El movimiento magisterial, surgido en Chiapas en septiembre de 1979, siempre ha tenido fuentes de financiamiento de personajes del gobierno federal o de la entidad; en sus inicios fue el secretario de gobernación, profesor Enrique Olivares Santana PAG. 2
D O X A
Las demandas magisteriales son de carácter nacional pero la presidenta decidió incorporar a los gobernadores en las negociaciones y los hace partícipes en las responsabilidades.
La movilización de los maestros se realiza en la coyuntura de mayor dificultad presidencial. Bajo la denuncia de narcogobiernop, con la presión del gobierno americano y la realización
mundial.
México y Estados
Unidos concluyeron el jueves sin mayores avances la segunda ronda de diálogos formales previo a la revisión del tratado comercial que mantienen con Canadá (el T-MEC)
Rubén Zuarth activar la Ley para atender a personas desplazadas en Chiapas
ACCIONES Chiapas busca ampliar exportaciones agropecuarias hacia mercado europeo de 450 millones de consumidores
Viernes 19 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No.
EDITORIAL
¿Quién financia la movilización de los maestros?
El movimiento magisterial, surgido en Chiapas en septiembre de 1979, siempre ha tenido fuentes de financiamiento de personajes del gobierno federal o de la entidad; en sus inicios fue el secretario de gobernación, profesor Enrique Olivares Santana, el principal promotor de la disidencia, que impulsó la movilización para debilitar el liderazgo de Carlos Jonguitud Barrios, quien se había autonombrado líder vitalicio del Sindicato de maestros, liderazgo que fue destronado en abril de 1989, a diez años de haber iniciado el movimiento de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenía como una demanda central del movimiento la democratización del sindicato.
A Jonguitud Barrios le sucedió la Mtra. Elba Esther Gordillo, quien hábilmente construyó un liderazgo bajo los principios en que no había en el movimiento magisterial líder que no fuera comprable, a tal grado que desde la misma dirigencia sindical se financiaba al ala dura del magisterio, que le permitía mantener dos formas políticas de negociación, una por la vía institucional a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que le permitió firmar el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación
Básica, que estableció la descentralización educativa, que creó el programa de estímulos del magisterio que contemplaba mejores ingresos y la dignificación del trabajo docente, que acordó la revisión de los contenidos de los programas y abrió paso a la participación social de los padres de familia en el trabajo escolar. Pero a la vez, Elba Esther Gordillo, supo utilizar la insurgencia magisterial para ampliar su capacidad de negociación frente al Estado, sobre todo en aspectos en que institucionalmente no podía negarse y por lo mismo accedía, al mismo tiempo que liberaba la movilización de los maestros en la calle, lo que le permitía matizar los acuerdos con el Estado, que no le convenía.
La descentralización de los servicios educativos a las entidades federativas le permitió a Elba Esther Gordillo negociar con todos los gobernadores de los Estados y obtener beneficios políticos para su grupo, colocando diputados federales, senadores de la república y gobernadores en las entidades, al mismo tiempo que desde el sindicato de maestros creó una fuerza electoral importante, que le permitió transitar con poder de los gobiernos priistas a los gobiernos panistas; donde fue un explosivo para dinamitar la candidatura del priista Roberto Madrazo y factor importante para inclinar el triunfo discutido de
Felipe Calderón, sobre Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó el respaldo que la maestra Elba Esther le ofreció, experiencia que le enseñó a Obrador que si quería ganar la presidencia tenía que aliarse con todos, inclusive con los sectores más cuestionables de la sociedad.
La fuerza política de Elba Esther Gordillo le permitía presionar a los gobernadores de las entidades para que ellos mismos financiaran al movimiento magisterial de la CNTE, que año con año se moviliza en los días previos a la celebración del 15 de mayo y busca establecer mesas de negociación de carácter nacional. Pero esta situación cambió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que dentro de uno de sus proyectos políticos era recuperar la rectoría del Estado en la educación y disminuir la influencia del sindicato en los asuntos educativos e impulsó una nueva reforma educativa, que institucionalmente fue aceptada por el SNTE, pero que desde la misma dirigencia se impulsó a la CNTE para que se movilizara y rechazara el contenido de esa reforma. El resultado fue la ruptura del presidente con Elba Esther Gordillo, que fue detenida y encarcelada, pero eso no detuvo la movilización de los maestros de la CNTE, que construyeron como bandera de la movilización el rechazo de la mal llamada reforma educativa.
Gran parte de estas movilizaciones fue financiada por los mismos gobernadores de las entidades, debido a que la movilización se insertó en la lucha por la candidatura a la presidencia, donde los tecnócratas, Luis Videgaray y Aurelio Nuño promovían la reforma educativa y Osorio Chong veía que el descarrilamiento de esa reforma le aseguraba la candidatura. En Chiapas, el movimiento magisterial fue financiado por el mismo gobierno estatal, donde Manuel Velasco jugaba con el grupo de Osorio Chong. Esta experiencia, de financiar el movimiento magisterial la vivió de cerca el hoy gobernador Eduardo Ramírez, quien en su momento se pronunció en contra de esa reforma y a quien ya en el gobierno se le hizo normal continuar con el financiamiento de la movilización, sin percatarse que la directamente afectada es la misma presidenta de la república y la imagen del país frente al mundial de fútbol. Lo que provocó una reacción presidencial, que decidió que la mesa de negociación con los maestros fuera tripartita y que participaran en ella los gobernadores que financian la propia movilización e incorporó a la mesa de negociación a Ricardo Monreal, como un mensaje político de que los que alimentan la movilización de los maestros sean los que resuelvan el problema.
Fiscalía de Tabasco investiga a funcionarios por desaparición de joven chiapaneco
Rodulfo Reyes VILLAHERMOSA, Tab., (apro)
Ados años de la desaparición del joven chiapaneco José Alfredo Custodio Cabañas, ocurrida el 9 de junio de 2024 tras una presunta detención por policías estatales en territorio tabasqueño, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que investiga a servidores públicos por su probable participación en los hechos denunciados por la familia.
El anuncio fue hecho después de que familiares de José Alfredo, originario de Reforma, Chiapas, denunciaran en el noticiero radiofónico Telereportaje que el joven fue detenido durante una supuesta revisión de rutina en el municipio de Cunduacán por policías tabasqueños y posteriormente desapareció.
Su hermano, Jorge Custodio Cabañas, afirmó que un funcionario de la Fiscalía de Chiapas en el municipio de Reforma, de nombre Héctor David Vidal Castañeda, les informó de esa detención y después les mostró una fotografía en la que el joven aparecía golpeado, aunque les negó una copia de la imagen.
También denunció que, al acudir al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, dos presuntos funcionarios de la FGET les exigieron 127 mil pesos para entregarles a José Alfredo.
La familia aseguró que pagó el dinero, pero el joven nunca apareció
El hermano del joven denunció que un funcionario de la Fiscalía de Chiapas les informó que José Alfredo estaba detenido y les mostró una foto en la que se veía golpeado. En al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, dos presuntos elementos de la FGET les exigieron 127 mil pesos para entregarles a su familiar; la familia pagó el dinero, pero José Alfredo nunca apareció
y posteriormente un abogado particular que contrataron les dijo que la documentación que le mostraron era falsa.
En respuesta, la FGET informó que la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción abrió una investigación para determinar si hubo participación de servidores públicos en los hechos denunciados.
La dependencia sostuvo, además, que en el Centro de Procuración de
Justicia de Cunduacán no existe ninguna carpeta de investigación relacionada con José Alfredo Custodio Cabañas, y señaló que la cédula de búsqueda emitida en diciembre de 2024 permanece vigente.
Movilizaciones de la CNTE afectan al transporte público
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Lo que comenzó como un movimiento gremial en las aulas ya se convirtió en un golpe directo al bolsillo de los operadores del transporte público en Tuxtla Gutiérrez. A casi tres semanas del plantón magisterial en el centro capitalino, las pérdidas económicas comienzan a ser insostenibles: la afluencia de pasajeros se desplomó entre un 50 y un 60%, según reconoció Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (COESTRACH).
El líder transportista fue contundente al diagnosticar el origen del problema: la suspensión de clases en miles de escuelas, sumada a los cortes viales permanentes en el primer cuadro de la ciudad, han alejado a los usuarios de las unidades. “La gente simplemente no está utilizando el servicio. Sin estudiantes en
las rutas y con el centro bloqueado, el panorama es desolador”, declaró en entrevista.
Frente a este escenario, las empresas del volante han tenido que recurrir a un plan de emergencia similar al que aplican en temporada vacacional. Vázquez Martínez explicó que han reducido la operación al 70% de su flota habitual mediante un rol rotativo de unidades, una medida que busca evitar la saturación de rutas y contener los gastos operativos mientras la demanda se mantiene en sus niveles más bajos. “Toca apechugar y resistir con el pasaje que alcance a subir”, sentenció el dirigente, reflejando el ánimo de un gremio que ya empieza a sentir el desgaste financiero.
El paro, iniciado el pasado 1 de junio por la Sección 7 del SNTECNTE, no solo mantiene a más de 1.4 millones de estudiantes sin clases a nivel nacional, sino que en Chiapas ha escalado a bloqueos en plazas comerciales y tomas de edi-
ficios públicos, generando un clima de incertidumbre que repercute directamente en la movilidad urbana. Mientras los maestros mantienen su presión con manifestaciones ca-
da vez más visibles, los transportistas calculan sus pérdidas día a día, a la espera de que una solución política desbloquee tanto las vialidades como la economía del sector.
Chiapas busca ampliar exportaciones agropecuarias hacia mercado europeo de 450 millones de consumidores
De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
Chiapas busca fortalecer la exportación de café, cacao, mango Ataulfo, plátano, miel, carne y productos agroindustriales hacia la Unión Europea, un mercado superior a los 450 millones de consumidores, destacó el titular de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, durante el Foro del Exportador Chiapas Global.
El encuentro realizado en Tapachula con representantes diplomáticos, empresarios, productores y autoridades, analizó las oportunidades comerciales abiertas tras la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, en una región que genera exportaciones por alrededor de 100 millones de dólares, principalmente en café, plátano y mango.
Ante el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, el embajador de Portugal, Pedro Costa Pereira; la ministra consejera y jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, Victoria Lövenberg; el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, y el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; Barba Arrocha afirmó que Chiapas tiene condiciones para competir en mercados que valoran calidad, origen y trazabilidad.
“Chiapas tiene todo para exportar más y mejor, pero sobre todo para que nuestros productos reciban un precio justo al trabajo de nuestros productores”, expresó el funcionario que estuvo acompañado del coordinador de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial de la Secam, César Rodríguez Márquez.
El secretario del Campo señaló que la entidad cuenta con ventajas por su producción agropecuaria, ubicación
La mañana de este jueves se registró una intensa movilización de corporaciones de emergencia y seguridad en las instalaciones del Hospital Regional “Dr. Gilberto Gómez Maza”, ubicado sobre el Libramiento Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez, tras el reporte de un presunto artefacto explosivo. De acuerdo con la información preliminar, una llamada anónima al número de emergencias 911 alertó sobre la supuesta presencia de una bomba en el interior del nosocomio, lo que provocó la inmediata movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las corporaciones realizaron recorridos e inspecciones en distintas áreas del hospital para descartar cualquier
fronteriza e infraestructura logística, entre ellas Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la red carretera y la aduana de Ciudad Hidalgo, puntos de conexión con mercados globales.
Destacó que Chiapas es líder nacional en producción de café, posee cacao reconocido por su calidad y mantiene una oferta exportable con productos emblemáticos como el mango Ataulfo, ligado a la historia agrícola del Soconusco.
Barba Arrocha, acompañado de su esposa Verónica Morales Cruz, sostuvo que el reto es fortalecer certificaciones, cadenas productivas, financiamiento y estándares internacionales para abrir mayores oportunidades comerciales a productores y empresas.
Indicó que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar impulsa una visión donde el campo chiapaneco alcance mayor valor, genere mejores ingresos y consolide su presencia fuera de México.
“El campo de Chiapas está listo, la oportunidad está abierta y vamos a trabajar juntos para que esta historia se traduzca en bienestar para quienes hacen producir nuestra tierra”, puntualizó.
El Foro del Exportador Chiapas Global incluyó mesas de trabajo sobre mercados internacionales, logística, infraestructura, financiamiento, Polos de Desarrollo y nuevas oportunidades de inversión en la frontera sur.
Chiapas busca ampliar exporta -
ciones agropecuarias hacia mercado europeo de 450 millones de consumidores
Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.Chiapas busca fortalecer la exportación de café, cacao, mango Ataulfo, plátano, miel, carne y productos agroindustriales hacia la Unión Europea, un mercado superior a los 450 millones de consumidores, destacó el titular de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, durante el Foro del Exportador Chiapas Global.
El encuentro realizado en Tapachula con representantes diplomáticos, empresarios, productores y autoridades, analizó las oportunidades comerciales abiertas tras la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, en una región que genera exportaciones por alrededor de 100 millones de dólares, principalmente en café, plátano y mango.
Ante el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, el embajador de Portugal, Pedro Costa Pereira; la ministra consejera y jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, Victoria Lövenberg; el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, y el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; Barba Arrocha afirmó que Chiapas tiene condiciones para
competir en mercados que valoran calidad, origen y trazabilidad. “Chiapas tiene todo para exportar más y mejor, pero sobre todo para que nuestros productos reciban un precio justo al trabajo de nuestros productores”, expresó el funcionario que estuvo acompañado del coordinador de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial de la Secam, César Rodríguez Márquez. El secretario del Campo señaló que la entidad cuenta con ventajas por su producción agropecuaria, ubicación fronteriza e infraestructura logística, entre ellas Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la red carretera y la aduana de Ciudad Hidalgo, puntos de conexión con mercados globales.
Destacó que Chiapas es líder nacional en producción de café, posee cacao reconocido por su calidad y mantiene una oferta exportable con productos emblemáticos como el mango Ataulfo, ligado a la historia agrícola del Soconusco.
Barba Arrocha, acompañado de su esposa Verónica Morales Cruz, sostuvo que el reto es fortalecer certificaciones, cadenas productivas, financiamiento y estándares internacionales para abrir mayores oportunidades comerciales a productores y empresas.
Indicó que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar impulsa una visión donde el campo chiapaneco alcance mayor valor, genere mejores ingresos y consolide su presencia fuera de México.
“El campo de Chiapas está listo, la oportunidad está abierta y vamos a trabajar juntos para que esta historia se traduzca en bienestar para quienes hacen producir nuestra tierra”, puntualizó.
El Foro del Exportador Chiapas Global incluyó mesas de trabajo sobre mercados internacionales, logística, infraestructura, financiamiento, Polos de Desarrollo y nuevas oportunidades de inversión en la frontera sur.
Movilización por presunta amenaza de bomba en el hospital Gilberto Gómez Maza
riesgo para pacientes, familiares y trabajadores.
Tras la revisión correspondiente, las autoridades no localizaron ningún artefacto explosivo, por lo que el reporte fue catalogado como una falsa alarma. Afortunadamente, no fue necesario evacuar el inmueble y no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en la atención médica.
Las autoridades exhortaron a la población a evitar realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia, ya que este tipo de acciones movilizan recursos y personal que podrían ser necesarios para atender situaciones reales.
Maestros de la CNTE toman casetas de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla; los conductores se van sin pagar
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron este jueves las casetas de cobro de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, ubicadas en las autopistas que comunican a la capital chiapaneca con San Cristóbal de Las Casas y las regiones Costa y Soconusco, conductores se van sin pagar la cuota.
El gremio magisterial de Chiapas mantienen tomadas las casetas de cobro de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, de acuerdo a sus propias versiones, los maestros permiten el paso libre de vehículos, pero aunque no pagan el costo de la cuota, pero le tienen que entrar los conductores con un pago para la “causa” de 50 pesos por unidad.
Desde las nueve horas de este jueves, maestros de la Sección VII del SNTE y de la CNTE mantienen liberada la caseta de cobro ubicada sobre la carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con Ocozocoautla.
La acción, que se extenderá hasta las 14:00 horas, permite a los auto-
Presenta Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo publique el Reglamento de la Ley, cree el Registro Estatal y garantice recursos para el Fondo de Atención a Personas Desplazadas.
El diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presentó ante la LXIX Legislatura del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para pedir la aplicación inmediata de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, ante la crisis humanitaria que vivieron miles de familias en la región Frontera Sur. Desde la máxima tribuna del estado, el legislador sostuvo que el desplazamiento forzado dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las mayores deudas institucionales con los chiapanecos, al recordar que durante el sexenio anterior de Rutilo Escandón miles de personas abandonaron sus hogares por la violencia sin recibir la atención que establece la ley.
“El gobierno pasado le falló a Chiapas. Mientras miles de familias huían por miedo, la ley que debía protegerlas permaneció archivada y sin aplicarse. No debemos permitir
Desde las nueve horas de este jueves, maestros de la Sección VII del SNTE y de la CNTE mantienen liberada la caseta de cobro ubicada sobre la carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con Ocozocoautla
movilistas circular sin pagar peaje, en una medida que combina protesta y apoyo mutuo con la ciudadanía
Los manifestantes exigen respuestas a sus pliegos petitorios, que incluyen aumento salarial, basificación, y la derogación de la reforma educativa
y la Ley del ISSSTE de 2007.
Los maestros de la CNTE advirtieron que, de no haber avances, radicalizarán las movilizaciones en los próximos días.
Hasta el momento, la circulación vehicular se mantiene fluida, aunque
con reducción de carriles. A unos metros donde los maestros mantienen las casetas de cobro, se encuentran elementos de la Guardia Nacional resguardando la zona sin intervenir, en espera de una mesa de diálogo que las autoridades aún no han confirmado.
Pide Rubén Zuarth activar la Ley para atender a personas desplazadas en Chiapas
que esa omisión continúe”, afirmó.
Zuarth Esquinca recordó que la legislación vigente, aprobada desde 2012, obliga al Estado a contar con un Reglamento que haga operativa la norma, instalar un Registro Estatal de Personas Desplazadas y crear un Fondo Estatal destinado a brindar asistencia humanitaria, facilitar el retorno seguro y apoyar el reasentamiento de las familias afectadas.
Sin embargo, señaló que ninguna de estas obligaciones fue cumplida durante la administración anterior, dejando a miles de personas sin protección institucional.
Por ello, el Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRI exhorta al Ejecutivo estatal a publicar de manera inmediata el Reglamento de la Ley; incluir en el Presupuesto de Egresos 2026 una partida específica para el Fondo Estatal de Atención a Personas Desplazadas; instalar el Registro Estatal en un plazo no mayor a 90 días naturales y remitir al Congreso un informe detallado sobre las acciones
para cumplir con la legislación.
“Una ley sin presupuesto y sin mecanismos para aplicarse es letra muerta. Las familias desplazadas ya esperaron todo un sexenio.
El dirigente estatal del PRI advirtió que municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia y otras localidades de la región han resentido los efectos del despla-
zamiento forzado, fenómeno que no sólo desintegra familias, sino que también afecta la producción agrícola, la educación y el tejido social. Finalmente, Rubén Zuarth sostuvo que el PRI continuará impulsando acciones legislativas para garantizar que las personas desplazadas reciban atención integral y puedan regresar a sus comunidades con seguridad y dignidad.
Juzgado frena la construcción de la presa
Mujer Solteca, megaproyecto de Salomón
Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro).
El Juzgado Segundo de Distrito frenó el megaproyecto emblemático del gobierno de Salomón Jara Cruz, al conceder la suspensión provisional derivada de un amparo que interpuso el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente porque la presa Mujer Solteca incumple con la normatividad ambiental y está marcada por la opacidad.
El Observatorio obtuvo la suspensión provisional contra la presa Mujer Solteca el pasado 12 de junio, lo que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y no promover mecanismos efectivos de participación pública.
Con ese mandato judicial, el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz está obligado a detener el desarrollo de la presa Mujer Solteca, un megaproyecto que tendría un sobrecosto que alcanzaría los 30 mil millones de pesos y que avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica.
Aunque el Gobierno Federal anunció una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción,
Gloria Leticia Díaz
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Claudia Susana Quinterio Sandoval, líder mayo-yoreme del colectivo ¡Aquí No!, exhortó a los trabajadores de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman, a unirse contra la construcción de la planta de amoniaco por incumplir con sus obligaciones laborales bajo el pretexto de que la organización social mantiene un plantón frente a sus instalaciones.
En un comunicado leído en el plantón en el que participan ciudadanos de diversos sectores económicos y sociales del municipio de Ahome y que cumple 18 días, Quintero exhortó a los trabajadores a formar parte de la movilización social.
“Al trabajador le quiero decir que, si no te quiere liquidar la empresa, si no te quiere pagar, únete también porque es parte de tu futuro y es parte de tu defensa, tu defensa laboral también puede ser parte de nosotros. No estamos peleando contra ustedes”, puntualizó Quintero en una breve intervención tras la lectura del comunicado.
En el documento, el colectivo reprochó que la empresa use “como escudo
los propios documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.
Las 28 organizaciones que integran el observatorio mencionaron que esta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni siquiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno.
Pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento —equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24.7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico— la propia Ficha de Valoración Estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación.
Aunado a ello, las MIA correspon-
dientes al acueducto y a la planta potabilizadora continúan en elaboración, en tanto que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30%.
Hacen hincapié que la misma documentación oficial identifica riesgos derivados de una disponibilidad hídrica menor a la proyectada, mientras que no existe un proceso amplio de participación pública que permita conocer y discutir los impactos sociales, ambientales y financieros de una obra que comprometería recursos públicos sin precedentes para el estado.
Consideran que la falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso. Por consiguiente, la suspensión obtenida por el Observatorio constituye una medida de protección del interés público.
Explican que la suspensión no solo evita que continúe un proyecto sin cumplir plenamente las obligaciones ambientales previstas en la ley, sino que abre la posibilidad de revisar con trans-
Acusan a planta de amoniaco en
Jara
parencia un presupuesto millonario destinado a una sola presa.
Pero, además, podría existir la posibilidad de que ese presupuesto pueda reorientarse para fortalecer otras acciones estratégicas que atiendan el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca, cuando la propia Conagua identifica que sus principales causas son las fugas, la falta de sectorización, el deterioro de las redes de distribución, la contaminación de las fuentes superficiales y las deficiencias operativas del organismo encargado del servicio.
En este contexto, manifestaron que resulta indispensable transparentar la totalidad de los costos del proyecto, sus estudios técnicos, ambientales y financieros, así como garantizar mecanismos efectivos de participación pública antes de comprometer una inversión equivalente a una cuarta parte del Plan Nacional Hídrico.
Finalmente, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para cumplir plenamente la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera del proyecto y abrir un proceso público de evaluación que permita garantizar que cualquier inversión en infraestructura hídrica responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y a la rendición de cuentas, privilegiando soluciones que atiendan de manera integral las causas reales del desabasto de agua en Oaxaca.
Topolobampo de incumplir sus obligaciones laborales
político” a los trabajadores, a quienes el movimiento social no les ha impedido el paso, aunque personal de seguridad sí les bloquea el acceso.
“El enemigo nunca ha sido ni será el trabajador que busca el sustento de su hogar, el único responsable de la actual pausa laboral es la propia empresa extranjera por empeñarse en imponer un proyecto ilegal en una zona protegida.
“Exigimos que la empresa asuma su responsabilidad y pague los sueldos íntegros de su personal en lugar de usarlos como escudo político”, puntualizaron los activistas en su comunicado.
El colectivo tiene una fuerte presencia de indígenas mayo-yoremes que desde hace más de 12 años lideran la oposición a la construcción de la planta, proyectada para producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, y que, de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) presentados por la misma empresa a la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un derrame de cinco mi-
nutos de amoniaco sería fatal para los seres vivos que colindan con la bahía de Ohuira.
No solo eso. El proyecto está diseñado para succionar cada hora 2 mil metros cúbicos de agua de mar, así como retornar el agua usada al mar a una temperatura mayor en 3 grados centígrados, afectando a las especies que viven en las bahías de Santa María, Ohuira-Topolobampo, que cuenta con una clasificación internacional, Ramsar 2025, por su valor ambiental, y del que viven al menos tres mil familias de pescadores.
En el pronunciamiento recordaron que el campamento es pacífico y que “está dando total apertura y facilidad para que los obreros entren libremente a recoger sus herramientas y pertenencias; sin embargo, es la propia seguridad privada de la empresa la que les niega el acceso a la entrada, están usando a su propia gente como rehenes para crear tensión social y limpiar su imagen”.
Apuntaron que la planta de amoniaco “ofrece empleos temporales de
construcción solamente, pero el riesgo de una fuga química catastrófica y la destrucción de pesca serían permanentes” para todos los habitantes del municipio de Ahome.
En el documento, los activistas de ¡Aquí No! reivindicaron su lucha por el derecho a “vivir en un ambiente sano, seguro, respirando aire limpio y sin una bomba de tiempo vecina”, que la seguridad y la salud de sus hijos “valen más que los intereses económicos de unos cuantos”.
En su intervención, Claudia Susana Quintero llamó a los habitantes del municipio de Ahome, entre ellos los trabajadores de la construcción que colaboran con GPO, a fortalecer el movimiento en contra de la construcción de la planta de amoniaco.
Tlachinollan critica “criminalización de la protesta” de Sheinbaum
Luis Daniel Nava CHILPANCINGO, Gro. (apro)
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum es una reedición de la política del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El defensor de derechos humanos dijo que se vislumbra un escenario caótico y de violencia en vísperas de las elecciones.
“Los grupos de la delincuencia se han fortalecido, en lugar de que sean desmantelados se están filtrando hacia los grupos de poder para meterse a la disputa electoral”, expresó.
El director del organismo Abel Barrera Hernández, fue consultado acerca de la represión de la han sido objeto maestros de Guerrero, normalistas de Ayotzinapa, madres buscadoras, así como madres y padres de los 43 durante sus manifestaciones en la Ciudad de México, en el contexto del inicio de la Copa Mundial de Futbol de 2026.
Apenas ayer, la dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Elvira Veleces Morales, denunció que maestros fueron agredidos por presuntos policías que además los despojaron de 70 mil pesos en efectivo, durante una manifestación en la capital del país.
“Es una reedición del uso de la fuerza que antes era de contrainsurgencia que se aplicó en los años setenta y que el Ejército era el estratega de la represión. Con el pasar de los años el modelo de control de la población sigue siendo el mismo.
“Es el mismo esquema, usar los cuerpos de seguridad para proteger a los funcionarios, a las instituciones del Estado y a los intereses de la clase empresarial, para imponer el orden. El esquema del autoritarismo sigue
vigente
“El modelo de criminalización está muy vivo”
A la par, agregó Barrera Hernández, hay una narrativa construida por el nuevo gobierno de la “4T” (Cuarta Transformación) para descalificar al movimiento social, a los colectivos de víctimas, que manejan una agenda clara de justicia.
“El modelo de criminalización está muy vivo. Ahora el gobierno federal se empeñó en evidenciar que los estudiantes de Ayotzinapa son los radicales, los que fabrican explosivos y causantes del caos.
“Que la misma secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, diga que las madres buscadoras estuvieron financiadas, que se les haya bloqueado sistemáticamente a las madres y padres de los 43 denigrando su memoria, su lucha y su exigencia de justicia. Y colocar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como una organización que genera caos, que tiene otros intereses y que se une con la extrema derecha”.
Dijo que cada día se cierran más las expresiones del espacio cívico y que no sólo hay una descalificación hacia el trabajo de las organizaciones sociales y civiles, sino que se les impide manifestar y se arremete en su contra.
“Ahora vemos a cuerpos de élite antidisturbios someter a la población,
a las madres, a los padres de los 43, a los estudiantes, a los normalistas, a los maestros, a las organizaciones sociales, a los campesinos, a los indígenas, o todo ese espectro de actores sociales que tienen demandas legítimas y que acuden a la protesta como un recurso también legítimo en razón de que no son atendidas sus demandas y son supeditadas a la agenda del gobierno federal”.
Para el director de Tlachinollan volvieron las versiones de gobiernos autoritarios con una nueva narrativa para descalificar cualquier movimiento disruptor independiente.
La forma en que el gobierno de Claudia Sheinbaum trató el 8 de junio a las madres y padres de los 43 cuando se dirigían a la Ciudad de México ya raya en la falta de respeto, dijo.
“Ahora es el mismo subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla quien se pone al frente como policía, subiéndose a los autobuses, como en aquellos años de la Secretaría de Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios o la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando sus visitadores eran expolicías, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“Vemos una reedición de la década de los setenta en la manera de tratar al movimiento social, a los actores que aparecieron con demandas claras, de hacer visible lo que se ha querido ocultar en México”.
En el caso de las madres buscadoras,
enfatizó, lo único que quieren saber es dónde están sus hijos, que se investigue y que se hagan las búsquedas.
Los padres y madres de los 43, agregó, van a cumplir doce años de lucha y lo único que quieren es saber el paradero de sus hijos, que atiendan sus demandas como que haya expertos internacionales que ayuden a hacer las investigaciones, que el Ejército entregue los 873 folios y que se investigue el paradero de los 17 jóvenes que estuvieron en Barandillas.
“Ahora están investigando a las madres dando a entender que son movimientos conspirativos contra la 4T.
“Las autoridades en lugar de velar por los derechos de los ciudadanos, se asumen de manera facciosa como representantes de un partido político en este caso de Morena y a la población que critica la consideran derechista. Eso nos está llevando al desfiladero de la confrontación, un discurso estéril y una descalificación contra quienes están cuesta arriba luchando por la verdad y por justicia”.
Más crispación
En este contexto, Abel Barrera vislumbra que va a aumentar el nivel de confrontación ante la falta de diálogo y que va a incrementar la criminalización de la lucha social con detenciones de luchadores sociales, estudiantes y maestros a quienes acusan de “rijosos” y de estar “fuera de la ley”.
Antes, agregó, Gustavo Diaz Ordaz decía que las protestas eran un movimiento que venía del comunismo y que se estaba ante una amenaza internacional, ahora esa amenaza es de la ultraderecha internacional, un nacionalismo al estilo de Morena.
“Es decir los que defienden a la patria somos de Morena y los críticos son de la ultraderecha. En ese sentido veo más crispación social y efervescencia política obviamente con mayores hechos de violencia por la coyuntura electoral”.
La defensa del vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal junto con su hermano Fernando, desmintió los dichos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum quien afirmó que ya tienen acceso a toda la carpeta de investigación.
Esta mañana en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum afirmó que, contrario a lo que Farías Laguna ha afirmado en seis cartas que le ha enviado, ya se le dio acceso a toda la carpeta de investigación y que su defensa puede acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para revisarla.
Defensa de los Farías Laguna desmiente a Sheinbaum: no tienen acceso a toda la carpeta de investigación
“Hay información que está reservada por la propia investigación, pero los abogados de las personas que están señaladas que tienen orden de aprehensión pueden acceder a las carpetas a través de sus abogados”, aseveró la mandataria.
Sin embargo, más tarde, Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, dijo que esto es falso pues todavía el pasado 4 de junio la juez Mariana Vieyra Valdés ordenó a la FGR acreditar que entregó a la defensa todas las constancias de la carpeta de investigación, para lo que tenía un plazo de cinco días hábiles, lo
que, dijo el abogado, no ha ocurrido.
“La sola existencia de esta orden judicial demuestra que, para esta fecha, la Fiscalía no ha acreditado ante la autoridad jurisdiccional que la defensa contara con la totalidad de la carpeta.
“Más aún, este incumplimiento no es reciente. La obligación de entregar íntegramente la carpeta fue ordenada por la jueza desde marzo de este año y, pese al tiempo transcurrido, la Fiscalía sigue siendo requerida para demostrar que había cumplido con dicha instrucción”, señaló el abogado.
Por ello consideró que las constancias judiciales contradicen directa-
mente lo afirmado por la presidenta.
“Si la defensa hubiera tenido acceso completo a la carpeta de investigación, no existirían órdenes judiciales vigentes requiriendo a la Fiscalía acreditar precisamente esa entrega”, apuntó.
con otra narrativa”, dijo.
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Guterres envía a la Asamblea General de la ONU crisis de desapariciones en México
De
la
Redacción Ciudad de México (Tribuna)
El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, transmitió a la Asamblea General una carta enviada por la Presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se expone la situación de México, lo que representa un paso previo para que el máximo organismo internacional analice la problemática.
Esta solicitud se realizó de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual se invoca por primera vez y está diseñado para activarse cuando el Comité recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte.
Tras recibir información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas entre febrero y mayo de 2025, el Comité solicitó respuestas al Estado mexicano.
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que su gobierno se reserva “el derecho” de emprender acciones militares en México contra cárteles del narcotráfico si considera que es necesario para proteger a la población estadounidense, aunque insistió en que la opción preferida de Washington es actuar en coordinación con las autoridades mexicanas.
Las declaraciones forman parte de una entrevista concedida a la periodista Ilia Calderón para N+ Univisión, cuya transmisión completa está prevista para el próximo 21 de junio.
En un adelanto difundido por la cadena, Calderón preguntó a Vance sobre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano constituye una “línea roja”, y lo cuestionó: “¿Estados Unidos respetará esa línea roja?”.
El vicepresidente evitó responder directamente y sostuvo que la prioridad de su gobierno es “proteger al pueblo estadounidense”.
“Lo que queremos hacer es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que puedan encargarse de los cárteles por sí mismas. Por supuesto tendremos que tomar medidas defensivas para proteger al pueblo estadounidense”, dijo.
“Queremos trabajar con el gobier-
Tras recibir información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas entre febrero y mayo de 2025, el Comité solicitó respuestas al Estado mexicano
Luego de analizar la información aportada por México hasta marzo de 2026, el Comité decidió, con carácter de urgencia, llevar la situación a la consideración de la Asamblea General. El propósito central de este escrito es que la Asamblea evalúe la adopción de medidas para ayudar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones
forzadas en el país.
Organizaciones de la sociedad civil hablan
La organización IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) reconoció el envío formal de la comunicación y adelantó que se prevé que la Asamblea General discuta este asunto en septiembre de este año,
durante su periodo de sesiones. Por su parte, Amnistía Internacional celebró que el Secretario General transmitiera la decisión del Comité y destacó que este acto representa un reconocimiento claro a la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias mexicanas, así como al incansable trabajo de los colectivos de búsqueda.
Amnistía Internacional subrayó que la atención de la Asamblea General constituye una “oportunidad histórica” para que el Estado mexicano aborde los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, sanción y reparación.
La organización llamó al gobierno a no ver este proceso como una confrontación, sino como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales y demostrar voluntad política mediante acciones concretas para resolver una de las crisis de derechos humanos más profundas de México. Información Aristegui Noticias.
Estados Unidos se reserva el derecho de actuar militarmente contra cárteles en México, advierte Vance
no mexicano, pero realmente necesitamos eliminar a estos cárteles. Son organizaciones muy, muy malas”, añadió.
Acusó al gobierno de Joe Biden de haber dejado “vía libre” a los cárteles porque “tenían mucho dinero”. “Es como una enorme organización terrorista que recibía tanto dinero de Estados Unidos por el tráfico de drogas, el tráfico sexual. Esos cárteles se volvieron muy poderosos”, apuntó.
Insistió en el deseo de Estados Unidos de “ayudar al gobierno mexicano y al pueblo de México a reducir el poder de los cárteles”.
“Es un país increíble. La belleza natural, el ingenio de la gente. Hay grandes beneficios económicos ahí”, dijo sobre México. No obstante, agregó que “los cárteles son como un cáncer para México. Queremos ayudarlos a lidiar con eso”.
Al reiterar la periodista su pregunta y pedirle que diera una respuesta de “sí” o “no”, el vicepresidente estadounidense dijo que Washington no descarta actuar unilateralmente en determinadas circunstancias. “Bueno, tomaríamos acciones militares si sentimos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo, a menos que trabajemos con el gobierno de México, pero tenemos que reservarnos ese derecho”, afirmó.
“Si hay un cártel que tiene un envío masivo de armas y fentanilo a punto de entrar en los Estados Unidos y la única forma de detenerlo es ir tras ese cártel, por supuesto que iremos tras él. Nos encantaría trabajar con el gobierno mexicano, pero tenemos que defender a nuestro propio pueblo”, afirmó.
El miércoles, durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre del G7 en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México y es triste”.
El mandatario republicano añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum es “una muy buena mujer”, aunque sostuvo que es “una mujer muy asustada”.
El pasado fin de semana, la direc-
la
Sara
aseguró que Washington mantiene acciones dirigidas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y advirtió que el gobierno de Trump perseguirá a quienes no cooperen con su estrategia de seguridad. La funcionaria sostuvo que las autoridades estadounidenses buscan desmantelar las redes de protección política de los cárteles mediante investigaciones, extradiciones, órdenes de arresto y cooperación con autoridades mexicanas, al tiempo que defendió una estrategia basada en inteligencia, presión financiera y colaboración bilateral para debilitar a las organizaciones criminales.
tora de
Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP),
Carter,
México y EU concluyen sin avances diálogos comerciales previo a la revisión del T-MEC
AP CIUDAD DE MÉXICO (AP)
México y Estados Unidos concluyeron el jueves sin mayores avances la segunda ronda de diálogos formales previo a la revisión del tratado comercial que mantienen con Canadá (el T-MEC) y que se iniciará en julio en medio de las presiones por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sus socios.
La finalización de las conversaciones bilaterales fue anunciada por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien indicó en un video que se difundió en su cuenta de X que durante el encuentro, que se desarrolló en Washington, los negociadores mexicanos presentaron a sus contrapartes estadounidenses sus “puntos de vista” y “propuestas”, pero no ofreció detalles.
Hace tres semanas los delegados de México y Estados Unidos sostuvieron una primera ronda de diálogos formales
en la capital mexicana en la que se definieron los pasos para profundizar las negociaciones y lograr resultados concretos. Para el 20 de julio está prevista una tercera ronda de conversaciones.
Ebrard indicó que en esta oportunidad las partes abordaron asuntos relativos a las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.
Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles que
Washington implementó el año pasado, los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como los camiones medianos y pesados, enfrentan un impuesto de importación de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.
Al ser preguntada esta semana sobre las prioridades de México en estas negociaciones, la presidenta Claudia
Sheinbaum dijo que su administración está trabajando para que “por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante” y continúe el T-MEC.
Pero Trump puso en duda la víspera la continuidad del tratado trilateral y dijo durante una visita a Paris que “tal vez no logremos un acuerdo. Yo preferiría no tener el T-MEC”.
El secretario mexicano de Economía explicó que a partir del primero de julio se iniciará la revisión formal de T-MEC con una reunión virtual en la que participarán representantes de los tres países. Añadió que entre las opciones que se evalúan está la extensión automática por 16 años del tratado o la posibilidad de mantenerlo por 10 años con revisiones periódicas.
Canadá y México ya se han manifestado a favor de prorrogar por 16 años el T-MEC, que es la versión más reciente de un acuerdo de libre comercio de América del Norte que ha entrelazado las economías de los tres países desde principios de la década de 1990.
Familias de desaparecidos irrumpen fiesta mundialista de Guadalajara
Elizabeth Rivera Avelar GUADALAJARA, Jal. (apro)
En medio del ambiente festivo que antecede al partido entre México y Corea del Sur, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas marcharon este jueves por el centro de Guadalajara para exigir visibilidad, denunciar la criminalización de las familias buscadoras y pedir empatía a los miles de aficionados nacionales y extranjeros que se congregaron en la Plaza Guadalajara.
La movilización partió del Exconvento del Carmen, en el cruce de avenida Juárez y Pavo, avanzó por avenida Juárez y continuó por la calle Colón hasta llegar a la Plaza Guadalajara, frente a la Catedral Metropolitana. Ahí, las familias se encontraron con miles de personas vestidas con la camiseta de la selección mexicana que participaban en las actividades previas al encuentro mundialista.
La marcha también incorporó elementos alusivos al torneo. Algunos participantes portaron camisetas de la selección mexicana, banderas nacionales y una estructura que simulaba la Copa del Mundo. Además, exhibieron fotografías de personas desaparecidas colocadas sobre jerseys del representativo nacional. También incluyó una botarga con la figura de un Ajolote en color rosa. Durante el recorrido, los manifestantes apelaron a la empatía de los aficionados al futbol. Mientras algunas personas escucharon las consignas y leyeron los mensajes plasmados en pancartas y lonas, otras continuaron con los festejos previos al partido. En la movilización participaron in-
tegrantes de al menos diez colectivos de búsqueda provenientes de Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, quienes aprovecharon la presencia de aficionados nacionales y extranjeros para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y recordar que más de 133 mil personas permanecen desaparecidas en México.
Denuncian criminalización y falta de apoyo
Martha Leticia García Cruz, representante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra Oficial, quien marchó junto con integrantes de Luz de Esperanza y familias solidarias, relató las dificultades que enfrentan para trasladarse a distintas entidades y participar en actividades de protesta y búsqueda. Explicó que, debido a la falta de recursos, en ocasiones han tenido que dormir en el suelo, soportar bajas temperaturas y utilizar transporte público para desplazarse, dependiendo de la solidaridad de ciudadanos que les brindan alimentos y agua.
La activista criticó los señalamientos que acusan a los colectivos de recibir financiamiento partidista o de intentar afectar el desarrollo del Mundial, y cuestionó las prioridades presupuestarias del Estado frente a la magnitud de la crisis de desapariciones.
Su hijo, César Ulises Quintero García, desapareció y desde entonces forma parte de las miles de personas que continúan sin ser localizadas en el país.
“Nos gustaría que investigaran de dónde salen tantos recursos para hacer un Mundial tan bonito, donde han invertido tanto, mientras no hay recursos para atender el tema de las personas
desaparecidas”.
La activista, también conocida como Marlety, señaló que la coincidencia de la marcha con el Mundial no frenará las acciones de las familias buscadoras. Consideró que la justa deportiva representa una oportunidad para visibilizar la crisis de desapariciones en México y cuestionó el contraste entre los recursos destinados al torneo y la falta de apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas.
También lamentó que su hijo, César Ulises Quintero García, aficionado al futbol, no pudiera vivir esta celebración, como alguna vez imaginaron juntos. Recordó que ambos habían planeado disfrutar el próximo Mundial que se realizara en México, pero nunca pensó que, cuando llegara ese momento, estaría buscándolo tras su desaparición forzada.
Aclaró que las familias no buscan afectar el Mundial, sino aprovechar la atención internacional para que sus demandas sean escuchadas.
Colectivos foráneos se sumaron a la protesta en Jalisco
Por su parte, Jacqueline Palmeros, representante del colectivo Una Luz en el Camino y del contingente contra las desapariciones LGBTQ+ de la Ciudad de México, explicó que las familias provenientes de distintas entidades realizaron rifas y sorteos solidarios para reunir los recursos necesarios para viajar a Jalisco.
Palmeros busca a su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en la Ciudad de México. Tras más de cuatro años de búsqueda independiente, logró recuperar únicamente el cráneo de su hija
en la zona del Ajusco, al sur de la capital del país.
La activista señaló que el contingente integrado por representantes de Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Guerrero y otras entidades no acudió para boicotear el evento deportivo, sino para ejercer su derecho a la libre expresión y visibilizar la problemática que enfrentan miles de familias mexicanas.
Asimismo, cuestionó la falta de un encuentro directo entre las familias buscadoras y la primera mujer presidenta del país.
“No tendríamos por qué dar explicaciones de cómo es que llegamos aquí. En segundo lugar, nuestro dinero es limpio. Fue ganado mediante rifas solidarias, boteos también y no tendríamos por qué espantarnos si nos investigan. No somos criminales, no somos botín político, somos madres que desde el dolor y desde el amor estamos uniéndonos a nuestras compañeras de Jalisco”.
“Que el Mundial no te nuble la empatía”
A lo largo de la marcha, las familias entonaron consignas como “México campeón en desaparición” y exhibieron mensajes dirigidos a los ciudadanos, a los visitantes nacionales y extranjeros y a los aficionados.
Todas las entidades registran casos de violencia sexual contra mujeres. El país acumula 208 feminicidios
Lizbeth Ortiz Acevedo Ciudad de México. (Cimacnoticias)
México se encuentra en un festejo futbolero y las miradas están colocadas en la justa deportiva, no obstante el país mantiene registros sostenidos de violencia contra las mujeres, así lo confirman las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual informa que hasta el mes de abril de este 2026, la violencia sexual acontece en todas las entidades del país, sin excepción alguna, con 6 mil 513 casos.
El estado de México es la entidad donde más casos de violencia sexual contra mujeres hay con 896 registros; seguido de Ciudad de México con 745 y luego Nuevo León con 449. Cabe señalar que la Secretaría de las Mujeres, surgida en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo 60 días sin titular hasta el pasado lunes 15 de junio y aunque ya fue designada Laura Itzel Castillo Juárez, actualmente presidenta de la Cámara de Senadores, como su titular, lo cierto es que llegará a su función hasta el mes de septiembre y atender estas cifras más
Lizbeth Ortiz Acevedo
Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Luego que el pasado 2 de abril se diera a conocer que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitara al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de esta situación, Amnistía Internacional celebró el avance en este caso.
Al momento, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), indica que en México hay 135 mil 072 personas desaparecidas de las cuales 29 mil 277 son mujeres.
En un comunicado la organización confirmó que el Secretario General de las Naciones Unidas ha transmitido la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la situación de las desapariciones en México en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
«Esta decisión constituye un reconocimiento de la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias en el país, así como de años de trabajo, documentación y exigencia de verdad y justicia impulsados por personas buscadoras, colec-
el acumulado del próximo trimestre. Castillo Juárez, deberá asumir el objetivo de la Secretaría que consiste en «coordinar las acciones y políticas públicas que se implementan a nivel nacional para promover las condiciones para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en México».
Además, la violencia feminicida también sigue sostenida, al mes de abril de este año el país acumula 208 casos. Sinaloa sigue sostenida en el primer lugar con 27 registros, seguida de Chiapas con 16; estado de México, con 16; Ciudad de México con 15 casos y Chihuahua con 11. Aguascalientes se mantiene sin registros hasta el momento.
En cuanto a los municipio más violentos en la República mexicana el primer lugar lo tiene Culiacán en Sinaloa; seguido de Reynosa en Tamaulipas; luego la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México; Benito Juárez en Quintana Roo; Centro de Tabasco; y luego dos en Chihuahua, que sería su homónimo Chihuahua y Cuauhtémoc; después Cuautla en Morelos.
Ahora, en cuanto al registro de homicidio doloso contra mujeres Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional con 72 casos, y a nivel nacional hay un registro de 532 casos.
A esa entidad le sigue Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de Mé-
xico con 30 y así consecutivamente. Yucatán es la única entidad que no tiene registros de este delito contra mujeres. La situación de lesiones dolosas contras mujeres tiene registros altos. Según datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 26 mil 586 casos y es el estado de México donde se concentra la mayoría de las denuncias con 8 mil 752 casos y Guanajuato con 2 mil 915 casos. No hay entidad que se exima de registros.
En cuanto al delito de trata de personas Quinta Roo es el estado con mayor registro de casos con 97 de los 196 que hay a nivel nacional.
En delitos por violencia familiar las cifras también son altas. A nivel nacional hay registro de 87 mil 827 casos. Ciudad de México es la que mayores registros tiene con 9 mil 431 casos, estado de México con 8 mil 645 casos; seguido de Nuevo León con 7 mil 631 casos; Guanajuato con 5 mil 600 y Baja California con 5 mil 218. Ninguna entidad se exime de registros.
En cuanto a las llamadas que las mujeres realizan en casos de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en el país hay 86 mil casos 976 casos. Ciudad de México encabeza la lista.
Crisis de desapariciones en México llega a la Asamblea General de la ONU
tivos de familiares y organizaciones de derechos humanos». AI
Recordemos que fue ese mismo 2 de abril, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hizo pública la información de desapariciones en México.
En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que:
«En México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país».
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72
mil restos humanos no identificados.
Todo esto el CED le pediría a México que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Hay que señalar que toda la información presentada ante el CED de la ONU fue presentada por la sociedad civil y además información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.
«La atención de la Asamblea General representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano asuma con la seriedad y urgencia que demanda esta crisis los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación».
No perdamos de vista que tras estas declaraciones el Gobierno de México inmediatamente emitió un comunicando rechazando este informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada
(CED) indicando que «la decisión del Comité es parcial y sesgada», porque omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados.
Ante el avance de exponer la situación de crisis de desaparición en México ante la Asamblea General de la ONU y la respuesta del Estado mexicano, Amnistía Internacional señaló que:
«Lejos de entenderse como una confrontación, este proceso debe ser visto como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones estructurales».
Además, concluyeron que con esta situación el país tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos, pero en especial atender las demandas de las familias que buscan a sus familiares.
Viernes 19 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL MUNDIAL DE LA FELICIDAD
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
En el preludio del Mundial de Futbol México tuvo dos rostros: los ricos y pobres; los privilegiados y quienes luchan por sus derechos en las calles; quienes esperaban el Mundial y quienes siguen esperando a sus seres queridos. Las vallas metálicas y los anillos de policías de la Ciudad de México mostraron la prepotencia, el autoritarismo y el racismo de un gobierno al que sólo le interesa la buena imagen del país.
El primero de junio el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivó su huelga nacional, irrumpiendo en las calles céntricas de la Ciudad de México con una marcha enorme. Las maestras y maestros formaban un río de gente que lucha. Sus consignas “si no hay solución, no rodará el balón” hacían eco y llegaban al Palacio Nacional. Cuando arribaron a la calle 20 de Noviembre los muros de acero impedían su paso. La avanzada de los maestros de Guerrero empezó a tratar de entrar, golpeando con palos y marros. Estaban a punto de lograrlo cuando los policías empezaron a disparar gases lagrimógenos y balas de plástico para dispersar a los manifestantes.
Los policías accionaron sus armas directo a los maestros Octavio Romero y Proceso González, para derribarlos y causar terror entre los manifestantes. Proceso quedó tendido en el asfalto por el fuerte impacto de la bala. Sus compañeros lo auxiliaron como pudieron. Blanca, sobrina de Proceso, lo llevó a un hospital privado, pero no tenían equipo para atenderlo. Fue en el hospital del ISSSTE Primero de Octubre donde lo atendieron con engorrosos trámites burocráticos. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la represión policiaca con el argumento de que no tenían razón de ser las protestas del magisterio porque había mesas de diálogo que estaban atendiendo sus demandas.
El 8 de junio las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos fueron detenidos por un cerco policiaco en la caseta de Tlalpan. Las autoridades estaban empeñadas en revisar los autobuses porque supuestamente traían explosivos. Fue indignante que Rosa Icela, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera quien revisara las cajuelas de los autobuses, principalmente de las madres. Lo peor fue el papel de policía que desempeñó Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). De manera directa enfretaban a las madres y padres para no dejarlos pasar ni permitir que realizaran sus protestas.
Con impotencia don Mario González relata el sufrimiento de las “madres que salieron desde las 6 de la mañana de la Normal de Ayotzinapa y que a las 4 de la tarde aún permanecían encap-
suladas, sin comer, con enfermedades crónicas y con los problemas del azúcar y la presión altas. Doña Hilda llegó con la presión de más de 200, pero para los funcionarios del gobierno federal (que supuestamente están muy al cuidado de la salud de las madres) les valió un bledo. Este gobierno lo que hace es victimizarse y a nosotros nos pone como los malos. Las víctimas no son ellas ni ellos, somos nosotros. Las víctimas a las que les tiene que dar justicia somos nosotros.
A las madres buscadoras que ahora también están criminalizando y ofendiendo, como lo hizo la secretaria de Gobernación, al afirmar sin pruebas que les dieron dinero para que vinieran a la marcha. La presidenta tiene que saber que hay más desaparecidos, de los que tienen registrados oficialmente”.
Al final las dejaron pasar y los estudiantes regresaron a la Normal de Ayotzinapa. A mediodía las madres y padres, acompañados de la CNTE, realizaron un mitin en el antimonumento por los 43 para denunciar el cerco policiaco y la falta de avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. En los cinco días que duró la jornada de lucha, el subsecretario de Gobierno coordinó el operativo policiaco para impedir el paso a las madres y padres de los 43 y bajo ninguna circunstancia permitió que los estudiantes de Ayotzinapa entraran a la ciudad.
El 11 de junio en la inauguración del Mundial las madres y padres se trasladaron a la caseta de Tlalpan para tratar de romper el cerco con los estudiantes normalistas. Unos mil policías antimotines estaban formados con escudos y toletes. A pesar de este blindaje las familias y los normalistas avanzaron 300 metros, la orden que recibieron los policías fue contenerlos. En la caseta de cobro realizaron un mitin, mientras se confrontaban con Arturo Medina para que los dejaran pasar. El funcionario instruyó a los mandos policiacos que revisaran los autobuses. Doña María de Jesús, madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, les respondió que no lo permitirían porque “no somos delincuentes y este gobierno no nos puede condicionar. Queremos verdad y justicia”.
Don Mario González increpó a las autoridades y principalmente a Arturo Medina para que los dejara pasar. “Si no estas a la altura para resolver los problemas dile que venga al que
está en el teléfono para que nos deje pasar. Nuestras movilizaciones son pacíficas, sólo queremos pegar la carita de nuestros hijos en la calzada de Tlalpan”.
En el último día de la jornada tampoco dejaron pasar a los normalistas. Los maestros y maestras, así como las buscadoras pudieron entrar a la Ciudad de México, pero en la calzada de Tlalpan se toparon con centenares de policías que se encargaron de encapsularlas. “Les queremos por eso les buscamos”, gritaban. Las lonas y los carteles de sus familiares desaparecidos fueron su bandera de lucha y sus escudos para librar esta batalla contra un gobierno que se obstina en ocultar y negar una realidad que desangra a nuestro país.
Para las madres y padres quedó evidenciada la postura de la presidenta de la República, de privilegiar la fiesta del Mundial y silenciar las protestas y las exigencias de justicia de las madres buscadoras, utilizando los cuerpos policiacos para encapsularlas y reprimirlas. El diálogo que a diario pregona en las mañaneras se transformó en un muro infranqueable y se materializó con gases lacrimógenos y balas de plástico. La Secretaría de Gobernación arremetió contra las madres buscadoras al recurrir al improperio y el subsecretario de Derechos Humanos focalizó sus baterías contra los normalistas de Ayotzinapa al señalar a dos estudiantes del Comité de Lucha como los que coordinan la logística y la elaboración de explosivos. Nuevamente la fuente siguen siendo los aparatos de inteligencia del Estado controlados por el Ejército. La visión conspirativa y contrainsurgente se sigue reeditando en las altas esferas de la 4T.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó a la CNTE al asegurar que busca regresar a esquemas del pasado donde las cúpulas sindicales y los gobiernos estatales decidían la asignación y movilidad de las plazas magisteriales. Remarcó que estas prácticas se prestaban a la corrupción, por eso su gobierno consultará directamente a las bases magisteriales. La relación con la presidenta se truncó al desconocer como interlocutora legitima a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).
La situación se tensó más con el anuncio que hizo la CNTE este domingo de continuar con sus movilizaciones. “Continuaremos con la huelga nacional”, anunció Yenny Aracely
Pérez integrante de la sección 22 de Oaxaca.
“La presidenta dice que está todo tranquilo y que México está de fiesta, que está alegre, pero sólo eso pasa en su entorno. Aquí afuera está la realidad, aquí están más de 130 mil desaparecidos. Aquí están las madres buscadoras que protestan para visibilizar su lucha, para que las tomen en cuenta. A ellas no les interesa boicotear un partido, lo que demandan es justicia y verdad”.
“Nosotros como víctimas tratamos de alzar la voz, pero al gobierno, a la FIFA y las televisoras solo les interesa el negocio del Mundial, que la gente vea los partidos y que consuma todo lo que le anuncian. Ese es el interés de los ricos, pero no se vale que nos tachen de generadores de violencia, que se empeñen en decir que venimos a hacer desmanes, porque sus seguidores lo creen, y empiezan a desprestigiar al verdadero movimiento que no tiene nada que ver con el partido.
El México verdadero es el que lucha para que no haya más desaparecidos. Es el México adolorido que no descansa para dar con el paradero de 130 mil desaparecidos en el país. Lo más triste es que este 12 de junio es mi cumpleaños y recuerdo que la última vez mi hijo me dijo que iba a llegar. Siempre me regalaba algo, me iba a hacer maldades con el pie para que me levantara y empezar a comprar el pastel y la carne para comer. Todos esos recuerdos vienen y ya no aguanto. No les interesa nuestro dolor ¿porqué prefieren a los extranjeros y a nosotros nos dicen que no salgamos para no dar mala imagen? ¿Quién odia a México? ¿Quién odia a los mexicanos?”
Las madres buscadoras mostraron el rostro verdadero de un país marcado por la violencia y la impunidad. Su dolor se convirtió en rabia ante la postura del gobierno federal de priorizar el Mundial en lugar de darle cauce a su reclamo. Los fanáticos de la FIFA desataron las críticas cuando un grupo de aficionados le quitó la lona con rostros de desaparecidos a una madre buscadora para resguardarse de la lluvia.
La presidenta habla de la alegría del Mundial, pero deliberadamente ignora el dolor de miles de familias que llevan años pidiendo encontrar a sus seres queridos.
Lo que más entristeció y causó enojo a las madres y padres que buscan a sus hijas e hijos es que la presidenta Claudia Sheinbaum haya comentado en la mañanera del 12 de junio que “hubo quien quiso mostrar otra imagen de México. Pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo, y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México, muy hermoso la verdad ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la selección. Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México”.El Mundial de la felicidad
MAYOR VIGILANCIA DIGITAL, MENOR RENDICIÓN DE CUENTAS
Julieta del Río
La discusión sobre los datos personales en México ha dejado de ser un tema exclusivo de especialistas. Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas que utilizan aplicaciones bancarias, realizan transferencias desde su teléfono móvil o reciben solicitudes de sus compañías telefónicas para actualizar información personal.
Lo que para algunos son simples requisitos tecnológicos, para otros representa una transformación profunda en la relación entre ciudadanos, empresas y Estado. Y es precisamente ahí donde vale la pena detenerse.
Desde marzo de 2021, las instituciones financieras están obligadas a obtener la geolocalización del dispositivo desde el cual se realizan operaciones de banca móvil. La medida tiene fundamento legal y responde a objetivos relacionados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Incluso fue revisada y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, suele perderse un dato importante: esta geolocalización no implica monitoreo permanente ni aplica a las compras realizadas con tarjetas bancarias. Se activa únicamente cuando se utilizan servicios de banca electrónica.
El escenario cambió con la entrada en vigor del nuevo régimen de vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles. La legislación en materia de telecomunicaciones establece que cada línea deberá asociarse a la identidad de su titular mediante la CURP.
La justificación oficial es combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual. La preocupación surge cuando ambas medidas se observan en
conjunto. Por un lado, existen dispositivos cuya ubicación puede ser requerida para realizar operaciones bancarias. Por otro, líneas telefónicas vinculadas obligatoriamente a la identidad de sus usuarios. El resultado es una capacidad de trazabilidad mucho más robusta que la que cualquiera de estos mecanismos generaría por separado.
La pregunta deja entonces de ser exclusivamente jurídica para convertirse también en una cuestión política y social. ¿Cuáles son los límites razonables para la recopilación de datos personales? ¿Qué garantías existen para evitar abusos? ¿Quién supervisa el uso de esa información? Desde el origen del nuevo registro telefónico, el proceso estuvo marcado por la premura. Las empresas tuvieron que adecuar sistemas y desarrollar mecanismos de validación en plazos reducidos. A ello se sumó la falta de información clara para los usuarios. Muchas personas desconocen qué datos se les solicitan, quién los resguardará, cuánto tiempo permanecerán almacenados o cuáles son sus derechos frente a un eventual uso indebido.
La consecuencia ha sido la confusión. Una parte importante de la ciudadanía ha mezclado dos temas distintos: la geolocalización bancaria y el registro obligatorio de líneas telefónicas. Aunque tienen fundamentos jurídicos diferentes, en la percepción pública terminan formando parte de un mismo sistema de vigilancia digital. Mientras se enfatizaron los beneficios en materia de seguridad, quedaron en segundo plano las preguntas sobre privacidad, controles institucionales y salvaguardas frente a posibles abusos. Tampoco se ha explicado con suficiente claridad cómo interactúan estas nuevas obligaciones
con las leyes de protección de datos personales ya existentes.
Por eso el problema es, sobre todo, un problema de confianza.
Las políticas públicas que involucran información personal necesitan legitimidad social. Y la legitimidad se construye con transparencia, certeza jurídica y garantías claras para los ciudadanos.
Existe además una diferencia relevante. La geolocalización bancaria ya fue revisada y avalada por la Suprema Corte. El nuevo esquema de registro de líneas telefónicas todavía no ha enfrentado ese examen constitucional y carga con antecedentes de modelos similares que fueron cuestionados e incluso invalidados.
El combate al crimen, al lavado de dinero y al fraude es una obligación legítima del Estado. También lo es proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos. El problema no aparece cuando se busca seguridad; aparece cuando la seguridad se convierte en argumento suficiente para recopilar más información sin una discusión pública amplia y sin generar confianza.
La confianza no se decreta por ley. Se construye. La verdadera discusión no es si debemos compartir nuestra ubicación para realizar una transferencia o vincular nuestra línea telefónica a nuestra identidad. La discusión es si estamos construyendo instituciones capaces de resguardar esa información con transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas.
Porque al final el riesgo no está en la tecnología. El riesgo está en quién la controla, cómo la utiliza y qué tan preparados estamos para evitar que una herramienta de seguridad termine convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia.
FILIPICAS
Paco Ramírez
• Chiapas, foco rojo: el costo político de la indisciplina institucional
En menos de 24 horas, dos funcionarias con vínculo directo a Chiapas pusieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la misma posición incómoda: la de salir a deslindarse públicamente de subordinadas que, en lugar de fortalecer al gobierno, lo exponen.
La primera es María Elena Orantes, cónsul general de México en Houston, señalada por usar su cargo diplomático para promover en Europa al colectivo 50+1, organización de la cual es presidenta. La denuncia, presentada en la mañanera por la activista Nancy Rodríguez, expone publicaciones donde la propia cónsul describió su nombramiento como el inicio de una “nueva etapa de expansión internacional” de su agrupación. Sheinbaum fue clara: los consulados no son para promoción personal, partidista ni de organizaciones civiles, y adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores revisará el caso para determinar si procede un llamado de atención.
La segunda es Manuela Obrador Narváez, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas y prima del expresidente López Obrador, quien llamó a Donald Trump “tirano misógino” y “tipo asqueroso” durante una asamblea de Morena en Palenque. Aquí
la presidenta fue todavía más contundente: anunció que la funcionaria será sancionada y ordenó a la Secretaría de Bienestar determinar si incurrió en una falta administrativa por mezclar su cargo federal con su militancia partidista.
Dos casos, un mismo patrón: funcionarias federales con asiento o vínculo en Chiapas que confunden el cargo público con plataforma personal o partidista, y que terminan colocando a la presidenta en el papel de bombero institucional. No es casualidad que ambos episodios estallen casi de manera simultánea. Es síntoma de algo más profundo: una cadena de mando que, en ciertos tramos del aparato federal, opera con márgenes de autonomía que ya rozan la indisciplina.
El problema no es menor. Cuando una cónsul utiliza la investidura diplomática para capitalizar políticamente un nombramiento, y cuando una delegada de programas sociales cree que puede hablar como militante sin consecuencias para su función pública, lo que se debilita no es solo la imagen de esas dos mujeres: es la autoridad presidencial misma.
Cada vez que Sheinbaum tiene que salir a “tomar nota” o a prometer revisiones administrativas, el mensaje que se filtra hacia la estructu-
ra federal es que hay espacio para la indisciplina, y que las consecuencias llegan tarde o llegan tibias.
La política exterior no admite ese margen. Un comentario como el de Obrador, en pleno contexto de relación bilateral con Estados Unidos, no es un exabrupto sin costo: es ruido diplomático que la cancillería tiene que absorber. Y el uso de un consulado como plataforma de expansión para una organización civil no es un detalle administrativo: es, lisa y llanamente, un conflicto de interés que mina la confianza en el servicio exterior mexicano.
Lo que viene ahora es decisivo. Si la revisión de la SRE y la supuesta sanción a Obrador terminan en llamados de atención sin consecuencias reales, el precedente quedará sellado: que se puede usar el cargo público para fines personales o partidistas con un costo mínimo. Sheinbaum tiene, en este momento, la oportunidad de marcar una línea clara entre el servicio público y la ambición personal. Si no la traza con firmeza, no será la última vez que una funcionaria desde Chiapas —o desde cualquier rincón del país o del extranjero— ponga en entredicho la autoridad presidencial. Y cada episodio que quede impune erosiona, un poco más, la capacidad real de mando del Ejecutivo federal.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Tiene razón Trump a México lo gobierna el narco y Claudia tiene miedo
• Inicia el descarado “chapulineo” político para seguir viviendo sin trabajar
El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió en Francia con el G7, que son los siete países más importantes del mundo.
Ahí Trump exhibió a México ante el mundo, bueno más que a México al gobierno de la morenista de Claudia Sheinbaum, pero más que exhibirla, la disminuyó a la mínima expresión.
Trump desde que llegó en este segundo periodo de gobierno ha insistido por razones personales o de ideología o por un convencimiento propio a través de la observación de la realidad de que México es un país gobernado por narcotráfico.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, Trump la evidencia de ser una mujer asustada, lo ha reiterado una y otra vez.
En su segundo periodo su política exterior ha sido de las más duras del gobierno norteamericano, insiste mucho en el punto que México es un país gobernado por narcoterroristas, pero va más allá, que la presidenta tiene miedo de combatir a los grupos del narcotráfico.
Lo ha dicho fuerte y clarito, en la relación bilateral México y Estados, Trump sigue insistiendo que México es gobernado por los narcotraficantes.
Tuvo Donald Trump que pregonar en un foro mundial donde las miradas de todos los gobernantes del mundo observando lo que en México está ocurriendo con su gobierno y la relación que tienen con grupos terroristas.
Al presidente Trump le pareció de suma importancia decir que México es un país gobernado por narcos y que la presidenta es una mujer asustada, pero, otra cosa es que lo diga en un foro mundial porque ahí lo gritó ante el mundo que “México es un país gobernado narcos”. No a México, pero si le quedaba una pizca de dignidad al gobierno mexicano, no de los mexicanos, no tenemos “vela en ese entierro”, es decir, nada que ver en el tema, porque nosotros no estamos coludidos ni tenemos relaciones con el narco ni protegemos relaciones con el narco, ni alentamos esas relaciones. Contrario a eso, el pueblo de México lo repudia porque nos a costado miles de muertes de inocentes y, somos tan certeros en esa observación que hace Donald Trump podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Trump por lo que dijo en Francia, no se equivoca.
La relación con gobiernos del pasado y el narco, no es nada nuevo, sucedió con Miguel de la
Madrid, con Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo con Fox, Calderón y con Peña Nieto.
Pero con López Obrador y su heredera Claudia, el narco se metió hasta la cocina, si logro penetrar a las entrañas del gobierno mexicano.
Solo con una pequeña gran diferencia, que el narco con socios como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón, solo eran socios que podían controlar.
Colaboraban y trabajaban con el crimen organizado, pero a final de cuentas el gobierno mantenía su autonomía, mantenía su actividad, lo de esta relación fue que el estado mantuvo el control de la seguridad para la población, el deber y obligación que tiene el estado para garantizar la seguridad, la propiedad, la vida, la libertad, y muchas otras cosas más.
Cuando llega el presidente Felipe calderón, cuando llega el presidente Enrique Peña Nieto el narco pasó de ser un socio hacer prácticamente un tutor del estado mexicano.
En ese periodo, el estado dictaba sus políticas de gobierno pidiendo opinión al narcotráfico, pero cuando llega a López Obrador y llega a Claudia el narcotráfico pasó de ser primero un socio, luego un tutor y ahora se ha convertido en el patrón del estado.
Ese es el problema y eso es lo que justamente no se quiere reconocer desde la estructura de gobierno que el narcotráfico pasó de ser un socio y luego un asesor del estado mexicano a convertirse en el patrón del estado mexicano.
Hoy los gobiernos de Morena y la 4T están supeditados a las instrucciones del narcotráfico.
Con Peña Nieto, con calderón ya no parecía un escándalo el narcotráfico opinaba, pero no operaba en el estado, opinaba sobre las acciones que hacía el estado, el estado se mantenía todavía en algo independiente, pero ya preocupaba en que cada vez más se estaban convirtiendo en narcoestado los gobiernos de Felipe calderón y de
Enrique Peña Nieto
Cuando llega Andrés Manuel López obrador con su política de abrazos y no balazos, es ahí, la entrega total de la soberanía del estado mexicano.
Es la entrega a los grupos del narcotráfico, porque a partir de ese momento los narcotraficantes comenzaron a mandar sobre los presidentes municipales, sobre los diputados locales, sobre los diputados federales, sobre los gobernadores, sobre los senadores y sobre el propio presidente de la república.
De tal suerte, esa transición de la cual hemos sido testigos millones de mexicanos, con mucho dolor, es también la misma radiografía que tiene Estados Unidos, por lo que el presidente Donald Trump no se equivoca al asegurar que México es gobernado por un grupo de narcotraficantes.
En México, el narcotráfico se metió hasta el estado a dirigir las acciones ejecutivas del del estado, que es el narcotráfico el que controla las políticas del gobierno, sean estas de desarrollo social, ejecución de obras públicas, sean de seguridad pública, políticas públicas, regidas y a veces hasta dictadas por los narcotraficantes.
No se puede entender de otra forma, y eso Estados Unidos lo sabe y es lo que el propio Trump lo ha estado diciendo de manera insistente, entonces el “chicote” de Claudia Sheinbaum no se equivoca, está en lo cierto que el gobierno de México está sometido por los grupos del narcotráfico, no hay vuelta de hoja Que lo sepa el mundo, esa fue la intensión de Trump, fuerte para que se enteren todos, dijo en un foro mundial del G7, por eso hoy México ante los ojos del mundo, hasta los que no conocen cómo es la estructura de México, saben que la nación está gobernada por el narcotráfico.
Renuncian para buscar otro caro para vivir sin trabajar Para seguir viviendo sin trabajar, para vivir como parásitos del presupuesto gubernamental, al menos
unas 328 personas se han separado de sus cargos para competir en la próxima elección de junio del 2027. Van desde diputados, senadores, funcionarios públicos federal, estatales y municipales para no vivir en el error “fuera de la ubre gubernamental.
Todos los que van por un cargo para seguir echando la gueva en la función pública los verán pronto con su cara de hipócritas y característico cinismo y le pedirán si apoyo y el voto con promesas que nunca cumplirán.
Piden el voto, piden apoyo de la gente para llegar a la presidencia, a una senaduría, diputación o cuando menos una regiduría para como “aviadores”, cobrar religiosamente la quincena.
Estos parásitos, muchos conocidos, además de no haber cumplido promesas de campaña antes de terminar su periodo en el cargo que tengan, lo abandonarán para saltar como chapulín a la próxima elección.
Hoy tenemos un grave problema en las elecciones del 2027, se van a ofertar tres mil 776 cargos públicos desde regidor, alcaldes, diputados locales, 500 diputados federales, 17 gubernaturas.
Los que aspiran a dichos cargos ya comenzaron a dejar los empleos que tienen para seguir en otro cargo.
De tal suerte, en la elección del 2027 van a ver algo así como casi once mil candidatos, once mil vividores que van a estar tocando la puerta y a la conciencia y la razón de muchos mexicanos para mendigar el voto.
Pero lo más lamentable de los candidatos, es que se estima que por lo menos el 1% de los once mil aspirantes para seguir calentado el huevo, son ciudadanos nuevos que van a explorar la vida política, el resto, unos 10 mil 800 son personas que ya están en un maleados porque ya echaron raíces en antiguos cargos, que finalmente son los que vienen traicionado a pueblo por anteponen sus intereses personales, así de fácil es vivir como parásitos.
Del Montón
Las afirmaciones de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es “peor” que el de su predecesor Andrés Manuel López Obrador provienen principalmente de sectores de oposición, analistas políticos y usuarios en redes sociales. Estas críticas se centran en varios argumentos y perspectivas principales. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
