El día de ayer circuló la convocatoria para la designación del próximo Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esa convocatoria contiene una grave violación a la Ley Orgánica de la Universidad PAG. 2
Ayer la presidenta de la república se comprometió a democratizar la designación del Director del IPN.
Ese ejemplo debe seguir el gobernador de Chiapas y democratizar la designación del Rector de la UNACH.
Sobre todo, porque la convocatoria para designar el Rector es fraudulenta.
Y se corre el riesgo de producir en la universidad frutos de un árbol envenenado.
Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, señaló el mandatario estadunidense
ACCIONES Eduardo Ramírez encabeza el Primer Simulacro Nacional 2026 en Chiapas
Jueves 7 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3363
El fraude en la Universidad Autónoma de Chiapas
El día de ayer circuló la convocatoria para la designación del próximo Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esa convocatoria contiene una grave violación a la Ley Orgánica de la Universidad, en virtud de que está firmada por el Dr. Francisco Guevara Hernández en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, cuando el período por el que fue designado el Dr. Guevara prescribió, toda vez que su nombramiento fue realizado el 4 de noviembre del 2020 y el período de duración de los miembros de la Junta de Gobierno es por dos años como lo establece el artículo 15, fracción III, de la Ley Orgánica que a la letra señala que la facultad del Consejo Universitario: “Designar cada dos años, y en los supuestos de ausencias definitivas, a quienes integran la Junta de Gobierno”. La Ley Orgánica de la UNACH no contempla en ninguno de sus apartados la posibilidad de la reelección de un miembro de la Junta de Gobierno ni el mecanismo por el cual se puede prolongar su mandato, situación que implica la ilegalidad de la integración de la Junta de Gobierno y por lo mismo procede la nulidad del acto administrativo
que significa la publicación de una convocatoria que se encuentra viciada de origen, en virtud de que está firmada por un miembro que carece de facultades para ese efecto. Esto implica, en el marco de la vida universitaria y el respeto de los derechos humanos de los miembros de la comunidad, la reposición de procedimiento para evitar una designación fraudulenta de la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La UNACH arrastra la ilegalidad en la designación de sus Órganos Personales. Esta ilegalidad se hizo evidente en la reelección de Carlos Faustino Natarén Nandayapa, que incumplía con los requisitos para reelegirse, en virtud de que carecía de un posgrado; pero fue en esa administración en que se anuló las facultades y atribuciones de la Junta de Gobierno, que son fundamentalmente la de designar a los órganos Personales de la Universidad: el Rector y todos los Directores de Escuelas, Facultades e Institutos, así como la de conocer las causas graves que posibilitan la destitución de las autoridades nombradas por la misma Junta de Gobierno. La anulación de la Junta de Gobierno se generó, cuando Natarén Nandayapa, en su
afán de centralizar el poder en la Universidad, empezó a destituir a Directores de las Unidades Académicas y a nombrar encargados de la dirección, figura ilegal, que no se contempla en la Ley Orgánica.
Los miembros de la Junta de Gobierno en la administración de Natarén Nandayapa fueron nombrados por el Consejo Universitario en el año 2020, y nunca se cumplió con lo señalado por la misma Ley, que tenían que ser removidos por el Consejo Universitario cada dos años. Esta ilegalidad se presentó con la reelección de Natarén Nandayapa, que sin cumplir con los requisitos, fue reelecto por una Junta de Gobierno que carecía de facultades por haber prescrito con anterioridad sus facultades. Lo grave de esa Junta de Gobierno ilegal, es que conoció de la renuncia de Carlos Natarén Nandayapa y mantuvo la ilegalidad al nombrar a Oswaldo Chacón Rojas como Rector, con el propósito de concluir el período rectoral de Natarén Nandayapa. De ahí que la universidad tenga en estos momentos autoridades espurias, en clara violación a la Legislación Universitaria, no sólo en la figura del Rector sino en el 60% de los directores de las escuelas y facul-
tades que están como encargados. El problema de legalidad de los Órganos personales de la Universidad no es un asunto menor, debido a que el 60% de los Directores no pueden participar en los Órganos Colegiados como es el Consejo Universitario, que contempla la participación de Directores y no de encargados, pero tampoco pueden participar en la Junta de Directores en razón a que no ostentan esa representación. Esta falta de representación legal de la universidad condujo a que en la administración de Natarén Nandayapa se crearon sin la autorización del Consejo Universitario 128 programas académicos a nivel Técnico Superior Universitario, lo que representó un fraude académico, en virtud de que no lograron sostenerse ni cinco de esos programas. Lo mismo sucede en la actual administración, que proyecta una educación virtual de pregrado y posgrado, sin el respaldo de la comunidad de académicos y peor aún, sin mejorar la plataforma que de manera reiterada presenta problemas. De igual manera proyecta una visión de la Universidad del futuro, cuando la UNACH tiene problemas de legalidad y gobernanza en el presente.
CED emite Acción Urgente para México por la desaparición forzada de indígena maya tseltal
Gabriela Coutiño
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis., (apro)
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una Acción Urgente dirigida al Estado mexicano por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, originario del municipio de Nicolás Ruiz.
El hombre habría sido privado de su libertad por un grupo vinculado a la delincuencia organizada en un contexto de violencia generalizada en la región. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
El organismo internacional fijó como fecha límite el 15 de mayo de 2026 para que el Estado mexicano informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta acción urgente.
De acuerdo con testimonios de habitantes, el 24 de abril del presente, varias camionetas con hombres armados irrumpieron en el poblado tseltal de Nicolás Ruiz, comunidad que sostiene mecanismos de seguridad propios basados en sus usos y costumbres.
Los pobladores lograron detener al grupo armado; sin embargo, durante los hechos, dos de los presuntos agresores perdieron la vida. En ese contexto, Ángel Jiménez López fue privado de su libertad, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.
De acuerdo con el boletín informativo, la Acción Urgente No.
De acuerdo con habitantes, el 24 de abril, varias camionetas con hombres armados irrumpieron en el poblado tseltal de Nicolás Ruiz. Los pobladores detuvieron al grupo armado; sin embargo, durante los hechos, dos de los agresores perdieron la vida y Ángel Jiménez fue privado de la la libertad
2316/2026 fue transmitida el 1 de mayo de 2026, tras la desaparición de Jiménez López.
El CED solicitó al Estado mexicano implementar de inmediato acciones de búsqueda y localización, así como fortalecer las investigaciones bajo un enfoque integral, coordinado y con un cronograma claro.
El organismo enfatizó que las autoridades deben considerar todas las hipótesis posibles, incluido el contexto en que ocurrieron los hechos, y trabajar en la identificación tanto de autores materiales como intelectuales.
Asimismo, el Comité subrayó la importancia de garantizar el acceso a
la información y la participación activa de los familiares y representantes de la víctima. En este sentido, instó a las autoridades a mantenerlos informados de manera periódica sobre los avances, retos y resultados de las investigaciones, así como a incorporar sus aportaciones en el proceso.
Familiares de la víctima y habitantes organizados de Nicolás Ruiz reconocieron la intervención del Comité y exigieron al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones internacionales, particularmente las establecidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La desaparición de Ángel Jiménez López ocurre en un contexto preocupante. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas, mientras que en Chiapas la cifra asciende a mil 991 casos. De estos, 573 corresponden al actual periodo gubernamental encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar.
En municipios de la región como Venustiano Carranza, Teopisca, Amatenango del Valle, Acala y Villa Las Rosas se han registrado al menos 22 desapariciones recientes, en un entorno marcado por la presencia de grupos armados y la presunta tolerancia de autoridades, señaló el comité. El caso ha sido señalado como un reflejo de la crisis de desapariciones en el país, situación que motivó al CED a solicitar en abril de 2026 la intervención del secretario general de la ONU para llevar el tema ante la Asamblea General.
Organizaciones y familiares insisten en que la pronta localización con vida de Ángel Jiménez López es prioritaria, así como el esclarecimiento de los hechos y la atención a la problemática estructural de desapariciones en Chiapas y en todo México.
Partículas tóxicas alcanzan nivel de riesgo alto en Tuxtla
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
La Zona Metropolitana amaneció este martes con una calidad del aire calificada como “mala” por el Sistema de Monitoreo Ambiental. El principal contaminante detectado son las partículas PM2.5, un polvo microscópico que, aunque invisible al ojo humano, representa una amenaza seria para la salud.
Los niveles registrados colocan el riesgo para la población en categoría “alta”. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a estas partículas está directamente vinculada con enfermedades cardiovasculares, respiratorias.
Las PM2.5 se originan principalmente por la quema de combustibles fósiles: vehículos diésel (camiones de carga y transporte público), industrias, fábricas y centrales eléctricas. También contribuyen la quema de madera, residuos agrícolas e incendios forestales, así como actividades urbanas como la construcción, el desgaste de llantas y
frenos, e incluso la calefacción residencial.
La temporada actual de calor y el incremento de incendios forestales han agravado la situación, acelerando la concentración de estas partículas.
Estudios ambientales previos demuestran que los días con alta presencia de PM2.5 aumentan las consultas médicas y hospitalizaciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios crónicos (como asma o EPOC) o cardiacos.
Recomendaciones: qué hacer y qué evitar
Ante el riesgo inminente, Protección Civil Estatal y las autoridades sanitarias emitieron un decálogo de protección ciudadana:
Suspender actividades al aire libre (deporte, caminatas, juegos infantiles).
Que los grupos vulnerables (menores de 5 años, mayores de 60 y enfermos crónicos) permanezcan en sus hogares con ventanas cerradas.
No quemar basura, llantas o residuos agrícolas, ni usar leña para cocinar.
el uso del automóvil, optar por transporte público o compartir vehículo.
Mantener puertas y ventanas selladas para evitar la entrada del aire contaminado.
Usar cubrebocas KN95 si es indispensable salir.
Evitar encender veladoras, inciensos o cualquier producto que genere humo dentro de casa.
Limpiar superficies con paño hú-
medo para atrapar el polvo en lugar de esparcirlo.
No fumar en espacios cerrados.
Mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales. Las autoridades reiteraron que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas si continúan los incendios y el calor extremo, por lo que hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar más fuentes de contaminación.
Reducir
Reportan la desaparición de una migrante cubana en Tapachula, Chiapas
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro)
La migrante cubana Yarissel Díaz Arcia, de 19 años, permanece desaparecida desde la mañana del pasado 30 de abril en Tapachula, mientras autoridades migratorias desplegaron operativos contra una caravana de haitianos que avanza hacia el centro del país.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la joven sostuvo una llamada telefónica con un familiar, presuntamente ubicado en Cuba, alrededor de las 10:30 horas del día de su desaparición, pero desde ese momento ya no volvió a comunicarse.
Yarissel Díaz Arcia ingresó a México en 2024 y se había establecido en Tapachula, donde realizaba trámites relacionados con su estancia legal en el país.
Originaria de Palmira, provincia de Cienfuegos, Cuba, la joven presenta varios tatuajes distintivos: figuras en el brazo derecho; rosas y una flor con hojas en el hombro izquierdo; una flor vertical en el lado izquierdo de la clavícula; flores y la palabra “resiliencia” en una pierna. También tiene una cicatriz en el lado derecho del rostro, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía.
El día de su desaparición vestía
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En punto de las 11:00 horas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el Primer Simulacro Nacional 2026 en Tuxtla Gutiérrez, un ejercicio preventivo en el que participaron de manera simultánea más de 552 mil personas en 10 mil 721 inmuebles registrados de instituciones de los tres órdenes de gobierno, hospitales, empresas, planteles educativos y espacios públicos de los 124 municipios de Chiapas.
Desde las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, el mandatario destacó que estas acciones fortalecen la coordinación institucional y los protocolos de prevención, además de optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo provocadas por fenómenos naturales o por la actividad humana.
Ramírez Aguilar reconoció el trabajo de la Secretaría de Protección Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de las y los brigadistas, en favor del pueblo. Señaló que Chiapas presenta alta vulnerabilidad sísmica, por lo que hizo hincapié en la importancia de fomentar la cultura
Yarissel Díaz Arcia ingresó a México en 2024; es originaria de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, Cuba
pantalón tipo pesquero de mezclilla azul, sandalias negras y playera verde. El portal El Tapachulteco Denuncia reportó que Yarissel habría sido vista el 1 de mayo, alrededor de las 02:00 horas, acompañada de su pareja en la vivienda que rentaba; sin embargo, el propietario del inmueble aseguró que la migrante nunca regresó al domicilio.
Según la publicación, la joven presuntamente mantenía problemas con el dueño de la vivienda.
Operativo contra caravana migrante
En otro hecho, elementos del
Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron este miércoles un operativo para detener a integrantes de la caravana migrante denominada “David”, que avanza sobre la carretera federal 200, en el tramo Tonalá-Arriaga. El contingente, conformado principalmente por migrantes haitianos, lleva dos semanas caminando desde Tapachula hacia Tonalá bajo temperaturas superiores a los 42 grados centígrados.
Durante el operativo, varios migrantes corrieron para evitar ser detenidos, dejando abandonadas mochilas y carritos utilizados para
transportar a menores de edad. Algunos de los extranjeros gritaban “¡auxilio!” mientras escapaban de los agentes migratorios.
Los migrantes permanecieron durante dos días en Tonalá, periodo en el que recibieron apoyo con alimentos, agua y medicamentos.
Madres cubanas buscan a hijos desaparecidos
Asimismo, un grupo de madres cubanas que arribó a México para buscar a sus hijos desaparecidos desde el 21 de diciembre de 2024, cuando transitaban hacia la frontera norte presuntamente trasladados por bandas dedicadas al tráfico de personas entre Mazatán, Chiapas, y Juchitán, Oaxaca.
Las mujeres, acompañadas por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, recorrerán distintos puntos de Chiapas y la Ciudad de México del 2 al 16 de mayo.
Se prevé que este miércoles visiten diversos lugares de Tapachula y del municipio de Mazatán, de donde zarparon en lancha aquel 21 de diciembre de 2024 en busca de información sobre sus familiares desaparecidos.
Eduardo Ramírez encabeza el Primer Simulacro
Nacional 2026 en Chiapas
de la prevención y de contar con un plan familiar que permita mantener la comunicación y el apoyo en todo momento.
“Reconozco a todas y todos por su labor y entrega en los momentos difíciles. Siempre son las y los primeros respondientes en incendios, temblores, afectaciones volcánicas y distintos siniestros. Chiapas cuenta con una sólida cultura de protección civil y estos simulacros nos preparan para actuar de manera adecuada cuando se requiere”, expresó, al tiempo de remarcar que la entidad se mantendrá a la vanguardia en materia de alerta sísmica.
El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que la participación de más de 552 mil personas representa un crecimiento de casi el 40 por ciento respecto al año anterior. Detalló que, en lo que va de 2026, a nivel nacional se han registrado 15 mil 312 eventos sísmicos, de los cuales 2 mil 619 han tenido epicentro en Chiapas, lo que coloca al estado en el tercer lugar na-
cional con mayor número de sismos de distintas magnitudes. Asimismo, precisó que la dependencia cuenta con una fuerza de tarea integrada por 60 elementos, ocho ambulancias, dos unidades contra incendios, tres unidades cisterna, dos pick up, dos razer, tres embarcaciones de casco rígido, ocho
balsas inflables y una van. Añadió que, como parte del Plan Sismo, se mantienen activadas 15 regiones con mil 823 elementos del Sistema de Protección Civil estatal y municipal, 86 ambulancias, 206 unidades de emergencia, dos helicópteros, una aeronave de ala fija y una ambulancia acuática.
Tras cierre de megagranja porcícola, comunidad enfrenta el reto de sanear Santa María Chi
Claudia V. Arriaga Durán MÉRIDA, Yuc., (apro)
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el retiro de 41 mil 570 cerdos de la Granja Porcícola Santa María, instalada en la comisaría del mismo nombre en Mérida, Yucatán.
Se trata de un triunfo parcial para una lucha de casi tres años de una comunidad maya, que recurrió a amparos, denuncias, protestas, pero que también fue criminalizada por defender su derecho al medioambiente limpio: el agua y el aire.
La salida de los cerdos es apenas un primer paso. Falta conocer el plan para resarcir el daño ambiental que dejó consigo.
El comunicado de la Profepa advierte que en los siguientes 10 días hábiles la empresa deberá presentar un estudio de daño ambiental final con las correcciones que le solicitaron y posteriormente, de su aprobación, un calendario para las acciones correctivas y de compensación. Dicho planteamiento continúa dejando en vilo a la comunidad, ya que podrían ser excluidos.
“Hoy vemos un gran logro que se vaya de la comunidad, que los animales se hayan retirado, que se deje de oler la mierda de cerdo. Nos preocupa ¿qué harán con las pilas de oxidación? que acumulan excremento y agua, ¿qué harán con el terreno de más de 221 hectáreas? en el que hay regado estiércoles. Queremos saber el planteamiento de Profepa y si nos harán parte de esto, para ver qué?se hará en la comunidad y no solo en su territorio”, declaró en entrevista para
Se trata de un triunfo parcial para una lucha de casi tres años de una comunidad maya, que recurrió a amparos, denuncias, protestas, pero que también fue criminalizada por defender su derecho al medioambiente limpio: el agua y el aire
La Granja Porcícola Santa María, operada por la empresa Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V. fue clausurada definitivamente el 4 de septiembre de 2025 y su cierre anunciado el 9 de ese mismo mes, por la titular de la Profepa, Mariana Boy. En un mensaje en redes sociales reconoció la lucha de los pobladores mayas de la comisaría.
Cabe mencionar que la megagranja es propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, y a su vez, es aparcera de la empresa Keken.
Se determinó su cierre por completo debido a que las autoridades ambientales confirmaron que incumplieron en reiteradas ocasiones
las medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental de la granja. Se confirmó la contaminación que generaban con la descarga directa de aguas residuales sin autorización.
Se estableció una calendarización de septiembre de 2025 a abril de 2026 para el cierre de operaciones. Además, se les impuso una multa por 18 millones 668 mil 100 pesos.
Una de las consecuencias de la batalla de la comunidad para conservar su derecho a un medioambiente sano y libre de contaminación, es la criminalización de la protesta, específicamente contra su representante, Wilbert Nahuat, quien fue denunciado por los presuntos delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.
En 2022 se inició la carpeta de
investigación P1-P1/22/2024 de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra. Se sobreseyó en octubre de 2025, pero los empresarios se inconformaron e impugnaron esta determinación judicial.
“La empresa se quejó, el Tribunal Colegiado de la Primera Sala del Estado les dio la razón y permitió que siga la revictimización, para mí tiene carga psicológica y física, al juez no lo compraron, pero a los magistrados sí”, relató.
La comunidad también responsabilizó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que, en 2024, estaba encabezada por la ahora diputada local y panista, Sayda Rodríguez. La dependencia estatal sabía que la megagranja no respetó las leyes ambientales y aun así la dejó operar.
La empresa avícola CRÍO retomó los trabajos de construcción de las naves para expandir su industria, pese a que el 15 de diciembre, la demanda de amparo, expediente 2352/2025 del Juzgado Cuarto de Distrito, ordenó la suspensión definitiva de la obra.
La obra fue detenida el año pasado, porque se confirmó que destruyó vestigios de la ciudad maya de Tzemé, además de que deforestaron más de 16 hectáreas de selva maya.
Federico May del Consejo Comunitario de Kinchil recordó que pese a que también el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocaron sellos de clausura meses antes, la empresa no se detuvo, por lo que recurrieron al amparo.
“Otra vez la empresa CRIO retomó los trabajos de expansión en el
Pese a suspensión definitiva de construcción en la selva maya, empresa avícola retoma obras
área de Tzemé, que hemos estado denunciado desde octubre, maquinaria pesada continua con trabajos de nivelamiento del terreno con miras a construir más naves avícolas”, demandó.
Advirtió que CRÍO destruyó los vestigios mayas y el medioambiente sin que, hasta la fecha y pese a las denuncias, hubiera una sola persona responsable y castigada.
“Ese proyecto fue clausurado definitivamente por una juez federal, se han violado flagrantemente todas las normatividades ambientales, arqueológicas y de patrimonio d la nación porque se han destruido pirámides, un juego de pelota y tapado un pozo prehispánico”, agregó.
Calificó la impunidad de la empresa como una política de Estado que protege los megaproyectos y los eco-
cidos del territorio maya de Yucatán. “Todos los días se comete ecocidio en la selva de Kinchil”, denunció.
Las personas defensoras de territorio y medioambiente de Kinchil han denunciado en reiteradas ocasiones el despojo de su territorio.
En la región también hay expansión inmobiliaria de proyectos como Hacienda Celestún, Totem de Grupo Libera y Bokobá Residencial, que, sin previa consulta, empezaron a deforestar los árboles y cambiar el uso de suelo.
Proceso, el comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat.
Claudia V. Arriaga Durán KINCHIL, Yuc., (apro)
Jueves 7 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
lista del país más letal” para ejercer el periodismo: Artículo 19
Por Amado Azueta Ciudad de México,
La organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica presentó este miércoles su informe anual 2025, “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, en el que confirma que México se mantiene como el país más peligroso de la región para la prensa.
“Con siete asesinatos y una desaparición, México lidera, una vez más, la infame lista del país más letal de la región”, señala el documento.
El informe analiza la situación de la libertad de expresión en México, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Entre sus hallazgos destaca el aumento de agresiones indirectas, como: acoso judicial, estigmatización y ahogo financiero, que en México representaron el 44% de los casos registrados.
En entrevista con Latinus, el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, explicó que los países evaluados comparten patrones de agresión contra periodistas que investigan o publican información sensible, en-
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“Se me acaba de ocurrir: vamos a hacer una consulta para la próxima dirección del Politécnico”, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la sucesión en el IPN entre señalamientos contra Arturo Reyes Sandoval, de quien dijo tener “una muy buena opinión, es una eminencia”.
“Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres a una terna. ¿Cómo ven? Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así.
“Pues vamos a… con una consulta. A ver que la gente opine quién puede ser el mejor director o directora del Poli. Y de ahí pues nombro una comisión con la Secretaría de Ciencia para que elijan al mejor perfil”, dijo.
Desde la conferencia en Palacio Nacional, instruyó a Mario Delgado que le presente una propuesta de cómo se puede democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional.
Sobre los señalamientos a Reyes Sandoval, primero defendió que tenía una plaza en la Universidad de Oxford con investigaciones en torno a las vacunas. “Hace su doctorado, se queda
Entre los hallazgos, la organización destaca el aumento de agresiones indirectas, como: acoso judicial, estigmatización y ahogo financiero
frentando campañas de descrédito, ataques masivos en redes, demandas judiciales, amenazas de muerte e incluso asesinatos.
“Encontramos 451 agresiones en México el año pasado; esto significa una agresión cada 19 horas”, afirmó.
De las 674 agresiones documentadas en la región durante 2025, el 66% ocurrió en territorio mexicano. También se concentraron en el país siete de los 12 asesinatos de comunicadores registrados en el periodo.
Maldonado advirtió que gobiernos
y poderes fácticos en la región mantienen una estrategia para deslegitimar la crítica y obstaculizar el flujo de información, a la que Artículo 19 denomina “estructuras de silencio”.
“Son mecanismos cada vez más sofisticados que incluyen violencia, uso del aparato judicial y campañas de linchamiento en redes sociales, donde se coloca a la prensa como enemiga del pueblo para hacerla caer en el descrédito”, señaló.
En el caso mexicano, el informe advierte que “se restringe el dere -
cho a preguntar, se vuelve incierto el derecho a impugnar y se intenta reemplazar con propaganda el derecho a saber”.
Maldonado agregó que, a diferencia del informe de 2024, en 2025 persisten prácticas preocupantes como la estigmatización, el control editorial, las presiones contra quienes hacen preguntas incómodas y el acoso judicial contra periodistas y medios.
Un llamado a proteger a la prensa El director regional subrayó que el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, también es un llamado a proteger el trabajo periodístico.
“El periodismo es hoy más vigente y más necesario que nunca. Nos ayuda a sistematizar, a encontrar los puntos finos que un ojo no entrenado no puede ver. Es imposible caminar en democracia sin una prensa libre e independiente, y esas son las condiciones que menos se garantizan en México y en la región”, concluyó. Información de Latinus.
Sheinbaum propone consulta para elegir director del IPN
allá estudiando y tiene las mejores condiciones de vida en el Reino Unido” y quiso regresar a México para dirigir el IPN. “Y ha hecho un buen trabajo al frente del Poli”.
Indicó que “hay investigaciones sobre su secretario académico, creo, de parte de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si el secretario académico cometió alguna irregularidad pues tendrá que ser sancionado conforme a la ley. ¿Qué le ha pasado al Poli? Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto solo con momentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de 30 mil nuevos estudiantes a partir de la llegada del doctor”.
Admitió que Reyes Sandoval le pidió sentarse a platicar sobre el presupuesto por el aumento en la matrícula en específico para la contratación de docentes.
“Y ya nos estamos sentando junto con Mario Delgado para poder apoyar al Poli que tenga los recursos necesarios para su operación y su trabajo de…
es una gran institución”.
La mandataria federal dijo que ahora que viene la sucesión en diciembre, “cada vez que va a haber sucesión también hay pues sí, quien quiere ser, malamente la verdad, quien quiere ser director o no del Poli, pues empieza a pegarle a uno, empieza a pegarle a otro, parte del proceso de sucesión. Ahora, si hay alguna irregularidad, que se investigue siempre”.
La jefa del Ejecutivo Federal también pidió hacer pública la situación de
la Fundación que decidió cerrar.
“Que él lo explique: ¿Qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación?
Porque no había transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que él me planteó. Entonces, a las y los estudiantes del Poli, a los docentes, no va a haber ningún problema con el Politécnico, estamos apoyando al Poli.
A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, si hay alguna irregularidad, pues que se investigue y se sancione”.
Fiscal de EU advierte que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, advirtió que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. El funcionario que sustituyó a la destituida Pam Bondi en el gabinete de Donald Trump se refirió en una entrevista a las acusaciones presentadas la semana pasada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos mexicanos a quienes se vincula con el crimen organizado. Blanche acudió este miércoles a la conferencia Border Security Expo en Phoenix, Arizona. Ahí concedió una entrevista a la reportera Ali Bradley del canal conservador News Nation. La propia Bradley compartió en su cuenta de X el fragmento de la conversación en la que Blanche aborda las acusaciones contra los funcionarios mexicanos. La reportera le pregunta si habrá consecuencias contra los políticos que protegen a los cárteles más allá de la revocación de sus visas.
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Red Jesuita con Migrantes denunció el despliegue “profundamente militarizado” de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México, en los que participa personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como parte de una política de “control social” con miras al Mundial de Futbol 2026.
Dirigidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), los operativos se han reportado en las colonias Guerrero, Doctores, Polanco, Patriotismo y en Ciudad Netzahualcóyotl, indicó la Red Jesuita con Migrantes.
En un pronunciamiento alertó que las detenciones de personas migrantes que “bajo el discurso de ‘orden y limpieza’ del espacio público en preparación para el próximo mundial de futbol, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa una política de control social que contraviene la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
Apuntó: “No se puede utilizar un evento internacional como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes y con necesidades de protección internacional”.
La organización acusó “un esquema de control migratorio profundamente militarizado”, por la participación de miembros de Fuerzas Armadas, lo que representa una actuación “no sólo desproporcionada, sino incompatible con el carácter civil que deben regir las tareas de control migratorio y constituye un grave retroceso en materia de
“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios gubernamentales de México, así que eso es algo que continuará”, asegura Todd Blanche
“So, could we see more indictments?” @DAGToddBlanche says “sure, yes. We’ve already indicted multiple government officials out of Mexico…”
The Acting AG explains what consequences they’re bringing to Mexican politicians tied to the criminal cartels. pic.twitter.com/td82aKCjbr — Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 6, 2026
“La semana pasada anunciamos que se presentó una acusación formal
contra un gobernador de México por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo”, respondió el fiscal, quien destacó que hay una buena relación con el vecino del sur. “Tenemos una muy buena relación con el gobierno de México en este momento, creo que reconocen la importancia de nuestra relación y que ésta depende ahora de la cooperación en materia de inmigración, la lucha
contra el narcotráfico y otros asuntos similares”, subrayó Blanche. –Entonces, ¿podríamos ver más acusaciones? –preguntó Bradley. –Seguro, sí –respondió categórico Blanche.
El fiscal interino explicó que una consecuencia de que varios de los capos del narcotráfico hayan sido enviados a Estados Unidos gracias a la cooperación con México es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y sus declaraciones pueden llevar a que haya cargos adicionales.
“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios gubernamentales de México, un juez recientemente también, así que eso es algo que continuará”, dijo Blanche.
Sobre la posibilidad de operaciones en tierra de fuerzas estadunidenses contra los cárteles, Blanche dijo en la entrevista que esa decisión no le compete al Departamento de Justicia sino al presidente Donald Trump.
Denuncian operativos de militares contra migrantes en la CDMX rumbo al Mundial 2026
derechos humanos”.
A partir del monitoreo de estaciones migratorias, la Red documentó “detenciones arbitrarias en la vía pública y en domicilios privados; traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación ni información sobre cuál será su destino; e incomunicación de las personas detenidas”.
En el comunicado, la Red Jesuita describió dos operativos en los que se registraron allanamientos de domicilios en las colonias Doctores y Guerrero.
En el primero, la Guardia Nacional, la Marina y el INM irrumpieron en un domicilio en el que habitaban jóvenes venezolanos, a quienes detuvieron, “los trasladaron a la estación migratoria Las Agujas y posteriormente enviados a Tapachula a la estación migratoria Siglo XXI”.
El segundo allanamiento fue documentado por el medio Conexión Migrante, que, a través de un video posteado en sus redes sociales, documentó el ingreso de al menos 15 agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones “sin una orden judicial”.
Ambos hechos “constituyen allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, lo cual vulnera derechos fundamentales, invalida procedimientos y conlleva responsabilidades para las autoridades involucradas”.
La Red Jesuita apuntó que los hechos “no son aislados, sino parte de un despliegue sistemático que comenzó hace una semana y que en los últimos
días se ha intensificado y visibilizado”.
Tras alertar que la situación migratoria irregular de las personas detenidas, “es consecuencia directa del colapso” de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del mismo INM, considerando que en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 80 mil solicitudes de asilo.
Apuntó que luego de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vio imposibilitada de apoyar a la Comar, esta institución perdió “más de 60% de su presupuesto”, lo que dejó a “decenas de miles de personas atrapadas en una etapa de pre registro que puede extenderse hasta 10 meses sin que puedan siquiera presentar formalmente su solicitud de refugio”.
Además, el INM “ha dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática”, violentando los plazos legales para el otorgamiento de permisos de trabajo.
“Detener a quienes esperan meses en una cola institucional para ejercer un derecho reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por México no es control migratorio: es la criminalización de quienes el propio Estado mantiene en un limbo jurídico que él mismo ha construido”.
Aunado a ello, el gobierno de la Ciudad de México viola la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que ordena a las autoridades locales “garantizar la hospi-
talidad, la inclusión y el acceso efectivo a derechos para las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria”.
Tras señalar que han detectado casos en que personas migrantes con calidad de refugiados también han sido detenidas con fines de deportación, la Red Jesuita con Migrantes exigió “el cese inmediato y definitivo de los operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y su zona metropolitana; el retiro de las fuerzas armadas de cualquier acción de control migratorio”, así como la liberación de las personas detenidas “y la revisión inmediata de sus casos con apego al debido proceso”.
La organización exigió el “respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional, incluyendo su derecho a solicitar asilo”; el cumplimiento de la Ley de Interculturalidad, de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, así como poner fin a “cualquier política de ‘orden y limpieza’ que implique la criminalización, desplazamiento o expulsión de poblaciones vulnerables”.
Si México no ataca a cárteles de droga, lo haremos nosotros
vía terrestre,
De la Redacción
(apro)
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental, anunció la Casa Blanca el miércoles, y declaró que si el Gobierno de México “no va a hacer el trabajo, lo haremos nosotros” a través de la vía terrestre.
“La entrada de drogas por mar ha disminuido 97 por ciento, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, señaló el mandatario estadunidense.
Trump ha buscado presionar a líderes regionales para que trabajen más estrechamente con Estados Unidos a fin de atacar a los cárteles y para que emprendan ellas mismas acciones militares contra narcotraficantes y pandillas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional del hemisferio.
La caída de Maduro y presión a Cuba
El gobierno de Trump ha accionado de manera agresiva para reconfigurar la región con el derrocamiento
Dalila Escobar
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó una nota diplomática a Estados Unidos para indicar que lo enviado para sustentar la solicitud de detenciones provisionales con fines de extradición contra 10 personas, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha, no constituyen una prueba. Por lo tanto, solicita lo que el gobierno mexicano considera pruebas contundentes para llevar a cabo la detención temporal del gobernador que ya no está en funciones, así como del alcalde, también con licencia, de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza quien mantiene su licencia y hoy debía presentarse en la Comisión Permanente, pero eso también declinó hacerlo.
La mandataria federal insistió
advierte Trump
Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, señaló el mandatario estadunidense
de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, decenas de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga y eran operadas por cárteles, y una nueva presión sobre el gobierno comunista de Cuba. Sebastian Gorka, el zar antiterrorista de la Casa Blanca que encabezó la nueva estrategia, afirmó que el cambio de prioridades reconoce un cálculo simple: han sido asesinados muchos más estadounidenses por cárteles que introdujeron drogas ilícitas en comunidades de Estados
Unidos que los militares estadounidenses fallecidos en conflictos en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, sostuvieron.
“Ya sea estrangulando sus fondos ilícitos, ya sea rastreando sus embarcaciones de droga, no les permitiremos matar a un estadounidense a gran escala”, dijo Gorka en una llamada telefónica con periodistas para anunciar la estrategia.
Este es el ejemplo más reciente de los esfuerzos del gobierno por demostrar que sigue comprometido con afinar el enfoque de la política
exterior de Estados Unidos en el hemisferio occidental, aun mientras lidia con crisis en todo el mundo.
La campaña del gobierno republicano de volar embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico en aguas latinoamericanas ha persistido desde principios de septiembre y ha causado al menos 191 muertes en total.
Gorka señaló que otras prioridades antiterroristas del gobierno son atacar y destruir grupos militares islámicos que tienen capacidad de ejecutar operaciones contra Estados Unidos, identificar y neutralizar grupos políticos seculares violentos con una ideología antiestadounidense, “radicalmente pro-género” o anarquista, y reforzar los esfuerzos para impedir que actores no estatales obtengan armas de destrucción masiva.
Gorka indicó que funcionarios gubernamentales se reunirían con aliados en los próximos días para analizar cómo pueden reforzar sus estrategias antiterroristas.
“Como el presidente dejó muy claro, mediremos su seriedad como socio y aliado por cuánto aporten”, afirmó. “Así que esperamos más de nuestros socios en Oriente Medio, así como en otros lugares”.
(Con información de AP)
Sheinbaum afirma que la SRE mandó nota diplomática a EU para pedir pruebas contra Rocha Moya
en que lo enviado son sólo “dichos de una persona” escritos en un papel. Y por lo tanto, afirmó, “si no hay pruebas de lo que están diciendo, es injerencismo”.
De nuevo relacionó el tema con la defensa de la soberanía nacional que, dijo, es lo primero. Es un principio que debemos mantener todos. No puede haber agentes extranjeros operando en territorio porque está en contra de la Ley y la Constitución”.
Redundó en el tema de que la defensa de la soberanía es defender el territorio, al pueblo y a la patria. “Eso no es negociable”. Reiteró también que “Nadie nos va a decir cómo nos gobernamos”.
Después se quejó de que con el tema de Rocha Moya, “ya todos son
jueces y abogados”.
De nuevo dijo que “La soberanía está por encima de todo”, además de
que al “gigante Juárez siempre hay que recurrir en momentos de duda o dificultad”.
Ciudad de México
Jefas de familia limitadas ante desborde de precios en canasta básica
Ximena Adalí Valdes Vargas Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Atan solo cuatro meses de haber comenzado el año, la inflación alimentaria en México prende señales de alerta con precios altos, pues durante el mes de marzo y abril se registró un incremento en el precio de los 24 productos esenciales que conforman la canasta básica, pasando de los 910 pesos a los 2 mil 106 pesos en distintas regiones del país, lo que representa un aumento mensual de 21.13 pesos, equivalente a 1.01% y esto pega en la economía de las mujeres que se desempeñan como jefas de hogar.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2020 había 35 millones 221 mil 314 madres en México. En promedio, cada una tenía dos hijos o hijas y el 48 por ciento de ellas era económicamente activa, es decir, contribuía para el hogar con alguna actividad laboral.
El Inegi también detalló que de las madres económicamente activas, 11 millones 474 mil 983 estaban reconocidas como jefas de familia; o sea que, en total, 33 de cada 100 hogares a nivel nacional eran liderados por una mujer.
Doña Moni, dueña de una recaudería en el mercado de la curva de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, comparte su testimonio respecto al aumento de precios como mujer dueña del hogar y vendedora.
«La verdad es que, si ha habido un aumento significativo en casi toda la verdura, más que nada por la sequía que se puede sentir, la gasolina, la violencia a la que se exponen los intermediarios en las carreteras, todo influye y nos afecta a todos, hasta a mí que la vendo. Trato de no subirle tanto el precio para no perder clientela y eso me afecta también. En cuanto a la comida en la casa, afortunadamente no le batallamos, pero si he estado en el lugar de la clientela.», comparte Doña Moni.
Aunque el porcentaje puede parecer moderado, acumulado mes con mes representa un golpe constante para los hogares que destinan la mayor parte de su salario en comida, en especial para las jefas del hogar quienes, ante la ausencia del padre de sus hijas o hijos, deben responsabilizarse del trabajo no remunerado (el cuidado y la limpieza) y convertirse en proveedoras para pagar diferentes gastos como servicios, ropa, comida, renta, transporte y otros.
En marzo de 2026, la canasta básica costaba 2 mil 85 pesos con
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2020 había 35 millones 221 mil 314 madres en México. En promedio, cada una tenía dos hijos o hijas y el 48 por ciento de ellas era económicamente activa, es decir, contribuía para el hogar con alguna actividad laboral
32 centavos; sin embargo, para abril, el precio subió a 2 mil 106 pesos con 45 centavos. De acuerdo con el estudio Líneas de Pobreza que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación general mensual de marzo del presente año aumentó 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior lo que responde al aumento en la canasta básica.
Datos revelados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señalan que los productos que más aumentaron su precio en el último mes son: el chile poblano 28.24% (de $55.66 a $71.38), jitomate 14.48% (de $45.09 a $51.63), chile jalapeño 12.72% (de $37.84 a $42.66), papa 10.76% (de $34.39 a $38.09) y zanahoria 7.63% (de $18.84 a $20.28).
Las regiones donde la Canasta Básica Alimentaria resultó ser más cara fueron estado de México con 2 mil 485 pesos con 50 centavos, Colima con 2 mil 435 peos, Nayarit con 2 mil 340 pesos, Zacatecas con 2 mil 278 pesos y Baja California con 2 mil 219 pesos.
Crédito: Pexels, Rizky Rafael https://www.pexels.com/es-es/ foto/vegetales-verduras-personamujer-4281601/
Nieves
En la Ciudad de México vive Nieves Romero, una madre y esposa de 4 hijas que va al mercado a comprar para hacer de comer cada dos días. A ella ya no le sorprende el aumento de precios. Indica que el jitomate ya está en 90 pesos en algunas recauderías, lo mismo que costaría en una tienda departa -
mental.
«Antes el jitomate estaba en 20 o 30 pesos por máximo donde suelo comprarlo, ahora he visto letreros en los tianguis que lo venden hasta en 90 pesos el kilo, y así ha sido con casi toda la fruta y verdura, ha subido todo de precio, pero realmente ya casi no me sorprende. Afortunadamente ya se cómo sobrellevarlo y qué hacer de comer cuando estas situaciones pasan para no afectar nuestra economía y alimentación. Es un poco complicado porque el tomate o el jitomate se utiliza para todo.», comparte Nieves.
Alessandra
Alessandra Mora es otra mujer y madre primeriza de 24 años quien reside en la Ciudad de México. Se está acostumbrando a ser jefa del hogar y todo lo que eso implica como el trabajo de cuidados y las tareas del hogar, que incluye la preparación de alimentos. Ella comparte que se le complica un poco por el hecho de que ahora tiene que comprar por piezas en vez de kilos y distribuir bien las porciones.
«Solo se me ha hecho un poco complicado porque ahora tengo que comprar, por ejemplo, 4 jitomates, 1 pepino y 1 cebolla, en vez de comprar el kilo de cada cosa, pero de ahí en fuera creo que está bien porque solo somos yo, mi esposo y mi bebé y no se desperdicia lo que compramos. Sin embargo, supongo que las cosas irán subiendo más y más porque viene el mundial y muchos extranjeros estarán aquí y todos quieren sacar provecho, solo espero que no sea permanente.», explica Alessandra. Termina su relato diciendo:
«Respecto al dinero, tengo que hacer que nos alcance, porque aparte de comida tenemos otros gastos. Como por ejemplo cosas de uso personal, para mi bebé y para nosotros. Tratamos de estirar el dinero para no quedarnos a media quincena.»
Crédito: Pexels, Atlantic Ambience https://www.pexels.com/ es-es/foto/vegetales-verdurasmujer-mercado-12955527 De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que registra la inflación de bienes y servicios en México, desde la segunda quincena de marzo de este año ya se veía el aumento exponencial que tendría el precio de la verdura. En la primera quincena de abril de 2026, los productos genéricos cuyas variaciones de precios al alza y a la baja destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron el jitomate, chile serrano, así como autobús urbano con incrementos en sus precios. En contraste, la electricidad, el tomate verde, el transporte aéreo y el pollo disminuyeron sus precios. Gráfico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El alza de precios no ocurre de forma aislada. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señala diversos factores que están implicados en el alto costo de la canasta básica, por ejemplo, el incremento de energéticos como el Diesel que va por encima de los 30 pesos por litro, problemas de inseguridad y extorsión que elevan los costos operativos del comercio y medidas internacionales como el impuesto del 17% al tomate mexicano en Estados Unidos. En el ámbito internacional, medidas como aranceles, así como la sequía producto del cambio climático y las guerras que escasean insumos como fertilizantes y refacciones contribuyen a un entorno adverso que impacta directamente en el precio de las mercancías, afectando directamente a la economía de 35 millones de mexicanos. Estos elementos afectan tanto a la distribución como a la producción de alimentos, repercuten directamente en el consumidor final. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ya anunció que esta combinación de factores podría encarecer los alimentos hasta un 40% en 2026.
EL SINALOENSE EN EL SENADO. ESTO APENAS EMPIEZA
José Gil Olmos
La mañana del miércoles 29 de abril era calurosa y en el Senado todo transcurría normal. Se trataba del cierre de sesiones del periodo ordinario y entre los reporteros no había mucho ánimo, pues ya había pasado la tormenta del caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua y el rechazo de la gobernadora Maru Campos para asistir al Senado a fin de informar lo que había ocurrido en la Sierra Tarahumara.
La reunión de la Junta de Coordinación Política había acontecido sin mayor problema con los acuerdos que se verían para nombrar a quienes estarán en la Comisión Permanente que empieza en mayo. Era tan normal que en la lista de Morena aparecía el senador sinaloense Enrique Inzunza. Pasando el mediodía todo cambió en el edificio de Reforma e Insurgentes. Comenzaron a verse a senadores corriendo, hablando por teléfono de manera agitada. Las y los reporteros que minutos antes estaban esperando conseguir alguna información subieron a la oficina del senador Inzunza. Pero ya no estaba.
El ambiente en el Senado comenzaba a bullir, las reporteras y reporteros emprendieron la búsqueda de reacciones con los legisladores de Morena porque a partir de entonces, en portales informativos y todos los noticieros se daba a conocer la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique
Inzunza y otros ocho funcionarios de ese estado acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa. En el ir y venir por todo el Senado los reporteros encontraron al senador tabasqueño Adán Augusto, a quien le soltaron una batería de 16 preguntas sobre las acusaciones del gobierno de Donald Trump al senador Inzunza y el gobernador Rocha Moya. La respuesta fue la misma: “No doy declaraciones. Muchas gracias”. En el salón de sesiones del Senado la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, trataba de resguardar la sesión del vendaval sinaloense. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, preparó una entrevista para tratar de amortiguar el golpe, asegurando que el Departamento de Justicia estadunidense tendría que presentar las pruebas de sus acusaciones.
El senador Enrique Inzunza, que había pasado lista en la mañana para la sesión y había abandonado sigilosamente el edificio del Senado, apareció en redes sociales con un mensaje que causó escozor entre sus compañeros de partido al involucrar al expresidente López Obrador.
“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, acusó el senador oriundo, orgullosamente, de Badiraguato, la cuna del Cártel de Sinaloa.
“Es el fin de la 4T”, comentaban
reporteros, mientras que legisladores de oposición opinaban que habían golpeado la línea de flotación de Morena en víspera del arranque de las elecciones del 2027. “Lo más recomendable es que los de Morena esperen la línea discursiva de la presidenta o de Andrés Manuel”, dijo uno de los senadores.
Histriónica, la senadora Lilly Téllez, que entró a la vida legislativa de la mano de Morena y de López Obrador y cambió de partido al PAN cuando le convino a sus intereses particulares, era la que más festejaba desde tribuna y en conferencia la petición del departamento de Estado norteamericano, lo cual fue tildado por los morenistas como “vendepatrias”.
El affaire sinaloense no terminó para Morena con el fin del periodo ordinario cuando la senadora presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, tocó la campana y más tarde inició los trabajos de la Comisión Permanente. En medios siguieron las declaraciones del senador Mier pidiendo las pruebas y las del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegurando que se trataba de un tema político.
“Esto es apenas el principio”, dijo un legislador de oposición, a lo que un reportero agregó: “Así es, pero que nadie eche sus barbas a remojar, faltan los de otros partidos que están también involucrados con el Cártel de Jalisco, los de Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Quintana Roo…”.
LA MEXICANA: UNA “JUSTICIA”
SELECTIVA Y DISCRIMINADORA
Elisur Arteaga Nava
Para quienes tenían dudas respecto del concepto de justicia que tienen los de la 4T, los casos del exgobernador Rocha Moya y del senador Inzunza, comparados con los de los más de 50 extraditados a Estados Unidos de América del año pasado, son emblemáticos y hasta ejemplares. Para los primeros se exigen pruebas y un proceso legal; para los segundos fue suficiente una orden proveniente del imperio para que, sin mediar pruebas y un proceso legal, fueran remitidos. Es peligroso, y hasta suicida, estar fuera de la 4T. La presidenta Sheinbaum tiene un buen pretexto para exigir pruebas y negar la extradición: la Constitución y las leyes. La solicitud de extradición está referida a una persona que goza de inmunidad: el senador Enrique Inzunza Cázares. También comprende a personas que no gozan de ella: los restantes. Respecto de éstos, en observancia de la Constitución (artículo 119), de la Ley de extradición y el Tratado de extradición entre México y los Estados Unidos de América, mediando la solicitud del gobierno norteamericano, procedería solicitar a un juez de distrito, sin mayor trámite, su detención hasta por 60 días naturales, con fines de extradición. En este caso, vistos los precedentes, para quedar bien, pudieran ser entregados sin mediar proceso alguno.
Rubén Rocha Moya, por razón de la licencia al cargo de gobernador que solicitó no goza de inmunidad; ésta es inherente al cargo. Si no lo ejerce, está en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos comunes y corrientes. Puede ser citado a declarar por el ministerio público federal y, de existir elementos, ser puesto a disposición de un juez de distrito. No se hará.
Como en el caso del general Salvador Cienfuegos, la acción del ministerio público se limitará a tomarle su declaración; en su momento, por no encontrar elementos, acordar el no ejercicio de la acción penal en su contra y disponer el archivo del expediente.
Lo anterior no implicará la existencia de un proceso penal. Para que lo sea se requiere que se abra un juicio y que intervenga un juez que, mediante una sentencia, lo declare inocente de los cargos por los que es requerido por los Estados Unidos de América. Esto es lo que para los efectos del Tratado de extradición sería el único obstáculo válido que impida su extradición.
Una entrega precipitada pudiera orillar a Rocha Moya a suponer, fundadamente, que fue abandonado a su suerte y, por despecho, se convierta en reo colaborador en un eventual proceso que se le ventile ante un jurado de ciudadanos de Nueva York.
Para evitarlo, es factible que en el “proceso penal” que se abra se le concedan todas las facilidades: que siga gozando de plena libertad, no se le exija fianza, que rinda su declaración por escrito, que al ministerio público se le pase el término para ofrecer pruebas, formular alegatos y, en su momento, para presentar el recurso correspondiente en contra de la sentencia que lo declare inocente. La sentencia, en ese caso, causaría estado.
A existir sentencia absolutoria, resultaría improcedente disponer su entrega a las autoridades norteamericanas que lo requieren.
El señor Inzunza, por ser de Morena, seguramente alcanzará gracia. Es legislador. Por razón de que el artículo 111 constitucional no distingue entre autoridades judiciales nacionales o extranjeras, para que se pueda proceder penal-
mente contra él, se requiere una declaración de procedencia previa. Ésta la emite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Para que la Cámara de Diputados pueda iniciar el trámite se requiere que un particular (artículo 109, frac. IV, p. 3 constitucional) o el ministerio público federal (artículos 21 y 102 apartado A), formulen una denuncia ante ella respecto del legislador. En este caso, por mandamiento constitucional: “… mediante la presentación de elementos de prueba, …” ambos, el acusador y acusado, deben aportar los elementos probatorios; ello con independencia de lo que dispongan la Ley de extradición o el Tratado de extradición. El mandamiento constitucional, por ser supremo, está por encima de la ley y el tratado (artículo 133 constitucional).
En ese sentido, la presidenta de la República, al exigir pruebas, le atinó, está en lo correcto. En efecto, su presentación es necesaria de conformidad con el artículo 109 Constitucional. En el caso prevalece el texto constitucional sobre la ley y el tratado de extradición.
Los morenos sabían que con la entrega del Chapo Guzmán y Caro Quintero; y el secuestro del Mayo Zambada, existía la posibilidad de que, ante las traiciones de las que habían sido objeto o, incluso, por alcanzar beneficios como colaboradores, los detenidos iban a soltar información que comprometiera a muchos y, sobre todo, relacionados con la 4T.
Sabiendo en las que andaban algunos de los morenos, era de suponerse que la noticia de Rocha Moya, no los debió de haber sorprendido. Llegó el momento de rendir cuentas.
Los morenos respecto de los cuales existe la sospecha de que andaban en malos pasos, estaban
seguros de que no les iba a pasar nada. Ninguno de ellos, hicieran lo que hicieran, temía a las fiscalías, nacionales o locales. Su temor, con toda razón, está en el norte. Por errores, excesos e, incluso, por posibles ilícitos de los políticos morenos, los asuntos políticos mexicanos ya no los deciden los actores políticos nativos. Mucho está en las manos de las fiscalías y cortes de los Estados Unidos de América. Son éstas las que moverán los hilos para la elección de los futuros gobernadores y legisladores, federales y locales.
Los políticos de Morena ven cómo día a día están perdiendo el poder, sin estar en posibilidad de hacer algo para evitarlo. AMLO y Claudia Sheinbaum, en diferentes momentos, se jugaron parte de su prestigio y capital político en defensa de Rubén Rocha; lo hicieron a pesar de que existían indicios de que no andaba en buenos pasos. Lo apoyaron a pesar de la mala coartada a la que recurrió: inventar un viaje a los Estados Unidos de América, en un avión particular, precisamente en los momentos en que el Mayo Zambada era secuestrado para ser llevado a Estados Unidos de América. Hay excesos y errores: un exceso, el de Rocha: exigir a sus colegas y hasta al parecer cómplices, solidaridad a su persona, existiendo graves sospechas respecto de sus relaciones y negocios. Errores que llegan a complicidad, muy explicables: en los que incurrieron AMLO y la presidenta, al brindar al indiciado su solidaridad y apoyo, a pesar de existir cuestionamientos respecto de los negocios y enjuagues en los que posiblemente andaba. En tiempos de la 4T, para los efectos de estar a salvo de extradiciones y de procesos penales, más vale estar dentro de ella que fuera. La justicia a secas es muy dura.
CASO CHIHUAHUA, ALGUNAS PRECISIONES
Las imputaciones públicas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la presencia de dos agentes de la CIA fallecidos el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, exigen un examen estrictamente jurídico, después de tantas afirmaciones y juicios de valor sin relevancia normativa. ¿Hay elementos para fincarle responsabilidad personal? ¿O lo que el caso revela son fallas de coordinación entre dependencias federales que el debate acusatorio pretende desplazar al ámbito estatal? Veamos. Primero. La presunción de inocencia es derecho fundamental, no concesión política. Está consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, y la Suprema Corte —en jurisprudencia P./J. 43/2014 del Tribunal Pleno— ha precisado que se aplica, con matices y modulaciones, no solo a los procesos penales, sino también a los procedimientos sancionatorios de cualquier naturaleza, incluido el juicio político y el régimen de responsabilidades administrativas. Lo mismo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones obligan al Estado mexicano por mandato del artículo 1º constitucional y del artículo 8.2 de la Convención Americana. De ahí se desprende una regla milenaria del Derecho: quien acusa, prueba. La carga no recae sobre el imputado, sino sobre quien formula la imputación. Y según el estándar de prueba reforzado desarrollado por la Primera Sala de la Suprema Corte (tesis 1a./J. 26/2014), a mayor severidad del reproche, mayor es la exigencia de certeza. Hoy, contra la gobernadora, no existe un solo oficio. Ni una instrucción documentada. Ni un testimonio reforzado. Ni un conjunto de indicios coherentes que apunten a su responsabilidad personal. Lo que existe es discurso parlamentario y juicios de valor políticos, ninguno de los cuales constituye prueba en sentido jurídico. La gravedad del bien jurídico invocado —la soberanía nacional— no relaja el estándar; lo eleva. Y donde no hay certeza probatoria, no hay sanción posible: solo opinión. La opinión, por respetable que sea, no condena. Ese es, precisamente, el orden inverso al que el Estado constitucional de Derecho fue diseñado para impedir.
Segundo. La gobernadora carece de las competencias federales que se le pretende imputar y ahí precisamente radica el problema. El reparto constitucional es nítido. La política exterior corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal (artículo 89, fracción X). El control migratorio y la admisión de extranjeros son materia federal exclusiva (artículo 73, fracción XVI), ejercida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. La conducción de la seguridad nacional y la cooperación con agencias de inteligencia extranjeras están reservadas al Ejecutivo Federal en términos del artículo 73, fracción XXIX-M, en relación con la Ley de Seguridad Nacional, y articuladas a través del Consejo de Seguridad Nacional, integrado únicamente por funcionarios federales. La gobernadora no regula ingresos al país. No otorga visas. No expide pasaportes diplomáticos. No autoriza vuelos. No tiene atribuciones sobre aeropuertos internacionales. No controla aduanas. No tiene injerencia sobre carreteras federales. No celebra acuerdos con agencias extranjeras. No coordina al Ejército. Los detractores de la gobernadora Campos pueden decir que el reproche no consiste en que hubiera obrado válidamente, sino en que lo habría hecho al margen de sus atribuciones. Pero para reprochar una conducta primero hay que demostrar que ocurrió, y el hecho —la invitación, la autorización, el consentimiento— sencillamente no aparece. Inferirlo de la sola presencia de los agentes es un salto al vacío argumentativo. Si los agentes ingresaron al país, fue por el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería. Si volaron, fue por aeropuertos y espacio aéreo federales. Si circularon por carreteras federales, fue bajo control de la Guardia Nacional. Si participa-
ron en el operativo donde estaba el Ejército, fue con conocimiento institucional de la Defensa Nacional. La cadena migratoria, aérea, diplomática, vial y de seguridad nacional es federal en cada uno de sus eslabones. Lo que el caso revela no es un acto de la gobernadora: es un déficit de coordinación entre dependencias federales que admitieron el ingreso, toleraron la permanencia y participaron en el operativo. Imputar ese déficit a la titular del Ejecutivo estatal es un desplazamiento que en Derecho sancionador tiene nombre técnico: responsabilidad objetiva por el cargo, proscrita por el principio de culpabilidad derivado de los artículos 14 y 16 constitucionales y reiteradamente rechazada por la jurisprudencia de la Suprema Corte.
Tercero. La responsabilidad jurídica es estrictamente personal, y las imputaciones formuladas no encuentran tipo legal —es decir, no se comportó conforme a las conductas taxativamente prohibidas— que las cobije. La Constitución exige conductas concretas del servidor público para activar cualquier régimen de responsabilidad —penal, política o administrativa—. El sistema mexicano opera bajo el principio de personalidad: solo responde quien actúa, induce, auxilia o tiene una posición específica de garante. No hay responsabilidad por el hecho ajeno. No hay responsabilidad objetiva. No hay responsabilidad por el cargo. Bajo este escrutinio, las imputaciones se desploman una a una. La traición a la patria —artículos 123 a 125 del Código Penal Federal— exige conductas tipificadas con precisión: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con la finalidad de someterla a un poder extranjero, tomar parte en acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero, asistir
activamente al enemigo en hostilidades. Un operativo antinarcóticos no encuadra ni de lejos en ninguna de las catorce hipótesis del artículo 123, y sostener lo contrario violenta el principio de legalidad penal del artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación analógica de los tipos penales en perjuicio de la persona acusada. El juicio político —artículos 109, fracción I, y 110 constitucionales, desarrollados por el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos— exige conducta personal del servidor, vulneración grave de la Constitución o de las leyes federales que de ella emanen y nexo causal demostrado. Sin prueba de conducta personal, el procedimiento es improcedente desde su inicio. Y aun en el supuesto remoto de que prosperara, el segundo párrafo del artículo 110 establece que tratándose de titulares del Ejecutivo estatal la resolución del Senado es únicamente declarativa y se comunica a la legislatura local: el Senado no puede destituir directamente a una gobernadora. Las faltas administrativas graves — catalogadas en los artículos 52 a 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— se circunscriben a tipos específicos: cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, conflicto de interés, encubrimiento. La presencia física de extranjeros en territorio estatal no encaja en ninguno de esos tipos. Cada régimen sancionatorio exige, por separado, una conducta personal, típica y probada. Ninguno de los tres requisitos concurre en este caso. Y donde alguno falta, el procedimiento se desfonda en su raíz misma. Un sistema constitucional sano no condena por adelantado lo que la ley exige acreditar paso a paso, conducta por conducta, prueba por prueba.
La conclusión se impone con la sequedad de las cosas evidentes. La responsabilidad jurídica es personal. No se presume. Se prueba. La gobernadora no autorizó porque jurídicamente no podía hacerlo. Y nadie ha demostrado que lo intentara. Lo que el caso revela es un problema de coordinación entre dependencias federales, no un acto imputable a la titular del Ejecutivo estatal. Sin acto, no hay tipo. Sin tipo, no hay reproche. Sin prueba, no hay condena. Lo demás es ruido. Y el ruido, en Derecho, no es fuente de imputación.
Ernesto Villanueva
DESTITUYEN AL “HERMANITO” DE DULCE RODRÍGUEZ OVANDO
Raymundo Díaz S.
• Los “de abajo” mirando y llorando en el desempleo y en la pobreza, pero ellos sirviéndose “con la cuchara grande” y teniendo un “cochinero” las dependencias públicas.
• Si entre ellos como familia NO SE QUIEREN y NI SE LLEVAN, menos que sientan algo de empatía por los chiapanecos.
• Son PERFECTOS HIPOCRITAS y SIMULADORES que TRAFICAN con el apellido y con los cargos públicos.
PERFIL FRONTERIZO.
Se esconden o navegan en el aparente anonimato, pero el apellido y SU GULA por la corrupción y por su falta de capacidad los delata, los acusa y los exhibe como lo que son; INEFICIENTES, TRAFICANTES DE INFLUENCIAS, VIVIDORES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, ARRIBISTAS y CORRUPTOS.
Pocos sabían que el “hermanito” de Dulce Rodríguez Ovando, actual y “eminente” Secretaria General de Gobierno y “Mediación”, Félix David Rodríguez Ovando, era nada más y nada menos que EL JEFE de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Promotora de Vivienda Chiapas, puesta en marcha por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Pues este FUE DESTITUIDO DE SU CARGO por DIVERSAS IRREGULARIDADES (corrupción) detectadas en la dependencia o Unidad Administrativa de la cuál era responsable o JEFE.
Esto destapa una parte de LA GIGANTESCA CLOACA de sucias maniobras que envuelve a la “flamante” Secretaria General de Gobierno y “Mediación”, quién, aparte de quedar demostrado que los “Rodríguez Ovando” -”hermanitos de la caridad”, son unos OPORTUNISTAS, TRAFICANTES DEL APELLIDO, VIVIDORES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, DEFICIENTES y CORRUPTOS, no sienten
absolutamente nada de empatía por un pueblo chiapaneco abandonado, ninguneado, discriminado y usado sólo como escalera en tiempos electorales y llorando entre el desempleo y la pobreza.
Mientras el APELLIDO DE ABOLENGO, ese que se codea, que sirve de modelo a los gobernantes y que se regodea en los deleites que da la abundancia, se reparte los nejores puestos y hace de ellos su modus vivendis, su modus operandis y SU MINA DE ORO, sirviéndose con “la cuchara grande” y a manos llenas.
Desde cuándo Dulce Rodríguez Ovando estuvo en la Secretaría de la Mujer, hizo y deshizo con ese cargo y con esa dependencia, la cuál sólo utilizó para FOMENTAR LA CORRUPCIÓN utilizando EMPLEADOS DEL CONGRESO en dónde ya había sido diputada, para colocar a su esposo, Aubert Cernuda Sangeado, como Asesor de la Secretaría del Campo y PARA OLVIDARSE o DARLE LA ESPALDA a su género al no conocerse NI UN SÓLO CASO de apoyo a la mujer en desgracia en todo el estado de Chiapas.
Hoy, su “hermanito”, Félix David Rodríguez Ovando, HA SIDO DESTITUIDO de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Promotora de Vivienda Chiapas, y ello EXHIBE de qué y como está hecha la mismísima RESPONSABLE DE LA POLÍTICA INTERNA y ESTABILI -
DAD de Chiapas, cuyo esposo, Aubert Cernuda Sangeado (el que manda en dicha Secretaría y el que utiliza el nombre del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para su TRÁFICO DE INFLUENCIAS y conseguir miles de prebendas) NO SE LLEVA con el “hermanito” de Dulce Rodríguez Ovando o sea EL DESTITUIDO -por si fuese poco o para ajustar la desgracia de los chiapanecos-.
¿Que empatía pueden sentir por los chiapanecos unos funcionarios o apellidos como estos que sólo ven y buscan su beneficio personal y que ni entre ellos existe unidad y simpatía?
Ah, pero la señora Rodríguez Ovando ya se siente Diputada Local y Presidenta del Congreso, lugar que, según vocifera, ya se lo prometió el mismo gobernador Ramírez Aguilar, y para lo cuál ya está en ABIERTA CAMPAÑA dejando olvidadas sus responsabilidades en el palacio de gobierno, aunque ahí SIGNIFIQUE prácticamente NADA.
El tema, sobre todo de los desmanes en la Jefatura Administrativa de Vivienda, del TRÁFICO DE INFLUENCIAS usando el nombre del gobernador por parte de Cernuda Sangeado y de la campaña anticipada y deficiencias de Dulce Rodríguez en el cargo, es GIGANTESCO, por lo que en nuestros próximos artículos ampliaremos abundantemente.
Ya abundaremos pues, y mucho, muchísimo. He dicho.
EL NEGOCIO…
Francisco Ruiz Zuart.
La Secretaria General de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruíz.
El verdadero objetivo del Secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, al construir e instalar Módulos de Información Turística en San Cristóbal de Las Casas y seguramente, en otros municipios turísticos del Estado de Chiapas.
ES CORRECTO que un Secretario de Turismo se preocupe en instalar Módulos de Información Turística, en coordinación con los ayuntamientos, en todos aquellos lugares turísticos de Chiapas, PERO en lo posible, originando el mínimo de gastos económicos adicionales al Estado o a los municipios que así corresponda…
¿Pensó en esto el Secretario de Turismo Segundo Guillén Gordillo? NO, en ningún momento.
ES CORRECTO que el Secretario de Turismo se ocupe en difundir las capacidades y potencialidades turísticas de Chiapas, SÍ, pero de la mano de los EMPRESARIOS TURÍSTICOS y de los AYUNTAMIENTOS ¿por qué? Porque ellos poseen conocimientos, experiencia y recursos que bien pueden aportar en beneficio de todos… ¿lo hizo Segundo Guillén Gordillo? NO y eso se refleja en costos económicos para el Estado, ignora a los municipios y menosprecia a los empresarios…
¿Por qué esta manera de conducirse del Secretario Segundo Guillén Gordillo? Seguramente por arrogante, soberbio, ignorante, petulante…, porque le dio la gana
a quien jamás había tenido un cargo de ese nivel de importancia…
¿Cuál fue el objetivo esencial que movió EL PROYECTO de CONSTRUCCION DE MÓDULOS INFORMATIVOS -en los términos realizados- en cada punto turístico de la entidad chiapaneca? Sin lugar a dudas, la búsqueda de un proyecto estatal de CONSTRUCCIÓN, que en su ASIGNACIÓN pudiera generar un porcentaje de GANANCIA para quien decidiera a quien dar el trabajo construcción de Módulos Informativos… NO EXISTE OTRA EXPLICACIÓN, más, si revisamos con calma lo dispuesto, lo obtenido y todo aquello que bien pudo haberse hecho sin erogar recursos económicos adicionales para nadie…
PARA COMPROBAR los argumentos y las afirmaciones anteriores REVISEMOS la obra física, las condiciones de cooperación existentes y las anomalías cometidas al colocar este ELEMENTO al interior de las condiciones tipológicas del Centro Histórico de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México…
En San Cristóbal de Las Casas, NO HACÍA FALTA mandar a construir un Módulo Informativo, ya existe uno (movible) cuyos características se integran bastante bien al contexto que pronto cumplirá los 500 años de antigüedad….
El Secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, si se hubiera coordinado correctamente con los empresarios turísticos
Coletos, SEGURO, de ellos pudo haber obtenido colaboración para fortalecer la campaña de Información Turística que se pretende… Para este proyecto específico ¿en cuántas ocasiones se reunieron el Secretario de Turismo y los empresarios turísticos de tierra fría? Ni una sola vez y se puede demostrar…
POR SI HICIERA FALTA, en el Proyecto Construcción e Instalación de Módulo de Información Turística en San Cristóbal de Las Casas, el Secretario de Turismo Segundo Guillén Gordillo; el Director del Centro INAH, arqueólogo Leobardo Daniel Pacheco Arias; y la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, VIOLENTARON leyes federales, del Estado y normas municipales… ¿Por qué se dice que funcionarios de la Federación, de Chiapas y del municipio, Fabiola Ricci Diestel, V1OL4RON LEYES y que quienes violentan, delinquen y se les llama DELINCUENTES?
REVISEN las disposiciones en la materia establecidas por el INAH…
OBSERVEN las disposiciones establecidas por el municipio, para la construcción y colocación de este tipo de inmuebles en el Centro Histórico y que la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, no observó y permitió al otorgar el permiso que corresponde… DESPUÉS QUE USTEDES lean las reglamentaciones anteriores, AHORA VEAN DETALLADAMENTE el elemento
(módulo de información turística) “injertado” en el punto cero del Centro Histórico de la Ciudad, para lo cual se les ofrece una videograbación fresca, completa y además, acercándoles el entorno arquitectónico, histórico, de Ciudad Real…
Les ayudo:
Vean el diseño en su conjunto y cada una de sus partes… Líneas y movimiento.
Aprecien los cuatro lados de la techumbre con extremos de láminas de acero…
Miren las ventanas y la puerta de material tubular, de acero o fierro, y para acabarla de joder, muy mal pintadas…
ESE ESPERPENTO no debe de permanecer ahí, sustitúyanlo por el otro que ya todos conocen, es atractivo y no violenta leyes… Ah! Estos pequeños cuartos que el Secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, mandó hacer e instala, tiene que buscarle EMPRENDEDOR@S para que sean utilizados -en el espacio apropiado- como BAÑOS SAUNA, públicos, para el turismo Nacional e Internacional… Puede resultar un proyecto novedoso, exitoso y propio de la nueva Era… Ah! ¿Qué creen? Imperdonable. Como se puede ver en el video de hoy, sobre el Módulo de información, OLVIDARON colocar las frases: “Humanismo que Transforma”, “Jama Chu’Lel, “Chiapanequidad”, “ Cero Corrupción, Cero Impunidad”…. Ah! Y ¿cuál será el costo económico de ese ESPERPENTO?
