CONTRAPODER EDICIÓN 3469 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Compromisos incumplidos del gobierno

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A 8 semanas de cumplir los dos primeros años de gobierno, hay deudas con Chiapas que el gobierno de Eduardo Ramírez no ha podido cumplir.

Eduardo Ramírez es el gobernador que ha obtenido el mayor número de votos en la historia. Pese a esa legitimidad no ejerce el control total del gobierno y comparte el poder. En Morena le impiden maniobrar plenamente el proceso electoral y le quieren imponer cuotas. Y peor aún, lo responsabilizan de ganar elecciones con candidaturas que no son de su agrado.

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EN CHIAPAS

Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3469

RECLAMO

ACCIONES

La nueva Ley Indígena que quiere Sheinbaum detona la rebeldía de pueblos originarios y afromexicanos Organizaciones indígenas y culturales advierten que la iniciativa presidencial continúa el despojo neoliberal y legaliza la apropiación cultural. Denuncian que los artículos 33, 157, 158 y 159 son los más críticos por dejar fuera del control comunitario recursos estratégicos y el patrimonio cultural

Eduardo Ramírez entrega certificados de bachillerato a policías de seis municipios

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ESTUDIO

UNICACH y Tec de Tuxtla impulsan el aprovechamiento del guaje

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Realiza IMSS Chiapas más de 200 mastografías durante jornada de detección

KAXLAM

Francisco Ruiz Zuart.

FILIPICAS

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Paco Ramírez

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

SOLICITUD

Propietarios de Venustiano Carranza piden reabrir un caso archivado por invasión de más de 140 hectáreas

HOY ESCRIBEN

PUNTO Y COMA Roger Laid

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UN AUTÉNTICO FRAYLESCANO O UN FUEREÑO Y CORRUPTO COMITECO Raymundo Díaz S.

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NEGOCIOS E IMPUNIDAD, LA SOMBRA EN LOS CANDIDATOS DE MORENA José Gil Olmos PAG. 3

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Compromisos incumplidos del gobierno

8 semanas de cumplir los dos primeros años de gobierno, hay deudas con Chiapas que el gobierno de Eduardo Ramírez no ha podido cumplir. La más dolorosa de ella, es la aplicación de la ley a funcionarios de la administración de Rutilio Escandón, a quien el propio gobernador ha señalado como el responsable de haber entregado una entidad en el desastre en materia de seguridad, con implicaciones sociales y económicas, por la guerra entre cárteles por el control territorial de la entidad, que provocó miles de desplazados, cierre de negocios en los municipios fronterizos de La Sierra por el cobro de cuota y la inseguridad, a grado tal que tiendas de conveniencia abandonaron sus instalaciones y bancos cerraron sus sucursales. La lista de funcionarios con carpeta de investigación en la Auditoría Superior del Estado y en la fiscalía general del Estado que se encuentran congeladas, sólo requiere de la instrucción para

ejecutar la vinculación a proceso, en donde personajes que hoy cuentan con fuero constitucional por ocupar un cargo de elección popular, rindan cuenta de los desvíos de recursos y de enriquecimiento inexplicables. En esa lista aparecen los nombres de José Manuel Cruz, Javier Jiménez, Uriel Estrada, Julio Rincón, María Esther García, Ismael Brito, Sergio Aguilar Rivera y Ángel Torres, quienes tienen la protección de Adán Augusto López Hernández, presunto jefe del Cártel de Tabasco, personaje que vive una disputa soterrada con la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a los señalamientos que hay sobre la corrupción en las obras emblemáticas del gobierno de Obrador, por los vínculos con el tráfico ilegal de combustible y por los señalamientos que lo involucran con vínculos con el crimen organizado. Eduardo Ramírez estableció como principio general de su gobierno Cero Corrupción y Cero Impunidad, principios que han quedado en el discurso, debido a la protección que tienen los exfun-

cionarios de Rutilio Escandón y el propio exgobernador de la entidad, quienes se enriquecieron brutalmente, a grado tal, que si se establece el criterio de recuperar para el pueblo lo robado por estos exfuncionarios, se puede obtener una cantidad superior a los cinco mil millones de pesos que se requieren para capitalizar la costa de Chiapas y convertirla en el principal productor de alimentos del país, pero hay disposiciones desde la presidencia de la república de que se les brinde protección institucional, situación que deja en mala posición el discurso de Cero Corrupción y Cero Impunidad del gobierno del Estado. Los daños ocasionados por Rutilio Escandón en materia de seguridad representan crímenes de lesa humanidad, al haber dejado la entidad en manos de los cárteles con cientos de ejecuciones y homicidios, mientras él recibía los sobornos que le enviaban a través de mensajeros en la secretaría de seguridad, en la fiscalía del Estado y en su propia oficina a través de Julio Rincón, quien jugaba el

papel de informante del CJNG de lo que sucedía y se acordaba en Palacio de gobierno. Pero los crímenes de Escandón Cadenas no sólo consistieron en los sobornos que recibía, sino que salían instrucciones a los presidentes municipales para que entregaran a los cárteles el control del territorio; muchos presidentes municipales señalan que sus vínculos con el crimen organizado se debieron por instrucciones precisas a nombre de Rutilio Escandón. Pero el negocio de la extorsión fue institucionalizado desde las oficinas del SAT en Chiapas, donde un personaje, hoy funcionarios de la secretaría de salud, operaba a nombre de la esposa de Rutilio Escandón para extorsionar a empresarios bajo el compromiso de quitarles multas o suspender auditorías, sin que las quejas de varios empresarios se haya investigado, en una clara muestra de que los emisarios del jefe del Cártel de Tabasco continúan operando en la impunidad en Chiapas y siguen obteniendo contratos millonarios en las dependencias públicas del Estado.

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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Propietarios de Venustiano Carranza piden reabrir un caso archivado por invasión de más de 140 hectáreas Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

ás de 140 hectáreas de propiedad privada permanecen ocupadas desde 2013 en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria, sin que sus dueños hayan podido recuperarlas, denunciaron diez propietarios que ahora buscan impugnar la resolución que archivó su caso. Los afectados son Donaciano Calvo Gómez, José Anselmo Pérez Pérez, José Diógenes Moreno Pérez, Edgar Ely Moreno Vázquez, Mario Pérez Nucamendi, Bulmaro Jiménez Zúñiga, Manuel Huet Cruz, Guillermo del Carmen Díaz Hernández, Hermelindo Díaz Bautista e Isaías Hernández Hernández. Entre los terrenos en disputa están El Rosario, El Carmelito, Fracción El Potrerillo, El Grano de Oro, Las Margaritas, Las Palmas, Rancho Alegre y Santa Elena, entre otros. Según los propietarios, en 2013 un grupo de personas ingresó a las parcelas y los obligó a retirarse mediante

Los afectados son Donaciano Calvo Gómez, José Anselmo Pérez Pérez, José Diógenes Moreno Pérez, Edgar Ely Moreno Vázquez, Mario Pérez Nucamendi, Bulmaro Jiménez Zúñiga, Manuel Huet Cruz, Guillermo del Carmen Díaz Hernández, Hermelindo Díaz Bautista e Isaías Hernández Hernández.

amenazas. Relataron que el conflicto deri-

vó además en la muerte de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, hijo de uno

de los afectados, ocurrida el 22 de mayo de 2017. Los afectados señalaron que en septiembre de 2017 hubo un desalojo policial, pero que los ocupantes regresaron después. Donaciano Calvo Gómez acreditó la propiedad de uno de los terrenos con la Escritura Pública número 13, de 1964, dentro de la Averiguación Previa 011/CE36/2016. Sin embargo, la Carpeta de Investigación C.I. 017-106-0413-2019 fue determinada como No Ejercicio de la Acción Penal el 9 de septiembre de 2022, resolución que, indicaron, les fue notificada hasta 2025. Ante ello, los propietarios buscan impugnar la resolución y recurrir a posibles amparos para que se reanuden las actuaciones y puedan recuperar su patrimonio familiar.

Fortalece Chiapas coordinación hacendaria en reunión nacional de funcionarios fiscales De la Redacción Zacatecas, Zac. (Tribuna)

Encabeza Sofía Espinoza Abarca jornada de atención social en Tapachula De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

Como parte de las acciones de atención social que se acercan a las familias de Chiapas, la señora Sofía Espinoza Abarca encabezó en Tapachula la Jornada Estatal DIF, con la entrega de apoyos de movilidad, el impulso de Huertos Escolares Pedagógicos y la inauguración de un Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños. En las instalaciones de la Delegación Regional del DIF Chiapas de este municipio se entregaron apoyos para niñas, niños y personas adultas que requieren dispositivos de movilidad. Asimismo, se impulsaron los Huertos Escolares Pedagógicos, una iniciativa que llegará a 316 centros

escolares de diferentes municipios y beneficiará a más de 42 mil niñas y niños mediante la producción de alimentos frescos y nutritivos. Durante esta actividad también se inauguró el Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños, un espacio que busca brindar nuevas alternativas de atención y acompañamiento para fortalecer el bienestar y desarrollo de la población infantil. Finalmente, en el Parque Recreativo “Los Cerritos” se entregaron apoyos de movilidad y paquetes alimentarios a familias de la región, entre ellos sillas de ruedas, sillas PCI, bastones, andaderas y lentes. Estos apoyos contribuyen a facilitar las actividades cotidianas y fortalecer el bienestar de las personas y familias que los requieren.

Con el propósito de fortalecer la coordinación hacendaria y compartir experiencias para mejorar la gestión de los recursos públicos, el secretario de Finanzas del estado de Chiapas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, participó en la CCCLXXI Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Durante este encuentro, representantes de las entidades federativas intercambiaron experiencias, propuestas y buenas prácticas en

materia financiera dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), un espacio clave para dar seguimiento puntual a las decisiones presupuestarias y a fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Finalmente, el titular de Finanzas resaltó que este diálogo técnico con la Federación resulta fundamental ante el análisis del Paquete Económico 2027, permitiendo a Chiapas anticipar escenarios, mantener una planeación financiera sólida y asegurar un manejo eficiente y responsable de los recursos que impactan directamente en el desarrollo del estado.

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Eduardo Ramírez entrega certificados de bachillerato a policías de seis municipios De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

n Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de certificados de bachillerato a elementos policiales de los municipios de Tapachula, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mapastepec, Bejucal de Ocampo y Pijijiapan, a quienes reconoció por concluir esta etapa académica y convocó a continuar con su preparación profesional, a fin de ejercer con mayor conciencia su labor policial. “Quiero felicitarlas y felicitarlos, y también invitar a todas y todos a que se sigan preparando. Nunca es tarde para empezar, así que no hay que dejar de aprender. En ustedes hay historias extraordinarias que nos comparten y hacemos propias. Gracias por todo su empeño. Gracias en nombre de los pueblos que representan. Sigan hacia adelante”, expresó. Asimismo, reconoció a las instituciones que brindaron todas las facilidades a las y los policías egresados. Ramírez Aguilar resaltó el trabajo conjunto que realizan las instituciones de seguridad en favor de la pacificación de las diferentes regiones del estado. En este contexto, enfatizó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es consolidar corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y profesionales, para proteger la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas. El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que para

En este contexto, enfatizó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es consolidar corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y profesionales, para proteger la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas

la Nueva ERA las y los policías son una prioridad y representan el primer eslabón de la seguridad, por lo que celebró que cada vez se cuente con corporaciones más preparadas y capacitadas para continuar protegiendo a la ciudadanía. “Son las primeras personas que muchas veces toman conocimiento de cualquier evento delictivo; tenemos plena confianza en su capacidad, su compromiso y lealtad a este uniforme”, apuntó. El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, se trabaja para continuar consolidando la paz y la seguridad de Chiapas. Felicitó a las y los elementos policiales por apostar a la capacitación y al fortalecimiento de su labor, y anunció becas para quienes deseen continuar

su profesionalización en la Universidad de Seguridad Pública del Sureste. La presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), Lysette Raquel Lameiro Camacho, felicitó a las y los elementos policiales que concluyeron su bachillerato y valoró que su esfuerzo representa una victoria sobre el tiempo y el cansancio. Subrayó que la educación no tiene edad y que quien se forma vistiendo el uniforme honra a la institución y dignifica la confianza ciudadana. Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villareal; el secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Mario Orozco Mendo-

za, en representación del presidente municipal; así como los alcaldes de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral; de Amatenango de la Frontera, Ernesto Teodomiro Osorio Escobar; de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz; de Bejucal de Ocampo, Onécimo Esaú Santizo Roblero; y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima. [5/10, 5:55 p. m.] +52 961 368 8910: *Eduardo Ramírez entrega certificados de bachillerato a policías de seis municipios* El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo entrega de certificados de bachillerato a elementos policiales de los municipios de Tapachula, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mapastepec, Bejucal de Ocampo y Pijijiapan. En ese marco, los convocó a continuar con su preparación profesional, a fin de ejercer con mayor conciencia su labor policial. En este evento, realizado en el municipio Tapachula, el mandatario resaltó el trabajo conjunto que realizan las instituciones de seguridad en favor de la paz del estado, al tiempo de subrayar que una de las prioridades de su administración es consolidar corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y profesionales, para proteger la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas.

UNICACH y Tec de Tuxtla impulsan el aprovechamiento del guaje De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Investigadoras de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez trabajan de manera conjunta en el aprovechamiento integral del guaje (Leucaena leucocephala), una leguminosa presente en Chiapas con potencial nutricional y funcional para el desarrollo de nuevos alimentos. La profesora e investigadora de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UNICACH, Mayra Ruby Méndez Bautista, explicó que el proyecto busca aprovechar una materia prima que crece de manera abundante en distintas zonas del estado, incluso en áreas urbanas, donde sus vainas y semillas frecuentemente son desaprovechadas. Señaló que el estudio plantea un aprovechamiento integral de las semillas, las cuales destacan por su aporte proteico. Como parte de la investigación, se evalúan diferentes etapas de

maduración para conocer los cambios en su composición, observándose un incremento en el contenido de proteína conforme avanza la maduración, con valores de alrededor de 20 a 50 por ciento en las semillas en polvo. Méndez Bautista destacó que el guaje también forma parte de la gastronomía tradicional chiapaneca y que sus semillas se encuentran a la venta en mercados de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y San Cristóbal de Las Casas. En la entidad “se consumen en preparaciones tradicionales, como salsas, así como frescas con chile y limón, acompañadas de frijoles”, puntualizó. A partir de este consumo tradicional, la investigación busca diversificar sus posibilidades de aprovechamiento mediante el desarrollo de nuevos productos. Como primera etapa, se elaboraron tostadas artesanales de maíz adicionadas con semillas de guaje, incorporadas en diferentes presentaciones, entre ellas frescas y en polvo, con el propósito de evaluar su efecto en características como textura, sabor y color.

Las pruebas sensoriales realizadas entre estudiantes mostraron una aceptación favorable de las tostadas, lo que abre la posibilidad de incorporar este ingrediente a uno de los alimentos de consumo habitual en Chiapas, tanto en zonas rurales como urbanas. La investigadora señaló que actualmente se continúa con el análisis de las propiedades funcionales de las semillas después de diferentes tratamientos, como deshidratación, tostado y cocción. Entre las características estudiadas se encuentran la capacidad de hinchamiento y otras propiedades tecnofuncionales que permitirán determinar su posible incorporación en productos como pastas, panes, bebidas y tortillas. Asimismo, se analiza el potencial bioactivo del guaje. De acuerdo con antecedentes científicos, extractos de esta especie han mostrado actividad antimicrobiana y antifúngica. Como parte de la investigación también se realizan pruebas para evaluar su comportamiento frente a microorganismos de interés.

El trabajo conjunto con el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el que participa la profesora e investigadora Ana Laura Guzmán Rabasa, busca generar alternativas para aprovechar una materia prima disponible en el territorio chiapaneco, reducir su desperdicio y darle valor agregado mediante el desarrollo de alimentos con mejores características nutricionales y funcionales. En este sentido, el aprovechamiento puede extenderse a otras partes de la planta, ya que las cáscaras pueden utilizarse como forraje para ganado debido a su contenido de fibra, lo que contribuye a una visión integral del aprovechamiento del guaje.

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Gobierno de Chiapas y Banamex suman esfuerzos para fortalecer a las Mipymes De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

l Gobierno de Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), y el Banco Nacional de México (Banamex) formalizaron un Acuerdo de Entendimiento para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del estado, mediante esquemas de inclusión financiera, acceso al financiamiento y herramientas para mejorar su competitividad. En representación del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, destacó que esta alianza permitirá acercar a las empresas chiapanecas instrumentos financieros y soluciones orientadas a fortalecer su crecimiento, modernización y acceso a nuevos mercados. Explicó que el acuerdo contempla opciones de crédito con tasa de interés anual fija desde el 14 por ciento y cero por ciento de comisión por apertura, sujetas al perfil crediticio, aprobación del banco y condiciones de mercado. Asimismo, incluye herramientas para ventas digitales, terminales punto de venta bajo determinados niveles de facturación, paquetes empresariales, capacitación y análisis financieros especializados. Por su parte, Alejandro Díaz Romo, director Divisional Peninsular de Grupo Banamex, destacó que las Mipymes generan el 72 por ciento

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En el marco de la conmemoración por el 70 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, del 21 al 25 de septiembre se realizaron más de 200 mastografías mediante unidades médicas móviles de detección de cáncer de mama instaladas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. El coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS Chiapas, doctor Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, señaló que esta estrategia permite llevar el servicio de mastografía a distintos puntos y facilitar que más mujeres derechohabientes tengan acceso a este estudio. “Con estas unidades móviles acercamos el servicio de mastografía a nuestras derechohabientes, facilitando su acceso a un estudio que permite identificar alteraciones en las mamas y, en caso necesario, continuar con el proceso de atención médica correspondiente”, señaló.

En representación del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, destacó que esta alianza permitirá acercar a las empresas chiapanecas instrumentos financieros y soluciones orientadas a fortalecer su crecimiento, modernización y acceso a nuevos mercados

del empleo en México y señaló que en Chiapas existen cerca de 360 mil establecimientos, de los cuales 97.5 por ciento son microempresas, lo que refleja la importancia de estas unidades económicas para la actividad productiva y la generación de empleo. Asimismo, informó que durante 2026 Banamex ha otorgado alrededor de 500 millones de pesos en financiamiento a empresas de Chiapas y resaltó que, a través del acuerdo, se busca ampliar el acceso a financiamiento en condiciones pre-

ferenciales, soluciones digitales, herramientas para incrementar ventas, seguros para proteger el patrimonio y capacitación especializada. Cabe mencionar que Banamex cuenta con 12 banqueros especializados en la atención a las Mipymes en Chiapas con presencia en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, lo que permite a la institución brindar acompañamiento y atención directa a las empresas. Díaz Romo recordó como antecedente el convenio de colaboración

suscrito con Marca Chiapas hace dos años, y refrendó el compromiso de la institución de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el sector empresarial. Con esta acción, la SEyT refrenda su compromiso de continuar promoviendo alianzas estratégicas con instituciones financieras y el sector privado que fortalezcan el ecosistema empresarial, faciliten el acceso al financiamiento y contribuyan a la generación de empleos y al desarrollo económico incluyente de Chiapas.

Realiza IMSS Chiapas más de 200 mastografías durante jornada de detección La mastografía está dirigida a mujeres derechohabientes de 40 a 69 años, adscritas a las Unidades de Medicina Familiar (UMF). El estudio permite identificar alteraciones que requieren valoración médica y, cuando es necesario, continuar con estudios complementarios para establecer el diagnóstico y brindar la atención correspondiente. El especialista explicó que las mujeres interesadas en realizarse este estudio deberán mantenerse pendientes de las redes sociales del IMSS Chiapas, donde se darán a conocer las próximas fechas y sedes de las unidades móviles de detección. La estrategia permite al Instituto fortalecer las acciones preventivas dirigidas a las mujeres derechohabientes y favorecer la identificación de alteraciones en las mamas para su atención médica oportuna.

Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Vinculan a proceso a exjefe policial de Cancún por red de “polleros” ligada con el Cártel de Juárez Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)

n juez federal vinculó a proceso a Erik Gutiérrez Cossío, exjefe de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística de Cancún, Quintana Roo, por supuestamente participar en una red de “polleros” relacionada con “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez. Junto con Gutiérrez Cossío también fueron vinculados a proceso otras cuatro personas identificadas como integrantes de la banda de “polleros” denominada “Los López”, que operaba desde la frontera con Guatemala hasta los límites fronterizos de Chihuahua. Así, también fue vinculada a proceso Jumilca Sandivel “H”, quien desde el 2024 es buscada por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de personas y fue señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro por tener vínculos con la delincuencia organizada. Asimismo, Reyna Manuela “H”, Eva “P” y Ernesto “G”, quienes fueron detenidos el pasado 26 de septiembre en operativos simultáneos realizados en Chiapas y Quintana Roo y ahora fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de

Aldo Canedo CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Tras quedar fuera de la contienda interna por la gubernatura de Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño aceptó ser designada como la “corcholata” de la 4T para el municipio de Ciudad Juárez, sitio que era liderado por Cruz Pérez Cuéllar, quien ganó la carrera a Chávez por la candidatura estatal. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció esta mañana la designación de Chávez Treviño, afín al llamado ‘Grupo Tabasco’ (encabezado por Adán Augusto López), para buscar la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, uno de los municipios fronterizos claves del país. El nombramiento la encamina formalmente hacia la candidatura por la presidencia municipal de dicho municipio rumbo a los comicios de 2027. En el anuncio, Morena convocó a la militancia y simpatizantes de la ciudad fronteriza a sumarse a los trabajos de organización e impulsar el fortalecimiento del movimiento en la entidad.

Junto con Gutiérrez Cossío también fueron vinculados a proceso otras cuatro personas identificadas como integrantes de la banda de “polleros” denominada “Los López”, que operaba desde la frontera con Guatemala hasta los límites fronterizos de Chihuahua

cometer tráfico de personas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la audiencia inicial el juez les impuso la medida de prisión preventiva de oficio, por lo que deberán permanecer internos en los centros federales de readaptación

social números 2, en el caso de las mujeres, y 3, en el caso de los hombres, ambos ubicados en Ciudad Juárez y concedió tres meses para la investigación complementaria. De acuerdo con la FGR al momento de ser detenidos les fueron asegurados

ocho cartuchos útiles, un arma larga, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. La FGR precisó que la investigación inició el año pasado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Andrea Chávez acepta ser la “corcholata” de Morena para buscar alcaldía de Juárez En su cuenta de X, Chávez Treviño publicó un mensaje donde no celebra su designación: “Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán (...) Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”. También dijo que su compromiso con la 4T se mantiene. “Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.” El nombramiento municipal para la legisladora de 29 años ocurre días después de que concluyera la contienda interna de Morena para definir la coordinación estatal en Chihuahua. En dicho proceso, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez

Cuéllar, se impuso en las encuestas internas del partido para abanderar al oficialismo en la contienda por la gubernatura del estado. Con la designación de Chávez co-

mo coordinadora municipal, se confirma que, al menos por el momento, se mantiene en las filas de Morena luego de que surgieran rumores de buscar la gubernatura por el PT.

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

México despliega a militares en frontera; embajador de EU reporta “disparos” contra Guardia Costera De la Redacción Ciudad de México (apro)

omo parte de la “Operación Concurrente”, el gobierno de México informó que desplegó 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional en Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos para “contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas”. El despliegue incluyó el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos, informaron la noche de este domingo en un comunicado conjunto las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Relaciones Exteriores (SRE). La movilización, dijeron, es derivada de la coordinación entre autoridades militares de México y Estados Unidos. Las autoridades detallaron que, “para materializar este tipo de acciones, que se realizan desde el 5 de febrero de 2025, el 3 de octubre de 2026, los Comandantes de la XI Región Militar (Torreón, Coah.) y 8/a. Zona Militar (Reynosa, Tamps.), establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Frontera Sur’ de los E.U.A”. Dicha comunicación, agregaron,

es con el fin de “garantizar el enlace y coordinación para esta operación concurrente, cada fuerza en su respectivo territorio, la que se realizará en el lado mexicano en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas”. Según dijeron, “este mecanismo de cooperación bilateral se conduce bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”. El sábado 3 de octubre, la Secretaría de Marina y la SRE informaron en otro comunicado conjunto que alrededor de 500 elementos de las Fuerzas Armadas estadunidenses fueron desplegados en la frontera del Valle del Río Grande, en

EU cierra la puerta a extender por 16 años más el T-MEC en 2026; lleva la revisión a 2027 Camila Ayala Espinosa

Texas, como parte de las operaciones “espejo” que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos. Añadieron que, en territorio nacional, la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, y en el marco de la “Operación Sable”, hizo despliegues operativos fronterizos con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones. Embajada de EU: “cualquier amenaza será atendida rápidamente” Tras la difusión del comunicado de la Defensa y la SRE, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que dicha representación diplomática “ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra

Relatora de la ONU advierte retrocesos para el derecho de las mujeres en la iniciativa de Sheinbaum contra el feminicidio De la Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Ciudad de México (Tribuna)

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó que la renovación del T-MEC por 16 años más no se concretará en el corto plazo, incluyendo este 2026, por lo que el tratado seguirá sujeto a revisiones anuales. La confirmación se dio en el documento con el que Estados Unidos puso en marcha el proceso de consultas públicas previo a la segunda revisión conjunta del T-MEC, que se realizará en 2027. Y es que el gobierno de Donald Trump dejó por escrito que en la primera revisión conjunta, celebrada el pasado 1 de julio, no aceptó extender la vigencia del acuerdo comercial por otros 16 años. De hecho, al no existir consenso, México, Estados Unidos y Canadá tendrán que volver a sentarse a revisar el tratado de manera anual, siendo 2027 la próxima fecha. “De conformidad con el artículo 34.7.2 del T-MEC, la Comisión de Libre Comercio, integrada por los tres países, se reunió el 1 de julio de 2026 para realizar la primera revisión conjunta sobre el funcionamiento del Tratado. En esa reunión, Estados Unidos no aceptó extender el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años”, se lee en el documento. El anuncio también se da después de que se pospuso la cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC, negociaciones que comenzaron luego de que Trump decidió

no aceptar la extensión del tratado por otros 16 años. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, México considera que está más cerca de alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos, en materia automotriz y que es de los sectores más golpeados por los aranceles de Trump. Consultas Entre la información que deberá recabarse durante el proceso de consultas, Estados Unidos pidió dar prioridad a las razones por las cuales no debería acordarse la extensión de la vigencia del T-MEC y también a los avances alcanzados para resolver las preocupaciones estadunidenses. “La USTR publica este aviso para permitir la presentación de opiniones relacionadas con el funcionamiento del T-MEC e invita a las personas interesadas a entregar comentarios escritos o testimonios orales sobre asuntos relevantes para la revisión conjunta”, sostiene el documento. De acuerdo con la consultora internacional Ansley, es posible que a partir de estas consultas se conozcan los temas más importantes que serán abordados durante la segunda revisión conjunta del T-MEC, así como la posición que se adoptará respecto de su renovación en 2027.

elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos”. En el mensaje difundido en su cuenta de la red social X, aseguró que “los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadunidenses desplegadas”. Johnson dijo que ambos gobiernos “tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas”. Y sentenció: “Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”. El pasado viernes, el canal NewsNation reportó que Estados Unidos desplegará 500 soldados al sur de Texas, luego de un incidente en el que personal de la Guardia Costera fue atacado a tiros desde la zona fronteriza. “La Guardia Costera informó que personal de las fuerzas de la institución en el Río Grande recibió disparos provenientes de la frontera mexicana, cerca de Garceno, Texas, el sábado (26 de septiembre), mientras realizaba operaciones conjuntas de interdicción con agencias federales. El personal respondió al fuego”, informó NewsNation.

Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió retrocesos para los derechos en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el feminicidio. En un extenso documento, destaca que entre las afectaciones se encuentra la pérdida de visibilidad jurídica al considerar que la modificación aplicará para “toda persona que se identifique como mujer” y se basa en la autopercepción, por lo que hombres biológicos podrían ser incluidos en esta definición mientras que algunas mujeres quedarán excluidas. “Me preocupa que esta condición haga depender la condición de mujer exclusivamente de la identificación subjetiva de cada persona, sin conservar una referencia al sexo. Esta definición, además de ser circular porque utiliza la palabra que pretende definir como único criterio de pertenencia a la categoría, vacía de contenido el término mujer”, expresó la relatora de la ONU. La relatora también afirma que el texto reafirma los estereotipos sexistas al considerar que con la aplicación de la ley contra el feminicidio podría llevar a los investigadores a valorar la la expresión de género de las víctimas por su apariencia, vestimenta, comportamientos o el cumplimiento de expectativas sociales de feminidad.

Ante ello se excluiría a las mujeres que “no sean lo suficientemente femeninas, o no cumplan con las expectativas del rol de ser mujer”; “debe evitarse que la protección frente a la violencia relacionada con el sexo quede condicionada a una declaración de identidad”, se lee. “Una persona de sexo femenino no deja necesariamente de estar expuesta a esa violencia por identificarse como hombre, o como persona no binaria. Por ello, la aplicación de la ley no debería generar vacíos de protección para las personas de sexo femenino que no se identifican como mujeres, ni incertidumbre respecto de las niñas y adolescentes (...) “, añadió. Y destacó la necesidad de una claridad conceptual en asuntos como los feminicidios para identificar patrones, asignar recursos, evaluar las medidas adoptadas. “Si los datos sobre sexo se reemplazan por los relativos a identidad de género, se dificulta conocer qué violencia afecta a las mujeres y las niñas por su sexo y cómo se entrecruza con otros factores. Esto no impide registrar, por separado y con garantías de privacidad y seguridad, la identidad de género y los posibles motivos de prejuicio”, escribió. En tercer lugar apuntó al diseño y la financiación de políticas y servicios especializados para las mujeres en esta propuesta de Sheinbaum, donde no se prevén espacios seguros de acuerdo a la naturaleza de la violencia, el nivel de riesgo y las necesidades de las víctimas.

Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Comunidades de San Luis Potosí se suman al rechazo contra la Ley Indígena de Sheinbaum Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

ntegrantes del Consejo Nacional Indígena (CNI) de San Luis Potosí y autoridades tradicionales tenek y nahuas se sumaron al rechazo al proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Claudia Sheinbaum Pardo, así como al proceso de consulta entre las comunidades indígenas. En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), así como al pueblo de México, los consejeros, que son reconocidos por el INPI como representantes de sus etnias, y las autoridades tradicionales, comisariados ejidales, comunales, jueces auxiliares, delegados, mujeres, jóvenes y adultos mayores de las comunidades Tének y Nahua de la Huasteca Potosina, presentaron argumentos de su “no consentimiento indígena” del documento discutido este fin de semana en esa región del país. El rechazo de las comunidades tenek y nahua forma parte de un contexto generalizado de repudio de grupos indígenas al proyecto de ley, tanto por su contenido como por la forma en que se ha sometido a consulta, a la que califican de “simulación”. De acuerdo al pronunciamiento de los pueblos tenek y nahuas de la Huasteca Potosina, el texto de la Presidencia “representa una regresión inconstitucional que burocratiza la autonomía, desprotege la procomuna (sic) y desnaturaliza el Consentimiento Previo, Libre e Informado, violando el principio pro persona y la prohibición de regresividad normativa consa-

Gabriela Hernández PUEBLA, Pue. (apro)

La Colectiva Maíz alertó que esta semana el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito emitirá un fallo dentro del litigio que esa representación ciudadana interpuso desde 2013 en contra de la liberación de la siembra de maíces genéticamente modificados en México y el cual, señala, ha entrado en una “fase resolutiva crítica”. En un comunicado, la organización expresa que existe un “riesgo latente” de que el Tribunal intente evadir el estudio de fondo de los agravios presentados por esa colectividad, “escudándose en cuestiones de estricta legalidad formal”. “La Colectividad hace un llamado a los poderes públicos, a las instituciones garantes de derechos humanos y a la sociedad, para observar que esta resolución histórica se dicte equilibrando el proceso, analizando el fondo de la controversia y garantizando el respeto irrestricto a la Constitución”, reclama. Explica que su preocupación sobre el fallo que está por dictarse deriva también de un “alarmante patrón de opacidad” del Segundo Tribunal Colegiado de Apelaciones, así como de la grave validación,

grados en el artículo 1.º Constitucional”. Rechazan megaproyectos y fracking Los consejeros y autoridades tradicionales rechazaron “a toda clase de megaproyectos y actividades extractivas que pretendan imponerse sobre nuestros territorios e integrar nuestras tierras como ‘reservas estratégicas’ de utilidad pública”, como se considera en el proyecto de ley. En ese sentido, los representantes indígenas de la Huasteca Potosina repudiaron “categóricamente” el fracking, contemplado en el Plan Estratégico de Pemex, por lo que reiteraron su oposición a “cualquier proyecto de exploración, explotación y transporte de gas no convencional e hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), así como la instalación de gasoductos, poliductos y la infraestructura contemplada en los planes extractivos energéticos de Pemex dentro de la región de la Huasteca Potosina”. De la misma manera, manifestaron su oposición al proyecto “Acueducto Pánuco – Cerro Prieto”, así como a cualquier otro plan que contemple el “trasvase hídrico inter cuencas o privatización de nuestros ríos y acuíferos que vulnere el equilibrio ecológico, la vida de las comunidades y la soberanía

alimentaria y de agua de la región”. Los firmantes también se oponen a la minería a cielo abierto o subterránea o a la instalación de “corredores industriales, megaproyectos eléctricos o desarrollos inmobiliarios y turísticos no autorizados directamente por las Asambleas Generales Comunitarias”. Los firmantes denunciaron que en el proceso de consulta se violaron los artículos primero y segundo constitucionales, así como el Convenio 169 de la OIT; se impuso el lugar de la consulta excluyendo a “246 comunidades y miles de hablantes indígenas de 11 municipios de la Huasteca, imponiendo barreras económicas al no garantizar los apoyos de traslado”; creando la figura de “Asambleas Regionales”, que no existen en la legislación, cuando legalmente la autoridad deliberativa es la Asamblea General Comunitaria, en tanto que el cuadernillo para analizar los 453 artículos no estaba traducido a las lenguas originales, mientras que rechazaron que las listas de asistencia del INPI sean consideradas como “aval, consentimiento o aprobación del texto propuesto”. Regresiones Los consejeros y autoridades indígenas realizaron un análisis de la estructura y contenido del proyecto de ley, consideran-

do que es técnicamente inoperante frente a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 en la que se “reconoce la personalidad jurídica de los pueblos como Sujetos de Derecho Público”. Entre las principales regresiones en el tema de consulta, los firmantes alertaron sobre la creación de la figura “Asamblea Regional”, que no existe; la omisión de considerar el veto comunitario a los proyectos y la “facultad unilateral del Estado para cancelar consultas”, valiéndose de figuras como los “Dictámenes de Improcedencia” o la “utilidad pública”; condicionar la personalidad jurídica a “dictámenes de acreditación” y registros ante el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), “violentando la autoadscripción” y someter las resoluciones de justicia comunitaria a los tribunales ordinarios. Las autoridades tradicionales indígenas y consejeros de la Huasteca Potosina alertaron que la sustitución del término “polígonos agrarios restringidos” en lugar de la concepción holística de “territorio” que tienen los grupos indígenas y afromexicanos, “deja a la procomuna sin blindaje ante megaproyectos extractivos y sustituye la devolución de tierras por indemnizaciones monetarias”; ello, por no haberse reformado el artículo 27 constitucional. En su análisis, los firmantes criticaron que se ponen frenos a los derechos al autogobierno y a los político electorales, a los ámbitos “micro-comunitarios” y municipal respectivamente, dejando su ejercicio “a la discrecionalidad de congresos locales”, donde se determinarán por dictámenes votados por el 50% más uno de los legisladores, omitiendo además la autoadscripción.

Colectiva demanda a tribunal análisis de fondo en juicio sobre maíces genéticamente modificados por parte del juzgado, de notificaciones dirigidas a la colectividad “que fueron entregadas y operadas por la representación legal de las empresas demandadas, configurando una usurpación procesal que deja a la defensa del maíz nativo en estado de indefensión”. Desde 2023, la Colectiva Maíz, nombre abreviado de la representación común de la Colectividad de Titulares del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de las Personas, apeló el fallo que dictó el juez Víctor Miguel Bravo Melgoza a favor de las trasnacionales Monsanto, Syngenta y las corporaciones PHI y Dow Agrosciences, hoy integradas en Corteva. La colectividad acusó que, en esa resolución, el juez se limitó a hacer un análisis formalista del juicio, sin estudiar a fondo las pruebas de origen científico aportadas por los defensores de los maíces nativos. En el comunicado emitido este lunes, la organización ciudadana demanda no limitar la apelación que interpuso a un análisis superficial, porque ello “equivaldría a consumar una grave denegación de

justicia, toda vez que, en primera instancia, el juzgado resolvió sin analizar una sola de las pruebas de la Colectividad, basando su fallo únicamente en los argumentos de la industria”. Sostiene que durante el juicio se demostró el riesgo inminente de contaminación del maíz nativo mediante documentales públicas generadas por el propio Estado Mexicano (INECC y SENASICA) y aportadas por la Colectividad, las cuales confirmaron la presencia ilícita de cientos de muestras de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. A la par, asegura que los propios estudios científicos presentados por las empresas demandadas operan como “confesiones plenas” sobre la imposibilidad de controlar el flujo génico en México y admiten daños severos a la agrobiodiversidad, como sería la erradicación del hongo Ustilago maydis (huitlacoche), y el incremento insostenible en el uso de agrotóxicos peligrosos. En ese sentido, la colectiva demanda que en su fallo el Tribunal se apegue y priorice el mandato plasmado en la reciente

reforma al artículo 4 Constitucional que blinda a los maíces nativos, prohibiendo explícitamente cualquier modificación genética que supere las barreras naturales de reproducción. “La protección del maíz nativo no es un mero trámite administrativo; es la defensa de la identidad biocultural de México”, subraya. La colectiva, conformada por abogados, activistas, campesinos, académicos, artistas, artesanos, científicos y otros, ha logrado detener por los últimos 13 años los permisos que ya había emitido el gobierno federal a favor de las agroindustrias trasnacionales para la siembra de maíz genéticamente modificado en el país.

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La nueva Ley Indígena que quiere Sheinbaum detona la rebeldía de pueblos originarios y afromexicanos Gabriela Hernández PUEBLA, Pue (Proceso)

uando se realizó la mayoría de las asambleas regionales del llamado proceso de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, organizaciones y comunidades nahuas, mayas, purépechas, totonacas, popolucas, chontales y afromexicanos, entre otros, reclaman a la presidenta Claudia Sheinbaum que desista de llevar ese documento para su aprobación ante el Congreso de la Unión. El 29 de junio último, cuando firmó la convocatoria para este supuesto proceso de consulta, la mandataria adelantó que una vez que esa propuesta fuera “mejorada, aprobada o lo que digan los pueblos”, se va a presentar en la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el Día de la Nación Pluricultural. Pero al faltar ya sólo unas semanas para que ese proceso concluya, comunidades y organizaciones han firmado pronunciamientos en los que demandan que se declare nula o que se extienda esta consulta. Y advierten que, en caso de concretarse la aprobación de esa ley, emprenderán una lucha jurídica y de protesta social. La organización “Indígenas 3D” habilitó lo que llama el “mapa de la inconformidad” en el cual ha documentado que en 112 comunidades, municipios y regiones se han emitido pronunciamientos, acuerdos de asamblea u otras acciones por parte de pueblos indígenas y afromexicanos. En principio, en los pronunciamientos denuncian que la supuesta consulta convocada por el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal incumple con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Sin embargo, las principales críticas y protestas se refieren al contenido y fondo de la propuesta presidencial, pues la consideran “regresiva” y hasta “inconstitucional”. El Congreso Nacional Indígena (CNI) afirma que la iniciativa impulsada por la 4T realmente da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, lo cual inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. “Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial”, asegura el CNI.

A la vez que la Coordinación de Comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, de Michoacán, sostiene que esta iniciativa de Ley General “es un retroceso a siglos de resistencia y lucha frontal contra el sistema” que quiere desaparecer a los pueblos indígenas de “la historia de la humanidad”. Aunque la presidenta Sheinbaum calificó a este proceso de consulta como “un ejercicio único en la historia de México”, los pueblos y comunidades le han recordado que entre 2019 y 2021 fueron convocados a una consulta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, proceso que levantó expectativas de que se avanzaría en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. En septiembre de 2021 entregaron a López Obrador una propuesta para reformar 15 artículos constitucionales, pero la iniciativa enviada al Congreso de la Unión sólo contempló modificar al artículo 2. Con la reforma de septiembre de 2024 se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La iniciativa promovida ahora por el ejecutivo federal se conforma de ocho libros, 453 artículos y 11 transitorios. Sería la ley reglamentaria del Artículo 2, que tenía 180 días expedirse, es decir, que debió estar aprobada desde marzo de 2025.

Ley “regresiva e inconstitucional” Organizaciones como el CNI, el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’, Indígenas 3D y el Consejo del Patrimonio Cultural Originario (COPACO), entre otros, han alertado sobre los contenidos regresivos del documento bajo consulta. Indican que, si bien la iniciativa habla sobre “libre determinación” y “autonomía”, estos derechos se establecen como una concesión o tutela del Estado. Los artículos del 16 al 24 condicionan el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos a que cumplan un “ritual burocrático”, de asambleas, actas constitutivas, registro ante el INPI y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Uno de los puntos considerados más crítico es que el artículo 33 señala que los pueblos pueden disponer de sus recursos naturales “salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas”, sin definir qué abarca esa excepción. Las organizaciones consideran que esto dejaría abierta la puerta para que la minería, el fracking, megaproyectos

o el agua, queden fuera del control comunitario. Más aún, los artículos 330 al 336 establecen que el INPI y la Segob definen la procedencia de una consulta y que ésta puede no proceder si se dictamina que el impacto generado es “no significativo”, con lo que un proyecto podría continuar sin el consentimiento de la comunidad. De la misma manera, indican que en la propuesta de iniciativa se conceden privilegios para el sector energético, pues se asienta que la Manifestación de Impacto Social de ese tipo de proyectos condicionaría el dictamen de una consulta. El jurista indígena Francisco López Bárcenas ha expuesto en diferentes foros que la propuesta de iniciativa promovida por el Ejecutivo federal recae en la inconstitucionalidad porque restringe el ejercicio de derechos reconocidos o establece requisitos que no contempla el Artículo 2 Constitucional en cuanto a los derechos de autonomía, propiedad intelectual colectiva y consulta. También te puede interesar Comunidades indígenas a la 4T: “No queremos ser la servidumbre” “Ley Xcaret” El Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco) alerta que el Capítulo VI, sobre “Patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva” contiene una serie de artículos que ponen en riesgo los derechos sobre patrimonio cultural. La Copaco considera que la propuesta parecería surgir de la inconformidad que generó en el poder corporativo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a Grupo Xcaret continuar usando elementos del patrimonio cultural maya y estaría pensada para proteger este tipo de prácticas y no a los pueblos originarios. Por eso la llama “Ley Xcaret”. En su análisis, menciona que el artículo 158 deja asentado que cuando un tercero quiere usar comercialmente elementos del patrimonio, lo negociaría, al margen de la comunidad, con la Secretaría de Cultura y el INPI, los cuales emiten un dictamen de titularidad en 30 días hábiles. Después, la comunidad tiene 30 días para dar su consentimiento, lo cual califica como una “tutela paternalista” y una trampa para dificultar a las comunidades el derecho de decir no. El mismo artículo 158 faculta a la autoridad para fijar “tabuladores” que determinan el valor del uso del patrimonio. Mientras que el artículo 157 crea un Fondo para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural, que recibe y

administra esas contraprestaciones. A eso se suma que el consentimiento otorgado “tendrá validez y eficacia jurídica sin riesgo de suspensión o anulación”. El Copaco considera que el artículo 159 sería el más dañino del capítulo, pues legaliza la apropiación cultural, al señalar que no se requiere consentimiento cuando el elemento cultura se retoma para crear una obra “nueva, original y con aportación creativa propia” o cuando se trata de elementos, historias o tradiciones consideradas “comunes o habituales de la cultura nacional”. Igual, ese artículo permite usar el patrimonio” con fines de investigación científica. Es justo la rendija que necesitan las farmacéuticas para acceder a nuestra medicina tradicional y a nuestros conocimientos sobre las plantas”, advierte la Copaco. Para colmo, el artículo 157 sustituye la defensa del patrimonio por “mecanismos alternativos de solución de controversias” a cargo de la Secretaría de Cultura. Eso frenaría sanciones a marcas de moda, consorcios turísticos o trasnacionales que plagian diseños textiles, iconografías o técnicas tradicionales, mientras que las otras disposiciones fomentarían la mercantilización y folclorización de la cultura. El CNI considera que esta propuesta está inspirada en las reservaciones indígenas estadunidenses y que “seguramente” fue revisada por las cúpulas militares y las cámaras empresariales.

Consultas: apresuramiento y acarreos Las bases de la consulta establecieron que en sólo 37 días –del 1 de julio al 6 de agosto– se realizaría la etapa informativa. Eso implicó que los representantes del gobierno visitaran 16 mil 728 comunidades catalogadas como indígenas por el INPI –lo que equivale a 440 por día– para entregar y explicar los materiales a consultar. De acuerdo con testimonios de pobladores, esta etapa se hizo de manera apresurada, con la entrega a unas cuantas autoridades de cada comunidad de los documentos, donde lo que importaba era tomar foto y video para cumplir con el protocolo. Raymundo García López, representante de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) de Puebla, explica que esta organización decidió no participar en este ejercicio al quedar claro que tendría el mismo formato que se usó en el sexenio de López Obrador y que fue cuestionado por la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este esquema, señala, la participación se restringe a opiniones y sugerencias, pero no a que los pueblos indígenas efectivamente lleguen a acuerdos con el Estado. Así, las aportaciones que se presentan no tienen carácter vinculatorio y el gobierno no está obligado a incorporarlas a la iniciativa que llevarán al legislativo.

Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Expertos de la ONU cuestionan detención y criminalización de la defensora Kenia Hernández Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)

a ONU alertó sobre la presunta criminalización y discriminación que enfrenta la defensora indígena. Cuatro mecanismos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la situación de la defensora indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, quien permanece privada de la libertad y cumple dos sentencias condenatorias que suman 21 años y nueve meses de prisión. La comunicación, identificada con la referencia AL MEX 11/2026, fue enviada al Gobierno mexicano el 20 de julio de 2026 por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Los mecanismos señalaron que recibieron información sobre el presunto uso indebido del derecho penal, la posible detención arbitraria y las condiciones de privación de libertad de Hernández Montalván. Al mismo tiempo, precisaron que la comunicación no prejuzga sobre la veracidad de las alegaciones ni constituye una determinación definitiva sobre el caso.

Kenia Hernández enfrenta dos sentencias que suman 21 años y nueve meses De acuerdo con la comunicación de Naciones Unidas, Hernández Montalván es abogada, defensora indígena amuzga y de ascendencia afromexicana. Fue coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde septiembre de 2019. Los mecanismos de la ONU señalaron que actualmente cumple dos sentencias por delitos de robo con violencia, que suman 21 años y nueve meses de prisión y que se encuentran bajo procesos de amparo. El documento también refiere que, de las diez causas penales que enfrentó la defensora, ocho relacionadas con el delito de ataques a las vías generales de comunicación ya fueron cerradas. Entre los procesos mencionados está uno en Guanajuato, en el que en junio de 2025 se determinó la no vinculación a proceso. Según la información recibida por los mecanismos de Naciones Unidas, el juez consideró que la Fiscalía no había demostrado la comisión de un delito y que una vinculación habría implicado la criminalización del activismo de Hernández Montalván. En enero de 2026 fueron promovidos dos amparos contra las sentencias por robo con violencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió

La comunicación, identificada con la referencia AL MEX 11/2026, fue enviada al Gobierno mexicano el 20 de julio de 2026 por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

una solicitud para atraer los casos, pero el 4 de marzo cinco de los nueve ministros votaron en contra de la atracción, por lo que los asuntos continuaron ante los tribunales correspondientes.

ONU señala posibles violaciones al debido proceso Los cuatro mecanismos señalaron que los procesos judiciales contra Hernández Montalván se habrían caracterizado por irregularidades y posibles violaciones al debido proceso. Entre ellas mencionaron la presunta denegación de su derecho a contar con interpretación en lengua amuzga, dificultades para asistir personalmente a las audiencias y restricciones a las visitas familiares. También expresaron preocupación por las condiciones de privación de libertad que, según la información recibida, habría enfrentado durante más de cinco años. Entre las alegaciones se encuentran discriminación por su pertenencia al pueblo amuzgo, aislamiento de otras internas bajo la consideración de que era una “interna peligrosa”, restricciones para acceder a consultas médicas y agua potable, control de su correspondencia, así como limitaciones para reunirse con su defensa y recibir visitas familiares. También se reportaron presuntas agresiones físicas y amenazas. Uno de los hechos señalados ocurrió en septiembre de 2025, cuando murió la madre de la defensora. De acuerdo con la comunicación, Hernández Montalván solicitó autorización para asistir a los rituales de despedida y al funeral, pero no habría obtenido el permiso humanitario.

La ONU advierte sobre el impacto en otras defensoras Los mecanismos internacionales señalaron que el caso debe analizarse también desde una perspectiva de género e interseccionalidad.

La comunicación destaca que las mujeres defensoras enfrentan riesgos específicos derivados de su género y que estas condiciones pueden agravarse cuando confluyen otros factores de discriminación, como la pertenencia a pueblos indígenas, el racismo estructural y la exclusión. En ese sentido, los expertos expresaron preocupación por lo que consideran un posible efecto inhibidor de la criminalización y las penas de larga duración sobre otras personas defensoras, particularmente mujeres indígenas y personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes. Los mecanismos recordaron además que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de proteger a quienes defienden derechos humanos y garantizar el ejercicio de libertades como la reunión pacífica, la asociación y la expresión.

México responde que Kenia recibe atención y visitas familiares La comunicación de Naciones Unidas fue respondida por el Estado mexicano el 18 de septiembre de 2026, mediante un informe presentado por la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra. En su respuesta, el Gobierno mexicano informó que Hernández Montalván fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, donde, según las autoridades penitenciarias, recibe atención médica general, servicios de trabajo social y acceso a actividades educativas, culturales, recreativas, artísticas y deportivas. El Estado también afirmó que la defensora tiene acceso a correspondencia y visitas familiares, además de participar en un taller de artesanías en el que capacita a otras mujeres privadas de la libertad.

Respecto a la posible discriminación por su identidad indígena, las autoridades señalaron que en el centro penitenciario hay personas privadas de la libertad pertenecientes a distintos pueblos indígenas y que las actividades deben considerar la diversidad cultural y evitar prácticas de exclusión o trato desfavorable. El informe estatal también sostiene que existe suministro suficiente de agua potable y que las mujeres privadas de la libertad reciben alimentación nutritiva y suficiente. Sobre el fallecimiento de la madre de Hernández Montalván, el Gobierno mexicano reconoció que no se permitió su traslado al lugar del funeral, pero señaló que el centro penitenciario le facilitó acompañar a sus familiares mediante videollamada. En cuanto a los dos juicios de amparo derivados de las causas penales, México informó que ambos permanecen pendientes de resolución.

El caso permanece bajo escrutinio internacional Los cuatro mecanismos de Naciones Unidas solicitaron al Estado mexicano información sobre la base jurídica y factual de las condenas, las razones para mantener la privación de libertad mientras los amparos están pendientes y las pruebas utilizadas en los procesos. También pidieron información sobre la agresión física denunciada contra Hernández Montalván el 30 de mayo de 2024, las investigaciones realizadas, las medidas de protección adoptadas y las acciones para prevenir actos de discriminación, amenazas y restricciones en el acceso a servicios de salud, agua potable, correspondencia y visitas familiares. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señaló además que podría remitir el caso a su procedimiento ordinario para determinar si las privaciones de libertad fueron arbitrarias, aunque precisó que la comunicación no anticipa cuál sería su eventual opinión. La respuesta del Estado mexicano y la comunicación de los mecanismos de Naciones Unidas fueron incorporadas al registro público de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ficha oficial identifica el caso como MEX 11/2026 y señala como temas la defensa de derechos humanos, la detención arbitraria, la libertad de reunión y asociación y los derechos de los pueblos indígenas.

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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UN AUTÉNTICO FRAYLESCANO O UN FUEREÑO Y CORRUPTO COMITECO Raymundo Díaz S.

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Los habitantes y electores Fraylescanos o del distrito electoral federal número 10, no deberían ser “arrastrados”, vendidos y ni “agachones”. • Deberían defenderse de LAS IMPOSICIONES DESCARADAS y de ser mangoneados por fuereños y por politiqueros corruptos.

PERFIL FRONTERIZO

omo lo hemos dicho y repetido en otros artículos, miles de chiapanecos, sobre todo campesinos, humildes amas de casa y jóvenes, siguen siendo ESCALERA y MERCANCÍA ELECTOTAL de los grandes MERCENARIOS, CACIQUES, CORRUPTOS y MAJADEROS, quiénes, por LA VÍA DEL DINERO, de la COACCIÓN y de LAS AMENAZAS, los tienen casi ARRODILLADOS. En un gran porcentaje de los pueblos y municipios de Chiapas, no sólo NO HAY LIBERTAD para decidir y elegir, sino que se vive bajo EL LATIFUNDISTA y CACIQUE POLÍTICO estatal y regional, y el distrito electoral federal número 10 es uno de estos en dónde, sin el más mínimo respeto u opinión de los Fraylescanos, SE LES IMPONE a representantes populares de otros municipios. Si los habitantes o electores de esos

municipios bajo EL YUGO DEL CACIQUE OPRESOR y AS3SIN0 no fueran “arrastrados”, vendidos, agachones y cobardes, LEVANTARAN LA VOZ e hicieran valer su AUTONOMÍA y LIBERTAD para elegir a sus autoridades y diputados que ellos quieran y conozcan, y NO PERMITIR MÁS IMPOSICIONES, ATROPELLOS y EXCLAVITUD POLÍTICA y ELECTORAL. Bajo este pensamiento de libertad y de democracia, la distancia entre UN FUEREÑO, MERCENARIO, CORRUPTO y MAJADERO COMITECO como Mario Francisco Guillén Guillén (a) “Mario Boquitas”, y UN AUTÉNTICO FRAYLESCANO, UN CONOCEDOR DEL CAMPO, UN GESTOR INCANSABLE e HIJO o NATIVO de la región como Edie Cruz Manzur, ES GIGANTESCA y ABISMAL, no hay comparación. También es GIGANTESCA y ABISMAL la interrogante; ¿Como es posible que los Fraylescanos van

a preferir, votar y elegir a UN FUEREÑO que sólo conoce las MAÑAS y ARTIMAÑAS del oscurantismo, de la corrupción y de las artes de AMENAZAR con MENTADAS DE MADRES como lo expondremos posteriormente, como Mario Francisco Guillén Guillén, quién FUE DERROTADO TRES VECES en su tierra natal, y despreciar a un paisano que no sólo conoce el campo, si no que es conocido, reconocido y distinguido por ser un gestor comprometido con los actores del medio rural, siem-

pre buscando los instrumentos para consolidar el verdadero desarrollo integral de las familias campesinas, como Edie Cruz Manzur? Otra interrogante; ¿Quién o quiénes COMPRAN, COACCIONAN, AMENAZAN y convierten a los Fraylescanos en “arrastrados”, vendidos, agachones y cobardes? Esos tienen nombres y apellidos, desde luego, entre estos se circunscribe el mismo Guillén Guillén (a) “Mario Boquitas”, y los bien indetificados CACIQUES de la Fraylesca quiénes, según afirman, ya tienen comprados los municipios y las presidencias municipales de la zona. Este tema es extenso, y claro, ampliaremos posteriormente. Ya abundaremos pues, y mucho, muchísimo. He dicho. NOTA: Chiapanecos, abramos los ojos, hagamos revolución social y de conciencias. Ya basta de imposiciones y que a la gente la usen como escalera y como mercancía electoral. Que haya LIBERTAD.

NEGOCIOS E IMPUNIDAD, LA SOMBRA EN LOS CANDIDATOS DE MORENA

orena y la presidenta Claudia Sheinbaum cedieron a los gobernadores la decisión de elegir en su mayoría a las y los candidatos en los 17 estados donde habrá elecciones el año que viene. De estos 17, cuatro se los entregó al Partido Verde que, fiel a su naturaleza de negocios, tendrán una mina de oro en las Rivieras Maya de Quintana Roo, la de Nayarit y las zonas turísticas de Baja California Sur y San Luis Potosí. En el pragmatismo y la urgente necesidad de tener una mayoría en la Cámara de Diputados que se renovará en la elección del año entrante y ante la falta de dinero para sostenerlas, así como en medio de acusaciones de colusión con el narcotráfico, Morena y Palacio Nacional decidieron que los gobernadores se hicieran cargo de elegir a sus candidatos sustitutos, dejando a un lado a quienes estaban arriba en las encuestas o eran más populares. Sin embargo, la decisión no sólo fue por una cuestión de dinero, que es esencial para ganar una elección, sino también de impunidad en aquellos estados donde las manchas de la corrupción y

José Gil Olmos el crimen organizado sólo pueden ser tapadas o blindadas temporalmente si se tiene un gobierno cómplice o a modo. Los casos de Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Baja California, Michoacán, Zacatecas y Guerrero ejemplifican claramente que los gobernadores o gobernadoras hayan sido las responsables de elegir a los candidatos, incluso por encima de personajes con poder que los apoyaban . Aspirantes como en Chihuahua, donde la senadora Andrea Chávez, impulsada por el senador Adán Augusto, quedó fuera, o Quintana Roo, donde el exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, no fueron elegidos, son ejemplos claros de la decisión pragmática de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es de destacar que tanto en Chihuahua y Quintana Roo, lo mismo que en Nayarit donde quedó fuera la munícipe de Tepic, Geraldine Ponce, los personajes que aspiraban a ser candidatos o candidatas eran personas cercanísimas al expresidente Andrés López Obrador. En las tres el Partido Verde, fiel a sus intereses, a sus negocios millonarios y traiciones, le dieron la espalda a López Obrador y ahora acompañan a Morena

y a la presidenta Sheinbaum. Jasmine Bugarín, legisladora del Partido Verde, es la candidata nayarita. En el caso de Chihuahua, la postulación del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, apoyado por el Partido Verde, generó reacciones en Morena. Javier Corral, expanista y exgobernador de Chihuahua, ahora senador de Morena que apoyaba a Andrea Chávez, acusó a Pérez Cuéllar de ser cómplice de la corrupción del exgobernador César Duarte y aliado de la actual mandataria estatal María Eugenia Campos. Pero en el fondo el temor de Corral es que con la llegada de su excompañero panista al gobierno de la entidad continúen las acusaciones penales en su contra y que lo lleven a la cárcel. Un ejemplo más del poder de los gobernadores es Zacatecas, donde la designación de Verónica Díaz como coor-

dinadora candidata no gustó al Partido del Trabajo. Los aspirantes derrotados, Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos de la Torre y Carlos Puente Salas, calificaron a Díaz como la candidata del gobernador David Monreal Ávila. O en Guerrero, una entidad con graves problemas de narcotráfico, donde la designación de la senadora Beatriz Mojica Morga fue negociada con el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ambos interesados en recobrar el gran negocio turístico de Acapulco que estaba en manos de la presidenta municipal y aspirante a gobernadora Abelina López. Lo mismo que en Michoacán, marcado por el crimen organizado, la designación de Carlos Torres Piña, exfiscal del Estado y antiguo secretario de Gobierno, es considerada una victoria para el grupo político del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Impunidad y negocios son la sombra del proceso de selección de candidatos a gobernador por Morena, partido que trae encima los escándalos de corrupción y colusión con el narcotráfico, los cuales tendrán seguramente un impacto en las elecciones de 2027.

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PUNTO Y COMA Roger Laid

LA CURUL NO ES PATRIMONIO FAMILIAR

quí no se trata de ponerse del lado del empresario ganadero un tal Mantecón, ni de asumir como verdad una denuncia que todavía debe ser investigada. Se trata de ponerse del lado de la historia, de los documentos y de las preguntas que permanecen sin respuesta en este enredo de evidencias de trafico de influencias. Vamos por partes dijera Frankenstein: El Periódico Oficial del Estado, publicado el 21 de mayo de 2025, registra 298 nuevas concesiones para carga de materiales para la construcción a granel. En Tonalá aparecen cuatro nombres que han colocado a la diputada del PT, María Reyes Diego Gómez, y a su familia en el centro de los cuestionamientos: Fátima Irene Castillejos Diego — SMyT-0531-2025. María Reyes Diego Gómez — SMyT-0538-2025. Miguel Ángel Castillejos Diego — SMyT-0539-2025. Miguel Ángel Castillejos Vila — SMyT-0540-2025. Los nombres y folios están en el documento oficial. (tambien en Punto y Coma colaboracion del 27 de Noviembre del 2025: Irregularidades en la SMyT) La relación familiar ha sido señalada públicamente como correspondiente a la diputada, sus hijos y su esposo. ¡Qué bonita familia! Y ahí comienza el verdadero problema político. Una diputada representa a ciudadanos. Su cargo no es un patrimonio familiar ni una plataforma para convertir la re-

presentación popular en una extensión de los intereses particulares. ¿Es ilegal que un legislador o sus familiares obtengan una concesión? No necesariamente. Precisamente por eso deben explicarse el procedimiento, los requisitos, los criterios de asignación y las posibles situaciones de conflicto de interés, pero ¿A toda la familia? Lo que no puede pedirse a la sociedad es que simplemente cierre los ojos y menos a la secretaria Anticorrupción Ana Laura Romero Basurto quien tendría que investigar a la titular del transporte Albania González Polito quien pudo haber autorizado este acto grosero de corrupción y explicar del por qué, ya que este hecho “tambalea” el excelente trabajo de la zar anticorrupción y evidencia a un partido político plagado de familias buscando la oportunidad de beneficiarse. Porque cuando cuatro integrantes de un mismo entorno familiar aparecen en un listado de concesiones de transporte, la pregunta no la genera el periodista: la generan los propios documentos. Y mientras esas preguntas no sean respondidas con transparencia, la credibilidad política de la legisladora, de la titular del transporte y de su entorno seguirán bajo cuestionamiento. A esto se suma el conflicto por el predio de Tonalá, donde existen señalamientos de un particular contra Miguel Ángel Castillejos Vila. El asunto judicial, según la información difundida, no resolvió el fondo sobre la propiedad o el supuesto despojo; por eso sería irrespon-

sable convertir una acusación en una sentencia. Pero tampoco sería responsable ignorar el contexto. Aquí nadie está condenando anticipadamente a nadie. Estamos preguntando. ¿Quiénes solicitaron las concesiones? ¿Quién revisó los expedientes? ¿Quién autorizó cada una? ¿Cumplieron todos los beneficiarios exactamente con los mismos requisitos? ¿Existió algún conflicto de interés? ¿La diputada informó oportunamente sobre sus intereses particulares? Y una pregunta todavía más importante: -insisto- ¿qué explicación tienen la Secretaría de Movilidad y Transporte y las autoridades encargadas de vigilar el uso correcto de las funciones públicas? El Gobierno del Estado ha colocado la transparencia y el combate a la corrupción como parte central de su discurso. Por eso este caso no debería convertirse en una pelea entre grupos políticos ni en una defensa automática de una de las partes. Debe convertirse en un ejercicio de transparencia. Porque si todo fue legal, documentarlo debería ser sencillo y no esconder la cabeza. La representación popular tiene límites. Una curul no otorga privilegios, ni convierte los intereses familiares en asuntos intocables y mas cuando el partido del Trabajo es ampliamente cuestionado por el oportunismo a nivel nacional, un partido que debió de aparecer cuando lo manejan dos familias. No estamos del lado del empresario. No estamos del lado

de la diputada. Estamos del lado de los documentos, de la legalidad y de una sociedad que tiene derecho a saber cómo se utilizan las instituciones. Porque cuando los nombres de una familia aparecen juntos en concesiones públicas y, al mismo tiempo, existen otros señalamientos que involucran a integrantes de ese mismo entorno, la respuesta no puede ser el silencio. La historia ya está escrita en documentos oficiales. Ahora corresponde a las autoridades explicar lo que falta. Puntos Suspensivos… Del buen ánimo al vacío político: Viridiana Figueroa ha perdido parte de las buenas expectativas que acompañaron su llegada al COBACH. La posibilidad de construir un proyecto político rumbo a la alcaldía de Tapachula parece hoy más distante, es decir, lejos, en medio de cuestionamientos sobre su forma y dudas de su manera gris de administrar. El traslado del Encuentro Estatal a Tapachula y los señalamientos sobre gastos adicionales para modificar la sede han alimentado la percepción de que lo institucional pudo mezclarse con la promoción personal. Nada de ello, por sí solo, acredita una irregularidad; pero políticamente el costo existe. Y cuando la imagen pesa más que los resultados, el vacío político aparece. Y se esperan más evidencias de corrupción como la del pago de viáticos y servicios generales. Opiniones quejas y sugerencias al 9611897730 miembro del PUCH (Periodistas Unidos de Chiapas)

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uando una subdirectora muere en su centro de trabajo y otras tres personas resultan heridas, entre ellas dos alumnos, el país tiene dos opciones: encogerse de hombros o actuar. El SNTE, reunido en su Consejo Nacional, eligió nombrar el problema. Alfonso Cepeda Salas pidió un minuto de silencio por la maestra de la Secundaria General No. 13 de Torreón y, enseguida, planteó lo que muchos callan: hay que dejar atrás la cultura del “no pasa nada”, porque sí pasa. Lo relevante es que el sindicato no se quedó en la condena. El 2 de septiembre, Cepeda presentó en el Senado una iniciativa para atender de manera integral la violencia escolar, con una premisa difícil de rebatir: quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a desarrollarse en espacios seguros y libres de violencia. Que el dirigente de los trabajadores de la educación lleve el tema a la tribuna legislativa, y no solo al micrófono, habla de una organización que entiende que la seguridad en el aula es parte de las condiciones de trabajo de sus agremiados y del derecho a aprender de millones de niños y adolescentes. También conviene reconocer el

uego de varios años de luchar contra una enfermedad, Alberto Patishtán Gómez, el profesor que se convirtió en estandarte contra la fabricación de delitos y las detenciones arbitrarias contra activistas indígenas en Chiapas tras el levantamiento armado de los años noventa, falleció el pasado viernes en la Ciudad de México para luego ser trasladado a Chiapas y ser “sembrado” en su entrañable “El Bosque”. Patishtán se convirtió, con el paso de los años, en uno de los rostros más conocidos de aquello que organizaciones defensoras de derechos humanos han denominado como “fabricación de culpables”. Fue caso emblemático para muchos indígenas procesados y condenados mediante testimonios cuestionables, sin intérpretes adecuados y, en muchos casos, sin una defensa que garantizara plenamente sus derechos. Su lucha terminó convirtiéndose en un símbolo. No solamente por los años que pasó en prisión, sino porque nunca dejó de sostener que había sido encarcelado por denunciar abusos y defender a su comunidad. Y es que, al final, “Alberto Patishtán fue una persona que se preocupaba por el bien común, por el bien de la sociedad y ese fue el delito más grave que cometió. Por eso lo encerraron”, resumió uno de sus amigos durante el sepelio. En el año 2000, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, y apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales que terminarían con siete décadas de gobiernos priistas en la Presidencia de México, Patishtán fue acusado de participar en una emboscada en la que murieron siete

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FILIPICAS Paco Ramírez

El SNTE y la escuela que no puede esperar

equilibrio de su postura sobre los celulares. El SNTE celebra que el Gobierno limite y regule su uso en educación básica y media superior, porque ayuda a concentrar la atención de alumnos y maestros en el aprendizaje, pero advierte que eso no libera al Estado de su obligación de garantizar la enseñanza digital ni la alfabetización tecnológica de estudiantes, docentes y directivos. Es una posición madura: ni nostalgia sin pantallas ni rendición ante ellas, sino exigir que la regulación venga acompañada de formación y recursos.

En el terreno interno, el Consejo tomó una decisión de prudencia política: aplazar la renovación de directivas seccionales para que no coincida con las elecciones de 2027, con el proceso iniciando el 8 de junio de ese año. La razón la dio Cepeda sin rodeos: evitar que la vida interna del sindicato se convierta en campo de disputas partidistas y que nadie lo use como botín político. En un gremio de la dimensión del SNTE, proteger su cohesión en un año electoral es una forma de proteger a los maestros de quedar atrapados en

EN LA MIRA Héctor Estrada

“Siembran” a Patishtán; símbolo de resistencia contra el poder policías estatales. Una acusación cambió su vida para siempre. Quienes participaron posteriormente en su defensa sostuvieron que el profesor fue señalado después de denunciar presuntos abusos y actos de corrupción en su municipio. Había acudido a Tuxtla Gutiérrez acompañado por indígenas de El Bosque para presentar documentos relacionados con irregularidades en el ayuntamiento. Y es que, Patishtán se había convertido en un incómodo liderazgo destacado dentro de la zona. Tras ser detenido, primero fue retenido en un hotel de la capital chiapaneca y luego trasladado al penal de Cerro Hueco, donde comenzó un encierro que habría de prolongarse durante 13 años. Así, desde los primeros días de prisión, el profesor entendió que su batalla ya no sería únicamente por su propia libertad, por lo que fue precisamente desde adentro de la cárcel donde su voz comenzó a multiplicarse. En prisión fundó “La Voz de El Amate”, una organización de presos que denunció presuntas torturas y procesos irregulares contra indígenas. Organizó también una huelga de hambre que se prolongó durante 41 días para exigir la revisión de los casos de varios internos. El mensa-

je era claro: su propia historia podía ser solamente parte de un problema mucho más grande. Mientras tanto, afuera, la presión crecía. El 19 de abril de 2013, el día en que cumplía 42 años, miles de indígenas convocados por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir su libertad. A ellos se sumaron integrantes del magisterio chiapaneco dentro de un movimiento de presión social para buscar justicia a un caso que había dejado de ser un asunto local para llegar a la agenda nacional. De esta forma, finalmente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto concedió el indulto y Patishtán recuperó su libertad. Pero había una condición legal que nunca dejó de perseguirlo. Salió de prisión sin que judicialmente se reconociera su inocencia respecto del delito por el que había sido condenado. Es decir, libre,

pleitos ajenos. Su relación con el Gobierno federal se plantea con la misma claridad. El SNTE se declara aliado del proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aclara que aporta sus ideas y posicionamientos desde su autonomía sindical, sin renunciar a ninguna forma de lucha y sin subordinar la voz de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Alianza no es sumisión, y el mensaje apunta justo a eso. Finalmente, el sindicato cumplió con lo que su estatuto le manda: Cepeda rindió el informe anual de actividades de los órganos nacionales de gobierno sindical, del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2026, junto con el informe del ejercicio presupuestal. Ambos fueron dictaminados y aprobados. En tiempos de desconfianza hacia las organizaciones gremiales, rendir cuentas en público no es un trámite menor. Queda por delante lo más importante: que la iniciativa prospere, que las escuelas cuenten con protocolos y apoyo real, y que la solidaridad expresada en el Consejo se traduzca en entornos más seguros. En esa tarea, el magisterio organizado no es parte del problema, sino una de las voces con más autoridad para resolverlo.

pero sin esa reparación completa que muchos esperaban. Cualquiera habría entendido que después de 13 años en prisión alguien quisiera alejarse de los reflectores. Sin embargo, Patishtán hizo lo contrario. Continuó denunciando abusos contra indígenas privados de la libertad. Y como muestra de ello, en 2019 volvió a aparecer públicamente para levantar la voz por indígenas presos que se encontraban en huelga de hambre por agresiones dentro de los penales chiapanecos. Por eso su muerte no solamente obliga a recordar a un hombre. Obliga a recordar un expediente, un turbio sistema penitenciario que aún persiste, una de las peores épocas políticas y, sobre todo, una pregunta que permanece vigente: ¿cuántas historias similares nunca alcanzaron o han alcanzado la atención nacional que tuvo el caso Patishtán? Y es que, Patishtán no fue solamente el hombre que pasó 13 años en una prisión chiapaneca, ni tampoco el indígena que consiguió recuperar su libertad después de una larga batalla jurídica y social. Fue el profesor que convirtió su propio encarcelamiento en una plataforma para denunciar otros casos, como una discusión incómoda sobre justicia, derechos humanos y debido proceso. Así, al final, la vida y muerte del profesor indígena se resume en la frase enunciada por Migel Zenon, uno de los activistas que acompañaron la campaña por su liberación, quien el mismo día del sepelio aseguró: “Hoy no vamos a enterrar al Tatik, lo vamos a sembrar, para que su semilla germine en justicia, en dignidad y en libertad” … así las cosas.

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KAXLAM Francisco Ruiz Zuart.

Kaxlam, en la peor acepción del término

idel Kalax Ruiz Burguete, regidor en el ayuntamiento que preside hoy Fabiola Ricci Diestel, anunció con pito y platillo que ya se inscribió para ser el Coordinador de los trabajos de Morena en el Distrito V electoral federal. ¿Qué significa este movimiento de cadera del regidor de Fabiola Ricci Diestel? * Que pretende iniciar campaña adelantada para ocupar la diputación federal por el Distrito V. * Que aprovechará todos los recursos públicos que, en su calidad de regidor de Fabiola Ricci, pueda desviar desde la administración pública municipal de San Cristóbal de Las Casas. * Que abandonará más sus obligaciones como regidor y miembro de 4 Comisiones que tienen muchos trabajos por atender y otros muchos, mal atendidos. ¿Cuál ha sido el desempeño de Fidel Kalax Ruiz Burguete desde su posición de regidor del Morena en el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, al lado de Fabiola Ricci Diestel? * De total sumisión y entrega incondicional a los intereses mercantiles y mezquinos de la presidenta Fabiola Ricci. * De complicidad abierta, descarada, en todas las violaciones a las leyes federales y del Estado, que diariamente se han venido cometiendo durante dos años, en perjuicio de los intereses humanos, económicos y comunes de las familias sancristobalenses.

* Fidel Kalax Ruiz Burguete ha ayudado grandemente a distraer y entretener con bofos talleres y reuniones estériles, intrascendentes, mientras la organización antisocial de Fabiola Ricci Diestel planea y sustrae los recursos económicos y materiales del pueblo sancristobalense. * Fidel Kalax ha firmado la totalidad de las Cuentas Públicas de dos años de administración de Fabiola Ricci, donde prevalecen adquisiciones a sobreprecio. Obras no realizadas como han sido registradas en las Fichas Técnicas de cada una de ellas. Contrataciones adjudicadas directamente, violentando las leyes respectivas. Disposiciones de dinero sin la previa autorización del ayuntamiento: primero gastan y luego hacen las transferencias de recursos. Despilfarro de recursos públicos para atender la campaña política permanente de Fabiola Ricci, iniciada desde hace dos años. * El desempeño durante dos años de Fidel Kalax Ruiz Burguete, con uniforme de Morena y a la diestra de la presidenta Fabiola Ricci Diestel, se ha dado en absoluta complicidad y en detrimento de los intereses colectivos, y ha sido bien documentado y exhibido públicamente. * Fidel Kalax Ruiz Burguete ha actuado de manera consciente y olvidado de que él debe comportarse como Representante Popular, entregado a cumplir lo que las leyes le mandatan para la defensa y promoción de los intereses de las familias que habitan en el municipio de San Cristóbal de

Las Casas. Fidel Kalax Ruiz Burguete, hoy Coordinador de los trabajos de campaña adelantada de Morena en el Distrito Federal V de Chiapas, ¿tiene posibilidades de ser el candidato y luego diputado federal por ese distrito electoral? Ninguna esperanza tiene. ¿Por qué? * Porque no lo permitirán los caciques y demás grupos de poder político, económico y de los cárteles que interactúan en esos municipios con población y autoridades indígenas. * Porque Fidel Kalax Ruiz Burguete, hace poco más de dos años, en ese mismo Distrito V, llegó a iniciar campaña política adelantada a favor de ZOÉ ROBLEDO ABURTO, con beca del INJUVE cuyo titular era Guillermo Santiago. El gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar sabe muy bien todo esto y mucho más, y él es una persona de rencores añejados y siempre listos para ser cobrados. * Porque ya el gobernador Ramírez Aguilar tiene compromisos qué cumplir en el distrito V. Fidel Kalax Ruiz Burguete sabe muy bien que no tiene ninguna posibilidad de ser diputado federal, pero recurre a una vieja fórmula: le tira a comer filete, pero ya bien dispuesto a degustar cualquier pellejo que le ofrezcan. ¿Cómo es esto? Se anota para diputado federal, pero aceptaría cualquier cargo de Morena, de preferencia, que no esté por debajo del salario de regidor de un ayuntamiento.

Se acostumbró a merendar con miel y manteca. En síntesis: dos años firmando todo lo que Faby le puso enfrente, aplaudiendo cada atropello y cobrando puntual en tesorería, y hoy resulta que Kalax se presenta como el gran transformador para el Distrito V. Quiere brincar de cómplice de mostrador a legislador de altura, sin haber pisado una sola comunidad sin viáticos pagados por el ayuntamiento. Es el viejo truco del chapulín de oficina: se cuelga la camiseta de Morena, se toma la foto con el puño arriba y espera que nadie recuerde que su único trabajo ha sido levantar la mano para que Fabiola siga haciendo negocios. Pide curul federal, pero en realidad anda buscando hueso, aunque sea en forma de pellejo. Así de finísima es la congruencia de Fidel Kalax o más bien KAXLAM. A Fidel Kalax urge que le cambien de pañales y luego,que le den biberón y unas buenas nalgadas. ¡Ah! BIEN CLARO se encuentra hasta hoy el panorama local: a Fabiola Ricci Diestel nada le ha salido de acuerdo a como lo soñaba y fue planeado por su grupo político. Hasta ahora lo único que tiene seguro son 12 meses más como presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas. Unos meros picudos, sagrados doctores, afirman que el gobernador OERA a Faby le cayó en maromas feitas. Ya veremos. Esperemos, dice el mero amigo.

CMAN

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Martes 6 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3469 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3469