CMAN
DOXA
EDITORIAL
La protesta institucionalizada de un grupo de mujeres
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Las protestas institucionalizadas a veces tienen un efecto contrario del que se pretende obtener. Eso es lo que está sucediendo con la protesta promovida en contra de la decisión del PAN de impugnar la Ley de paridad de género en Chiapas,
La presidenta Sheinbaum rechaza la represión en protesta por el agua en Guadalajara. Pero guarda silencio de la represión de médicos en la Ciudad de México. La diferencia de postura se debe a que en Jalisco gobierna la oposición. Situación que implica la existencia de un gobierno facciosos que no gobierna para todo México.
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EN CHIAPAS
Martes 13 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3474
MOVILIZACIÓN
PROTESTA
Sindicalizados del IMSS anuncian marchas en CDMX y 31 estados para este martes 13 de octubre Trabajadores sindicalizados del IMSS y de otros movimientos laborales convocaron a una marcha nacional para este martes 13 en la Ciudad de México y en las 31 entidades del país 5
Trabajadores del IMSS en Tapachula continúan su lucha por pensiones y salarios justos
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ACCIONES
Eduardo Ramírez inaugura Centro LIBRE y entrega espacios educativos y apoyos agropecuarios en Totolapa
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Planilla Roja pide revisar la elección del SUTSISSTECH y plantea una nueva votación; acusa intimidación, acarreo e inconsistencias en el padrón PAG. 3
HOY ESCRIBEN OTRA OBRA DE TEATRO Francisco Ruiz Zuart.
FILIPICAS
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Paco Ramírez
DEMANDA
Pacientes de hemodiálisis del ISSSTE en Tuxtla exigen ser reubicados tras ser enviados a un lugar no apto para su tratamiento
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EN LA MIRA Héctor Estrada
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LA SOMBRA DE LOS NARCOCANDIDATOS: MORENA 15 AÑOS José Gil Olmos
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EL CONTROL DEL DISCURSO EN LAS REDES VIRTUALES A TRAVÉS DEL EFECTO INHIBIDOR Octavio Islas* PAG. 3
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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
EDITORIAL La protesta institucionalizada de un grupo de mujeres
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as protestas institucionalizadas a veces tienen un efecto contrario del que se pretende obtener. Eso es lo que está sucediendo con la protesta promovida en contra de la decisión del PAN de impugnar la Ley de paridad de género en Chiapas, en donde el ejercicio de un derecho, como es el de acudir al Supremo Tribunal para impugnar una ley que se considera violatoria a la Constitución, se pretende convertir en un linchamiento por razones de género hacia ese partido, a grado tal, que un grupo de mujeres realizó una clausura simbólica de las instalaciones del PAN en Tuxtla Gutiérrez, en un acto que despertó más rechazo que simpatía. Es improcedente cualquier linchamiento que se promueve en contra de cualquier acto que significa el libre derecho de acudir a las instancias judiciales. Eso significa cancelar la ley de
amparo o el recurso de inconstitucionalidad que se establece en la ley, como un derecho que tienen los ciudadanos o en su caso los partidos políticos. Y el problema es mayor cuando en la protesta se utilizan argumentos falsos como viene sucediendo en los actos y el discurso que prevalece en esas protestas. Sobre todo, cuando nadie está en contra de la paridad de género, sino en contra de mecanismos que obligan cómo se debe cumplir esa paridad, que violenta el espíritu de otras leyes. La decisión del PAN, de impugnar la ley de paridad efectiva, se buscó politizar, al intentar convertir un asunto jurídico en uno político, y para ello un grupo de mujeres institucionalizadas, que defienden un discurso institucional más que la transformación de las instituciones, emprendieron la protesta que no ha tenido los alcances calculados, y sí una reacción con-
traria, en donde hay voces de otras mujeres que manifiestan su distanciamiento de las acciones emprendidas y que mantienen un discurso contrario a las medidas contenidas en esa reforma impugnada; pero lo peor de ello, es que el PAN en lugar de un linchamiento viene recibiendo respaldo por la medida emprendida y un partido con poca presencia en la entidad, ahora está siendo revitalizado y obtiene respaldo inesperado de hombres y mujeres. En el discurso existente en esa protesta, se escuchan argumentos políticos pero no jurídicos que justifiquen el contenido de la ley de paridad, y el mensaje sobre las acciones afirmativas está siendo mal planteado, particularmente, porque las acciones afirmativas son medidas temporales que buscan corregir desigualdades o discriminación, que dejan de existir cuando estas desigualdades se diluyen o se
alcanza el objetivo de igualdad, pero no pueden existir acciones afirmativas en la aprobación de una ley que establece derechos y responsabilidades, que dejan de ser medidas temporales sino de carácter obligatorio. La paridad de género es un derecho constitucional que no está en discusión. Sin embargo, para mejorar la participación política de las mujeres, es necesario transformar el concepto de la igualdad frente a la ley por uno que enfatice en la igualdad política de acceso al ejercicio del poder. Esta nueva concepción de la igualdad choca frente a las élites de poder en los partidos, que deciden las candidaturas y que impiden esta igualdad política en el acceso al poder, situación que implica que una minoría deciden las candidaturas, clausurando la participación política de hombre y mujeres y generando la simulación de elecciones libres democráticas y representativas.
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Pacientes de hemodiálisis del ISSSTE en Tuxtla exigen ser reubicados tras ser enviados a un lugar no apto para su tratamiento Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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amiliares de pacientes con insuficiencia renal que reciben hemodiálisis a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez exigieron su reubicación inmediata, luego de que, a partir de este lunes 12 de octubre, fueran cambiados a un espacio que, afirman, no cuenta con certificaciones sanitarias ni con la infraestructura adecuada. De acuerdo con su relato, el ISSSTE canceló sin previo aviso ni notificación formal el convenio de hemodiálisis con la clínica CCR, lo que dejó a decenas de pacientes “a la deriva”. Indicaron que el tratamiento les fue asignado en una casa acondicionada de manera improvisada. “Es un lugar improvisado, es una casa que apenas están acondicionando, no es apto para que nuestros pacientes reciban su tratamiento que no puede aplazarse”, señalaron. Los denunciantes aseguraron que este lunes varios pacientes y familiares sufrieron complicaciones y malestares físicos después de recibir su sesión en ese lugar. Subrayaron que la hemodiálisis “no es un lujo”, sino un tratamiento que los mantiene con vida y que no puede improvisarse. Lo que piden al ISSSTE
De acuerdo con su relato, el ISSSTE canceló sin previo aviso ni notificación formal el convenio de hemodiálisis con la clínica CCR, lo que dejó a decenas de pacientes “a la deriva”. Indicaron que el tratamiento les fue asignado en una casa acondicionada de manera improvisada
Los familiares solicitaron: Reubicación inmediata a una unidad médica o clínica con certificación sanitaria y licencias de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Garantizar la continuidad de los tratamientos sin poner en peligro la
salud de los pacientes. Una explicación formal sobre lo ocurrido, que calificaron como negligencia.
Planilla Roja pide revisar la elección del SUTSISSTECH y plantea una nueva votación; acusa intimidación, acarreo e inconsistencias en el padrón Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
José Antonio Sánchez Hernández afirmó que su equipo documentó anomalías y las presentó ante las autoridades; la Planilla Azul, señalada como beneficiaria, no ha dado su postura en este material. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Planilla Roja anunció que impugnó legalmente la elección del nuevo comité del Sindicato Único de Trabajadores del ISSTECH (SUTSISSTECH), celebrada el lunes 5 de octubre, al denunciar presuntas irregularidades que, según sus integrantes, podrían comprometer la validez del proceso. En conferencia de prensa, el candidato José Antonio Sánchez Hernández señaló que durante la jornada electoral se habrían registrado actos de intimidación contra trabajadores, acarreo de votantes e inconsistencias en el padrón de
sindicalizados, situaciones que, afirmó, habrían beneficiado a la Planilla Azul.
“Un proceso viciado desde el inicio” Sánchez Hernández sostuvo que su equipo documentó diversas anomalías y que ya las presentó ante las instancias correspondientes para solicitar la impugnación de los resultados. “Encontramos una serie de anomalías que hemos documentado y llevado ante las autoridades para pedir la impugnación de este proceso, que podemos denominar viciado desde el inicio”, declaró.
Consejo electoral bajo cuestionamiento El candidato acusó además presuntas intervenciones de integrantes de la Planilla Azul en la conformación del consejo electoral, por lo que insistió en que hay elementos que, desde su perspectiva, deben
ser revisados por las autoridades competentes.
Vías legales y nueva elección Afirmó que continuará la defen-
sa del voto de las y los trabajadores sindicalizados y que agotará las vías legales para exigir que se revise el procedimiento. Entre sus demandas, planteó la posibilidad de realizar una nueva elección.
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Eduardo Ramírez inaugura Centro LIBRE y entrega espacios educativos y apoyos agropecuarios en Totolapa De la Redacción Totolapa, Chis. (Tribuna)
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n el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales para impulsar obras y acciones prioritarias que contribuyan al bienestar social, al fortalecimiento de las cadenas productivas y a la prosperidad de la población. Como parte de su agenda de trabajo, el mandatario inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim). En este contexto, señaló que su administración está alineada con las políticas de género que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a garantizar la autonomía de las mujeres, el respeto a sus derechos y, sobre todo, espacios libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, entregó espacios en el Jardín de Niñas y Niños Luz Esther Sánchez Ramírez, con una inversión superior a 862 mil pesos, y otorgó bombas aspersoras, kits de herramientas y paquetes de medicamentos veterinarios para combatir el gusano barrenador, en beneficio del sector agropecuario, con recursos superiores a 415 mil pesos. También encabezó la premiación de los equipos ganadores del torneo de fútbol escolar y entregó kits deportivos.
Señaló que uno de los principales beneficios es que el convenio alcanzado puede tener efectos de cosa juzgada, lo que permite evitar un juicio, así como los gastos, traslados y desgaste que implica
La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que en el Centro LIBRE las mujeres pueden denunciar situaciones de violencia y recibir atención especializada, así como asesoría jurídica y psicológica, para avanzar hacia una vida libre de violencia. Asimismo, destacó que los hombres también pueden solicitar orientación para convertirse en aliados en esta lucha. Añadió que el número telefónico 961-462-9340 está disponible las 24 horas del día, con un equipo de atención permanente. Por su parte, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, in-
formó que, por instrucciones del gobernador, se ampliarán los apoyos agropecuarios en el municipio. Además, anunció que el próximo 19 de octubre comenzará el programa de adquisición de maquinaria y equipamiento, un esquema de apoyo que llevaba más de dos décadas sin otorgarse en Chiapas. En cuanto al seguro agrícola, aseguró que se brinda atención a las y los productores afectados por la sequía. La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, anunció la creación del Comité Municipal del Deporte para mejorar la organización de las actividades deportivas en Totolapa y capacitar a
entrenadoras y entrenadores, a fin de que las y los jóvenes practiquen deporte de manera ordenada y cuenten con una alternativa saludable de esparcimiento. El alcalde de Totolapa, Mario Argelio Fonseca López, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el respaldo brindado al municipio en materia de seguridad, educación, campo y atención a las mujeres. También mencionó los avances en seguridad, infraestructura educativa y apoyos agropecuarios, así como la apertura de un espacio destinado a la atención de las mujeres de la localidad.
Coordinación interinstitucional rumbo a los preparativos para el evento nacional de fiscalización que tendrá como sede a Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En el marco de la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de impulsar un gobierno coordinado, eficiente y comprometido con el bienestar de las y los chiapanecos, se llevó a cabo una reunión de trabajo para coordinar los preparativos del próximo evento nacional de fiscalización, que tendrá como sede a Chiapas. En el encuentro participaron la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Chiapas (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto; el jefe de la Oficina de la Gubernatura Fernando Bermúdez Velasco; y el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza. Las autoridades acordaron fortalecer la coordinación insti-
tucional y dar seguimiento a las líneas de trabajo relacionadas con la preparación de este evento. Durante la reunión, se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y sumar esfuerzos para que Chiapas sea sede de un encuentro nacional que convoque a las instituciones vinculadas con la fiscalización. Esta coordinación también contribuirá al fortalecimiento de la gestión pública y cumplimiento de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA. Asimismo, se refrendó el compromiso de impulsar acciones conjuntas en favor de la transparencia, la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas, con estricto apego al marco legal y a las atribuciones de cada institución.
Con estos trabajos, el gobierno de la Nueva ERA avanza en la preparación de Chiapas como sede nacional y reafirma su compromiso con una
administración pública responsable, íntegra y orientada a resultados, bajo los principios de Cero Corrupción y Cero Impunidad.
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Trabajadores del IMSS en Tapachula continúan su lucha por pensiones y salarios justos De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
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rabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan con su plantón en Tapachula, en demanda de una pensión justa, salarios dignos y mejores condiciones laborales. Durante la noche de este lunes, los trabajadores retiraron los tambos naranjas y las piedras que obstruyen el acceso hacia la Unidad de Medicina Familiar número 1, permitiendo nuevamente el paso a quienes necesitan acudir a recibir atención médica. La decisión se tomó luego de que los obstáculos permanecieron alrededor de una hora en el punto donde los vehículos realizan la curva para ingresar a las instalaciones médicas. Los trabajadores consideraron la importancia de permitir el acceso ante la posibilidad de que llegaran personas enfermas o mujeres embarazadas que necesitan atención. Asimismo, agradecieron el respaldo de los maestros de la Coordi-
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En el marco del Día Mundial de la Artritis, que se conmemora el 12 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llama a la población a identificar las señales de alerta de la artritis reumatoide y acudir a valoración médica ante dolor, rigidez o inflamación persistente de las articulaciones. La especialista en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 del IMSS Chiapas, Anahí Martínez Medina, explicó que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca tejidos del propio organismo, principalmente las articulaciones, aunque también puede afectar otros órganos como corazón, pulmones y riñones. Señaló que uno de los principales signos de alerta es la rigidez matutina, acompañada de dolor que puede mejorar con la actividad física a lo largo del día. También pueden presentarse inflamación, hinchazón, cambios en la coloración o temperatura de las articulaciones, dolor simétrico en manos, muñecas, rodillas o tobillos, así como cansancio. La especialista destacó que la artritis reumatoide no es exclusiva
Durante la noche de este lunes, los trabajadores retiraron los tambos naranjas y las piedras que obstruyen el acceso hacia la Unidad de Medicina Familiar número 1, permitiendo nuevamente el paso a quienes necesitan acudir a recibir atención médica
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes
acudieron para apoyar su movilización; sin embargo, señalaron
que sus demandas son distintas y que mantendrían su lucha laboral. CONTINÚA CERRADO EL ACCESO HACIA EL MERCADO SAN JUAN Aunque el paso hacia la Unidad de Medicina Familiar número 1 fue abierto, el acceso hacia el mercado San Juan continúa cerrado, donde permanecen los trabajadores frente a las instalaciones sindicales, manteniendo su plantón. Los manifestantes siguen atentos a las acciones de sus compañeros que mantienen su lucha en la Ciudad de México, mientras continúan exigiendo respuestas a sus demandas de pensiones justas y salarios dignos. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles afectaciones viales al circular por la zona.
Refuerza IMSS Chiapas detección oportuna de artritis reumatoide de las personas adultas mayores y puede presentarse durante la etapa productiva de la vida. Por ello, un diagnóstico tardío puede afectar la movilidad, capacidad funcional y actividad laboral de las personas. Asimismo, aclaró que no debe confundirse con la artrosis, padecimiento relacionado con la degeneración de las articulaciones y que tiene características diferentes. “El diagnóstico oportuno es fundamental porque lo que ya se dañó no es reversible; sin embargo, cuando se identifica y trata a tiempo se puede frenar el deterioro y limitar las complicaciones. El objetivo es que el paciente pueda mantener una buena calidad de vida con su tratamiento médico, alimentación adecuada y actividad física”, señaló. Martínez Medina explicó que el diagnóstico se establece, principalmente, mediante valoración clínica y puede complementarse con estudios de laboratorio y de imagen. Una vez establecido, la persona puede ser referida al servicio de Reumatología
para recibir el tratamiento específico; además, la rehabilitación y la actividad física moderada forman parte importante del manejo de la enfermedad. Advirtió sobre los riesgos de la automedicación, particularmente con analgésicos, esteroides u otros medicamentos, debido a que su uso inadecuado puede generar complicaciones y no atiende la causa del pa-
decimiento. Recomendó consultar al personal médico antes de iniciar cualquier tratamiento y evitar recurrir a remedios o medicamentos sin supervisión profesional. El IMSS Chiapas mantiene acciones de orientación para favorecer que la población reconozca las manifestaciones de esta enfermedad y utilice oportunamente los servicios médicos disponibles.
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Marina asegura 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca; suma nuevos decomisos en el Pacífico De la Redacción Ciudad de México (apro)
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a Secretaría de Marina (Semar) aseguró mil 268 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a seis personas, cinco de ellas extranjeras, durante una operación marítima realizada a unas 366 millas náuticas, aproximadamente 678 kilómetros, al sur de Huatulco, Oaxaca. El operativo, informado este lunes se llevó a cabo con la participación de unidades navales y aéreas de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. La droga estaba distribuida en 46 bultos a bordo de una embarcación interceptada durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, de acuerdo con el comunicado conjunto. El aseguramiento se suma a una serie de decomisos de presunta cocaína que la Armada ha reportado durante los últimos meses en aguas del océano Pacífico, con cargamentos que superan la tonelada en distintas operaciones frente a las costas de Chiapas, Guerrero y Michoacán. El 21 de julio, la Semar informó del aseguramiento de mil 530 kilogramos de presunta cocaína en una embarcación localizada a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas. En esa operación fueron de-
Octavio Martínez PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (apro)
Tras diluirse sus posibilidades de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Morena, Rafael Marín Mollineno, exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora aspira a ser alcalde de Cancún. El domingo 11, Marín Mollinedo, acompañado de un nutrido grupo de seguidores, anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. Con lo anterior, el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que ocupó primero el cargo durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum, insiste en ocupar un puesto de elección popular, el primero en su trayectoria política. En septiembre pasado, Morena se decantó por Eugenio Segura Vázquez, como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, lo que lo convierte
En el operativo, coordinado con la Guardia Costera de Estados Unidos, fueron detenidas seis personas, cinco extranjeras. Entre julio y agosto, la Armada reportó otros aseguramientos de más de una tonelada por operación en aguas del Pacífico
tenidas cinco personas y se aseguraron 51 bultos. La dependencia estimó entonces una afectación económica superior a 335 millones de pesos. El 28 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó otro decomiso de aproximadamente 1.1 toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico, al suroeste de Chiapas. En ese caso, la embarcación tenía cuatro motores fuera de borda y transportaba 38 bultos, además de combustible y radiobalizas. Posteriormente, el 7 de agosto, personal naval aseguró mil 170 kilogra-
mos de presunta cocaína a unas 460 millas náuticas al sur de Acapulco, Guerrero. Fueron detenidos seis tripulantes, tres mexicanos y tres ecuatorianos. Las autoridades también reportaron el aseguramiento de una embarcación con tres motores fuera de borda, combustible y equipos de comunicación satelital. En agosto se registraron otros decomisos de mayor volumen. El día 15, Marina reportó alrededor de 1.9 toneladas de presunta cocaína en una embarcación interceptada a unas 170 millas náuticas al suroeste de Zihua-
tanejo, Guerrero. Dos personas viajaban a bordo. Dos días después, el 17 de agosto, la dependencia informó del aseguramiento de más de 1.6 toneladas de presunta cocaína a unas 178 millas náuticas al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esa ocasión fueron localizados 45 bultos con la sustancia. En el caso de este lunes, las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición de las autoridades competentes. Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, donde serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará el peso ministerial de la sustancia. La Semar estimó que el decomiso representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis llegaran a la sociedad. Según la dependencia, con este operativo suman más de 90 toneladas de droga aseguradas en el mar durante la actual administración.
Sepultado el sueño de gobernar Quintana Roo: Rafael Marín Mollinedo va por Cancún prácticamente en virtual candidato a la gubernatura de este instituto político, dejando así sepultado el anhelo de Rafael Marín. El exfuncionario federal había renunciado para hacerse del puesto de coordinador estatal, primero a la ANAM y luego a la Delegación del Bienestar en Yucatán. Después inició una fuerte campaña con visitas a los municipios quintanarroenses, actos que se vieron empañados por un nexo entre Alejandro Enrique Arcos Romero, un miembro de su equipo, y Florian Tudor, líder de la mafia rumana, imputado por clonar tarjetas bancarias en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y hoteles de la Riviera Maya. Tras su registro como aspirante a la presidencia municipal en Cancún, Marín Mollinedo envió un mensaje vía redes sociales, con el que aseguró que no se trata de una aspiración personal su nuevo proyecto político. “Esta decisión no nació de una as-
piración personal; nació del diálogo directo con la gente en las asambleas, en los recorridos por las colonias y del llamado de quienes construyeron este movimiento desde abajo para dar un paso al frente. En la Región 228 refrendamos que este proyecto es del pueblo y para el pueblo”, expuso
Marín Mollinedo. Morena cerrará los registros para los aspirantes que busquen integrar los próximos ayuntamientos el 18 de octubre. En esta entidad, diversos actores políticos han efectuado su registro con miras a encabezar la planilla de Morena frente a la oposición.
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Pagamos puntualmente al IMSS, pero nuestros trabajadores se quedan sin atención médica, reclama CCE adecuada”, señaló.
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
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n medio de la serie de manifestaciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acusa un sistema saturado, falta de medicamentos, bajos incrementos salariales y una política de austeridad que pone en riesgo la salud del paciente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, reclamó que las empresas cumplen con el pago de sus aportaciones, pero sus trabajadores no siempre reciben la atención que les corresponde. En conferencia de prensa, Medina Mora explicó que el sector empresarial tiene conocimiento de las deficiencias que enfrenta la principal institución de seguridad social para los trabajadores formales del país, pese a los recursos que las empresas aportan para su funcionamiento. Y es que, para el dirigente empresarial, si el sector privado cumple puntualmente con sus obligaciones ante el Seguro Social, espera a cambio que los trabajadores tengan acceso a me-
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en contra de esquemas de privatización del agua y de la represión contra quienes protestan por la exigencia de este servicio en buenas condiciones, luego de la crisis en Guadalajara, Jalisco, por este tema. “Nosotros no estamos de acuerdo con la represión (...) preferimos poner estas vallas que eviten un enfrentamiento (...) mejor poner una valla cuando sabemos que hay estos grupos en un enfrentamiento directo. No estamos de acuerdo tampoco con el uso de la violencia en las manifestaciones”, afirmó esta mañana. La mandataria federal pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicar por qué se dieron los actos de represión con agua en contra de quienes protestaban, dado que es su responsabilidad, dijo. “En Jalisco se está viviendo un tema relacionado con la contaminación del agua”, resaltó la presidenta e indicó que el gobernador le planteó algunas soluciones, mismas que pidió analizar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con quienes este lunes tienen una reunión. “Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización del servicio del agua y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la
Protestas en el IMSS
dicamentos, tratamientos y cirugías, situación que no siempre ocurre. De hecho, señaló que han conocido casos de trabajadores que esperan hasta seis meses para que les programen una cirugía y que, cuando finalmente llega el día de la intervención, ésta termina por posponerse porque el hospital no cuenta con lo necesario para realizarla. “Cuando vemos que en muchos casos no existe las herramientas necesarias y que van posponiendo operaciones que son fundamentales, hemos conocido casos de personas que tardan 6 meses en programar una cirugía y cuando están en el quirófano resulta que no hay
las operaciones necesarias y se tiene que posponer“, agregó Medina Mora. A ello se suman los casos en los que las familias tienen que comprar los medicamentos con sus propios recursos, aun cuando los trabajadores cuentan con seguridad social y tienen derecho a recibirlos por parte de la institución. “Hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores, las empresas cumplimos puntualmente el pago correspondiente al seguro social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera
Los señalamientos del CCE se presentan cuando el IMSS enfrenta una serie de protestas de su propio personal, que acusa abandono de la institución y violaciones a sus derechos laborales. Este 12 de octubre se cumplió el quinto día de manifestaciones de trabajadores del Seguro Social, quienes acusan que la falta de medicamentos, insumos y personal, así como las condiciones laborales y la política de austeridad, están afectando la atención que se brinda a los derechohabientes. La inconformidad ocurre también en medio de casos de fallecimientos de bebés en unidades del IMSS de diferentes estados del país. Como respuesta a las protestas, este lunes el director general del IMSS, Zoé Robledo, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que se realizará una consulta para conocer la situación que enfrenta la institución. Sin embargo, dejó en el aire la posibilidad de otorgar a los trabajadores un incremento salarial mayor al que ya fue aprobado.
Sheinbaum pide al gobernador Lemus explicar represión contra manifestantes por agua contaminada en Jalisco contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo”. Lemus planteó un esquema en el que la administración de Sheinbaum no está de acuerdo, específicamente en que “ese esquema represente la privatización de los servicios. “Entonces, claro que él tiene atribuciones autónomas en su estado para resolverlo (...) Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento”, dijo Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo Federal aseguró: “el asunto es ponerse de acuerdo para ayudar a resolver el problema porque los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pues están sufriendo por la calidad del agua. Lo que tenemos que hacer es resolverlo”. Buscarán un acuerdo para revisar las medidas emergentes y después el programa de largo plazo. “Eso hizo el presidente López Obrador con el gobernador Alfaro. El presidente López Obrador cumplió, el gobernador Alfaro pues no cumplió con su parte. Incluso él hizo otras obras de agua que no resolvieron el problema. Entonces ahora hay que tener la certeza que técnicamente estamos atendiendo el problema y al mismo tiempo que finan-
cieramente sean mecanismos que no generen una privatización del servicio”. En Jalisco, dijo, en el Congreso se ha puesto a votación el esquema de financiamiento que plantear Lemus y la presidenta adelantó: “Tiene que estar creo que las dos terceras partes este esquema de financiamiento. Entonces, pues eso depende del estado de Jalisco, del Congreso. Ahí hay legisladores de Morena que en este momento se oponen a ese esquema. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Vamos a ponernos de acuerdo. Ya Morena pues tiene que decidir. Pero vamos poniéndonos de acuerdo por si estamos de acuerdo en todo el esquema. En principio, técnicamente parece que no hay tantos problemas”, resaltó la mandataria. El planteamiento fue de un esquema que se llama CMR. “Yo al principio le dije, bueno, pues vamos a verlo con Conagua y ver si lo podemos resolver de esa manera. Conagua me informa, pues que tiene que ver también con operación privada bajo este esquema. Entonces, hay que encontrar una manera para que el Congreso de Jalisco pueda aprobarlo independientemente de la solución técnica, es decir, es la solución técnica y el esquema financiero y hay que ponerse de acuerdo para que ambos sean sostenibles”.
En cuanto a la situación de los manifestantes detenidos, la presidenta dijo: “No quiero entrar en un debate particular de la presidenta con el gobernador Lemus. Ellos tienen que explicar una parte y nosotros tenemos que explicar la nuestra y en el caso del agua ponernos de acuerdo para el beneficio de los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara que están viviendo un problema de contaminación del agua”. Y sí hubiera una intervención de la Secretaría de Gobernación, la presidenta dijo que tendría que solicitarse desde Jalisco (...) Nosotros no queremos que se convierta en un conflicto político entre el gobierno del estado de Jalisco y nosotros porque hay un problema que vive la población y queremos ayudar a resolverlo, pero tiene que ser en un marco en el que estemos de acuerdo cómo se resuelve y estamos en la mejor disposición de hacerlo”.
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Mientras AMLO negaba la existencia de fentanilo, el Cártel de Sinaloa lo producía industrialmente Por J. Jesús Lemus Ciudad de México, (Tribuna)
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a caída de José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, en la Ciudad de México puso al descubierto una de las contradicciones más severas entre el discurso político y la realidad operativa del crimen organizado en la historia reciente del país. Mientras desde la tribuna presidencial se insistía de manera reiterada, por parte de López Obrador, que en México no se producía fentanilo ni se introducían los precursores químicos necesarios para su elaboración, las agencias internacionales de inteligencia documentaban minuciosamente cómo este operador del Cártel de Sinaloa movía toneladas de insumos sintéticos a través de una red que abarcaba tres continentes. El Flaco no respondía al perfil tradicional del capo de la droga volcado a las armas. Su papel dentro de la estructura criminal era el de un facilitador logístico y broker químico de alto nivel, estrechamente vinculado a las facciones de Ismael El Mayo Zambada y de Los Chapitos. Su función principal consistía en articular el abastecimiento de sustancias clave procedentes de Asia para alimentar las cocinas industriales instaladas en el norte del país, garantizando un flujo constante e ininterrumpido de materia prima.
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
En medio del quinto día consecutivo de protestas de trabajadores sindicalizados del IMSS, su director, Zoé Robledo Hurtado, dejó en el aire si el instituto puede ofrecer un aumento salarial mayor al aprobado; dijo que eso se verá después de la consulta que realice el sindicato el próximo miércoles 14. Por ello, anunció que se hará una consulta a los trabajadores para “escucharlos” y tener un “diálogo directo” con ellos y saber lo que necesitan. En conferencia, acompañado del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el exlegislador fue cuestionado si el IMSS tiene la capacidad financiera para incrementar más del 2.9% del sueldo tabular, cifra que los trabajadores que se han manifestado en las calles consideran insuficiente. “Cuando la consulta tenga un resultado, pues el IMSS tendrá que responder en función de ese resultado”, contestó. Aclaró que el incremento salarial global aprobado es de 6.8%, dividido en dos partes: 2.9% en el tabulador y 3.9% por el “concepto 11” que incluye ayuda de renta para casa habitación y se paga quincenalmente.
Mediante la intervención de comunicaciones telefónicas, el rastreo de embarcaciones y el seguimiento de encomiendas aéreas, las autoridades internacionales lograron mapear la ruta utilizada por Rivera Zazueta
La reconstrucción de sus operaciones fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre la Guardia Costera de Taiwán y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Mediante la intervención de comunicaciones telefónicas, el rastreo de embarcaciones y el seguimiento de encomiendas aéreas, las autoridades internacionales lograron mapear la ruta utilizada por Rivera Zazueta. La estrategia logístico-financiera conectaba directamente a proveedores en ciudades portuarias de China con escalas estratégicas en puntos del Pacífico Norte, como Alaska, para finalmente desembarcar la mercancía en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Los precursores, declarados falsamente como jabones, resinas o productos industriales de uso cotidiano, eran transportados desde la capital y las costas hacia los bastiones del Cártel de Sinaloa en el Triángulo Dorado. En esas zonas se consolidaron narcolaboratorios con capacidad para fabricar millones de pastillas falsificadas al día, transformando por completo la dinámica del narcotráfico y migrando de las drogas de origen natural a la producción masiva de opioides sintéticos. Las pruebas acumuladas en los expedientes judiciales de la Corte
Federal del Distrito de Columbia y de la Corte del Distrito Sur de California abarcan grabaciones donde Rivera Zazueta negociaba los precios por kilogramo de sustancias esenciales como el N-fenetil-4-piperidona y el ANPP, presumiendo además su capacidad para evadir los controles aduanales mediante empresas fachada y triangulaciones financieras en la banca asiática y en criptomonedas. El contraste entre esta infraestructura criminal y las declaraciones vertidas en las conferencias matutinas entre 2019 y 2023 evidenció una brecha insostenible. La narrativa oficial, que buscaba desmarcar a México de la crisis del fentanilo atribuyendo el problema de forma exclusiva al consumo en Estados Unidos y a envíos directos desde Asia, quedó desmentida por los propios hechos. La captura con fines de extradición de Rivera Zazueta en la Ciudad de México confirmó que la capital funcionaba como centro de operaciones para los gestores del tráfico de precursores, mientras en el ámbito público se negaba de forma sistemática la existencia misma de la producción industrial de la droga en suelo nacional. Información Cenzontle 400.
Zoé Robledo deja en el aire posible aumento salarial en el IMSS y anuncia consulta La consulta En el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, que se ha ofrecido como mediadora en el conflicto, Robledo Hurtado anunció que, para “escuchar a los trabajadores”, el IMSS hará una consulta a sus 267 mil 795 trabajadores de los 277 hospitales de segundo y tercer nivel de atención del país, donde está “la mayoría de las exigencias”. Dijo que será un “diálogo directo” en los hospitales, almacenes, centro de trabajo, “piso por piso para escuchar a la base”. Dicha consulta tendrá ocho puntos: Abasto de insumos Surtimiento de recetas Personal Equipo médico Mobiliario Conservación Condición de trabajo Organización y gestión interna Aunque no dijo cuándo comenzará ni terminará la consulta, el director del IMSS ofreció como “compromisos” atender las peticiones con “prioridades, tiempos y responsables”. Y añadió: “escuchar a los trabajadores es parte del día a día, no dar opcio-
nes, sino resultados, buscar las mejores formas de resolver”. A propósito de las protestas de personal médico y administrativo que ha habido en los últimos días en la CDMX y diversas entidades, Robledo Hurtado dijo que no ha habido afectaciones en la operación de hospitales. Y aseguró que en el IMSS “nunca minimizamos ningún comentario de un trabajador. Hay que escucharlo y atenderlo”. El anuncio de Zoé Robledo de la consulta del IMSS coincide con el que el viernes pasado hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que hará giras en las 24 entidades donde opera el IMSS Bienestar para reunirse con los directores de los hospitales y saber las condiciones en que operan. ¿Desabasto? Repórtelo en internet Robledo Hurtado presumió que el IMSS surte diario recetas para 700 mil personas en el país. Añadió que la entrega de medicamentos en sus farmacias es de 94%, lo que consideró un porcentaje “alto”. Sin embargo, reconoció que con un 1% que no se surta, “puede significar miles de personas” que no tengan el me-
dicamento que necesitan. Al ser cuestionado sobre el problema de desabasto de medicinas, ofreció como solución reportarlo en la página de internet recetacompleta.gob.mx o llamar al 800 953 22 18. “Receta completa es una solución”, afirmó. También echó la responsabilidad a las farmacéuticas que no surten el medicamento que el gobierno les compra. Y mencionó como ejemplo a PISA. “No se le ha pagado a nadie que haya incumplido”, dijo. El director del IMSS pidió a los directores de los hospitales que en este proceso de consulta no haya “simulación” del estado en que se encuentran las instalaciones cuando haya visitas programadas de las autoridades.
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Sindicalizados del IMSS anuncian marchas en CDMX y 31 estados para este martes 13 de octubre Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
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rabajadores sindicalizados del IMSS y de otros movimientos laborales convocaron a una marcha nacional para este martes 13 en la Ciudad de México y en las 31 entidades del país. La marcha se realizará en medio de las protestas que este lunes siguieron en diferentes puntos de la capital en demanda de un aumento salarial suficiente, la destitución de Rafael Olivos, como representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), mayores insumos médicos para atender a los derechohabientes; entre otros.
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)
El reconocimiento como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio” de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, plasmado desde 2024 en la Constitución, ha carecido de una correspondencia clara en el ejercicio de los recursos públicos, como se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), propuesto para 2027. Con la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que reglamenta el Artículo 2 Constitucional, en espera de ser discutida por el Congreso de la Unión, el Centro de Investigación y Análisis Fundar alerta sobre las inconsistencias presupuestales para esa población y el ejercicio real de sus derechos. “A pesar de la reforma constitucional de 2024, la cual supone que las comunidades pueden ejercer capacidades jurídicas y administrativas propias, hoy en día existe una distancia entre dicho reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público y la forma en la que el presupuesto se organiza”, se lee en el reporte “El presupuesto como condición de la libre determinación”, que forma parte de un análisis global del proyecto de presupuesto 2027, como cada año realiza la organización. El documento explica que los fondos públicos destinados a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas están contemplados en el PEF, en el “Anexo Transversal 10. Erogaciones para la implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam). “Lo que planteamos en este análisis del paquete económico, en este tema en particular, es justo esta brecha entre el reconocimiento constitucional y la forma en la que actualmente se organiza el gasto público, es decir, reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos
De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la marcha partirá de la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en el Eje 3 y la avenida Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 15 horas. Aunque no se ha definido la ruta ni
el destino, se prevé que los manifestantes se dirijan a las oficinas centrales del IMSS, en el Paseo de la Reforma 476, y también a la sede del sindicato, en calle Zamora, en la Condesa. En ese punto se mantiene el plantón que personal de salud y administrati-
vos del IMSS instalaron desde el pasado viernes 9, después de ser replegados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. El lema de la marcha, según la convocatoria, es “Trabajadores Unidos en apoyo al movimiento del IMSS. Por la unidad de los trabajadores y los pueblos en lucha”. Las demandas que llevarán son: “Salario justo”, “Retiro digno”, “No a las Afores”, “Fuera Olivos”. El sábado 10, en un mitin frente a las oficinas centrales del IMSS, Pedro Hernández, representante de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la CDMX, anunció su apoyo a los trabajadores sindicalizados del IMSS.
Reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos sólo en la letra, no en el presupuesto como sujetos de derecho público también implica reconocer su capacidad para decidir sobre los recursos públicos”, abunda Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar. Añade que en el Anexo 10 participan 21 dependencias con recursos federales para la aplicación de 95 programas dirigidos a poblaciones indígenas y afromexicanas. Para 2027 se prevén 254 mil 961 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4.4% de lo asignado en 2026. Castaño advierte que el incremento “no significa automáticamente que aumente la capacidad de los pueblos para decidir sobre ese presupuesto”, siendo las secretarías de Bienestar y Educación Pública las dependencias que concentran el 69% de los recursos públicos destinados al Anexo 10. “Bienestar aporta casi 96 mil millones y Educación Pública 80 mil millones. Entonces, el Anexo 10 lo que nos dice es cuánto se etiqueta para pueblos indígenas, pero también tenemos que preguntar quién decide cómo se ejerce ese dinero”, dice la investigadora. La característica común de los programas de ambas dependencias es que se trata de transferencias directas a través de distintos programas sociales y becas a estudiantes de niveles básico y medio superior. En el caso de Bienestar, por ejemplo, del total de recursos, casi de la mitad esta dirigido a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, del orden de más de 46 mil 905 millones de pesos. Tras recordar que, desde la desaparición del Coneval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no son unos programas que tengan como que mucha evidencia de los beneficios para la población”. A pesar de esos incrementos, en el proyecto de PEF para 2027 se advier-
ten decrementos importantes en los recursos que aportan al Anexo 14 de las 21 dependencias. El informe de Fundar destaca reducciones importantes en Cultura, con 37% menos recursos que en 2026; Medio Ambiente aportará 62% menos que el año pasado y Relaciones Exteriores con un recorte de 99.6%. “La reducción el presupuesto de Cultura en más de un tercio es contradictoria, porque el Anexo promete un desarrollo intercultural. El patrimonio cultural, la lengua y la identidad forman parte del corazón de los derechos que la reforma constitucional busca proteger”, resalta el documento. Entre las caídas importantes destacan los recursos que destinaban las Entidades no sectorizadas, del orden de 40.4%, y que estaban dirigidas a tres programas como la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia Pueblos Indígenas, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Este último tiene como objetivo “apoyar el desarrollo de identidad comercial y de marca de productos y servicios de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que revitalicen sus prácticas y procesos de producción tradicional”. Para 2027 la propuesta del PEF también refleja reducciones importantes de los aportes al Anexo 10 de la Secretaría de Salud, del orden de 29.1%, dependencia que contempla fondos para la partería tradicional; y de100% en los recursos de la Secretaría de Economía que estaban destinados a “fortalecer la vinculación con entidades del sector público, privado, académico y social prioritariamente, con los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante instrumentos de colaboración para aumentar las solicitudes de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”. Paulina Castaño resalta que en el
Anexo 10 ocurre lo mismo que en otros anexos, que los presupuestos se “inflan” con programas de transferencias económicas. “De manera opaca y sin conocer realmente los criterios por los cuales se meten estos programas a estos anexos transversales que inflan los anexos, para que en el discurso oficial se diga que sí se le está destinando recursos a atender a las poblaciones, pero cuando uno se mete de fondo qué programas presupuestarios son los que están dando recursos, pues nos damos cuenta de que sí son las pensiones, sin que se tenga claridad qué me va a beneficiar a las poblaciones o para que las poblaciones y comunidades indígenas puedan llevar a cabo lo que necesitan”, señala Castaño. En cuanto al FAISPIAM, el informe de Fundar recuerda que ha sido “la principal vía para que actualmente pueblos y las comunidades administren y ejerzan de manera directa su presupuesto”, mismo que se deriva del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Para este año se estableció de manera obligada destinar el 10% del FAIS al FAISPAIM. “Para 2027 el total del FAIS va a ser de 144 mil 752 millones de pesos, el 10% de este monto que va para pueblos y comunidades indígenas va a ser de 14 mil 475 millones, lo que representa un incremento del 3.1 en comparación con lo que se le dio para 2026.
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De más de 520 denuncias por violencia sexual en el Ejército, solo 3% acabó en condena Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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e más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales en las Fuerzas Armadas durante 12 años, apenas una pequeña proporción obtuvo una sentencia condenatoria. La violencia sexual contra mujeres dentro del Ejército mexicano permanece marcada por la impunidad. De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales durante un periodo de 12 años, solo 3 por ciento de los casos derivó en una condena, mientras que el 97 por ciento restante no llegó a una sanción efectiva, de acuerdo con una investigación de la periodista mexicana Zorayda Gallegos. El reportaje Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad documenta cómo las jerarquías militares, las desigualdades de género y los obstáculos institucionales dificultan que las mujeres denuncien las agresiones y consigan justicia. Por este trabajo, Gallegos recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026, un reconocimiento que distingue su investigación sobre la violencia, el machismo y el silencio institucional dentro de las Fuerzas Armadas. En entrevista con Noticias ONU en Ginebra, la periodista advirtió que la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni se limita a los cuarteles: también ocurre en escuelas y hospitales militares. De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales en las Fuerzas Armadas de México durante 12 años, solo un 3% de los casos dio lugar a una condena, revela la periodista mexicana @zogallegos, Premio @BreachValdez de Periodismo y DDHH 2026.https://t.co/ h9JdIVLdvo — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 12, 2026 Jerarquías militares, un obstáculo para denunciar la violencia sexual Uno de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres militares es la estructura jerárquica y vertical de las Fuerzas Armadas, donde la obediencia a los superiores constituye una regla fundamental. Gallegos explicó que, durante su formación, a las mujeres se les enseña a obedecer y acatar órdenes, una dinámica que puede colocarlas en una situación de vulnerabilidad cuando quien ejerce la autoridad incurre en conductas abusivas. “Eso significa que si un mando militar le dice a una mujer ‘entra en mi dormitorio’, pues ella tiene que entrar porque si no estaría desacatando una orden que le está dando su superior”, señaló la periodista. Esta relación desigual de poder
La violencia sexual contra mujeres dentro del Ejército mexicano permanece marcada por la impunidad. De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales durante un periodo de 12 años, solo 3 por ciento de los casos derivó en una condena, mientras que el 97 por ciento restante no llegó a una sanción efectiva, de acuerdo con una investigación de la periodista mexicana Zorayda Gallegos
dificulta que las víctimas se resistan a sus superiores y evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres cuando la autoridad militar puede convertirse en un factor de presión. A estas condiciones se suma el machismo arraigado en las instituciones castrenses, que también se refleja en la asignación de tareas y las oportunidades de ascenso. Según Gallegos, a las mujeres se les suele vincular con actividades de cuidados y enfermería, incluso cuando cuentan con la preparación necesaria para ocupar cargos de mayor responsabilidad.
Revictimización y falta de perspectiva de género en la justicia militar Los obstáculos no terminan cuando una mujer decide denunciar. La investigación también documenta casos en los que las víctimas enfrentan resoluciones judiciales con razonamientos sexistas o sin perspectiva de género, lo que añade barreras a su búsqueda de justicia. Estas prácticas pueden profundizar la revictimización y dificultar que las mujeres obtengan una respuesta institucional frente a las agresiones que denunciaron. La respuesta de las propias Fuerzas Armadas también fue cuestionada en el reportaje. Aunque se creó una oficina contra el hostigamiento y el acoso sexual, Gallegos señaló que el acompañamiento psicológico ofrecido a algunas víctimas estaba orientado a que perdonaran a sus agresores, olvidaran lo ocurrido y
continuaran con su carrera militar. En contraste, explicó que las medidas dirigidas a los hombres señalados por cometer abusos podían limitarse a recomendaciones. “Es lo máximo”, expresó la periodista al referirse a estas respuestas institucionales. El contraste entre las dificultades que enfrentan las denunciantes y la falta de sanciones efectivas para los agresores expone uno de los principales problemas documentados por la investigación: la persistencia de condiciones que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia dentro de las instituciones militares.
¿Qué cambios propone para combatir la impunidad en el Ejército? Para romper el ciclo de silencio e impunidad, Gallegos consideró necesario reformar el sistema de justicia militar y ampliar la participación de las mujeres en los puestos superiores, los espacios de toma de decisiones y los cargos relacionados con la procuración e impartición de justicia. La periodista subrayó que estos cambios requieren voluntad política para transformar las condiciones institucionales que dificultan las denuncias y la sanción de los responsables. La investigación pone de relieve que atender la violencia sexual en las Fuerzas Armadas no implica únicamente contar con mecanismos para recibir denuncias, sino también garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia sin enfrentar
nuevas formas de violencia y que las agresiones tengan consecuencias efectivas.
Zorayda Gallegos reivindica el periodismo que documenta verdades incómodas El trabajo de Gallegos también se desarrolla en un contexto adverso para el ejercicio periodístico en México. La reportera ha enfrentado presiones, comentarios intimidatorios y amenazas veladas relacionadas con sus publicaciones. Pese a ello, defendió la importancia de difundir información de interés público y garantizar a la sociedad el derecho a una información independiente e imparcial. Para la periodista, recibir el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026 representa un honor porque el galardón rinde homenaje a Miroslava Breach y Javier Valdez, periodistas mexicanos asesinados por su trabajo. “Siempre apostaron por un periodismo valiente, arraigado en sus comunidades y contando verdades incómodas. Hasta que les costó la vida, es una situación que no debió de haber ocurrido jamás”, afirmó Gallegos. Su investigación sobre la violencia sexual en el Ejército mexicano expone las barreras que enfrentan las mujeres militares para denunciar los abusos y obtener justicia, al tiempo que coloca en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones para prevenir la violencia de género y garantizar sanciones efectivas.
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EL CONTROL DEL DISCURSO EN LAS REDES VIRTUALES A TRAVÉS DEL EFECTO INHIBIDOR
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urante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el debate sobre la censura digital y los límites de la libertad de expresión ha adquirido particular relevancia en México. La aprobación legislativa del paquete de reformas conocido popularmente como “ley antimemes” reabrió la discusión sobre cómo conciliar tres objetivos: proteger la identidad y la seguridad de las instituciones públicas; garantizar la fiscalización ciudadana, la crítica y la sátira política; evitar que la regulación se convierta en un mecanismo de control indebido de los contenidos en internet. La “Ley antimemes” El miércoles 30 de septiembre de 2026, el Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma conocida como “ley antimemes”, con 72 votos a favor y 34 en contra. Después de la votación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados. El miércoles 7 de octubre de 2026, tras varias horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma tanto en lo general como en lo particular, con 310 votos a favor y 97 en contra. Concluida la votación en la Cámara de Diputados, el proyecto regresó al Senado para continuar el trámite legislativo y avanzar hacia su eventual promulgación. La reforma es conocida popularmente como “ley antimemes” por la preocupación sobre sus posibles efectos en la sátira política. Su propósito declarado es sancionar el uso indebido de la identidad gráfica o institucional del gobierno cuando tenga fines ilícitos, fraudulentos o de desinformación grave. El proyecto introduce cambios en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos de la identidad gráfica o institucional de entidades públicas con el propósito de inducir al error o al engaño para fines ilícitos. Artículo 144 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor Regula las obligaciones de los proveedores de servicios de internet y las plataformas digitales respecto del mecanismo de aviso y retirada de contenidos, así como las políticas aplicables a usuarios reincidentes. Inhibir y controlar El Ejecutivo federal y los legisladores oficialistas sostienen que la reforma no pretende limitar el humor, la crítica política ni la sátira. Afirman que su objetivo es dotar al Estado de herramientas jurídicas para combatir los fraudes cibernéticos
Octavio Islas*
y la suplantación de identidad gubernamental, como las páginas falsas que ofrecen beneficios sociales o inversiones en nombre de instituciones públicas. El gobierno también señala que las modificaciones contribuyen al cumplimiento de los compromisos internacionales sobre propiedad intelectual asumidos en el T-MEC. Sin embargo, organizaciones civiles, legisladores de oposición, especialistas en derechos digitales y caricaturistas cuestionan la ambigüedad de la redacción y el amplio margen de interpretación que podría otorgar a las autoridades. Los críticos advierten que la frontera imprecisa entre una parodia legítima y el uso no autorizado de elementos oficiales podría fomentar la autocensura entre quienes publican memes, cartones políticos o críticas incisivas en las redes sociodigitales. La reforma incorpora mecanismos de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet. Entre otras obligaciones, deberán aplicar sistemas de aviso y retirada (notice and takedown) y cancelar las cuentas de usuarios reincidentes, bajo la amenaza de multas elevadas. Especialistas advierten que, al no exigirse una orden judicial previa, las empresas podrían eliminar contenidos de manera preventiva para reducir riesgos económicos. Este esquema trasladaría a corporaciones privadas decisiones sobre la circulación de contenidos y podría vulnerar el debido proceso. El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que la normativa protege el orden público frente a las estafas digitales sin menoscabar los derechos políticos y sociales. Los sectores críticos, en cambio, consideran que su diseño amplía la discrecionalidad y abre la puerta al control de la libre expresión en el entorno digital. Algunos avisos previos Antes de las reformas en materia penal y de propiedad industrial, el gobierno federal y diversas dependencias recurrieron con frecuencia a comunicados y advertencias institucionales para desacreditar investigaciones periodísticas, memes virales y filtraciones, a los que calificaban como “noticias falsas” o campañas de desinformación. Estas acciones contribuyeron a instalar la idea de que el uso no autorizado
o satírico de logotipos, comunicados y otros elementos gráficos del Estado podía erosionar la confianza institucional y, por tanto, justificar una respuesta legal. De forma paralela, sectores oficialistas presentaron en el Congreso diversas iniciativas para regular las redes sociodigitales. Algunas contemplaban obligar a las grandes plataformas tecnológicas a moderar contenidos con base en criterios poco definidos. El cinco de febrero de 2025, el caricaturista Paco Navarrete publicó un cartón en el periódico Mural. La ilustración abordaba en tono satírico un posicionamiento de la diputada Itzul Barrera relacionado con los aranceles al aguacate. La diputada argumentó que el cartón la “sexualizaba” o vulneraba sus derechos. No obstante, gremios periodísticos y defensores de la libertad de expresión advirtieron que se trató de una exageración institucional para castigar la mofa política, obligando al monero a ofrecer disculpas públicas durante 15 días. La sentencia contra Navarrete (avalada por instancias como la Sala Regional del Tribunal Electoral fue un mensaje de advertencia a los creadores de contenido: la crítica a morenistas tendrá consecuencias legales y altos costos personales. Además, diversos activistas digitales y usuarios en plataformas como X (antes Twitter) han enfrentado notificaciones, amagos de demandas civiles por daño moral o procedimientos administrativos impulsados por figuras públicas tras difundir investigaciones, críticas incisivas o señalamientos sobre el ejercicio de recursos y funciones de gobierno. Organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión (como Artículo 19) han señalado reiteradamente que la existencia de estas vías legales —sumadas a reformas de control digital y de propiedad industrial con redacciones ambiguas— incrementa el riesgo de inhibir la participación ciudadana y el escrutinio público del poder. La “ley antimemes” y sus obligaciones de responsabilidad secundaria a los proveedores de internet (notice and takedown) admite ser interpretada como la culminación de estos intentos por delegar en empresas privadas el control de lo que circula en la red, priorizando la protección de la imagen del poder político por encima de la libertad de expresión.
Referentes internacionales Algunos países han adoptado normas sobre el uso de la identidad institucional, la suplantación digital y la regulación de contenidos en internet. Aunque estas medidas responden a contextos distintos y presentan diferentes grados de restricción, ofrecen puntos de comparación para analizar la reforma mexicana. Entre los principales referentes se encuentran: Rusia: legislación sobre ofensas a los símbolos estatales y difusión de noticias falsas. Nicaragua: Ley Especial de Ciberdelitos. Venezuela: Ley Constitucional contra el Odio. Estados Unidos: marcos de propiedad intelectual y mecanismos de aviso y retirada. Rusia: ofensas a los símbolos estatales y noticias falsas En 2019, Rusia aprobó leyes que sancionan con multas o arrestos la difusión en internet de contenidos considerados irrespetuosos hacia la sociedad, el Estado, los símbolos patrios o las instituciones oficiales. Las disposiciones también castigan la propagación de información que el gobierno califique como falsa. Los detractores sostienen que la amplitud de estos criterios puede utilizarse para restringir la sátira política y otras formas de expresión crítica. Nicaragua: Ley Especial de Ciberdelitos Aprobada en 2020, la ley establece penas de prisión por difundir información que las autoridades consideren falsa o que, a su juicio, afecte la seguridad del Estado, el orden público o genere zozobra. Organizaciones y especialistas advierten que la amplitud de estos criterios ha permitido utilizar la norma para inhibir la crítica en las redes sociodigitales y medios digitales. Venezuela: Ley Constitucional contra el Odio Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, la ley sanciona la incitación a la intolerancia o al odio a través de medios de difusión pública y plataformas digitales. La normativa contempla penas de hasta veinte años de prisión. Sus críticos advierten que la amplitud de los criterios utilizados limita la libertad de expresión, restringe el humor político y otras manifestaciones críticas. Estados Unidos: propiedad intelectual y aviso y retirada En Estados Unidos, la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) permite solicitar el retiro de contenidos presuntamente infractores para proteger obras, marcas y otros materiales sujetos a derechos. A diferencia de las normas más restrictivas, este modelo reconoce excepciones como el uso justo (fair use), que ofrece mayor protección a la parodia, la crítica y los memes frente a reclamaciones abusivas.
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al y como se veía venir, la reforma en materia de paridad electoral, aprobada recientemente por el Congreso de Chiapas, terminó siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como resultado de inconsistencias de fondo que se advirtieron desde antes de su aprobación y que ahora parecen encaminarla hacia un destino previsible en manos del máximo tribunal constitucional. Y es que el fracaso de reformas similares en otras entidades ya anticipaba una ruta complicada para Chiapas. Apenas el pasado 4 de septiembre, diez días antes de la aprobación de la reforma chiapaneca, el Congreso de Guerrero había recibido un revés de la SCJN por una modificación legislativa bastante similar. En aquella entidad, los legisladores habían aprobado cambios a las leyes locales para garantizar que, durante los siguientes procesos electorales, en los municipios donde nunca ha gobernado una mujer, los partidos políticos estuvieran obligados a postular exclusivamente candidatas. La Suprema Corte terminó fijando criterios no sólo respecto a la medida afirmativa que establecía candidaturas exclusivas para mujeres en determinados ayuntamientos, sino también sobre otras disposiciones de la reforma que las exceptuaban injustificadamente en ciertos municipios. Además, advirtió incompatibilidades con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
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EN LA MIRA Héctor Estrada
El destino de la reforma de paridad electoral en Chiapas
General de Partidos Políticos, por lo que las disposiciones impugnadas terminaron siendo invalidadas. Un par de semanas después, durante la sesión del Pleno celebrada el pasado 28 de septiembre, la SCJN también votó en contra de las reformas aprobadas por los congresos de Durango y San Luis Potosí, que establecían la alternancia obligatoria de género en las candidaturas a las gubernaturas como mecanismo para garantizar la paridad en un cargo unipersonal. La Corte argumentó que esa disposición podía generar una restricción injustificada para los hombres al impedirles competir por la guber-
natura en los procesos electorales en los que correspondiera postular a una mujer. En ese sentido, resolvió que los congresos estatales habían excedido sus facultades legislativas al imponer una regla que obligaba a los partidos políticos a alternar el género de sus candidaturas en cada elección. Consideró que estas disposiciones podían excluir, dependiendo del proceso electoral, a personas de uno u otro género de la posibilidad de contender, y rechazó que las reformas, en los términos planteados, fueran necesariamente una vía válida para garantizar la equidad de género. Se trata, al final de cuentas, de re-
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formas que compartían, en esencia, el mismo objetivo que la legislación chiapaneca, aunque respondían a escenarios distintos. Por eso, el futuro de la norma impugnada ante la Suprema Corte, a la luz de los criterios que el máximo tribunal ha establecido en asuntos similares, no parece tan difícil de anticipar. Sin embargo, el proceso de inconstitucionalidad promovido contra la reforma chiapaneca tampoco significa que exista un verdadero interés por la legalidad, la equidad real o los derechos ciudadanos igualitarios de parte de los promoventes. De fondo, aquí el asunto tuvo un interés estrictamente político. Entre pasillos de Palacio de Gobierno se sabe perfectamente que el objetivo de la dirigencia partidista local fue utilizar dicho instrumento jurídico para “sentar” al gobernador e imponer condiciones de negociación sobre la mesa del proceso electoral venidero. Pero, lamentablemente para los interesados, el asunto no parece haber salido conforme lo planeado y el tiro podría terminar saliendo por la culata. Y es que, al final, muy seguramente las negociaciones terminarán moviéndose de destinatario e interlocutor hacia la Ciudad de México para ordenar posibles modificaciones y la reposición del proceso de insaculación que, incluso, podrían terminar como una sentencia cuyos efectos deban esperar hasta después de los próximos comicios, debido a la falta de tiempo y proximidad del inicio del proceso electoral… así las cosas.
LA SOMBRA DE LOS NARCOCANDIDATOS: MORENA 15 AÑOS
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orena cumplió 15 años el pasado 2 de octubre en los cuales, de manera vertiginosa, creció en cantidad de militantes y en poder hasta llegar a la cúspide presidencial en 2018 con su creador Andrés Manuel López Obrador al frente. Hoy enfrenta un grave problema que amenaza no sólo su poderío sino su existencia: la corrupción y la colusión con el crimen organizado de muchos de sus miembros en todos los niveles de gobierno y en los poderes legislativo y judicial. Al igual que el PRI y el PAN cuando estuvieron en la Presidencia, Morena enfrenta una crisis estructural con las denuncias de corrupción en el ejercicio del poder y de asociación de miembros fundamentales de su estructura con diversas organizaciones criminales. Pero también, y eso es lo más preocupante, es el hecho de que muchos de ellos son responsables de haber formado agrupaciones delictivas con ganancias multimillonarias, como es el caso del huachicol fiscal, de donde se ha denunciado en investigaciones periodísticas, salieron fondos para las campañas de 2021 y 2024.
José Gil Olmos
Como parte del ejercicio de rendición de cuentas del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a puerta cerrada en el Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no pudo dejar de reconocer la amenaza de un nuevo arribo de narcocandidatos par las elecciones de 2027. Este temor también fue expresado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la dirigencia nacional de Morena por Ariadna Montiel. El recelo de que el crimen organizado esté presente en la elección de 2027 fue manifestado por la presidenta Sheinbaum, quien pidió a la dirigente de Morena tener mucho cuidado y revisar a todos los aspirantes a las gubernaturas, diputaciones federales y estatales, así como a las presidencias municipales.
La amenaza de la colusión de candidatos y narcos es tan real que incluso desde septiembre del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, admitieron en la conferencia mañanera realizada en Chiapas que se trabaja de manera conjunta en una mesa con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de inteligencia para concretar el mecanismo establecido en la ley. En esa conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta comisión, pero aclaró que las revisiones responderán únicamente a la información oficial de las dependencias mexicanas, descartando que decisiones unilaterales
extranjeras, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, influyan en el proceso electoral. Este temor también lo comparte el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia, que forman parte de una comisión que quedó formalmente instalada el pasado 7 de septiembre y se integra por tres de los consejeros electorales: Norma de la Cruz Magaña, Arturo Chávez López y Uuc-kib Espadas Ancona. En su sesión del lunes 5 de octubre el INE avaló crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas creada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la que se busca evitar narcocandidatos de cara al proceso electoral de 2027. No es para menos ese resquemor, pues la presencia del crimen organizado en el proceso electoral en 2024 dejó un saldo de 41 políticos asesinados y 10 secuestrados. Y ahora que Morena cumple 15 años y la presidenta Claudia Sheinbaum dos años de gobierno, la sombra del narcotráfico está más que manifiesta, pues hay múltiples denuncias de que ya está incrustado en el partido y en el gobierno, pero sobre todo que puede incidir en las elecciones con amenazas, dinero o presión a los aspirantes.
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Martes 13 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
FILIPICAS Paco Ramírez
Paridad en Chiapas: el debate jurídico pendiente
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Qué se aprobó
l 14 de septiembre, en sesión extraordinaria, el pleno de la LXIX Legislatura aprobó la iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que reforma los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Congreso informó que la votación fue unánime. La reforma exige que las candidaturas a los ayuntamientos cumplan la paridad horizontal y vertical, y garantiza la alternancia de género en las planillas. Para aplicarla en 2027, la Junta de Coordinación Política organizó los municipios en bloques según la lista nominal y realizó una insaculación para asignar el género de cada uno, con aviso al IEPC a más tardar el 30 de septiembre. El sorteo se hizo el 27 de septiembre. El resultado fue que en 62 municipios los partidos deberán postular mujeres, y que en 61 la asignación queda libre. Oxchuc quedó fuera por elegir a sus autoridades por usos y costumbres. El Congreso estima que, con la reforma, podrían llegar a 62 las presidentas municipales. Es una proyección, porque la regla obliga a postular, no garantiza quién gana. El sustento y la impugnación La paridad como principio tiene base constitucional. La reforma de “Paridad en Todo”, de junio de 2019, modificó entre otros los artículos 35, 41 y 115. Sus transitorios ordenaron a las legislaturas locales adecuar su legislación para procurar la paridad. Desde 2015, la jurisprudencia 7/2015
del Tribunal Electoral exige paridad vertical dentro de cada ayuntamiento y horizontal entre los ayuntamientos de un estado. Que la paridad horizontal es obligatoria no está en discusión. Lo que está en discusión es el método. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN impugnó la reforma ante la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 131/2026. Según un medio local, el partido sostiene que el Congreso se excedió al usar la insaculación sin participación del órgano electoral, y que se afecta el derecho a votar y ser votado en condiciones de igualdad. La presidenta estatal del PAN, Catalina Caravantes, afirmó que el recurso no busca limitar la participación de las mujeres, sino cuestionar el procedimiento. El gobernador respondió que defenderá la iniciativa y que, si es necesario, acompañará al Congreso ante los ministros.
Los planteamientos de Lety Daruich
En un video que circula en redes, la abogada feminista Lety Daruich relata que acudió a un espacio para escuchar los posicionamientos de activistas, precandidatas y servidoras públicas sobre la paridad en Chiapas. Dice que no encontró argumentos jurídicos y que lo que oyó fueron frases como “es tiempo de las mujeres”, “paridad real y efectiva” y “mi apoyo incondicional al gobernador”. Es su testimonio de lo que presenció. Daruich plantea que el debate es, ante todo, jurídico. Explica que la acción de inconstitucionalidad permite pedir a la Corte que revise
si una ley contradice la Constitución, y que en materia electoral pueden promoverla los partidos. El caso del PAN sigue esa vía. También plantea una pregunta sobre el trabajo legislativo. Señala que la iniciativa llegó del Ejecutivo y que el Congreso cuenta con personal y con un instituto de investigaciones legislativas y de estudios para la igualdad de género, por lo que, a su juicio, debió analizarla y prever sus consecuencias. Opina que indignarse sin responder a los argumentos raya en el cinismo. La pregunta de fondo, cómo se analizó la reforma antes de aprobarla, cobra interés porque no hubo votos en contra. Este texto no localizó el dictamen ni la versión estenográfica de la sesión. Daruich pregunta además quién cuestionó la exclusión de las mujeres indígenas, quién atendió las inquietudes sobre la representación por sexo y por qué el Congreso, y no la autoridad electoral, hace el sorteo. Algunas de esas dudas tienen ya un referente público: Oxchuc fue excluido por su régimen de usos y costumbres, y el papel del Congreso en la insaculación es uno de los puntos que el PAN lleva a la Corte. Si hubo discusión interna sobre esos temas, no consta en las fuentes consultadas. Añade que las medidas de la alerta de género requieren presupuesto, y la ley lo respalda: el artículo 23, apartado E, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias ordena que la Cámara de Diputados y los Congresos estatales aprueben una partida presupues-
tal para atender la alerta y den seguimiento a su ejercicio. Si el Congreso de Chiapas cumplió con ese mandato es un punto que este texto no pudo verificar.
El costo del Congreso
Daruich cierra con una cuenta del costo del Congreso. Según sus cálculos, los presupuestos de 2025 y 2026 suman más de 665 millones de pesos, y con las 175 iniciativas que menciona, cada una habría costado alrededor de 3.8 millones. El Congreso publica que su presupuesto de 2026 es de 342.8 millones, y los medios reportaron que inició su tercer año con 175 iniciativas. La suma con 2025 es cálculo de ella. Hay que considerar que el presupuesto cubre también nómina, fiscalización y administración, por lo que el costo por iniciativa es una referencia general y no una medida exacta.
Lo que viene
La Corte deberá resolver si un sorteo realizado por el Congreso, y no por la autoridad electoral, es un método constitucionalmente válido para aplicar una paridad cuyo fundamento nadie discute. No hay precedentes localizados de la Corte sobre un mecanismo idéntico, por lo que el desenlace es incierto. Mientras tanto, quienes impulsaron la reforma tienen la oportunidad de exponer su fundamento jurídico, y quienes la impugnan, de precisar qué alternativa proponen para cumplir la paridad en 2027. Ambas cosas servirán a quienes votarán el próximo año.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Martes 13 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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OTRA OBRA DE TEATRO Francisco Ruiz Zuart.
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De ínfima calidad. Malograda. 2do. “Informe” de los, las Ricci Diestel, de los Sánchez Ricci, de León Ricci.
l gobierno del Estado de Chiapas hizo sentir a Fabiola Ricci Diestel que solamente es una de las tantas que utilizan y que amigos no son. Es únicamente utilería oficial, eso le demostraron. Ni el peor de los enemigos políticos de la presidenta municipal de Morena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Fabiola Ricci Diestel, hubiera podido imaginar el fracaso tan bien logrado que el sábado 10 de octubre logró obtener, quien por momentos ha llegado a sentirse la mujer política más destacada de Chiapas, la República Mexicana y América Latina. ¿En qué consistió el fracaso tan bien conseguido, constituido con bastante notoriedad? Fabiola Ricci Diestel, con toda anticipación, invitó a la presentación pública de su Segundo Informe Administrativo al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y a su esposa Sofía Espinosa Abarca, y la pareja decidió no asistir... Fabiola invitó para escuchar la lectura pública de su 2do. Informe de Gobierno al nuevo Secretario General de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma. Al Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. A todos los titulares del gabinete legal del Poder Ejecutivo y nadie de ellas, ellos, quisieron estar presentes para oír el Segundo Informe de actividades de la morenista Fabiola Ricci Diestel... Fabiola invitó para estar en su Informe Administrativo a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo. Al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Mario F. Guillén Guillén. Al Auditor Superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, primo hermano del gobernador..., y todos decidieron no acompañar a Fabiola Ricci Diestel. Ni el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, representante popular del distrito local, se anunció que se haya presentado. Fabiola invitó para estar con ella, en un lugar privilegiado, a Juan Carlos Moreno Guillén, y este no quiso asistir al acto de gobierno municipal a celebrarse en El Pueblo más Mágico de los Pueblos Mágicos de México. Y para acabarla de joder, le envío como su representante personal a alguien nada agradable para Fabiola. Fabiola Ricci también corrió in-
vitación para escuchar su Segundo Informe de gobierno a todos los representantes religiosos en el municipio, y solamente se anunció la asistencia del Obispo católico. De los otros pastores y profetas evangélicos, como se hacen llamar, no se habló de su presencia para atestiguar la lectura que haría su compañera de culto religioso. Con todo lo ocurrido, podría decirse que le abandonó hasta su Dios, quien le ha venido encubriendo por dos años. Fabiola Ricci tuvo el cuidado de invitar a las personas más destacadas al interior de la política morenista, del Estado de Chiapas y del país. A los gordos y a los flacos, a los duros y a los suaves: pero nadie decidió que habría que estar con Fabiola y sus empleados. Fabiola Ricci invitó para escuchar su informe de actividades administrativas a empresarios hoteleros y turísticos, a constructores, a los proveedores de su gobierno, a familias de dinero y abolengo... y lo que se pudo ver fueron a puras personas de medio pelo o de pelo muy pequeño y, además, pintado. ¿Quiénes no faltaron al mal denominado “Informe” administrativo? No faltaron sus empleados domésticos, compañeros del ayuntamiento. No faltaron los trabajadores eventuales, por la amenaza de perder su trabajo. No faltaron todas las personas que cuentan con tarjeta bienestar y que periódicamente reciben ayuda del gobierno: porque fueron amenazadas con suspenderles las dádivas a las que las tienen acos-
tumbradas. No faltaron sus papás, hijos, hermanos, padrinos y otros familiares, por razones evidentes y de sobra explicables. Los agentes y subagentes municipales, y los representantes de barrios y colonias, que se dieron cita de forma obligada, cuando empezó la lluvia, la mayoría de ellos decidió abandonar el lugar. ¿A quién se le ocurrió la idea estúpida de efectuar el “informe” en ese lugar y a esa hora? Ha de ser algún enemigo de Fabiola. LA AUSENCIA ABSOLUTA de las personalidades más destacadas de la clase política del Estado y del país, que jamás imaginó Fabiola Ricci Diestel, por su magnitud y contundencia da para pensar que no se trató de una casualidad, sino de un hecho oficialmente decidido. Hacerla sentir con los pies en la tierra y con el alma en frío. Muy pronto se sabrá la verdad y eso se dejará ver en las decisiones políticas ya en puerta. Como sea, Fabiola Ricci Diestel NO SE REELIGE y por ahora lo único seguro que tiene, son menos de un año de presidenta municipal. Muchos creyentes afirman que se trató de un castigo divino y de que, como este o peores, le esperan todavía un montón más. DESPUÉS de todo lo ya anotado, FORMA ¿qué características tuvo el “informe” de actividades, en su CONTENIDO? En la parte de la administración de los recursos públicos: CARECIÓ de los más mínimos elementos de una METODOLOGÍA DE EXPOSICIÓN apropiada
a un acto público de esas dimensiones. Lo expuesto se dio en desorden y desaliñado. Sin considerar el objetivo superior del acto y los pasos imprescindibles para la consecución del fin. En ningún momento del documental se mostró o se dijo ¿cuánto dinero ingresó a la tesorería y de cuánto fueron los egresos habidos? Se omitió toda la información que permitiera saber algo sobre el costo específico y la ubicación de las obras, sobre el monto detallado de las adquisiciones, sobre los contratos más cuantiosos, sobre los arrendamientos más importantes, sobre los costos de las festividades y lo cobrado por los artistas “tumbados”... La intención primordial del 2do. “Informe” de Fabiola Ricci Diestel, por lo visto y escuchado, fue de NO INFORMAR, simular una entrega de cuentas, aparentar transparencia: hacer creer que es honrada, cuando es corrupta; que es apta, cuando es inepta; que es leal, cuando es traidora; que dice la verdad, cuando miente hasta dormida... Otra vez, como en el primero y de acuerdo a como lo indican las leyes: NO HUBO 2do. INFORME de gobierno municipal en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Porque aquí Fabiola Ricci Diestel, de Morena, roba, miente, traiciona y aún con toda esta conducta delictiva, invierte para continuar como “representante popular”. Fabiola. El poder no te deja solo cuando fallas. Te deja solo cuando ya no le sirves. ¡Ah! Fabiola Ricci desde la noche anterior al “Informe” ya sabía que faltarían los invitados que ella deseaba no faltaran a la Obra de Teatro llamada 2do. “Informe” de Gobierno Municipal. Lloró y eso explica lo afónica, la ronquera de su voz al día siguiente, durante la lectura del documento oficial. Una lectura que cambió muchas palabras, no respetó puntuaciones y en algunos momentos del acto dio la impresión de que Fabiola leía pero se encontraba ausente: leía pero no entendía. Leyó mujeres COMBATIBLES, cuando la palabra correcta era COMBATIVAS... Fabiola no se encontraba en el lugar. ¡Ah! La forma, el contenido y los resultados del 2do. “Informe” de Gobierno constatan que quien cobra como ASESOR de Fabiola Ricci Diestel, PpCrocker García, es alguien fallido, no apto para el servicio público y que debe ser corrido del cargo. Cobrar sin devengar es corrupción. ¿Me estás leyendo, inútil?
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Martes 13 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3474 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3474