar a los agresores El gobierno estatal sostuvo que una intervención policial directa durante los momentos de mayor tensión habría incrementado los riesgos para quienes participaban pacíficamente en la marcha. Salvador Zamora afirmó que las corporaciones recibieron instrucciones de no responder a provocaciones que pudieran desencadenar una confrontación de mayores dimensiones. Según el secretario general de Gobierno, el despliegue de antimotines para perseguir a quienes realizaban los ataques también habría expuesto a otros manifestantes a posibles lesiones. La administración estatal buscó, dijo, evitar que la respuesta policial derivara en nuevos señalamientos de represión, como los registrados después de la protesta de la semana anterior frente a Casa Jalisco. “La orden que tuvimos es que todas nuestras corporaciones no cayeran en ninguna provocación que generara un acto de violencia”, declaró. El argumento del gobierno coloca la preservación de la integridad física como criterio central para explicar la estrategia. Roberto Alarcón Estrada señaló que, desde la perspectiva de las au-

Cantera, vitrales y puertas, entre los daños toridades, la protección de la vida debía prevalecer frente a los daños materiales. “Hay algo en el derecho que se llama bien jurídico tutelado y siempre las autoridades tenemos que estar a la atención, a la salvaguarda del mayor de los bienes jurídicos tutelados que en este caso es la vida. Tienes que anteponer la salvaguarda de la vida ante un daño a una propiedad ajena o las cosas”, sostuvo. Juan Pablo Hernández González respaldó esa explicación y aseguró que la prioridad fue impedir una confrontación que pusiera en peligro a los asistentes y a los propios agentes. Las autoridades informaron que en el operativo participaron 948 elementos estatales y municipales, con acompañamiento de visitadores de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos. También negaron que el gobierno hubiera desplegado policías encubiertos o infiltrados y descartaron haber solicitado apoyo federal para atender las movilizaciones. Sin embargo, en la conferencia no se ofreció una explicación detallada sobre las decisiones operativas adoptadas en cada uno de los puntos donde ocurrieron los incendios, ni sobre las circunstancias específicas en las que se decidió actuar o mantener la estrategia de contención.

Vallas retiradas, bombas molotov e incendios Los ataques ocurrieron después de una marcha marcada por desacuerdos entre los participantes. En las inmediaciones del Parque Revolución, parte del contingente permaneció detenido cerca de dos horas ante las diferencias entre quienes querían continuar hacia Palacio de Gobierno y quienes advertían que no existían condiciones de seguridad para avanzar. Posteriormente, los asistentes se dividieron en varios bloques. En el centro histórico, algunos manifestantes retiraron las vallas de protección de Palacio de Gobierno y las utilizaron para golpear los portones. También lanzaron huevos, tomates y globos con pintura contra la fachada, rompieron cristales, desprendieron cámaras de videovigilancia y arrojaron objetos encendidos por las ventanas antes de prender fuego a las tres puertas del inmueble. El acceso principal al Congreso estatal también fue incendiado. En el edificio del Poder Judicial se reportaron daños en la parte posterior y quema de botes de basura. La afectación alcanzó, además, espacios públicos, mobiliario

urbano, seis establecimientos comerciales y algunos vehículos. Durante la marcha, varios participantes cuestionaron la presencia de jóvenes encapuchados que intentaron colocarse al frente del contingente. También se registraron lanzamientos de petardos y bombas molotov. No obstante, las sospechas expresadas por algunos manifestantes sobre la identidad o las posibles motivaciones de esos grupos no permiten establecer quiénes eran ni quién habría organizado su participación. La Secretaría de Seguridad dijo haber identificado cinco grupos presuntamente involucrados en los actos vandálicos. Entre ellos mencionó a personas con playeras de equipos de futbol, un grupo que habría atacado con explosivos las sedes legislativa y judicial, personas con el rostro cubierto que cortaron el alambrado de las vallas y jóvenes vestidos mayoritariamente de negro a quienes atribuyó pintas, destrozos y daños a cámaras del C5. También señaló a un grupo integrado por mujeres, adultos mayores y menores de edad que habría arrojado piedras contra Palacio de Gobierno mediante relevos que se prolongaron hasta cerca de la medianoche. La información presentada por las autoridades no incluyó una relación individualizada que vinculara a cada uno de los 10 detenidos con los cinco grupos descritos. Diez personas detenidas; dos jóvenes fueron entregados por manifestantes Cinco personas fueron detenidas, según el reporte oficial, por su presunta participación en el lanzamiento de bombas molotov y los incendios en los accesos del Congreso y del Poder Judicial. Dos de ellas tendrían antecedentes penales por robo, de acuerdo con los funcionarios. Otros dos jóvenes, de 19 y 16 años, quedaron a disposición de la Policía de Guadalajara después de que participantes de la propia marcha los señalaran por presuntamente lanzar petardos en Plaza Guadalajara. Las tres personas restantes fueron localizadas dentro de Palacio de Gobierno. Un adolescente de 16 años fue canalizado a las instancias de protección de niñas, niños y adolescentes; una mujer recibió asistencia tras sufrir una crisis nerviosa y fue trasladada a su domicilio, mientras que un hombre de 36 años, originario de Guerrero, fue detenido por

El recuento preliminar de Palacio de Gobierno incluye 50 ventanas y 50 cortinas destruidas, 13 vitrales afectados, siete candelabros dañados y 19 lámparas de iluminación arquitectónica averiadas. A esas afectaciones se suman daños en 245 metros cuadrados de cantera amarilla, la destrucción de tres puertas dobles frontales y 18 vallas de seguridad, así como desperfectos en cámaras del sistema Escudo Urbano C5 y del propio inmueble. El monto de 15 millones de pesos corresponde a la estimación inicial de los daños en Palacio de Gobierno. Las autoridades también reportaron afectaciones en la Catedral, el Congreso, el Poder Judicial, la Plaza de la Liberación, Plaza Guadalajara y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, además de establecimientos comerciales y vehículos. No se precisó una cuantificación global de todos esos daños. Zamora anunció que el gobierno estatal brindará apoyo a los comerciantes afectados, aunque no detalló cómo se evaluarán las pérdidas ni qué mecanismo se utilizará para entregar la ayuda. Después de los trabajos nocturnos de limpieza y tapiado, Palacio de Gobierno reanudó sus actividades administrativas y de atención ciudadana. El acceso se habilitó temporalmente por la puerta de la calle Maestranza. El gobierno también anunció que difundirá imágenes de los rostros captados durante los disturbios e invitó a la población a presentar denuncias anónimas para contribuir a la identificación de los responsables. La segunda Marcha por el Agua Limpia terminó así con daños en inmuebles de los tres poderes de Jalisco y con una controversia sobre la actuación policial. Mientras las autoridades defendieron la decisión de evitar una confrontación directa, queda pendiente conocer con mayor precisión cómo se desarrolló la respuesta operativa ante los ataques y qué elementos permitirán deslindar responsabilidades por los incendios y destrozos. Lemus atribuye disturbios a grupos de 300 personas El gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo que alrededor de 300 personas regresaron al centro de Guadalajara después de que se dispersaron los contingentes pacíficos, con la intención de provocar a la policía y generar destrozos. En un mensaje difundido en video, afirmó que la estrategia gubernamental se modificó respecto de la protesta anterior para evitar enfrentamientos.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

ersonaje central en la definición del feminicidio en México, como el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, así como en el diseño de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Marcela Lagarde de los Ríos lamenta que la violencia no cesa para la mitad de los habitantes de este país. “No han hecho lo suficiente, eso es evidente, con la cantidad enorme de mujeres víctimas en el momento actual. Apenas empezamos a obtener algunas respuestas, muy poquitas y a veces equivocadas, porque no tienen perspectiva de género, no ven a la luz de los lentes de género la problemática que conduce a la inseguridad de las mujeres y las niñas”, advierte en entrevista Lagarde, quien como entonces diputada federal presidió la Comisión Especial de Feminicidio (2003-2006), a través de la cual dirigió la “Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana”, que sigue siendo vigente. “Durante estos años se han visibilizado más muertes de ese tipo de violencia (...) 12 mujeres al día en el país es la cifra que da la Consejería Jurídica, y probablemente sean más. Hay una cifra no declarada de personas víctimas de feminicidio; comunidades educativas, familias, comunidades de vida, todo eso se cimbra cada vez que se asesina a mujeres y niñas”, sostiene Lagarde de los Ríos. Como antropóloga e investigadora feminista, Lagarde de los Ríos ha definido el feminicidio como “el conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y desapariciones de mujeres”, como un “genocidio contra mujeres” así como “crimen de Estado”. Los reportes oficiales dan sustento a las preocupaciones de la exlegisladora, quien impulsó la clasificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal, aunque cada estado tiene su propia definición, dejando a las fiscalías la libertad de definir qué muerte violenta es feminicidio o no. Se ha llegado, incluso, a clasificar como suicidio casos de feminicidio, como ocurrió con la muerte de Mariana Lima Buendía, una joven de Chimalhuacán, Estado de México, asesinada el 28 de junio de 2010 por su esposo, Julio César Hernández Vallinas, quien alteró la escena del crimen y simuló un suicidio.

Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de hoy y hasta el 28 de octubre, estará abierto el registro de la convocatoria G1 2026 para ingresar al sistema Prepa en LíneaSEP, cuyos estudiantes menores de 25 años tendrán derecho a la “Beca Universal Benito Juárez”. Al participar en la conferencia matutina en Palacio Nacional, detalló que este modelo educativo gratuito ofrece un docente por cada 50 estudiantes, para dar seguimiento a

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La atención a la violencia feminicida está estancada y desfinanciada

A pesar de que en la lucha por justicia su madre Irinea Buendía consiguió que el feminicida fuera sentenciado a 70 años de prisión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una sentencia que obliga a considerar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio en tanto se esclarecen las causas, hasta ahora las fiscalías estatales son las que deciden la clasificación, en apego a la normatividad local. En suma, en los primeros siete meses del año, 14 mujeres habrían perdido la vida de manera violenta, sea por feminicidio, por homicidio doloso o bien bajo el supuesto de homicidio culposo. El SESNSP alerta también sobre las denuncias de violación simple y equiparada que en los primeros siete meses del año registraron 11 mil 893 carpetas de investigación, un promedio diario de 57 agresiones sexuales a mujeres. En cuanto a las cifras oficiales de mujeres desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que de las 131 mil 322 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, 27 mil 500 eran mujeres, al cierre del 15 de septiembre último. “Lo que yo le reclamaría al gobierno es capacidad de concertar capacidad de comprender y capacidad de asumir los derechos humanos de mujeres y niñas; me parece que eso es lo sustantivo”, retoma Marcela Lagarde. “Necesitamos recopilar la memoria histórica de todo aquello que se ha producido para erradicar la violencia contra mujeres de acuerdo con las convencio-

nes de la ONU y la convención Belém do Pará, y hacer una política estructural, no campañitas, campañas de publicidad en torno a la violencia y revisar también qué es lo que transmite el Estado mexicano que se dice está estancado”, puntualiza la feminista Marcela Lagarde. Entre los principales estancamientos de la política pública en favor de las mujeres resaltan las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por falta de un reglamento que se adecue a las reformas de 2022, situación que llevado a las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a litigar contra el gobierno federal a fin de que se emita el reglamento que mantiene paralizado ese mecanismo de supervisión de políticas públicas para prevenir las violencias contra mujeres. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del OCNF, reconoce que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intentó eliminar la figura de la AVGM, que considera la participación de expertas de la sociedad civil y peticionarias, quienes conforman un grupo de trabajo que de manera honorífica en cada estado realizan informes sobre las condiciones de las mujeres y presentan recomendaciones sobre política pública. Los avances en el cumplimiento de las recomendaciones eran revisados periódicamente a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que dependía de la Secretaría de Gobernación, y que fue extinguida con la

creación de la Secretaría de la Mujer, creada en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, y que tuvo por 18 meses a Citlalli Hernández como titular, luego quedó otros cinco meses acéfala antes de ser encabezada por Laura Itzel Castillo. Estancamiento en evaluaciones Con la nueva dependencia “no quedó claro cómo darle continuidad, porque Citlalli lo que hizo fue eliminar la obligatoriedad de reportar cada seis meses los avances, y lo grave es que hay estados que tenían que haber entregado un informe sobre desaparición de mujeres en Puebla, Nuevo León o Veracruz, éste con dos declaratorias de AVGM, por desaparición y feminicidio”. Agrega que ante la falta de reglamento de la operación de la AVGM que debió emitirse desde octubre de 2022, las declaratorias “se han manejado de manera discrecional, aun cuando la propia reforma de 2022 da facultades a la autoridad para emitirlas a más tardar en 45 días, después de que se da a conocer el informe del grupo de trabajo”. Si bien no hay forma de medir el impacto que ha tenido el estancamiento de la evaluación de las declaratorias de AVGM en los 23 estados reconocidos con esos instrumentos por la Secretaría de las Mujeres, lo cierto es que los datos oficiales reflejan que la gran mayoría de desapariciones y muertes violentas de mujeres ocurren precisamente en las entidades con alertas que no han podido ser supervisadas desde octubre de 2022 por falta de reglamento. A estos datos (gráfica arriba) habría que añadir los registros por desaparición de mujeres en seis entidades, donde a pesar de solicitarse la aplicación de AVGM aún no se han aprobado o están en evaluación, retardo que también se ve afectado por la falta de reglamento. Esos estados que no están considerados en la lista anterior y que registraron niveles considerables de desaparición de octubre de 2022 al 15 de septiembre son Ciudad de México (mil 159 mujeres desaparecidas en el periodo), Tabasco (332), Coahuila (74), Querétaro (66) y Yucatán (33), entidades que en conjunto suman 2 mil 36 mujeres desaparecidas desde que el reglamento de las AVGM no se ha decretado.

Prepa en Línea-SEP abre registro: estudiantes podrán recibir beca de mil 900 pesos su avance en los módulos que cursan. Detalló que la beca otorga mil 900 pesos bimestrales y que ésta contribuye a garantizar su derecho a la educación. Según el expresidente nacional de Morena, cada inicio de ciclo se tiene alrededor de 100 mil estudiantes en este sistema de bachillerato. “Esta es otra opción para facilitar que puedan estudiar, es parte del Bachillerato Nacional, tiene completa validez ofi-

cial, pueden terminarla en dos años y tiene el mismo nivel que cualquier otro bachillerato”, explicó. La convocatoria se puede consultar en la página de internet https:// prepaenlinea.sep.gob.mx. Por otra parte, el titular de la SEP recordó que está abierta la convocatoria para ingresar al Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo que ya cuenta con 186 planteles en el país. El registro se puede hacer en

la página de internet www.bnmm. sep.gob.mx.

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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DEA señala corrupción de autoridades mexicanas en asesinato de “Kiki” Camarena De la Redacción Ciudad de México (apro)

l director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, atribuyó a la corrupción de las autoridades mexicanas las circunstancias en las que ocurrió el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, en febrero de 1985, un crimen por el que Rafael Caro Quintero enfrenta actualmente un proceso judicial en Nueva York y del que negó ser responsable en una entrevista concedida a Proceso hace una década. Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en Pensilvania, Cole recordó el asesinato del agente estadunidense al promover la Semana del Listón Rojo, una campaña de prevención del consumo de drogas que surgió en memoria de Camarena. “Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo, que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de la década de 1980”, declaró el funcionario. Aunque no identificó a los funcionarios mexicanos que habrían participado en el crimen o brindado protección a sus responsables, Cole retomó uno de los aspectos más controvertidos del caso: los presuntos vínculos entre integrantes de las corporaciones de seguridad mexicanas y el Cártel de Guadalajara, organización encabezada por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. El asesinato de Camarena ocurrió durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando el Cártel de Guadalajara había consolidado una estructura criminal dedicada al tráfico de mariguana

Aldo Canedo CIUDAD DE MÉXICO (apro).

Al menos en tres entidades diferentes del territorio mexicano tuvo operaciones con gobiernos estatales y municipales la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (Cegesa), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por colaborar con el Cártel del Noreste. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los accionistas principales de la constructora, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, utilizaron a CEGESA para proveer apoyo financiero, material y tecnológico al grupo criminal, destinando fondos a campañas electorales de candidatos políticos afines y obteniendo contratos públicos. Además, la OFAC acusó que la empresa operaba junto con filiales de insumos (como COPASA) y una red hípica/ de apuestas (como la Cuadra San Dibanh) para simular subcontrataciones y

y otras drogas hacia Estados Unidos, mediante redes de protección y corrupción que alcanzaron a integrantes de las instituciones de seguridad. Entre las corporaciones señaladas en las investigaciones históricas figura la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cuyos vínculos con organizaciones del narcotráfico fueron documentados por investigaciones periodísticas y expuestos en distintos procesos judiciales. En 1990, autoridades estadunidenses formularon acusaciones contra Manuel Ibarra, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Miguel Aldana, exresponsable de Interpol en México, por su presunta participación en redes de protección al Cártel de Guadalajara. El caso Camarena también ha estado rodeado de controversias sobre la actuación de los servicios de inteligencia y las circunstancias en que se desarrollaron las investigaciones posteriores al asesinato. El agente de la DEA fue secuestrado el 8 de febrero de 1985 en Guadalajara, meses después de que las autoridades mexicanas destruyeron una extensa plantación de mariguana en el rancho El Búfalo, Chihuahua, en noviembre de 1984. La operación representó un golpe para el Cártel de Guadalajara y fue vinculada con las investigaciones que realizaba Camarena sobre las actividades de la organización criminal. Su asesinato provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y desencadenó una ofensiva contra los principales dirigentes del cártel.

“Yo no maté a Camarena”: Caro Quintero a Proceso En julio de 2016, mientras permanecía prófugo, Rafael Caro Quintero

El proceso judicial en Estados Unidos

concedió una entrevista a la periodista Anabel Hernández para Proceso, en la que negó haber participado en el asesinato del agente estadunidense. “Yo no maté a Camarena”, afirmó el narcotraficante, quien aseguró que había estado “en el lugar equivocado”. La entrevista, publicada en la edición 2073 del semanario, se realizó en un sitio no revelado del norte de México, donde Caro Quintero aceptó responder las preguntas de la periodista, ser fotografiado y participar en una conversación videograbada. Durante el encuentro, el fundador del Cártel de Guadalajara pidió perdón a la sociedad mexicana, a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, aunque sostuvo que no era responsable del homicidio. Caro Quintero también habló sobre su incursión en el narcotráfico, sus relaciones con otros dirigentes criminales y los asesinatos de Camarena y del piloto Alfredo Zavala, hechos que habían provocado su detención y encarcelamiento en 1985. Sus declaraciones se produjeron tres años después de que recuperó su libertad mediante una resolución judicial de 2013, posteriormente revocada, que permitió su salida de prisión tras permanecer encarcelado durante 28 años.

Caro Quintero fue recapturado por elementos de la Secretaría de Marina en julio de 2022, en Sinaloa, y entregado a las autoridades estadunidenses en febrero de 2025, como parte del traslado de 29 presuntos integrantes de organizaciones criminales. Actualmente enfrenta cargos por narcotráfico y por su presunta participación en el asesinato de Camarena ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York. Durante una audiencia celebrada el pasado 14 de octubre, su defensa informó que continuaban las conversaciones con la Fiscalía estadunidense para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que permitiría evitar el juicio. Sin embargo, los fiscales no habían formalizado una propuesta, por lo que el juez Frederic Block programó una nueva audiencia para el próximo 20 de noviembre.

El juicio está previsto para marzo de 2027. Las declaraciones de Cole se producen mientras el caso Camarena continúa abierto en la justicia estadunidense y persisten interrogantes sobre la participación de funcionarios mexicanos en las estructuras de protección que permitieron operar al Cártel de Guadalajara. Más de cuatro décadas después del asesinato y diez años después de que Caro Quintero negara ante Proceso su responsabilidad, el director de la DEA vuelve a colocar la corrupción de las autoridades mexicanas en el centro de uno de los episodios más conflictivos de la relación bilateral en materia de narcotráfico.

Empresa sancionada por EU por nexos con el Cártel del Noreste operó en tres estados blanquear las ganancias ilícitas del cártel, razón por la cual todos ellos fueron incluidos en la lista de sanciones para congelar sus activos y bloquear sus operaciones financieras en Estados Unidos. En un primer momento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que el gobierno emecista de Nuevo León, a cargo de Samuel García, otorgó tres contratos por más de 110 millones de pesos a dicha empresa entre 2022 y 2023. De acuerdo con MCCI, estos fondos públicos fueron asignados a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (CODEFRONT) para obras de infraestructura y construcción de bardas en el Puerto Fronterizo Colombia. Al respecto, la Corporación emitió un comunicado donde intentó deslindarse de la empresa, asegurando que al momento de la contratación “no existía

en absoluto información pública verificable” sobre las irregularidades de la constructora ni sus accionistas. Pero el gobierno nuevoleonés no es el único contratista de dicha empresa a lo largo del territorio. En esa misma entidad, pero a nivel municipal, el municipio de Anáhuac, a cargo de Juan Manuel Morton González —que llegó al cargo bajo las siglas del PRIANRD— pagó más de 15 millones de pesos a CEGESA. Otro de los municipios involucrados en el entramado es Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Ahí, donde gobierna la morenista Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se admitió que tanto CEGESA como COPASA forman parte del padrón de proveedores del municipio. De acuerdo con Milenio, el municipio pagó nueve millones de pesos a esta empresa. Tras la noticia, el gobierno local aclaró que al momento de celebrar los

contratos, ninguna de las dos empresas aparecía en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Otra entidad del norte donde se reportan operaciones de esta constructora es San Luis Potosí, donde gobierna Ricardo Gallardo del Partido Verde. Según la propia página oficial de CEGESA, la empresa participó en la expansión de la plataforma de Aduana e Interpuerto de la entidad siendo subcontratada por otras morales.

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Expertos piden que familias de desaparecidos estén en el centro del debate de la ONU sobre México Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

as familias de personas desaparecidas en México, como víctimas también de la tragedia humanitaria, tendrán que estar en el centro de las decisiones que se tomen en el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas al abordarse la solicitud que hizo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) de brindar un mecanismo de asistencia internacional para el país. En ello coincidieron expertos internacionales convocados para analizar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, siendo la situación de México la que se someterá a debate este martes 20 de octubre en el seno de la Asamblea General, ante la cual el CED rendirá su informe anual. Durante el foro “Desapariciones Forzadas y las Naciones Unidas”, llevado a cabo en el Church Center of the United Nations, Grazyna Baranowska, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI) y asesora del CED en materia de migración, resaltó que para abordar la crisis de desapariciones en México se requiere “que todas las partes involucradas participen en estos esfuerzos con un espíritu constructivo”. Al destacar que en abril pasado formó parte de los expertos que respaldaron elevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, advirtió que para que haya un verdadero avance “no se trata solamente de mandarse cartas, sino actuar con disposición constructiva, con disposición al diálogo y la asistencia técnica y al mecanismo”.

Destacó que el reporte que dio lugar a la decisión de aplicar el artículo 34 de la Convención a México, se derivó del procesamiento de los informes enviados por las familias al CED y al GTDFI, de ahí que se tomó la decisión de buscar una colaboración multilateral para acabar con las desapariciones. “La asistencia internacional, en nuestra experiencia, se ha demostrado ser muy efectiva, es una herramienta que permite a las agencias de Naciones Unidas apoyar a los países para pensar juntos cómo fortalecer ciertos elementos y cómo cambiar algunas herramientas que se tienen que cambiar”, puntualizó. Luciano Hazán, exintegrante del CED y del GTDFI, destacó que la decisión el Comité de solicitar asistencia internacional para México, tiene que verse como “una oportunidad” para que “se elabore un procedimiento que sea constructivo, que sea provechoso, que sea eficaz”, al no tener al momento normas que limiten su aplicación. Resaltó que ante todo la Asamblea General tiene “una obligación ética (…) que es la de escuchar a las víctimas”, como lo son las familias de los desaparecidos dentro de la Tercera Comisión del organismo a la que le corresponde desahogar la petición que hizo el CED, por “una cuestión instrumental y de sensibilización”.

El experto apuntó que con cifras oficiales sobre las desapariciones en México que resultan “abrumadoras”, muestran datos “fríos para quienes no conocen la realidad, no tienen cercanía con este tema”, lo que seguramente ocurrirá con representantes de los Estados que estén presentes en la sesión, ajenos a lo que ocurre en el país. “Lo que hace falta es sensibilización moral, y para eso es necesario que se conozca el testimonio de las víctimas, pero no a través de eventos paralelos, que son súper importantes, sino a través del mismo procedimiento que yo entiendo que debería diseñar la Tercera Comisión de la Asamblea General, es decir, la participación de las víctimas tiene que ser parte del procedimiento”, insistió el experto. Abundó que “la Tercera Comisión debería abrir un caso sobre México a partir de esta comunicación, una suerte de expediente sobre México, que incluya como primer aspecto escuchar a las víctimas, por supuesto también escuchar al Estado y seguir escuchando al Comité contra las Desapariciones Forzadas”. Sin embargo, Luciano Hazán alertó que, ante lo novedoso del mecanismo, también se corre el riesgo de que la Asamblea General desaproveche la oportunidad para atender el problema de desapariciones en México. “Claramente un error de la Asam-

blea General sería simplemente tomar una decisión en alguna de las próximas sesiones en relación con la comunicación que le hace el Comité en virtud del artículo 34, por ejemplo, sacando una resolución expresando preocupación. “Eso, preocupación o condena, eso sería el peor de los escenarios, porque de alguna manera simplemente sacaría una foto pero no haría un seguimiento dinámico”, puntualizó el exintegrante del CED y del GTDFI. El jurista de origen argentino insistió en aprovechar la oportunidad que ofrece la petición del CED a la Asamblea en torno a México para “hacer que cesen las desapariciones” y promoviendo el fin de la impunidad alrededor de las desapariciones en el país, que es “lo que estamos viendo hace tantos años con el aumento exponencial de víctimas”. Consideró que la Asamblea General a través de la Tercera Comisión podría retomar experiencias como la de Italia, para el combate a la mafia, para “apoyar a México y a las familias a diseñar procesos de ruptura de la impunidad, tiene que haber un plan concreto, que tenga recursos, que sea diseñado en México, con apoyo de la comunidad internacional, con objetivos claros de una persecución penal a gran escala, con definiciones legales claras en términos de la responsabilidad de los superiores jerárquicos”. El experto recomendó llevar a cabo un proceso de esta naturaleza con “una absoluta transparencia, publicidad, que justamente tenga este efecto comunicativo de dar el mensaje de que la impunidad se acabó pero al mismo tiempo evitar que se vuelva a arbitrariedades generadas por las fiscalías, por las policías, la tortura de personas presuntamente perpetradores o de testigos que de alguna manera lo que hagan es perpetuar y agravar la situación de impunidad”.

Sheinbaum niega que se ordene al Ejécito no repeler agresiones a civiles Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las demandas de auxilio de la población de El Guayabo, en Apatzingán, donde la semana pasada murió un joven tras un ataque de grupos criminales y también falleció su hija, Alexa, de ocho años de edad, algunos días después de que recibió un disparo. Los pobladores han denunciado constantemente que piden ayuda a los elementos del Ejército, quienes no salen a repeler las agresiones que afectan a los civiles porque, indican, es la orden que reciben. Al exponerle la situación general de la persistencia de minas explosivas, ataques con drones y balaceras, entre otras formas de ataque, su primera respuesta fue: “Habría que ver quiénes son quienes dicen esto y ponerlos en contacto

con las autoridades”. E indicó: “Tenemos un grupo de trabajo muy importante para Michoacán. Incluso personalmente hablo no solo empresarios, sino con ciudadanos de distintos lugares de Michoacán para poder conocer la problemática, muchos de ellos han reconocido la disminución”. La jefa del Ejecutivo Federal mostró una encuesta del INEGI para decir que hay una reducción del 60 por ciento en la victimización en el caso de Uruapan, además de que se trabaja en cinco municipios dedicados a la producción de aguacate y a otros productos agroindustriales. Enseguida se le expuso que ciudadanos también denuncian que cuando se presentan este tipo de ataques, acuden directamente a elementos del Ejército o federales para pedir que intervengan y la respuesta es que tienen la orden de no intervenir.

El primer elemento que destacó la jefa del Ejecutivo Federal es que el sistema penal acusatorio en México señala que no porque un ciudadano le diga a un policía o a una autoridad federal “él me asaltó ayer”, se puede detener. Sostuvo que cambió el sistema penal acusatorio en la época de Calderón. “Entonces, ahora se tiene que hacer una denuncia, abrir una carpeta de investigación, hacer las investigaciones correspondientes y hasta después hacer la detención. La flagrancia está determinada para el momento”. Defendió que “no es que la Defensa o la Guardia Nacional no quieran apoyar al ciudadano, lo apoyan en el momento de la flagrancia. Pero no tienen autorización jurídica porque así son nuestras leyes, aunque le diga ‘este señor me extorsionó ayer’, así está el sistema”. Expuso que habrá un cambio en las leyes para atender este problema de lo

que se considera flagrancia. “La fiscal general de la República con los 32 fiscales del país han presentado una iniciativa… todavía no se presenta al Congreso, pero la han trabajado conjuntamente”. En ese trabajo también participa la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde y que al ampliar las características de la flagrancia, las autoridades federales o estatales tengan más actuación en la detención.

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Cohabitación forzada en México, ¿en qué estados es delito obligar a niñas a vivir como esposas? De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

eracruz se sumó a las entidades que sancionan las uniones impuestas a menores de edad. La cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes comienza a ocupar un lugar más visible en las legislaciones estatales de México. En octubre de 2026, Veracruz aprobó una reforma para sancionar esta práctica con penas de ocho a 15 años de prisión, mientras otras entidades han impulsado cambios para castigar las uniones impuestas que no necesariamente se formalizan mediante un matrimonio. El avance legislativo ocurre después de que, en abril de 2023, entrara en vigor la tipificación de este delito en el Código Penal Federal. Sin embargo, su incorporación a los códigos penales estatales ha seguido distintos ritmos y las sanciones no son iguales en todo el país.

¿En qué estados de México está tipificada la cohabitación forzada? En febrero de 2026, El Universal reportó que siete entidades incluían el delito en sus códigos penales: Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Durante 2026, los congresos de Colima y Puebla aprobaron reformas para incorporar esta conducta a sus legislaciones. En octubre, Veracruz también aprobó la tipificación, al igual que Chihuahua, de acuerdo con reportes publicados ese mes. Así, el panorama legislativo suma al menos 11 entidades que ya contemplaban el delito o aprobaron reformas para incorporarlo. No obstante, para determinar en cuáles está vigente la disposición es necesario distinguir entre la aprobación legislativa y la publicación del decreto correspondiente en el periódico oficial. La diferencia importa porque una reforma aprobada por un congreso no necesariamente entra en vigor de inmediato. Los artículos modificados, los transitorios y la fecha de publicación determinan cuándo pueden aplicarse las nuevas disposiciones.

¿Qué castiga la cohabitación forzada? El Código Penal Federal define la cohabitación forzada como la conducta de obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofertar a una persona menor de 18 años —o a una

El avance legislativo ocurre después de que, en abril de 2023, entrara en vigor la tipificación de este delito en el Código Penal Federal. Sin embargo, su incorporación a los códigos penales estatales ha seguido distintos ritmos y las sanciones no son iguales en todo el país

persona que no pueda comprender el significado del hecho o resistirlo— para que se una de manera informal o consuetudinaria con otra persona y conviva de forma constante, en condiciones equiparables a las de un matrimonio. La figura penal no se limita a las personas que directamente obligan a una niña o adolescente a vivir con otra persona. También contempla conductas como inducir, solicitar, gestionar u ofertar la unión, de acuerdo con los supuestos establecidos en la ley. Esto permite abordar situaciones en las que no existe un matrimonio civil, pero sí una convivencia impuesta que reproduce condiciones equiparables a una unión matrimonial.

Matrimonio infantil y cohabitación forzada no son lo mismo Aunque ambos fenómenos están relacionados, no son idénticos. El matrimonio infantil supone una unión matrimonial en la que participa una persona menor de edad, mientras que la cohabitación forzada también comprende uniones informales o consuetudinarias. Esta distinción es relevante porque prohibir el matrimonio entre personas menores de edad no elimina, por sí solo, las convivencias impuestas que ocurren fuera de los registros civiles. La tipificación penal busca san-

cionar a quienes promueven o imponen estas uniones y reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir sobre su vida, su desarrollo y sus relaciones, sin coacción. En abril de 2023, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación incorporó el delito al Código Penal Federal. Posteriormente, las entidades han avanzado en la armonización de sus propias leyes, aunque con diferencias en la redacción y las penas previstas.

Veracruz establece penas de hasta 15 años de prisión El 6 de octubre de 2026, el Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad una reforma para incorporar el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años al Código Penal estatal. La modificación contempla penas de ocho a 15 años de prisión y multas de mil a 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con la información difundida por el Congreso local. La reforma incorpora un capítulo específico y el artículo 190 Octodecies, con el propósito de sancionar las conductas relacionadas con la imposición de uniones equiparables al matrimonio. La aprobación de esta reforma se suma a los cambios legislativos que buscan cerrar vacíos legales en

la protección de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación dependerá de la entrada en vigor del decreto y de que las autoridades acrediten los elementos del delito en cada caso.

Una reforma legal no resuelve por sí sola el problema La incorporación de la cohabitación forzada a los códigos penales representa un paso para establecer responsabilidades y sanciones. Sin embargo, la protección efectiva de niñas y adolescentes también requiere mecanismos para detectar las uniones impuestas, facilitar las denuncias y garantizar atención jurídica y psicosocial a las víctimas. La armonización de las legislaciones estatales es otro reto: las diferencias entre códigos penales pueden generar distintos marcos de sanción frente a conductas similares. Por ello, además de revisar qué entidades han tipificado el delito, es necesario identificar cuáles han publicado y puesto en vigor sus reformas, qué penas establecen y qué mecanismos de protección acompañan los cambios legales. La discusión de fondo es que ninguna costumbre o práctica comunitaria debe justificar la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La respuesta institucional debe garantizar su integridad, autonomía progresiva y derecho a vivir libres de violencia.

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD EN LA IA Octavio Islas*

l 14 de octubre de 2026, ocho estados de la Unión Americana —Arkansas, Arizona, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska y Virginia Occidental— presentaron demandas independientes contra OpenAI ante sus respectivos tribunales estatales. Aunque esta coalición bipartidista es considerablemente menor que la de los 42 estados que demandaron a Meta en 2023, su relevancia cualitativa es distinta. Los fiscales generales fundamentan sus acciones en las leyes de protección al consumidor y sostienen que OpenAOI incurrió en conductas “deliberadas, peligrosas, imprudentes e ilegales”. No estamos ante una simple sucesión de demandas aisladas, sino ante una aceleración inédita —un speedrun regulatorio— de un proceso que, en el caso de las redes sociodigitales, tardó más de una década en consolidarse. Plataformas como Meta y TikTok necesitaron años para quedar bajo escrutinio por sus efectos en la salud mental de los jóvenes. En cambio, en menos de tres años OpenAI , que operaba con la inercia de una “carrera del oro” sin regulaciones, se ha topado de frente con un muro de contención legal sin precedentes.

La anatomía de una demanda sin precedentes

La acusación que más alarma ha generado en la opinión pública estadunidense se refiere a la presunta capacidad de ChatGPT para conducir a usuarios jóvenes hacia comportamientos autodestructivos. Según las demandas, el chatbot no funciona únicamente como un repositorio de información. También habría sido diseñado para mostrarse “agradable y atractivo”, ganarse la confianza del usuario y, posteriormente, reforzar ideas delirantes, ofrecer recomendaciones médicas peligrosas y, en los casos más graves, alentar pensamientos suicidas. Las demandas describen a la empresa como un “amigo falso”: un acompañante aparentemente empático que, bajo la apariencia de asistencia, aprovecharía la vulnerabilidad de niños y adolescentes. renna Bird, fiscal general de Iowa, resumió la acusación con una declaración contundente: “OpenAI está lastimando a los niños y les está mintiendo a los habitantes de Iowa”.

El dilema del “Diseño de experiencia”

La relevancia del caso radica en

que obliga a revisar cómo entendemos la responsabilidad de los productos digitales. Durante años, las empresas tecnológicas se ampararon en el argumento de la neutralidad: “Somos sólo la plataforma, no el contenido”. Esa estrategia, sin embargo, resulta insuficiente ante sistemas como ChatGPT. Al definir cómo interactúa el modelo, qué tono adopta y qué mecanismos utiliza para mantener la atención, OpenAI toma decisiones de diseño que influyen directamente en la experiencia y la conducta de sus usuarios. Las demandas sostienen que ni la capacidad de retener la atención ni la “agradabilidad” del sistema son rasgos neutrales. Al optimizar el modelo para hacerlo cautivador, OpenAI habría creado un producto que fomenta la dependencia o, cuando menos, privilegia la interacción prolongada sobre la seguridad del usuario. Esta acusación coloca a la empresa en un terreno similar al de las redes sociales: el de haber diseñado un producto potencialmente adictivo.

La respuesta de OpenAI

Ante estas acciones legales, OpenAI ha defendido sus estándares de seguridad y, al mismo tiempo, ha reclamado una regulación pragmática que se aplique a toda la industria. La compañía asegura que dispone de protecciones específicas para cada grupo de edad que muchos otros productos de IA no ofrecen. Como ejemplo, señala el lanzamiento, en agosto, de una experiencia de “ChatGPT para adolescentes”, con controles parentales y límites de uso. Drew Pusareti, portavoz de OpenAI, afirmó: “Aunque ningún sistema puede ser perfecto, continuaremos trabajando con expertos para orientar nuestro trabajo y de-

sarrollar salvaguardas adicionales”. OpenAI busca impulsar políticas comunes para todo el sector y evitar que se le atribuya en exclusiva la responsabilidad por los riesgos de una industria altamente competitiva y, en algunos casos, menos regulada. Sin embargo, los fiscales estatales y numerosos investigadores en seguridad digital consideran que estas medidas son tardías e insuficientes. A su juicio, herramientas como los recordatorios de descanso y los filtros de contenido apenas corrigen la superficie de modelos que no fueron concebidos, desde su arquitectura, bajo el principio de seguridad desde el diseño. La cuestión de fondo es, por tanto, si un modelo de IA generalista puede ser intrínsecamente seguro para los menores o si su arquitectura actual es incompatible con los estándares de salud pública infantil.

Implicaciones para la gobernanza de la IA

El litigio promovido por ocho estados podría sentar un precedente decisivo para el sector de la IA. Si los tribunales respaldan las demandas, las empresas podrían afrontar requisitos más estrictos para desarrollar modelos capaces de modificarse o perfeccionarse sin mecanismos verificables de supervisión humana. Las demandas también solicitan compensaciones económicas y la restitución de los beneficios derivados del uso de la herramienta por menores. De prosperar, estas medidas podrían afectar la valoración de OpenAI y presionar su modelo de negocio en una etapa crítica de su desarrollo corporativo. Todo indica que la etapa de crecimiento de la IA en un “vacío regulatorio” está llegando a su fin. Los estados ensayan una nueva vía jurídica: considerar que la falta de protección de los menores en los

sistemas de IA constituye una violación de las leyes de protección al consumidor. Esta estrategia desplaza el debate desde la compleja regulación tecnológica especializada —más expuesta al cabildeo corporativo— hacia un marco jurídico más consolidado y accesible: la protección básica de la ciudadanía. OpenAI afronta presiones en varios frentes: demandas por muerte injusta, investigaciones sobre privacidad y este movimiento coordinado de los estados. En ese contexto, la percepción de la IA comienza a desplazarse de la formidable “herramienta transformadora” al “producto de consumo de alto riesgo” que admite una supervisión regulatoria más estricta.

Conclusión

La tecnología nunca es sólo técnica; es profundamente política. Cuando un algoritmo comienza a interactuar con los procesos cognitivos y emocionales de la población más joven, las decisiones tomadas en los laboratorios de programación de OpenAI se convierten en decisiones de política pública. La insistencia de los estados en responsabilizar a OpenAI por los daños causados por sus modelos sugiere que estamos ingresando a una nueva etapa: la etapa de la corresponsabilidad algorítmica. Ya no será suficiente que las empresas declaren que su tecnología es “segura” en términos abstractos. Se les exigirá demostrar, con pruebas, que sus productos no erosionan el tejido social ni dañan a los usuarios vulnerables. El resultado de estas demandas determinará si la industria de la IA puede autorregularse bajo un marco de “pragmatismo” —como propone OpenAI— o si la intervención estatal será el nuevo estándar para garantizar que la innovación tecnológica no se produzca a expensas de la salud pública. Mientras tanto, OpenAI se encuentra atrapada entre su ambición de liderar el progreso y la realidad ineludible de que, en un mundo hiperconectado, ningún gigante tecnológico puede operar por encima de las leyes de protección ciudadana. Esta semana, el terreno de juego ha cambiado. La narrativa ya no es solo sobre lo que la IA puede hacer por nosotros, sino sobre qué estamos dispuestos a permitir que le haga a nuestros hijos. La batalla legal recién comienza, pero el mensaje de los estados es inequívoco: la era de la impunidad algorítmica ha llegado a su fin.

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LA PATRIA NO SUSTITUYE AL CÓDIGO PENAL Ernesto Villanueva

a gravedad de una acusación no suple la prueba de sus elementos. El 17 de octubre, la fiscal general Ernestina Godoy anunció una orden de aprehensión por traición a la patria contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. Según la FGR, habría ordenado y coordinado en abril el operativo de El Pinal, municipio de Morelos, con participación de extranjeros sin autorización federal. También habría ocultado información a la Federación. Al regreso, un accidente mató a dos estadounidenses, identificados por la prensa como agentes de la CIA, y a dos funcionarios estatales. En Chihuahua enfrenta, además, cargos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Son señalamientos graves. Conviene separar tres preguntas: si hubo intervención extranjera ilícita, quién responde por ella y si eso es traición. Primero. Cooperar no es ceder. México intercambia información con otros Estados para combatir el crimen transnacional. Eso es lícito. Lo ilícito es que funcionarios extranjeros ejerzan potestades reservadas a nuestras autoridades. Desde abril de 2025, el artículo 40 constitucional dispone que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna “sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano”. La Ley de Seguridad Nacional, adicionada en diciembre de 2020, fija las reglas. El artículo 69 sólo permite internar agentes extranjeros “para fines de intercambio de información”. Su acreditación la resuelve Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad, Defensa y Marina. El 70 obliga a los servidores públicos

estatales a informar por escrito, en tres días, de todo contacto con esos agentes, y exige autorización previa para reunirse con ellos. El 71 les prohíbe ejercer facultades mexicanas y practicar detenciones. Si personal extranjero ejecutó funciones policiales sin habilitación, hubo una transgresión grave. Si un fiscal lo facilitó a sabiendas, habrá responsabilidades. Ninguna investidura permite disponer de atribuciones ajenas. Pero la propia ley marca el cauce. El artículo 70 remite su incumplimiento a la responsabilidad administrativa o penal “de conformidad con las leyes respectivas”. No crea un delito. Menos aún lo convierte en traición. La fiscalía estatal, de hecho, ya imputa ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Si se probara que alguien puso deliberadamente la fuerza pública bajo mando extranjero, el reproche crecería. Aun así, habría que identificar el delito efectivamente cometido. El derecho penal exige una conducta típica, antijurídica y culpable. Confundir irregularidad con traición no fortalece la soberanía. Debilita la justicia. Segundo. El artículo 123 del Código Penal Federal no sanciona toda afectación a la soberanía. Enumera conductas, con penas de cinco a cuarenta años de prisión. La fiscal general dijo que los hechos atentan “contra la soberanía y la integridad de la nación”. Es el lenguaje de la fracción I. Pero esa fracción exige algo más: actuar “con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. La finalidad es elemento del tipo. Probar una intervención no autorizada no prueba el propósito de someter al país. La fracción II pide igual cuida-

do. Sanciona a quien tome parte en hostilidades contra la Nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero. También a quien coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. No exige guerra declarada, y el artículo prevé modalidades en tiempos de paz. Pero la cooperación debe precisarse: con quién, para qué y con qué perjuicio. Según la propia FGR, el operativo desmanteló un laboratorio clandestino de droga. El perjuicio tendrá que explicarse, no presumirse. Debe discutirse la fracción aplicable, no la imagen literaria del traidor. Falta, además, la atribución individual. En abril, la unidad especial de la fiscalía estatal apuntó al director de la AEI, fallecido en el accidente. No había registro de que pidiera autorización ni de que informara a sus superiores. Hoy, el Ministerio Público local sostiene que Jáuregui y el extitular de Operaciones Estratégicas acordaron incorporar a los extranjeros. El juez excluyó la declaración de este último. Al renunciar, Jáuregui reconoció una “responsabilidad política”. Eso no es confesión penal. Importan documentos, comunicaciones y cadena de mando, sometidos a contradicción. Más de cien actos de investigación no sustituyen el nexo entre conducta y tipo. Tercero. El artículo 14 constitucional prohíbe imponer pena alguna “por simple analogía, y aun por mayoría de razón”. La gravedad de un acto no permite encajarlo en el delito más severo. El 24 de marzo, al resolver por unanimidad la acción de inconstitucionalidad 94/2025, la Suprema Corte recordó que el tipo no puede ser vago ni demasiado amplio. Con apoyo en

la Corte Interamericana, añadió que el juez debe ajustar la conducta al tipo con el mayor rigor, para no castigar actos no punibles. Y precisó que la taxatividad “no genera impunidad”. La calificación tampoco es inocua. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone prisión preventiva oficiosa por traición. Un juez local permitió a Jáuregui enfrentar en libertad la causa estatal; minutos después, la FGR ejecutó la orden federal. Elegir el delito es también elegir la cárcel anticipada. La orden de aprehensión sólo acredita datos del hecho y una probabilidad de participación; no es sentencia. Ni una disputa política acredita persecución ni un discurso patriótico convalida una imputación. El artículo 129 de ese código obliga a investigar con objetividad lo que acusa y lo que exculpa. La investigación tampoco debe detenerse en la parte mexicana. El artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional no reconoce inmunidad alguna a los agentes extranjeros que delincan o ejerzan funciones reservadas. Si alguno tuviera estatus diplomático, la Convención de Viena abriría otro cauce, no la impunidad. ¿Quién los envió? ¿Qué sabía su gobierno? Exigir cuentas sólo de este lado de la frontera deja incompleta la defensa de la soberanía. Y sin registros ni autorizaciones se confunden inteligencia, asistencia y mando operativo. La República debe sancionar cualquier cesión ilegal de facultades, sin pedir permiso a otros gobiernos. No debe expandir los delitos para aparentar fortaleza. La patria se protege haciendo cumplir la ley, no haciendo que la ley diga lo que la tribuna quiere escuchar.

Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

SACÁ LOS DEDOS DE LA PUERTA

e cuando en cuando, y cada vez más seguido, desde el interior del Palacio de Gobierno de Chiapas se escuchan ruidos y se observan señales. Señales que hacen imaginar que el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar se encuentra muy solo, o se siente sabio, y por eso ya no escucha a sus doctores, los asesores... ¿Por qué esta apreciación, sugerida de esta forma y con el picante tan bien medido? Porque los jefes en Palacio han de estar pensando que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ignora que tras las marchas y las protestas de las mujeres del fin de semana reciente, se encuentran los recursos, las presiones, el chantaje y los sentimientos en disgusto

a disputa legal entre las plataformas digitales de transporte privado, los concesionarios y la Secretaría de Movilidad y Transporte parece haber puesto en jaque la cadena de corrupción que durante décadas se enraizó y normalizó en las entrañas del sistema de transporte público de entidades como Chiapas, donde todavía no se vislumbra una salida al conflicto. Y es que el problema es menos simple de lo que parece. Durante décadas, las prácticas sistemáticas de corrupción dentro del sector convirtieron al transporte público de Chiapas en un jugoso negocio para las autoridades involucradas. Esta situación no solo enriqueció a funcionarios, sino que también terminó alimentando monopolios transportistas y complicidades heredadas. Si bien las concesiones de transporte público surgieron con el propósito de regularizar la actividad y beneficiar a quienes inicialmente se dedicaban a brindar el servicio, con el paso de los años y el aumento de la demanda de unidades, las concesiones y los permisos gubernamentales para el sector se convirtieron en bienes de alto interés económico y político. Así, el incremento de rutas y concesiones dejó en manos de funcionarios y gobiernos un instrumento de negocio y pago de favores que terminó por corromper todo el sistema. Al final, la asignación de nuevas concesiones y permisos quedó a merced de criterios oscuros, acuerdos económicos o decisiones políticas al margen de la ley, que alimentaron a poderosas mafias del autotransporte que aprendieron poco a poco el método de presionar, pactar beneficios compartidos con las autoridades y

Francisco Ruiz Zuart.

del gobernador chiapaneco. ILUSOS... Con todo respeto: Gobernador Óscar Eduardo. Ve, sacá tus dedos de la puerta, te los pueden machucá o mutilá en cual-

quier rato y ya así, tus manos quedarán inútiles y se acabó el felino. Gobernador, ve, mejor aceptá que te falló la maniobra de párvulos y empezá a recomponerla. Pensálo. Por vidita tuya.

EN LA MIRA Héctor Estrada

Transporte público en Chiapas: el negocio que DiDi y Uber pusieron en jaque mantener así el control del sector. Pero también hay que decirlo: el sistema se convirtió en una verdadera pesadilla para decenas de concesionarios que, de manera individual o a través de pequeñas cooperativas, tuvieron que someterse a un nuevo modelo de corrupción y extorsión institucionalizada para no terminar siendo devorados o expulsados por los grandes pulpos transportistas. Durante sexenios se impidió el ingreso de nuevos actores al sistema de prestación de servicios públicos, se bloqueó la competencia dentro del sector y se limitó la participación de alternativas para los usuarios cuya importancia siempre ha sido relegada entre las prioridades de las autoridades responsables. De esta forma, para acceder a los “beneficios”, que antes eran exclusivos del cerrado sector concesionario en Chiapas, se volvió habitual el pago de “moches” para prácticamente todos los trámites de actualización y acceso a nuevas modalidades de funcionamiento, que ahora incluyen hasta unidades adicionales “toleradas” al margen de la ley en favor de los propios concesionarios. Es verdad, los pagos se volvieron exageradamente costosos, pero, hasta antes de la llegada de Uber y DiDi, se trataba de derechos y beneficios prácticamente exclusivos de concesionarios, que hasta entonces consideraban al cuantioso desembolso

adicional en “moches” un gasto que “bien valía la pena”. Por eso hoy la molestia y exigencia furiosa de los concesionarios contra la Secretaría de Movilidad y Transporte. Porque, bajo estas nuevas condiciones, el negocio y la cadena de corrupción que la ha alimentado ya no resultan; los moches de exclusividad se han vuelto inútiles y ser propietario de una o varias concesiones ha dejado de tener relevancia monopólica. Por ello la irrupción de las plataformas digitales sacudió los cimientos del sistema. No sólo porque introdujeron una nueva modalidad de transporte a Chiapas, sino porque también ha puesto en entredicho un modelo de negocio construido alrededor de la exclusividad, las barreras de entrada y el control que determinados grupos habían ejercido durante años sobre la prestación del servicio. Porque, más allá de los argumentos legales que hoy se discuten, la irrupción de las plataformas ha al-

Gobernador, mejor jueras viendo cómo encontrá un tu asesor, de los que no te tengan miedo y cuando haya necedidá, te jale la rienda y te acomode el juicio. Dicho con todo respeto. !Ah! Gobernador. Aprovechando el viaje, de una vez te va otra verdá: va queré que no te confiés mucho del ONDEADO: tu Secretario, Piloto, doctor, Capitán… ¿qué es eso que dejés que te vista de POLICÍA y luego lo mande a publicá? Te puso ropa de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Sos gobernador, no te dejés. Se mira muy fierito. ¿No te diste cuenta? Mirálo, aquí te muestro la fotografía. Tené cuidado. El Ondeado es bien plebe. Avisado. Cuidémonos.

terado las reglas de un negocio que durante años funcionaron bajo condiciones de competencia limitada. Y en ese nuevo escenario, los pagos realizados para conservar el control exclusivo del sector han perdido gran parte de su valor. Esta vez, el conflicto se concentra en el incumplimiento de Uber y DiDi con los trámites y las disposiciones de la nueva regulación, que contempla su registro ante la Secretaría y el pago de las contribuciones correspondientes para su operación. En apariencia, se trata de una discusión sobre legalidad, obligaciones administrativas y condiciones para prestar el servicio. Sin embargo, el fondo del asunto plantea una interrogante mucho más delicada: ¿Hasta dónde deberían llegar las atribuciones de la secretaría estatal para regular el funcionamiento de modalidades de servicio como las plataformas digitales? Porque, si el nuevo esquema termina concentrando nuevamente en la dependencia el poder de autorizar, condicionar o negar el acceso a los conductores de plataformas, el riesgo es que se reproduzcan exactamente las mismas prácticas discrecionales que durante años favorecieron a determinados grupos y cerraron las puertas a la competencia. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en obligar a Uber y DiDi a cumplir con la ley, ni en defender a ultranza el modelo tradicional de concesiones. Se trata de construir reglas claras, transparentes y equitativas para todos los participantes, sin privilegios ni exclusividades artificiales, y con mecanismos de supervisión que impidan que la regulación se convierta nuevamente en un instrumento de complicidades, recaudación discrecional o beneficio político sexenal… así las cosas.

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PALABRAS JJUSTAS Lulú Ovilla

• Un Tuxtleco para Tuxtla muy chingón y con arraigo e identidad local. • La paridad efectiva no es mala, malo es quienes la convierten en herencias familiares. • PAN y MC la piedra en el zapato para la paridad sustantiva y lograr canonjías para el 2027.

l pasado sábado 17 fue el registro de selección interna de Paco Chacón, en las oficinas estatales de MORENA, para contender por la alcandía Tuxtleca, después se trasladó al Poliforum ya con su registro en mano, para dar a conocer sus aspiraciones y compromisos con cada Tuxtleco, un evento que estuvo abarrotado tanto por dentro como por fuera. Paco Chacón, un hombre de barrio y del mero centro de Tuxtla, del Barrio de Guadalupe, de padres de barrio también, de San Roque, un hombre sencillo, que ha caminado por las calles de nuestra capital, que conoce sus necesidades, sus tradiciones, sus escuelas, ha estudiado en ellas, él como todos ha padecido también los malos gobiernos municipales que nos han gobernado. Sin descalificaciones, sin poses, sumando a muchos a su proyecto, haciendo un llamado de unidad y de esperanza, que mucha falta nos hace en estos tiempos, se pudo apreciar que fue un evento público, abierto para todos, se sintió el buen animo de la gente, así como los diferentes medios de comunicación, lideres, colonos, políticos, amigos, incluso políticos de oposición que ven con buen agrado la aspiración de Paco Chacón. Paco Chacón se comprometió a darle rumbo a nuestra ciudad, dijo que Tuxtla no debe jugarse como un volado y dejarla a la suerte, ya que es urgente consolidar una verdadera transformación estructural para Tuxtla, nuestra capital se merecen un nivel político de altura, con propuestas y valores, no con guerras sucias, enfatizo que desde muy pequeño uno de sus valores que le inculcaron fue el de jugar limpio. Dentro de su discurso en Poliforum, dijo que, les hacia un llamado a todos y a cada Tuxtleco presente o no presente, un llamado a la esperanza y a la participación colectiva, fue muy tajante al decir, “No voy a prometer lo que no pueda cumplir” y ya más efusivo al calor del discurso dijo: hoy el humanismo de la nueva ERA se va a sentir en cada rincón de Tuxtla, donde nadie se quede fuera, ese es el Tuxtla donde quiero trabajar. Dice Paco Chacón, que busca ganar la alcaldía Tuxtleca a arras de tierra, con el respaldo de su familia, de su trayectoria, su palabra y con lo más importante, la gente de Tuxtla, nadie le puede contar o de-

tirarse de la contienda electoral, a esas mujeres es a la que les corresponde merecidamente el poder.

La descalificación.

cir algo diferente, cuando él ha caminado cada calle de Tuxtla, nació y ha vivido toda su vida en nuestra capital, así que la esperanza, la reivindicación y el buen trabajo harán de Tuxtla, un Tuxtla Chingón.

La piedra en el zapato.

Con una diputación local y una alcaldía en Tuxtla Chico, sin alianzas, sin estructura interna, perdieron sus prerrogativas locales, al no poder mantener el 3 porciento de la votación en elecciones pasadas, sobre viven con recursos de la dirigencia nacional; El PAN es un partido que jamás se ha destacado por empoderar a las mujeres, ¿Que hacían con el porcentaje que les daban para capacitación? vaya usted a saber. ¿Qué actividades sobresalientes ha tenido el PAN? Ninguna en honor a la verdad, pero quiso jugar al partido honorable, que están muy lejos de ser, astutamente quieren negociar candidaturas para el 2027, porque de no lograrlo podrán perder su registro y serán parte de la historia política en Chiapas, como un partido sin pena ni gloria. Al blanquiazul no le interesa la Reforma electoral de paridad sustantiva, solo no quieren extinguirse. La Reforma de Ley para la Paridad Sustantiva en Chiapas, es buena, pero también hay que decirlo fuerte y claro, es un riesgo muy grande que de aprobarse, tienen que cuidarse algunos detalles muy importantes y que no deben minimizarse, se conoce perfectamente como se las gastan algunos hombres que son Alcaldes, por no decir el 99.99 por ciento, son machistas, no sueltan ni quieren soltar el poder, se perpetúan en el. Este poder pasa por toda la fa-

milia, esposa, hijos, hermanas y todo lo demás que se le pueda ocurrir mi querido lector, por eso es importante establecer reglas muy estrictas dentro de la Reforma de Paridad, para que los hombres que se encuentren actualmente como Alcaldes no crean que pueden utilizar esta nueva Reforma para intereses personales y familiares, porque entonces estaríamos cayendo en una simulación, en un nepotismo electoral. Que la Reforma de Ley para la Paridad Sustantiva, tiene huecos, es muy cierto, pero no hay error que no se pueda corregir y si ya se sabe en que se incurrió lo único que queda por hacer es modificarla y poner candados que los flamantes esposos no puedan violentar y crean que las alcaldías son herencias familiares, como existe actualmente en otros municipios de Chiapas y mejor ni decir cuales municipios, si ya sabemos cuáles. De 124 Alcaldías tan solo 24 mujeres son alcaldesas y son enviadas a municipios donde saben que no ganaran y si ganan, no las dejan gobernar, incluso cuando hay eventos donde hay presencia de gobierno, son ellos los que quieren lucirse y de eso han sido testigos funcionarios gubernamentales, ante ese tipo de situaciones es que fue que el Gobernador Eduardo Ramírez, quiere eliminar estas prácticas machistas. No se le debe dar poder a los “machistas” porque se perpetuán en el, esta nueva Ley de Reforma para la Paridad Sustantiva, no es para las mujeres de su familia, sino para otras mujeres, esas que han trabajado mucho en cada rincón de su municipio, que les ha costado llegar, que han sufrido, incluso, persecución y amenazas para re-

Esta Reforma impulsada por el Gobernador Eduardo Ramírez, que ha defendido muy bien, está siendo utilizada por diferentes actores políticos y sociales, la razón es sencilla, como no han logrado algún acuerdo a intereses perversos, porque no es otra cosa que presionar para conseguir su cometido y no teniendo algún recurso valido, se oponen a la Reforma, con acciones desesperadas y oportunistas, no es que les interese los derechos de las mujeres. El PAN y MC, lo único que deseaban era provocar una situación que los llevara a una buena negociación electoral, pero desafortunadamente para ellos no supieron hacer las cosas de manera que salieran beneficiados, sino todo lo contrario, así que ahora están peor de cómo se encontraban, tanto fue el revuelo que protagonizaron que llegó hasta oídos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quién tuvo que hacer declaraciones sobre la Reforma. A la Presidenta no le explicaron la necesidad de crear una Reforma para la Paridad Sustantiva en Chiapas, por esa razón declaro su desacuerdo cuando le hicieron la pregunta en Palacio Nacional, ante los diferentes medios de comunicación presentes, es muy cierto esta nueva Ley que protege a las mujeres en los cargos de Alcaldías y Regidurías, necesita unas correcciones y de hacerlas, no habrá recurso alguno para oponerse. Incluso hasta la misma Presidenta Sheinbaum, quién ha sido una de las grandes opositoras a que familiares directos sucedan a gobernantes o representantes populares en cargos de elección, esta Reforma de Paridad Efectiva, no es ninguna trampa, no se equivoquen, con un buen recurso, que sé que lo hay, bien se puede impugnar esta Reforma en caso de no aprobarla, ganando la razón sobre acciones perversas. Que el poder sea para las mujeres, esas que han luchado por un espacio, que se preparan, que estudian, que sufren, que incluso han sido amenazadas, pero persisten en su lucha, que no se rinden, de esas mujeres estamos hablando y no de aquellas que dicen, quítate que ya llegue, por el simple echo de ser: esposa, hija, hermana, amiga etc. etc.

CMAN

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Martes 20 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3479 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3479