CMAN
DOXA
EDITORIAL
Los días finales del grupo Tabasco
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El sistema político mexicano, surgido de la Revolución Mexicana, a partir de otorgar facultades metaconstitucionales al Poder Ejecutivo, que le permite controlar los otros dos poderes constitucionales
Un grupo de mujeres ha percibido que la reforma electoral para la paridad de género no fortalece la participación de las mujeres sino la perversión de candidaturas definidas por hombres. Inclusive empiezan a cuestionar las candidaturas que favorezcan a parejas o a familiares. En un claro detrimento de mujeres activistas que mantienen trayectorias en la lucha de género.
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EN CHIAPAS
Martes 29 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3464
ESTUDIO
EVENTO
Deuda de México con riesgo de aumentar 4.2 billones de pesos en primeros tres años de Sheinbaum El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que está el riesgo de que la deuda termine con el sector empresarial mexicano, con menos dinero disponible para financiarse y créditos más caros 5
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SEyT impulsa posicionamiento y vinculación comercial del café chiapaneco con el Chiapas Coffee Summit 2026
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ACCIONES
Eduardo Ramírez fortalece la infraestructura y el desarrollo productivo de Socoltenango PAG. 9
El grupo de migrantes avanza en caravana desde Tapachula, ya no solo son hondureños, se le han sumado salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos
HOY ESCRIBEN LO IMPORTANTE
MOVILIZACIÓN
Caravana migrante genera polémica electoral en EU mientras recorre México rumbo a la frontera
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Francisco Ruiz Zuart.
FILIPICAS
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Paco Ramírez
EN LA MIRA Héctor Estrada
PAG. 14 PAG. 14
ONU, PREDICA, PERO NO PRACTICA Ernesto Villanueva
PRI, SOBREVIVIR O DESAPARECER
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José Gil Olmos PAG. 3
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Martes 29 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
EDITORIAL Los días finales del grupo Tabasco
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l sistema político mexicano, surgido de la Revolución Mexicana, a partir de otorgar facultades metaconstitucionales al Poder Ejecutivo, que le permite controlar los otros dos poderes constitucionales, no permite el Maximato, es decir, que haya un poder personal detrás del presidente que ejerza control sobre él. Aunque hay que señalar, que durante varios períodos presidenciales, se habló de condiciones para un Maximato este nunca fue posible: Gustavo Díaz Ordaz inclusive convocó a sus principales colaboradores para destronar la candidatura de Luis Echeverría, pero no recibió el consenso y el propio Echeverría tuvo pretensiones de continuar su control sobre López Portillo y no se diga los sucesos al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde el asesinato de Luis Donaldo Colosio establecía la posibilidad de prolongar el dominio presidencial, sobre un candidato que mostraba debilidad. Pero una vez colocada la banda presidencial e incluso antes como sucedió con Echeverría, el
distanciamiento con el presidente anterior se daba. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, la presencia de López Obrador se ha prolongado más de lo permitido. La misma presidenta ha exclamado que nunca va a haber ruptura y el fin de semana, en el cierre de sus informes en la Ciudad de México la presidenta expresó un reconocimiento al expresidente. Pero en los hechos, el distanciamiento ya se dio, y la presidenta manda señales del interés de crear nuevas condiciones que aseguren un poder presidencial absoluto, como se caracteriza el régimen político en México, donde nada está por encima del presidente, ni siquiera la ley, que puede ser modificada a caprichos personales, como se ha venido haciendo. El momento clave del distanciamiento con el grupo cercano al expresidente, quienes ejercen presiones a la presidenta Sheinbaum y la hacen ver débil, lo que ha ocasionado varios señalamientos en contra de ella, se acaba de presentar con la designación de la candidatura al gobierno de Chihuahua, que no le
favoreció a Andrea Chávez, a quien Adán Augusto López Hernández le había prometido la gubernatura y que finalmente fue exhibido por la presidenta, con un firme manotazo que indica quien tiene el poder presidencial, en donde las candidaturas en las 17 entidades federativas que tienen elecciones en el 2027, no le favorecieron al grupo Tabasco; los casos más significativos son Chihuahua, Quintana Roo y Guerrero. Mientras en el discurso, la presidenta Sheinbaum hace un reconocimiento al expresidente Obrador, en las acciones políticas, que son las que cuentan, el grupo Tabasco fue desplazado en el reparto de las gubernaturas y nada les asegura que los males continúen con las presiones norteamericanas por los presuntos vínculos con el huachicol fiscal y con el crimen organizado del que se les señala, en el que algunos de ellos pueden ser sometidos a proceso. Con estas designaciones queda claro que el poder del grupo Tabasco, con su líder moral, sufre un desplazamiento y que la presidenta Sheinbaum, quien ha evitado la ruptura y el enfrentamiento
inicia su proceso de consolidación, como siempre sucede en las votaciones intermedias. Las señales nacionales que envía la presidenta no deben pasar desapercibidas en Chiapas, en donde prevalece la presencia del grupo Tabasco que aún mantiene posiciones de poder, y en el que buscan mantener la presidencia de Tuxtla, en un acto que puede ser suicida, debido a que desde la presidencia de la república se marcó la línea de debilitamiento del grupo Tabasco, mensaje claro para el gobernador Eduardo Ramírez, en donde el grupo Tabasco aspira a mantener posiciones y el grupo cercano a la presidenta encabezado por su representante personal convertido en el virrey electoral, también ha comprometido posiciones, lo que significa que buscan acotar la facultad del gobernador en las designaciones de candidaturas, lo que abre la posibilidad de candidatos ganadores a través del Partido Verde y otros partidos satélites; situación que estaría modificando la composición del mapa electoral en Chiapas.
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Caravana migrante genera polémica electoral en EU mientras recorre México rumbo a la frontera Manuel Ocaño Ciudad de México,
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na caravana migrante que presuntamente recorre México rumbo a la frontera estadunidense ha comenzado a generar una polémica al vincularla directamente con las elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre en Estados Unidos. No hemos visto ninguna caravana dirigiéndose a la frontera de Estados Unidos en varios años, ¿por qué ahora? Oh, sí, hay unas elecciones en camino y el Partido Republicano necesita asustarte para que votes porque nada más está funcionando”, dijo la excongresista Majorie Taylor Green en la plataforma X. Green retomó un comentario de un periodista independiente que publicó un breve video de esa caravana migrante con el comentario de que “alguien está incentivando este movimiento; esto no es orgánico”. La caravana “Fe y esperanza” habría partido el 20 de septiembre de San Pedro Sula, en Honduras, con
No hemos visto ninguna caravana dirigiéndose a la frontera de Estados Unidos en varios años, ¿por qué ahora? Oh, sí, hay unas elecciones en camino y el Partido Republicano necesita asustarte para que votes porque nada más está funcionando”, dijo la excongresista Majorie Taylor Green en la plataforma X
unos 300 migrantes rumbo a un punto no específico de la frontera mexicana con Estados Unidos. Migrantes de Honduras, El Sal-
vador, Guatemala, Ecuador y Haití en caravana Habría reanudado la marcha este lunes desde Tapachula con unos 600
migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití. Algunos medios digitales que apoyan las iniciativas del presidente Trump coinciden por su parte en que los migrantes se dirigen a la frontera con la “esperanza de que una mayoría demócrata en el congreso y el senado”, como resultado de las elecciones de noviembre, lleve a una política de “fronteras abiertas” a la migración. En medios se ha publicado que políticos cercanos al presidente le han pedido que decrete estado de emergencia para cancelar las elecciones. El presidente Trump ya ha decretado emergencia nacional por seguridad en respuesta a caravanas migrantes durante su primer periodo de gobierno.
Red de mujeres solicita a la CEDH Chiapas analizar acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 307 BOLETÍN DE PRENSA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, (Red de Redes por la Paridad Efectiva)
La Red de Redes por la Paridad Efectiva, organización nacional de mujeres feministas que desde 2015 impulsa la participación política de las mujeres solicitó a la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas analizar de manera urgente la procedencia de una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 307, publicado el pasado 14 de septiembre, mediante el cual se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. El planteamiento se centra particularmente en el artículo segundo transitorio del Decreto 307, que estableció que, por única ocasión, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado realizaría la insaculación para determinar la distribución territorial de las postulaciones municipales bajo el principio de paridad. El procedimiento fue realizado este 27 de septiembre, con la presencia de un notario público. Para la Red de Redes,
resulta necesario que se determine si esta habilitación legislativa es compatible con el diseño constitucional de las autoridades electorales y con la autonomía e independencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). La organización subraya que no cuestiona el objetivo de garantizar la paridad ni las medidas destinadas a ampliar la participación política de las mujeres. Por el contrario, considera indispensable que dichas medidas se instrumenten mediante procedimientos que respeten los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, seguridad jurídica y autonomía electoral. En ese sentido, la Red de Redes pide que sea la autoridad constitucionalmente competente la que determine si la intervención de un órgano político del Poder Legislativo en una decisión vinculada con las condiciones de postulación de candidaturas resulta compatible con el marco constitucional y de derechos humanos. “La defensa de la paridad debe ir acompañada de la defensa de las instituciones, procedimientos y garantías constitucionales mediante
los cuales la paridad se hace efectiva”, señaló la organización. La Red de Redes considera que la discusión no debe centrarse únicamente en cuáles municipios fueron determinados mediante la insaculación, sino también en qué autoridad está constitucionalmente facultada para realizar esta determinación y bajo qué garantías de autonomía, imparcialidad y certeza debe hacerlo. Finalmente, la organización solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que verifique con carácter urgente la legitimación, los requisitos de procedencia y el cóm-
puto del plazo constitucional para promover la acción de inconstitucionalidad y, de resultar jurídicamente viable, la presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, pidió que, si esta vía no resultara procedente, se valoren las demás vías de control constitucional y electoral que pudieran resultar idóneas para controvertir la norma, el procedimiento de insaculación o sus actos de aplicación, siempre con perspectiva de género y colocando en el centro la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
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Eduardo Ramírez fortalece la infraestructura y el desarrollo productivo de Socoltenango De la Redacción Socoltenango, Chis. (Tribuna)
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l gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por este municipio, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones en materia de infraestructura carretera, educación, turismo y otros rubros prioritarios, además de respaldar a los sectores productivos, con el propósito de contribuir al bienestar social, el crecimiento económico y la prosperidad del municipio y de toda la región de Los Llanos. “Queremos que Chiapas vaya por el camino correcto, por el camino de la productividad”, expresó. Como parte de su agenda, inauguró espacios escolares y obras exteriores en la Telesecundaria Número 1005 “Emiliano Zapata Salazar”, de la localidad Tzinil, con una inversión de 1.2 millones de pesos. Precisó que en Socoltenango se han destinado más de 4.4 millones de pesos al mejoramiento integral de escuelas. Asimismo, anunció que se apoyará la construcción de un bachillerato, una demanda de muchos años de las familias de esta región. Posteriormente, el mandatario dio inicio a la rehabilitación del camino Soyatitán-Socoltenango, que
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, encabezó la presentación oficial de la primera edición del Chiapas Coffee Summit 2026, que se realizará del 23 al 28 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real, en Tapachula, con el propósito de fortalecer la competitividad, posicionamiento y vinculación comercial del café chiapaneco. Acompañado de Jorge Baldemar Utrilla Robles, director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech); César Rodríguez Márquez, de la Secretaría del Campo; Dietter Aggeler Meza, representante de Roasters & Warehousing Trading Co.; y María Enriqueta Burelo Melgar, directora del Museo del Café, Pedrero González destacó que el encuentro permitirá vincular directamente a productores chiapanecos con 15 compradores internacionales procedentes de España, Francia, Austria, Estados Unidos, Alemania y Costa Rica. El titular de la SEyT señaló que uno de los objetivos centrales es brindar herramientas para que las y los cafeticultores conozcan el verdadero valor de su producto, fortalezcan sus procesos de comercialización, reduzcan
El presidente municipal de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por escuchar las necesidades de la población y convertirlas en acciones concretas que representan desarrollo, bienestar y mejores oportunidades
representará una inversión superior a 7.7 millones de pesos. También encabezó la entrega de 500 bombas aspersoras, 250 paquetes de herramientas agrícolas y 2 mil 450 dosis de medicamentos para fortalecer el combate al gusano barrenador del ganado, con una inversión superior a 562 mil pesos. El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, señaló que, además de los apoyos entregados, las y los productores cuentan con la garantía de un seguro agrícola y pecuario, lo que permitirá que el campo de esta zona de Chiapas no solo esté
protegido, sino que también sea más productivo y competitivo. Añadió que se brindarán los beneficios del Programa de Sanidad y de Mejoramiento Genético. El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, destacó que, además de las obras entregadas, existe la factibilidad de construir un ciberbachillerato, con una inversión superior a 17 millones de pesos, donde las y los jóvenes podrán cursar la educación media superior sin salir de su lugar de origen.
La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, resaltó que, gracias al gobierno de la Nueva ERA, será posible rehabilitar 1.1 kilómetros del camino Soyatitán-Socoltenango. Informó que los trabajos de este tramo estarán a cargo de una mujer, hecho que celebró al señalar que actualmente se reconoce la capacidad de las mujeres en distintos ámbitos. El presidente municipal de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por escuchar las necesidades de la población y convertirlas en acciones concretas que representan desarrollo, bienestar y mejores oportunidades. La directora de la Telesecundaria Número 1005 “Emiliano Zapata Salazar”, Adriana Suárez Hernández, señaló que durante más de 20 años la escuela funcionó con aulas construidas con paneles de unicel y que esta es la primera aula de concreto que reciben, por lo que la comunidad está muy agradecida.
SEyT impulsa posicionamiento y vinculación comercial del café chiapaneco con el Chiapas Coffee Summit 2026 la intermediación y accedan directamente a nuevos mercados. “Queremos que Chiapas no solo produzca un gran café, sino que sus productores reciban el reconocimiento y los beneficios que merece su trabajo”, expresó. Pedrero González indicó que, como resultado del encuentro, se tiene la expectativa de generar operaciones comerciales por alrededor de 60 millones de pesos en favor de las y los productores chiapanecos, mediante la vinculación directa con compradores y apertura de nuevas oportunidades de negocio para el café producido en la entidad. El programa contempla seis talleres especializados para productores los días 23 y 24 de noviembre; mientras que el 25 y 26 se desarrollarán conferencias magistrales, paneles, presentación de la oferta exportable de Chiapas, mesas de catación, networking y encuentros de vinculación comercial. Asimismo, habrá capacitación para baristas, cafeterías, restaurantes y hoteles, además de recorridos por cuatro fincas cafetaleras, como parte del acercamiento entre compradores y productores. En sus intervenciones, Dietter Aggeler Meza y Jorge Baldemar
Utrilla Robles coincidieron en que el Chiapas Coffee Summit representa una oportunidad para posicionar internacionalmente al café chiapaneco por su calidad, identidad y origen, fortalecer las capacidades comerciales de los productores y generar relaciones de largo plazo con nuevos mercados, mediante la coordinación entre instituciones, iniciativa privada y familias cafetaleras. El Chiapas Coffee Summit 2026 es organizado con la participación de la Secretaría de Economía y del Trabajo, la Secretaría del Campo, el Instituto del Café de Chiapas, el Ayuntamiento de Tapachula y el Clúster Agroindustrial de Chiapas,
con una estrategia orientada a acercar la producción estatal a compradores y mercados especializados. La presentación, realizada en el Museo del Café de Chiapas, permitió dar a conocer los alcances de esta primera edición y refrendar la coordinación entre instituciones, sector productivo y actores vinculados con la cadena de valor del café. Con estas acciones, la SEyT fortalece la vinculación con los sectores productivos y contribuye a elevar la competitividad, impulsar la actividad económica y abrir nuevas oportunidades de comercialización para el café chiapaneco en los mercados nacionales e internacionales.
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El grupo de migrantes avanza en caravana desde Tapachula, ya no solo son hondureños, se le han sumado salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
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na caravana migrante que se ha propuesto el reto de recorrer el país y concluir el viaje en la frontera norte e intentas cruzar el Río Bravo reinició su andar luego de descansar en Tapachula dos días y medio, en donde se sumaron al grupo extranjeros de otras nacionalidades. La caravana Fe y Esperanza con Dios reanudó su marcha este 28 de septiembre desde el Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, con la ruta trazada por ellos mismo, de caminar por los municipios de la costa de Chiapas hasta llegar a los Estados Unidos. Alrededor de 350 a 600 migrantes de diversas nacionalidades (principalmente hondureños, además de salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos) que se sumaron al grupo inicial. Cabe recordar que el pasado domingo 20 de septiembre salieron unos 400 hondureños de San Pedro Sula, ingresando por la frontera sur de México la noche del jueves pasado. A decir de los propios migrantes, viajan en la caravana entre 350 a 600 personas de diversas nacionalidades -principalmente hondureños-, a la que se sumaron salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos que ya los esperaban en Tapachula. El grupo de migrantes salió bajo la lluvia, provocada por los efectos de la Depresión Tropical 18 en el Pacífico Mexicano, con rumbo a los municipios de la costa chiapaneca, cubrién-
De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)
El secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, asistió a la reunión nacional de organización del Servicio Universal de Salud (SUS), convocada por la Secretaría del ramo a nivel federal, donde se presentaron los modelos de intervención de este programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y la cultura de la prevención. Con la presencia de los titulares de las secretarías de Salud y de Bienestar del Gobierno de México, así como del IMSS Bienestar, IMSS e Issste, se abordó lo relativo a la implementación de los consulto-
La caravana Fe y Esperanza con Dios reanudó su marcha este 28 de septiembre desde el Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, con la ruta trazada por ellos mismo, de caminar por los municipios de la costa de Chiapas hasta llegar a los Estados Unidos.
dose del agua con bolsas de plástico para no mojarse. En su mayoría, los migrantes no se quieren quedar en México, su meta es llegar a los Estados Unidos pero si no lo lograr se quedarán en México el tiempo necesario hasta alcanzar su logro, que es de reunirse con sus familiares que ya los esperan al otro lado de la frontera de México. Esa es la meta, llegar a la frontera norte y cruzar al otro lado, decisión tomada porque en sus países de origen no han las mínimas posibilidades de progresar, no hay trabajo y por lo tanto no hay comida, por lo tanto,
esta dispuestos a todos. . La caravana “Fe y Esperanza con Dios” seguirá la ruta del Pacífico, la misma que han usado al menos 20 grupos en los últimos dos años, haciendo escala en los municipios de Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga antes de seguir al Estado de Oaxaca. Las caravanas de migrantes son alentadas por trámites dilatorios en la frontera sur, advierte la Iglesia Este lunes, previo al reinicio de la caravana de migrantes por las carreteras de Chiapas, El director del Albergue Diocesano Belén, César
Augusto Cañaveral Pérez, consideró que debido a la desesperanza y la lentitud en los trámites migratorios están originando el resurgimiento de las caravanas migrantes en la frontera sur de México. Dijo que muchos migrantes llevan hasta años esperando regularizar su situación en el país; sin embargo, los procesos son dilatorios tanto en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) como en el Instituto Nacional de Migración (INM). Esta situación ha obligado a miles de extranjeros, se desesperen por la nula respuesta de las autoridades migratorias y lo que hacen que abandonen sus procesos de regulación y que salgan en caravanas, sin importar arriesgar la vida, tomando las rutas más peligrosas. En el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, donde la Diócesis de Tapachula hizo un llamado a las autoridades federales a agilizar los procedimientos y brindar una atención más humana y eficiente. El prelado criticó que la frontera sur de México se haya convertido en un cuello de botella, donde los migrantes quedan varados por meses con la promesa de una regularización que nunca llega, lo que alimenta la frustración y los empuja a la movilidad irregular.
Chiapas se suma a la universalización de los servicios de salud rios del SUS en el país y la vinculación con el programa Salud Casa por Casa, a fin de garantizar el acceso a los servicios médicos de manera efectiva, oportuna, con calidad y sin discriminación, conforme a la capacidad instalada de cada institución integrante del sector salud. El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud, ratifica su contribución hacia la universalización de los servicios, en beneficio de las y los chiapanecos, especialmente en las comunidades de difícil acceso y los pueblos históricamente olvidados.
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Oaxaca investiga a seis autoridades por posibles nexos con el crimen organizado Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro)
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demás del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, ya detenido, la Fiscalía general del estado tiene seis carpetas de investigación en proceso en contra de otras autoridades municipales por sus posibles nexos con la delincuencia organizada, dijo el titular Bernardo Rodríguez Alamilla. Reconoció que, en los últimos cuatro años, se han cometido 957 homicidios dolosos en la región del Istmo de Tehuantepec, de los cuales dijo estimar que un 70% de esos están relacionados con este grupo delincuencial denominado “Los Cromos”, que opera como un brazo operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los municipios en los cuales operan Los Cromos son: Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlan y Unión Hidalgo, donde realizan actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, los homicidios, secuestro y portación de armas. Respecto al caso de Juchitán de Zaragoza que derivó en la detención de Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu” y a Carlos Alberto Paz López “La Parka”, así como del ex comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, Jhon Keni Moreno Segura, el Fiscal señaló que las acciones resultaron del trabajo realizado durante 11 meses a través de la Operación Sable; 250 personas han sido deteni-
Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro)
El presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, fue vinculado a proceso por los delitos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en agravio de Yesenia Nolasco Ramírez, actual Secretaria de Movilidad del gobierno estatal, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. Los hechos sucedieron durante el pasado Proceso Electoral 20232024, cuando ambos aspiraban a la presidencia de dicho municipio, Yesenia Nolasco Ramírez por Morena y Daniel Méndez Sosa por el Partido del Trabajo. En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) detalló que, de acuerdo con el expediente, el imputado habría ejercido este tipo de violencia a través de una campaña mediática de desacreditación.
Las indagatorias se suman al caso del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido como parte de la Operación Sable
das en total, entre ellos operadores financieros y de confianza ligados al “comandante Cromo”. Recalcó que este trabajo se viene realizando de manera conjunta con la Federación, y particularmente en las últimas intervenciones también con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch. “En estas últimas justamente dieron por origen la detención de
tres personas, entre ellas, el presidente municipal, el ex comisionado también de la Secretaría de Seguridad, el municipio de Juchitán y una tercera persona que tenemos identificada también como agente generador de violencia en esta región”, dijo Bernardo Rodríguez. Mencionó que el presidente municipal solicitó la ampliación del término constitucional para ofertar pruebas, por lo que se le programó para el martes 29 de
septiembre, mientras tanto quedó en prisión preventiva oficiosa, mientras que Jhon Keny su audiencia se programó para el día 30 de septiembre. Los detenidos son acusados de extorsión agravada y delitos cometidos contra la investigación y seguridad del Estado. El presidente municipal de Juchitán fue recluido en el penal del Altiplano y La Parca en Perote, Veracruz.
Vinculan a proceso a alcalde de Salina Cruz por violencia política de género Se presume que habría realizado pagos a diversos medios de comunicación para difundir mensajes y videos en contra de la víctima por su condición de mujer y limitar su participación política en la contienda electoral. Con estas publicaciones, se buscaba cuestionar la capacidad de la víctima para gobernar el municipio. Además, hacían énfasis constante en que ella no era originaria de Salina Cruz, lo cual generó un contexto de denostación en la contienda. Finalmente, la Jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, y dictó medidas cautelares distintas a prisión. Por este motivo, continúa el proceso penal en su contra.
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Morena designa a Elí Cervantes como “corcholata” en SLP; formalizan ruptura con el Verde Aldo Canedo CIUDAD DE MÉXICO (apro)
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a alianza electoral de Morena y el Partido Verde para la gubernatura de San Luis Potosí quedó oficialmente rota, luego de que la dirigencia morenista anunciara a Elí César Cervantes Rojas como su coordinador territorial (eventual candidato) para 2027 en dicha entidad. Con esto, se confirmó que ambos partidos irán por separado, pues el Verde Ecologista ha ratificado que su ficha para mantener el poder en San Luis será la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo. Morena terminó por descartar el ir en conjunto con esta aspirante por las reglas internas antinepotismo del movimiento. Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que San Luis Potosí será la única entidad donde no van en coalición: “Ustedes saben, es el único estado en
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Sin elementos nuevos que apunten al total esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 12 años de la tragedia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) dieron a conocer un informe sobre las acciones realizadas en la investigación y la búsqueda de los jóvenes estudiantes. En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Arturo Medina, presidente de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán, presentaron los “Avances en las líneas de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”. Los funcionarios hicieron alarde de las 168 personas procesadas por los hechos, 130 de las cuales están en prisión preventiva oficiosa y 38 en prisión domiciliaria, entre ellas el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; los mil 931 sitios intervenidos en nueve municipios de Guerrero en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, las solicitudes a los gobiernos de Estados Unidos y de Israel para la extradición del exjuez de barandilla de Iguala Ulises Bernabé García, y del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio, así como la identificación de 17 personas en la revisión de las llamadas telefónicas realizadas durante la noche del 26 de septiembre de 2014. “Reanálisis integral” Durante la conferencia, el subsecretario Medina Padilla hizo un recuento
El coordinador territorial, eventual candidato, para 2027 en San Luis Potosí destacó que la entidad no es una herencia
el que no vamos en coalición, entonces, nosotros vamos a fortalecer nuestro movimiento, a organizarlo. El próximo año, en el proceso electoral, está en todas las condiciones de triunfar. Al respecto, el nuevo coordinador aseguró que hay manera de ganar el proceso electoral “solos o en alianza”, pese a que Ruth González es favorita. Eli Cervantes, en su discurso, arremetió contra el nepotismo en
la entidad: “El rechazar el nepotismo y a la clase política que hace negocios al amparo del poder. Nuestra carrera como coordinadores nos compromete a buscar la unidad con todas aquellas y con todos aquellos que luchan porque a San Luis Potosí lleve a plenitud la verdadera 4T (...) En este esfuerzo sí se conservan los principios que dieron origen a este movimiento. Nadie es sobramos y todos
hacemos falta”, dijo. Sobre su posible competencia en la entidad, Ruth González, acusó que lleva cinco años preparándose para la gubernatura, aunque dijo que “están listos” para combatir la entidad. “Hay quienes han estado en la presencia de una aspiración legítima en algunos casos, y es respetable respeto a todas y todos, pero hay quienes llevan cinco años. Yo voy empezando en esta responsabilidad y estamos listos, venimos del movimiento. Por eso no venimos con ningún titubeo”, dijo. “Nuestra dirigencia ahorita mencionó que no iremos en coalición si sostienen una postura que en el partido se ha determinado, que no haya sucesión por familiares. Nosotros creemos en esa parte. San Luis no es una herencia, y por eso vamos a dejar que el pueblo decida en su momento”, sentenció el nuevo coordinador.
Informe Ayotzinapa: el gobierno presenta números y recuentos más que “avances” de las investigaciones realizadas desde 2014 en búsqueda de los estudiantes, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Medina señaló que durante la actual administración la instrucción de Sheinbaum Pardo es abordar el caso Ayotzinapa “con una mirada fresca y renovada, aprovechar las nuevas tecnologías, profundizar en la información disponible y no dejar de atender líneas de investigación preexistentes o que no fueron agotadas y que puedan ayudar a saber lo que ocurrió esa noche y dónde están los estudiantes”. Explicó que en “esta nueva etapa parte del reanálisis integral de millones de documentos, registros telefónicos, declaraciones y dictámenes periciales que han sido acumulados durante estos 12 años; este trabajo ha permitido obtener nueva información y fortalecer líneas de investigación que no habían sido agotadas, como por ejemplo el análisis de los registros telefónicos del día de los hechos el uso posterior de teléfonos de algunos de los estudiantes desaparecidos, profundizar en los vínculos entre integrantes de la delincuencia organizada y servidores públicos, identificar a personas relevantes para el esclarecimiento de los hechos que no se habían investigado, solicitar órdenes de nuevas detenciones y también orientar acciones de búsqueda en el territorio”.
Sin respuesta En la conferencia no hubo respuesta a las exigencias de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, co-
mo abundar en la línea de investigación relacionada con el Ejército mexicano o el retorno de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sobre la exigencia de los padres y madres de los 43 normalistas para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue más de 800 folios de material de inteligencia militar ordenado por el Poder Judicial de la Federación a través de una resolución de un amparo, Medina señaló que la Segob no fue notificada de la resolución judicial, pero que la Sedena “no encontró información adicional” a 33 folios con información de inteligencia militar relacionada con el caso Ayotzinapa entregada a la Covaj. En cuanto a los expertos, Medina Padilla alertó sobre la desaparición del GIEI, tal como lo ha notificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la instancia que lo creó, a partir del otorgamiento de medidas cautelares a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y resaltó que la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) estaría colaborando con el gobierno de México para invitar a nuevos expertos a revisar la investigación. La revisión de las llamadas En su intervención, el titular de la UEILCA, Mauricio Pazarán, habló de los avances de la investigación, reconociendo como nuevos elementos la identificación de 17 personas a partir de la revisión de las llamadas telefónicas realizadas esa noche. De la revisión de las más de 80 mil llamadas realizadas esa noche, Paza-
rán explicó que se lograron detectar las llamadas que realizó el dueño de la funeraria El Ángel de Iguala, que tiene la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala, con presuntos integrantes del cartel de Guerreros Unidos, el que estaría detrás de la desaparición de los 43. El funcionario de la FGR se refirió a hallazgos de restos humanos en una de las funerarias que podrían estar involucradas con la desaparición, sin que hasta el momento se puedan vincular algunos de ellos con los jóvenes desaparecidos. Pazarán refirió que, en cateos realizados a la funeraria en Iguala, se encontraron restos humanos, entre ellos estaría el de una persona que fue reportada como desaparecida en 2021 en Taxco, así como documentación oficial sellada y firmada, con datos en blanco, lo que fue considerado como una de las irregularidades más relevantes. Según Pazarán, de los cateos realizados de marzo a junio de 2026 se recuperaron “23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas”.
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Tras el asesinato de otros dos estudiantes de la UAEM, Sheinbaum ordena reforzar seguridad en Morelos Ciudad de México (apro)
UAEM pide esclarecer los asesinatos
a presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana la intervención del Gobierno federal para reforzar la seguridad y desplegar medidas de prevención en Cuernavaca, Morelos, tras el asesinato de otros dos estudiantes de la UAEM. Durante la mañanera, la Sheinbaum calificó los hechos como “muy lamentables y tristes” e informó que giró instrucciones a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para establecer contacto directo con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, y los propios colectivos de estudiantes para llevar a cabo acciones preventivas contra la inseguridad en la entidad. Ya son muchos los estudiantes asesinados”, lamentó la presidenta. Este sábado, Shamet y Gael, dos menores de edad y estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) murieron y otro adolescente resultó herido tras ser atacados en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. “Que nos pongamos en contacto con la rectora de la universidad y también con los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el asesinato de sus dos estudiantes de la Preparatoria Número 2. A través de un pronunciamiento difundido este domingo, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, expresó sus condolencias a las familias de los adolescentes y señaló que la institución brindará acompañamiento y apoyo institucional, además de mantener coordinación con las autoridades. “La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”, señaló la Rectoría. La Universidad demandó el esclarecimiento de los hechos y que se castigue a quienes resulten responsables. También convocó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil a implementar acciones para prevenir la violencia contra las juventudes. “Nuestras juventudes merecen vivir sin miedo”, sostuvo la Rectoría. La UAEM señaló que mantendrá el acompañamiento a las familias y reiteró su compromiso de trabajar con la sociedad morelense en acciones orientadas a la prevención de la violencia.
De la Redacción
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pasando y de qué manera se puede hacer mayores acciones de prevención”, afirmó Sheinbaum. Sheinbaum también detalló que encomendó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, trabajar en un plan preventivo enfocado en Cuernavaca. Aunque la mandataria argumentó que los homicidios dolosos han registrado disminuciones en la capital morelense, admitió un incremento en otros delitos del fuero común, como los robos. “Tenemos que apoyar en acciones de prevención”, puntualizó Sheinbaum. Las primeras indagatorias no descartan que el ataque contra los jóvenes haya derivado de un intento de despojo de sus motocicletas al término de una reunión, aunque la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas varias líneas de investigación sin que hasta el momento haya personas detenidas.
Suman varios estudiantes de la UAEM muertos En lo que va del año, la UAEM ha registrado la muerte violenta de varios de sus integrantes, entre ellos el reciente feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio. Colectivos universitarios como Resistencia Estudiantil exigen que las autoridades detengan la violencia contra los jóvenes, dejen de criminalizar a las víctimas y garanticen una investigación rápida para llevar a los responsables ante la justicia. La cifra incluye también los casos de Aylin Rodríguez, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes, asesinadas entre 2025 y 2026. A esta lista se suman las desapariciones de Viridiana Anaíd Morales Rodríguez, estudiante de Psicología, cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2012, y Dorian Alí Rodríguez Olivo, alumno de Nutrición desaparecido en junio de este año.
Azteca Noticias ubica en Suiza al empresario Amílcar Olán, amigo de Andy, hijo de AMLO De la Redacción Ciudad de México (apro)
Morena sorprende en Nayarit y cede al PVEM candidatura con Jasmine Bugarín para 2027 Aldo Canedo CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena sorprendió y designó a la aspirante del Partido Verde, Jasmine Bugarín, como su ficha para las elecciones de Nayarit en 2027, dejando de lado a los favoritos, Héctor Santana y Geraldine Ponce. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, explicó que el ganador de las encuestas fue el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana; sin
embargo, por un tema de estrategia electoral y género, se decantaron por Bugarín, quien representa al PVEM. El grito de “unidad” se hizo presente en la sala, mientras Santana y Bugarín alzaban sus brazos en conjunto. La cúpula morenista agradeció a Santana por permitir que una mujer encabece los trabajos de coordinación territorial rumbo a 2027. Es la primera decisión en la que, abiertamente, el tema de género fue un factor para determinar la eventual candidatura.
El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue ubicado en Lugano, Suiza, de acuerdo con Azteca Noticias. La televisora, de TV Azteca, informó que el reportero Irving Pineda llegó a esa ciudad tras una llamada anónima. Pineda dijo haber realizado una vigilancia de siete días frente al domicilio. La zona señalada en los reportes corresponde a Vía Collina, en el municipio de Collina d’Oro. Durante el encuentro, registrado por el equipo de Azteca Noticias, Olán Aparicio se negó a responder las preguntas del reportero. De acuerdo con la televisora, el empresario reaccionó contra la cámara, agredió a Pineda y a integrantes de su equipo y amenazó con llamar a la policía. En las imágenes difundidas, Olán dijo que se encontraba con su hijo. La localización del empresario ocurre días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) descartara que exista una orden de
aprehensión en su contra. FGR niega orden de aprehensión en su contra El 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy declaró a su llegada al desfile por la Independencia que no había una orden de aprehensión contra Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán. Olán ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con negocios y contratos públicos. El 31 de agosto, Proceso informó que el empresario adquirió en 2023 dos departamentos en Puerto Cancún por poco más de 31 millones de pesos, de acuerdo con escrituras del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. Ese mismo año, el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, adjudicó a Romedic, empresa que Proceso identifica como propiedad de Olán, un contrato por más de 295 millones de pesos para la adquisición de medicamentos. El 17 de septiembre, Proceso informó también que Olán promovió amparos contra 14 medios de comunicación y plataformas digitales. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa los declaró improcedentes el 14 de marzo de 2025.
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Deuda de México con riesgo de aumentar 4.2 billones de pesos en primeros tres años de Sheinbaum Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
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i las finanzas públicas del país siguen por la misma trayectoria, en apenas los tres primeros años del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo la deuda neta aumentaría en 4.2 billones de pesos, casi dos veces más de lo que aumentó durante el mismo periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, está el riesgo de que esta deuda termine con el sector empresarial mexicano, con menos dinero disponible para financiarse y créditos más caros, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Por medio de un análisis, el centro expuso que, aun cuando para 2027 el Paquete Económico prevé un menor déficit, éste todavía seguirá siendo elevado, es decir, el gobierno continuará necesitando más recursos de los que tiene disponibles para cubrir sus gastos. Por ello, el país nuevamente tendría que cubrirse con deuda; “implica que será necesario incrementar el nivel de
Marcos Martínez Chacón Ciudad de México, (Tribuna)
Los casos de violencia ejercida contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían ser juzgados ante la justicia internacional como crímenes de lesa humanidad, dijo Lindsay Freeman, investigadora del Centro de Derechos Humanos (HRC) de la Universidad de California en Berkeley. El centro de investigación documentó en una plataforma llamada “Bajo Ataque en México” al menos 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos durante el mandato de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. No obstante, en entrevista, Freeman dijo que los asesinatos de periodistas y defensores durante la anterior administración no deben verse de manera aislada. Para Freeman, la violencia sufrida a nivel físico por críticos y periodistas durante el periodo analizado también se extendió a otros planos, como el digital, a través de ciberacoso y espionaje ilegal. Además, dijo, en el plano legal los periodistas experimentaron una “ola” de demandas interpuestas por funcionarios y exfuncionarios con el fin de emprender una “guerra jurídica” contra quienes investigan actos de presunta corrupción. “Así que realmente son todas estas cosas puestas una junto a la otra: estigmatización, acoso en línea, espionaje, procesos legales abusivos y el nivel de impunidad; cuando juntas todo eso, entonces no parecen incidentes aislados. “Realmente parece una campaña
endeudamiento del Sector Público para compensar el faltante en las finanzas públicas”. “En este sentido, se plantea la necesidad de un déficit público total del orden de 4.1% para el presente año y de 3.9% para el siguiente, lo que significa que la deuda total llegaría a representar el 55% del PIB”, expuso el CEESP. Además de llevar la deuda a representar más de la mitad de todo lo que produce la economía mexicana en un año, el CEESP recalcó que estos altos déficits podrían generar problemas como
“el desplazamiento del financiamiento”. En otras palabras, mientras el gobierno necesita cada vez más dinero para financiar sus faltantes y salir por esos recursos vía deuda, las empresas mexicanas tienen que competir por el mismo financiamiento, y está el riesgo que quede menos dinero disponible para ellas o que conseguirlo resulte más caro. “Es decir, que el sector privado podría enfrentar una disminución en la disponibilidad de recursos para financiamiento o tasas más elevadas debido a que los acapararía el sector público vía deuda
para financiar sus faltantes”, señaló. El centro insistió en que la deuda pública del país podría terminar pegando a las empresas que necesitan crédito para invertir. Ante este panorama, el centro de análisis del sector privado señaló que es ahora cuando el gobierno “deben modificar o en su caso eliminar asignaciones presupuestales dirigidas a programas que son poco eficientes”. “De lo contrario, tratar de compensar el faltante de recursos vía deuda pública ejercerá presiones importantes en la salud financiera del país y limitará la posibilidad de que el sector privado disponga del financiamiento necesario para invertir”, sostuvo.
Hay que medir los resultados El CEESP también insistió en que no solamente se trata de cuánto dinero gasta el gobierno, sino de los resultados que obtiene después de ejercer esos recursos. “Un sistema de salud y uno educativo de baja calidad, así como altos niveles de inseguridad y aún elevados niveles de pobreza, son ejemplos de la baja eficiencia del gasto público”, señaló.
‘Una campaña contra críticos’: la ruta que podría llevar al gobierno de AMLO ante la justicia internacional por ataques a periodistas y defensores concertada contra las personas que están tratando de exigir rendición de cuentas al poder”, dijo Freeman a Aristegui Noticias. Al analizar el caso en su conjunto, dijo la investigadora, el centro inicialmente consideró presentar las evidencias recabadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de colaborar en un potencial examen de la situación mexicana. En particular, el centro había visto una oportunidad para que se analizaran las evidencias a la luz del derecho internacional al proveer datos específicos de ataques generalizados y sistemáticos contra periodistas y defensores, explicó. Los investigadores consideraron que el contexto de violencia sufrido por periodistas y defensores durante el gobierno de López Obrador podía castigarse a la luz del Estatuto de Roma, el cual México ratificó en 2005. La ratificación y posterior entrada en vigor del estatuto en México dio jurisdicción a la CPI para conocer de crímenes de su competencia cometidos en territorio mexicano. Los elementos de agresiones en contra de periodistas y defensores desde el poder que observaron, agregó Freeman, podrían ser castigados bajo los preceptos de ese tratado internacional multilateral. Pero las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra la CPI convirtieron la colaboración del HRC de UC Berkeley con el órgano internacional en un “riesgo legal”. Por esa razón, dijo Freeman, el
centro cambió de planes y convirtió el expediente en una plataforma de consulta libre.
Despliegue de Pegasus colocó al caso México bajo la lupa Freeman dijo que la investigación de lo ocurrido durante la gestión de López Obrador inició mientras su equipo del HRC revisaba evidencias del despliegue de sistemas de espionaje digital a nivel internacional. A partir de esa revisión, explicó, comenzaron a notar un patrón de abusos en México, que no solo incluía un despliegue amplio de Pegasus, sino también un contexto de violencia generalizada y sistemática contra periodistas y defensores. Los investigadores estaban enfocados en revisar situaciones en las cuales softwares como Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, habían sido desplegados en contextos donde ocurrían otros tipos de violaciones de derechos humanos, explicó. “Por qué terminamos centrándonos en México se debió a la documentación que existía en términos de abuso de software espía, Pegasus en particular, pero también otras tecnologías de vigilancia. Y que eso esté sucediendo junto con ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos”, dijo la investigadora. La primera revelación del despliegue de Pegasus en México ocurrió en 2017 a través de una investigación conjunta del diario The New York Times, las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC, y el centro de investigación Citizen Lab
de la Universidad de Toronto. Ese despliegue ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La investigación reveló que al menos 25 víctimas en México, entre las que se encontraban activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, habían sido blanco de espionaje con Pegasus. Entre las víctimas se encontraba la periodista Carmen Aristegui, cuyo caso fue el primero en ser reconocido judicialmente. Investigaciones posteriores han documentado el despliegue descontrolado de Pegasus en México. Por ejemplo, en 2021, la investigación internacional llamada Pegasus Project documentó que 50,000 números telefónicos habían sido incluidos en una lista de potenciales blancos de espionaje. Más de 14,000 de los números eran mexicanos. La investigación fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional. Más de 80 periodistas a nivel internacional, de 17 medios y organizaciones, entre los que se encuentra Aristegui Noticias, colaboraron en la revisión de evidencias.
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Aborto legal no garantiza acceso: mujeres enfrentan barreras en hospitales públicos Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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cinco años de la resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, persisten obstáculos en los servicios de salud. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización del Aborto, organizaciones y activistas mantienen la exigencia de garantizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y reproducción, sin criminalización ni estigmas. A cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, el avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres. Aunque cada vez más entidades federativas han modificado sus legislaciones para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, persisten diferencias en las condiciones para acceder a este servicio de salud. Para Flor Rodríguez, abogada y activista por los derechos de las mujeres con formación en derechos humanos, género y política y directora de Repara Lumea, el reto actual consiste en dejar de medir los avances únicamente a partir de las reformas legislativas y garantizar que el derecho pueda ejercerse en los servicios públicos de salud. En entrevista con CIMAC Noticias, Rodríguez explicó que uno de los principales pendientes es distinguir entre la despenalización y la garantía efectiva del derecho a decidir. “Una cosa es la despenalización y otra es que se garantice la elección de las mujeres para poder gestar o sus derechos reproductivos”, señaló. La especialista recordó que, aunque el aborto ya ha sido despenalizado en distintas entidades, en muchos casos continúan existiendo causales, límites y condiciones que determinan quién puede acceder al servicio y bajo qué circunstancias. Por ello, consideró necesario preguntarse qué significa realmente que el aborto esté despenalizado y qué ocurre cuando una mujer necesita acceder a este servicio después de los límites establecidos en las legislaciones locales.
Despenalización no significa acceso garantizado Para Rodríguez, uno de los principales desafíos está en los servicios públicos de salud, donde las mujeres pueden encontrar obstáculos incluso cuando legalmente tienen derecho a interrumpir un embarazo. Entre las barreras que ha identificado durante su trabajo en territorio se encuentra la falta de medicamentos y
A cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, el avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres mente una valoración moral sobre una decisión relacionada con la autonomía reproductiva. “¿Por qué lo estás haciendo?”, ejemplificó la especialista, al señalar que detrás de estos cuestionamientos persiste la idea de que una mujer que decide abortar es una “mala mujer”. Para Rodríguez, el derecho a decidir debe poder ejercerse sin estigmas y con servicios de salud que garanticen información, atención y acompañamiento. de personal dispuesto a realizar procedimientos de aborto. “Las mujeres que muchas veces acuden a estos hospitales se les dice: primero, no existe el medicamento. No hay medicamento que se les pueda administrar para que se les garantice el derecho a decidir”, explicó. A esto se suma la objeción de conciencia de profesionales de la salud, situación que, desde su perspectiva, plantea la necesidad de garantizar que este mecanismo no termine convirtiéndose en un obstáculo para que las mujeres reciban atención. El problema, agregó, es que el debate público puede quedarse únicamente en la dimensión legislativa, mientras que en los hospitales persisten las condiciones que dificultan el ejercicio efectivo del derecho. “Solamente nos estamos quedando con sí, la despenalización en el tema legislativo, pero en el acceso estamos todavía a mucha distancia de que sea una realidad”, sostuvo.
Las desigualdades también determinan quién puede abortar Las condiciones de acceso no son las mismas para todas las mujeres. El territorio, la situación económica, la lengua, la discapacidad y otras formas de desigualdad pueden acumularse y generar mayores obstáculos. Rodríguez puso como ejemplo a mujeres que viven en comunidades alejadas de los servicios de salud. En estados como Guerrero, explicó, algunas mujeres que requieren atención deben recorrer largas distancias para llegar a un hospital y enfrentan dificultades relacionadas con el transporte. A ello se agrega la barrera lingüística para quienes no hablan español. “Hay mujeres que no hablan español, que hablan una lengua indígena, pues llegan a los hospitales y para llegar a los hospitales es una travesía porque no hay transporte”, señaló. La atención puede darse además en establecimientos que no cuentan con todos los servicios necesarios y donde no siempre existen intérpretes que permitan garantizar una comunicación
adecuada entre las pacientes y el personal de salud. Para la especialista, estas situaciones muestran que el derecho a decidir también requiere políticas públicas capaces de responder a las desigualdades territoriales y sociales.
Mujeres con discapacidad enfrentan otras formas de discriminación Las barreras también se profundizan cuando convergen diferentes condiciones de desigualdad. Las mujeres con discapacidad, señaló Rodríguez, enfrentan obstáculos adicionales alrededor del reconocimiento de su autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. “Las mujeres tenemos distintas formas en que la desigualdad nos atraviesa”, explicó. Desde su perspectiva, la discriminación estructural puede hacerse más evidente cuando convergen factores como ser mujer, vivir en una zona periférica y tener una discapacidad. A esto se suma el estigma que todavía existe alrededor de la capacidad de las mujeres con discapacidad para decidir sobre su vida sexual y reproductiva. “Alrededor todavía del tema de las mujeres con discapacidad tenemos, súmale a eso, el tabú de la capacidad de decidir”, señaló.
El estigma también está dentro de los servicios de salud La criminalización y el estigma no desaparecen automáticamente con una reforma legal. Para Rodríguez, una de sus expresiones puede encontrarse en la manera en que las mujeres son recibidas y cuestionadas cuando solicitan un aborto. El simple hecho de mencionar la palabra “aborto” puede desencadenar cuestionamientos sobre la decisión de la paciente, explicó. “Llegar a un hospital y mencionar la palabra aborto creo que ya empiezan como todos estos cuestionamientos”, dijo. Preguntas reiteradas sobre si está segura de su decisión o sobre las razones por las que quiere interrumpir el embarazo pueden convertirse en mecanismos de presión que colocan nueva-
Tratar el aborto como un problema de salud pública Frente a este escenario, la especialista consideró que uno de los siguientes pasos consiste en retirar la carga moral que todavía rodea al aborto y abordarlo como un asunto de salud pública. “Creo que la principal es quitarle este adjetivo moralista que le ponemos al derecho a decidir y verlo como un problema de salud”, planteó. Desde su perspectiva, la criminalización y la falta de garantías para acceder a servicios seguros pueden tener consecuencias graves para las mujeres. Por ello, consideró que el avance legislativo debe acompañarse de políticas públicas que permitan que las reformas se traduzcan en servicios accesibles y libres de estigma. “Nos falta como esa segunda parte de estas políticas públicas en donde socialicemos el tema, en donde les quitemos estos estigmas y en donde lo tratemos como un problema de salud pública y no un tema de moral”, afirmó. A cinco años de la resolución de la Suprema Corte, el desafío no se limita entonces a ampliar el reconocimiento legal del derecho a decidir. También implica garantizar que una mujer pueda ejercerlo independientemente de la entidad donde viva, de su condición económica, de si habla español, de si tiene una discapacidad o de las condiciones del hospital al que acuda.
No dar por conquistados los derechos En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, Rodríguez llamó a no dar por definitivos los derechos conquistados a partir de las luchas de generaciones de mujeres. “Que no demos por hecho los derechos que ya hemos conquistado”, expresó. La activista advirtió que, en distintas partes del mundo, existen procesos de retroceso en derechos reproductivos, por lo que consideró que su defensa requiere una acción permanente. “Si hoy podemos decidir es gracias a la lucha de muchas otras mujeres y tenemos que seguir en esta lucha”, concluyó.
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PRI, SOBREVIVIR O DESAPARECER José Gil Olmos
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ace unas semanas Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, tuvo contacto con la dirigencia del PAN. El senador y presidente nacional del PRI propuso una vez más una alianza para enfrentar a Morena en las elecciones del año que viene, al parecer había logrado un acuerdo de ir juntos, pero sólo localmente en algunos de los 17 estados. El argumento era la necesidad de la unidad de la oposición, pero en el fondo lo que el PRI se juega es su sobrevivencia. El PRI y su dirigente Alito ya no representan ni significan un factor importante electoralmente y menos en una alianza como la proponen ahora, es decir, llevar candidatos de unidad como lo hicieron en 2024. Los pésimos resultados de dicha alianza ideológica e históricamente contradictoria fue un fracaso y por ello el PAN acoto el acuerdo, el nuevo acuerdo en ciernes de manera parcial dejando fuera Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Nuevo León donde siente posibilidades de ganar por sí sólo, mientras que en el resto dependería de la cuota de género o de lo que pudiera aportar el priismo local. Así, de llevarse a cabo la alianza PRIAN sería muy restringida pues el otrora partido hegemónico hoy carece de oportunidades de aportar algo significativo en cada una de las entidades y su dirigente Alejandro Moreno lleva una carga negativa a cuestas que no ayuda a nadie, sino todo lo contrario.
En víspera de la elección rumbo a las elecciones de 2027, el PRI enfrenta el peligro de perder el registro en algunas entidades pues llega con una enorme debilidad de votantes y simpatizantes; de acuerdo con las cifras del INE, en los 17 estados concentra menos de 30% de su militancia. Aunado a esa situación, bajo el mando del campechano el PRI ha perdido casi 48 mil afiliados en sólo seis meses, de acuerdo con sus propios informes. ¿El PRI qué puede ofrecer en una alianza si de sus 846 mil 328 militantes reportados recientemente, en los 17 estados tiene sólo 236 mil 692 afiliados? El PRI es el partido que más ha perdido presencia en el país. Los datos duros institucionales reflejan una situación crítica, pues ha perdido 42% de sus afiliados desde 2023. Según los datos presentados ante el INE, de 1.40 millones de afiliados pasó a poco más de 810 mil, una reducción que refleja la debilidad de su militancia y de votos rumbo al proceso electoral de 2027. Además de esa situación de perdida de militantes y simpatizantes, que han llevado al PRI a ser la cuarta fuerza política nacional, es preocupante la pésima imagen pública que tiene Alejandro Moreno acusado de malversación, lavado de dinero y apropiación de propiedades en Campeche cuando era gobernador. Alito tiene un pie en la antesala de un juicio político que lo llevaría al desafuero como senador y de ahí a tribunales judiciales.
Su imagen de corrupción y de ser un personaje violento tampoco suma a ganar los votos que se requieren para ganar en algunos de los estados en disputa. Y eso lo sabe el PAN. Así que, como partido a la baja y con un liderazgo cuestionado y criticado, el PRI enfrenta una situación más grave que la de 2024, cuando en la elección federal perdió 10 gubernaturas y 10 millones de votos. Este es el contexto en el cual se mantiene con pinzas la propuesta de una alianza que hicieron con el PAN en esta elección, en la cual los dos partidos llegan menguados ante Morena y sus aliados, el Partido Verde y del Trabajo. La asistencia a la sede nacional del PRI por parte de Vicente Fox Quesada y sus cercanos Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y JuanHernández, más que abonar a la intención de la alianza nacional opositora, dejo un mal sabor de boca en la opinión pública ante la contradicción intrínseca que hubo en dicha reunión pues, aún se recuerda como en 2000 Fox festejó la derrota del PRI muy a su estilo: sacamos de Los Pinos a las tepocatas y víboras prietas. La desesperación priista ha llevado a querer empujar la alianza opositora a como dé lugar. La insistencia de Alejando Moreno ya se agotó y lo más seguro es que para 2027 el PRI se esté jugando la supervivencia y el registro como partido con representación nacional.
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ONU, PREDICA, PERO NO PRACTICA Ernesto Villanueva
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n enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio sostuvo que el sistema internacional padece mandatos superpuestos, opacidad y una gobernanza financiera deficiente (Ending the Charade of Wasteful International Organizations, Departamento de Estado, 10 de enero de 2026). La afirmación tiene origen político. Su verificación no tiene por qué tenerlo: basta contrastar los documentos de la propia organización para validar o no las afirmaciones de Rubio. Hoy, justo que es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, merece la pena hacer este ejercicio en tres planos: la dimensión del aparato, el régimen de transparencia y la integración y responsabilidad de sus mandos. Veamos. Primero. La revisión de mandatos que el secretario general presentó en julio de 2025, dentro de la Iniciativa ONU80, reporta más de 40,000 mandatos activos, más de 27,000 reuniones al año, cerca de 2,300 páginas diarias de documentación y un costo aproximado de 360 millones de dólares anuales. El 85 por ciento carece de cláusula de revisión o extinción (Report of the Mandate Implementation Review, 31 de julio de 2025, y documento A/80/318). Un mandato sin cláusula de caducidad es un presupuesto vitalicio. Formalmente, los mandatos son responsabilidad de los Estados. Pero el mismo informe reconoce que diversas entidades los invocan para justificar programas y presupuestos separados. La duplicidad no sólo se hereda; también se administra. Y el secretario general admitió que el problema se había identificado desde 2006 y que, lejos de resolverse, se agravó (intervención ante la Asamblea General, 1 de agosto de 2025). Tampoco la austeridad ha operado como principio rector. La propuesta original para 2026 mantenía el presupuesto ordinario en 3,715 millones de dólares. Sólo ante una crisis de liquidez se redujo a 3,450 millones: 15
por ciento menos en recursos y casi 19 por ciento menos en plazas (resolución de la Asamblea General, 30 de diciembre de 2025). Si fue posible suprimir casi una quinta parte de la plantilla sin renunciar a funciones esenciales, la estructura previa no era la mínima indispensable. Si se renunció a ellas, la organización debería decir cuáles. No ha hecho ni lo uno ni lo otro. Un ajuste impuesto por la liquidez es un reflejo de supervivencia, no una política de gasto. Tampoco existe un control externo que dirima la cuestión. La Junta de Auditores fiscaliza estados financieros, no la necesidad de cada plaza. ONU80 es una autoevaluación. Quien ejerce recursos ajenos debe acreditar la necesidad del gasto. La carga de la prueba corresponde a la organización. No la ha satisfecho. Segundo. La deficiencia mejor documentada no es presupuestaria. Es normativa. La ONU predica: el indicador 16.10.2 de la Agenda 2030 mide la adopción de leyes nacionales de acceso a la información, vigentes ya en 139 países (UNESCO, 2025); y en 2018 el Consejo de Derechos Humanos instó a los organismos internacionales a adoptar políticas robustas en la materia (resolución 38/12, 6 de julio de 2018, párrafo 7). Pero no practica. La Secretaría carece, hasta hoy, de un régimen de acceso a petición de parte. La Dependencia Común de Inspección lo reclamó con carácter urgente en 2011 (JIU/REP/2011/5, recomendación 6). El relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye, calificó de intolerable que no existieran siquiera criterios para responder solicitudes (A/72/350, 2017). En 2018 la Secretaría anunció una política; un año después informó que no tenía planes de adoptarla (Inter Press Service, 17 de julio de 2023). Cabe distinguir dos instituciones que suelen confundirse. La transparencia proactiva es la publicación de oficio: el sujeto obligado difunde, sin que nadie lo pida, la información que él mismo selecciona. El acceso a la información a petición de parte
es un derecho subjetivo: cualquier persona solicita un documento concreto y la autoridad debe entregarlo o negarlo fundadamente, dentro de un plazo, con causales de reserva tasadas y ante un órgano revisor independiente. La primera es una obligación de publicar; el segundo, un derecho de preguntar. En una, la agenda la fija quien informa; en el otro, quien pregunta. La ONU cumple con creces la primera: publica resoluciones, presupuestos e informes de auditoría. Carece por completo del segundo. Y sin derecho de solicitud no hay máxima publicidad: hay publicidad discrecional. La transparencia proactiva es escaparate; el acceso a petición de parte, ventana. La paradoja es completa. En 2024 la Secretaría expidió su política de protección de datos personales (ST/ SGB/2024/3). Tutela los datos de las personas, pero no el derecho de las personas a conocer los datos de la institución. Nadie ajeno a la organización puede verificar cuánto cuesta un mandato, quién propuso un nombramiento o qué concluyó una investigación. Sin acceso, ni la crítica ni la defensa pueden comprobarse. Tercero. El artículo 101.3 de la Carta impone como consideración primordial la eficiencia, la competencia y la integridad. En la base, el principio de mérito se cumple razonablemente: el Programa de Jóvenes Profesionales es un concurso de ingreso, aunque sin evaluadores externos. En la cúspide, el principio se desdibuja. Subsecretarios y secretarios generales adjuntos se designan sin concurso vinculante. La resolución 46/232 de la Asamblea General (1992) dispone que un nacional no debe suceder a otro de su mismo país ni un Estado monopolizar un cargo. Aun así, el Center on International Cooperation de la Universidad de Nueva York (agosto de 2024), sobre un estudio de Blue Smoke (2023), identificó desde 2007 al menos 30 puestos directivos ocupados sucesivamente por nacionales de un mismo Estado; la mayoría, de miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. La regla existe; su observancia, no. En la base rige el mérito; en la cúspide, la discrecionalidad y las La responsabilidad sigue la misma lógica. En la cúspide, la sanción es excepcional; la renuncia, la regla. En marzo de 2023 la OMS destituyó por primera vez en su historia a un director regional, Takeshi Kasai, luego de que una investigación interna acreditara conducta abusiva (AP, 8 de marzo de 2023). El mecanismo funcionó, pero por 13 votos contra 11 (AFP, 9 de marzo de 2023). En mayo de 2022, Grete Faremo, directora ejecutiva de UNOPS, dejó el cargo mientras se investigaban inversiones fallidas; renunció a petición del secretario general (carta del congresista Michael McCaul al secretario general, 16 de febrero de 2023). La nota oficial sólo le agradeció su dedicado servicio (8 de mayo de 2022). La renuncia pactada extingue la responsabilidad y clausura el expediente. Las reformas necesarias son verificables y no exigen más recursos: un régimen vinculante de acceso a la información, con presunción de publicidad, excepciones tasadas, plazos perentorios y un órgano de apelación externo; concursos con evaluación independiente para los cargos directivos; una evaluación externa de la plantilla; y la publicidad de las investigaciones sobre altos funcionarios. Ninguna requiere reformar la Carta; basta una resolución de la Asamblea General. No falta norma. Falta voluntad. De ahí, por ende, que las afirmaciones de Rubio tienen asidero en la realidad, guste o no, en este clima polarizado. Hoy la ONU conmemora el derecho de saber con discursos, foros y comunicados. No con una ventanilla donde cualquier persona pueda preguntarle cuánto gasta, en qué, a quién nombra y por qué. Durante décadas ha enseñado a los Estados que la transparencia no es una concesión del poder, sino un derecho oponible al poder. Le falta aprender la lección que imparte. Predica, pero no practica.
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Martes 29 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
FILIPICAS Paco Ramírez
H
ay una generación en Chiapas que no se fue. Mientras miles de jóvenes chiapanecos empacan sus cosas cada año y buscan futuro en otro estado o del otro lado de la frontera, algunos se quedan a insistir en su tierra. Rodrigo Betancourt Ruiz es uno de ellos, y en Jiquipilas su insistencia empieza a tener nombre propio. No hablo de un discurso de campaña, porque todavía no lo hay. Hablo de algo más simple y más difícil de fingir: la costumbre de aparecer. En los meses recientes, Betancourt ha recorrido el municipio con una constancia que no responde a ningún calendario electoral, sino a una convicción personal. Se le ha visto gestionando apoyos para los productores de café de la región ante el Instituto del Café de Chiapas, corriendo junto a decenas de jiquipiltecos en una carrera que reúne fondos para niños de escasos recursos, y sosteniendo conversaciones —sin
L
uego de un proceso de insaculación que terminó realizándose en privado y lejos del control de la autoridad electoral, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas quedaron finalmente fuera de la lista de municipios donde los partidos políticos estarán obligados a postular exclusivamente mujeres para los comicios del próximo año. Y con ello, para la capital chiapaneca, la moneda sigue en el aire. El procedimiento, previsto a partir de la última reforma electoral, pasó de la expectativa pública a la discreción absoluta. Después de varios días de cuestionamientos, el acto terminó realizándose un domingo inadvertido, prácticamente en silencio, sin transmisión en vivo y con nula presencia de medios de comunicación. La mayoría, como suele ocurrir cuando las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, se enteró después; mediante las listas publicadas y las frías fotografías oficiales del encuentro. Lo demás quedó en manos de las especulaciones. Y no fue para menos. Y es que, mientras Tuxtla quedó fuera de la obligatoriedad para postular exclusivamente mujeres, otros municipios como Tapachula y Comitán, donde las candidatas oficiales llevan varias semanas construyendo su plataforma electoral, terminaron curiosamente bajo esa condición de candidaturas femeninas obligatorias.
La insistencia de Jiquipilas
cámaras de por medio— con quienes trabajan la tierra jiquipilteca. Esa insistencia tiene un valor particular en el momento que vive Jiquipilas. El municipio atraviesa una etapa de transición en su gobierno, y las transiciones piden algo más que administradores: piden relevos
con energía para sostener el trabajo de años, no de meses. Ahí es donde la juventud de Betancourt deja de ser un dato biográfico y se convierte en argumento. No es la juventud de quien apenas llega, sino la de quien decidió construir su proyecto de vida desde el mismo lugar donde nació,
EN LA MIRA Héctor Estrada
En Tuxtla la moneda sigue en el aire
En el caso específico de Tuxtla Gutiérrez la situación era bastante particular. Una designación exclusiva para mujeres habría modificado por completo el tablero y dejado fuera de la competencia a buena parte de los grupos que desde hace tiempo comenzaron a mover sus piezas rumbo al proceso electoral. En ese escenario, figuras como María Mandiola habrían encontrado un terreno considerablemente más despejado para avanzar en sus aspiraciones por la capital chiapaneca, particularmente ante la ausencia, hasta ahora, de otra candidatura femenina con el mismo
peso dentro de su partido. Pero la suerte -o los acuerdos detrás de ella- terminó diciendo otra cosa. Así, con Tuxtla fuera de la lista, las puertas quedaron abiertas para que continúe la disputa entre grupos, aspiraciones y nombres que desde hace meses encabezan una clara contienda electoral anticipada dentro de Morena y sus partidos aliados. Y ahí está justamente lo interesante del resultado anunciado este domingo. Porque más allá de la explicación técnica del procedimiento y los señalamientos sobre la clara falta de transparencia, el resultado
apostando a que Jiquipilas puede crecer sin que sus mejores cuadros tengan que salir a buscar oportunidades en otro lado. Jiquipilas ha dado, en distintos momentos de su historia, liderazgos que se agotaron en la promesa. Lo que distingue hoy a esta nueva generación —y Betancourt es, hasta ahora, su ejemplo más visible— es que ha invertido el orden: primero el trabajo, después la aspiración. Eso no garantiza nada por sí solo, pero sí marca una diferencia con las formas tradicionales de hacer política en la región, donde el compromiso suele aparecer únicamente cuando se acerca una boleta. El municipio necesita relevos que entiendan que el desarrollo no se decreta desde un escritorio, sino que se construye visita por visita, gestión por gestión. Si algo ha demostrado Rodrigo Betancourt Ruiz en este tramo de su recorrido, es precisamente eso: que la insistencia, cuando es genuina, termina por notarse.
deja claro que la definición de la candidatura para Tuxtla Gutiérrez todavía tiene demasiados intereses cruzados como para considerarla resuelta antes de que los tiempos fatales lleguen. Por eso, hoy todo apunta a que será la dirigencia nacional, mediante sus “encuestas” y mediciones internas, la que termine definiendo los nombres sobre la mesa. Aunque, como suele suceder en estos procesos, tampoco pueden descartarse los acuerdos de último momento, las negociaciones entre grupos y esas decisiones que pocas veces aparecen en los documentos oficiales, pero que terminan pesando al momento de cerrar una candidatura. En todo esto, San Cristóbal seguramente tendrá su propia historia. Sin embargo, es la capital el principal escaparate político del estado y, para muchos grupos, la pieza electoral más codiciada del próximo proceso, por lo que ahí todavía nadie debería apresurarse a cantar victoria. En la recta final todavía habrá movimientos, ajustes, reuniones discretas y, probablemente, más de una sorpresa. Los nombres que hoy parecen tener ventaja pueden cambiar de posición cuando llegue la hora de las definiciones. Pues mientras unos hacen cuentas, otros esperan la encuesta, algunos negocian y los de siempre mueven sus piezas en silencio, la capital chiapaneca permanece exactamente donde ha estado durante las últimas semanas: en disputa… así las cosas.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Martes 29 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
LO IMPORTANTE Francisco Ruiz Zuart.
¿Gran conquista o más antidemocracia institucionalizada para los chiapanecos?
¿
Gran beneficio para las mujeres? ¿Ellas, las mujeres, deciden quiénes de sus compañeras les representarán en los espacios de representación popular? El gobernador, no los legisladores, ni los ciudadanos organizados, promovió una REFORMA para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres: igualdad y paridad de género. El gobernador, y solo él, previó con cada letra de LA REFORMA que la ley permitiera al titular del Ejecutivo el manejo total de las nuevas condiciones de participación de las mujeres. El gobernador hoy decide, previamente y mucho antes de las elecciones, quiénes serán las mujeres con derecho a desempeñar un cargo en los municipios, en el Congreso local y en el Congreso de la Unión. El gobernador -utilizando a las personas que también él nombró- ayer, 27 de septiembre de 2026, ordenó publicar por bloques de municipios: en qué municipios los presidentes municipales deben ser mujeres, en cuáles serán hombres y en dónde, hasta ahora, quedan libres de ser mujeres u hombres. El gobernador “inventó” y estuvo tras una “insaculación” bastante posible de manipular. Para eso es un gobernador que ordena en los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial. Para eso es el Dios de todos los municipios chiapanecos. Ayer el gobernador manda publicar LAS LISTAS por bloques, de lo que él hizo, y con esto da testimonio objetivo de que las elecciones del año 2027 NO SERÁN DEMOCRÁTICAS: tendrán un espacio en las instancias de “representación popular” solamente aquellas y aquellos con más cualidades de subordinación a él, además de las amistades y parientes. Sin lugar a dudas, hoy nos encontramos de manera anticipada ante la demostración formal y real de las futuras condiciones de las peores elecciones en Chiapas: antidemocráticas hasta el fondo. Descaradas, sin recato alguno. Y para que no queden dudas, pongamos las cosas en claro: lo que se presenta como una gran conquista para las mujeres es, en los hechos, un secuestro de su derecho a decidir. No es paridad, es reparto. No es igualdad, es control. No se empodera a la mujer chiapaneca, se le asigna un lugar en la mesa del amo, siempre que agache la cabeza y levante la mano cuando se le ordene. Con esta reforma, el gobernador no abrió la puerta a la democracia; la cerró con llave de género. Convirtió una causa justa en un instrumento de sumisión, y una lucha histórica en un padrón de lealtades. Esa es la trampa: vestir de avance lo que es retroceso, y de
justicia lo que es cálculo. ¡Ah! En el Estado de Chiapas hoy: ¿a quién le quedan dudas? Nos encontramos en pleno siglo XXI frente a un gobernador nada democrático y del todo presumido. Si nos fijamos bien, hoy en Chiapas se da la impresión de encontrarnos todavía a mediados del siglo XX. Cuando en las haciendas y las fincas el dueño decidía quién sería el administrador, los capataces, los mozos... Quiénes laborarían en el campo, quiénes en la “casa grande”, quiénes en la cocina y quiénes cerca de sus manos, para lo que se ofreciera según la temperatura corporal y hormonal del amo: todopoderoso, el que entre sus derechos incluso incluía el DERECHO DE PERNADA. ¡Ah! Lo que hoy ocurre con los nombramientos de los futuros “representantes populares” explica, indiscutiblemente y sobradamente, las condiciones económicas, políticas y sociales que hoy identifican al Estado de Chiapas: su atraso y empobrecimiento, la explotación absurda de sus recursos, el olvido oficial, el abuso a los derechos humanos, los procesos antidemocráticos, las desigualdades, las injusticias... y algo de lo peor, garantiza a los poderosos la producción y reproducción de sus formas de gobierno, del sistema que exprime y explota hasta que los sujetos dejan de existir...
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CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Martes 29 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3464 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3464