CONTRAPODER EDICIÓN 2033

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Entre la farsa y la mentira

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El día en que se cumplieron dos años del malogrado gobierno de Rutilio Escandón, en Tuxtla se cometió el artero asesinato de un empresario ganadero, que pone en evidencia el estado de inseguridad que se vive en Chiapas

La mesa de seguridad en Chiapas tiene que evaluar su desempeño. Sobre todo, por la impunidad de los delitos que prevalece en Chiapas. Y por la ausencia de investigación en la fabricación de pruebas de la fiscalía. Lo peor, es que mañana la fiscalía anuncie la detención de los responsables del artero homicidio en Tuxtla a través de la clásica invención de culpables.

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EN CHIAPAS

Martes 8 de Diciembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2033

VIOLENCIA

Ejecutan a balazos a conocido ganadero en Tuxtla Gutiérrez

De acuerdo a los reportes oficiales este hecho ocurrió cerca de las 10:20 de la mañana cuando los asesinos interceptaron al empresario en la 11 Poniente y 9ª Sur para dispararle en por lo menos ocho ocasiones a la altura de la ventana de la camioneta Lincoln de color blanco en la que viajaba

EXIGENCIA

Autoridades del estado no deben ceder a chantajes de Bersaín Miranda Borraz: CTM

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ENCUESTA

Más de tres millones de niños en México se vieron forzados a trabajar en 2019

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HOY ESCRIBEN

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Juez concede a comunidades mayas suspensión definitiva de obras nuevas relativas al Tren Maya

Dr. Valdemar Rojas

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ANÁLISIS A FONDO: EL PESO, ESTABLE ANTE EL MUNDO Francisco Gómez Maza

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AMLO Y SU POPULISMO MILITAR

INFORME

Clases presenciales podrían comenzar este viernes

THE CONTRA PODER BREAKING NEWS

Erubiel Tirado

¿AUTORITARISMO LIBERTARIO?

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Agustín Basave

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DOS AÑOS DESPUÉS Pablo Gómez

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LA 4T Y EL ESTADO DE DERECHO: UNA DIFÍCIL RELACIÓN Sergio López Ayllón* PAG. 4

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Martes 8 de Diciembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Entre la farsa y la mentira

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l día en que se cumplieron dos años del malogrado gobierno de Rutilio Escandón, en Tuxtla se cometió el artero asesinato de un empresario ganadero, que pone en evidencia el estado de inseguridad que se vive en Chiapas, en el que muchas veces se ha denunciado la existencia de contubernio y colaboración entre la fiscalía del Estado y la delincuencia organizada. Varias denuncias se realizaron en contra del comandante Santos, identificado como el brazo derecho del fiscal Jorge Luis Llaven, sin que haya existido investigación alguna. A punto tal, que cuando este personaje asesinó en su rancho a uno de sus colaboradores, la fiscalía y la secretaría de seguridad pública, primero lo encubrieron y luego lo dejaron escapar. En dos años de gestión Rutilio Escandón no tiene nada positivo que informar y sí muchas farsas y mentiras… En donde los logros

importantes que informar son el incremento patrimonial de sus colaboradores más cercanos, en donde las obras principales realizadas son las casas, ranchos y propiedades de sus mismo colaboradores. La responsabilidad de Rutilio Escandón era la de crear las condiciones para la transformación de la entidad, pero ese propósito se encuentra lejos de alcanzar. En donde resulta claro: el gobernador le quedó a deber a Chiapas. Chiapas vive una triste historia con sus gobiernos, cuando todos pensaban que nada podía ser peor que el gobierno de Juan Sabines, vino Manuel Velasco. Lo trágico resulta en que lo mismo se pensó del gobierno de Manuel Velasco, en el que parecía imposible que hubiera algo peor y el destino nos alcanzó. El gobierno de Rutilio Escandón es el peor de la historia de Chiapas y lo único que queda claro es que las cosas se van a poner peor, pues no hay proyecto ni agenda de gobierno de gobierno y si se llegó

a pensar que con los cambios en el gabinete las cosas podían mejorar, la realidad muestra lo contrario: ni en la secretaría de gobierno ni en la fiscalía del Estado las cosas van a mejorar. Las cosas no andan bien en esta administración, que incurren en burlas y excesos imperdonables. Ejemplo de ello es la liberación del que fuera subsecretario de gobierno, Giovany Campos, quien fuera exhibido como parte del programa anticorrupción encabezado por Rutilio Escandón y que fuera enviado como huésped del Amate por sus acciones. Caso más grave todavía es la presunta liberación del escolta de la hija del gobernador, quien se viera involucrado en el escándalo de herir al ex yerno del gobernador, en pleno centro de la ciudad de Tuxtla, y que continúa desempeñando las mismas funciones de apoyo. En Chiapas la farsa y la mentira se convirtieron en la principal conducta de la actual administración, que no tiene nada que presumir.

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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Ejecutan a balazos a conocido ganadero en Tuxtla Gutiérrez Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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n conocido ganadero en Chiapas fue ejecutado de ocho balazos cuando circulaba en la capital chiapaneca por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. De acuerdo a los reportes oficiales este hecho ocurrió cerca de las 10:20 de la mañana cuando los asesinos interceptaron al empresario en la 11 Poniente y 9ª Sur para dispararle en por lo menos ocho ocasiones a la altura de la ventana de la camioneta Lincoln de color blanco en la que viajaba. El hombre fue identificado como, Alfredo d’Argence Morel y de acuerdo a fuentes extraoficiales acababa de salir de una peluquería localizada cerca de donde ocurrió el ataque. Paramédicos arribaron al lugar para realizar una valoración y determinaron que había muerto. Elementos policíacos señalaron que el ataque pudo haber sido a motivos diferentes a un asalto ya que no se llevaron nada de valor. Al lugar arribaron peritos de la FGE para realizar las diligencias correspondientes, levantar el cuerpo y trasladarlo al Semefo.

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Dos hombres fueron quemados vivos el pasado fin de semana en una comunidad de Ocosingo enclavada en la región de Las Cañadas, señalados de haber asesinado con un arma blanca a un poblador de ese mismo lugar. Los hechos ocurrieron el viernes pasado en la comunidad El Censo, de unos mil 500 habitantes y ubicada a 57 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, rumbo a la región de Las Cañadas, pero por la lejanía de la comunidad los hechos trascendieron apenas el fin de semana. Ahí, Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano y Manuel “N” fueron acusados por los propios pobladores de haber privado de la vida a Gregorio Gómez Álvaro con arma blanca, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad rural. Pero unos 200 habitantes del lugar se amotinaron y exigieron que les fueron entregados los asesinos de Gregorio. Al negarse el agente rural, la multitud sacó a las tres personas de la cárcel ejidal y empezaron a golpearlos.

De acuerdo a los reportes oficiales este hecho ocurrió cerca de las 10:20 de la mañana cuando los asesinos interceptaron al empresario en la 11 Poniente y 9ª Sur para dispararle en por lo menos ocho ocasiones a la altura de la ventana de la camioneta Lincoln de color blanco en la que viajaba

Pobladores de Ocosingo queman vivos a dos hombres acusados de asesinato A dos de ellos, Antonio Vázquez Silvano y Francisco Vázquez Silvano, les pusieron gasolina y les prendieron fuego. Mientras que a Manuel le perdonaron la vida porque si bien andaba con los asesinos el no participó en el crimen. La Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició carpeta de investigación por los hechos violentos registrados en el ejido El Censo del municipio de Ocosingo, donde dos personas murieron. De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde de este sábado el agente rural del mencionado ejido denunció que Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano y Manuel “N” privaron de la vida a Gregorio Gómez Álvaro con arma blanca, siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad rural. Posteriormente, un grupo de personas ingresó con violencia a la cárcel ejidal para sustraer y retener a Antonio Vázquez Silvano y Fran-

cisco Vázquez Silvano, a quienes privaron de la vida quemándolos, mientras que Manuel “N” logró ser rescatado por la autoridad y entregado al Ministerio Público. Por estos hechos un grupo especializado de la Fiscalía integra la carpeta de investigación por el deli-

to de homicidio, así como la realización de periciales y el desahogo de testimoniales para lograr la identificación de los responsables para presentarlos ante la justicia, mientras que el grupo interinstitucional realiza patrullajes para garantizar la paz en esa localidad.

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Clases presenciales podrían comenzar este viernes De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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osé Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE en Chiapas dio a conocer que las clases presenciales podrían comenzar este viernes 11 de diciembre. Precisó que, los días 7 y 8 de enero, el calendario de esta Guía Operativa para el regreso seguro a clases presenciales, marca una reunión de Conejo Técnico Escolar, para la elaboración del plan regreso seguro a la escuela. El ocho de enero, información a los padres de familia de la estrategia regreso seguro a la escuela, el 11 de enero, inicio de actividades presenciales. El magisterio en repetidas ocasiones ha indicado su inconformidad a esta propuesta de la Secretaría de Educación, cuya titular, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no ha garantizado la dotación de gel antibacterial, cubre bocas o agua potable en las escuelas para el constante lavado de manos del alumnado. Al respecto, la CNTE ha acordado en Asamblea Estatal movilizarse en rechazo a las estrategias de la Secretaría de Educación para contener la pandemia, entre otras exigencias. Comentó que: “Ante esta burla, no nos queda más que la organización, y nosotros sí vamos a accionar, nosotros tenemos la organización y la fuerza para accionar y desde aquí pedimos mil disculpas a los terceros, a la población, que nada tiene que

Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Transportistas agremiados a la CTM en Chiapas exigieron categóricamente a las autoridades estatales no dejarse chantajear, por Bersaín Miranda Borraz, ya que consideran la Nueva Ley de Transporte es de beneficio para este sector. Precisaron que, este personaje no es transportistas, únicamente ha buscado beneficios personales, por ello las amenazas de realizar bloqueos no debe ser motivo para que las autoridades se sienten a dialogar con él. Agregaron que los verdaderos transportistas le dejaron en claro la semana pasada que el gobernador cuenta con todo el respaldo, además que no se le debe permitir a Bersaín ocupar cargos públicos que es su verdadero fin. Consideran que otro de los propósitos de este seudo líder de transporte es llegar a la titularidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte, “algo que nosotros no vamos a permitir,

Precisó que, los días 7 y 8 de enero, el calendario de esta Guía Operativa para el regreso seguro a clases presenciales, marca una reunión de Conejo Técnico Escolar, para la elaboración del plan regreso seguro a la escuela. El ocho de enero, información a los padres de familia de la estrategia regreso seguro a la escuela, el 11 de enero, inicio de actividades presenciales

ver en esta problemática”. Agregó que: “En las comunidades indígenas donde el rezago educativo es muy marcado, las clases presenciales ya iniciaron desde el 24 de agosto que fue el principio del ciclo escolar 2020-2021, sin embargo,

estos estudiantes acuden sin cubre bocas porque sus costos son inalcanzables, y en una buena porción de las escuelas no hay acceso a agua potable ni jabón, para el lavado de manos”. Recordó que, el nueve de diciem-

bre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizará una mega marcha para exigir al Gobierno Federal y del Estado, que cumplan las peticiones de las y los maestros entre ellas el garantizar un retorno seguro a clases.

Autoridades del estado no deben ceder a chantajes de Bersaín Miranda Borraz: CTM siempre se ha opuesto a la ley, al concesionamiento. Pero claro que quiere estos beneficios es decir él quiere repartir”. Señalaron que se hace acompañar por un senador que nada tiene que ver con el estado de Chiapas, “la ley fue elaborada para terminar con el pirataje; ahora resulta que un foráneo quiere mandar en el estado, cuando la máxima autoridad que es el gobernador dio el visto bueno”. Los Comités Consultivos Municipales desaparecerán con esta modificación a la ley, lo que representa un avance principalmente en lo que respecta a la modernización del transporte, además de las plataformas que entrarán. “Estas amenazas son parte de la presión que hace este parásito, que no busca más que un puesto político a base de chantajes”, expresaron.

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Derechos Humanos de Oaxaca exige investigar transfeminicidios de Geovanna y Sherlyn Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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a Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hizo un llamado urgente a las autoridades de procuración y administración de justicia para que atiendan los casos de Geovanna y Sherlyn, asesinadas en los últimos días en la entidad, “puesto que abatir la impunidad es fundamental para evitar la repetición de estos hechos”. Además de esos dos crímenes de odio, en lo que va del año la DDHPO ha documentado otros cinco casos de presuntas violaciones cometidas contra integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasvesti, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+). El 25 de noviembre, Geovanna, una mujer trans de 27 años de edad, fue reportada como desaparecida en San Agustín Etla. Seis días después --el pasado martes 1-- fue hallada sin vida en una barranca ubicada en el paraje “El Campamento” de Santiago Suchilquitongo. La noche de ese mismo martes, Sherlyn, estilista, fue ejecutada en

Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

Al cumplirse dos semanas de mantener tomadas las instalaciones del Congreso local, las colectivas feministas denunciaron este lunes que no hay avances en las negociaciones sobre la legalización del aborto, pues los diputados, acusaron, recurren a una simulación de diálogo y quieren imponer su agenda. Tras sostener una segunda reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las feministas se quejaron de que los legisladores escuchan sus planteamientos con “un tono autoritario”, por lo que los encuentros no pueden ser considerados como diálogos, sino “simulación”. “(Los diputados) Gabriel Biestro, Nora Escamilla, Josefina García Hernández, Carlos Alberto Morales Álvarez, Armando García Avendaño, Mónica Lara, todos miembros de la Jucopo, pidieron una contrapropuesta para el debate de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y ahora sólo quieren mayoritear la propuesta del presidente del Congreso. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál pluralidad y democracia?”, reclamaron. Y más: “…en el Congreso pareciera existir una mafia patriarcal contra el

Además de esos dos crímenes de odio, en lo que va del año la DDHPO ha documentado otros cinco casos de presuntas violaciones cometidas contra integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasvesti, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+)

la colonia Santa María del barrio del exMarquesado, en esta capital, cuando se disponía a cerrar su estética. El ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla inició un expediente relacionado con los transfeminicidios de Geovanna y Sherlyn, y mostró su preocupación ante el incremento de discursos y acciones que constituyen una amenaza a los derechos de la población LGBTTTIQ+.

Resaltó que esa comunidad enfrenta graves condiciones de discriminación, agresiones y crímenes de odio, por lo que son un sector altamente vulnerable. Es fundamental, dijo, tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y discriminación por motivos de identidad de género diversas, sin importar quién o quiénes

los cometan y en la esfera de acción en que se produzcan, así como ofrecer la reparación integral a las víctimas de tales actos. En este sentido, se pronunció por garantizar el derecho a la justicia, pero también la puesta en marcha de políticas públicas incluyentes que combatan los prejuicios, la discriminación y la violencia estructural contra las personas LGBTTTIQ+. “Es indispensable evitar la revictimización mediante la replicación de estereotipos heteronormativos que afectan los avances sustantivos en materia de derechos humanos, respeto y reconocimiento de la diversidad sexual”, subrayó Rodríguez Alamilla. En respuesta a estos crímenes de odio, integrantes de la comunidad LGBTTT+ marcharon el viernes 4 de la fuente de las Ocho Regiones al Zócalo de esta capital, para exigir justicia.

Feministas mantienen protesta en el Congreso de Puebla y acusan simulación de diálogo derecho a decidir de las mujeres. Pedimos que se cumpla con promesa de diálogo, se atienda su petición de contrapropuesta y se avance en el tema, porque la simulación no es diálogo”. En un comunicado, las integrantes de las colectivas Coatlicue Siempreviva y Coordinadora Feminista Puebla mencionaron que se postergó para al miércoles 9 la mesa de diálogo sobre la Alerta por Violencia de Género que se había acordado para este lunes con autoridades de los tres poderes y con instituciones educativas. “La única mesa de diálogo que se llevó a cabo el día de hoy fue con la Jucopo, donde presentamos nuestra contrapropuesta sobre el tema del ILE, misma que fue enviada por parte de las colectivas feministas desde el viernes 4 de diciembre”, precisaron las manifestantes. Añadieron: “Esta sesión tuvo diversas complicaciones, pues algunos diputados no habían leído la propuesta y en general representantes de la Jucopo sólo asistieron a la reunión para decir que no había posibilidad de modificación de las fechas acor-

dadas por ellos en días anteriores, a sabiendas de que nos habían solicitado la contrapropuesta por escrito en la sesión pasada”. De igual manera, explicaron que el planteamiento de los legisladores es que el tema no es de urgencia en medio de la pandemia, pero la postura de las colectivas es que la interrupción del embarazo es un asunto de salud pública y la criminalización de las mujeres se ha agudizado durante la pandemia, pues han aumentado los casos de abortos inseguros. “Nuestra contrapropuesta tiene que ver con la preocupación directa por la vida de las mujeres y niñas y un ¡alto! a la criminalización hacia las mismas. Nos parece que las fechas propuestas por la Jucopo están diseñadas de acuerdo con intereses electoreros de quienes buscan saltar de un puesto a otro y no a un proceso que se preocupe por las necesidades de las mujeres y niñas en Puebla”, reclamaron. En cuanto a la Ley de Identidad, indicaron que se confirmó el acuerdo de que antes de febrero se someterá a votación en el Congreso local.

Barbosa acusa a alcaldesa y a rector En su rueda de prensa de este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la protesta feminista en el Congreso local es “auspiciada” por el ayuntamiento de Puebla y por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Al dar por descartado un acto oficial por su informe de gobierno, el mandatario poblano dijo que “no hay condiciones” y que “no será parte de un show”. “No hay condiciones para ir al Congreso en este momento. Ahí está un movimiento radical auspiciado por el ayuntamiento y el rector de la BUAP (Alfonso Esparza Ortiz)”, expresó.

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Piden a Conasami establecer salario mínimo para trabajadoras del hogar Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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l Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) pidió a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establezca un salario mínimo de 350 pesos diarios y 450 para la zona norte del país, para quienes se dedican a esta actividad. En un pronunciamiento emitido este 4 de diciembre, las presidentas colegiadas del Sinactraho, María Isidra Llanos Moreno, Norma Palacios Trabamala y María de la Luz Padua Orihuela, expresaron a la Conasami que el establecimiento de un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar es una deuda histórica. También señalaron que uno de los puntos mínimos del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo del hogar, que ratificó México el 13 de diciembre de 2019, establece la fijación de un salario mínimo, el cual debe ser cubierto en efectivo, en cheque o en transferencia bancaria y en intervalos regulares de no más de una semana, como también lo señala la Ley Federal del Trabajo. En concreto, las sindicalistas pidieron fijar un salario mínimo de 350 pesos diarios y 450 para la zona norte del país, esto tomando en cuento el

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Presidentas municipales del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, pidieron a los partidos políticos y autoridades electorales garantizar la participación política de las mujeres en el proceso electoral de 2021. Durante el “Encuentro Nacional de Presidentas Municipales: agendas a favor de las mujeres a partir de una mirada colectiva”, que se realizó el 30 de noviembre en el estado de Veracruz, las funcionarias coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la participación de las mexicanas a través de la inclusión y del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales. La secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, consideró que hay que sumar esfuerzos para que las mujeres encabecen los municipios. “Vamos a seguir en esta agenda, en la inclusión política y que logremos en esta elección un 50/50 paritario en las alcaldías y en los municipios, desde luego que se puede”. El próximo año 29 estados reno-

costo de vida de las personas trabajadoras y sus familias, el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, así como el tamaño medio de una familia, que es igual a 4.3 integrantes. De acuerdo con un documento que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el análisis del salario mínimo de este sector, hasta marzo de 2019 un total de 44 por ciento total de las trabajadoras del hogar ganaban menos de un salario mínimo, que ese año fue de 102 pesos. Las presidentas del Sinactraho recordaron que para fijar el salario mínimo deberán participar en condiciones de igualdad representantes de las organizaciones de empleadores, así como de trabajadoras interesadas.

Evasión de la Conasami El llamado a establecer un sala-

rio mínimo para las 2.4 millones de trabajadoras del hogar no es nuevo, sino una demanda histórica que se convirtió en un compromiso que hizo con ellas el Senado de la República como parte del paquete de reformas laborales de 2019. Pero al fijar los nuevos salarios mínimos al cierre de ese año, la Conasami dijo que México mantendrá la “deuda histórica” que tiene con las trabajadoras del hogar desde 1970 (cuando se propuso por vez primera fijar un ingreso mínimo para ellas), pues el Consejo de Representantes de esa dependencia no llegó a ningún acuerdo al respecto. Con base en solicitudes de información, Cimacnoticias encontró en marzo pasado que la Conasami ni siquiera discutió el tema durante las reuniones del pasado 28 de noviembre y 16 de diciembre de 2019, cuando

se establecieron los salarios mínimos para 2020. Además, como consta en minutas obtenidas por esta agencia, en esas reuniones representaron a las y los trabajadores, entre otros, José Luis Carazo Preciado, de la Confederación de Trabajadores de México y Felipe de Jesús Macedo Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. No participó ninguna mujer ni ninguna representante del Sinactraho, constituído desde 2015. De acuerdo con lo proporcionado vía transparencia por la Conasami, sólo hubo una reunión en la que el Consejo de Representantes discutió el tema de las trabajadoras del hogar en todo 2019. Ésta se llevó a cabo el 28 de marzo del mismo año. En ella, Marcos Moreno Leal, quien acudió como suplente del comisionado Daniel Raúl Arévalo Gallegos, pidió que se hiciera un análisis de “cómo se captaría la realidad del servicio doméstico” porque “tenía entendido que la mayor parte de ellas trabaja por horas y cobran bastante bien, cobran lo de dos días por una hora”. Según la misma minuta, Tomás Natividad -representante de la patronal– dijo que los patrones de estas trabajadoras del hogar eran personas físicas no las empresas, por lo que secundó a Moreno Leal en reconsiderar la propuesta al decir que sería contraproducente para ellas elevar el salario mínimo.

Piden a partidos políticos garantizar participación de mujeres en elecciones de 2021 varán ayuntamiento y la Ciudad de México elegirá 16 alcaldías. En este contexto, Sánchez Cordero dijo: “Para lograr cambiar el sistema patriarcal es necesario una mayor participación de las mujeres; sin embargo, sólo el 22 por ciento de los municipios y alcaldías del país tienen al frente de su gobierno a una mujer. Necesitamos más mujeres en la construcción cotidiana del país”. A su vez la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, se sumó al llamado y precisó que en los municipios “podemos fomentar la prosperidad, fomentar los espacios económicos, políticos, sociales y enfrentar la violencia contra las mujeres”. “El país está listo para la paridad en todo, para tener mujeres gobernantes, somos 50 por ciento de la población. Tenemos que trabajar juntas y juntos, porque la participación de los hombres en la inclusión de las mujeres en la vida política del país es importante, son nuestros aliados”, dijo. No obstante, expresó que a pesar de

la paridad, todavía se enfrentan retos para que los partidos políticos postulen a mujeres de pueblos indígenas y mujeres afrodescendientes. “Quiero hacer un llamado a los partidos políticos a que realmente apoyen, promuevan a las candidatas mujeres, a las candidatas indígenas, a las candidatas afro, para asegurarnos que tenemos la representación que necesitamos en nuestro país”, enfatizó. Por otro lado, con el objetivo de desarrollar un quehacer municipal sólido, con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género e interculturalidad, las mujeres que terminarán sus funciones de gobierno en 2021 anunciaron la creación de la Red Nacional de Presidentas Municipales y Alcaldesas. El siguiente año se aplicarán las nuevas reglas en materia de paridad. En junio de 2019 entró en vigor la reforma constitucional en materia de paridad de todo, para garantizar que las mujeres estén en cargos ejecutivos, legislativos, judiciales y organismos

autónomos. Además, el 13 de abril de 2020 se aprobaron las reformas a ocho leyes en materia de violencia política. Mientras que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) también ha tomado medidas al respecto. En noviembre la autoridad aprobó los lineamientos para que en 2021 los partidos postulen mujeres en al menos siete de las 15 gubernaturas y en octubre el INE aprobó que las y los aspirantes a una candidatura firmen un formato donde informen no contar con condena o sanción por violencia familiar, delitos sexuales o ser deudor alimentario.

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Más de tres millones de niños en México se vieron forzados a trabajar en 2019 Melisa Carrillo Ciudad de México (apro)

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l 11.5% de los niños y adolescentes en el país de 5 a 17 años (3.3 millones) realizaron trabajo infantil en 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El INEGI publicó hoy los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 que realizó durante el cuarto trimestre de 2019 en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ENTI 2019 detalló que en México la población infantil de 5 a 17 años fue de 28.5 millones, de los cuales, 3.3 millones realizaron trabajo infantil (61.1% fueron hombres y el 38.9% mujeres). Del 11.5% de los menores que laboraron el año pasado, el 6.2% realizó alguna ocupación no permitida, el 4.4% se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y el 0.9% alternó ambas formas de trabajo. Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca con 21.5%, así como en Puebla y Chiapas con 18.3%, cada una; mientras que las más bajas se registraron en Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente. La encuesta identificó que 2 millones de niños y adolescentes (el

Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que tiene derecho a opinar sobre las alianzas electorales porque, son expresiones en contra del movimiento que encabeza, e inclusive, en contra de su persona. Sus opositores, dijo, consideran que la “Cuarta Transformación” es un “gobierno de nacos”, lo que expuso, quitándole la carga discriminatoria, es cierto, “el poder es del pueblo”. De ahí que se sostenga en que debe responderles. El pasado viernes, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió medidas cautelares sobre el mandatario que, durante una gira por Baja California, criticó la alianza del PRI y el PAN, habló del “movimiento” que encabeza y la queja, interpuesta por legisladores de oposición, resultando procedente por ahora con medidas cautelares, una decisión que fue planteada al mandatario en su conferencia de prensa de este lunes. La conclusión del INE fue que el presidente tuvo expresiones, con el proceso electoral en curso, y dio información de índole electoral que puede afectar e influir las preferencias de los ciudadanos.

En 2019, el 11.5% de los menores de entre 5 y 17 años -equivalente a unos 3.3 millones- tuvieron que hacer trabajo infantil, reportó el INEGI; Oaxaca, Puebla y Chiapas, son las entidades con las mayores tasas de trabajo infantil

7.1% de la población de 5 a 17 años del país) realizaron ocupaciones no permitidas, es decir, actividades económicas que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo la salud, o bien afectan su desarrollo físico y/o mental, mientras que 133 mil laboraron en una ocupación permitida. El INEGI detalló que la tasa de ocupación infantil en actividades económicas no permitidas descendió de 11.5% a 7.1% entre 2007 y 2019, mientras que, para la población de 5 a 14 años en disminuyó el mismo periodo de 6.9% a 4.1%. En cuanto a la división por sexo, el 71.2% de los menores que reali-

zaron ocupaciones no permitidas eran hombres y el 28.8% mujeres. Respecto a los sectores en los que trabajaron, el sector agropecuario concentró a la mayor parte con 29.2%, el sector servicios con 25% y el comercio con 22.8%. La tasa de ocupación no permitida fue mayor en Oaxaca con 14.9% y Puebla con 12.6%, mientras que Baja California Sur y la Ciudad de México tuvieron las tasas más pequeñas con 3.1% cada una. Por otra parte, la tasa de ocupación peligrosa en niños de 15 a 17 años, es decir, que laboran en ocupaciones y sectores peligrosos, en

horarios prolongados o nocturnos, o en ocupaciones con exposición a riesgos, disminuyó entre 2007 y 2019, al pasar de 26.6% a 16.6%. Oaxaca reportó el nivel más alto con 31.2% y la Ciudad de México el más bajo con 7.8%. La ENTI 2019 estimó que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizaron quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración, 1.5 millones los hicieron en condiciones no adecuadas (7.3%), el 35.9% en horarios prolongados y el 64.1% en condiciones peligrosas. El 48.7% de los menores que realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas fueron niños y el 51.3% niñas, sin embargo, la realización de estas tareas en horarios prolongados correspondió en un 34.2% a los niños y en un 65.8% a las niñas. En el caso de los quehaceres en condiciones peligrosas, el 56.8% de los menores que las realizaron fueron niños y el 43.2% niñas. A nivel estatal, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta se registró en Oaxaca, con 9.3% y la más baja en Baja California con 2.3 por ciento.

Tengo derecho a replicar a la oposición; ellos consideran que la 4T es “gobierno de nacos”: AMLO López Obrador consideró tener derecho a expresarse contra la oposición pues el hecho de que las definiciones de alianza sean contra su movimiento y contra él, no es un invento: “ellos mismos sostienen que es contra mi”. Agregó: “Creo que sí tengo la libertad y la debo ejercer para aclarar, argumentar y replicar”. También dijo que dará una respuesta formal con sus argumentos al INE que, consideró, debe fundamentar su decisión: “Si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. Considero que eso no es equitativo, sería injusto, sería quitarme mi libertad”. Alianza PRI-PAN, “un hecho histórico” De hecho, el mandatario reincidió hoy al considerar que la alianza PRIPAN es un hecho histórico, del que deberían ocuparse los politólogos. Las expresiones del presidente ocu-

rrieron cuando la alianza en Baja California estaba por concretarse, pero este fin de semana, se aprobó la alianza en el PAN, para ir junto con el PRI a los comicios de 2021, lo que fue motivo de más declaraciones al respecto esta mañana. López Obrador consideró que esa alianza existía de hecho en el pasado y ahora se formaliza y tiene como objetivo el manejo de la Cámara de Diputados, para controlar el presupuesto. “Defienden la misma política antipopular, entreguista, se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una crisis política, económica y de pérdida de valores.” Además, atribuyó a las reformas legislativas impulsadas por su gobierno (como convertir en delito grave la corrupción), así como a decisiones (como el cobro de impuestos a grandes empresas), el hecho de que sus opositores y algunos magnates estén “muy molestos”. Para el mandatario, sus opositores

tienen inclusive un sesgo clasista: “(dicen que la cuarta transformación) es un peligro para México, que se está destruyendo a México, incluso de manera clasista, señalan que es un gobierno de plebeyos. En esto tienen bastante razón, lo que pasa es que no dejan de expresarlo de manera discriminatoria”. El presidente hizo una serie de referencias a elecciones pasadas, particularmente a la de 2006, habló de la política económica que describe como “período neoliberal”, refiriéndose en concreto a que este inició con Carlos Salinas de Gortari, y expuso que durante ese tiempo los partidos que ahora se alían tenían como único fin el triunfo sin escrúpulos morales, aludiendo a la alianza:

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Denuncian ante FGR a titulares del IMSS y Ssa por discriminación a paciente de VIH Patricia Davila Ciudad de México (apro)

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l secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, fueron demandados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por discriminación y por la omisión en el suministro de antirretrovirales indispensables para las personas que padecen VIH. El primero, como titular de la dependencia es el encargado de su distribución; el segundo, de distribuir y garantizar un sistema de salud de calidad para todos derechohabientes. “Marcos se encuentra en estos en calidad de grave en peligro de muerte, con una colostomía, con exposición del hígado, con un absceso interno y pérdida de sangre, ante la negligencia de las autoridades de la clínica 181 y la 71, ambas del IMSS en Chalco, Estado de México, en donde le negaron el suministro oportuno de los retrovirales. Lo discriminaron por tener VIH y sus preferencias sexuales”, afirma Maritza Hernández, su hermana. Marcos Uriel se realizó la prueba de VIH en el Capasit Chalco del Edomex, el pasado día 6 de noviembre. Presentaba fiebre, diarrea, dolor abdominal. Salió positivo. De inmediato le practicaron dos más para confirmar, que también dieron positivo.

Alex, su pareja sentimental, narra: “Ante ello, al día siguiente acudimos a la clínica 181 del IMSS Valle de Chalco, en donde le dicen que tiene síntomas de influenza y lo envían al

Carina García Ciudad de México (apro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) emprenderá una estrategia jurídica para demandar la entrega de recursos por mil 500 millones de pesos para financiar la consulta popular de agosto de 2021, sobre las responsabilidades de personajes políticos del pasado, porque no cuenta con fondos para su realización. Hoy, en sesión del Consejo General, el INE ajustó su gasto para absorber, vía ahorros, el recorte de 870 millones de pesos que la Cámara de Diputados le redujo a su presupuesto para 2021. Tras la reingeniería a su gasto declaró que podrá operar con normalidad el próximo año para realizar el proceso electoral federal de junio. Pero, argumentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el organismo no cuenta con recursos para la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insistió en que la organización de la consulta popular requiere mil 500

área respiratoria suministrándole antibiótico, paracetamol e ibuprofeno”. “Al siguiente día regresamos a la misma clínica debido a que continuaba con dolor abdominal muy fuerte y seguía inflando el estómago, a lo cual, la institución le manda una prueba de covid 19, a pesar de que este síntoma era ajeno a la pandemia”, señala en entrevista con Apro. Ante ello, la persona encargada del enlace a infectología, el mismo Marco Uriel le indicó que el día 6 acudieron a Capasit a realizarle la prueba de VIH y resultó positiva. A pesar de ello, la encargada le respondió que aun así tenía que esperar 15 días porque según ella eran síntomas de covid, por lo que Marcos fue llevado a su casa. Capasit, explica, es un centro de atención de personas con VIH del Edomex, centro especial donde hacen pruebas, laboratorio, campañas. Una vez en casa, seguía creciendo el dolor abdominal y la inflamación de su estómago. Por ello, el 16 de noviembre lo llevaron a la clínica del IMSS, pero esta vez a la 71 del IMSS de Chalco, en donde él mismo notificó que en el Capasit Chalco le practicaron una prueba de VIH y era positivo. Ante ello, perso-

nal de trabajo social le pregunta si su pareja es hombre o mujer, a lo que él contestó que hombre. Sin embargo, en el expediente consignaron “pareja homosexual”, lo cual es ilegal, pues debe de ser “relación entre personas del mismo sexo”, señala. En la clínica 71 le envían a Rayos X, por lo que determinan que tiene reventado “el ciego” -una parte del intestino que al reventarse provoca una peritonitis-. Ese mismo día lo ingresan al área de urgencias para practicarle la cirugía y le realizan una coleostomía, o sea, le habilitan una bolsa para que pueda hacer del baño. A los dos días siguientes, el día 18, le practican la prueba de CD4, para determinar su carga viral y le notifican a la familia que Marcos Uriel tiene que pasar al área de infectología a tonar los retrovirales. Sin embargo, nunca se los suministran, argumentando que tenía que esperar de 20 días a un mes, porque se estaban tardando los resultados de los estudios del CD4, lo cual era falso porque la familia pudo tener acceso a éstos ese mismo día. Envían a los familiares a sacar cita a infectología para que pueda tener los retrovirales, pero al llegar, les dicen que

la cita más cercana tardaría 15 días, lo cual es indebido, pues tenía que ser inmediato, puesto que ya habían logrado rescatar los resultados de los estudios. Días después, el día 24 de noviembre lo dan de alta. Esa semana que estuvo en casa y sin retrovirales lo ataca una infección conocida como “oportunista” –llamada así debido a que una persona con VIH tiene defensas bajas y es más propenso a que cualquier virus llegue a su sistema-. Sin embargo, el 29 de noviembre, Marcos Uriel reingresa de nuevo a la clínica 71 al área de urgencias. En esta ocasión, ya presentaba un cuadro de anemia, dos puntos desprendidos de la herida de la cirugía y por lo tanto, infección de la herida de la cirugía. Reingresa el día 29 de noviembre por la noche; sin embargo, lo dejaron en sala de espera sentado en un silla de metal durante un día y medio, argumentado que no había camas disponibles. A los dos días le asignan cama, le ponen medicamentos: nuevamente antibiótico y suero. Los retrovirales seguían sin aplicárselos, debido a que no contaban con los estudios CD4, que tenían desde el primer día. El 5 de diciembre lo sometieron a otra cirugía porque le detectaron un absceso hepático, le quitaron parte de su hígado y lo drenaron. Sin embargo, el drenado no fue el indicado debido a su condición vulnerable. Antes de la cirugía, el procedimiento indicado era canalizarlo con la infectóloga para el suministro de los retrovirales para subir sus defensas y disminuir cualquier posibilidad de una infección “oportunista”, pero de nuevo, no fue así.

INE ajusta su presupuesto 2021 para enfrentar recorte aplicado por diputados a su gasto millones de pesos, pero la Cámara de Diputados “fue omisa al no destinar un solo peso para este rubro” y, por el contrario, se recortaron 870 millones de pesos al INE. “Para la Cámara de Diputados no existe en el mapa presupuestal del próximo año la consulta ciudadana que tendrá que realizarse el 1 de agosto, por lo tanto, ese instituto, quiero señalarlo, en próximos días interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para poder garantizar el derecho de las y los mexicanos de participar en ese importantísimo ejercicio de consulta popular, que es el primero que se realiza en nuestra historia el INE”, apuntó Córdova.

Los recortes El consejero presidente de la Comisión de Presupuesto, Ciro Murayama, explicó que parte de las economías se hicieron a la instalación de casillas,

materiales, documentación electoral, tareas de capacitación e insumos anti covid-19. Esto porque, debido a que durante meses estuvieron cerrados los módulos de credencialización, actualizaron sus micas o se registraron en el padrón menos ciudadanos de los esperados. Así, el Listado Nominal de Electores que se tenía proyectado en 94 millones 980 mil personas, quedó en 93 millones 886 mil, o sea 1 millón 94 mil ciudadanos menos. Eso hizo que todas las demás cifras fueran a la baja: las proyecciones de casillas a instalar se redujeron de 164 mil 550 a 163 mil 224 (mil 326 menos), lo que causará que haya 7 mil 836 funcionarios de casilla menos. Eso implicará menos material y papelería electoral. También habrá menos contratación de capacitadores, con ahorro de 120 millones de pesos, 59 millones 811 mil

pesos de reducción en gastos de campo y otros 20 millones de pesos menos en materiales y capacitación, entre otros rubros. Murayama indicó que se aplicó una reducción de 87 millones de pesos en gastos anti covid-19 y decidieron disminuir de 300 a 200 los cubre bocas por casilla, además de que se eliminó la dotación de 3.8 litros de cloro por casilla. Otros ahorros serán porque parte del año algunas áreas del INE harán trabajos no presenciales.

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Juez concede a comunidades mayas suspensión definitiva de obras nuevas relativas al Tren Maya Rosa Santana Campeche, Camp. (apro)

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l Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche concedió a comunidades mayas, urbanas y costeras, la suspensión definitiva de obras nuevas relativas al Tren Maya en el tramo 2, que corre de Escárcega a Calkiní, en esta entidad. Escárcega es punto clave en el proyecto cumbre del régimen lopezobradorista, pues además de que conectará a los tramos Palenque, Chetumal y Calkiní, se instalarán ahí los talleres de reparación y mantimiento de los trenes. Este nuevo obstáculo judicial se suma a la supensión definitiva concedida al pueblo maya peninsular y ch’ol en el tramo Bacalar-Escárcega, en marzo pasado, y a la que con motivo de la pandemia se otorgó en mayo a un grupo de adultos mayores en esta ciudad capital, para evitar ser desalojados de sus predios. Hoy, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que al resolver la nueva demanda de amparo, admitida el pasado jueves 3, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche concedió la suspensión definitiva de nuevas obras del tramo 2 del Tren Maya. Dichas obras están a cargo de Operadora Cicsa, filial de Carso, de Carlos Slim, y la empresa española FCC Construcción, en la que el magnate mexicano figura también como accionista mayoritario.

Juan Omar Fierro Ciudad de México (apro)

La defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, solicitó de manera formal el aplazamiento de la audiencia de calificación de pruebas que estaba programada para este martes 8, por lo que ya no aparece en la agenda del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur que emite el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Fuentes cercanas a la defensa explicaron que la petición de aplazar la llamada audiencia intermedia fue para que su clienta siga negociando con la Fiscalía General de la República (FGR) las condiciones del criterio de oportunidad solicitado por Robles para imputar a sus superiores jerárquicos en la trama de los presuntos desvíos ocurridos en el marco del caso conocido como la “Estafa Maestra”. Es la segunda ocasión que la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario,

El tramo abarca 235 kilómetros, que atraviesan seis municipios, y el tiempo de construcción estaba previsto en 28 meses. Paralelamente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) prevé invertir 126 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano en Escárcega, como drenaje y calles. En conferencia de prensa remota, el Cemda y representantes de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche y Yucatán que intervinieron en la demanda colectiva de amparo contra el proyecto, informaron que el recurso se presentó en el juzgado en julio pasado. Destacaron que la suspensión concedida a los demandantes, entre los que además figuran agrupaciones ambientalistas, implica que “no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche”. No obstante, aclararon que la suspensión no es definitoria, pues únicamente paraliza las “obras nuevas”

durante el tiempo que demore en resolverse el juicio. “Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, explicó Javier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Cemda. Y confió en que, “ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”. Los entes obligados a acatar la instrucción judicial son la presidencia de la República, el Fonatur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicacioes y Transportes (SC) y Fonatur Tren Maya. En un comunicado colectivo que emitieron posteriormente, advirtieron: “con relación a reciente autorización de la Manifestación de Impacto

Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya que la Semarnat otorgó a Fonatur Tren Maya, tampoco podrán realizar obras para dicha fase”. Lo anterior porque “dentro de ésta se incluyen obras nuevas en el trampo 2 de Escárcega a Calkiní, el cual se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial”. De igual manera, llamaron al Poder Judicial a “mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto” a sus derechos humanos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Además, le reprocharon la dilación procesal en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto contra el proyecto en la península de Yucatán, por lo que solicitaron actuar “con mayor diligencia en este caso”. En ese sentido, expusieron que hay una tardanza generalizada en la adminisión de demandas de entre cuatro a seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables. Asimismo, insistieron en la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación “se erija como verdadero órgano protector de los derechos humanos” y garantice el acceso a la justicia. Finalmente, demandaron a las autoridades garantizar los derechos y la integridad de los defensores ambientales, pues por oponerse a este proyecto han sido blanco de amenazas, calumnias y criminalización.

Defensa de Rosario Robles solicita aplazar audiencia intermedia; CJF la saca de agenda Territorial y Urbano (Sedatu) solicita aplazar la audiencia intermedia dentro de la causa penal 319/2019, que se le sigue por su omisión frente a un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos ocurrido en ambas dependencias. La audiencia intermedia es la última oportunidad que tiene la defensa de Rosario Robles de no ir a juicio por los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión que se le imputan a la exfuncionaria, ya que al comienzo de dicha comparecencia es cuando se le pueden presentar al juez de la causa los mecanismos alternos de justicia, como el procedimiento abreviado o el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad consiste en que Robles colabore con la Fiscalía en las investigaciones de delitos más

graves de los que se le acusan e imputando exclusivamente a sus superiores jerárquicos, para lo cual debe rendir declaración y entregar datos de prueba que den veracidad y credibilidad a su testimonio. A cambio, la FGR puede cancelar las imputaciones en su contra y Robles podría recuperar su libertad de manera provisional. La petición de la exsecretaria para colaborar con la FGR se dio a partir de que se enteró de que un juez de control libró una nueva orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el presunto uso con fines electorales y de propaganda política de los recursos que se habrían desviado en Sedesol y Sedatu mientras ella era titular de ambas dependencias. Ese dinero, según el exoficial mayor

de ambas dependencias y exsubordinado de Robles Berlanga, Emilio Zebadúa, supuestamente se usó para apoyar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2012 y 2018 por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sin embargo, la defensa de la exjefa de gobierno ha señalado que sólo puede imputar a Luis Videgaray en la trama delictiva, ya que no le consta ninguna participación del expresidente Peña en los presuntos desvíos.

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LA 4T Y EL ESTADO DE DERECHO: UNA DIFÍCIL RELACIÓN

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odas las mañanas asistimos a una peculiar ceremonia. El presidente, vocero de sí mismo, informa, expone, responde, da instrucciones, firma acuerdos, lanza diatribas, reinterpreta el pasado, imagina el futuro y, a veces, hasta crea derecho. Por ello, las palabras presidenciales sirven de punto de entrada para indagar en la compleja relación que tiene el jefe del Ejecutivo con el sistema jurídico y su operación. Sólo como ejemplo, retomo las declaraciones del presidente del 14 de mayo de 2020. Ese día se refirió a la Guardia Nacional y dijo que su mando debería estar adscrito a las Fuerzas Armadas, que debería existir una relación de coordinación con las autoridades civiles y que dicha coordinación debería ser a través de un consejo. La 4T como cambio de régimen Estas afirmaciones tienen un problema. Son claramente inconstitucionales. Esto es así porque la reforma que aprobó el constituyente permanente modificó sustantivamente la propuesta que presentó originalmente Morena. Y en la Constitución, la Guardia Nacional es una institución con mando civil y subordinada a las autoridades civiles. El asunto no pasaría de ser una simple anécdota si no fuera por el hecho que, unos días antes, el presidente expidió un acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que, en opinión de muchos expertos, viola la Constitución. Por ello, el acuerdo fue controvertido por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados y está en espera de que la Suprema Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Este caso ilustra bien la tensión permanente que existe entre la arquitectura jurídica vigente y la voluntad de cambio que encarna el presidente de la República. Cierto, tenemos un gobierno que llegó al poder por la vía de las urnas con una enorme legitimidad. También es claro que López Obrador prometió un nuevo régimen, la Cuarta Transformación. Pero paradójicamente, y a diferencia de las “otras transformaciones” (1824, 1857 y 1917), cada una de las cuáles se cimentó en una nueva Constitución, al menos al inicio de su mandato López Obrador apostó por la vía administrativa menos que por la del cambio constitucional y legal. Justo aquí se genera la contradicción. ¿Se puede guardar y hacer guardar la Constitución al mismo tiempo que se prometen profun-

Sergio López Ayllón*

das transformaciones que no pasan por el cambio constitucional? Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, el presidente López Obrador pareció reticente a emprender cambios por la vía de la reforma constitucional o legal. Privilegió la vía administrativa para instaurar la austeridad y luchar contra la corrupción. Pronto fue evidente que la agenda era más amplia y que el recurso a las reformas era necesario. En los dos años de gobierno se han expedido nueve decretos de reformas constitucionales que han implicado la modificación de 27 artículos constitucionales (algunos de ellos modificados en más de una ocasión) en materia de extinción de dominio, Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, educación, revocación de mandato, consulta popular, paridad de género, pueblos y comunidades afromexicanas, condonación y extinción de impuestos y programas sociales. Es posible que antes del final del año se aprueben reformas adicionales en materia de fuero y Poder Judicial. El balance de estas reformas es variopinto. Hay algunas, en particular en materia de derechos humanos, que constituyen avances importantes. Otras apuntan a la renovación institucional que ha propuesto la 4T, por ejemplo, en materia de Guardia Nacional, la desaparición del INEE y el nuevo entramado educativo. Algunas inciden en el sistema político, como la renovación de mandato y la consulta popular. La tendencia más inquietante es la que refuerza lo que se ha llamado el “populismo punitivo” (extinción de dominio e incremento de las causales de prisión preventiva oficiosa) y la militarización de las funciones de seguridad pública. Vistas de conjunto, estas

reformas conllevan un reforzamiento constitucional de la capacidad punitiva del Estado sin los controles adecuados. Justificadas por el combate a la inseguridad y la corrupción, esconden un debilitamiento de los principios del debido proceso. Por lo demás, los cambios responden más a coyunturas y problemas específicos que a un proyecto sistemático de cambio a la Constitución. Los cimientos de la arquitectura constitucional no se han tocado, a pesar de que el anunciado cambio de régimen implicaría necesariamente una modificación a la misma. En materia legislativa, la actividad ha sido muy intensa. Es aquí donde es posible identificar algunas de las huellas más claras de la 4T. Esto es normal, pues Morena y sus aliados gozan de una cómoda mayoría parlamentaria en ambas Cámaras. En un recuento hasta noviembre de 2020, el Congreso expidió o reformó más de 100 leyes (algunas de ellas en más de una ocasión). Destacan la legislación en materia de remuneraciones de servidores públicos, austeridad y desaparición de fideicomisos. El rasgo más característico de la relación entre derecho y 4T se encuentra en el aliento administrativo, donde el presidente ha ejercido un amplio margen de discrecionalidad, en particular cuando la vía legislativa o constitucional le imponen contrapesos. Así, algunas de sus decisiones políticas se han convertido en acuerdos, decretos o circulares, cuya forma o contenido violentan los principios básicos de la legalidad. Entre otros ejemplos podemos traer a este recuento el memorándum de 16 de abril de 2019 que dejó sin efecto la reforma educativa de 2013, el decreto de 23 de abril de 2020 que esta-

bleció las medidas de austeridad (cuyo contenido fue una transcripción verbatim de lo dicho por el presidente en la mañanera) o el acuerdo para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. En éstos y otros muchos casos encontramos un modelo de gobierno por decreto, de dudosa constitucionalidad. Toda esta intensa actividad jurídica afecta intereses, visiones y principios de diferentes actores, que han movilizado sus recursos de defensa principalmente ante el Poder Judicial de la Federación. En un recuento reciente María Amparo Casar contabiliza siete acciones de inconstitucionalidad, 33 controversias constitucionales y literalmente miles de amparos que controvierten algunos de los proyectos más emblemáticos de la 4T (bit.ly/QueLaCorteDecida). La Cuarta Transformación llegó al poder sin duda por la vía democrática, pero ya instalada ha comenzado a tener un discurso y una práctica donde el ideal del estado de derecho se disuelve en el ejercicio del poder basado en el carisma del líder. En lugar de contenerlo, el derecho se vuelve instrumento del poder. Las palabras del presidente sintetizan esta premisa: “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Lo anterior no es una afirmación gratuita. Estudios recienten han mostrado in extenso la tensión que existe entre derecho y la “voluntad popular”. Cuando la vía “legal” no es suficiente, se recurre al método del legislador carismático que obvia las formalidades para legislar por decreto o para llamar a una “consulta popular” que legitima una acción, aun cuando contravenga los principios más básicos del estado de derecho. Más aún, en México las instituciones son objeto de deslegitimación permanente bajo el pretexto de responder a la lógica del “proyecto neoliberal”, que no es otra cosa que todo lo que estorbe al nuevo proyecto popular. Los derechos son instrumentalizados y su eficacia depende de si sirven o no a la causa presidencial. En suma, las instituciones están sujetas a una extraordinaria tensión, y de entre ellas el Poder Judicial se encuentra en una encrucijada especialmente compleja: definir su rol como una instancia independiente y de última contención o permitir que se convierta en mero instrumento de la nueva realidad política. *Investigador. Actualmente es director del CIDE.

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DOS AÑOS DESPUÉS

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l peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la 4T. Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que ésta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea. Estos dos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social sólo hacia los salarios bajos. Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996 ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato ni propuesto llevar ésta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse. El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social: la otra mitad de la sociedad mexicana. El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impuni-

Pablo Gómez

dad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno. Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa principalmente en subsidiar el empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados. Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial, se acabaron los “moches”, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos “moches” y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto. Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda con la sola bendición del poder político. Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras. Como si eso no existiera, las críticas se dirigen hacia la reducción del PIB y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, que fue aplicado de una u otra forma por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado. Pero al menos en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual, claramente, se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa. Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos. La austeridad republicana no es una política para gastar menos sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derro-

che no es meter el dinero público debajo del colchón sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo pero que no se había atendido. Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes. Los conservadores quieren, lógicamente, mantenerlos, pero eso ha costado mucho al país. La 4T fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso, en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías. A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes, además, pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales. También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento, que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas. El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no sólo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero. La mejor manera de estimular

las inversiones privadas, indispensables para impulsar el crecimiento económico, consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente. Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de cien mil fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al covid, con la que se ha tenido capacidad de atender a los enfermos. Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía, sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del PIB. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos. Esa derecha vive en la amargura de su derrota de 2018, pero sin perspectiva porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente pero nuevo y mejor, sino que sólo lanza acusaciones, falsas en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia. Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios. Dos años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos dos años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas.

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¿AUTORITARISMO LIBERTARIO? Agustín Basave

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ntre politólogos hay un consenso más o menos obvio en torno al autoritarismo. Se puede definir, palabras más palabras menos, como una forma de gobierno que concentra desproporcionadamente el poder en una sola persona. De ahí en adelante los senderos se bifurcan y aparecen diversas taxonomías y aportaciones analíticas: regímenes autoritarios y totalitarios (Linz), totalitarismo y fascismo (Sartori et al) o dictaduras y autocracias (Przeworski), entre muchos otros. Pero la contraposición entre autoritarismo y democracia, y más específicamente entre sistema autoritario y equilibrios democráticos, pluralidad y división de poderes, es ampliamente aceptada en la teoría, en la praxis del discurso político y en eso que llaman sentido común. El presidente López Obrador, sin embargo, tiene otros datos. Para él, autoritarismo es tan solo represión o, para ser más preciso, proclividad a la coerción. AMLO no se considera a sí mismo autoritario porque no usa la fuerza pública para reprimir manifestaciones, porque no recurre al toque de queda en la pandemia, porque incluso en el combate al crimen organizado es reticente a ejercer el monopolio de la violencia legítima. El hecho de que exista una excesiva concentración de poder en su persona y se haga su voluntad en casi todas las instancias –controla el Congreso, anula los órganos autónomos, somete a la Suprema Corte, centraliza y socava los otros dos órdenes de gobierno– no le parece un signo de autoritarismo. Es una más de sus contradicciones ideológicas: como una suerte de autócrata libertario, ha de ser obedecido voluntariamente, en natural acatamiento a su autoridad moral. “Prohibido prohibir”, suele declarar en las mañaneras. No obstante, las prohibiciones que prohíbe son mínimas en comparación con las imposiciones

que impone. Con altos costos para el país, impuso la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y su construcción en Santa Lucía, impuso el tren Maya, impuso la política energética de combustibles sucios –con todo y refinería en Dos Bocas–, impuso la militarización, impuso su alianza con Trump, impuso el abandono a las MIPYMES en la crisis económica, impuso la consulta para ver si se aplica o no la justicia a los expresidentes, impuso el retiro de subsidios a estancias y la extinción de fideicomisos y, en una de sus peores decisiones, impuso a Hugo López-Gatell y su catástrofe covidiana. Aquí me detengo porque este asunto muestra diáfanamente esa extraña mezcla del hombre impositivo y el partidario del laissez faire. Pese a la aterradora cifra de más de 100 mil muertos –que sin subregistro es de más del doble–, pese a la ostensible incompetencia y soberbia de López-Gatell, lo empodera cotidianamente. Ah, pero eso sí, se niega a hacer obligatorios los cubrebocas y a restringir las concentraciones masivas para no caer en el “autoritarismo”. El desprecio por las mascarillas es digno de un estudio psicosocial. En Estados Unidos, su rechazo se explica en función del desdén por la ciencia y de la defensa de una libertad mal entendida por parte de muchos republicanos. En la ecuación mexicana, además de la actitud desafiante del líder que navega a rostro descubierto sobre la cresta del destino, hay que insertar el aval tecnocrático del infiel escudero sanitario, con sus zigzagueos becke ttianos. La analogía automovilística es elocuente y propia del teatro del absurdo: lo que ha declarado López-Gatell sobre los cubrebocas equivale a decir que no existe evidencia científica de que los cinturones de seguridad salven vidas y luego condescender y “no oponerse” a su uso. Cuando algo protege a las personas, aunque no sea al 100%, y su uso es incómodo, no hay ambigüedad

que valga. ¿Cuántas personas se pondrían el cinturón si se les dijera que no garantiza su seguridad y que no se les puede obligar a usarlo porque se violarían sus derechos humanos? ¿Y cuántos accidentes fatales más habría? La postura libérrima y garantista de AMLO y su tlatoani anticovid, curiosamente, se desvanece ante la comida chatarra y el acceso a pruebas, vacunas y medicamentos. Ahí sí se vale recurrir a la ley para inhibir el consumo, y no cuentan los derechos de los pacientes a hacerse exámenes de coronavirus o se cuestionan las vacunas porque otros las gestionaron o se regatean tratamientos contra el cáncer. Por cierto, al inicio de la pandemia también hubo intervencionismo gubernamental, y del peor tipo: se instruyó a la gente a no ir al hospital hasta que se tuvieran problemas para respirar, lo que provocó que no pocos infectados del virus murieran en sus casas. Pero, claro, esa directriz y la de minimizar las pruebas impidieron que se saturara la red hospitalaria –este es el objetivo del gobierno, no salvar vidas– y lograron maquillar las estadísticas para dar la impresión de que no vamos tan mal. ¿Así o más contradictorio? AMLO cubre su autoritarismo con el antifaz libertario: descarta ser autoritario porque no reprime las marchas, sino las energías limpias; porque no dicta el toque de queda a los ciudadanos, sino a las pequeñas empresas; porque no balacea a los criminales, sino que permite que se desahucie cualquier cantidad de víctimas de covid mientras no saturen los hospitales. ¿No es autoritarismo decir que se está con él o contra él, satanizar a todos los críticos de la 4T como conservadores hipócritas y corruptos e incitar un clima de odio en su contra? ¿No es autoritario quien cree poseer la verdad absoluta, exige obediencia ciega, quebranta la autonomía de sus contrapesos y se libra de obstáculos para hacer con México lo que le da la gana? Por favor…

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AMLO Y SU POPULISMO MILITAR

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El populismo mexicano tuvo una entraña contrarrevolucionaria… se dio el centavo para ganar el peso.”

Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México

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l inédito desenlace del arresto del exsecretario de la Defensa Nacional acusado por la DEA, el discurso del secretario actual, Cresencio Sandoval, en el aniversario de la Revolución Mexicana (hecho trizas en su simbolismo civilista) y la propaganda de desagravio al Ejército emprendida por el gobierno hacen evidente un modelo de dominio y control que Andrés Manuel López Obrador puso en marcha para afianzar su poder.

Presidencialismo y Ejército inconstitucional

La atropellada autodesignación del presidente como vocero único de todo lo relacionado con el caso Cienfuegos, “para evitar manipulaciones”, mostró el temor a la pérdida de control en la imagen identitaria y, esa sí, maniquea que Andrés Manuel López Obrador ha construido sobre el Ejército, pero sobre todo en su relación personal con los militares afectos a su liderazgo. Antes de la detención, el titular de la Defensa justificó bajo supuestos argumentos legales, pero sin fundamento constitucional, la extensión de responsabilidades administrativas y de gobierno que los militares han asumido con el presidente actual: “Las tareas que nos ha asignado nuestro comandante supremo (sic) no son ajenas a nuestras visiones, éstas se encuentran comprendidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, donde la fracción cuarta mandata realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país…”. (11 de octubre). El viernes 20 de noviembre (ante la complacencia presidencial que desvirtuó la celebración en su actual formato militarista), el secretario fue más lejos al “aclarar” algo que no es necesario en una verdadera democracia establecida y madura: que los militares no buscan el poder político. Y reiteró la “legalidad” de su expansión en áreas de gobierno y uso amplio de recursos. La Sedena (junto con la Marina), con la retórica de fidelidad ciega que gusta al presidente, antepone una ley a los mandatos constitucionales y sus formulaciones ambiguas que están sirviendo para una interpretación abusiva de la norma. En realidad, estamos ante la justificación de un arreglo faccioso de poder político y económico, dando así sustento al gobierno unipersonal de Andrés Manuel López Obrador. Este

Erubiel Tirado último aspecto ha sido más evidente a la luz de la deformación del gasto público que significa que el Ejército reciba el próximo año uno de los presupuestos más cuantiosos de las últimas décadas (Proceso 2299, 22 de noviembre). Peor aún, de confirmarse que la Sedena se convierte en banquero del gobierno para distribuir el dinero de sus programas sociales entregándole el control del Banco del Bienestar (ver columna de Mario Maldonado en El Universal del 26 de noviembre), las implicaciones no son sólo económicas sino de control social, sumamente graves para nuestra debilitada institucionalidad democrática.

Las huellas de la historia

Los elementos del nuevo escenario político-militar marcan importantes diferencias histórico-políticas con el populismo (pos)revolucionario que le dio vida al Estado mexicano del primer tercio del siglo pasado y al que se atribuye la estabilidad del régimen. Los planteamientos ideológicos de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas expresaron un objetivo democrático (dogmático y de largo plazo, plasmado en la Constitución) con diversos matices. Sus componentes a la larga definieron el rostro de un sistema político basado en dos ejes estratégicos: la institución presidencial y un partido político como instrumento aglutinador y ejecutor de la visión hegemónica prevaleciente. Se trataba, pues, de impulsar un país con el rostro de un Estado organizado. Estas figuras fuertes y de evidentes rasgos autoritarios, sin embargo, eran conscientes de que su liderazgo caudillista estaba condenado a la extinción (y así debía ser) en la medida que se institucionalizaba el poder del Estado y el sistema político que estaban forjando. Razonamiento inexistente en López Obrador, quien no se imagina apartado de su imagen de líder o caudillo: él es la medida de toda manifestación de poder y administración estatal. En este proceso, tal como lo demuestran estudiosos como Arnaldo Córdova, se concibió y se le dio un papel importante a la llamada política de movilización de masas bajo un control que fue corporativo y clientelar, pero bajo un esquema de legitimidad sociopolítica al que se llegó a denominar de colaboración entre diversas clases sociales, incluyendo las que representaban el capitalismo nacional, con la conducción estratégica del Estado. El México de la transición política estuvo precedido por vértices aglutinadores clave como el populismo y el nacionalismo revolucionarios. Así se logró, en cuanto a transmisión de poder se refiere y con un conjunto complejo de instituciones (políticas,

económicas y sociales) y usos políticos no reglamentados, uno de los sistemas de gobierno más estables del continente. Entre las deficiencias de este modelo de gobernanza erigido están las limitaciones estructurales del autoritarismo, que no le permitieron al “sistema” su adaptación a esquemas democráticos (del liberalismo político formal) y de atención eficaz de las demandas sociales y económicas. Esto generó crisis periódicas que terminaban enfrentadas con un Estado con un modo singular de solucionarlas: cooptación (ahora se diría corrupción), mediatización (tácticas dilatorias y de distracción) y represión (círculo perverso descrito por el sociólogo Pablo González Casanova en su referente obligado, La democracia en México).

Militarismo populista marca AMLO

Andrés Manuel López Obrador parte del supuesto de una legitimidad incontestable expresada en las urnas y la visión instrumental de un sistema político de cuyos cambios democráticos, junto con sus vicios institucionales, se ha aprovechado en todos los sentidos y que, ahora en el poder, lo está desmantelando. Las transformaciones que impulsa su gobierno no tienden a aglutinar consensos amplios (tan sólo el de un círculo cerrado de intereses políticoeconómicos) y se realizan con base en la destrucción de un entramado institucional y legal que se forjó atendiendo reclamos democráticos de los más diversos sectores de la población desde el último cuarto del siglo pasado. Este gobierno, a diferencia de los del viejo sistema, se deslegitima en su ejercicio del poder y tiene que recurrir a la presencia forzada de un Ejército desnaturalizado y disfuncional. Siguiendo el razonamiento académico de Manuel Camacho, el sistema político que se está forjando con la ayuda del Ejército podría ser el de un “modelo autocrático donde el poder está concentrado, la participación de las clases medias es suprimida, se buscan el crecimiento económico y cierta igualdad social para contar con las clases subalternas en contra de las clases medias”. (Camacho: 1977). La concentración del poder gira más en torno de la persona de Andrés Manuel López Obrador y no de su investidura presidencial, siendo el otro eje de apoyo de este peculiar

sistema no una organización política (que sería un partido), sino las Fuerzas Armadas. La diferencia de este populismo, además del componente armado, es el conjunto vacío de elementos renovadores de un Estado mexicano, la llamada Cuarta Transformación está llena de contenidos caprichosos que no generan institucionalidad ni estabilidad en forma natural o relativa, como sí ocurrió con el populismo revolucionario del siglo pasado. Casta militar y “las ilusiones perdidas” En materia de transición y consolidación democrática, México arrastra un déficit estructural desde que la sociedad civil impulsó cambios graduales en diversos ámbitos de su dinámica estatal. Nunca se atrevieron los gobiernos de la transición (priistas tecnocráticos) ni los de la alternancia (PAN, PRI y ahora Morena) a repensar el papel de las relaciones civiles-militares. Éstas pasan necesariamente por una reforma del sector defensa que debe iniciar por su reestructuración orgánica y cuya ascendencia civil de conducción estratégica (no la figura vacía del “comandante supremo”) sería su última expresión. Las urgencias de una crisis violenta y humanitaria retrasaron aún más esta necesidad de redefinir y modernizar de manera integral la institución militar, que no sólo se ha agotado sino que no responde, desde hace tiempo, a las nuevas demandas y realidades de sociedades democráticas. Hace justo 40 años se suscitó un fuerte escándalo político ante las afirmaciones del escritor Juan Rulfo que, pensando en las claves de la estabilidad histórica del régimen posrevolucionario, cuando “llegó a haber más generales que soldados. Así, se les dio a escoger: el poder o la riqueza. Quien quería ambas cosas, lo asesinaban, hasta convencerlos de que era mejor vivir tranquilos y ricos a enfrentar los difíciles problemas de un gobernante. A eso hemos llegado…”. El “desagravio” entonces vino en boca del presidente José López Portillo (y no de su secretario de la Defensa): “Ningún soldado es corrupto” (UdeG-Proceso: 1981). Primero, por su integración a las tareas de seguridad pública, luego a las empresariales-administrativas (de las que se les había alejado hace ya casi un siglo) y, próximamente, como banqueros, están deformando en forma grave al Estado. El mimetismo de los militares mexicanos con usos y costumbres políticas de privilegio e impunidad, así como la corrupción a la que han cedido en diversos momentos (y de la que no están a salvo), traerán consigo los despojos de un sistema que hará necesario que el (o los) próximo(s) gobierno(s) sea(n) de reconstrucción nacional.

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ANÁLISIS A FONDO: EL PESO, ESTABLE ANTE EL MUNDO Francisco Gómez Maza

• El aumento del superávit comercial con EU contribuye • La política cambiaria de México mantiene el equilibrio

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a política cambiaria puesta en práctica por el Banco Central (Banco de México), aunada al deterioro que ha padecido la economía de Estados Unidos, ha logrado que el peso se mantenga relativamente estable, inclusive cuando aparece una amenaza de desestabilización en los mercados internacionales, como ocurrió este lunes. La breve desestabilización del lunes se debió a que, durante el fin de semana, Reino Unido y la Unión Europea no llegaron a ningún acuerdo comercial, situación que amenazó con fortalecer al dólar estadounidense en los mercados de occidente. Además, se especuló que Estados Unidos podría imponer sanciones financieras a cerca de 12 oficiales chinos por su intervención en la descalificación de miembros del Parlamento en Hong Kong, que formaban parte de la oposición política. Es curioso. No había ocurrido este año: Es la primera vez, en 11 meses de 2020, que los mercados financieros reaccionan negativamente ante las tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Estaban más preocupados por la herencia pandémica legada por Wuham. Además, ha contribuido al fortalecimiento del peso el sustancial superávit comercial con Estados Unidos, economía de la cual la mexicana es la más impor-

tante socia. La economía estadounidense afronta un muy desventajoso intercambio comercial con el mundo, por lo que esto y la relativa estabilidad cambiaria han otorgado al gobierno de López Obrador buen margen de manejo de las políticas públicas en el sector de la economía mexicana. El déficit comercial de Estados Unidos con el mundo subió, en octubre, 1.7% en comparación con el mes anterior, hasta ubicarse en 63 mil 100 millones de dólares, cifra del Departamento de Comercio de Washington. En los 10 primeros meses de 2020, el saldo rojo acumulado por la balanza comercial estadounidense ascendió a 536 mil 694 millones de dólares, 9.5 por ciento arriba del mismo periodo de 2019. Pero también ha contribuido a la estabilidad cambiaria mexicana, el déficit comercial estadounidense con el imperio comunista chino, aunque parezca que los chinos no tienen nada que ver con los especuladores cambiarios mexicanos. La relación de EU con el Dragón es sumamente sensible políticamente. El saldo negativo de la balanza comercial de Estados Unidos con China creció, en octubre, en 2 mil 200 millones de dólares, hasta en 26 mil 500 millones de dólares. El intercambio comercial de Estados Unidos con la Unión Eu-

ropea registró un déficit, para el vecino del norte, de 15 mil 700 millones de dólares en octubre, aunque mil 600 millones menos que en septiembre. Y en el intercambio comercial con México, que es el que más importa fue deficitario, en octubre, para Estados Unidos en 11 mil 800 millones de dólares, mil 100 millones más que en julio. Esta relación comercial, aunada a la postura de las autoridades del banco central mexicano, permitió sortear con éxito las amenazas externas contra la moneda nacional, tanto que, en la jornada de este lunes, luego de perder poco más de medio punto porcentual (0.53 centésimas), al final de la jornada el peso se recuperó y cerró con una cotización promedio de 19.7539 por dólar estadounidense. La compra cerró en 19.5047 y la venta en 20.0031 por dólar. Junto con la estabilidad cambiaria, esta semana, una iniciativa de reforma al Banco de México, presentada en el Senado por el morenista líder de la oposición y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, Ricardo Monreal, atrajo a la reflexión y debate tanto a las autoridades monetarias como a los dirigentes de la Asociación de Bancos de México (ABM). Los banqueros privados consideraron que es de suma importancia que las mejoras al sistema de captación y exportación de divisas, que se discuten en el Sena-

do, no afecten la autonomía con la que el Banco de México cuida de la estabilidad de precios, de la estabilidad monetaria y de la estabilidad del mercado de cambios. La reforma trata de propiciar que el efectivo en moneda extranjera, que ingresa a la economía nacional de forma legítima, como lo son los recursos que traen algunos migrantes mexicanos que visitan México, el gasto que realizan turistas extranjeros y los emolumentos que reciben algunos trabajadores del turismo en México, fluya de manera sencilla, segura y económica. Que no se vaya a permitir que el banco central pueda ser usado por la gran delincuencia para lavar dólares producto del comercio delictivo. En este contexto, por la mañana del lunes se supo que los bancos integrantes de la ABM reiteraron su reconocimiento al trabajo del Banco de México, y expresaron nuevamente su disposición para continuar siendo parte de la solución en este y otros aspectos de relevancia para la economía nacional, en colaboración con las autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero, así como con todas las instancias competentes en la materia. Con todo, los banqueros defendieron que se mantenga la completa autonomía del Banco de México para el adecuado funcionamiento del sistema financiero y la economía.

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THE CONTRA PODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas

O mejor aun Notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales (QEPD)

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l gran problema que existe en México es que no hay continuidad en los programas y el nuevo gobernante trata de destruir todo lo que hizo su antecesor, aunque haya sido bueno e impone sus propios métodos y programas. Un ejemplo claro aun cuando pequeño demuestra la anterior aseveración: cuando fui Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, plantamos bugambilias enanas en todo el Boulevard Belisario Domínguez que le costaron al municipio 80 mil pesos de ese entonces y el nuevo presidente las mandó a arrancar y en su lugar puso adoquines, tal vez con la idea de que este nuevo método no necesitaba tener que regarlo, cuando en realidad las bugambilias, una vez que ya se implantó necesitaba muy poco o ningún riego como lo vimos en la carretera que va de Tuxtla a Chiapa de Corzo y en donde el gobernador Roberto Albores plantó palmeras, bugambilias y pasto y el nuevo gobernador no los quiso regar y se murió todo el pasto y muchas palmeras y solo sobrevivieron las bugambilias. Esto es lo mismo que está haciendo el Peje destruyendo todo lo que heredó del anterior gobierno aun cuando fueran útiles como las guarderías infantiles en donde las madres solteras dejaban a sus hijos mientras ellas se iban al trabajo y también hizo desaparecer el seguro popular que con todos sus defectos, si ayudaba a la gente que no cuenta con Seguro Social ni ISSSTE; en ambos casos los acusaba de corrupción, que es su cantaleta de todos los días en lugar de combatir la corrupción si es que existía, porque hasta la fecha ninguna persona ha sido acusada de este delito. No son estas las únicas instituciones que ha desaparecido AMLO, sino también instituciones autónomas, pues, su obsesión de ser el único que puede tomar decisiones sobre todo lo que acontece y necesita el país y no contento con lo hecho hasta el momento, ahora va contra el INE y seguramente contra el Banco de México que gozan por el momento de autonomía. Es realmente preocupante lo que está sucediendo en el país que cada día que transcurre se convierte en una dictadura tipo PRI, o algo peor.

La supuesta honestidad de AMLO, que presume todos los días se encuentra en tela de duda debido a muchos acontecimientos empezando por preguntarnos de dónde ha sacado dinero para estar en campaña por todo el país, pues que yo sepa nunca ha trabajado, ni pagado impuestos excepto cuando ha tenido cargos públicos en donde se le descuenta de su salario. Empezaremos por cuestionarlo sobre el dinero que recibió Bejarano de manos del empresario Argentino Carlos Ahumada y que todo hace sospechar que fue a parar a los bolsillos de AMLO que los

ha usado para sus campañas. Ha manifestado que nadie está por encima de la ley y sin embargo, su hermano, Pillo López Hablador, se le vio en un video recibiendo fajos de billetes de manos del señor León empleado de confianza de Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas, el hermano de AMLO ya fue exonerado por le UIF y ahora esperamos que el INE, en uso de sus facultades autónomas que aún tiene, lo investigue a fondo y se le castigue, otro familiar de AMLO es su cuñada que era síndico del Ayuntamiento de Macuspana y que tuvo que renunciar junto con todo el cabildo por no poder justificar el destino de más de 200 millones de pesos y también su prima hermana ha recibido cuantiosos contratos por millones de pesos por parte de Pemex. Mantener en el gabinete a Manuel Bartlett como director de la CFE a pesar de sus antecedentes no se explica a menos que sea porque éste le tiene pisada la cola al Peje; sostenerlo en el cargo es hacerse cómplice de este ruin personaje, también mantener en el cargo de Secretaria de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval, que tampoco pudo probar cómo adquirió una lujosa residencia que no puede justificar con sus ingresos normales es también un acto de complicidad.

Nadie niega que la situación económica de México es desastrosa y aun cuando AMLO ofreció que creceríamos del 4 al 6% durante su mandato, la realidad es todo lo contrario, pues tenemos una caída del 8 al 9% en el crecimiento económico; desafortunadamente en Chiapas estamos un poco peor, pues no hay crecimiento económico sino decrecimiento y nuestro gobernador poco hace para mejorar esta crítica situación, sin ofrecer apoyos para aumentar la inversión en nuestro estado; como por ejemplo exención de impuestos por unos años para que algunas empresas se decidan venir a establecerse en Chiapas y crear empleos tan necesitados actualmente; lo único que hace es pasar en televisión local unos spots en donde vemos a una persona ordeñando una vaca, a un grupo de personas abrazando una sandía o a otra mostrando una mojarra; así no creo que salgamos del atolladero en que nos encontramos.

La pandemia que azota a nuestro país no se encuentra controlada a pesar de las declaraciones oficiales de que ya está domada el número de contagiados y muertos continúa diariamente en aumento y ya son cerca de 110 mil los decesos por COVID-19 más los que no son reportados que son numerosos por lo que se calcula que pueda ser el doble o el triple de los reconocidos por el gobierno. Tan mal estamos combatiendo esta pandemia que la Organización Mundial

de la Salud por voz de su presidente y de otro de sus funcionarios hicieron un llamado de atención al gobierno de México para que cambie su actitud para evitar que el número de contagios y muertes siga en aumento, como está sucediendo en varios estados del país que han tenido que regresar del color naranja al rojo como Zacatecas y otros que muy pronto tendrán que regresar al naranja al rojo como Baja California y Nuevo León y casi seguramente la CDMX, en donde ocurren diariamente unas 17 mil personas muertas y la Jefa de gobierno de esta ciudad hace desesperados esfuerzos para mantener a la capital en semáforo naranja. Desde luego que los directamente encargados de la lucha contra esta terrible enfermedad, López Hablador y López Gatell no aceptan esta recomendación y manifiestan que no va dirigida a ellos sino a todo el mundo y que más bien va dirigida al pueblo. Sin embargo las cifras no mienten y la letalidad de muertos por Covid en México de acuerdo con el número de contagiados es una de las más altas del mundo.

Dicen que mal de muchos es consuelo de pendejos y López Hablador alega que España tiene más contagiados y muertos que México, de acuerdo con el número de habitantes y en ese aspecto tiene razón, pero en la proporción de muertos en relación al número de contagios estamos en desventaja, pues si bien es cierto lo anterior, en España hay más de un millón de contagiados, pero el número de muertos es de alrededor de 40 mil muy por debajo de los más 107 mil que tenemos en México; si nos comparamos con otros países tercermundistas como México, también salimos mal parados, Colombia tiene más de un millón de contagiados pero solamente 36,214 muertos, Argentina 1,407 mil contagiados y 80 mil muertos y si nos comparamos con un país de primer mundo, como Estados Unidos que tiene millones de contagiados y más de 270 mil decesos, pero los estados de Texas y Florida con más de 1 millón de contagiados solamente tienen alrededor de 16 mil muertos. Así que la evidencia es clara: en México no se tiene el mejor nivel médico que merecemos y el índice de letalidad es de los más altos del mundo; por más que el Presidente y su vocero oficial López Gatell, que solo dice lo que conviene a su jefe es necesario un control en el manejo de esta pandemia para evitar que el número de contagiados y muertos siga en aumento.

La aprobación por parte de legisladores de que puedan congelarse las cuentas bancarias, sin autorización de un juez, me parece anticonstitucional y nos hace cada día más cerca de una dictadura

presidida nada menos que por López Hablador.

El mensaje triunfalista del Presidente López Hablador con motivo de su segundo año de gobierno en el que presumió que 97 de las promesas de campaña ya han sido cumplidas, lo que fue duramente cuestionada por la organización, Si por México, que manifiesta que 54% no han sido cumplidas y otras 29 solo a medias. Esto coloca a López Hablador cada vez más parecido a Trump en lo mentiroso y lo que le falta a este último es que diga que tiene otros datos como lo hace López Hablador cuando algo no le parece correcto sin que a la fecha haya demostrado cuales son esos otros datos; ambos son mentirosos solo que a Trump los medios de comunicación le tienen contadas sus mentiras que al Peje, todavía no.

La decisión del INE de obligar a los partidos políticos a postular cuando menos a 17 mujeres como candidatas a gobernadoras en las elecciones del próximo año no me parece una decisión correcta, pues se está optando por poner a gente poco capaz, solo por ser mujeres, cuando ahora las mujeres pueden ganarse las candidaturas por méritos propios, pues hay mujeres muy inteligentes y capaces; considero que esta decisión del INE es contraria a los principios democráticos.

La feria Internacional del Libro que se celebra cada año tiene un reconocimiento internacional desde el punto de vista cultural, por lo que me parece infundada e injusta el ataque del Peje al director de esa Institución acusándolos de atacar al gobierno, cuando lo único que hace es promocionar la cultura con la creación de nuevos libros y actores de reconocida prosapia intelectual que acuden a ella cada año, pero ya sabemos que AMLO es enemigo de la ciencia y de la cultura.

A los Presidentes de México, solamente se le podía juzgar por el delito de traición a la patria y el Peje prometió que este fuero desaparecería durante su mandado y sus serviles diputados y senadores, hicieron unas modificaciones de las leyes para desaparecer dicho fuero, solo que en la realidad no se puede juzgar al Presidente como a cualquier ciudadano común y corriente, porque si quiere uno acusar al Presidente, se tendrá que presentar la acusación ante el congreso y si las 2 terceras partes del congreso aprueban que el Presidente sea acusado, sólo entonces procederá la acusación ¿Usted amable lector cree que bajo estas circunstancias prospere una acusación en contra del Peje?

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 8 de Diciembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2033

REPORTE

PETICIÓN

Defensa de Rosario Robles solicita aplazar audiencia intermedia; CJF la saca de agenda

Pobladores de Ocosingo queman vivos a dos hombres acusados de asesinato

PAG. 9

ACUSACIÓN

Denuncian ante FGR a titulares del IMSS y Ssa por discriminación a paciente de VIH PAG. 3

LLAMADO

PAG. 8

SESIÓN

INE ajusta su presupuesto 2021 para enfrentar recorte aplicado por diputados a su gasto

PAG. 8

Derechos Humanos de Oaxaca exige investigar transfeminicidios de Geovanna y Sherlyn La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hizo un llamado urgente a las autoridades de procuración y administración de justicia para que atiendan los casos de Geovanna y Sherlyn, asesinadas en los últimos días en la entidad, “puesto que abatir la impunidad es fundamental para evitar la repetición de estos hechos”

PAG. 7

PAG. 5

Tengo derecho a replicar a la oposición; ellos consideran que la 4T es “gobierno de nacos”: AMLO