El fondo político de la extradición del caso Sinaloa
La situación de las extradiciones en México muestra las dos caras de la justicia en México. En el caso particular del gobernador, senador y funcionarios del gobierno de Sinaloa quienes cuentan con solicitud de extradición por la justicia americana PAG. 2
Todo el dinero que hay en las campañas adelantadas en Chiapas es ilícito.
Si es dinero público mal, pero si es producto del lavado de dinero peor. Campañas adelantadas no deben haber y menos con un gasto exagerado de recursos.
Desde ahí se observa la corrupción y una conducta delictiva en las elecciones.
El documento también advierte sobre el endurecimiento de sanciones económicas a entidades comerciales que no protejan sus cadenas de suministro contra la explotación por parte del crimen organizado
Eduardo Ramírez recorre Hospital Vida Mejor y constata atención a pacientes
ENCUENTRO Chiapas consolida liderazgo anticorrupción en encuentro nacional de la ASF
5 de Mayo de 2026
SALUD
El fondo político de la extradición del caso Sinaloa
La situación de las extradiciones en México muestra las dos caras de la justicia en México. En el caso particular del gobernador, senador y funcionarios del gobierno de Sinaloa quienes cuentan con solicitud de extradición por la justicia americana, la respuesta de México es una postura impecable de la presunción de inocencia y la aplicación irrestricta de la ley; pero en los casos de los 92 extraditados durante la administración de la presidenta Sheinbaum, donde algunos tenían recursos judiciales en trámite, la ley no importó, y fueron enviados a prisiones norteamericanas en un operativo sorpresa, sin dar oportunidad al derecho a la defensa a que interpusieran recursos para impedir la extradición.
Cuando la justicia es selectiva no hay justicia, debido a que todo el proceso judicial, se deja a criterios discrecionales, en donde priva la corrupción y obviamente la fabricación de pruebas que permite que inocentes sean sentenciados como culpables. Este sistema de impartición de justicia, selectiva,
discriminante y profundamente corrupta no cambió con el gobierno supuestamente de la transformación sino que para males del país se hizo más corrupta porque ahora los jueces, magistrados y ministros, que fueron electos responden a los intereses del poder y se perdió la independencia judicial. Si históricamente México tenía un déficit profundo en la impartición de justicia, con la reforma judicial la justicia se prostituyó, al grado a que los amigos de la 4t pueden sentir la impunidad, pero donde los críticos y los declarados enemigos por el gobierno son intimidados y sujetos a la persecución, sin que se respete la presunción de inocencia.
El discurso de la mentira juega un papel desorientador en la población, y de esto se aprovecha el gobierno ´para construir mentiras institucionalizadas, como la famosa frase de las pruebas que la presidenta Sheinbaum y sus fedayines morenistas repiten para justificar la ausencia de la persecución de los delitos a miembros de su partido, que son indefendibles, pero que en aras de la unidad son protegidos y perdonados. Y hacen suponer que
la justicia norteamericana es igual de selectiva, discriminatoria y corrupta que la mexicana, en donde un juez, como sucede en México, puede emitir una orden de aprehensión como juez de consigna, en donde se omite que la justicia norteamericana se construye bajo procedimientos de investigación con la debida diligencia no sólo por parte de las fiscalías sino también por parte de los abogados de la defensa, que siempre van a buscar poner en entredicho la declaración de los testigos.
El argumento de la falta de pruebas de la solicitud de extradición por parte de un juez de Nueva York, es una mentira insostenible, debido a que las pruebas son parte de un juicio, y en este caso en particular el juicio no inicia, sólo existe una orden de aprehensión a partir de una serie de hechos investigados por la fiscalía, que son indicios de una conducta delictiva. Aquí lo que procedía era turnar la solicitud a un juez de distrito para que éste determinara la posibilidad de la detención provisional de los señalados en la solicitud, como lo establece el tratado de extradición.
Sin embargo, con el discurso de la falta de pruebas el gobierno mexicano decidió politizar la solicitud de extradición, porque ésta contiene una relación de hechos en donde existen delitos electorales, en donde el ascenso al poder de Rubén Rocha Moya se debió a la intervención criminal del Cártel de Sinaloa. Este apoyo permitió al cártel tener el control del orden público de Sinaloa, y bajo la protección policíaca, el Cártel de Sinaloa pudo introducir grandes cantidades de droga, particularmente elaborada por fentanilo, al territorio norteamericano. Todo esto viene documentado en la solicitud de extradición, donde preocupa los señalamientos del dinero del narcoterrorismo en campañas electorales, un asunto que se vuelve peligroso para la ´propia presidenta de la república, si se demuestra que hubo dinero del crimen organizado en su campaña política, sobre todo porque de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, el presidente de la república puede ser imputado y juzgado por delitos electorales, por eso la insistencia del discurso de la ausencia de pruebas.
Denuncian hostigamiento y desvío de fondos en kínder de Villaflores; padres exigen auditoría y sanciones
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Un clima de irregularidades, favoritismo y presunto abuso de autoridad es lo que denunciaron padres de familia del Jardín de Niños “José Emilio Grajales Moguel”, en el municipio de Villaflores, quienes señalan directamente a la exdirectora del plantel, Ana Luisa Ramírez Sánchez, y a la Supervisora de Zona como responsables de actos que, a su juicio, han vulnerado la transparencia y el sano funcionamiento de la escuela.
Reportes de maltrato desde marzo y una remoción que evitó investigar
De acuerdo con los testimonios de los inconformes, desde marzo de 2026 el personal docente y administrativo ya había puesto en conocimiento de las autoridades educativas los maltratos cometidos por la entonces directora. Sin embargo, en lugar de abrir una investigación formal, la jefa del Departamento de Educación Preescolar habría aceptado la solicitud de Ana Luisa Ramírez de ser removida del cargo “por motivos de salud”. Los padres consideran que esta decisión fue un mecanismo para proteger a la funcionaria y evadir cualquier consecuencia legal. Como agravante, la dirección del plantel fue asignada mediante una rifa, un método que calificaron como una muestra más
De la Redacción
Jiquipilas, Chis. (Reporte Ciudadano)
La mañana de este lunes fue liberada la carretera federal 190 en el tramo Las jotas – Tuxtla Gutiérrez, luego de que familiares de los tres hombres desaparecidos el domingo pasado sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales.
Los familiares habían bloqueado la vía en espera de negociar con representantes del gobierno. El diálogo no se había dado antes porque la alcaldesa Blanca Janeth Chiu López se encontraba en la Ciudad de México. Este lunes se instaló la mesa de diálogo encabezada por el subsecretario de Gobierno, Enrique Martínez Bielma, acompañado por el teniente coronel de Infantería de la SEDENA y elementos de la Guardia Nacional. En el punto conocido como Las Jotas, las peticiones de los familiares fueron atendidas y escuchadas. Entre las solicitudes en la mesa de
Ante este panorama, los padres de familia formularon un pliego de peticiones dirigido a la Secretaría de Educación
de la falta de seriedad institucional. Ingresos extraños y dinero escolar en cuenta personal Otra de las conductas señaladas por los padres es que Ramírez Sánchez ingresaba a la escuela por las tardes y durante los periodos vacacionales, lo que interpretan como un intento de borrar evidencias sobre el presunto mal manejo de los recursos. La situación escaló el 17 de abril, cuando en una reunión con madres y padres de familia, la exdirectora habría admitido que el dinero escolar se encontraba depositado en una cuenta bancaria personal a su nombre. Esta versión fue desmenti-
da de inmediato por la tesorera del Comité de Padres, generando aún más sospechas.
Incumplimientos en la entrega formal de bienes
Pese a que se había acordado una entrega formal de bienes y cortes de caja para el 20 de abril, el Comité de Padres denunció que fueron plantados tanto por la Supervisora como por la exdirectora. Posteriormente, el 27 de abril, ambas ingresaron al plantel mientras se realizaba una reunión de docentes, intentando llevar a cabo una entrega improvisada y sin las formalidades requeridas, lo que los padres consideraron una acción
irregular y fuera de todo protocolo.
Renuncia de la directora encargada
A causa de estas irregularidades y la falta de transparencia, la maestra Karla Estefanía Cruz Parra, quien se desempeñaba como directora encargada desde el 13 de abril, presentó su renuncia el 28 de abril, al no encontrar las condiciones mínimas para ejercer el cargo.
Las exigencias de los padres
Ante este panorama, los padres de familia formularon un pliego de peticiones dirigido a la Secretaría de Educación:
Auditoría inmediata a los fondos manejados por Ana Luisa Ramírez Sánchez durante su gestión.
Designación de una directiva con probidad ética y sin vínculos con las irregularidades señaladas.
Sanciones por abuso de autoridad contra la exdirectora y la Supervisora de Zona.
Respeto y protección para los docentes que han alzado la voz ante estos hechos.
Los padres advirtieron que, de no obtener respuesta, no descartan acudir a instancias estatales y nacionales de derechos humanos para que se garantice un entorno educativo digno y transparente para sus hijos.
Liberan carretera 190 en Las Jotas tras mesa de diálogo por desaparecidos en Jiquipilas
diálogo se solicitaron los siguientes puntos:
Revisión de videocámaras: Pidieron acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Las Jotas, Las Vegas y El Cacahuate, luego de que autoridades señalaron que no funcionan. Los familiares buscan colaborar con las fuerzas federales para determinar si los tres hombres salieron o no con rumbo a pescar. Reportes diarios: Las fuerzas federales deberán entregar un informe diario a los integrantes de la comisión de familiares con los avances de la búsqueda. Acompañamiento en operativos: Se autorizó que familiares acompañen los recorridos de las fuerzas federales.
Tras concretar los acuerdos, se levantó el plantón que mantenía blo-
queada la carretera federal 190. Se restableció el libre tránsito para vehículos particulares, de empresas y de servicio público en ambos sentidos
de la vía Jiquipilas – Tuxtla Gutiérrez. Las búsquedas continúan. A ocho días de la desaparición, los tres hombres siguen sin ser localizados.
Eduardo Ramírez recorre Hospital Vida
Mejor y constata atención
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, realizó un recorrido por distintas áreas del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, en Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de evaluar de manera directa las condiciones de atención y fortalecer la calidad de los servicios de salud.
Durante la visita, el mandatario estatal constató el funcionamiento de las áreas médicas así como los avances en la instalación del nuevo equipo biomédico adquirido, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, para ampliar la capacidad de atención del hospital, con lo que refrendó el compromiso de su administración con la mejora permanente de los servicios en beneficio de las y los afiliados.
En este marco, dialogó con pacientes para conocer de primera mano sus necesidades y afirmó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar que clínicas, hospitales y centros de salud cuenten con equipamiento, medicamentos y personal suficiente para atender a la población.
Por su parte, el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que la incorporación de equipo biomédico de alta tecnología responde a una estrategia integral orientada a fortalecer la
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), participó en el Primer Encuentro entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las contralorías estatales, realizado en las instalaciones de la ASF con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
El acto fue encabezado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien destacó la relevancia de consolidar mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de garantizar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos.
Durante la jornada se contó con la participación de destacadas autoridades del ámbito legislativo, jurisdiccional y de procuración de justicia, entre ellas Alfonso Damián Peralta,
a pacientes
En este marco, dialogó con pacientes para conocer de primera mano sus necesidades y afirmó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar que clínicas, hospitales y centros de salud cuenten con equipamiento, medicamentos y personal suficiente para atender a la población
infraestructura médica en las unidades del instituto en todo el estado. “Estamos generando procesos y brindando herramientas a nuestras médicas y médicos para que desempeñen mejor su labor. Este equipo es resultado del esfuerzo diario para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, expresó. Añadió que la incorporación de
tecnología moderna permitirá realizar diagnósticos más oportunos, elevar la calidad de la atención y facilitar el trabajo del personal médico mediante herramientas más precisas y seguras.
Entre el equipo biomédico adquirido se encuentran microscopio quirúrgico de microcirugía, sistema LigaSure, arco en C, craneótomo
eléctrico, torre laparoscópica, bisturí armónico, sonda para paquimetría, escáner ultrasónico A/B y paquímetro. Acompañaron al gobernador el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el oficial mayor, Víctor Manuel Urbina Abadía; el subdirector Médico del Isstech, Miguel Ángel Avendaño, entre otros.
Chiapas consolida liderazgo anticorrupción en encuentro nacional
titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas de la ASF, el diputado Ricardo Sostenes Mejía Berdeja; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja; la subsecretaria de Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México; Guadalupe Araceli García Martínez, y el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano. En este marco, se desarrolló un diálogo estratégico con las y los titulares de las contralorías estatales, en el que se abordaron temas prioritarios para robustecer los sistemas de control, la fiscalización superior y el combate frontal a la corrupción en el país.
de la ASF
La participación de la SAyBG en este espacio de alto nivel refrenda su compromiso con una gestión pública íntegra, moderna y coordinada, alineada a la visión del Gobierno de
Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar instituciones más transparentes, eficaces y cercanas a la ciudadanía.
FGE da espaldarazo a Dámaso Castro, vicefiscal señalado de nexos con los Chapitos
Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin. (apro)
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio el espaldarazo al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, señalado por nexos con los Chapitos por el gobierno de Estados Unidos junto a otros funcionarios y mandos policiacos, incluidos el gobernador Rubén Rocha y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez.
En un comunicado, la Fiscalía señaló que Dámaso Castro Zaavedra “se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.
Castro Saavedra habría formado parte de un grupo de funcionarios y mandos policiacos que operaban para la facción de los Chapitos mediante filtración de inteligencia militar para frustrar operativos, entre otros delitos.
La FGE dio a señaló además que Castro Saavedra atenderá cualquier citación o resolución que en el ámbito de sus competencias que emita la Fiscalía General de la República como parte de las investigaciones abiertas por estas mismas acusaciones radicadas en una corte en Nueva York.
El vicefiscal formo parte de la terna para elegir al fiscal del estado
Flavia Morales XALAPA, Ver. (apro).
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó la quema de camiones y bloqueos carreteros en la zona norte del estado, hechos que ya son investigados por autoridades estatales.
Señaló que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) presuntamente retuvieron unidades de una empresa refresquera y las incendiaron, por lo que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron operativos en la región. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían huido hacia el estado de Hidalgo, lo que derivó en coordinación con autoridades de esa entidad.
Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 4 de mayo de 2026, cuando también se registraron bloqueos intermitentes en carreteras del norte de Veracruz, en comunidades como Oxitempa (Ixhuatlán de Madero),
La autoridad investigadora emitió un comunicado en donde confirma que el funcionario se mantiene en el cargo a pesar de las acusaciones vertidas en su contra
tanto en 2021 en que fue ungida
Sara Bruna Quiñónez Estrada como en 2024, fecha en que dejó el cargo por el montaje del asesinato
de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Tras la salida de Quiñónez Estrada, Dámaso Castro ocupó de forma interina el puesto y una vez más fue
parte de la terna para suceder el cargo, el cual finalmente recayó en la aún fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo.
Rocío Nahle confirma que hubo quema de camiones y bloqueos carreteros en Veracruz
Tenexco (Chicontepec), Terrerillos y San Diego (Tantoyuca).
Según reportes, las unidades fueron retenidas e incendiadas en el tramo San Diego–Chapopote, en el municipio de Chalma. Además, se reportó un cierre en la carretera estatal San Sebastián–Chicontepec, a la altura de Pastorías, con afectaciones a la circulación.
Estas movilizaciones se realizaron para exigir la liberación de Higinio Bustos Navarro, en el marco del quinto aniversario de su detención.
Higinio Bustos fue detenido el 3 de mayo de 2021 en Chicontepec y, en enero de 2024, un juez local lo sentenció a 20 años de prisión. Fue declarado culpable por el homicidio de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional ocurrido en 2008.
La mandataria estatal subrayó que este tipo de acciones constituyen
delitos y no pueden justificarse como manifestaciones, al implicar la retención de unidades y daños materiales.
Las autoridades mantienen operativos en la región para ubicar a los responsables y restablecer el orden.
Martes 5 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
FGR cita a 50 funcionarios de Chihuahua por operativo con agentes de la CIA
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó que la institución ordenó citar a cerca de 50 servidores públicos de Chihuahua que participaron en el operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril.
A través de un mensaje transmitido por redes sociales, Lara afirmó que la FGR envió diversos requerimientos para esclarecer qué hacían los agentes fallecidos en México y, en su caso, si contaban con acreditaciones oficiales que les permitieran participar en el operativo así como las condiciones que motivaron y justificaron dicha diligencia.
El también fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR recordó que el extitular de la Fiscalía de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno informó en su momento que el operativo estaba relacionado con el hallazgo de un laboratorio en el que se fabricaban drogas sintéticas.
Por ello, afirmó que existe la posibilidad de que se hubieran cometido delitos relacionados con la seguridad nacional pues indicó que sólo la institución federal está facultada para realizar este tipo de investigaciones.
“Se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes con el fin de esclarecer
Agencia Reforma
Washington. (Tribuna)
La Administración Trump afirmó hoy que la ayuda a México en la lucha contra los cárteles del narcotráfico estará condicionada a resultados concretos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum entre los que incluyó el arresto y extradición de los líderes de dichas organizaciones criminales.
Días tras que el Gobierno de Estados Unidos solicitara a México la extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 individuos, por colaborar con el Cártel de Sinaloa, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas donde aseguró se priorizará las extradiciones desde México.
“Esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras, así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, dice la edición 2026 de la estrategia de la Casa Blanca.
A través de un mensaje transmitido por redes sociales, Lara afirmó que la FGR envió diversos requerimientos para esclarecer qué hacían los agentes fallecidos en México y, en su caso, si contaban con acreditaciones oficiales que les permitieran participar en el operativo así como las condiciones que motivaron y justificaron dicha diligencia
los hechos y deslindar responsabilidad de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República”, dijo.
“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley
en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.
El caso derivó en la renuncia de Jáuregui Moreno a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua el pasado 27 de abril.
Ese mismo día en conferencia de prensa, la fiscal de la Unidad Espe -
cial para investigar este caso, Wendy Paola Chávez Villanueva, confirmó que eran cuatro agentes estadounidenses los que se encontraban trabajando de encubiertos en territorio mexicano y que el único que tuvo contacto con ellos y que sabía el motivo de su presencia fue el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido durante el accidente.
Condiciona EU ayuda a México a extradiciones
Apenas en febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa y a otros cinco cárteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjera y apenas la semana pasada la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya por colaborar con dicho grupo.
“El Departamento de Estado... en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, añade la nueva estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca.
“Esto incluye fortalecer la coordinación entre EU y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de capacitación para funcionarios mexicanos del sector judicial
y de aplicación de la ley, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas”, añade la estrategia.
Apenas en enero, Grupo REFORMA reveló que, de acuerdo con datos oficiales de EU, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum había roto en
2025 el récord histórico en el total de transferencias de presuntos capos mexicanos hacia EU -contando tanto extradiciones como expulsiones- sumando un total de al menos 133; dicha cifra que superó el anterior récord anual de 115 en 2012 bajo el Gobierno de Felipe Calderón.
Caso Atenco: Centro Prodh exige observatorio independiente que supervise a la Guardia Nacional
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de “nunca más” habrá represión al pueblo de México podría convertirse en meras declaraciones si no se acatan las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia contra México por la tortura sexual a once mujeres ocurrida hace 20 años, que ordena la creación de un observatorio independiente que supervise la actuación de la Guardia Nacional.
En el contexto del acto de restitución de 54.4 hectáreas al ejido de Atenco, Estado de México, la presidenta declaró ante los asistentes del evento: “Tengan la certeza hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar, que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo. Un policía, un Guardia Nacional jamás reprimirá al pueblo de México, nunca más”.
Para el coordinador del área de litigio internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Eduardo Guerrero Lomelí, al no existir mecanismos de control efectivos e independientes que supervisen el uso de la fuerza de la Guardia Nacional no hay garantías de que hechos como lo registrados hace 20 años en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, no vuelvan a ocurrir.
La sentencia de la Corte IDH emitida en diciembre de 2018 sobre la tortura sexual contra once mujeres agredidas en el contexto de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y el Atenco, ordena nueve medidas de resarcimiento de daños y de no repetición, entre ellas precisamente la supervisión independiente de la Policía Federal, que fue sustituida por la Guardia Nacional.
“La lógica de esta reparación es ser una garantía de no repetición, es tener herramientas, tener mecanismos para que hechos como estos no se no se repitan; y en este sentido, el no tener este mecanismo, el no tener este observatorio, propicia que otros hechos como los de Atenco se sigan cometiendo.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya cuenta con protección de seguridad federal por considerar que está bajo riesgo.
Dijo que es el trato que se da a cualquier ciudadano que también considere que pudiera estar en riesgo; en este caso Rocha Moya está bajo la solicitud de detencion provisional con fines de extradición, petición que hizo el gobierno de Estados Unidos
“La evidencia más directa de las consecuencias de este incumplimiento del Estado está precisamente en la repetición de este tipo de hechos, hemos visto casos de protestas que han seguido reprimiéndose, casos de protestas en particular por parte de mujeres que han sido reprimidas, que ha habido actos de tortura, actos de tortura sexual, actos de violencia que se han seguido cometiendo, se han seguido denunciando”, resalta en entrevista con Proceso el también abogado del Centro Prodh, organización que con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representa a las 11 mujeres de Atenco.
“Uso excesivo de la fuerza” Guerrero Lomelí insiste que en la falta de cumplimiento de esta medida ordenada por el tribunal regional ha derivado en “casos más extremos, que son los casos de uso excesivo de la fuerza que derivan en las ejecuciones extrajudiciales, quizá uno de los casos más emblemáticos de los últimos años fue la ejecución extrajudicial de Lady y Alexa, estas dos niñas en Sinaloa que fueron ejecutadas por el Ejército”.
Tras recordar que la militarización de la Guardia Nacional, con la reforma constitucional de 2024, que inscribe a esa institución como parte de la fuerza armada permanente, el defensor apunta que lo que ha prevalecido es el uso excesivo de la fuerza.
“Seguimos viendo cómo las autoridades militares, los agentes de seguridad, salen a excusarse diciendo que hicieron uso excesivo por repeler una agresión o por estar simplemente haciendo sus tareas de seguridad pública, sin que exista por otro lado ningún tipo, de supervisión, de control, de verificación, de cómo están haciendo uso en este tipo de operativos, y también por-
que otras instancias que tendrían que fungir como contrapeso o como cierto control, pues no lo están haciendo de manera adecuada”, explica.
Agrega que a pesar de muchos de los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, son del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), “la fiscalía no está adecuadamente indagando, no está pidiendo la información al Ejército, a la Guardia Nacional, sobre cómo están haciendo uso de la fuerza, de manera que la consecuencia directa es que los hechos siguen repitiéndose y que no existe ningún mecanismo independiente sobre su actuación, ni sobre el acceso a la información, ni sobre ningún tipo de rendición de cuentas en este tipo de caso”.
“Falta de voluntad política”
Al señalar que ha sido “la falta de voluntad política” de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum Pardo para implementar el observatorio, Guerrero Lomelí explica que la medida ordenada por la Corte Interamericana se deriva del contexto de hace 20 años de la represión a la protesta social en el Estado de México por parte de la entonces Policía Federal y las policías estatal y municipales.
“La Corte Interamericana entiende que por esa falta de controles, por esa falta de regulación y de normativa, pues se permitían este tipo de abusos, en particular de un uso excesivo de la fuerza, que fue lo que ocurrió en el caso de Atenco, que derivó entre otras muchas cosas, en la tortura sexual, en este caso en contra de las 11 mujeres víctimas del caso, de ahí que la Corte dice, para que este tipo de hechos no se repitan, voy a ordenar a México que implemente. un mecanismo independiente o un observatorio que se encargue de monitorear, de fiscalizar la actuación de las de los
agentes de seguridad en cuanto al uso de la fuerza”, resalta.
Apunta que en entre las explicaciones que el Estado mexicano ha dado a la Corte IDH sobre la falta de cumplimiento de esta medida, es que la Guardia Nacional cuenta con un Órgano Interno de Control, que haría innecesario la creación de un observatorio independiente.
Sin embargo, “estos órganos internos de control, no satisfacen los estándares de la sentencia, pero sobre todo no satisfacen el objetivo de garantizar que haya una fiscalización y una supervisión real”, señala Guerrero Lomelí.
Recuerda que los informes de actividades que da a conocer cada año la Guardia Nacional, “no brinda detalles, no brinda los informes pormenorizados” sobre el uso excesivo de la fuerza, “no queda claro cuál es el criterio que la Guardia Nacional utiliza para definir cuando un caso es excesivo de la fuerza y cuando no”.
Atención al Mundial
Al señalar que el objetivo de la medida era generar condiciones de supervisión independiente en la Guardia Nacional para que fueran replicadas en las demás policías estatales y municipales, Guerrero Lomelí alerta que la medida cobra especial relevancia ante la realización de la Copa Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá, evento en el que se prevén movilizaciones sociales.
Apuntar que en la Ciudad de México, que se vanagloria de tener una sociedad muy movilizada, “hemos visto en los últimos años varios casos de represión por parte de agentes de la policía local, esto es un recordatorio de cómo ahí también hay que poner el ojo, ahora que viene el Mundial, seguramente alrededor de eso habrá manifestaciones, habrá un ejercicio de este derecho a la protesta, en el que sería importante ver cómo se van a comportar los agentes de seguridad, en particular de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, ahí hay un recordatorio de que esto tiene un efecto también en las policías locales, porque así pasó en Atenco y porque así sigue ocurriendo la represión de la protesta en varios lugares”.
Rocha Moya tiene protección de seguridad federal tras acusaciones de vínculos con Los Chapitos
al mexicano, tras señalarlo de delitos relacionados con el narcotráfico.
La mandataria federal dijo que si un gobernador, en este caso con licencia o un legislador, incluso un ciudadano “que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo para su seguridad, se hace un análisis de riesgo y sobre eso se establece” si se da o no seguridad.
En el caso de Rocha Moya sí cuenta con la seguridad dada esta condición la estableció el gabinete de Seguridad.
La presidenta vinculó los casos de los agentes de Estados Unidos en operativo en Chihuahua y la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha Moya, justificando que la campaña en contra de su gobierno no fue la misma en los dos casos.
EU lanza estrategia antidrogas y demanda a México desmantelar cárteles y resultados medibles
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
Justo en medio de la presión contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la administración de Donald Trump presentó su estrategia nacional contra las drogas, en donde uno de sus puntos centrales, demanda a México desmantelar a los cárteles del narcotráfico.
Trump demanda resultados tangibles y medibles al gobierno de Sheinbuam en el combate al crimen y en particular en el tráfico de fentanilo; un discurso que ha repetido desde hace meses.
La Estrategia Nacional identifica a la frontera sur como el “epicentro” de la amenaza de drogas sintéticas.
“El presidente Trump ha lanzado una ofensiva decisiva, histórica e implacable contra los narcoterroristas que envenenan a los estadunidenses. La Estrategia continúa esta ofensiva para desmantelar las multimillonarias organizaciones criminales de los cárteles, alimentadas por la muerte y la destrucción”, señala el documento.
En el caso de México, se solicita mejorar resultados en tres ejes: incautación de precursores químicos, reducción de la producción de drogas y desmantelamiento de la capacidad operativa de los cárteles.
El documento también advierte sobre el endurecimiento de sanciones económicas a entidades comerciales que no protejan sus cadenas de suministro contra la explotación por parte del crimen organizado.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Ante el discurso de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en torno a una nueva era en ese partido con candidatos “libres” de corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si ha habido logros en el actual y anterior gobierno abanderado por la autollamada “4T”, es porque no ha habido corrupción.
“Nosotros no protegemos a nadie”, dijo la presidenta en el marco de la imputación, desde Estados Unidos, contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos vínculos con narcotraficantes.
“Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar”, dijo, sin pronunciar el caso de Rocha Moya.
“¿Cómo se explica que podemos
El documento también advierte sobre el endurecimiento de sanciones económicas a entidades comerciales que no protejan sus cadenas de suministro contra la explotación por parte del crimen organizado
Además, se anunció una “campaña mundial” en la que los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) serán perseguidos bajo esa figura.
De acuerdo con el informe que presentó la zar antidrogas Sara Carter, los grupos como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, “operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafían directamente la soberanía del Estado, empleando violencia extrema para controlar los corredores del tráfico lucrativo hacia EU”.
La estrategia también prioriza el combate frontal contra organizaciones criminales transnacionales, a las que se señala como responsables de alimentar una industria multimillonaria basada en el narcotráfico.
Entre las acciones destacan investigaciones financieras, sanciones a redes de lavado de dinero y el uso de inteligencia para ubicar y desarticular liderazgos criminales.
El plan integral que busca frenar el consumo, combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la atención a las adicciones en territorio estadunidense.
En el documento publicado hoy está compuesto por 195 páginas, de las cuales hay 31 menciones a México.
Control financiero
Apenas en abril, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones impuestas en junio contra CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico para permitir la liquidación de dicho banco
gestionado por la autoridad bancaria mexicana.
El anuncio del Tesoro se dio a conocer después del encuentro de su titular, Scott Bessent, con el secretario de Hacienda Mexicano, Édgar Amador Zamora.
Los dos funcionarios indicaron en sus respectivos mensajes que se trató de manera prioritaria la necesidad de fortalecer el intercambio de información para frenar el lavado de dinero y las actividad financiera de los grupos del crimen organizado.
En junio de 2025 se había bloqueado el acceso al sistema financiero estadunidense de CIBanco y otras dos entidades, Intercam Banco y la firma de corredores de bolsa Vector, lo que provocó una caída en la calificación de las tres entidades que pegó con fuerza a México mientras el gobierno intentaba que sus clientes no se vieran afectados. Las acusaciones de lavado de dinero fueron negadas por las empresas financieras y cuestionadas por el gobierno mexicano.
Estados Unidos mantiene la imposición de más sanciones a todo aquel que considera vinculado a los cárteles mexicanos, sobre todo a los que calificó de terroristas el año pasado.
Todos estos movimientos tienen lugar cuando está en marca el proceso de revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que Trump despreció pero que los otros dos países consideran clave para mantener la competitividad económica de la región.
Sheinbaum asegura que 4T acabó con la corrupción e insiste: “no protegemos a nadie”
pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado?”, dijo en presencia de Arturo Zaldívar, exministro de la Corte que recibe un haber de retiro mensual de cerca de 200 mil pesos.
La presidenta habló de la no reelección y que no permiten el nepotismo, también, ante Luisa María Alcalde, ahora consejera jurídica de la Presidencia.
Incluyó la labor del Consejo Nacional de Seguridad que ha enviado a 94 jefes criminales de México solicitados
por el gobierno de Estados Unidos. “¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios?”. También expuso sobre la responsabilidad del gobierno para detener a funcionarios coludidos con grupos criminales o que cometieron delitos, como el caso del presidente municipal de Tequila, en Jalisco, proveniente de Morena o el del alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, por estar vinculado con lo que ocurrió el rancho, así como recientemente la aprehensión del hermano del exfuncionario. La presidenta recordó la operación enjambre con la detención de presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal, en el Estado de México, con lo cual el reconocimiento de que antes de esas operaciones se daban esos escenarios, aunque afirmó que cambió desde 2019.
De hecho, evocó al sexenio pasado para decir que “hoy es tiempo de los principios. Es tiempo de la honestidad. Es tiempo de la defensa de la soberanía. Es tiempo de estar con el pueblo de México. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso. pero hoy más que nunca: La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación” y consideró, también, que la gráfica de cualquier indicador, elaborada por su gobierno, es muestra de ello.
México, de los países más peligrosos y mortíferos para periodistas: RSF
Lizbeth Ortiz Acevedo Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que por primera vez en 25 años de monitoreo el mundo se encuentra en su puntuación media más baja, ya que más de la mitad de los países viven una situación «difícil o grave» y consideró que:
«Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para las y los periodistas».
De acuerdo con la ficha informativa de esta clasificación, México es considerado «uno de los países con mayor concentración mediática del mundo»; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños para abrirse paso o, incluso, existir.
Esta información coincide con el último informe de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) «Entre el discurso y la desprotección» presentado el pasado 3 de marzo en la Ciudad de México donde se dio a conocer que entre enero a diciembre de 2025, tiempo del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acontecieron 338 agresiones contra mujeres periodistas, lo cual representa un aumento en comparativa con el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en el que se registraron 154 casos.
Los hallazgos de CIMAC indican que el año 2025 se posicionó como el año más violento para las mujeres periodistas, por lo que consideran que las directrices gubernamentales no se han modificado de fondo, es decir, no se han tocado las estructuras que sostienen esa violencia, por eso la organización manifestó que:
Aunque el contexto político actual se presenta como un “tiempo de mujeres”, los datos recabados en esta investigación evidencian que la presencia de mujeres en los más altos cargos de poder político no se ha traducido en condiciones reales de libertad de expresión, seguridad, protección, acceso a la justicia, ni garantía de derechos humanos para las periodistas.
Recordemos que la libertad de prensa en México está garantizada por la Constitución mexicana y amparada por la ley de prensa de 1917. En la práctica, no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar. Sin embargo, la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, y varios medios han sido intimidados con acciones judiciales que han desembocado en detenciones temporales, e incluso en sentencias condenatorias. Reporteros Sin Fronteras, detalló
De acuerdo con la ficha informativa de esta clasificación, México es considerado «uno de los países con mayor concentración mediática del mundo»; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños para abrirse paso o, incluso, existir
que en este país el sector de la radio y televisión está dominado por los grupos Televisa y TV Azteca, mientras que el de la prensa escrita está controlado por el grupo Organización Editorial Mexicana (OEM) que posee 32 periódicos, 24 emisoras de radio y 45 webs informativas, lo que «limita el pluralismo y la información que llega al público» y hace que cada vez más periodistas independientes publiquen contenidos propios en las redes sociales.
Informaron que durante la campaña presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se comprometió con RSF a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país y a combatir la violencia contra los profesionales de los medios y aunque ha adoptado un discurso menos agresivo hacia la prensa, no ha dudado en criticar la cobertura de los medios.
Ante la falta de un marco jurídico para la sostenibilidad de los medios, las y los periodistas tienen que buscar fuentes alternativas de ingresos. La ausencia de una ley de publicidad que garantice un reparto equitativo y transparente de los recursos publicitarios del Gobierno afecta especialmente a periodistas propietarios de sus pequeñas empresas de medios.
La confianza de los más de 132 millones de ciudadanos mexicanos en los medios de comunicación ha disminuido considerablemente, situándose en torno al 36%, según el Instituto Reuters.
Existe una clara preferencia por informarse a través de las redes sociales en lugar de los medios tradicionales, debido en particular a las críticas de la prensa hacia el Gobierno, a la percepción de que los medios
responden a intereses económicos y a la práctica de la autocensura por parte de las y los periodistas. Si bien existe pluralismo, especialmente en los medios públicos, aún queda mucho camino por recorrer.
La connivencia entre las autoridades locales y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra las y los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial, advirtió Reporteros Sin Fronteras.
Las y los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida desplazándose fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero.
Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México.
Informe CIMAC
CIMAC también identificó en el informe «Entre el discurso y la desprotección» que el acoso judicial es una práctica empleada para restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que durante 2025 se documentaron 16 casos contra mujeres periodistas. En dichos casos predomina la violencia económica ya que son demandadas por provocar daños morales y patrimoniales. A esto se suma la violencia psicológica que se manifiesta por las medidas impuestas por las sentencias. En algunos casos las obligan a eliminar sus publicaciones y ofrecer disculpas lo cual desacredita su trabajo ante la sociedad y su propio gremio. La organización señala que el efecto del acoso judicial es castigar a las periodistas que cuestionan el
poder político, indagan sobre los recursos públicos, denuncian actos de corrupción o nepotismo, visibilizan redes macrociminales o exponen casos de violación a derechos humanos. De esta manera, las periodistas quedan en situación de vulnerabilidad y expuestas a un sistema que no juzga los casos con perspectiva de género convirtiéndose así en un mecanismo de intimidación. Generalmente son denunciadas por daños patrimoniales, morales, económicos y en el último año por violencia política de género, una figura creada para proteger a las mujeres en el espacio político, pero que está siendo instrumentalizada contra las periodistas. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 494 personas han sido registradas y 447 han sido sancionadas, de las cuales, 84 personas son periodistas, o entran dentro de alguna otra categoría referente a medios de comunicación; de estas, 11 son mujeres.
CIMAC señaló que los fallos y las penas impartidas por incurrir en Violencia Política de Género y su relación con la libertad de expresión y la protección de los derechos políticos-electorales deben abordarse con criterios proporcionados, es decir, considerar si existe un componente de crítica política y descalificaciones fundamentadas en el género: «Por ello, las resoluciones judiciales deberían considerar tanto la intención comunicativa como el impacto real de los mensajes difundidos, evitando sancionar expresiones cuyo objetivo principal sea informar o inspeccionar el poder público», advierte la organización.
Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace.
EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA NIÑEZ NO ACOMPAÑADA EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD
Alejandro
Romero y Paula Novelo, área psicosocial, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI .
En el marco del Día de la Niña y el Niño, es urgente mirar hacia una de las realidades más complejas y dolorosas de nuestra región: la niñez y la adolescencia en contextos de movilidad, particularmente quienes viajan sin compañía.
Datos de UNICEF señalan que casi 48.8 millones de niñas, niños y adolescentes han sido desplazados por la violencia, los conflictos o los desastres. Dentro de este panorama, la niñez no acompañada (aquella que migra sin la compañía de una persona adulta responsable) han mostrado un incremento sostenido en los últimos años; por ejemplo, el ACNUR reportó que al menos 138 mil 600 niñas, niños y adolescentes viajaban solos a nivel mundial, aunque esta cifra se considera subestimada debido al subregistro en múltiples rutas migratorias.
Dentro de este panorama, el incremento de la niñez no acompañada es alarmante. Tan solo en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en contextos de movilidad es niña, niño o adolescente. Las rutas de alto riesgo, como la selva del Darién o la frontera entre México y Estados Unidos, son transitadas por cientos de miles de infancias que huyen de la violencia estructural, la desintegración familiar o que buscan reunificarse con sus seres queridos. En este trayecto, quedan expuestas a la trata de personas, la explotación y a profundas afectaciones en su salud mental y emocional.
Los contextos de violencia extrema a los que se enfrenta la niñez no acompañada generan profundas necesidades de atención psicosocial. Sin embargo, desde una mirada adulto-
céntrica, las manifestaciones de este impacto suelen ser mal interpretadas como «rebeldía», «desviación» o simples «etapas» del desarrollo. Olvidamos que provienen de entornos que han fracturado su integridad; sistemas complejos que les han negado el derecho al libre desarrollo, donde el estudio, la recreación y el juego han sido anulados.
Poner la mirada en la niñez no acompañada implica cuestionar cómo las instituciones sociales responden a su orfandad o separación familiar. El reto no es solo crear albergues, sino propiciar redes de apoyo reales y espacios seguros donde se garantice, ante todo, el Interés Superior de la Niñez. El principal indicador para conocer el bienestar psicosocial de la niñez es el juego. Cuando un sistema le da la espalda a las infancias, los síntomas aparecen pronto: falta de integración, exclusión escolar, consumo temprano de sustancias o el sobrediagnóstico de trastornos del desarrollo. Esta dinámica es perversa, pues termina responsabilizando a las niñas, niños y adolescentes de los estragos que la violencia estructural ha ocasionado en sus vidas.
Detrás de cada niña, niño o adolescente migrante hay necesidades, voces e identidades particulares. Por ello, la labor humanitaria debe ir de la mano de una intervención psicosocial que abra espacios de diálogo y cuidado. Debemos alejarnos del adultocentrismo para potenciar su voz y permitirles expresar sus propios gustos y necesidades, garantizando siempre su consentimiento informado y validando sus emociones para no caer en la revictimización institucional.
Es fundamental hacer un énfasis
específico en las niñas y las adolescentes no acompañadas. En muchas ocasiones, los sistemas de atención, e incluso ciertos espacios académicos, invisibilizan las necesidades particulares de las mujeres y niñas en movilidad. Además de enfrentar una cultura misógina, padecen una violencia institucional latente que ignora la falta de insumos básicos (tanto materiales como emocionales) y la ausencia de redes de apoyo seguras acordes a sus corporalidades e identidades.
El espacio de atención psicosocial debe ser un refugio; un lugar donde puedan recibir un abrazo acogedor en medio de la tempestad.
En el IMUMI, nuestro trabajo con la niñez y la adolescencia migrante se fundamenta en el afecto. Entendemos que un espacio de escucha activa y de cuidado es el primer paso para marcar la diferencia frente a la violencia y lograr que recuperen el protagonismo en sus procesos emocionales y jurídicos.
Una intervención con perspectiva de cuidado implica crear espacios dignos, evitar «encriptar» la información legal y hacerles partícipes de su propio proceso. Todo esto bajo un marco de cero tolerancia a la violencia y la explotación, buscando siempre su autodeterminación.
Mientras cientos de niñas, niños y adolescentes tejen rutas de subsistencia en un presente precario, sus ilusiones suelen ser instrumentalizadas por intereses adultos.
En este Día de la Niña y el Niño, recordemos que es urgente construir espacios genuinos de acompañamiento donde el centro no sean nuestras expectativas adultas, sino la protección incondicional de sus derechos, sus voces y sus sueños.
EL SINALOENSE EN EL SENADO. ESTO APENAS EMPIEZA
José Gil Olmos
La mañana del miércoles 29 de abril era calurosa y en el Senado todo transcurría normal. Se trataba del cierre de sesiones del periodo ordinario y entre los reporteros no había mucho ánimo, pues ya había pasado la tormenta del caso de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua y el rechazo de la gobernadora Maru Campos para asistir al Senado a fin de informar lo que había ocurrido en la Sierra Tarahumara.
La reunión de la Junta de Coordinación Política había acontecido sin mayor problema con los acuerdos que se verían para nombrar a quienes estarán en la Comisión Permanente que empieza en mayo. Era tan normal que en la lista de Morena aparecía el senador sinaloense Enrique Inzunza. Pasando el mediodía todo cambió en el edificio de Reforma e Insurgentes. Comenzaron a verse a senadores corriendo, hablando por teléfono de manera agitada. Las y los reporteros que minutos antes estaban esperando conseguir alguna información subieron a la oficina del senador Inzunza. Pero ya no estaba.
El ambiente en el Senado comenzaba a bullir, las reporteras y reporteros emprendieron la búsqueda de reacciones con los legisladores de Morena porque a partir de entonces, en portales informativos y todos los noticieros se daba a conocer la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de ese estado acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa. En el ir y venir por todo el Senado los reporteros encontraron al senador tabasqueño Adán Augusto, a quien le soltaron una batería de 16 preguntas sobre las acusaciones del gobierno de Donald Trump al senador Inzunza y el gobernador Rocha Moya. La respuesta fue la misma: “No doy declaraciones. Muchas gracias”.
En el salón de sesiones del Senado la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, trataba de resguardar la sesión del vendaval sinaloense. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, preparó una entrevista para tratar de amortiguar el golpe, asegurando que el Departamento de Justicia estadunidense tendría que presentar las pruebas de sus acusaciones. El senador Enrique Inzunza, que había pasado lista en la mañana para la sesión y había abandonado sigilosamente el edificio del Senado, apareció en redes sociales con un mensaje que causó escozor entre sus compañeros de partido al involucrar al expresidente López Obrador.
“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, acusó el senador oriundo, orgullosamente, de Badiraguato, la cuna del Cártel de Sinaloa.
“Es el fin de la 4T”, comentaban reporteros, mientras que legisladores de oposición opinaban que habían golpeado la línea de flotación de Morena en víspera del arranque de las elecciones del 2027. “Lo más recomendable es que los de Morena esperen la línea discursiva de la presidenta o de Andrés Manuel”, dijo uno de los senadores. Histriónica, la senadora Lilly Téllez, que entró a la vida legislativa de la mano de Morena y de López Obrador y cambió de partido al PAN cuando le convino a sus intereses particulares, era la que más festejaba desde tribuna y en conferencia la petición del departamento de Estado norteamericano, lo cual fue tildado por los morenistas como “vendepatrias”.
El affaire sinaloense no terminó para Morena con el fin del periodo ordinario cuando la senadora presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, tocó la campana y más tarde inició los trabajos de la Comisión Permanente. En medios siguieron las declaraciones del senador Mier pidiendo las pruebas y las del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegurando que se trataba de un tema político. “Esto es apenas el principio”, dijo un legislador de oposición, a lo que un reportero agregó: “Así es, pero que nadie eche sus barbas a remojar, faltan los de otros partidos que están también involucrados con el Cártel de Jalisco, los de Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Quintana Roo…”.
¿QUIÉN DETENDRÁ A ISRAEL?
En Medio Oriente se dilapida el dinero en armas y se busca ante todo a destruir y escamotear la paz, aunque se hace gran escándalo para buscarla haciendo mucho ruido con el resultado de pocas nueces. Se mencionan intercambios entre diferentes países para alcanzar la utópica paz, en medio de los bombardeos y de la destrucción que ha encabezado Estados Unidos con su alfil Israel, haciendo la guerra a Irán y acabando con Gaza, Cisjordania y Líbano alardeando con una narrativa creada para desacreditar lo que no les conviene y, en cambio, buscar la aceptación de una mentira tras otra.
Con la distracción de lo que acontece con el cierre del estrecho de Ormuz, que está causando serios estragos a la economía mundial, Israel se ha posesionado ya de medio territorio de Gaza arrebatada a los palestinos, cancelando la posibilidad de creación del Estado de Palestina. Además, por medio de una cruenta guerra, ocupa ya 20% del territorio libanés, siendo el sur fértil con sus recursos acuíferos, el más afectado.
En esa parte del territorio vive la mayoría de la población musulmana chiita, de allí que de inmediato se le relacione con Hezbolá, quizás por dar su voto al Partido de Dios, no por empuñar las armas. Y sin duda alberga luchadores de esa milicia a la que –por decisión occidental– se antepone el calificativo de terrorista. Lo cual no justifica la muerte de tantos civiles, entre los cuales se encuentran decenas de niños; ni la destrucción de la infraestructura civil –condenada por las leyes internacionales– construida por libaneses a lo largo de los años. Todo lo que de acuerdo con los organismos especializados significa un atraso de más de 70 años en su desarrollo humano.
El nuevo cese al fuego el 7 de abril, según Benjamin Netanyahu, fue asumido por Israel, pero advirtió que continuará bombardeando Líbano hasta concluir el trabajo; es decir, hará la guerra pese a todo. En el campo contrario, el secretario interino de Hezbolá, Naím Qassem, dice sostener los esfuerzos de su aliado el presidente del parlamento libanés, Nabih Berry, para alcanzar una solución diplomática. Está visto que los actores de esta guerra son principalmente Israel y Hezbolá, no obstante, la convocatoria del presidente Trump para negociar la paz es entre Israel y Líbano, cuando
la guerra es ante todo con Hezbolá, fuera de las negociaciones. Líbano apela a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá; sin embargo, han tenido lugar al menos tres guerras, con estragos para el país.
Después de los violentos ataques recientes del ejército israelí, que han dejado cerca de tres mil muertos, más de 50 aldeas destruidas, quedando sólo los escombros, casas e infraestructura, cuya consecuencia ha sido la interrupción de las comunicaciones en ataques deliberados, el país ha quedado partido en dos, siguiendo el trazo del río Litani, con una longitud de aproximadamente 140 kilómetros, desde las cercanías de Baalbek hasta la costa con la ciudad histórica de Tiro a la que provee de agua a sus más de cien mil habitantes. Seis mil hectáreas de tierras han quedado canceladas sin población que las trabaje, con las consecuentes repercusiones, la escasez de alimentos, más problemas sobre los ya existentes en un país con la economía en el abismo. Por ejemplo, ahora está solicitando mil millones de dólares al FMI para enfrentar la destrucción, sin que se pueda prever el éxito.
¿Qué hacer con Israel? Por qué sigue causando tanto daño sin que ni la ONU, ni los países árabes ni la Unión Europea, puedan detenerlo ante la evidencia de pueblos arrasados, con campos donde se han dejado caer químicos para impedir su producción por varios años. Pueden verse en Google las imágenes de los pueblos destruidos en el condado de Jbeil o en Nabatiye, donde no ha quedado rastro de sus antiguos emplazamientos.
Los señalamientos contrarios a las acciones de Israel han ido apareciendo lenta, pero con frecuencia. España, Irlanda y Eslovenia han propuesto la suspensión del Acuerdo de Asociación de la
Unión Europea con Israel desde Luxemburgo el 20 de abril (2026).
La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas apareció junto al primer ministro palestino, Mahomed Mustafá, cuando se dio a conocer dicha propuesta, lo cual tiene un fuerte sentido simbólico.
Se dio como consecuencia de la indignación que ha causado el gobierno de Benjamín Netanyahu por tres puntos:
La aprobación de la pena de muerte exclusiva dedicada contra los palestinos.
La fuerte ofensiva en el sur de Líbano.
La violencia desatada por los colonos extremistas en Cisjordania.
De los 27 países europeos convocados, sólo falta convencer a Alemania, a Hungría y a la República Checa porque se requiere al menos la votación de un 55% para lograr la mayoría calificada con 15 Estados miembros, que representen 65% del total de la población, un porcentaje para lo cual es necesario contar con un país grande como Alemania.
Hay que mencionar que su canciller Friedrich Merz ha ido endureciendo la posición de un país que siempre se ha mantenido al margen de las llamadas de atención para Israel, porque le pesa la culpa del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Advirtió a Netanyahu que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania” y ya había suscrito la declaración conjunta de todos los Estados miembro de la Unión Europea por el “carácter discriminatorio” de la ley israelí que establece la pena de muerte para los palestinos.
En otro lugar central del mundo, en Washington, debido a las condiciones causadas por la guerra en Irán y por la invasión a Líbano, un grupo inesperado de 36 senadores demócratas ha votado el 15 de abril por impedir la venta de bombas de media tonelada a Israel, mientras
que 40 elegidos demócratas e independientes, quieren evitar la venta de bulldozers como los utilizados en Gaza y en Líbano para destruir pueblos y barrios enteros, arrasando con casas, fuentes de agua, escuelas, hospitales. No es suficiente, pero significa una docena de voces más que en el pasado reciente. Y, como expresaron: “Nos oponemos a las acciones que comprometen a Estados Unidos en un conflicto no autorizado en Irán, desprovisto de una estrategia clara, sin autoridad legal, ni horizonte preciso”, según un comité encabezado por los senadores Alex Padilla y Adam Schiff de California. Entre los argumentos están la guerra impopular realizada sin conocimiento del Congreso, financiada por los contribuyentes en detrimento de sus ingresos económicos.
Todo lo cual se expresa en las posiciones políticas que se juegan en las próximas elecciones intermedias de noviembre. De acuerdo con un sondeo del Pew Research Center del 7 de abril, 80% de los demócratas y de sus simpatizantes tienen una opinión desfavorable hacia Israel, una cifra récord. Incluso varios de los progresistas han insistido en cortar también el apoyo estadunidense para armas defensivas como el Domo de acero.
Es tal la oposición que el centro de reflexión liberal proisraelí J. Street ha llamado a considerar a Israel como un “aliado ordinario” y no con la excepcionalidad de la que se ha beneficiado. Asimismo Amos Hochstein, el antiguo consejero del presidente Joe Biden, ha dicho que Benjamin Netanyahu “ha sacrificado los intereses israelíes a Estados Unidos” destruyendo la relación privilegiada de Tel Aviv en Washington.
También ha disminuido entre los republicanos la opinión favorable a Israel y 57% lo ven negativamente, siete puntos abajo del año pasado, según la encuesta. Otro ejercicio transpartidario reveló que 60% de los estadunidenses muestra una idea desfavorable de Israel, casi 20 puntos arriba que en 2022. Y una visión muy desfavorable alcanza hasta 28%, más del triple de hace cuatro años.
Los representantes de la sociedad civil y sus mismos componentes, como en los casos señalados, es decir, los ciudadanos de Estados Unidos, de Europa, de Israel y los demás países involucrados, son quienes aún quedan para detener el uso de las armas y erradicar el odio para poner fin a las guerras.
Carlos Martínez Assad
ISSSTE, ¿INTERÉS PÚBLICO O CONFLICTO DE INTERÉS?
Ernesto Villanueva
El 23 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema Corte aprobó, por seis votos contra uno, el proyecto de la Ministra Lenia Batres Guadarrama en el Amparo Directo en Revisión 5829/2025. La resolución concedió el amparo al ISSSTE frente a créditos fiscales por 5,810 millones de pesos que la Ciudad de México determinó en 2017 por contribuciones de 2009 a 2013. Se ha cuestionado la decisión por un presunto conflicto de interés: la ponente es hermana de Martí Batres Guadarrama, actual titular del ISSSTE. ¿Hay conflicto de interés o fue una resolución ajustada a derecho? Lo que se discute no es una intuición comunicacional. Es una categoría jurídica precisa. Y las categorías jurídicas se prueban, no se expresan por medios y redes sociales. Primero. En el sistema mexicano, las causas de impedimento están previstas por la ley. El artículo 51 de la Ley de Amparo enumera ocho causales y el artículo 52 ordena que solo esas pueden invocarse como excusa. La tesis P. XXII/2007 del Pleno —referida al artículo 66 abrogado, hoy artículo 51— fue inequívoca: la enumeración es limitativa para los juicios de amparo. La doctrina judicial lo ha reiterado: el sistema no protege la imagen del juzgador; protege la imparcialidad objetiva. Este diseño no es formalismo. Es una salvaguarda estructural contra la captura mediática del juzgador. Si la sospecha pública bastara para inhabilitar a un ministro, la independencia judicial quedaría sometida a la presión coyuntural. El estándar convencional confirma esta exi -
gencia. La Corte Interamericana, en Apitz Barbera vs. Venezuela (párr. 56) y Atala Riffo vs. Chile (párr. 234), definió la prueba objetiva: el juez debe ofrecer elementos que disipen “temores legítimos o fundadas sospechas”. No basta cualquier inquietud social. Se requieren elementos objetivos verificables. Por eso un impedimento se actualiza cuando la ley lo señala. No cuando parte de la opinión pública lo sugiere. La crítica política es legítima. Jurídicamente, no basta. El juzgador no elige los asuntos que conoce. La ley lo hace por él. Excusarse sin causa legal es tan irregular como resolver parcialmente. El sistema sí opera: en la propia sesión, el Ministro Espinosa Torres se excusó por haber conocido del asunto en instancia previa, conforme a la fracción IV.
Segundo. La causal de parentesco prevista en la fracción I exige vínculo familiar con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. El concepto clave es “representante” en sentido procesal: quien comparece en el juicio acreditando personería específica. La representación procesal del ISSSTE no la ejerce su Director General. La ejerce la Dirección Jurídica del Instituto, conforme a los artículos 4, fracción I, inciso f), 51 y 59 de su Estatuto Orgánico. Martí Batres es titular orgánico del ente, no representante procesal del juicio. Confundir ambas figuras vaciaría la causal. Llevaría al absurdo de inhabilitar a un ministro por cualquier vínculo familiar con cualquier titular de cualquier dependencia federal. La teoría de la persona moral pública —de Hauriou a García de Enterría—
precisamente separa el ente de quien lo encarna. La cronología refuerza el argumento. Los hechos gravados son de 2009 a 2013. Los créditos se determinaron en 2017. El juicio lleva nueve años. Martí Batres llegó al ISSSTE apenas dos años antes del fallo. No se juzga ningún acto suyo. No se evalúa ninguna estrategia procesal de su gestión. La causa no toca su esfera personal. Tampoco existe interés patrimonial. El patrimonio del ISSSTE es de afectación social conforme al artículo 207 de su Ley. Financia salud, pensiones y vivienda. No le genera rendimientos al titular. Su salario es independiente del fallo. La fracción VIII, sobre situaciones diversas con elementos objetivos de riesgo, tampoco se actualiza. La jurisprudencia la interpreta con estrechez: exige hechos verificables vinculados a la imparcialidad, no relaciones orgánicas mediatas. Tercer. La resolución no la dictó la ministra sola. La aprobó el Pleno por seis votos contra uno. Ministras y ministros con trayectorias y criterios distintos coincidieron en el fondo. La ponencia es vehículo técnico de la deliberación. El sentido del fallo lo fija el órgano colegiado. Si los argumentos hubieran sido débiles, el Pleno los habría desechado. El voto mayoritario confirma el mérito jurídico del proyecto. El único voto en contra, de la Ministra María Estela Ríos González, no se fundó en conflicto de interés. Se basó en una cuestión procesal: que el recurso fue interpuesto fuera de plazo. Más aún, la propia ministra disidente declaró expresamente que comparte la postura de fondo. Ni
la única voz en contra cuestionó la imparcialidad de la ponente ni la corrección sustantiva del proyecto. El fondo también es sólido. El proyecto se apoya en los artículos 115 y 122 de la Constitución, articulados con el artículo 6, fracción XI, de la Ley General de Bienes Nacionales, que sujeta al régimen de dominio público los inmuebles de los organismos descentralizados federales. Los inmuebles del ISSSTE, destinados al servicio público de salud, encuadran en ese supuesto. El criterio es consistente: en 2024 la Corte avaló el cobro de predial a la CFE por la Central Malpaso porque su explotación comercial desbordaba el objeto público; aquí se protege exactamente lo que aquel caso excluyó. El proyecto no exime al Instituto de toda contribución. Ordena recalcular la deuda con parámetros constitucionales adecuados. Es una solución técnica, moderada y coherente con precedentes. Articula los principios de proporcionalidad y equidad tributaria del artículo 31, fracción IV, con la naturaleza del sujeto obligado. Si el fallo se sostiene en precedentes y doctrina, el origen de la ponencia pierde toda relevancia analítica. En suma, no hay conflicto de interés. Los impedimentos están delimitados. El pariente no es representante procesal. Los hechos son anteriores a su gestión. No hay beneficio patrimonial. La decisión es colegiada. La disidente comparte el fondo. La argumentación constitucional es robusta. La crítica política es legítima. El análisis jurídico exige rigor. Confundir la cercanía familiar con el conflicto de interés es desconocer el derecho vigente.
THE CONTRA PODER BREAKING NEWS
Dr. Valdemar Rojas
O mejor aún notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales QEDP
Como una bomba le cayó al gobierno de la 4T (cuarta trastornación), la denuncia que presentó el gobierno de Estados Unidos, en contra del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya a quien acusa de ser un narco gobierno coludido con el crimen organizado y para quien pide la extradición para ser juzgado en los Estados Unidos algo que estoy casi seguro que no sucederá pues las autoridades de la 4T se tapan unas a otras y declararán casi seguramente nulos los delitos de que se le acusa pese a la evidencia de los hechos y ya solo falta que al terminar este asunto sea declarado como un gobernador ideal y digno de ser emulado. Esta acusación sin embargo no viene sola estoy seguro de que pronto presentará nuevas acusaciones y uno de los que más proclives es a ser acusado es el gobernador de Tamaulipas Americo Villareal sobre quien pesan acusaciones con sus claros actos de colusión con el narco terrorismo que infecta a todos los niveles del gobierno de la 4T. Según el Peje, el ejecutivo es la persona más bien informada de lo que sucede en el país pero el actual gobierno no supo que varios agentes de la CIA funcionaban en Chihuahua y habían localizado un mega laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua si no hubiera sido porque los agentes sufrieron un accidente y dos fallecieron lo que aprovecharon los voceros
de la 4t para culpar a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria por permitir que esos agentes de la CIA operaran en territorio nacional; yo creo que más bien es obligación del Gobierno Federal vigilar y permitir que agentes extranjeros se introduzcan al país y hagan laboras de investigación, convirtiéndolo en un gran escándalo y hasta invitaron a la gobernadora a una reunión en el Senado a la que no acudió, pues a una invitación no hay obligación de asistir ni el Senado tiene atribuciones de citar a los gobernadores del país; veremos en que termina este asunto de injerencia de agentes de la CIA para que permanezcan en el país sin estar autorizados pues estoy seguro que no es este un caso único y muchos agentes extranjeros están en el país realizando labores que le interesan al gobierno de los Estados Unidos.
La detención del contra almirante Fernando Farías Laguna en argentina viene a demostrar una vez más la tremenda corrupción que existe en México en las altas esferas del gobierno en relación con el huachicol fiscal que ha permitido que 600 mil millones de pesos ingresen al erario nacional y ayudarían al gobierno en sus penurias económicas en lugar de proteger a los delincuentes; el hermano del actual detenido ya estaba preso por el mismo delito y este ahora solicita asilo político en Argentina con el argumento que su vida peligra si es extradi-
tado a Mexico y da a conocer sus nexos con las altas autoridades del gobierno incluyendo desde luego a los hijos del expresidente de la república Andrés Lopez Obrador sobre quien ya pesan muchas acusaciones de su conocimiento y encubrimiento del huachicol fiscal del cual estaba bien interesados pues se publicó una carta del titular de la SEDENA Cresencio Sandoval dirigida al también general Audomaro Martínez Zapata, muy allegado al Peje en la que cuenta la presencia del Huachicol fiscal en el gobierno; imposible que AMLO no tenga este conocimiento y sobre todo su incapacidad para acabar con esta plaga que azota al país; como se viene presentando las cosas en este país estoy seguro que el próximo implicado será AMLO y sus familiares más cercanos incluyendo a Andy y Boby. Doña Titina la mujer que finge y funge como presidente de la república no parece estar bien informada de los que sucede en el país y no supo del derrame de petróleo crudo en el Golfo de México que ha contaminado las costas desde Campeche hasta Tamaulipas y amenaza con llegar a los Estados Unidos lo cual ocasionaría una demanda de parte de Donald Trump, ansioso como esta de encontrar motivos para acusar a México de corrupción e ineficiencia, lo que además es cierto que padecemos con el 90% de lealtad al régimen y 10% de capacidad de sus funcionarios.
