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CONTRAPODER EDICIÓN 3465

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

El éxito electoral del Partido Verde

PAG. 2

El Partido Verde Ecologista de México obtuvo su registro en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en momentos clave en la lucha contra la contaminación en la Ciudad de México que estableció la política del Hoy no Circula

La corrupción en el gobierno de Rutilio Escandón tuvo resonancia en el Congreso Local. Abiertamente Javier Jiménez, exsecretario de hacienda, fue acusado en tribuna de saqueador. Señalamientos que no pueden quedar solo en el discurso sino acompañada de una investigación. Investigaciones que por cierto están hechas, sólo se espera la instrucción para vincularla a proceso.

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3465

REPORTE

ACCIONES

En definición de candidaturas, Morena carga la balanza hacia el Verde y excluye al PT

Los reclamos de diversos líderes del PT provocaron que Morena abriera una mesa técnica para explicarles las encuestas internas; sin embargo, no hubo mayor cambio en las tendencias y los petistas no acompañaron ninguna de las siete presentaciones de eventuales candidatos de este día ni consiguieron ningún nombramiento 5

Eduardo Ramírez supervisa avances de obras en la capital chiapaneca

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APREHENSIÓN

Detienen a exdirector de Policía Municipal de Suchiapa, tras evasión de detenido de presunto narcomenudista PAG. 9

Suscribe Chiapas Carta de Adhesión al Pacto

PAG. 4

Nacional para implementar la Ley Nacional

HOY ESCRIBEN

para Eliminar Trámites Burocráticos

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

PAG. 5

FILIPICAS

OPERATIVO

Detienen a 57 personas en tres municipios de Chiapas e incautan más de 5 mil dosis de droga

PAG. 15

Paco Ramírez PAG. 14

EL ESTADO QUE REQUIERE MÉXICO PARA HACER REALIDAD EL PROYECTO ECONÓMICO QUE SE HA PROPUESTO Carlos Perola Burguete*

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MADRES BUSCADORAS LOGRAN QUE LA FGR RECIBA SUS DENUNCIAS TRAS RECURRIR A UN AMPARO Georgina Monroy Vázquez PAG. 3

PAG. 12


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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EDITORIAL El éxito electoral del Partido Verde

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l Partido Verde Ecologista de México obtuvo su registro en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en momentos clave en la lucha contra la contaminación en la Ciudad de México que estableció la política del Hoy no Circula y el programa de verificación vehicular obligatorio, en donde primero se inició como una medida voluntaria, que obtuvo respaldo de grupos de la población que mantenían la preocupación de los altos niveles de contaminación de la ciudad y luego se estableció como programa obligatorio. Los orígenes del Partido Verde, muestran que siempre estuvo aliado al poder y han tenido el tino que en las elecciones presidenciales establecen alianza con el partido ganador. Bajo esa condición se aliaron con el PRI en 1994, pero en las elecciones del año 2000 se aliaron con el PAN, en las elecciones del 2006 se equivocaron y terminaron aliados a la candidatura de Rober-

to Madrazo, pero en las elecciones del 2012, fueron los primeros que destaparon la candidatura de Enrique Peña Nieto y en el 2018, participaron en la alianza con el PRI, pero de manera encubierta, la única gubernatura que tenía ese partido, Chiapas, se volcó el apoyo hacia la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y ya como gobierno el Partido Verde apareció como un aliado de Morena, con la figura de Manuel Velasco Coello, quien participó en los acuerdos políticos entre Enrique Peña Nieto y López Obrador, que abrió la posibilidad que en los gobiernos estatales dominados por el PRI se votara a favor de López Obrador, debido a que la candidatura de ese partido no levantó y el candidato del PAN públicamente sentenció que si ese partido ganaba Peña Nieto terminaría en la cárcel. A Manuel Velasco Coello en su papel de gobernador le correspondía presidir la CONAGO, pero él había solicitado licencia para ocupar el cargo de senador de la república y eso lo descartaba para

presidir ese organismo de gobernadores. Por tal motivo se tomó el acuerdo de que Velasco Coello solicitara licencia al senado y retornara como gobernador, para presidir la CONAGO, debido a que Manuel Velasco jugaba el papel de intermediación entre gobernadores del PRI y el presidente electo López Obrador, decisión que implicaba una clara violación a la Constitución, pues en los hechos el retorno a la gubernatura de Velasco representaba una reelección; pero eso no importó porque estaban primero los intereses políticos de alinear los gobernadores con el nuevo presidente para una transición sin conflictos, que abriera las condiciones para una paz duradera. Manuel Velasco no sólo operó junto con otros personajes políticos el acuerdo de Peña Nieto con López Obrador, sino que después cumplió el papel de acercar a gobernadores del PRI al presidente Obrador. Fue Velasco Coello quien acercó a Alejandro Moreno con López Obrador y fue un operador

para que el presidente respaldara a Alejandro Moreno para ocupar la presidencia nacional del PRI, desplazando a un cuadro político de prestigio, por haber sido rector de la UNAM, como era el Dr. José Narro Robles. En el gobierno de Morena el Partido Verde se convirtió en el partido bisagra en el Congreso, en donde el número de diputados y senadores que tiene le permite a Morena constituir la mayoría calificada y eso lo han sabido negociar, que obtuvieron la gubernatura de Quintana Roo y San Luis Potosí y dentro de las candidaturas para el 2027, mantiene el control y sus intereses políticos en Quintana Roo, San Luis Potosí y obtienen la candidatura en Nayarit, y jugaron un papel importante para inclinar la balanza en las candidaturas en Baja California Sur, en Nuevo León y en Chihuahua. Todo esto a pesar de las observaciones y comentarios que se realizan que indican que la alianza con el Partido Verde le sale demasiada costosa a Morena y al gobierno.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Detienen a 57 personas en tres municipios de Chiapas e incautan más de 5 mil dosis de droga De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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utoridades mexicanas detuvieron a 57 personas en distintos operativos en Chiapas, entre ellas un ciudadano salvadoreño requerido por la justicia de su país, y decomisaron más de 5 mil 500 dosis de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad. Las acciones se realizaron en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Benemérito de las Américas, en medio de los operativos que las fuerzas federales y estatales llevan a cabo en Chiapas ante la violencia relacionada con grupos del crimen organizado que se disputan rutas para el tráfico de drogas, armas y personas en la región limítrofe con Guatemala. En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades desplegaron un operativo en respuesta a una balacera ocurrida en la colonia Las Granjas, que provocó la muerte de tres personas y las heridas de otras tres, sin que se precisaran sus identidades. Como resultado de las investigaciones, realizadas entre el 18 y el 28 de septiembre, fueron detenidas 34 personas presuntamente vinculadas

En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades desplegaron un operativo en respuesta a una balacera ocurrida en la colonia Las Granjas, que provocó la muerte de tres personas y las heridas de otras tres, sin que se precisaran sus identidades

con los hechos, entre ellas varias señaladas como autores materiales del ataque y otra que, según las autoridades, realizaba funciones de mando dentro de una facción delictiva, sin identificar a la organización. También, en la capital chiapaneca fue detenido un ciudadano salvado-

reño identificado por las autoridades como integrante activo de un grupo delictivo y que tenía una orden de aprehensión vigente en El Salvador. En Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, operativos realizados entre el 23 y el 28 de septiembre dejaron dos detenidos y el decomiso de

104 paquetes de cocaína y un vehículo. En otra acción en la colonia El Paraíso, agentes repelieron una agresión de civiles armados y detuvieron a cuatro personas, además de incautar tres armas largas, una corta, tres cargadores, unos tres kilos de marihuana y ochenta dosis de droga. En este despliegue, un agente de la Guardia Estatal Preventiva resultó herido. Otros operativos en Tapachula dejaron 16 detenidos y el decomiso de 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma de aire comprimido. Mientras que en Benemérito de las Américas, municipio fronterizo con Guatemala, las fuerzas de seguridad localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos, 4 mil 935 dosis de droga y tres vehículos. En total, las autoridades reportaron nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y doce vehículos decomisados.

Detienen a exdirector de Policía Municipal de Suchiapa, tras evasión de detenido de presunto narcomenudista De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El exdirector de la Policía Municipal de Suchiapa, Jesús Antonio N., fue detenido y puesto a disposición de un órgano jurisdiccional, como parte de una investigación iniciada tras la evasión de un detenido ocurrida el 25 de septiembre, informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la autoridad, el caso está relacionado con un operativo contra el narcomenudeo realizado ese mismo día, en el que fueron detenidos cuatro hombres y asegurados 60 envoltorios con presunta droga cristal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la cárcel municipal. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los hechos ocurrieron después de un operativo contra el narcomenudeo realizado el pasado 25 de septiembre, en el que fueron asegurados narcóticos y cuatro personas fueron detenidas. El Fiscal General del Estado, Jor-

ge Luis Llaven Abarca, informó que derivado de un operativo para combatir el narcomenudeo realizado el 25 de septiembre en Suchiapa, se aseguraron narcóticos y se detuvo a cuatro personas, quienes quedaron a disposición en la cárcel municipal; sin embargo, se cometió el delito de evasión de detenido, por lo que se inició una investigación y se detuvo a Jesús “N”, quien fungía como Director de la Policía Municipal. La Fiscalía señaló que, posteriormente, se registró la evasión de uno de los detenidos, por lo que se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió y establecer posibles responsabilidades. Como parte de las primeras diligencias, la autoridad indicó que ya fueron identificados los vehículos que habrían participado en la evasión, así como algunas de las personas relacionadas con los hechos. En este contexto fue detenido Jesús Antonio N., quien se desempeñaba como director de la Policía Mu-

nicipal y actualmente se encuentra sujeto a investigación y a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía indicó que las indagatorias continúan para determinar si existe responsabilidad de otros servidores públicos en la evasión del detenido y establecer la participación que habría tenido cada persona. El operativo del 25 de septiembre forma parte de las acciones realiza-

das contra el narcomenudeo en el municipio. Previamente, el 22 de agosto, autoridades reportaron otro aseguramiento en el que fueron localizados 114 envoltorios con presunta droga cristal. La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con la evasión y con los operativos contra la venta y distribución de drogas en el municipio.


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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Analizan diputados y gobernador Eduardo Ramírez Aguilar diversos temas de la agenda pública De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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as y los diputados que integran la Sexagésima Novena Legislatura, encabezados por la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, con la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, llevaron a cabo la Reunión Plenaria del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legislativo, en donde analizaron diversos temas que forman parte de la Agenda Parlamentaria. Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios compartieron y analizaron diversos temas con el gobernador Eduardo Ramírez; así como también con Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria general de Gobierno y Mediación; Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado; Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado; y Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó y reconoció el trabajo desarrollado, tanto por la diputada Marcela Castillo Atristain como por el diputado Mario Guillén Guillén, de quienes -dijo- son aliados en el desarrollo de Chiapas y en el bienestar de las y

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un recorrido por Tuxtla Gutiérrez para supervisar los avances de los proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno de la Nueva ERA en materia educativa, recreativa y vial. Estas acciones, además de transformar la imagen urbana de la capital, contribuirán al bienestar social y generarán mayores oportunidades para la juventud chiapaneca. En estas acciones, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el rector de la Unach, Oswaldo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó y reconoció el trabajo desarrollado, tanto por la diputada Marcela Castillo Atristain como por el diputado Mario Guillén Guillén, de quienes -dijo- son aliados en el desarrollo de Chiapas y en el bienestar de las y los chiapanecos

los chiapanecos. Ante las y los legisladores, el mandatario les invitó a seguir legislando con humanismo, con cercanía al pueblo, bajo la premisa de escuchar y atender demandas que se traduzcan en reformas y leyes. “Gobernar es escuchar, ese es el arte del gobierno: escuchar; y cuál es el arte de legislar, también escuchar, porque ustedes escuchan lo que le duele a un sector. Escuchar al sector privado, qué le duele, qué le lastima”, apuntó. En el encuentro, la diputada

Marcela Castillo Atristain informó que al corte de dos años se llevan ya 21 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 a la Constitución Política del Estado y 137 reformas de ley y decretos, que dan al día de hoy un total de 175 iniciativas y reformas de ley. “Tenemos por delante un periodo de mucho trabajo, habrá iniciativas que mis compañeras y compañeros ya tienen listas para presentar, pero también tenemos una enorme oportunidad de mos-

trar que la pluralidad política no tiene por qué convertirse en división, podemos pensar distinto y trabajar juntos, podemos debatir con firmeza y tratarnos con respeto, podemos construir acuerdos sin renunciar a nuestras convicciones”, mencionó. Al hacer uso de la palabra, el diputado Mario Guillén Guillén refrendó su compromiso de mantener una relación institucional y de coordinación de acciones con los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como con el sector municipal y entes gubernamentales, para garantizar la gobernabilidad y el análisis de la agenda pública. Así también, participaron las y los diputados Abundio Peregrino García del PT; Juan Manuel Utrilla Constantino del PVEM; Domingo Velázquez Méndez del PRI; Silvia Esther Argüello García de RSP; Andrea Negrón Sánchez de Movimiento Ciudadano y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo del PAN, quienes manifestaron su disposición de continuar legislando políticas públicas en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y crecimiento económico, privilegiando un clima de acuerdos y diálogo.

Eduardo Ramírez supervisa avances de obras en la capital chiapaneca Chacón Rojas; y el coordinador general Salud Unach, Jordán Corzo Mancilla. Como parte de su agenda, Ramírez Aguilar visitó la colonia Los Laguitos, donde constató los avances de la pavimentación y el mejoramiento integral del boulevard Ciro Farrera, entre las avenidas Violeta e Índigo, así como de la instalación de alumbrado sobre la calle Pánuco, desde la avenida Violeta hasta el boulevard Laguitos. Posteriormente, supervisó la construcción del edificio de 11 aulas de la Facultad de Medicina Humana de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Asimismo, recorrió las obras del

Parque Bonampak, un proyecto integral que permitirá recuperar un espacio emblemático de la capital,

además de favorecer la convivencia social, la recreación y el fortalecimiento del tejido comunitario.


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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Suscribe Chiapas Carta de Adhesión al Pacto Nacional para implementar la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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itular se la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, en su carácter de Autoridad Local de Simplificación y Digitalización del Estado de Chiapas, encabezó la presentación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios y del Catálogo Nacional de Homologación, a cargo de la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización. En este marco, el secretario, Luis Pedrero González y la directora general de Simplificación Administrativa de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Annel Tagle Varela, en representación del titular de la Agencia, José Antonio Peña Merino, suscribieron la Carta de Adhesión al Pacto Nacional, con lo que Chiapas se suma a la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la participación de 28 entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Cabe informar que el trabajo interinstitucional es realizado y coordinado por la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa (Coesa), órgano desconcentrado de la SEyT. La adhesión fortalece la coordinación institucional para avanzar en la simplificación, homologación y digitalización de trámites y servicios

Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Los propietarios de unidades del transporte colectivo deben observar y evaluar el desempeño de los conductores antes de entregarles un vehículo para trabajar, recomendó Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), luego del accidente entre dos colectivos que dejó 15 personas lesionadas en Tuxtla Gutiérrez. “Antes de dar la llave a los conductores, yo recomiendo que observen y evalúen su desempeño, para evitar estos percances”, remarcó el dirigente, quien pidió además verificar que el operador tenga experiencia y pericia, y al menos realizar una prueba de manejo. Las causas, por determinar Vázquez Martínez calificó como “lamentables” los percances recientes, porque en ellos viajan personas que se ponen en riesgo, y subrayó la necesidad de tomar acciones para prevenirlos.

Las cargas derivadas de los trámites representan un costo social aproximado de 6 mil 300 millones de pesos al año, equivalente al 1.33 por ciento del PIB estatal

públicos en Chiapas. “Este pacto solamente se va a lograr con el apoyo y el trabajo de cada uno de ustedes, de sus titulares y de las dependencias a las que representan”, enfatizó Pedrero González. Asimismo, informó que los trámites y requisitos que actualmente se realizan en Chiapas representan un costo social aproximado de seis mil 300 millones de pesos al año, equivalente al 1.33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. De igual forma, señaló que del 100 por ciento, sólo 15 por ciento de los trámites puede realizarse actualmente de manera digital, situación que evidencia el

amplio margen existente para avanzar en la modernización de la gestión pública. Explicó que, bajo el modelo impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se busca establecer criterios homogéneos que reduzcan las diferencias entre los requisitos solicitados por las distintas autoridades y municipios. “Lo que pretendemos es una homologación. Ejemplo, que lo que pide el municipio de Tuxtla Gutiérrez sea igual o sumamente similar a lo que se solicita en Tapachula; que las barreras a la inversión sean cada vez menores en tiempo y dinero y que la facilitación

de estos procesos sea mucho más rápida”, expresó. Por su parte, la directora general de Simplificación Administrativa de la ATDT, Annel Tagle Varela, señaló que el nuevo modelo busca homologar los trámites y servicios públicos entre los ámbitos federal, estatal y municipal mediante una política coordinada que coloque a las personas en el centro de la gestión pública, elimine requisitos y procesos redundantes y aproveche las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a los servicios. Destacó que la simplificación y digitalización permitirá reducir tiempos y costos para la ciudadanía, además de generar mejores condiciones para la actividad económica y la inversión. Añadió que la homologación de trámites forma parte de una estrategia nacional orientada a garantizar derechos y avanzar hacia una administración pública más eficiente, accesible, transparente y cercana a la población. Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas fortalece su participación en la estrategia nacional para eliminar trámites burocráticos, reducir cargas administrativas, facilitar la inversión y ofrecer servicios públicos más ágiles y eficientes a las y los chiapanecos.

“Antes de dar la llave, evalúen al conductor”: Coestrach tras percance de colectivos En entrevista, explicó que hechos como este también pueden ocurrir con vehículos particulares y que las causas son diversas: una falla mecánica o la falta de pericia o de experiencia del conductor, entre otras. Precisó que solo los peritos pueden determinar el motivo de cada accidente.

Señalamientos a las rutas “piratas toleradas” El líder transportista señaló que uno de los principales motivos de los percances es el mal estado de los vehículos, en particular en las rutas que calificó como “piratas toleradas”, es decir, las que operan con placas particulares, como la 128 y otras. Sostuvo que se trata de unidades obsoletas y muy viejas, a las que la Secretaría de Movilidad y Transporte permite circular. Añadió que existe un trato diferenciado: a los concesionados se les

presiona para mantener sus unidades en buen estado, mientras que a las rutas con placas particulares no se les obliga, pues al no ser concesionarias no hay manera de exigirles lo mismo. Estudios toxicológicos Vázquez Martínez llamó a la Se-

cretaría de Movilidad y Transporte a practicar estudios toxicológicos a los operadores. Advirtió que se han dado casos de conductores que manejan bajo los efectos de alguna sustancia, lo que representa un peligro para los pasajeros.


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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Denuncian fabricación de delitos contra defensores comunitarios en la montaña de Guerrero Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

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rganizaciones sociales denunciaron la fabricación de delitos en contra de defensores comunitarios indígenas en la región de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, mientras permanece “intacta la estructura delincuencial que controla la zona”, responsable de la violencia que ha generado decenas de asesinatos y desapariciones, así como el desplazamiento forzado de al menos 800 personas en este año. Tras la reciente detención de Sixto Mendoza Limpia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y el Centro regional de derechos humanos “José María Morelos y Pavón” (Centro Morelos), alertaron que en el plan maestro supuestamente dirigido a la pacificación de esa región indígena de Guerrero que en el mes de mayo registró ataques de la delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) “se encarga de perseguir a los defensores comunitarios, dejando intacta la estructura delincuencial que controla la zona”. Al recordar que tanto Sixto Mendoza como Jesús Plácido, éste último detenido en julio pasado, “denunciaron la agresión violenta de los grupos de la delincuencia organizada y los vínculos que mantiene con las autoridades municipales y estatales”, las organizaciones apuntaron que en ma-

Gabriela Hernández PUEBLA, Pue. (apro).

Organizaciones sociales y familiares del abogado Arturo Mendoza González, representante del Colectivo Hermanos Serdán, denunciaron que el proceso en su contra ha estado plagado de irregularidades, al grado que desde el sábado que fue detenido hasta este lunes se le mantuvo incomunicado. En un mitin que realizaron en el zócalo, activistas señalaron que hasta ahora no se ha respetado el derecho al debido proceso de Mendoza, quien es promotor de los amparos en contra el cablebús, por lo que es evidente que el caso es usando por el gobierno de Alejandro Armenta Mier para tratar de desarticular la lucha ciudadana contra ese proyecto, por lo que afirmaron que el abogado es un “preso político”. Representantes de vecinos que serán afectados por este nuevo sistema de transporte manifestaron su respaldo a Mendoza González y acusaron que su detención tiene un claro fondo político, ya que el delito por el cual se le acusa no ameritaba su encarcelamiento y, por ello, su detención fue ilegal. “Nos queda bien claro que es un reo político como hay más, no lo vamos a

yo los ataques con drones artillados y disparos de armas de fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Ahuehuetlán y Alcozacán, ejaron un saldo de 12 personas asesinadas y el desplazamiento de 800 personas. “Es preocupante la actuación facciosa y parcial de la FGE que arremete contra la organización comunitaria y los líderes de las comunidades que resisten la violencia, sin investigar los crímenes que se han cometido contra el CIPOG que ha contabilizado 84 personas asesinadas y 25 desaparecidas. “Las autoridades, en lugar de darles seguridad y desarticular a los grupos delincuenciales de la zona, fabrican delitos para encarcelar a los defensores y líderes comunitarias”, denunciaron las organizaciones firmantes. De acuerdo a las organizaciones, Mendoza Limpia fue acusado del homicidio de una persona llamada Irineo Cotzin Morales, a la que el defensor “asegura con firmeza que no lo conoce y que es inocente”. Explicaron que el defensor del territorio fue detenido tras la pérdida total de su vivienda en un incendio ocurrido

este lunes 28 de septiembre en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, alrededor de las 13:00 horas, tragedia en la que él, su esposa y sus hijos salieron ilesos. “Alrededor de las cinco de la tarde ocho patrullas de la policía estatal y ministeriales fuertemente apertrechados y encapuchados, simularon que iban a prestar auxilio a la familia de Sixto, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para detenerlo. En plena desgracia los policías hicieron más cruento el sufrimiento de sus pequeños hijos y de su esposa”, narraron los firmantes. De acuerdo al testimonio de la esposa de Sixto, Rubelia, los policías no mostraron orden de aprehensión y no supo del paradero del defensor durante 17 horas, hasta que a las 10:00 de este martes 29 pudo comunicarse con ella desde Chilpancingo, donde se encuentra detenido. “El gobierno del estado se abalanza de nuevo contra un defensor comunitario, criminalizándolo como si se tratara de un peligroso delincuente. Las autoridades pretenden desmantelar la organización comunitaria que

los líderes y defensores del CIPOG-EZ han forjado dentro sus comunidades, adheridas a la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PC), que están asediadas por el crimen organizado”, denunciaron las organizaciones. Las organizaciones firmantes exigieron “que cese la persecución contra los defensores comunitarios del CIPOG-EZ”, y que se ponga en libertad a Sixto Mendoza y a Jesús Plácido, a quienes, sostienen, les fueron fabricado el delito de homicidio calificado. “Emplazamos a las autoridades para que realicen investigaciones sin sesgos políticos, libre de intereses facciosos”, puntualizaron las organizaciones al urgir a la FGE “investigar los innumerables crímenes que se han cometido contra las familias indígenas cuyo único delito es pertenecer al CIPOG-EZ”. De acuerdo al diario local El Sur de Acapulco, Irineo Cotzin Morales, habría pertenecido a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, que ha sido señalada por la CIPOG -EZ de ser la vertiente social de la organización criminal de Los Ardillos. En cuanto a Sixto Mendoza, el medio de comunicación explicó que era reconocido por las comunidades nahuas de Chilpa por encabezar las exigencias de pavimentación de la carretera Atzacoalaya-Heycantenango, la construcción de un mercado regional, un centro de salud, de un telebachillerato y la instalación de un cajero del Bienestar, para evitar salir de sus comunidades, asediadas por Los Ardillos.

Abogado opositor al cablebús en Puebla fue incomunicado; acusan a Armenta de tenerlo como “preso político” perder de vista, porque tenemos temor de que lo desaparezcan”, dijo uno de los vecinos. En tanto que el luchador social Renato Romero acusó que la detención de Arturo Mendoza es para intimidar a los vecinos y activistas que participan en la lucha contra el cablebús y otras causas en defensa del territorio. “Y el gobernador está usando un conflicto personal en una maniobra sucia”, señaló. El ambientalista Gerardo Pérez Muñoz recalcó que el gobernador está equivocado si creyó que la lucha contra el cablebús se caerá por el encarcelamiento de Mendoza. “La lucha sigue”, expresó. De acuerdo a los abogados que forman parte de su defensa, el activista ni siquiera recibió un citatorio para acudir a declarar como parte de una investigación que tendría que haber llevado a cabo la Fiscalía General del Estado. “Todo se hizo muy rápido, convenientemente armaron una investigación a modo”, detalló uno de los defensores. Su expareja publicó una acusación en redes sociales el jueves, la cual

recibió una amplia cobertura y difusión en los medios de comunicación oficialistas y, dos días después, Mendoza fue detenido. Además, el caso presenta inconsistencias pues los hechos por los que se le acusan ocurrieron el 22 de agosto, cuando la ex pareja del abogado asegura que la golpeó en el interior de su casa, sin embargo, ese día acudió al lugar una patrulla de la policía municipal y en ese momento, cuando la acusación supondría una flagrancia, el activista no fue detenido. Integrantes de su familia denunciaron que desde el día de su aprehensión se les han negado tener comunicación con él y tampoco tienen la certeza de que le hayan entregado los medicamentos que requiere tomar. María Eugenia Ochoa, de la Asamblea Social del Agua, aclaró que tampoco se busca desprestigiar a la mujer que presentó la denuncia, sino demandar al gobierno el debido proceso. “Que la denuncia que ella ha presentado sea analizada de manera procesal y clara, en los tiempos que se tiene que

hacer y que se respete la presunción de inocencia”, recalcó. En el mitin, también se presentaron habitantes de la junta auxiliar La Resurrección que defienden 170 hectáreas de esa localidad que se pretenden fraccionar y que incluyen el panteón de la comunidad. Indicaron que Mendoza González es su abogado por lo que asumen que su detención es también para afectar esa lucha. De la misma forma se recordaron causas que el representante del Colectivo Hermanos Serdán ha encabezado como lograr que se transparentara el contrato que firmó el gobierno de Rafael Moreno Valle para la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla.


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4T consuma en el Senado la reforma que impide doble nacionalidad en candidaturas a la presidencia Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)

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n el Senado de la República, la mayoría oficialista aprobó la reforma que impide la doble nacionalidad para ser presidente de la República o gobernador de un estado, así como para la jefatura de Gobierno de la capital mexicana. Con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría oficialista aprobó en lo general y lo particular la reforma que establece que quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Pese a que el senador Luis Armando Melgar del PVEM votó en contra, con el sufragio del legislador sin partido Enrique Inzunza los partidos de la Cuarta Transformación avalaron la reforma en lo general. En la discusión en lo particular se presentaron tres reservas. Todas fueron rechazadas. Así, la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada por el Senado en lo general y lo particular. Ahora la reforma será enviada a los congresos locales para que alcance rango constitucional.

Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

El gobierno de Estados Unidos asestó hoy el golpe que se venía anunciando desde hace varios meses: en una nueva ola de sanciones contra 21 presuntos integrantes y 25 empresas pertenecientes a la rama del Cártel de Sinaloa controlada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, el Departamento del Tesoro incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, quien hasta hace poco era esposo de la gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a varios exfuncionarios de la entidad. En un amplio boletín divulgado hoy, el Departamento del Tesoro sostuvo que Carlos Alberto Torres Torres es un “político vinculado con el cártel quien tiene una alianza con El Ruso (el capo Juan José Ponce Félix)”, y aunque se refirió a él como “el exesposo de la gobernadora de Baja California”, planteó que el hombre utilizó “su influencia política para facilitar las actividades de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de las intervenciones del gobierno y de la policía de Baja California”. De hecho, el documento señaló que Pedro Ariel Mendivil García, el otrora director de Seguridad Pública de Mexicali, también operaba en alianza con “El Ruso”, y entregaba a Carlos Alberto Torres “pagos mensuales” para dejar que el Cártel de Sinaloa opere con “relativa impunidad” en el estado; este dinero, según el Departamento del Tesoro, era lavado por Luis Alfonso Torres Torres –el excuñado de la gobernadora Marina

Con el voto en contra del pevemista Luis Armando Melgar y el sufragio a favor del independiente Enrique Inzunza, Morena y aliados aprueban la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum

Oposición en contra El senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció su voto en contra de la reforma porque, dijo, México no puede castigar a sus hijos por haber construido una vida del otro lado de la frontera y aseveró que tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria. “La posición del PRI es clara y contundente, rechazamos que se utilice la Constitución para crear mexicanos de primera y mexicanos de segunda. “Morena pretende presentarse co-

mo defensor de los migrantes, mientras los coloca y les pone una barrera para participar en la conducción y de propiamente lo que hacen en su país. Los quiere presentes cuando mandan dinero, pero los quiere ausentes cuando aspiran a gobernar”, enfatizó. Por su parte, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, consideró que uno de los mayores avances en materia de derechos humanos en México fue aprobar la reforma que permitió a las y los mexicanos tener una doble nacionalidad.

Sin embargo, resaltó que ahora se pretende que la doble nacionalidad constituya un riesgo político o de seguridad nacional, al grado de obligar a quien aspire a la presidencia de la República o a una gubernatura a renunciar a tener un pasaporte extranjero. “Esto resulta una visión chovinista, patriotera, acomplejada, incluso carente de rigor científico, pues supone que los derechos humanos o el sentido patriótico los define un documento y no una actitud o la propia dignidad o convicción de los mexicanos. “Si repasamos nuestra historia, las peores traiciones a la patria han sido cometidas por mexicanos con plenos derechos políticos y de nacionalidad incuestionable. “Ha sido por eso que los han traicionado a la República, la democracia, la división de poderes, la estabilidad, la paz social y de integridad en nuestro territorio los que mantienen una sola nacionalidad”, enfatizó.

EU sanciona al “Mayito Flaco” y 20 más ligados al Cártel de Sinaloa; entre ellos, el exesposo de Marina del Pilar del Pilar Ávila-- a través de “empresas y campañas políticas”. El Departamento del Tesoro también señaló el rol de Rafael Buenrostro Martín, el exjefe de las aduanas de Ciudad Juárez y “asesor político cercano al gobierno de Baja California”, en la facilitación de sus “influencias y favores políticos” para apoyar a un capo del Cártel de Sinaloa llamado José Ángel Rivera Zazueta, “Don Flaco”, quien fue detenido en la Ciudad de México apenas hace una semana, el pasado 22 de septiembre. En un comunicado atribuido al vocero del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos planteó que las sanciones abarcan “líderes de cédulas del cártel, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos que han permitido al cártel a operar con impunidad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”, e insistió en las “influencias del cartel en la gobernanza de México, particularmente en Baja California, donde socios del exesposo de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa de la policía”. Era sabido que el gobierno de Estados Unidos tenía abierta una investigación contra Carlos Alberto Torres Torres, que abarcaba a Marina del Pilar Ávila. De hecho, la gobernadora reconoció que las autoridades de Es-

tados Unidos le habían retirado su visa –una situación un tanto surreal, para la mandataria de uno de los principales estados fronterizos de México--, y al poco tiempo se divorció de su esposo para alejarse de los problemas legales en Estados Unidos. En junio y julio pasados, el periodista Héctor de Mauleón publicó audios en los que se escucha a Marina del Pilar hablar con un presunto intermediario sobre una presunta negociación con autoridades de Estados Unidos, en la cual ofrecía información de seguridad pública, presuntamente para conseguir un estatus de colaboradora con la justicia del vecino país. A la par de los políticos y funcionarios, el gobierno de Donald Trump sancionó a la cúpula de la rama del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos, después de ser traicionado y entregado a las autoridades del vecino país por Joaquín Guzmán López, el hijo de su viejo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, “Mayito Flaco”, quien nació en Anaheim, California, en 1982, tomó el liderazgo del grupo criminal de “Los Mayitos” después de la captura de su padre, y lo dirige de la mano con Hildegardo Gastelum García “Aldo”, Jorge Luis

Mendoza Uriarte “Güero Chompas”, Francisco Javier Mendoza Uriarte y Lorenzo Castillo Maldonado. A nivel de plazas, el Departamento del Tesoro señaló que la estructura de “Mayito Flaco” es dirigida por los hermanos Alfonso y René Arzate García en Tijuana, quienes a su vez tienen como subordinados a Pedro Humberto Martínez Rodríguez “Gordo Flubber”, Jesús Rafael Yocupicio “El Cabezón” y Franklin Ernesto Huezo Hernández “El Ranchero”. La dependencia también señaló a algunos de los negocios que el grupo criminal utilizaría para lavar dinero de sus actividades delictivas, como la empresa hotelera Servicios Hoteleros Gastelum, casas de cambio como Galerías Centro Cambiario (cuyo nombre comercial es Magic Casa de Cambio), una gasolinera llamada Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, así como un grupo de compañías operadas por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, y por los hermanos Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.


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EU investiga a Andy López Beltrán por crimen organizado y huachicol: NYT De la Redacción Ciudad de México (apro)

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os agencias de seguridad de Estados Unidos examinan acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, Andy, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times. El diario estadunidense precisó que las agencias revisan los señalamientos, pero hasta ahora no han abierto una investigación formal contra López Beltrán. La información fue atribuida a cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias. El reporte añade un dato hasta ahora poco conocido: López Beltrán ha buscado establecer contacto con funcionarios estadunidenses a través de intermediarios durante este año. De acuerdo con The New York Times, esos acercamientos no han derivado en conversaciones formales entre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de Estados Unidos. La información se conoce semanas después de que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de López Beltrán. El morenista confirmó en agosto que ya no podía ingresar a territorio estadunidense, aunque Washington no hizo público el motivo de la decisión.

Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Sin discusión de por medio por parte de la oposición, diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad avalaron el dictamen de la Ley Federal del Derecho de Autor, llamada “Ley anti memes”. Aunque el dictamen no castiga de manera explícita la creación de memes, busca fomentar el uso responsable de los servicios digitales al establecer que los proveedores de internet serán responsables de los daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor cuando sus usuarios publiquen contenido infractor. El dictamen fue aprobado en lo general por 18 votos a favor y seis votos en contra. También se presentaron dos reservas por parte del PAN, pero ninguna fue aprobada, por lo que el dictamen no tuvo cambios y fue aprobado en lo particular. La iniciativa fue enviada a la Mesa Directiva para su posterior discusión en el Pleno. El dictamen obliga a los proveedores a tener una política para terminar el servicio a usuarios considerados

The New York Times informó que dos agencias estadunidenses revisan acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Según cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias, el hijo de López Obrador ha buscado contacto con funcionarios de EU mediante intermediarios, aunque no se han producido conversaciones formales En el caso de López Beltrán, los señalamientos más recientes están relacionados con el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que ha sido investigada en México y que también ha generado interés de autoridades estadunidenses.

De la visa al acercamiento con funcionarios de EU

El vínculo con Amílcar Olán El nuevo reporte estadunidense ocurre mientras en México se ha acumulado información sobre empresarios cercanos a los hijos de López Obrador y sus actividades empresariales. Proceso ha documentado de manera particular el caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario relacionado con el círculo de los hijos del expresidente. En agosto, este semanario reportó

que Olán adquirió en 2023 dos departamentos en Puerto Cancún por más de 31 millones de pesos. También documentó que Romedic, identificada como una de sus empresas, obtuvo un contrato por más de 295 millones de pesos para la adquisición de medicamentos en Quintana Roo. Proceso informó además que Olán promovió amparos contra 14 medios y plataformas, recursos que fueron declarados improcedentes.

La publicación del New York Times agrega una nueva pieza a la controversia que comenzó a tomar fuerza después de la cancelación de la visa de López Beltrán. El hijo del expresidente ha rechazado los señalamientos que lo vinculan con actividades ilícitas y ha cuestionado públicamente las versiones sobre su presunta relación con el contrabando de combustibles. La revelación de que ha buscado contacto con funcionarios estadunidenses mediante intermediarios ocurre al mismo tiempo que agencias de ese país revisan acusaciones relacionadas con crimen organizado y contrabando de combustible.

Avanza en comisión la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley anti memes” “infractores reincidentes”. Además, la norma contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de internet que no retiren contenidos sin autorización. El dictamen fija que las multas serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales dependerán de la fracción que se viole, definiéndolas de la siguiente manera: De cinco mil hasta cuarenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en caso de comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor. Así como fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y

demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares. También en ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor.

Además de que se estipulan multas de mil hasta cinco mil veces la UMA cuando se retransmitan, fijen, reproduzcan y difundan al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida. A su vez, se define una multa de quinientos hasta mil veces la UMA cuando impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esa ley.


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En definición de candidaturas, Morena carga la balanza hacia el Verde y excluye al PT sar su molestia contra la designación. Respecto a una posible salida al Partido del Trabajo, Chávez Treviño no descartó la posibilidad, y pidió que “no coman ansias”. Aseguró que aún faltan definiciones en la interna de la alianza: “Todavía no hay ni pláticas en materia de las alianzas, démosle la confianza a nuestras dirigencias partidistas de hacer lo que les toca”.

Aldo Canedo CIUDAD DE MÉXICO (apro)

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n una jornada de más de 13 horas, Morena cerró la noche del lunes su lista de eventuales candidatos a las 17 gubernaturas a disputarse en 2027. La balanza quedó cargada a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que resultó beneficiado con al menos tres “coordinadores” que forman o formaron parte de su militancia, así como un rival a modo para la competencia en San Luis Potosí, donde buscarán mantener el poder con Ruth González Silva. En cambio, las fricciones con el Partido del Trabajo (PT) se materializaron en un respaldo mínimo (solo a dos coordinadores morenistas) y ningún personaje de las filas petistas logró una coordinación dentro de la alianza electoral. Los reclamos de diversos líderes del PT provocaron que Morena abriera una mesa técnica para explicarles las encuestas internas; sin embargo, no hubo mayor cambio en las tendencias y los petistas no acompañaron ninguna de las siete presentaciones de eventuales candidatos de este día ni consiguieron ningún nombramiento. En cambio, el Verde resultó el aliado más beneficiado de esta jornada, hecho que quedó demostrado en el acompañamiento de sus líderes a cada uno de los aspirantes morenistas. Directamente, el Verde consiguió que Morena le cediera la candidatura de Nayarit. Bajo una justificación de “paridad de género”, el partido de la 4T bajó al ganador de las encuestas, Héctor Santana (alcalde de Bahía de Banderas) y designó a Jasmine Bugarín, aspirante del PVEM. Dicha justificación de género quedó obsoleta conforme avanzó la jornada, pues Morena llegó sobrado a su com-

Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Después del revés que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a una modificación para dejar de verificar si los observadores electorales son servidores de la nación, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala salió a defender la postura que asumió su grupo, y recalcó que la resolución desechada se limitaba en “modificar la forma de acreditar el requisito” de que los observadores electorales no fuera servidores públicos u operadores de los programas sociales. Durante la sesión del Consejo General de hoy, en el que el grupo de Taddei tuvo que enmendar la plana y revertir la modificación, la presidenta del INE aseveró que su resolución

Cierran el resto de nombramientos promiso de nueve (de 17) mujeres coordinadoras. El partido Ecologista también resultó beneficiado con el sorpresivo nombramiento de Manuel Cota (diputado diputado con licencia adscrito a la bancada del PVEM), quien logró la coordinación por encima de la favorita de las encuestas, Milena Quiroga, que incluso se abstuvo de respaldar el nombramiento y salió junto a su comitiva de apoyo antes de que se llevara a cabo, dejando la sala del World Trade Center (WTC) de la CDMX prácticamente vacía. Dicho nombramiento se vincula directamente con la designación de Sonora, donde Lorenia Valles —ficha del gobernador Alfonso Durazo— quedó por encima de Javier Lamarque y Célida López, que incluso se presentó al estrado con lágrimas en los ojos. El PVEM, indirectamente, también resultó favorecido en San Luis Potosí, donde Morena colocó a un coordinador con poco reconocimiento público que no figura en encuestas, como Elí Cervantes, dejando vía libre para que Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, logre mantener el poder del Verde en uno de sus bastiones. Antes, Morena designó a Eugenio “Gino” Segura como su ficha para la gubernatura de Quintana Roo: un per-

sonaje cercano a la gobernadora actual Mara Lezama y afín al Verde. Con esto, el partido Ecologista tendría a cuatro posibles gobernadores con los que simpatiza abiertamente, siendo el claro privilegiado en un proceso que desbalanceó la alianza electoral contra el PT.

Dan golpe a Grupo Tabasco y Andrea Chávez queda fuera La jornada cerró con el resultado de una de las entidades más peleadas a la interna de la 4T: Chihuahua, territorio históricamente panista que Morena busca arrebatar por primera vez en la historia. La disputa de la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, resultó a favor de este último, dejando relegada a Chávez Treviño y asestando un golpe al llamado ‘Grupo Tabasco’, liderado por Adán Augusto López, quien abiertamente respaldó a la senadora. Dicha situación se reflejó desde las afueras del WTC, pues Pérez Cuéllar llegó con una multitud que lo respaldó hasta pasadas las 23:00 horas dentro del recinto, cuando el estruendo de su porra opacó por completo al grupo de respaldo a la chihuahuense, que no dejó de expre-

Además de estos personajes, Morena designó a Ana Lilia Rivera como coordinadora en Tlaxcala, dejando de lado a la ficha de la actual gobernadora Lorena Cuéllar, Alfonso Sánchez García. También fue designada Clara Luz Flores Carrales para la coordinación en Nuevo León. Superó a una molesta Tatiana Clouthier quien se limitó a decir que respalda el proyecto de Claudia Sheinbaum, y evitó mencionar su apoyo a Flores Carrales, quien tendrá una segunda oportunidad para lograr la gubernatura luego de quedar cuarto lugar en las elecciones pasadas de 2021, cuando Movimiento Ciudadano llegó al poder nuevoleonés. Estas designaciones se suman a Santiago Nieto en Querétaro (respaldado por el PT); Imelda Castro en Sinaloa (también con apoyo petista); Nora Ruvalcaba, designada en Aguascalientes; Julieta Ramírez, en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus para Campeche; Rosi Bayardo, Colima; Beatriz Mojica en Guerrero; Verónica Díaz en Zacatecas; y Carlos Torres Piña en Michoacán. Así quedó la plantilla de coordinadores estatales y eventuales candidatos de la 4T para las elecciones de 2027, en las que el partido dominante buscará consolidar su poderío a lo largo del territorio nacional y arrebatar bastiones de oposición como Nuevo León, Querétaro o Chihuahua.

INE revierte modificación para dejar de verificar si observadores electorales son servidores de la nación buscaba sustituir la verificación automática de la lista de observadores electorales con la nómina de servidores de la nación, por una declaración bajo protesta de decir verdad de los propios aspirantes a ser observadores electorales, y ello “bajo principios de buena fe, presunción de veracidad y economía procesal”. “Me parece importante subrayarlo porque en el debate público se ha llegado a presentar esta determinación como si el INE hubiera abierto la puerta para que personas servidoras de la nación pudieran convertirse en observadoras electorales”, reconoció Taddei, quien agregó que “esto es falso: No se eliminó la restricción, no se modificó quién podía o no podía ser observador,

no se autorizó ninguna excepción; lo que se modificó fue la forma de acreditar inicialmente ese requisito”. Fue, precisamente, esta modificación a la “forma de acreditar” que los observadores electorales no fueran servidores de la nación que la Sala Superior del TEPJF consideró incorrecta, pues sus magistrados determinaron que el INE renunciaba así a sus funciones para garantizar que no se cometieran irregularidades, ya que las leyes electorales prohíben expresamente que operadores de programas sociales estén presentes en los centros de votación. En un tono defensivo, que ha empleado con frecuencia ante los numerosos cuestionamientos que sectores

de oposición han expresado sobre su labor al frente del INE, Taddei recalcó que “la crítica a las decisiones de este Instituto es legítima, lo que no resulta correcto, es convertir una versión sin sustento en un hecho y, a partir de ella, cuestionar todo un procedimiento profesional”.


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Menopausia: mujeres de 45 a 65 años enfrentan una etapa clave para la economía Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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urante la Cumbre Sin Reglas 2026, representantes de gobierno destacaron la necesidad de generar políticas públicas y condiciones laborales que permitan a las mujeres transitar esta etapa sin abandonar su actividad económica. La menopausia no es únicamente una etapa de la vida relacionada con la salud de las mujeres. También tiene implicaciones en el empleo, la productividad, los ingresos y la economía, por lo que requiere respuestas desde las instituciones públicas, los servicios de salud y los espacios laborales. Ese fue uno de los principales planteamientos de la Cumbre Sin Reglas 2026, realizada este lunes 28 de septiembre en Ciudad de México, donde especialistas, representantes gubernamentales, integrantes de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil discutieron las condiciones que enfrentan las mujeres durante la transición a la menopausia. Durante el encuentro, funcionarias y especialistas coincidieron en que las mujeres no atraviesan esta etapa en las mismas condiciones. Factores como el tipo de empleo, el nivel socioeconómico, la región y el acceso a servicios de salud pueden determinar la manera en que viven la menopausia y las posibilidades que tienen para recibir atención. La Dra. @nadgasman participó en el evento Cumbre Sin Reglas 2026. Junto con la Dra. Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía; Anders Thomsen, representante de UNFPA México; Luis Miguel Gonzalez, director… pic.twitter.com/ T31iXLBAgs — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 28, 2026 Mujeres de 45 a 65 años, un sector clave para la economía La titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, la doctora Soledad Guadalupe López Acosta, señaló que hablar del climaterio y la menopausia también implica revisar las condiciones de los espacios laborales. Advirtió que la falta de atención puede convertirse en una “variante oculta” de la economía, debido a que existen mujeres que continúan presentes en sus centros de trabajo, pero cuya productividad puede verse afectada por síntomas que no han sido diagnosticados o atendidos. En ese contexto, destacó la importancia de poner atención en las mujeres de entre 45 y 65 años, a quienes identificó como uno de los sectores

La menopausia no es únicamente una etapa de la vida relacionada con la salud de las mujeres. También tiene implicaciones en el empleo, la productividad, los ingresos y la economía, por lo que requiere respuestas desde las instituciones públicas, los servicios de salud y los espacios laborales.

con mayor experiencia y capacidades para continuar aportando a la actividad económica del país. La funcionaria señaló que muchas mujeres no hablan de lo que están viviendo por temor a perder su empleo, mientras que la ausencia de políticas y condiciones adecuadas puede llevar a que reduzcan su actividad o enfrenten dificultades para desempeñar sus funciones. Por ello, planteó la necesidad de impulsar medidas que permitan a las trabajadoras hacer pausas, recibir atención y posteriormente retomar sus actividades. La discusión, explicó, también debe traducirse en estadísticas y estudios que permitan dimensionar el impacto económico de la menopausia y diseñar políticas públicas específicas.

La salud también necesita prepararse La secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Nadine Gasman, señaló que la menopausia forma parte de las distintas etapas por las que atraviesan las mujeres a lo largo de su vida y que las instituciones deben generar condiciones para que puedan desarrollar plenamente su potencial. Durante su participación, planteó que las empresas y los gobiernos deben permitir que las mujeres puedan vivir las diferentes etapas de su vida de manera compatible con su desarrollo personal y profesional. La funcionaria también destacó la necesidad de formar al personal de salud para atender específicamente a las mujeres durante la menopausia, de manera que quienes acudan a consulta encuentren profesionales capaces de explicar qué pueden esperar de esta etapa y cuáles son las alternativas disponibles.

La falta de especialistas y de información médica, señaló, forma parte de las brechas que deben atenderse para evitar que la menopausia se convierta en un obstáculo para la vida cotidiana y laboral de las mujeres.

No todas las mujeres viven la menopausia de la misma manera Otro de los planteamientos de la Cumbre fue la necesidad de evitar una visión homogénea sobre la menopausia. El director de El Economista, Luis Miguel González señaló que las condiciones laborales y económicas son distintas entre una alta ejecutiva y una trabajadora obrera, por lo que el debate debe considerar las diferencias socioeconómicas y regionales. También destacó que las nuevas generaciones están demandando mayor flexibilidad en los espacios de trabajo, una discusión que puede contribuir a transformar las condiciones laborales para quienes atraviesan diferentes etapas de la vida. Para las y los participantes, incorporar esta perspectiva resulta fundamental: hablar de menopausia desde una visión de derechos laborales y salud pública implica preguntarse qué sistemas deben cambiar para que las mujeres puedan permanecer en la actividad económica sin que su salud sea un obstáculo. En la charla, también estuvo presente, Anders Thomsen, representante de UNFPA México, con la moderación de la periodista Karla Iberia Sánchez.

“Hay que hablarlo” Gabriela Rojas Jiménez, fundadora y CEO de Sin Reglas, señaló en entrevista con CIMAC que uno de los principales retos es dejar de con-

siderar la menopausia como un tema limitado a determinados espacios de conversación. “La menopausia es un asunto que atañe a toda la sociedad”, planteó durante la Cumbre, al señalar que sus efectos atraviesan la salud, la economía y el empleo. Para las mujeres que se encuentran en esta etapa, Rojas recomendó buscar información y atención médica, así como registrar los síntomas y hablar con profesionales de la salud sobre el impacto que tienen en su vida cotidiana. Explicó que existen múltiples síntomas asociados con la transición a la menopausia y que no todas las mujeres los experimentan de la misma manera. Por ello, consideró importante que cada mujer pueda conversar con su médica o médico sobre las alternativas hormonales y no hormonales disponibles, así como sus posibles riesgos y beneficios.

Pero la conversación, sostuvo, no debe quedarse en el consultorio. “Es importante hablarlo”, dijo, al considerar necesario llevar la conversación a los hogares, las relaciones de pareja, los círculos de amistad y los espacios laborales.

Una agenda nacional para cerrar brechas Durante la Cumbre Sin Reglas 2026 también se presentó una Agenda Nacional de Menopausia, cuyo objetivo, explicó Rojas, parte de reconocer que existen diferentes brechas que afectan a las mujeres. Entre ellas mencionó las brechas de información, atención, conocimiento, acceso y calidad. La propuesta busca generar datos que permitan conocer con mayor precisión la situación de las mujeres durante esta etapa y avanzar en acciones para mejorar la atención y el acceso a información y servicios. Para Rojas, el reto central es que las soluciones lleguen también a las mujeres que actualmente tienen mayores dificultades para acceder a información y atención. La discusión sobre menopausia, así, trasciende la experiencia individual. Las condiciones en que millones de mujeres atraviesan esta etapa también plantean preguntas sobre los servicios de salud, los espacios de trabajo y las políticas públicas necesarias para que puedan continuar desarrollando sus proyectos de vida y su participación económica.


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MADRES BUSCADORAS LOGRAN QUE LA FGR RECIBA SUS DENUNCIAS TRAS RECURRIR A UN AMPARO Georgina Monroy Vázquez

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ras semanas de plantón frente a la Fiscalía, un juez ordenó a la institución recibir las denuncias de 55 madres y familiares de personas desaparecidas.

Después de semanas de permanecer en plantón frente a la Fiscalía General de la República (FGR), madres y familiares de personas desaparecidas consiguieron una respuesta judicial para que sus denuncias fueran recibidas por la institución. Las mujeres instalaron el plantón el 9 de septiembre frente a las instalaciones de la FGR, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que las autoridades recibieran formalmente sus denuncias y atendieran los casos de sus familiares desaparecidos. De acuerdo con reportes periodísticos, el plantón reúne a más de cien madres, hermanas y familiares, integrantes de colectivos provenientes de distintos estados del país. Las buscadoras denunciaron obstáculos para presentar sus casos ante la Fiscalía y decidieron permanecer frente a la institución para exigir atención. Madres buscadoras recurren a un amparo Ante la falta de respuesta, el 21 de septiembre integrantes de la organización Abogados Convencionalistas de México promovieron el juicio de amparo 1048/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. El recurso buscó que la autoridad ministerial recibiera las

denuncias de las familiares de personas desaparecidas que permanecían en el plantón. El 23 de septiembre, el juez Adolfo Christian Castro Solís concedió una suspensión provisional y ordenó a la FGR recibir las denuncias correspondientes a 55 madres y familiares. La resolución estableció que la Fiscalía debía informar al juzgado sobre el cumplimiento de la medida en un plazo de 48 horas. La determinación judicial constituye una medida provisional y no implica que los casos de desaparición hayan sido resueltos. La audiencia incidental está prevista para el 29 de septiembre, mientras que la audiencia constitucional, en la que se analizará el fondo del juicio de amparo, está programada para el 16 de octubre. La FGR instala un módulo de atención Después de la resolución, la Fiscalía instaló un “módulo de atención itinerante” frente al plantón para recibir a las mujeres. Sin embargo, las buscadoras señalaron que las condiciones del espacio eran insuficientes para cumplir con su exigencia de presentar formalmente sus denuncias. De acuerdo con información publicada por El País, el módulo contaba con sillas y formatos para llenar, pero las mujeres señalaron la ausencia de equipo y personal ministerial suficiente para recibir las denuncias. Por ello, aunque la instalación del módulo representó una respuesta de la institución ante la resolución judicial, las familiares

mantienen sus demandas para que la atención sea adecuada y sus casos sean investigados. Mientras permanecen en el plantón, las mujeres también han requerido condiciones básicas para continuar con su protesta. La Alcaldía Cuauhtémoc informó que instaló sanitarios móviles y llevó servicios de atención médica y psicológica al lugar. La organización colectiva como herramienta para exigir justicia La movilización de las madres y familiares muestra una de las formas en que las mujeres buscadoras han recurrido a la organización colectiva y a las herramientas legales para exigir su derecho de acceso a la justicia. Las familiares llegaron a la Ciudad de México desde diferentes entidades del país y mantienen su exigencia frente a una institución federal encargada de investigar delitos de competencia federal. El amparo permitió que un juez ordenara a la Fiscalía recibir las denuncias de las mujeres contempladas en el recurso, después de que ellas habían mantenido durante semanas una protesta frente a sus instalaciones. La recepción de las denuncias representa apenas un primer paso. No significa que las personas desaparecidas hayan sido localizadas ni que las investigaciones estén concluidas. Para las madres y familiares, el siguiente desafío es que sus denuncias sean efectivamente investigadas y que las autoridades emprendan acciones para localizar a sus seres queridos.


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EL ESTADO QUE REQUIERE MÉXICO PARA HACER REALIDAD EL PROYECTO ECONÓMICO QUE SE HA PROPUESTO

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Mariana Mazucato la recibió la presidenta de México en el Palacio Nacional y hablaron del informe llamado Transformación del Estado para el Plan México, que fue elaborado por por la doctora junto con la doctora Lara Merlin y en este mes de agosto se presentó este nuevo informe del Instituto para la Innovación y el Propósito Público que exponen la arquitectura estatal necesaria según esta investigación para hacer posible en la realidad el plan México. La periodista Carmen Aristegui entrevistó Mariana Mazucato sobre lo que había platicado con la presidenta, conversatorio que me pareció atractivo, para encontrar el interés de la presidenta en la opinión de Mazucato, conociendo el libro de Mazucato ‘El Estado Emprendedor’ Misión economía, a partir de reconducir las asociaciones público-privadas de manera simbiótica y no parasitaria a partir de colocar al Estado Mexicano como instrumento principal para hacer realidad el plan México. Abajo dejo la liga de la entrevista para quien tenga el interés de escucharla El Plan México entra en una etapa distinta cuando se coloca frente a la pregunta que Mariana Mazzucato llevó a Palacio Nacional: ¿qué Estado necesita México para hacer realidad el proyecto económico que se ha propuesto? La cuestión parece administrativa, pero en realidad es profundamente política y económica. Un país puede definir una estrategia de desarrollo, identificar sus sectores prioritarios y establecer objetivos de inversión; pero si las instituciones que deben ejecutarlos continúan funcionando de manera fragmentada, cada una con sus propios instrumentos y sin una dirección común, el plan corre el riesgo de convertirse en una suma de programas antes que en una estrategia de transformación. Eso es precisamente lo que Mazzucato dice haber conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y su descripción de la reunión merece atención. No presenta a la presidenta como alguien que simplemente necesita ser convencida de la necesidad de intervenir en la economía. Por el contrario, la identifica como una gobernante que ya tiene una concepción del crecimiento basada en innovación, inclusión y sostenibilidad y, sobre todo, como una presidenta “impaciente” por llevar esa visión a la estructura del gobierno. El problema, entonces, no sería convencer al gobierno de que existe una dirección estratégica, sino construir las capacidades institucionales para ejecutarla. Ahí aparece el verdadero significado de la propuesta de Mazzucato: el Plan México necesita una transformación del Estado que lo ejecute, sobre asuntos como el Agua, energía, salud, infraestructura, innovación y desarrollo regional no pueden continuar tratándose como compartimentos administrativos independientes. Si son problemas estratégicos del país, requieren que Hacienda, Economía, Energía, Medio Ambiente, salud, banca de desarrollo, empresas públicas, universidades y gobiernos territoriales puedan actuar alrededor de objetivos compartidos. La diferencia parece técnica, pero cam-

Carlos Perola Burguete* bia la naturaleza de la política económica. No se trata simplemente de que cada dependencia haga mejor su trabajo. Se trata de que el Estado deje de funcionar únicamente como una suma de instituciones y empiece a operar como un sistema de capacidades orientado a misiones nacionales. Y es justamente aquí donde la discusión sobre los bancos adquiere una importancia que en una de nuestras columnas de análisis sobre el FOBAPROA, quedó pendiente abordar la insuficiencia de financiación del desarrollo. Cuando plantea a Mazzucato que el sistema financiero mexicano es altamente rentable pero no necesariamente está cumpliendo con financiar el desarrollo, la pregunta toca uno de los problemas centrales del Plan México: ¿quién decide hacia dónde se dirige el dinero? La respuesta de Mazzucato no consiste en afirmar simplemente que los bancos privados “deben prestar más”. Su argumento es más estructural. México ya cuenta con instrumentos públicos de financiamiento —Nafin, Banobras, Fonadin, FIRA—, pero éstos necesitan dejar de operar como mecanismos aislados de financiamiento de proyectos para convertirse en instrumentos coordinados alrededor de las misiones del Plan México. Esto modifica sustancialmente la discusión sobre la banca de desarrollo. Un banco público no tendría que limitarse a preguntar si un proyecto es financieramente viable. También tendría que preguntarse qué capacidad productiva genera, qué empleo crea, qué proveedores nacionales incorpora, qué innovación produce, qué territorio desarrolla y qué problema estratégico del país ayuda a resolver. El crédito dejaría así de ser neutral respecto del desarrollo. Y aquí aparece una de las ideas más fuertes de Mazzucato: el Estado puede utilizar sus instrumentos financieros y sus compras públicas para modificar el comportamiento de la economía privada. Si un banco público otorga un crédito sin condiciones, simplemente está transfiriendo recursos. Pero si ese crédito está vinculado a determinadas metas de empleo, innovación, sostenibilidad o integración de cadenas productivas, el financiamiento comienza a formar parte de una política industrial. Lo mismo ocurre con las compras gubernamentales. El Estado no solamente compra; también puede crear demanda. Una pequeña empresa tecnológica puede tener una innovación, pero si no tiene mercado difícilmente podrá convertirse en una empresa de mayor escala. El Estado puede utilizar su capacidad de compra para abrir ese mercado cuando el producto responde a una misión nacional. Esto permite entender por qué Mazzucato cuestiona la explicación según la cual la falta de inversión en México puede atribuirse principalmente a las actuales condiciones de seguridad jurídica o a la reforma judicial. No niega que esos factores importen. Lo que señala es que no explican por sí solos una debilidad de inversión que tiene raíces mucho más profundas. México arrastra desde hace décadas una estructura productiva fragmentada,

baja inversión en investigación y desarrollo, insuficiente escalamiento empresarial, concentración económica y una relación rentística entre determinados sectores privados y el Estado. Por eso, reducir todo el problema de la inversión a la confianza jurídica sería dejar fuera buena parte de la estructura económica que el Plan México pretende modificar. La respuesta también obliga a revisar la idea de que el capital privado solamente necesita que el Estado se retire para comenzar a invertir. La experiencia que Mazzucato recupera de la economía estadounidense muestra otra posibilidad: el Estado puede asumir riesgos, construir infraestructura, financiar investigación, crear mercados y después atraer inversión privada hacia actividades que, sin esa intervención inicial, probablemente no tendrían las mismas condiciones para desarrollarse. No se trata, por tanto, de Estado contra mercado. Se trata de cambiar la relación entre ambos. El Estado puede asumir riesgos que el sector privado no quiere asumir inicialmente, pero ese apoyo debería generar reciprocidad. Si el dinero público financia una empresa, el resultado esperado no puede agotarse en la rentabilidad privada. Tiene que producir capacidades que permanezcan en la economía: tecnología, proveedores, empleo, conocimiento, infraestructura o nuevas cadenas productivas. Ahí aparece el problema del rentismo que Mazzucato coloca en el centro de su argumento. El desafío es pasar de una relación parasitaria entre Estado y empresas a una relación simbiótica. No significa eliminar la empresa privada, sino impedir que la intervención pública se limite a socializar riesgos y privatizar beneficios. Ésta es probablemente una de las discusiones más importantes para el Plan México, porque obliga a mirar también el papel de la banca privada. La pregunta no es solamente por qué los bancos no prestan suficiente a determinados sectores. Hay que preguntarse qué estructura de incentivos hace que sea más atractivo colocar recursos en determinadas actividades financieras que financiar proyectos productivos de largo plazo, innovación, infraestructura o pequeñas empresas capaces de escalar. La respuesta no puede ser únicamente moral. Tiene que ser institucional. Si el Estado pretende transformar la estructura productiva mexicana, necesita modificar las condiciones bajo las cuales se asigna el capital. Y ahí la banca de desarrollo, la regulación, las compras públicas, la política fiscal, las empresas públicas y la inversión en investigación tienen que comenzar a funcionar como partes de una misma estrategia. Éste es el punto donde la conversación entre Sheinbaum y Mazzucato adquiere una dimensión mayor. La presidenta parece compartir la urgencia de colocar esos grandes problemas en el centro de la acción gubernamental; Mazzucato aporta la advertencia de que esa voluntad política necesita una arquitectura estatal capaz de ejecutarla. La transformación, por tanto, no puede

quedarse en el Plan México como documento. Tiene que llegar a la forma en que funcionan las instituciones. Y aquí está la posibilidad histórica, pero también la dificultad. México ya tiene muchos de los instrumentos necesarios: banca pública, empresas del Estado, capacidad de compra gubernamental, universidades, infraestructura, recursos naturales, mercado interno y un sector privado amplio. Lo que falta articular es el conjunto. El Plan México podría convertirse en una política de transformación productiva si logra que esos instrumentos dejen de operar de manera aislada y comiencen a responder a misiones nacionales concretas. El agua puede convertirse en infraestructura, tecnología y desarrollo industrial. La transición energética puede convertirse en investigación, manufactura y cadenas nacionales de proveedores. La salud puede convertirse en producción farmacéutica, biotecnología e infraestructura. La infraestructura puede convertirse en mercado para empresas nacionales. Y la banca pública puede convertirse en el mecanismo financiero que conecte esas misiones. Pero también existe el límite. Una estrategia de esta magnitud requiere capacidades estatales que no se construyen únicamente mediante decretos o decisiones presupuestarias. Requiere funcionarios especializados, coordinación interinstitucional, información, evaluación, continuidad, capacidad tecnológica y mecanismos que impidan que los instrumentos públicos sean capturados por intereses particulares. Por eso la pregunta central ya no es solamente cuánto dinero tiene el Estado para ejecutar el Plan México. Tampoco es exclusivamente si el sector privado quiere invertir. La pregunta es quién tiene la capacidad de coordinar el dinero, la inversión, la tecnología, las empresas y las instituciones alrededor de un proyecto nacional. Mazzucato coloca así el problema en un terreno mucho más profundo que el debate coyuntural sobre el presupuesto o la confianza empresarial. El Plan México puede convertirse en una política industrial moderna solamente si el Estado deja de ser un administrador fragmentado de instrumentos y se convierte en coordinador de capacidades nacionales. Y quizá allí esté la verdadera respuesta que habrá que buscar en los próximos años: no si México tiene un Plan México, sino, se está construyendo el Estado mexicano capaz de hacerlo realidad. Porque transformar la economía exige algo más que invertir. Exige cambiar la manera en que el Estado decide para qué, dónde, con quién y bajo qué condiciones se invierte. Aquí la liga de la entrevista de Aristegui a Mariana Mazucato. “Ttransformar las herramientas del Estado para hacer realidad el Plan México” https://youtu.be/n1ePzAH Ld7c?si=eF5gt9s3gUViiTCc *Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.


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FILIPICAS Paco Ramírez

Chiapas; entre las cifras de la aprobación y la realidad del territorio

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uienes conocen las corrientes profundas del poder en el sureste saben que el rumbo de la capital chiapaneca siempre responde a mareas más lejanas. Las recientes lecturas de la alta estrategia nacional, que sugieren una constante revisión del desempeño de las administraciones estatales de cara a la segunda mitad de los mandatos locales, abren una interrogante inevitable para la aldea local ante la fisonomía del barco de la transformación: ¿Cómo se lee la realidad de Chiapas desde el centro del país y bajo qué parámetros se mide el verdadero peso de su gobernabilidad? La entidad atraviesa una coyuntura caracterizada por una profunda contradicción que divide por completo las opiniones de los analistas: por un lado, se reporta un fenómeno estadístico que sitúa al Ejecutivo en la cima de las encuestas nacionales de popularidad; por el otro, agencias de seguridad y organismos de derechos humanos advierten sobre un territorio fragmentado por pasivos históricos y retos de seguridad que amenazan con desbordar la estabilidad regional. La Realidad del Territorio: El Peso de la Inseguridad La situación actual de Chiapas no puede entenderse sin desglosar el severo contraste entre las declaraciones de gabinete y la realidad operativa en las regiones más vulnerables. En el ámbito de la estabilidad general, diversos sectores de la sociedad civil y observadores nacionales mantienen una postura sumamente crítica frente a la estrategia de pacificación. Señalan que regiones clave como la Sierra

y la Frontera siguen padeciendo las consecuencias del desplazamiento forzado de familias, el cobro de piso y la parálisis de las actividades comerciales debido a la disputa territorial entre grupos delictivos. Para los críticos del modelo actual, el concepto de la “Nueva Era del Humanismo Chiapaneco” corre el riesgo de quedarse en un simple discurso publicitario si las corporaciones de seguridad del estado y las fuerzas federales no logran recuperar de forma tangible el control de las carreteras y los municipios del Soconusco y la Selva. La exigencia social en tierra es clara: antes de que las pasiones electorales de la intermedia del 2027 comiencen a fragmentar la mesa de las decisiones locales, se necesitan resultados contundentes en las calles y los ejidos, no solo en los presupuestos de infraestructura. El Escenario de las Encuestas: El Posicionamiento de Eduardo Ramírez Es en esta misma atmósfera de alta complejidad donde la figura del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, genera un intenso debate sobre su peso específico en el ajedrez del poder central. A nivel nacional, las mediciones publicadas de forma consistente por firmas encuestadoras como Mitofsky, Arias Consultores o FactoMétrica han colocado al mandatario en los primeros lugares de aprobación ciudadana en el país, registrando niveles de aceptación popular que el aparato institucional promueve como un blindaje político frente a la crisis. En las oficinas de la Ciudad de México, esta dualidad divide las

percepciones. Por una parte, el ala más pragmática del partido mayoritario percibe al mandatario chiapaneco como un operador indispensable: un líder capaz de amalgamar el respaldo hacia el proyecto de la Presidencia de la República con la interlocución necesaria ante los sectores empresariales y agrícolas que vigilan la frontera sur y la estabilidad del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). Por otra parte, analistas políticos independientes y medios de cobertura nacional cuestionan fuertemente este capital de medición, advirtiendo que los altos porcentajes de simpatía electoral de la marca no necesariamente se traducen en la contención de los índices delictivos ni en la resolución milimétrica de las demandas sociales más urgentes del estado. El Apunte del Analista El destino de la hegemonía política en el sureste y el blindaje institucional de Chiapas dependerán de resolver esta aguda contradicción entre la percepción estadística de éxito y la cruda realidad que viven miles de familias en el territorio. La alta aprobación de la que gozan las siglas oficiales actúa como un escudo político útil para el corto plazo, pero el verdadero legado se jugará en la capacidad de su equipo compacto para transformar la retórica de campaña en un bienestar permanente, seguro y libre de violencia en cada mercado y rincón del estado. En Chiapas, la alta estrategia ya demostró que sabe ganar las encuestas nacionales; el reto histórico e impostergable del mañana es garantizar la paz desde adentro.


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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Andy López Beltrán, es investigado por el gobierno de EUA, por financiar a grupos narcoterroristas

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• La Corte del acordeón a favor de que narcos sean candidatos en Chihuahua

iscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, aseguró que el gobierno de Morena no investiga ni mucho menos tiene una orden de aprehensión activa en contra de Andrés Manuel López Beltrán, (a) “Andy”, ni del empresario Amílcar Olán, recién encontrado en su “guarida” en Suiza. Ningún delincuente militante en Morena o funcionario parte de este gobierno de la mal llamada 4T en los ocho años que esta mafia en el poder ha sido castigado con cárcel, por muy delincuente que sea, corrupto o se haya llevado a su bolsillo cantidades millonarias, ya sean en pesos mexicanos o en dólares. Todos ellos son protegidos por el velo de impunidad que hace imposible que se haga justicia con castigos ejemplares por los casos de corrupción que involucran a miembros o aliados del partido en el gobierno que por ahora han evitado que terminen en la cárcel. Aquí en México los delincuentes en el poder, sean éstos narco político, legisladores, gobernadores y criminales están a salvo, pero del otro lado de la frontera norte de nuestro país, autoridades federales en Washington mantienen bajo la lupa las actividades del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una investigación periodística del prestigiado diario estadounidense The New York Times revela que al menos dos agencias de seguridad y procuración de justicia de Estados Unidos evalúan pruebas y testimonios vinculados a presuntas operaciones de crimen organizado y, de manera particular, al esquema denominado huachicol fiscal. Pero hay más, datos y pruebas que en las conferencias mañaneras va pedir la presidenta Sheinbaum mientras denosta al medio por el atrevimiento de “sacar los trapitos al sol”, de uno de los hijos más corruptos del expresidente por su relación con los cárteles de la droga y por el contrabando de el huachicol fiscal, que, gracias a ello, es uno de los hombres más ricos de México sin la necesidad de trabajar, solo poner en prácticas para robar. Ahí están las pruebas que pedirá la jefa de los delincuentes que tienen secuestrado al país y que el reportaje del periódico neoyorquino, está sustentado en el testimonio de cinco personas con conocimiento directo de las averiguaciones. Son la pruebas que sostienen las agencias estadounidenses están analizando la viabilidad de presentar cargos penales en contra este individuo, uno de los hijos del mesías tropical y

que nunca en su vida han sabido lo que es trabajar como Dios Manda. No obstante, el diario The New York Times aclara que hasta el momento no se ha presentado un indictment o acusación formal en una corte federal, pero el seguimiento riguroso por parte de las dependencias de control de drogas y fraude transnacional que responde a una preocupación estructural: la infiltración del crimen organizado en los esquemas de importación de hidrocarburos entre ambos países y la presunta protección política otorgada a ciertos actores estratégicos en la frontera. El fenómeno del huachicol fiscal no equivale al robo tradicional de combustible mediante la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos. Se trata de un complejo engranaje de contrabando aduanal y evasión fiscal a gran escala. La investigación periodística de The New York Times señala que el nombre de López Beltrán surge a partir de cruces de información, rastreos financieros y testimonios recabados de personas clave que han comenzado a colaborar con la justicia estadounidense. Dentro de los expedientes que revisan las agencias norteamericanas figuran señalamientos hacia una red de empresarios y prestanombres que habrían actuado como articuladores entre dependencias gubernamentales, asignación de contratos públicos en sectores estratégicos y facilitación logística para operadores comerciales. Entre los nombres recurrentemente mencionados en los reportajes de investigación se encuentra el de Jorge Amílcar Olán Aparicio, un empresario cercano al entorno personal de los hijos del exmandatario, cuyas empresas registraron una vertiginosa expansión operacional y contractual durante el sexenio anterior. En contraste con la certera actividad realizada por las agencias norteamericanas, el papel de las autoridades de procuración de justicia en México ha sido motivo de un severo escrutinio público y mediático. La Fiscalía General de la República ha mantenido una postura categórica respecto a los señalamientos contra

Andy López Beltrán, el encubrimiento por ser el hijo de un expresidente corrupto, mentiroso y traicionero. El caso del vástago de López Obrador, se suma así a un historial de expedientes judiciales construidos en Washington y Nueva York que terminan por exhibir la pasividad de los órganos persecutores del delito en México, dejando en manos de agencias extranjeras el juzgamiento de tramas de corrupción e infiltración delictiva que se originan en el corazón de las instituciones mexicanas.

Morena en contubernio con la Corte concede que candidato sea un narco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó anoche la ley de Chihuahua que castigaba a los candidatos vinculados con el crimen organizado. ¿Si así de corruptos? ¡La Corte dice que no se puede sancionar a los narcocandidatos! -Mierdas-. Chihuahua intentaba blindarse del crimen, pero la nueva Corte del “acordeón” y de la 4T le abre la puerta de par en par al crimen organizado. Esta es la Corte que nos prometieron que sería del pueblo. Pues hoy el pueblo ve con claridad de qué lado está: del lado de los criminales. ¿Quieren intervención extranjera regulada pero no quieren regular la intervención del narco en nuestras elecciones? ¡Qué cinismo es la oficialización del narco-gobierno! Primero les entregan el territorio, ahora les entregan las boletas y las candidaturas. Con el aval de la Suprema Corte. Chihuahua quiso poner un dique. La SCJN lo dinamitó. Al respecto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de una impugnación del partido Morena para echar abajo el “blindaje” electoral del estado contra la delincuencia organizada. Más descarados no pudieron ser los de la Corte del “acordeón” que, con toda mala leche, le quitó a la reforma de Chihuahua lo que a Morena le estorba para financiarse con

dinero ilícito y usar delincuentes en las elecciones. Chihuahua era el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen organizado, los socios de Morena para ganar las elecciones para después repartirse el pastel, en lo que mayormente salen perjudicados los ciudadanos. La Corte de esta forma le quita a la reforma electoral de Chihuahua exactamente lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones, afirmó la gobernadora Maru Campos Galván al fijar su postura sobre la resolución emitida ayer a la impugnación que ese partido presentó contra la ley. Hace unos meses el Congreso de Chihuahua reformó la ley para que una elección se anule si el crimen organizado interviene en ella y para que quien gane con esa ayuda pierda la candidatura. A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella, y si la elección se repite, vuelve a competir con las mismas armas. Éramos el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen. Hoy no la tiene cerrada ninguno”, dijo. La gobernadora afirmó que el Gobierno del Estado acata lo resuelto por la Corte, pero no la idea de que Chihuahua se resigne. No todo lo que brilla es oro ni todo lo que apesta es caca, por una ministra, Yasmín Esquivel, votó del lado de Chihuahua al sostener que, cuando el crimen decide una elección no puede haber duda de la gravedad ni del grado de afectación al voto libre. “Hasta en la Corte hubo quien lo entendió”, dijo.

Del Montón

La reciente revelación de los nombres encargados de encabezar las coordinaciones estatales de la Cuarta Transformación, figura que tradicionalmente antecede a las candidaturas oficiales para las gubernaturas, ha desencadenado una fractura demoscópica y un descontento social considerable en diversos territorios del país. De acuerdo con el más reciente estudio sociopolítico elaborado por la firma LaEncuesta.mx, publicado el 28 de septiembre de 2026, la percepción ciudadana ante los perfiles nombrados por la dirigencia del movimiento oficialista dista mucho de ser homogénea, registrando focos rojos de rechazo que superan el setenta por ciento en entidades clave de la República Mexicana. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.


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Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3465 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3465


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