Choque de narrativas: entre las mentiras y la veracidad
Óscar Aparicio se metió en un escándalo al establecer la colaboración en seguridad con Israel.
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Hoy la lucha del poder está en la dominación de una narrativa que legitime ese poder, aún y cuando esa narrativa esté cargada de desmesura y alejada de la realidad.
Su protagonismo le impide observar que Israel tiene la denuncia de ser un Estado genocida. Sobre todo, que Morena tiene un discurso en contra de la intervención de agencias extranjeras. En un momento en que fabrica el linchamiento de la gobernadora de Chihuahua
DECLARACIÓN
La presidenta y el secretario de Seguridad también destacaron una reducción en los decomisos de fentanilo en la frontera con EU y la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios
Eduardo Ramírez entrega escrituras y fortalece certeza jurídica para familias chiapanecas
ACCIONES
Eduardo Ramírez entrega bicicletas y mochilas a estudiantes de Tuxtla Gutiérrez
Choque de narrativas: entre las mentiras y la veracidad
Hoy la lucha del poder está en la dominación de una narrativa que legitime ese poder, aún y cuando esa narrativa esté cargada de desmesura y alejada de la realidad. Un ejemplo de esto es la narrativa que se quiere imponer desde el gobierno federal, con López Obrador y Claudia Sheinbaum, sobre la mejora de la seguridad en el país, en donde el discurso oficial señala que está funcionando la estrategia de seguridad de la 4T y que los delitos de alto impacto están disminuyendo, cuando en realidad la sociedad en su conjunto vive cotidianamente los efectos de la inseguridad y los daños y pérdidas que se producen por el incremento de la violencia y el control del territorio por la delincuencia organizada. Vamos bien y vamos a estar mejor expresó la presidenta Sheinbaum en su discurso de celebración de su primer año de gobierno, cuando los indicadores económicos del país muestran todo lo contrario, con un bajo crecimiento económico y una contratación de deuda que duplicó
la deuda histórica del país en sólo siete años de gobierno de la autodenominada cuarta transformación. El discurso de que estamos mejor se ha asimilado en el discurso en las calles, en donde grupos de población lo cree, sobre todo por el efecto de los apoyos sociales que se reparten por el Estado, que constituyen una ilusión y un aliento en la mayoría de los beneficiarios, aún y cuando en los hospitales no hay medicinas, se multiplican los problemas en el acceso de agua potable, y el transporte público incrementa los precios.
Con la narrativa se construyen mensajes de falsedad, que al repetirlas indiscriminadamente crean una falsa realidad, que se reproduce en el colectivo, y por lo mismo se reproduce la narrativa de falsedad, como una forma de evasión de la realidad. Por eso una de las formas de la lucha por el poder es la de ganar la narrativa que tenga mayor impacto social, que sea creíble aunque esté cargada de falsedades. Esto sucede en el discurso que reproduce el presidente norteamericano, en el discurso del
gobierno de la 4T, como en las campañas publicitarias de las grandes compañías que se interiorizan en la población con frases impactantes.
El segundo piso de la cuarta transformación fue un discurso de la presidenta Sheinbaum cuando nadie explicó, y siguen sin hacerlo, en qué consistía la transformación, qué era lo que había que transformar y en qué se iba a transformar el país. Pero la narrativa de la cuarta transformación y la del segundo piso de la transformación resultó exitosa, aunque no así los resultados, en donde la narrativa juega un papel legitimador de gobierno sin resultados o de resultados manipulados, que ocultan y distorsionan la realidad.
Ahora la presidenta retorna con la narrativa de la reducción de homicidios dolosos, cuando se oculta que en el país hay 40 desaparecidos diariamente y cuando los gobiernos estatales y el federal tienen que pactar con la delincuencia organizada para establecer acuerdos que disminuyan la violencia y cuando los cárteles controlan gran parte del territorio nacional y se convirtieron en los grandes electores.
Chiapas fortalece su conectividad aérea con nueva ruta de Mexicana
De la Redacción
Ciudad de México. (Tribuna)
En Casa Chiapas, el titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas), Segundo Guillén Gordillo, encabezó la presentación de la nueva ruta aérea de Mexicana que conectará a Tuxtla Gutiérrez con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la cual iniciará operaciones el próximo 6 de julio.
Durante su intervención, destacó que esta nueva conexión representa una oportunidad importante para impulsar la llegada de más visitantes al estado, así como atraer inversión y generar desarrollo para Chiapas. Señaló que una mayor conectividad permite fortalecer el turismo, economía y oportunidades para las familias chiapanecas.
Asimismo, subrayó que, desde la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se trabaja bajo distintos ejes estratégicos para posicionar a Chiapas como el destino más importante de México en turismo de naturaleza. Resaltó que uno de los principales activos del estado es su biodiversidad, lo que permite com-
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Chiapas reunió a representantes de 10 estados del país, instituciones federales, organismos internacionales, academia, sector financiero y productores pecuarios durante el Taller Intercambio Interestatal en Política Pública de Ganadería Sustentable y Regenerativa, orientado a fortalecer modelos productivos con sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y bienestar rural.
En representación del secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, el subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, afirmó que el encuentro busca construir soluciones colectivas frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta actualmente el sector pecuario mexicano.
“El objetivo es avanzar hacia una ganadería más productiva, responsable y sostenible, capaz de conservar los recursos naturales y generar bienestar para las familias rurales”, señaló ante delegaciones de Campeche, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Chiapas.
Durante el acto inaugural participó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, quien destacó que Chiapas impulsa proyec-
Durante su intervención, destacó que esta nueva conexión representa una oportunidad importante para impulsar la llegada de más visitantes al estado, así como atraer inversión y generar desarrollo para Chiapas. Señaló que una mayor conectividad permite fortalecer el turismo, economía y oportunidades para las familias chiapanecas
petir con destinos internacionales reconocidos por su riqueza natural, como Costa Rica, Colombia y Chile.
Por su parte, David Antonio Hernández Carranza, jefe de Comunicación Social de Mexicana, informó que la nueva ruta iniciará operacio-
nes el próximo 6 de julio, con vuelos entre Tuxtla Gutiérrez y el AIFA los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes Kenia Arroyo Muñiz, titular de la Representación
del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México; Víctor Bermúdez Hernández, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Estado de Chiapas; y Francisco Javier Domínguez Andrade, subsecretario de Promoción Turística de la Sectur.
Chiapas impulsa análisis nacional sobre ganadería sustentable y regenerativa
tos de restauración de microcuencas, nuevas Áreas Naturales Protegidas y estrategias productivas compatibles con la conservación ambiental.
La funcionaria sostuvo que el gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar promueve políticas enfocadas en la protección de bosques, manejo sustentable de recursos naturales y fortalecimiento de prácticas agropecuarias responsables.
La directora ejecutiva del Fondo de Conservación El Triunfo, Andrómeda Rivera, expuso que entre 2000 y 2021 la conversión de bosques a pastizales representó 72 por ciento del cambio de uso de suelo, asociado principalmente a modelos extensivos de baja productividad.
Indicó que la ganadería regenerativa puede convertirse en parte de la solución frente al cambio climático mediante esquemas que integren producción pecuaria, conservación de suelos, biodiversidad y mejora de rentabilidad para las familias productoras.
Durante las mesas de trabajo se revisaron experiencias y modelos técnicos como Conecta, Ecogan, Carne Libre de Deforestación y BioParcela, además de propuestas vinculadas con
producción pecuaria sustentable, restauración de suelos, conservación de cuencas, trazabilidad, certificación ambiental y financiamiento verde.
En el encuentro participaron representantes de la Semahn, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Banco Mundial, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo de Conservación El Triunfo, Pronatura Península de Yucatán y organismos técnicos especializados.
Durante las sesiones de análisis,
los participantes reconocieron que el cambio climático ya impacta la producción pecuaria mediante sequías, inundaciones, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y reducción de disponibilidad de agua, además de mayores exigencias internacionales relacionadas con prácticas ambientalmente responsables.
También coincidieron en la necesidad de fortalecer capacitación técnica, escuelas de campo, plataformas de intercambio especializado y estrategias diferenciadas para responder a las condiciones productivas del norte árido, el golfo, el sureste tropical y zonas montañosas del país.
Eduardo Ramírez entrega escrituras y fortalece certeza jurídica para familias chiapanecas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de escrituras públicas a familias de distintos municipios de Chiapas, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias que brindan certeza jurídica y garantizan el derecho de acceso a una vivienda digna para las y los chiapanecos.
Durante el evento, el mandatario señaló que su administración trabaja alineada con la política de vivienda promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, precisó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha sido fundamental para que más familias puedan acceder a este beneficio.
Ramírez Aguilar afirmó que su gobierno continuará fortaleciendo las tareas de regularización de predios y viviendas en la entidad, además de impulsar programas que faciliten y agilicen el acceso a apoyos destinados a construir o adquirir un patrimonio.
El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José, sostuvo que la entrega de escrituras públicas representa certeza jurídica para el patrimonio
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En un ambiente de alegría y entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, en Tuxtla Gutiérrez, donde convivió con alumnas y alumnos, a quienes entregó apoyos del programa Bicis que Transforman y mochilas escolares.
Entre muestras de afecto de estudiantes, personal docente y madres y padres de familia, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones humanistas orientadas a atender las necesidades del sector educativo, apoyar la economía familiar y contribuir al bienestar de la niñez y juventud chiapaneca.
En este contexto, señaló que Bicis que Transforman representa una iniciativa humanista que ofrece una alternativa de transporte eficiente y saludable. Asimismo, exhortó a las y los beneficiarios a utilizar casco de seguridad, respetar las normas de movilidad y dar mantenimiento constante a las bicicletas para garantizar su óptimo funcionamiento.
Ramírez Aguilar también llamó a la niñez y juventud a fortalecer una convivencia escolar basada en el respeto, la fraternidad y la empatía. Añadió que, con el respaldo de la
Durante el evento, el mandatario señaló que su administración trabaja alineada con la política de vivienda promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, precisó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha sido fundamental para que más familias puedan acceder a este beneficio
de las familias, además de brindar tranquilidad y justicia social a las y los beneficiarios. De igual forma, agradeció la confianza de la ciudadanía para realizar sus trámites de manera legal y reiteró su compromiso de seguir acercando apoyos en materia de vivienda y bienestar a las familias chiapanecas.
Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reco-
noció la visión humanista y la sensibilidad política del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar acciones que, además de fortalecer la paz y la seguridad, contribuyen a transformar la vida de las y los chiapanecos. También refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos para cumplir con la misión de servir a Chiapas.
A nombre de las familias beneficiadas, Nancy Yanet Gordillo Mora-
les, originaria del municipio de Las Margaritas, destacó la determinación de este gobierno por promover estrategias humanistas orientadas a garantizar justicia y certeza jurídica sobre la propiedad, mediante la entrega de este documento que, dijo, representa tranquilidad, estabilidad y la seguridad de que el patrimonio que construyeron con esfuerzo, hoy les pertenece legalmente.
Eduardo Ramírez entrega bicicletas y mochilas a estudiantes de Tuxtla Gutiérrez
presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, continuarán los apoyos y beneficios para las y los estudiantes mediante becas escolares.
El secretario del Humanismo, Paco Chacón, afirmó que la Nueva ERA en Chiapas es un gobierno de resultados que responde a las necesidades de la población, como ocurre con los programas humanistas dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Explicó que, en esta ocasión, jóvenes de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón fueron beneficiados con el programa Bicis que Transforman, con el objetivo de apoyar la economía familiar, debido a que cerca del 90 por ciento de este sector se traslada en transporte público o caminando.
Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que actualmente todos los niveles educativos cuentan con apoyos y becas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, con el propósito de ampliar las oportunidades académicas de las y los estudiantes chiapanecos. De igual forma, con-
vocó a fortalecer la solidaridad y el humanismo dentro de las escuelas, al remarcar que no se permitirá ningún caso de bullying, maltrato o acoso escolar.
La directora de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, Maribel Martínez Ramírez, dio la bienvenida a las autoridades estatales a esta institución educativa, que alberga a mil 393 estudiantes y está próxima a cumplir 50 años de su fundación. Además, agradeció el apoyo brindado mediante la entrega de mochilas
y bicicletas, al considerar que estos beneficios no solo reducen costos y tiempos de traslado entre el hogar y la escuela, sino que también fomentan estilos de vida saludables. A su vez, Verónica Cruz Gutiérrez, madre de familia, destacó que las bicicletas entregadas por el gobernador Eduardo Ramírez no solo representan un medio de transporte, sino también un respaldo a la economía familiar, además de motivar a la comunidad estudiantil y promover la actividad física entre la juventud.
Captan a civiles armados y policías en desalojo violento de la CNTE en Mitla; FGEO investiga
Pedro Matías OAXACA, Oax., (apro)
“¡A chingar a su madre maestros! ¡A güevo, hijos de su puta madre! ¡Eso es todo! ¡Mitla de güevos, hijos de su puta madre maestros!”, festejaba el presunto grupo del presidente municipal Esaú López Quero, mientras desalojaban a punta de balazos a los maestros de la Sección 22 del SNTECNTE que bloqueaban el crucero que comunica a la Villa de Mitla y a la región del Istmo de Tehuantepec.
Este hecho de violencia obligó a la secretaria general de la Sección 22 del SNTE-CNTE, Yenny Araceli Pérez Martínez, a interrumpir el diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde se atendía la mesa de justicia, al tiempo que responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López y al presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, todos emanados de las filas de Morena, de estos hechos de violencia contra el magisterio.
Por este caso, la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos de violencia donde se indaga la probable participación de civiles armados y presuntos policías captados
Luis Daniel Nava CHILPANCINGO, Gro. (apro)
El alcalde de Chilpancingo, el priista Gustavo Alarcón Herrera, se sumó al bloque de 10 presidentes municipales que rompieron con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, a raíz de la crisis de seguridad que se vive en el municipio de Chilapa tras el desplazamiento forzado de tres comunidades por la violencia criminal.
“No se debe ni se puede gobernar estigmatizando a quienes levantan la voz”, dijo.
En el contexto de crispación política en medio de una crisis de violencia, ningún dirigente de los partidos políticos Morena, PVEM, PRI y PRD, que postularon a los 11 alcaldes se ha pronunciado.
El bloque de alcaldes “gobiernan municipios de la zona de influencia del grupo delictivo Los Ardillos”, informó el diario El Sur.
Incluso, el operador político del gobierno de Evelyn Salgado, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, ha evadido hablar del tema.
El alcalde capitalino, Gustavo Alarcón Herrera, emitió un comunicado en respaldo de 10 presidentas y presidentes municipales que salieron de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
en video que circula en redes sociales.
En dichas grabaciones se observa a personas civiles, así como a individuos que portan uniformes policiales, quienes presumiblemente habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar, en un aparente intento por dispersar la protesta, resaltó el comunicado de la Fiscalía.
Desde el momento en que los maestros comenzaron a arribar al crucero de Mitla para bloquear la carretera internacional 190 y la vía de comunicación a ese municipio declarado Pueblo Mágico, gente de la comunidad, presuntamente azuzada por el presidente municipal, amagó con el desalojo.
Pasado el mediodía aumentó la tensión y el jaloneo con la presencia de personas vestidas de civil, portando armas largas y realizando disparos de arma de fuego ante la complacencia de la policía municipal.
Ante las detonaciones de arma de fuego, los maestros comenzaron a dispersarse y a correr en diferentes direcciones, mientras que los agresores celebraban su “victoria” con gritos de júbilo, al tiempo que accionaron el claxon de sus vehículos.
En un video de 1 minuto y 54 segundos que circula en redes sociales, se escuchan las detonaciones de arma de fuego mientras los maestros son corridos también a pedradas. Desde
la cabina de una camioneta se observa a una persona con un arma larga haciendo disparos teniendo como testigo a un uniformado.
La líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la coordinadora (SNTECNTE), que se encuentra en la ciudad de México, suspendió la reunión en la Segob por hechos de violencia en Mitla que recuerdan el 2006, con Ulises Ruiz Ortiz y 2016 con Gabino Cué Monteagudo.
“Responsabilizaron al presidente municipal, Esaú López Quero, que con lujos de violencia llegó amenazar al bloqueo. Como nos encontramos en una actividad política, nuestros compañeros fueron agredidos con disparos de arma de fuego”, declaró la lideresa mientras su equipo coreaba: “Solución, solución, no queremos represión”.
Finalmente, dijo: “Responsabilizamos al gobierno del estado por no garantizar la seguridad de los maestros. Esta es una movilización pacífica. Hacemos responsable al presidente municipal de Mitla porque se reportan compañeros golpeados y retenidos, y a Salomón Jara y Jesús Romero de cualquier situación de violencia que ocurra contra el magisterio”.
Hasta el momento, el gobierno del estado no ha emitido ninguna postura al respecto.
Alcalde de Chilpancingo se suma a bloque de 10 ediles que han roto con gobiernos morenistas
El sábado 23 de mayo, nueve de los ediles respaldaron a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, ante “la grave crisis de seguridad” que en enfrenta su municipio y anunciaron su rompimiento con autoridades estatales y federales, así como con corporaciones de seguridad que integran la Mesa de la Paz.
La misiva se dio tras la incursión de la organización criminal Los Ardillos en cuatro comunidades de Chilapa: Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, del 6 al 11 de mayo.
El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, dijo que “lo sucedido con los municipios de la Montaña Alta y Baja, y con presidentas y presidentes municipales que han exigido atención, es inaceptable”.
“No se puede señalar ni criminalizar a comunidades enteras solo por alzar la voz y pedir seguridad”.
Expresó que ellos han exigido seguridad y son autoridades electas.
“Reducir la problemática de Guerrero a nueve municipios o a un puñado de alcaldes es una forma de evadir responsabilidades”.
Acusó que en las Mesas de Coordinación se firman acuerdos y se anuncian estrategias que luego no se cumplen.
“Existe una brecha profunda entre lo que se acuerda y lo que realmente se implementa en el territorio”.
Y que es el resultado de decisiones políticas que ponen por delante cálculos personales y disputas internas, y no la seguridad de la población.
Acusó que el Subsecretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, ha negado de manera reiterada la dimensión real de los problemas y ha priorizado dichos cálculos políticos por encima del bienestar de los guerrerenses.
“Cuando minimiza los desplazamientos, cuestiona a las víctimas regatea el apoyo a los municipios, lo que hace es desamparar a la ciudadanía y proteger al gobierno”.
Pidió un puente que conecte a los municipios con el gobierno del estado y con la federación, y que ponga por delante la vida de las personas, no las lealtades de grupo ni las carreras de
unos cuantos políticos y funcionarios. “Aquí, desde el corazón de Guerrero, no nos vamos a callar. Gobernar es enfrentar los problemas, no estigmatizar a quienes los denuncian”.
Gustavo Alarcón Herrera asumió el gobierno municipal tras el asesinato y decapitación del alcalde electo, Alejandro Arcos Catalán, postulado por la alianza PRI, PRD y PAN, ocurrido el 6 de octubre de 2024, a seis días de asumir el cargo.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero sólo ha detenido a Germán Reyes Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acusado como autor intelectual del asesinato del edil.
Jueves 28 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Órgano de Administración Judicial rechaza indemnizar a 93 exjuzgadores obligados a retirarse
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) rechazó, sin mayor explicación, indemnizar a 93 exjuzgadores federales que fueron obligados a retirarse con la reforma judicial, pese a que la Constitución establece que tienen derecho a ese pago.
Esta semana, decenas de exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito realizarán diversas movilizaciones para protestar contra el OAJ y los ocho meses que llevan sin recibir el pago de sus indemnizaciones.
Estos pagos están previstos en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se modificó la forma de selección de los juzgadores de todo el país para que sean electos por voto popular.
“Las Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del artículo Segundo transitorio de este Decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”, señala dicho artículo.
Así, establece que la indemnización le corresponde a quienes declinaron sus candidaturas o no resultaron electos en los comicios, sin precisar otro requisito para obtener el pago.
Desde el pasado 1 de septiembre de 2025, cuando tomaron posesión de sus cargos los nuevos juzgadores electos
por voto popular, los jueces y magistrados que declinaron o que no ganaron la elección, denunciaron que aún no tenían fecha para que el OAJ procesara sus pagos.
Semana con semana y, hasta ahora, han salido a las calles a manifestarse afuera de las instalaciones del OAJ, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros edificios del PJF para exigir sus pagos.
En noviembre del año pasado, el OAJ informó que ya le había pagado a 561 exjuzgadores de 563 que estaban programados y para diciembre siguiente indicó que ya había terminado de procesar los pagos correspondientes para quienes “cumplían con los criterios institucionales”.
Julia María del Carmen García González, magistrada en retiro y directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), explicó que cada vez que los exjuzgadores han salido a las calles a protestar, el OAJ ha procesado los pagos de algunos de ellos.
Fuentes federales confirmaron a Proceso que en días pasados el OAJ notificó a 93 exjuzgadores que no cumplen con los requisitos del Décimo Transitorio de la reforma judicial y que, por eso sus pagos no proceden, sin embargo, no les especificó qué requisito, de los dos contemplados en el artículo referido, es el que no cumplieron.
“Se hace de su conocimiento que no
resultó procedente el pago solicitado, toda vez que, con base en las constancias disponibles, no se advirtió la actualización de los supuestos exigidos en el Transitorio Décimo de la Reforma Judicial, conforme al marco constitucional y legal aplicable”, indican las notificaciones firmadas por el Secretario Ejecutivo de Administración del OAJ, Juan Carlos Zamora García.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en el OAJ ya no se tiene pendiente ningún pago de indemnización, es decir, para la institución el asunto ya está terminado.
Sin embargo, los exjuzgadores que esta semana prevén continuar con sus manifestaciones consideran que la forma en la que se les rechazó el pago no sólo es incorrecta sino que hasta los deja en estado de indefensión porque no les explicaron qué requisito les falta cubrir para obtener sus indemnizaciones. “Son dos supuestos clarísimos, o declinamos o participamos y no ganamos, entonces esta gente horrible está haciendo unas interpretaciones que no tienen ningún sustento porque además claramente el Décimo Primero Transitorio de la reforma judicial dice que la misma será aplicada de manera literal, es decir, no puedes decir otra cosa que no sea lo que dice la Constitución”, explicó en entrevista la exmagistrada luego de participar en las concentraciones convocadas por los afectados este 25 de mayo.
“Cuando tú emites un acto de autoridad, a la gente le tienes que explicar de modo tal que se pueda defender porque frente a eso cómo desvirtúas esa negativa totalmente dogmática donde dice que no cumplimos los requisitos, a cada una de las personas juzgadoras tendrían que emitirles una respuesta para explicarles qué les faltó cubrir, pero a nadie le han dado una respusta así”. Julia García reprochó que el titular del OAJ, Néstor Vargas ha manifestado a los inconformes que si no están de acuerdo con la determinación del Órgano, lleven sus asuntos a tribunales, aunque ellos sienten que no está garantizada la imparcialidad de los juzgadores que deberán resolver este conflicto.
“Tienen a la judicatura coptada, lo hemos visto con las demandas de amparo contra el 127 de las mal llamadas ‘pensiones doradas’, todas las han rechazado, el Órgano las concentró en tres juzgados donde hay dos jueces electos por voto popular y uno que fue a aplaudirle el primer día de la implementación de la reforma al oficialismo, totalmente alineado con sus intereses”, dijo la magistrada en retiro.
“¿De qué judicatura independiente estamos hablando, quién va a proteger a los jueces y juezas?, no tenemos más opciones”.
La directora de la Jufed precisó que el Décimo Transitorio de la reforma judicial no establece que para obtener sus indemnizaciones quienes declinaron sus candidaturas, debían esperar a que sus plazas fueran sometidas a elección por voto popular, es decir, no hace una distinción entre quienes debían salir del PJF en el año 2025 y en el 2027 para considerar que tenían o no derecho a la indemnización.
“La Constitución no hace distinción, no tendrían por qué hacer ellos distinción, entonces, al margen de que yo haya salido en la tómbola para el 25 o el 27, si yo decliné y ya no estoy en funciones, tendrían que pagarme”, enfatizó.
Dos agentes de la CIA que desmantelaron narcolaboratorio en Chihuahua salieron de México: Sheinbaum
Los dos agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua salieron de México, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron”, dijo este miércoles en la conferencia en Palacio Nacional. El 28 de abril, Proceso preguntó a la mandataria federal si con las acusaciones que hacía su administración a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también sancionaría a los elementos de las agencias de Estados Unidos y respondió generando confusión sobre los dos agentes que murieron.
En ese momento se le insistió en la
pregunta de si habría expulsión de los agentes de esta agencia.
“No, en el momento no, lo que estamos diciéndole a Estados Unidos es que a México se le respeta, en pocas palabras, en este caso había ciudadanos estadunidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas. Se les hace saber que eso está fuera de la ley y ellos contestan nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México”, respondió.
Este 27 de mayo, la presidenta admitió que sí eran cuatro agentes y dos de ellos salieron del país, a consecuencia de estos hechos.
De lo que públicamente se conoció
eran cuatro: dos que lamentablemente fallecieron en el país y dos que pedimos, que como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país”, puntualizó Sheinbaum. Agregó que “ellos entran con pasaportes legales diplomático o como turista, si vienen a hacer labores de inteligencia hay un procedimiento, un protocolo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o estadía para hacer labores de inteligencia”.
Aclaró que los agentes de la CIA entraron “legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran labores de inteligencia y se les
pidió que si iban a realizar labores de inteligencia que se registraran o que abandonaran el país y en un diálogo entre la embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron la decisión de mejor retirarse del país”.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Maru Campos rechaza rendir declaración en la FGR por contar con fuero: “citatorio es improcedente”
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero rechazó rendir su declaración por contar con fuero.
Este miércoles, la mandataria estatal acudió a la Delegación de la FGR en la Ciudad de México para cumplir con el citatorio que le fue notificado la semana pasada para declarar como testigo en la investigación que se realiza sobre la participación de agentes extranjeros en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.
El operativo fue ejecutado por la Fiscalía de Chihuahua el 17 y 18 de abril, pero culminó con la muerte de dos de los agentes extranjeros, aparentemente de la CIA, en un accidente en la Sierra del Pinal en el municipio de Morelos. No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para res -
De la Redacción
Washington (Tribuna)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que su país “está yendo a la guerra con los cárteles a través de la Coalición Anticárteles de las Américas”, al destacar que incluso Venezuela participa “en la misión contra cárteles mientras aseguramos nuestro hemisferio”.
Hegseth hizo estas declaraciones durante su intervención en la reunión de gabinete encabezada este miércoles por el presidente Donald Trump, realizada en medio de las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz.
El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth sostiene que su país está preparado para emprender acciones militares directas contra los cárteles del narcotráfico, a los que cataloga como organizaciones terroristas, y advierte sobre una posible intervención unilateral si no aumentan los esfuerzos regionales.
En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Hegseth lanza un mensaje dirigido a México: “Den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo”. En ese espacio, compara a los cárteles con amenazas como Al-Qaeda e ISIS, y afirma que Estados Unidos los tratará de la misma manera.
El funcionario también reitera su postura durante una conferencia del Comando Sur en Miami, donde subraya que Washington prefiere la cooperación regional, pero dice que está listo para actuar en solitario si lo considera necesario.
La posición provoca reacciones en América Latina. En Colombia, el go-
ponder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, señaló en el escrito que presentó ante la FGR.
“Esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”.
Luego de darse a conocer la participación de agentes extranjeros, la FGR inició una carpeta de investigación por ejercicio indebido del servicio público ante la posibilidad de que estuvieran operando en territorio mexicano sin autorización de la Federación. Por ello, la gobernadora afirmó que al contar con fuero, por el cargo que ocupa, cualquier citatorio para declarar, aún como testigo, es improcedente e indicó a la FGR que, en caso de requerir información sobre el operativo, la solicite por la vía institucional.
“Declarar improcedente recabar mi entrevista en cualquier modalidad de comparecencia y calidad, así como practicar cualquier acto de investigación de contenido personal en mi contra, por carecer esa Representación Social de competencia para tal efecto, mientras subsista la investidura constitucional que ostento, en los términos del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 111 de la Constitución General de la República.
“En caso de requerir información del Gobierno del Estado de Chihuahua, formular el requerimiento por la vía de la colaboración institucional entre autoridades, de manera fundada y motivada, y con precisión de su objeto, al que desde ahora manifiesto plena disposición para atender”, indicó.
Añadió que el citatorio que le fue enviado fue irregular porque, aunque se le citó como testigo, la FGR incluyó en él artículos sobre las obligaciones de los imputados, por lo que afirmó que es ilegal.
“Estamos yendo a la guerra con los cárteles”: Pete Hegseth endurece discurso en el gabinete de Trump
bierno pide que el combate al narco sea una labor conjunta y no mediante intervenciones unilaterales.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma este miércoles que su país “va a la guerra” contra los cárteles mediante la Coalición Anticarteles de las Américas, también conocida como Escudo de las Américas, durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump.
La alianza, creada por Trump en Miami en marzo de 2026, es una coalición multinacional militar que no incluye a México, según la explicación difundida a través de la propia Coalición Anticarteles de las Américas.
“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles”, dice Hegseth al exponer lo que describe como avances en Venezuela.
El funcionario agrega que espera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez colabore con Estados Unidos en esa misión, al señalar que es clave para el futuro energético y la seguridad nacional.
Hegseth no detalla cuándo, cómo o contra qué cárteles en específico emprendería acciones en la guerra que anuncia hoy.
Sus declaraciones ocurren en medio de tensiones con el gobierno de México, al que Trump presiona para permitir que tropas estadounidenses incursionen en territorio mexicano con el objetivo de atacar a organizaciones criminales.
En la misma reunión está Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien cancela su visita de esta semana a México —prevista en el marco de la revisión del T-MEC— para asistir al encuentro del gabinete.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump anuncia la iniciativa Escudo de las Américas para coordinar cooperación militar y de seguridad contra organizaciones criminales transnacionales, en particular cárteles de la droga que operan en el continente. El plan se presenta durante una cumbre con líderes del hemisferio occidental en Doral, Florida.
Trump firmó el acuerdo con representantes de 17 países que se integran a una alianza inicial con el compromiso de usar capacidades militares para desmantelar organizaciones de cárteles y “redes terroristas asociadas”. La propuesta, también identificada como la Coalición Anti-cárteles de las Américas, contempla que los países compartan inteligencia militar y coordinen operaciones para localizar y desmantelar redes criminales.
Como parte de la implementación, el 5 de marzo de 2026 Trump crea el cargo de Enviado Especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas y nombra a Kristi Noem como la primera enviada. De acuerdo con lo planteado por el mandatario, la coalición permite que los estados miembros soliciten asistencia a sus socios, incluido Estados Unidos, para combatir infraestructu-
ra y rutas de tráfico vinculadas con los cárteles.
En la cumbre en Doral asisten líderes regionales como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Santiago Peña de Paraguay, además de otros representantes, según lo descrito en el anuncio.
Trump acusa dominio de los cárteles en México
El pasado 8 de mayo, durante un evento por el Día de la Madre en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca dedicado a las “Madres Ángel”, el presidente Trump aseguró que México “está dominado por los cárteles” y afirmó que el narcotráfico y el flujo de migrantes eran consecuencia de lo que calificó como “fronteras estúpidas”, impuestas por “personas estúpidas”.
En ese discurso, el mandatario sostuvo que la administración previa facilitó un ingreso masivo de extranjeros y delincuentes. Afirmó que “veinticinco millones de personas entraron” al país y que “muchos de ellos eran criminales”, incluso “11 mil 188 asesinos”, según dijo, como resultado de políticas de “fronteras abiertas”.
Sheinbaum adelanta informe sobre seguridad; presume baja de 49% en homicidios dolosos
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Acuatro días de su informe en el Monumento a la Revolución por los dos años de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaun presentó un informe de seguridad en el que destaca la reducción en 49 por ciento de los homicidios dolosos.
En medio de los desplazamientos forzados en Chilapa, Guerrero; de los disturbios en Colima que se agravaron, según admitió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como la ola de violencia que no cesa en Sinaloa, el gobierno expuso algunas de sus cifras.
Sinaloa, estado cuyo gobernador con licencia, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios de esa entidad son acusados en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, concentra el mayor número de elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados, con 13 mil 344 elementos, con una marcada diferencia de más del doble con el siguiente estado, Guanajuato, con 4 mil 17, de acuerdo con información del titular de Sedena, Ricardo Trevilla.
Entre los elementos que resaltaron está que los homicidios dolosos pasaron de un promedio diario de
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) calificó este miércoles como una “política absurda” el nuevo programa Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco “Precio Justo”, impulsado por el gobierno mexicano, al advertir que sus alcances son marginales y que dejará fuera a millones de productores del grano básico en el país.
En un comunicado, el secretario general de la organización campesina, Álvaro López Ríos, acusó al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de evadir su responsabilidad para establecer un precio de garantía para el maíz blanco y dejar la definición de precios en manos de acopiadores y compradores.
“El Programa Precio Justo es una evasión de responsabilidad para fijar el precio de garantía de esta gramínea y mantiene abiertas las puertas a los acopiadores”, sostuvo el dirigente, quien consideró que la medida condena a los agricultores al “exilio productivo del campo”.
Las críticas surgen días después de que el gobierno de México firmara en el Palacio Nacional un acuerdo con productores, comercializadores e industriales para ordenar el mercado del maíz blanco, garantizar precios
La presidenta y el secretario de Seguridad también destacaron una reducción en los decomisos de fentanilo en la frontera con EU y la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios
86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026.
La presentación también se enfocó en el desmantelamiento de cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, el aseguramiento de más de 400 toneladas de droga y la reducción de 76 por ciento en decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos.
También la detención de cerca de 54 mil 300 presuntos delincuentes y 85 funcionarios y exfuncionarios.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que “este es un
compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que, en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa: sin importar partido o color, en estos casos están de todos los partidos”.
Este informe también se da en medio del conflicto con Estados Unidos por la solicitud de captura con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, así como la disputa con
la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara.
Sobre los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, la presidenta dijo que “ya que se están incautando pastillas de fentanilo en México, lo que representa una disminución de 863 a 208 kilos, de octubre de 2024 a abril de 2026, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”.
El titular de la SSPC dijo que, como parte de la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las tareas del Gabinete de Seguridad, se han incluido a mil 422 sujetos en la lista de Personas Bloqueadas con más de 4 mil millones de pesos.
Esta anticipada presentación de Seguridad también se da en medio de la encuesta de Enkoll para el medio El País que reporta la caída de 7 puntos en la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de su protección a Rubén Rocha Moya.
“El alcance es marginal”: campesinos critican nuevo programa de precio del maíz de Sheinbaum
considerados justos y privilegiar la compra de producción nacional frente a las importaciones, en medio de preocupaciones sobre un eventual aumento en el precio de la tortilla.
El acuerdo, denominado Sistema de Ordenamiento para el Maíz Blanco, fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de Agricultura, Columba Jazmín López, quienes defendieron el mecanismo como una vía para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y mejorar la rentabilidad de pequeños y medianos productores.
Según explicó el Gobierno, el esquema contempla compras anticipadas mediante contratos voluntarios entre productores, comercializadores e industriales, con la participación de unas 80 empresas nacionales y extranjeras del sector. Además, las empresas compradoras se comprometieron a privilegiar el consumo de maíz blanco mexicano antes de recurrir a importaciones.
Sin embargo, López Ríos sostuvo que la cobertura del programa es insuficiente frente a la dimensión del sector agrícola nacional.
De acuerdo con el dirigente, en México existen alrededor de 2.5 millones
de pequeños y medianos productores, mientras que las acciones específicas del programa para el ciclo agrícola actual estarían enfocadas únicamente en unos 61.000 agricultores.
“Se manipula con el discurso de una buena voluntad para que acopiadores y compradores acuerden un precio justo de comercialización de cosecha”, reprochó.
El líder campesino alertó además sobre el deterioro de la producción nacional de maíz blanco, afectada por la sequía y la reducción de superficies cultivables. Solo en el Estado de México, afirmó, se han perdido al menos 15 mil hectáreas dedicadas al grano.
También advirtió sobre una creciente dependencia alimentaria. Según sus cifras, México pasó de importar el 46% de los alimentos en 2018 a cerca del 75% en la actualidad, mientras que entre enero y abril de 2026 las importaciones de maíz blanco y amarillo superaron los cuatro millones de toneladas, un récord histórico. El debate ocurre además en un contexto de tensiones con productores agrícolas, incluidos agricultores de Sinaloa, quienes recientemente protestaron en Ciudad de México para exigir apoyos y mejores condiciones de comercialización del maíz. Información de Latinus. (EFE).
Aprueban dictamen para ampliar derechos de madres trabajadoras en posparto
Lizbeth Ortiz Acevedo Ciudad de México. (Cimacnoticias)
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprobó por mayoría un dictamen para garantizar la ampliación de los derechos de las mujeres quienes son madres trabajadoras, donde se considerarán obligatorios los periodos de descanso durante el posparto, así como el respeto a sus días de vacaciones.
El dictamen a la iniciativa que adiciona fracciones a la Ley Federal del Trabajo, establece que durante los períodos de descanso no se permitirán actividades laborales en casa, ni a acudir por cualquier requerimiento laboral a la empresa o institución a la que pertenezca la madre trabajadora y con ello afirman, se evitaría la interrupción de la recuperación en el puerperio, así como en el cuidado de su bebé.
Conforme a lo previsto en el Capítulo V, la madre trabajadora si así lo decide, podrá disfrutar los días de vacaciones a las que tiene derecho, en tiempo posterior inmediato a los periodos de descanso, comunicándolo de manera oportuna a la persona empleadora.
La diputada Patricia Mercado Castro (MC) señaló que la maternidad en la vida laboral es muy sancionada, por lo que aprobar ese tipo de reformas es importante. “Necesitamos que las mujeres se sientan seguras y piensen que vale la pena desarrollar su profesión y también decidir ser madres y formar una familia”.
Además en sus redes sociales, la diputada emecista señaló qu «La #maternidad se celebra en la sociedad pero se sanciona en el mundo laboral».
Por eso prohibieron explícitamente que se pida a las madres en periodo de incapacidad por maternidad ningún tipo de actividad laboral, ni presencial ni a distancia, así como reforzar el derecho a tomar vacaciones inmediatamente después de la licencia post parto.
También detalló que están construyendo los acuerdos para aprobar la reforma sobre estabilidad laboral para mujeres en un periodo de lactancia extendida,
El dictamen a la iniciativa que adiciona fracciones a la Ley Federal del Trabajo, establece que durante los períodos de descanso no se permitirán actividades laborales en casa, ni a acudir por cualquier requerimiento laboral a la empresa o institución a la que pertenezca la madre trabajadora y con ello afirman, se evitaría la interrupción de la recuperación en el puerperio, así como en el cuidado de su bebé
hasta dos años después del parto.
Por su parte, la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino de MORENA, quien es la promovente de la iniciativa, expuso que el puerperio es la etapa en la que el cuerpo de la madre regresa a su estado previo al embarazo y donde el organismo de las mujeres experimenta numerosos cambios que varían según el tipo de parto y lactancia, lo que implica cambios biológicos y ajustes en el estilo de vida debido a la llegada del bebé al hogar.
Por ello, aseguró que la iniciativa busca blindar y ampliar los derechos laborales de las madres trabajadoras durante dicho periodo. Pidió a las y los integrantes de la Comisión emitir un voto favorable en defensa de las mujeres y las infancias, “porque el bienestar físico y emocional de las madres depende en gran medida del bienestar familiar y social”.
Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Gabriela Benavides Cobos destacó que la iniciativa garantizará que las mujeres trabajadoras puedan ejercer plenamente su derecho al descanso y recuperación después del parto, lo que
impactará directamente en su bienestar y el de las infancias.
Para la diputada Margarita García García del Partido del Trabajo (PT), la iniciativa representaría una sobrerregulación, ya que el tema ya se encuentra plasmado en la ley. Consideró que hace falta incidir para que realmente se cumpla y respete. Agregó que las mujeres deben presentar las denuncias concretas cuando sus derechos no están siendo respetados.
De Morena, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo indicó que independientemente de que existe una sobrerregulación, cuando hay un patrón que incumple con los derechos se deben realizar mayores esfuerzos para incrementar las sanciones, así como proteger a las mujeres que se enfrentan a despidos injustificados.
También de Morena, la diputada Julia Arcelia Olguín Serna mencionó que es importante considerar el tema de la salud mental, ya que el puerperio puede ser un momento emocionante e intenso; por ello, las mujeres deben tomar el tiempo necesario para descansar y prevenir la
depresión posparto.
La reforma del 2017 Recordemos que en abril del 2017, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reformó las leyes federales del Trabajo para que las mujeres madres trabajadoras puedan transferir hasta cinco de las seis semanas de descanso previas al parto, para después del mismo.
Los cambios a los artículos también establecieron que en caso de que la o el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.
Además, durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a su bebé o para realizar la extracción manual de leche. Cuando esto no sea posible, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante seis meses, sin afectar su salario o percepciones.
VIENTRES EN EL LIMBO. EL VACÍO LEGAL QUE SOSTIENE LA GESTACIÓN SUBROGADA
Gabriela Vargas G. GabyVargasGO
El «limbo legal» de la gestación subrogada comienza a tener una hoja de ruta, por vía judicial, para su eventual reconocimiento en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó jurisprudencia que obliga a las autoridades a reconocer esta realidad social en expansión.
¿Y en qué consiste esta práctica tan polémica que genera tantas resistencias para su legislación? En resumen, es cuando una mujer (la “madre sustituta”) queda embarazada y gesta un hijo para otra persona o pareja (los “progenitores comitentes” o “previstos”). Dicha práctica sucede en todo el mundo e implica, en muchos casos, dinámicas transfronterizas.
Por ello el máximo tribunal, al resolver la contradicción de criterios 159/2025 el pasado mes de febrero, determinó que la falta de regulación en nuestro país no puede ser motivo para que las autoridades ignoren estos casos; al contrario, deben actuar para garantizar los derechos de todos los involucrados. Ya no se trata solo de un acuerdo entre particulares: el Estado no puede cerrar los ojos ante la gestación por contrato; debe intervenir, regular y proteger. Este criterio relevante establece que, cuando exista un acuerdo previo ratificado ante notaría pública y no existan conflictos entre las partes, un juez podrá supervisar la legalidad y cumplimiento del contrato, verificar que no existan vicios en el consentimiento, y ordenar la expedición inmediata del acta de nacimiento al momento del parto, agilizando el reconocimiento del vínculo con los padres intencionales.
Un punto clave del fallo es la función de vigilancia del juez. No se trata solo de un trámite administrativo, ya que el criterio obliga a las autoridades confirmar que el consentimiento fue libre, incluso, denegar la validación y dar aviso al Ministerio Público si se detectan riesgos de explotación o falta de consenso.
Latinoamérica: ¿el paraíso de la subrogación?
Si bien el criterio podría considerarse un avance significativo hacia una legislación en el tema, lo cierto es que la regulación misma genera grandes controversias. Al respecto, la Fundación Konrad Adenauer (KAS). publicó un análisis en Latinoamérica titulado «Maternidad subrogada: del espejismo contractual al mandato abolicionista», en septiembre de 2025. En el mismo se analiza cómo México y Colombia se han convertido en «paraísos» de la subrogación debido, precisamente,
a vacíos legales.
El informe detalla como Colombia es uno de los destinos más frecuentes debido a la jurisprudencia de su Corte Constitucional, cuya Sentencia T-968 de 2009 estableció que la maternidad subrogada no está prohibida y es conforme a la Constitución bajo ciertas premisas (fines altruistas, compromiso de la gestante de entregar al niño, etc.). Existe un «vacío legal» que el Congreso ha intentado regular sin éxito en varias ocasiones.
Otros países en la región, como Uruguay, cuentan con una legislación restrictiva que la permite sólo con fines altruistas, y bajo supuestos muy específicos. Brasil no cuenta con una ley, pero sigue el modelo uruguayo, cuyos casos son valorados por el Consejo Federal de Medicina del país (CFM)
En el resto del continente (Argentina, Chile, Perú, etc.), la práctica suele realizarse en un limbo legal donde, aunque no hay una ley que la autorice, tampoco hay una que la prohíba expresamente, resolviéndose los conflictos de filiación en los tribunales caso por caso.
El informe alerta que la mayoría de las madres sustitutas proceden de entornos de ingresos más bajos y tienen un estatus social inferior al de los progenitores comitentes. Muchas de ellas son mujeres migrantes, lo que las coloca en una situación mayor de vulnerabilidad.
Señala los peligros de trata de personas, violencia obstétrica y apatridia (niños que se quedan sin nacionalidad por vacíos legales), por lo que sugiere que, basándose en las obligaciones del derecho internacional, América Latina debería considerar la abolición de esta práctica en lugar de solo regularla, para evitar que la región se convierta en un «paraíso de la subrogación» con fines de explotación.
¿Cuál es el panorama mundial?
En la actualidad, el panorama legal de la gestación subrogada es complejo. Se divide principalmente entre países que permiten la com-
pensación económica (comercial), aquellos que solo permiten el reembolso de gastos (altruista), y quienes la prohíben de forma determinante. Entre los primeros se encuentran Estados Unidos, Georgia, Ucrania, y Grecia. La persona gestante recibe un pago o beneficio material por el proceso. Son los destinos más comunes para extranjeros debido a la claridad de sus contratos
El marco internacional, sin embargo, ha tenido un punto de inflexión desde 2025 en la narrativa sobre la gestación subrogada desde la perspectiva de los derechos humanos. El documento más relevante es el informe A/80/158 de las Naciones Unidas presentado en octubre de 2025.
Conocido como el «Informe Alsalem» es, sin duda, el documento de referencia actual. Fue elaborado por Reem Alsalem, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
El informe sostiene que la gestación subrogada, tal como se practica mayoritariamente en la actualidad, es una forma de explotación reproductiva que equivale a la venta de niños y a una forma contemporánea de esclavitud.
Denuncia que la industria mercantiliza el cuerpo femenino como un «recipiente» o «incubadora», y que dicha industria podría alcanzar un valor de más de 99,000 millones de dólares para 2033, siendo los intermediarios, los mayores beneficiados.
Destaca la violencia obstétrica como resultado de los contratos que suelen anular la autonomía de la gestante sobre su propio cuerpo (decisiones sobre cesáreas, abortos selectivos o dieta).
El informe solicita a los Estados prohibir la publicidad de servicios y agencias de reproducción subrogada, y avanzar hacia la erradicación global de todas las formas de subrogación (incluida la altruista) mediante un tratado internacional vinculante, pues los datos recabados no evidencian beneficio alguno como se pretende hacer creer por la industria que la promueve.
Esta visión fue secundada por el Parlamento Europeo, el cual endureció su postura. Condenó explícitamente la práctica de la gestación por sustitución en su resolución de la Estrategia de Igualdad de Género del 13 de noviembre de 2025.
En dicho informe puntualizó que la práctica afecta desproporcionadamente a mujeres vulnerables de países en desarrollo (el «Sur Global»), lo que constituye una violación de la dignidad humana y de los derechos de las mujeres, y reafirmó la decisión de 2024 de incluir la explotación de la gestación subrogada en la lista de delitos relacionados con la trata de seres humanos a nivel de la Unión Europea, lo que ha reforzado las leyes de prohibición.
La tendencia actual
A diferencia de años anteriores donde el debate era «comercial vs. altruista», los informes de 20252026 muestran una tendencia hacia el abolicionismo. El enfoque de derechos humanos se ha desplazado de «regular para proteger» a «prohibir para prevenir la explotación». Un enfoque donde los movimientos feministas han jugado un importante papel.
Los países de Europa Occidental han adoptado predominante la prohibición. Incluso han provocado que países como Grecia (en abril de 2025) hayan empezado a restringir el acceso a varones solteros o parejas del mismo sexo, buscando alinearse con las nuevas directrices de protección de la mujer y el menor.
Otros países como Canadá, Reino Unido, Australia. Portugal, Países Bajos, Bélgica y la India, cuentan con leyes que sólo permiten la reproducción subrogada de carácter altruista, y bajo protocolos médicos estrictos.
Los países que mantienen prohibiciones estrictas (como España, Italia, Francia, Alemania o Suecia) suelen basar su postura en una combinación de argumentos éticos, jurídicos y de derechos humanos, donde el cuerpo humano y sus funciones reproductivas no pueden ser objeto de contrato ni de comercio.
Muchos estados argumentan que la mayoría de las gestantes acceden a estos acuerdos por necesidad económica, lo que invalida el concepto de «libre elección». Se percibe como una transferencia de riesgos de salud de personas ricas a personas pobres.
En relación al interés superior del menor, trasladan el enfoque del «derecho a tener hijos» al «derecho de los niños» por lo que, desde una perspectiva legal estricta, si hay un pago y un contrato que obliga a entregar al bebé, algunos países lo equiparan al tráfico de menores.
TRANSPARENCIA EN MÉXICO: ENTRE LA FRAGMENTACIÓN Y LA JUDICIALIZACIÓN
DEL DERECHO
A SABER
El pasado lunes, Artículo 19 dio a conocer un documento sumamente valioso titulado “Rediseño y judicialización del derecho de acceso a la información pública en México: un antes y un después de la reforma en materia de transparencia de 2025”. Se trata de un análisis profundo sobre los efectos que ha tenido el nuevo modelo de transparencia, y sobre los riesgos que enfrenta actualmente el derecho de la ciudadanía a conocer los asuntos públicos.
Uno de los puntos más preocupantes que aborda el informe es el aumento de causales para reservar información pública. El nuevo esquema pasó de 13 a 17 causales, ampliando así los candados legales que pueden utilizar los sujetos obligados para negar información que debería estar disponible para toda la ciudadanía.
Esto facilita que dichas reservas se justifiquen con mayor facilidad, normalizando la opacidad como una práctica institucional.
No se trata de un riesgo hipotético. Ya hemos visto casos concretos, como el de la Cámara de Diputados y su Comité de Transparencia, donde se reservó información pública relacionada con procesos de selección que debían ser completamente abiertos. También hemos observado un incremento en las reservas bajo argumentos de “seguridad nacional”, aun cuando en muchos casos no existe una verdadera justificación para ello. Incluso las llamadas pruebas de daño simplemente no aparecen o se presentan de manera deficiente. Desde el debate de esta refor -
ma advertimos sobre el peligro de incorporar nuevas causales ambiguas. Una de ellas es el concepto de “paz social”. ¿Qué significa exactamente alterar la paz social? El problema de términos tan abiertos es que permiten prácticamente cualquier interpretación por parte de las autoridades. En esa categoría puede encuadrarse casi cualquier argumento que los sujetos obligados decidan utilizar para negar información.
Otro aspecto central que señala el informe es la judicialización de la transparencia. Durante años insistimos en que la desaparición de un órgano autónomo terminaría trasladando la defensa del derecho de acceso a la información a los tribunales. Lo que antes era un recurso de revisión accesible para cualquier ciudadano, ahora en la práctica se convirtió en un juicio de amparo.
También en el informe, Artículo 19 destacó que el traspaso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) representó un riesgo para la integridad y conservación de más de 15 mil millones de registros y archivos públicos.
En este espacio también hemos hablado de otro problema derivado de esta reforma: la fragmentación del derecho de acceso a la información en el país. Mientras algunas entidades desmantelaron de manera inmediata sus órganos garantes autónomos, otras ni siquiera han cumplido con lo que establece la propia Ley General de Transparencia respecto de la creación de organismos descentralizados especializados. En cambio, optaron por trasladar
estas funciones a las contralorías estatales o a las secretarías de la función pública, dependiendo de la denominación que reciben en cada entidad.
El problema es que esos nuevos entes no han logrado funcionar de manera efectiva (en los casos en que ya existen). Otro punto de incumplimiento que hemos señalado es que la nueva Ley General de Transparencia establece que cada estado debe contar con un Subsistema de Transparencia coordinado con el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
Hasta ahora, sólo 16 estados lo tienen instalado: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Este panorama evidencia una profunda fragmentación del derecho a saber en México, acompañada de incumplimientos estatales en diversas obligaciones previstas por la ley.
La autonomía no era un capricho burocrático; era precisamente la condición mínima para garantizar imparcialidad en la resolución de controversias y en la defensa del derecho a saber.
Por ello, considero acertado que el informe hable de la “judicialización de la transparencia”, porque justamente eso fue lo que ocurrió con este derecho. Lo que antes era un mecanismo relativamente sencillo y accesible para exigir rendición de cuentas, hoy se convirtió en un proceso complejo, costoso y profundamente desigual para la ciudadanía.
Julieta del Río
¡¡¡ALERTA!!! ANTES QUE SE “AHOGUE EL NIÑO”, FUERA MAURICIO CORDERO
Raymundo Díaz S.
• El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, debe prever y evitar un desaguisado o doloroso incidente.
• El “NIÑO” que tiene como Secretario de Protección Civil, debe ser DESTITUIDO DE INMEDIATO.
PERFIL FRONTERIZO.
Resulta por demás OFENSIVO y VERGONZOSO que el ex-gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, hay SIDO MUCHO MEJOR que el Secretario de Protección Civil de este gobierno del “Humanismo”.
Pues, aunque no lo crean, Escandón Cadenas apenas escuchaba un trueno o veía un relámpago, ya estaba transmitiendo y avisando en cadena estatal la tormenta en turno, los riesgos de esta, el llamado a resguardarse en lugares seguros y estar atentos a sus siguientes anuncios en televisión. Hoy, el “NIÑO” comiteco metido a aprendiz de Secretario, “NI SUS LUCES” a pesar de que colonias enteras de Tuxtla Gutiérrez o su tierra natal Comitán, hayan quedado prácticamente BAJO EL AGUA sin que él y nadie de su “eficiente” equipo, haya emitido alerta alguna sobre esos fenómenos naturales.
Chiapas y los chiapanecos deben
DECLARARSE EN ALERTA, al NO TENER UN FUNCIONARIO que moniteree y esté pendiente las 24 horas de la seguridad de las familias, en estos inicios de la temporada de lluvias, huracanes y demás.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con ese HUMANISMO que le caracteriza, debe prever y evitar un DESENLACE FATAL por la MEDIOCRIDAD, INFAN-
TILISMO, DEFICIENCIA y CORRUPCIÓN de Mauricip Cordero Rodríguez, ese “HIJITO DE PAPI”, ese “NIÑO GRANDOTE” quién, no sólo le quedó MUY GRANDE EL PUESTO, sino que, sostenerlo en la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, es jugar con fuego, es tener o dejar a miles de chiapanecos al borde del peligro y de la muerte.
Así que, ANTES DE UNA DES-
GRACIA HUMANA y ANTES DE QUE “SE AHOGUE EL NIÑO”, hay que “tapar ese pozo” dándole las gracias al otro “NIÑO”, ese que sólo ha utilizado la Secretaría de Protección Civil para SUS AMORÍOS, PARA SU ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (hasta culpó y corrió a uno de sus amigos, ya ampliaremos) y para sus actos por demás NEÓFITOS, IRRESPONSABLES y CORRUPTOS.
Por cierto, ¿Sabrá el Gobernador Eduardo Ramírez que Mauricio Cordero Rodríguez y sus “eficientes” o CORRUPTOS colaboradores -mejor dicho-, OBLIGAN a COMPRAR CON SUS PROVEEDORES quiénes FIRMAN LOS EXPEDIENTES de Protección Civil. Cordero Rodríguez y el Subsecretario Valenti Manzo están “hasta las manitas” en ese acto DE ABIERTA y DESCARADA CORRUPCIÓN.
Pero sobre ese y otros temas, ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.
ALIANZA POR PENSIONES DIGNAS
Competir por todo, para que nada cambie, no me parece una solución óptima en nuestros tiempos. Colaborar en alianza con personas cuyo ejemplo inspira, por mucho, creo que es una mejor vía para enfrentar los retos de nuestra época.
Caer en otra de las trampas del oficialismo, que prospera al confrontarnos, y que postula que su reforma al artículo 127 constitucional sólo buscó eliminar “pensiones doradas”, por tratarse de privilegios, tampoco abona en nada, más que en debilitarnos como sociedad.
Su discurso de que todo cuanto hace es para favorecer al pueblo, contrasta con la realidad de una agenda que ha tenido por objeto concentrar el poder, restringir derechos y dificultar sus mecanismos de garantía, como el juicio de amparo.
Los privilegios derivados de abusos de poder los pudo combatir caso a caso, por los cauces legales idóneos, pero la rendición de cuentas no le agrada a nuestro gobierno. Así que una vez más su táctica ha sido desconocer nuestros derechos.
Derechos adquiridos a pensio-
nes dignas, por más que en nuestras precarias condiciones, parezcan exorbitantes.
Ahí la gran maniobra discursiva del oficialismo, pues en lugar de unirnos para exigir mejores condiciones de vida o enfocarnos en buscarle viabilidad a nuestros sistemas de pensiones, recortando los gastos que la corrupción nos impone, nos tiene una vez más a la defensiva de nuestros derechos más elementales. Ante este desolador panorama, la Alianza por Pensiones Dignas ha presentado demandas de amparo contra la reforma al artículo 127 constitucional. Y una vez más, como sucede con la defensa de personas juzgadoras, llegará hasta instancias internacionales para lograr que se
reparen las violaciones a los derechos de un grupo de personas que, tras trabajar toda su vida para tener tranquilidad, hoy se enfrenta a múltiples situaciones de vulnerabilidad que merman sus proyectos de vida. Con obstáculos adicionales, dado que el Órgano de Administración Judicial, con desconocimiento del derecho a una jurisdicción natural, ha ordenado que todos los amparos contra aquella reforma constitucional sean tramitados por sólo cuatro órganos judiciales que sorprenderían si no actúan como órganos de consigna. Algo que es de pronóstico reservado, pues ya se tiene noticia de desechamientos de otras demandas, aunque por el trabajo realizado en alianza para defender a personas
juzgadoras contra la reforma judicial, exista una jurisprudencia regional que les obliga a entender que los amparos no son notoriamente improcedentes si con ellos se cuestiona un procedimiento de reforma constitucional.
Amparos que tendrían que ser admitidos por esos órganos judiciales, para luego conceder suspensiones contra la disminución de las pensiones de las personas quejosas, que están padeciendo diversidad de afectaciones para ellas y sus familias, con la disminución de más de la mitad de sus ingresos de un momento a otro. Pero esperar que en estos casos se actúe con respeto a nuestros derechos, tristemente peca de ingenuidad. No obstante lo cual, la batalla se debe dar, al menos para romper la ilusión, el engaño, de que vivimos en un Estado de derecho serio, en una democracia constitucional que respeta los derechos de todo mundo, para de esa forma dejar un ejemplo y una alerta para que el resto de la sociedad despierte y cada vez seamos más quienes en alianza, exigimos respeto a nuestros derechos y nos unimos en su defensa.
Luis Miguel Cano López
PUNTO Y COMA
Roger Laid
EDUCACIÓN,
PARTIDOS
Y DESGASTE POLÍTICO
La crisis en la Subsecretaría de Educación Federalizada ya no solamente pasa por el conflicto magisterial. Ahora también entra al terreno político.
Mientras la Sección VII del SNTE-CNTE mantiene movilizaciones, huelga nacional y un abierto rechazo hacia Alfredo Ramírez Guzmán como interlocutor, el escenario se complica todavía más tras la aprobación de nuevos partidos políticos locales en Chiapas. Uno de ellos: Movimiento Humanista, proyecto político ligado al propio subsecretario, creado precisamente en los tiempos en que el funcionario debiera operar para el encargo que representa, ahora sabemos porque no le dio prioridad y utilizó el puesto para beneficio de su propio proyecto.
Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿puede un funcionario responsable de operar la estabilidad educativa concentrarse plenamente en resolver conflictos magisteriales mientras simultáneamente construye estructura partidista?
Porque el problema ya dejó de ser percepción.
En los propios resolutivos y pronunciamientos del magisterio democrático -documento que punto y coma tiene copia en su poder- aparece el nombre de Alfredo Ramírez Guzmán como uno de los funcionarios cuestionados por presuntas amenazas administrativas, falta de diálogo y ruptura de interlocución. En el punto numero 2 dice:
“Esta asamblea estatal se pronuncia en contra del C. Alfredo Ramírez Guzmán, Subsecretario de Educación Federalizada por la represión administrativa y amenazas en contra de la representación sindical de Nivel de secundarias Generales de la Sección VII del SNTE-CNTE, lo hacemos responsable directo de cualquier atentado que pudiera ocurrirles.”
Incluso, dentro de las exigencias y comentarios internos del movimiento magisterial ya se habla abiertamente de la necesidad de su salida para destrabar acuerdos. Es decir: el conflicto ya se personalizó políticamente.
La CNTE acusa cerrazón. Los estudiantes de Mactumactzá han señalado abandono de diálogo. Y ahora, en medio del desgaste, comienzan versiones sobre intentos de dejar continuidad en la subsecretaría mediante perfiles cercanos como el maestro Octavio Zavala Peña, identificado políticamente como aliado y compadre del subsecretario.
Lo delicado es que esas decisiones no corresponden a grupos internos ni a proyectos personales. Corresponden al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la conducción institucional del estado. Un dirigente de un partido “naciente” que seguramente buscara acuerdos para subsistir y que se tirara de “tapete persa” para conseguir espacios, no puede dictarle la agenta ni proponerle continuidad de sus errores en un área tan delicada como es la educación.
Porque una cosa es hacer po -
lítica y otra convertir una subsecretaría en plataforma de control o herencia política.
El gobernador ha sido claro en su mensaje: cero corrupción, responsabilidad y resultados. Bajo esa lógica, ningún funcionario debería actuar como si el cargo fuera propiedad privada o espacio para acomodar sucesiones anticipadas.
Hoy la pregunta ya no es solamente si Alfredo Ramírez seguirá o no.
La pregunta real es cuánto más puede sostenerse una subsecretaría atrapada entre conflictos sindicales, desgaste político, proyectos partidistas y ausencia de acuerdos efectivos.
Porque cuando el diálogo se rompe y la operación política fracasa, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un costo para todo el sistema educativo chiapaneco.
Puntos Suspensivos…
Imaginen ustedes que el líder de la sección VII del CNTE Israel Vázquez frenó toda acción de huelga en atención a la mayor fuerza política de un partido que apenas va a buscar hacer sus negocios….
De la misma forma Jovani Salazar quien le han permitido las autoridades del estado y el IEPC que haga y deshaga con la imagen institucional ahora ya tiene oportunidad de renunciar antes que lo renuncien, pero de este tema escribiremos en nuestra próxima entrega ya que hay mas mucho mas que dar a conocer.
Ese es el punto. Y también la coma;
FILIPICAS
Paco Ramírez
El enemigo en casa? El verdadero riesgo para las reformas de Sheinbaum
Quienes verdaderamente ponen en riesgo las reformas clave de la presidenta Claudia Sheinbaum no son los opositores de banquillo, sino los aliados insatisfechos, las facciones internas en busca de cuotas y los legisladores con lealtades regionales volátiles. Si la presidencia no consolida una operación política que garantice la disciplina interna a cambio de estabilidad, la mayoría calificada del oficialismo podría desvanecerse en las votaciones más polémicas.
En el complejo balón legislativo actual, el peligro para las modificaciones constitucionales no proviene de una oposición tradicional (PAN, PRI, MC) numéricamente desfondada y arrinconada, sino de las profundas vulnerabilidades, intereses cruzados y reconfiguraciones internas dentro del propio bloque oficialista.
Para que cualquier reforma a la Carta Magna sea aprobada, el régimen requiere estrictamente de la mayoría calificada —las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras—. Con un margen tan ajustado en el Senado y una gobernabilidad interna por armar en San Lázaro, cualquier fisura o disidencia, por mínima que parezca, es capaz de poner en jaque los proyectos más ambiciosos del Ejecutivo.
Para entender dónde están los verdaderos nudos informales del poder en el Congreso, es necesario desglosar los cuatro factores de riesgo real:
1. El Bloque del Partido Verde y el PT: Los aliados “condicionados”
El Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ya no se asumen como satélites secundarios o comparsas silenciosas de Morena; conocen perfectamente su peso específico y su valor de cambio. Saben que Morena, por sí solo, no alcanza la mayoría calificada que el proyecto presidencial necesita.
El riesgo real: Sus bancadas operan bajo una lógica de pragmatismo corporativo absoluto. Aquí el peligro no es una ruptura de tintes ideológicos, sino el fantasma del chantaje presupuestal o político. Si el PVEM o el PT consideran que sus cuotas de poder, sus posiciones en el gabinete, sus asignaciones en los presupuestos estatales o las candidaturas locales para los próximos procesos no están siendo respetadas por la dirigencia guinda, tienen el poder de aplicar el “voto diferenciado” o coordinar la ausencia de sus legisladores en votaciones clave. Es el mecanismo de presión perfecto para congelar iniciativas presidenciales enteras hasta que se renegocien los términos del acuerdo.
2. Los grupos de presión internos: Una ensalada de corrientes
Morena nunca ha sido un partido monolítico, sino un movimiento de masas sumamente amplio que alberga corrientes con agendas propias que, muy a menudo, chocan frontalmente con la visión técnica e institucional de la Presidencia de la República.
La facción radical o “Los Puros”: Son aquellos legisladores identificados con el ala más dura y fundacional del movimiento. Si este bloque percibe que las reformas de Sheinbaum se “suavizan” o se matizan para dar certeza a sectores empresariales o internacionales —especialmente en las álgidas materias energética o fiscal—, podrían rebelarse en la tribuna o condicionar su voto exigiendo mantener la línea más ortodoxa y doctrinaria del sexenio anterior.
El grupo de los “Neomorenistas”: En la otra acera están los expriistas y expanistas que se sumaron recientemente al calor del proyecto oficialista. Su lealtad no es ideológica, sino estrictamente coyuntural. Si las dinámicas de poder cambian o si el gobierno federal endurece medidas regulatorias que afecten a sus grupos políticos locales en los estados, este sector es el más propenso a romper la disciplina de bancada sin remordimiento alguno.
3. Las aduanas regionales y el peso de los gobernadores Existe un axioma político que a menudo se olvida en el centro del país: muchos diputados federales y senadores responden de manera directa a los gobernadores de sus estados natales antes que a los coordinadores parlamentarios en el Palacio Legislativo de San Lázaro o en el Senado.
El riesgo real: Si una reforma constitucional roza las finanzas locales —como modificaciones al pacto fiscal, distribución de participaciones o criterios de
coordinación hacendaria— o altera las estrategias de seguridad de una región en particular, los gobernadores tienen la capacidad de ordenar a sus legisladores “votar en contra” o simplemente no presentarse a la sesión. Un bloque de apenas cuatro o cinco senadores respondiendo al interés de un mandatario estatal es más que suficiente para derribar cualquier intento de reforma constitucional.
4. El factor ausentismo y el costo del desgaste humano Aunque en el análisis de café parezca un asunto menor, en las votaciones que exigen mayoría calificada el enemigo número uno de los regímenes suele ser la falta de disciplina doméstica y el ausentismo físico en el pleno. El riesgo real: La presidenta ha optado por otorgar mayor libertad y autonomía a las bancadas parlamentarias, disminuyendo la pesada figura de la “línea dura” o el control férreo y punitivo que se ejercía desde Palacio Nacional en el pasado inmediato. Sin embargo, la falta de un operador político con mano de hierro en el Congreso —una figura que centralice los incentivos y los castigos— convierte la tarea de mantener a más de 330 diputados y 85 senadores perfectamente alineados, presentes y votando al mismo tiempo en sesiones maratónicas, en un desafío logístico y político verdaderamente crítico.
La supermayoría del oficialismo es un gigante numérico, sí, pero con pies de barro políticos que la Presidencia tendrá que cuidar en cada votación.
