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DOXA

EDITORIAL

En Chiapas no funciona el gobierno

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En días pasados se suscitaron hechos de violencia en los municipios de Amatán, Chenalhó, Aldama y El Bosque. En ambas regiones existe una importante tradición de lucha campesina, que no puede pasarse por alto

En México se vivió un arduo proceso para eliminar el control del Estado sobre las elecciones y construir órganos electorales autónomos. El riesgo ahora es regresar a los tiempos del carro completo. En donde un partido gana todo. Morena cada vez se parece más al PRI.

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EN CHIAPAS

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 1996

ACUSACIÓN

DENUNCIA

ONG denuncian violaciones contra la salud de migrantes durante la pandemia

Puntualizaron que desde marzo pasado “las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos a diversos países de la región no han parado” pese a la persistencia de brotes de covi-19 en los centros de detención migratoria de aquel país

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PROBLEMÁTICA

Retienen quincena a docentes basificados

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Suman Dos heridos más en Santa Martha Chenalhó PAG. 3

Carretera a Palenque, sigue siendo foco rojo en bloqueos

En las últimas horas se han reportado dos heridos de bala más en el Sector Santa Martha de este municipio. El primero se reportó el 13 de octubre y el segundo este miércoles

ANÁLISIS A FONDO: LOS GEMELOS DE BRETTON WOODS Francisco Gómez Maza

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

SOLICITUD

Indígenas de Chenalhó piden 50 mdp por 32 hectáreas para cesar disputa con Aldama

HOY ESCRIBEN

Teresa Mollá Castells

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EL GOBIERNO FEDERAL DEBE PEDIR PERDÓN Mauro Gonzalez-Luna

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LA JUSTICIA DIGITAL: ANTÍDOTO CONTRA EL CONFLICTO SOCIAL QUE VIENE Laurence Pantin y Alejandra Quezada PAG. 5

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Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EDITORIAL En Chiapas no funciona el gobierno

n días pasados se suscitaron hechos de violencia en los municipios de Amatán, Chenalhó, Aldama y El Bosque. En ambas regiones existe una importante tradición de lucha campesina, que no puede pasarse por alto, sobre todo porque en los municipios de Aldama, Chenalhó y El Bosque existen municipios autónomos zapatistas, lo que debiera de encender la alarma del sistema de seguridad nacional. En El Bosque parte de la protesta social se debe a las prácticas viciadas que se desarrollaron en gobiernos anteriores, en el que se pervirtieron los programas de apoyo y se creó la costumbre de otorgar esos apoyos en dinero en efectivo, lo mismo sucede en municipios de alta conflictividad como Bochil, Simojovel e Ixtapa. En esta administración hay una práctica oscura de alentar los problemas y conflictos en municipios gobernados por mujeres, como es el caso de El

Bosque, Amatán y Aldama, y paradójicamente existen ejemplos en donde la violencia política produjo la destitución de mujeres presidentas como es el caso de Chalchihuitán, en el que se despierta el sospechosismo de un tráfico de influencia a través del pago de cuotas económicas, que se comenta les fueron impuestos a los presidentes municipales por la Auditoría Superior del Estado en contubernio con el secretario de gobierno. El conflicto de Aldama- Chenaló se debe a la disputa de 60 hectáreas que pertenecen a los comuneros de Aldama, y el problema se suscitó a partir de la remunicipalización que se dio durante el gobierno Ernesto Zedillo-Roberto Albores, en donde la comunidad de Magdalenas, perteneciente a Chenalhó, se constituye en municipio libre dando paso al surgimiento de Aldama. En este conflicto ha existido un mal manejo político tanto por la secretaría de gobierno como por la fiscalía del Estado, en que se

ha dejado escalar la situación a punto tal en que existen más de 30 muertos entre pobladores de ambos municipios, sin que haya una investigación y sanción de los responsables. Ahora existe una propuesta de solución que implica el reparto de las hectáreas entre ambos municipios y además un pago de 50 millones de pesos, propuesta que no soluciona el problema y que despierta mayores ambiciones que dificultan los acuerdos y ante la inacción se evidencia la falta de legitimidad de la autoridad, quien no puede garantizar el orden ni la legalidad en amplias zonas del Estado. Los conflictos en estas dos regiones son una muestra de la ausencia de gobierno en Chiapas, que está provocando que exista una mayor violencia en la entidad, que se reproduce en varios municipios indígenas, pero también en la costa, debido a que no se atienden ni resuelven los problemas sociales. La violencia en El Bosque y Aldama y Chenalhó ha sido admi-

nistrada desde el palacio de gobierno, sin que se haya construido una estrategia de construcción de acuerdos aunque se hayan firmado pactos de no agresión, que sobre la base de los hechos no han servido para nada. La inacción política ha conducido en varias ocasiones al uso de la fuerza pública para reprimir la lucha social, en el que la represión tampoco ha servido para construir soluciones, situación que debiera de conducir al gobernador a realizar, con los pies sobre la tierra, un minucioso análisis de los resultados de su administración, pues los problemas y la violencia en Chiapas se complica cada vez más, debido a que no hay programa de gobierno, no existe una agenda política, no hay gabinete y el secretario de gobierno y el fiscal general, han utilizado los cargos y el presupuesto para realizar proselitismo, en donde realizan actos de campaña anticipada, en la búsqueda de ser los sucesores de un gobierno al que no han sabido servir.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Inhabilitan y multan al alcalde de Pantelhó, Chiapas, por violencia política Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) resolvió una queja por violencia política presentada por dos mujeres indígenas en contra del alcalde de Pantelhó, Santos López Hernández, sujeto a proceso penal por abuso sexual. Al acusado, que deberá ofrecer una disculpa pública, se le impuso una sanción económica y se le inhabilitó por cuatro años para ocupar cargos públicos. En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC, este miércoles se declaró fundada la queja interpuesta por Wendy Lorena López Góchez y Federica Gómez Díaz, ante ese órgano electoral, en contra del alcalde de Pantelhó. El pleno del IEPC dio entrada a la queja y declaró “administrativamente responsable” al ciudadano Santos López Hernández, a quien impuso una sanción de 434 mil 400 pesos. Además, como medida de reparación del daño se le exigió una disculpa pública a favor de las denunciantes, en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en el estado y a través de medios electrónicos a su alcance, debiendo dar cumplimiento a esta determinación dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que sea notificado. El exalcalde deberá informar al IEPC su cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes, con apercibimiento si hace caso omiso a la anterior determinación, además de que podría hacerse acreedor a una sanción adicional. Al ser declarado responsable de violencia política de género, a Santos

En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC, este miércoles se declaró fundada la queja interpuesta por Wendy Lorena López Góchez y Federica Gómez Díaz, ante ese órgano electoral, en contra del alcalde de Pantelhó

López Hernández se le declaró “la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, por lo que se le fijó la temporalidad consistente en cuatro años”. Es decir, no podrá ser candidato ni podrá ocupar cargos de elección popular mediante el voto en los cuatro años siguientes. De esta medida fueron notificados la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana del IEPC, y la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE). Se estableció como garantía de no repetición que en el ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, elabore y apruebe a la brevedad los lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente en apego a los derechos de las mujeres que

conforman ese gobierno municipal. “Se vincula a la Secretaría de las Mujeres de Chiapas a implementar o, en su caso, dar continuidad al programa integral de capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles conductas que puedan suscitarse, debiéndose notificar a dicha dependencia por oficio tal determinación”, dice la resolución del pleno del IEPC. Además, “se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncia de este organismo electoral para que remita copias certificadas de la presente resolución al cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Pantelhó, Chiapas, al Congreso del estado de Chiapas y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del esta-

do de Chiapas, a efecto de que en el ámbito de su competencia procedan conforme a derecho corresponde”. El pasado 3 de agosto, Santos López Hernández fue desarofado del cargo por el pleno del Congreso local, tras el proceso penal que se le inició por abuso sexual y otros delitos de violencia de género en contra de Wendy y Federica, funcionarias subordinadas en el ayuntamiento que el mismo encabezaba. Santos Hernández fue detenido por agentes de la Fiscalía General del estado ese mismo día y llevado al penal de El Canelo, donde, según las agraviadas, fingió en días pasados una enfermedad para ser llevado a una clínica privada donde es custodiado por varios uniformados. Wendy Lorena y Federica Gómez denunciaron que, desde octubre de 2018, al inicio de la actual administración municipal, Santos López inició el acoso sexual en su contra, hechos que continuaron en 2019. Las agraviadas señalaron que, al negarse a mantener una relación con el alcalde, éste inició una campaña de desprestigio en su contra y agresiones directas. “En una ocasión casi nos saca de la carretera con una camioneta (…) sus camionetas de él me han perseguido y la verdad es que temo por mi vida”, denunció Wendy Lorena López. En abril de este año, con el apoyo de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), ambas mujeres presentaron una denuncia penal formal en contra del alcalde.

Suman Dos heridos más en Santa Martha Chenalhó Oscar Sántiz San Pedro Chenalhó.-

En las últimas horas se han reportado dos heridos de bala más en el Sector Santa Martha de este municipio. El primero se reportó el 13 de octubre y el segundo este miércoles, ambos fueron trasladados a San Cristóbal de Las Casas para su atención médica. Efraín Álvarez Velasco presidente del comisariado de bienes comunales, reportó que continúan los disparos de arma de fuego por parte de Aldama y fue herido Pedro Ruiz Jiménez, a la altura del hombro derecho. Por su parte, pobladores del sector Santa Martha, aseguraron que desde

el retiro de los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) las agresiones por parte de “paramilitares” de Aldama se agudizaron en contra de sus comunidades, y este miércoles fue herida una persona más, con lo cual suman 18 lesionados y 20 muertos, por la disputa de 60 hectáreas. Informaron que alrededor que el lesionado es Antonio Hernández Hernández, con un impacto de bala en el hombro, que por su gravedad, fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, refirieron que los ataques no han cesado desde el pasado 10 de octubre en que unos 50 elementos de la policía se retiraron del campamento que mantenían en el Centro de Santa Martha y en la co-

munidad de Saclum. Por los ataques armados, unas 700 personas se han tenido que auto desplazar con familiares a zonas más

seguras que no precisaron por temor a ser agredidos en el punto, ya que las agresiones indican los mantienen en alerta.

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

l Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria, los Lineamientos en Materia de Paridad de Género, para la postulación, registro y asignación de candidaturas, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. Los Lineamientos buscan una postulación efectiva a favor de las mujeres; los partidos políticos deben garantizar que sus postulaciones sean paritarias conforme las fórmulas o planillas de Ayuntamientos que encabecen en las coaliciones o candidaturas comunes de las que formen parte. Al respecto la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez dijo que estos Lineamientos regulan y garantizan el principio constitucional de paridad vertical, horizontal y transversal, los cuales se revisaron con las representaciones de los partidos políticos, buscando garantizar la paridad e impulsar medidas afirmativas. “La paridad no estará por debajo de los criterios de elección consecutiva, candidaturas indígenas ni en cuota de jóvenes. Los Lineamientos han sido actualizados y se presentan dentro de un plazo pertinente para que la ciudadanía, los partidos políticos y, las y los aspirantes los conozcan. La consejera Blanca Estela Parra Chávez, enfatizó que, cuando los Lineamientos se construyen de forma colectiva, significa un triunfo de la autoridad electoral en conjunto con las representaciones de los partidos políticos, pues es el resultado de un trabajo realizado con intensidad, y lo más importante, señaló, es que hay claridad para participar en una contienda con equidad. “Este proyecto deja estipulado que el IEPC vincula las leyes de carácter nacional con las leyes locales, partiendo del piso parejo para hombres y mujeres. La Ley ahora nos da la posibilidad de sancionar conductas que atenten a las mujeres

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Aprueba IEPC los Lineamientos en materia de Paridad de Género para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021

en sus derechos de igualdad”. La consejera electoral Sofía Martínez De Castro León, manifestó que, la construcción de forma colectiva de estos Lineamientos con la participación activa de los partidos políticos es un avance hacia la paridad. “Ahora toca a todos y todas cumplirlos y garantizar el ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres”. En su participación, el consejero Edmundo Henríquez Arellano, apuntó que la construcción de estos Lineamientos demuestra cómo deben abordarse los temas que requieren mucha reflexión, pues dijo que solo así se llega a consensos, los permiten un avance sustancial. “Estos Lineamientos son un punto de partida para hacer de la paridad algo que llegó para quedarse: una paridad efectiva y sustantiva. Para lograr esto es necesaria una ardua labor de sensibilización y difusión con la ciudadanía y los distintos actores políticos del estado”. En este punto de la sesión, el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, explicó que los Lineamientos se armonizan con las reformas en la materia, logrando el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como el libre desarrollo de la función pública y toma de decisiones

en libertad y acceso a las prerrogativas. “Con lo anterior, se pondera el derecho ciudadano y se establece una igualdad de condiciones cumpliendo con el principio constitucional entre hombre y mujeres en todas sus vertientes para ocupar cargos de elección popular”: La consejera María Magdalena Vila Domínguez, celebró la propuesta y aprobación de estos Lineamientos de Paridad por la trascendencia que conllevan, así como la disposición de las representaciones partidistas y con ello la certeza que se genera para la ciudadanía: Las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEPC, coincidieron en que se trata de un documento consensuado que motivan a nuevas actitudes en tiempos diferentes, por lo que llamaron a apropiarse de estas reglas y hacerlas cumplir, pues ya nadie puede ni debe oponerse a la Paridad. Durante la sesión, el pleno aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse bajo la figura de Candidatura Independiente para el cargo de Diputaciones locales por mayoría relativa o Integrantes de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, así como

la determinación del apoyo ciudadano y secciones requeridas. En dicha convocatoria se incluyen las bases que garantizan el ejercicio de los derechos político-electorales de aquellas personas que deseen postularse a cargos de elección popular sin la intervención de partido político alguno. Las y los ciudadanos interesados, deberán reunir los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 40 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como lo mandatado en el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, según el cargo de que se trate. El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, señaló que el IEPC pondrá en marcha una intensa campaña de promoción para que, quienes se interesen en esta modalidad de acceso a los cargos públicos, pueda conocer con oportunidad los requisitos y el marco de atención que les brindará este organismo. El consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, afirmó que esta convocatoria es por demás trascendente, ya que además cumplir con los requisitos establecidos, las personas interesadas en alguna candidatura independiente, deberán observar los protocolos sanitarios tanto de las autoridades de salubridad como los adoptados por este Instituto, con el fin de que sean lo más responsables posible en los actos de obtención de apoyo ciudadano. Cabe señalar que, las y los interesados en postularse a una candidatura independiente, tendrán del 01 de diciembre de 2020 al 08 de enero de 2021 para presentar su manifestación de intención ante el IEPC.

Carretera a Palenque, sigue siendo foco rojo en bloqueos De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Capítulo Chiapas, indicó que los bloqueos carreteros afectan al sector turístico por ello hizo un llamado a las autoridades a resolver esta problemática que aleja a los paseantes de Chiapas. La zona de Palenque es la que se considera como foco rojo en cuanto a bloqueos, y esto deja una mala imagen para los turísticas que dejan de recomendar nuestro estado o publican en sus redes sociales este tipo de inconvenientes. Lamentablemente en Chiapas realizar bloqueos carreteros es una

forma de exigir a las autoridades la resolución de demandas y aunque en las leyes vigentes se establece prisión para quienes afecten las vías de comunicación es letra muerta ya que no se aplica la ley. “Otra cosa que nos afecta bastante son los bloqueos, diario hay bloqueos y en las principales carreteras donde nosotros transitamos, las camionetas con turistas, entonces eso nos viene a afectar más”, precisó. El sector turístico requiere en estos momento toda la ayuda posible, por ello este tipo de actos afectan aún más, y le da una proyección negativa a nivel nacional, lo que impacta directamente a Chiapas como destino turístico por excelencia.

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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

ndígenas tzotziles de la comunidad Santa Martha, Chenalhó, pidieron 50 millones de pesos para ceder 32.5 hectáreas de tierras a sus adversarios de Aldama, así como 200 mil pesos por cada uno de sus muertos y 100 mil de reparación del daño para sus 16 heridos. Las autoridades comunales de Manuel Utrilla Santa Martha hicieron pública una copia de acta a través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa en donde responden a una propuesta gubernamental para la solución del conflicto agrario que se vive entre pobladores de Aldama y Santa Martha, Chenalhó. El acta fue entregada el pasado 9 de octubre al Secretario General de Gobierno de Chiapas a la Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación. Los miembros de las Asamblea de Bienes Comunales de Manuel Utrilla Santa Martha una copia del acta en donde respondieron a la propuesta enviada por el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos. El documento está firmado por todas las autoridades de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla Santa Martha y los 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los bienes comunales y en representación de tres mil 336 comuneros. Brito Mazariegos les planteó una propuesta en la que, de las 59.5 hectáreas de tierras en controversia, 32.5 de ellas correspondan para el municipio de Aldama y 27 hectáreas continuarían para los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha. Esto con un apoyo económico de tres millones de pesos por ceder esas tierras.

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Indígenas de Chenalhó piden 50 mdp por 32 hectáreas para cesar disputa con Aldama

Además de cien mil pesos para cada una de las familias fallecidas a raíz del conflicto. Sin embargo, ante la propuesta, los indígenas tzotziles dijeron que aceptan quedarse con 27.5 hectáreas de tierras y ceder las 32.5 a los de Aldama, pero que sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos y que en el proceso de atención para la solución del conflicto agrario, el Municipio de Aldama cese con las agresiones por arma de fuego. Con respecto al ofrecimiento de cien mil pesos, como apoyo económico para cada una de las familias de los fallecidos por el conflicto agrario, pidieron mejor que sean doscientos mil pesos; sin olvidar que se cuenta con 16 heridos, para ellos pidieron como indemnización la cantidad de cien mil pesos a cada uno.

Otras exigencias de Chenalhó Además, exigieron la libertad inmediata de sus compañeros recluidos en los penales, Enrique López Pérez y Efraín Ruiz Alvares, así como la can-

celación de órdenes de aprehensión vigentes en contra de habitantes de las comunidades del Sector Santa Martha. De igual forma pidieron obras de Infraestructura en beneficio de las 20 comunidades del Sector Santa Martha, tales como la ampliación y pavimentación del tramo carretero Centro Santa Martha a Saclum y de Saclum a Cabecera Municipal Chenalhó y la apertura de camino de la localidad de Yoc Ventana al punto. Sin embargo, dijo el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa), que una vez que se entregó este documento comenzaron desafortunadamente ataques y disparos armados provenientes del lado de Aldama, reconociendo las autoridades comunales que hubo según lo que han investigado “cruces de disparos”, y que el domingo estuvieron en Saclum para ver la situación y que escucharon la lluvia de disparos provenientes de Tabak, Coco, Xuxhen del lado de Aldama agrediendo a la comunidad Saclum y Pajaltoj del lado de Santa

Martha. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció que los ataques son constantes desde Chenalhó hacia los pobladores de Aldama. La Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama denunció que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal que se encuentran en Santa Martha, Chenalhó y en Aldama no actúan de manera eficaz para cesar los ataques armados y proteger a la población. “Con Hugo Alfredo Pérez Hernández son 29 personas heridas, además de seis asesinadas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tzotsil de Aldama, procedentes de grupos civiles armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, desde marzo de 2018”, dijo el Frayba. Recordó además de la desaparición y posterior ejecución del entonces síndico municipal de Aldama Ignacio Pérez Girón, cuyo cuerpo fue encontrado el 5 de mayo de 2019, en la entrada del paraje Yalebtay, municipio de Zinacatán. “La persistente omisión y complicidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal provoca el escalamiento de la violencia en la región Altos; y aumenta el riesgo para la vida de la población en 13 comunidades del municipio de Aldama, en su mayoría mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores”, indicó el organismo de derechos humanos.

Retienen quincena a docentes basificados Alejandro Muñoz Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Hoy la Pagaduría 007 adscrita a la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) retuvo el pago de cheques a 70 docentes de la Zona Escolar 108, del municipio de Socoltenango, pertenecientes a la Sección7 lo que violenta los derechos laborales estipulados en el artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo. Los afectados denunciaron que esta retención incumple los acuerdos firmados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre del 2019 entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno Federal, donde se estipuló que no habrían sanciones administrativas a trabajadores de la educación derivadas

de conflictos entre magisterio y Gobierno del Estado. Y es que, los docentes afectados no permitieron el ingreso a la zona 108 de Guillermo Raymundo Ordóñez, docente que ascendió a Supervisor Escolar a través de la Reforma Educativa del 2016, ya que violentaba los acuerdos internos de la CNTESección 7 los que siguen vigentes; Guillermo Ordóñez intentó ingresar a dirigir dicha zona en junio del presente año, sin embargo los docentes al unísono se pusieron. Añadieron que está problemática ha pasado por la mesa de la Subcomisión Mixta integrada por representantes de la parte oficial (Secretaría de Educación) como por representantes sindicales de la Sección 7, Sin embargo ante esta acción han sido avasallados por la primer figura y no fueron respaldados por los segundos.

Ante esta situación los 70 docentes afectados señalaron que no bajarán la guardia y están dispuestos a movilizarse de ser necesario sin

importar la actual contingencia, por lo que cualquier contagio individual o colectivo harán responsable al Gobierno del estado.

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Violencia en Cementera Cruz Azul de Oaxaca deja 18 heridos Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

l conflicto interno en la Cooperativa Cruz Azul llegó a la violencia en la Planta Cementera de Lagunas, Oaxaca, donde una diligencia federal culminó en un enfrentamiento que dejó al menos 18 heridos, uno de ellos con arma punzocortante. Según el exhorto 14/2020 emitido por el Juzgado Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, se procedió a dar cumplimiento al acuerdo del 13 de octubre para recorrer las instalaciones de la planta de Cruz Azul Lagunas, con el acompañamiento de la policía estatal. Sin embargo, los trabajadores afines al exdirector Guillermo Álvarez Cuevas trataron de impedir la actuación del personal del Poder Judicial, lo que generó una confrontación con el grupo que apoya el cambio de directiva. La tensión inició alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles, cuando al complejo de la cementera Cruz Azul arribó un actuario del Poder Judicial Federal, apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para llevar a cabo una ejecutoria judicial por las irregularidades cometidas por el exdirector Guillermo Álvarez Cuevas.

Luciano Campos Monterrey, N.L. (apro)

En su quinto informe de gobierno presentado en el Congreso local, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador la demora en la entrega de recursos para combatir el covid-19. Ante diputados presentes y otros que siguieron el informe a distancia, El Bronco dijo que el Ejecutivo federal falta a la verdad cuando señala que ha entregado recursos a los estados para atender a pacientes contagiados, pues la entidad, que ha invertido 2 mil 683 millones de pesos para este rubro, no ha recibido apoyo del gobierno central, apuntó. “Quiero aclarar con todo respeto, diciéndole al presidente de la República que no es cierto que nos haya dado recursos para contener la pandemia. Todas las mañanas lo repite. Pero eso no es mi enojo ni reclamo, es simplemente mi decepción”, soltó en la tribuna. López Obrador, subrayó, le ha fallado al pueblo de Nuevo León, pues la salud es responsabilidad absoluta del gobierno federal, y ante esta

Según el exhorto 14/2020 emitido por el Juzgado Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, se procedió a dar cumplimiento al acuerdo del 13 de octubre para recorrer las instalaciones de la planta de Cruz Azul Lagunas, con el acompañamiento de la policía estatal

En medio del conato de violencia, trabajadores de la planta Cruz Azul retuvieron, amarraron y colocaron en el piso a cinco elementos de seguridad privada ajenos al lugar. “Aquí no van a andar jugando”, se escucha en un video donde se muestra a los cinco hombres boca abajo, ensangrentados, mientras otros los golpean. En otro video se observan imáge-

nes del personal de la planta Cruz Azul que solicitan ayuda para una persona apuñalada en el abdomen. Y así se salió de control la actuación del personal del Poder Judicial. Álvarez Cuevas renunció a la presidencia de la Máquina y a la dirección de la Cementera por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Interpol emitió una ficha roja para buscar al directivo, quien desde 1988 presidió la llamada “Máquina Celeste”. Y un juez de control de la Ciudad de México giró otra orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas por su probable responsabilidad en la administración fraudulenta dentro de la Cooperativa, que implicaría 2 mil 257 millones 411 mil pesos.

No es cierto que AMLO diera recursos a NL para contener la pandemia, afirma El Bronco contingencia no han sido enviados recursos para respaldar las acciones que hace el estado en esta materia. “Nuevo León le invierte mucho más al tema de salud que la Federación. No estoy en contra del presidente. Estoy en desacuerdo que diga que nos da de más, o que diga que queremos el dinero para malgastarlo. Ustedes tienen los datos del presupuesto y eso implica que nosotros estamos cubriendo responsabilidades que competen a la Federación”. Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas del covid-19 en Nuevo León, que hoy alcanzó la cifra de 3 mil 967 fallecimientos. El de hoy fue un informe de contrastes, pues, aunque casi todas las fracciones expresaron su respaldo al mandatario estatal y aprobaron su gestión --que termina el 3 de octubre de 2021--, Movimiento Ciudadano lo criticó con dureza. “¿Dónde quedó su convenio de honestidad? Porque usted mencionaba en sus promesas de campaña que

aquellos que quisieran trabajar en su equipo firmarían un documento de honestidad donde aceptaban que de ser sorprendidos robando o sacando algún tipo de provecho iban a la cárcel. Mencionaba que no habrá simulaciones ni medias tintas en su gobierno. Puras promesas”, soltó Tabita Ortiz. A su vez, Claudia Tapia, coordinadora del Grupo Independiente Progresista, reclamó al Bronco que pasara cinco años en campaña, en lugar de ocuparse de la entidad.

“Quienes se caracterizaron por hacer campaña con chistes, insultos y ocurrencias no pueden pretender gobernar de la misma forma. La desilusión ciudadana en este gobierno se ha multiplicado, y con justa razón. Ocupamos, como dice el gobernador, alguien que de verdad gobierne, no que esté en campaña permanente. Se ocupan más programas y planes de gobierno bien diseñados e implementados y menos golpes mediáticos”, expuso.

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Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

a justicia mexicana dio hoy un nuevo revés a Grupo Elektra, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que la empresa deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos, derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación. Ese es uno de los 8 créditos fiscales que el SAT reclama a la empresa por un monto total de 32 mil 791 millones de pesos; en todos, Grupo Elektra interpuso impugnaciones, según indicó en su informe anual de 2019. A este monto se suman los cuatro créditos fiscales que las autoridades tributarias piden a TV Azteca, por 5 mil 98 millones de pesos, así como otras notificaciones a empresas de Grupo Salinas, cuyo monto no está conocido. Así, el SAT reclama cerca de 40 mil millones de pesos de créditos fiscales a empresas de Salinas Pliego, seis de las cuales recibieron condonaciones por más de 6 mil 934 millones de pesos durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En su resolución --aprobada por unanimidad por la Sala Superior del TFJA--, el magistrado Carlos Chaurand Arzate desechó uno tras otro los 16 recursos de impugnación que interpuso Jesús Morales Aguilar, el abogado de Grupo Elektra, para evitar el pago del crédito fiscal multimillonario: los tachó o de “infundados” o “inoperantes”, y terminó reafirmando la “legalidad y validez” del pago de 2 mil 4 millones 771 mil pesos por

Alejandro Caballero Ciudad de México (apro)

Por 388 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó que el delito de extorsión sea investigado, procesado y sancionado como delincuencia organizada. El dictamen avalado por todos los grupos parlamentarios establece medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad ese delito. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018 se registraron seis mil extorsiones, y en 2019 sumaron ocho mil 266, un aumento de 28.5%. Las entidades con mayor incidencia son el Estado de México, con dos mil 2945; Ciudad de México, 856; Jalisco, 742; Veracruz, 518, y Nuevo León, con 509. Por su lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2018 el delito de extorsión fue el segundo con mayor incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. En la fundamentación del dicta-

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Dan revés a Elektra: tendrá que pagar 2 mmdp por operación en Mexicana de Aviación Ese es uno de los 8 créditos fiscales que el SAT reclama a la empresa por un monto total de 32 mil 791 millones de pesos; en todos, Grupo Elektra interpuso impugnaciones, según indicó en su informe anual de 2019

concepto de “Impuesto sobre la Renta consolidado, actuación, recargos y multas en el ejercicio fiscal de 2010”. El tema del litigio remonta al año 2007, cuando Gastón Azcárraga Andrade escindió a Grupo Mexicana de Aviación en varias empresas, entre ellas Impulsora de Negocios Omega, Operadores de Servicios Empresariales Zeta, Gestiones y Servicios Operativos Kappa, Impulsora de Enlaces Industriales Delta, Impulsora Industrial de Empresarial Beta, Impulsora Enlaces Empresariales Alfa y Mexicana MRO. De la sentencia del tribunal se en-

tiende que Grupo Elektra, a través de su empresa Servicios y Productos del Futuro, S.A. de C.V., adquirió al menos las acciones de la empresa Operadora de Servicios Empresariales Zeta, S.A. de C.V., escindida de Mexicana de Aviación. En 2011, Servicios y Productos del Futuro fue fusionada con otras empresas de Grupo Elektra en una sociedad llamada Inmuebles Ardoma, S.A. de C.V. En esta operación, según el magistrado Chaurand, Grupo Elektra “incorrectamente adicionó el costo comprobado de adquisición de acciones en cantidad de 5 mil 584 millones

929 mil pesos por concepto de pérdidas, por lo tanto, se considera que al momento en que se enajenaron las acciones de Operadora de Servicios Empresariales Zeta, S.A. de C.V., a las que les correspondía una Cuenta de Utilidades Fiscal con un saldo negativo, debía entonces afectarse el costo comprobado de adquisición de las mismas, motivo por el cual resultaba del todo procedente la disminución de dicho concepto al referido costo, para calcular la ganancia o pérdida de la enajenación de tales acciones”. Y abundó: “la autoridad hacendaria únicamente se centró en exponer los motivos por los cuales la demandante debería restar el saldo de utilidad fiscal neta negativa pendiente de aplicar, con la que contaba en septiembre de 2007, momento en que se realizó la escisión de la Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. (…) Finalmente, respecto a la determinación del costo promedio por acción utilizado por la hoy actora para calcular la ganancia o pérdida por enajenación de acciones por el ejercicio fiscal 2010, se estima que las afirmaciones de la parte demandante son infundadas”.

Diputados tipifican extorsión como delincuencia organizada; aumentan las penas men de la Comisión de Justicia, la diputada priista Mariana Rodríguez Mier y Terán señaló que en México la extorsión aumenta año con año, ya sea mediante el cobro de derecho de piso o por llamada telefónica. En otra votación, los diputados aprobaron aumentar las penas hasta en una tercera parte por el delito de extorsión, entre otras causales, si hay relación laboral o parentesco hasta el cuarto grado con la víctima. Con 382 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen enviado al Senado destaca que se ampliará la pena en la misma medida al servidor o autoridad penitenciaria que facilite medios o condiciones para la comisión de ese delito. También se agravarán las penas cuando las víctimas de extorsión sean menores de edad, adultos mayores o con discapacidad. De igual manera, precisa que con la independencia de las penas que co-

rrespondan por la comisión de otros delitos, se incrementarán hasta en una mitad si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral. En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó que, de acuerdo con la

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2019, el delito de extorsión se ha incrementado de manera desmedida en años recientes. Detalló que, de un total de 33 millones de delitos, 5.7 millones de ellos fueron casos de extorsión bajo la figura de derecho de piso, cifra que representa 17.3% del total.

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

adres y madres de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el robo de 37 mil 956 dosis de 11 medicamentos oncológicos. La abogada de las familias, Andrea Rocha, precisó que la denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos --relacionados con los hechos dados a conocer por las autoridades federales el pasado fin de semana--, e incluye al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, y al laboratorio Novag Infancia, S.A. de C.V. Estas autoridades, dijo, no han comprobado hasta este momento la adquisición de los medicamentos ni cómo se dio el robo en una bodega de una empresa privada. “¿Qué nos da la certeza de que realmente ocurrió el robo si no nos dan pruebas?”, soltó. Y consideró que incluso podría tratarse de un auto robo de Novag Infancia. “El pasado 9 de octubre, lo que nos dijo textualmente la autoridad es que un comando armado a bordo de un tráiler, varios sujetos armados, asaltaron la bodega (…) Se robaron 40 mil dosis de medicamentos oncopediátricos, justamente las 16 claves oncológicas con las que más problemas se han tenido”, señaló Israel Rivas, vocero de los padres de niños con cáncer.

De la redaccion CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien en los primeros meses de la pandemia arremetió contra las medidas de confinamiento impulsadas por el gobierno federal, informó hoy que dio positivo a covid-19, aunque precisó que no le tiene miedo y que la enfermedad “nos tiene que dar a todos”. Desde su muy activa cuenta de Twitter, el magnate subió una fotografía de una receta médica --en la que aparecen prescripciones de distintas pastillas para lidiar con los efectos de la enfermedad derivada del SarsCoV-2– y subrayó: “a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije… nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”. “Se llama karma”, le reviró un usuario de la red social –al que contestó con emojis alegres--, mientras otro le exigió: “paga tus impuestos”, y el magnate respondió: “Claro”. Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó medidas de emergencia sanitaria para contener la pandemia –que ya cobró más de 84 mil vidas en México, según las cifras oficiales--, Salinas Pliego expresó su rechazo al confinamiento, se

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Padres de niños con cáncer denuncian a AMLO por robo de medicamentos oncológicos Estas autoridades, dijo, no han comprobado hasta este momento la adquisición de los medicamentos ni cómo se dio el robo en una bodega de una empresa privada. “¿Qué nos da la certeza de que realmente ocurrió el robo si no nos dan pruebas?”, soltó

De acuerdo con los denunciantes, la lista de medicamentos oncológicos que fueron robados son todos de suma importancia para el tratamiento de niñas y niños que padecen cáncer en este país. “Esa lista ha sido demandada por padres y madres de familia desde el inicio de la actual administración por la falta de ellos en las diversas clínicas del IMSS, Seguro popular (ahora Insabi) e ISSSTE. El presunto

robo de medicamentos oncológicos podría agravar más la situación del desabasto de quimioterapias que se vive en todo el país”, puntualizaron. De igual manera, recordaron que semanalmente padres y madres de familia tienen reuniones con autoridades del sector salud para enlistar los medicamentos oncológicos que hacen falta. El pasado lunes 12, en su conferencia mañanera, el presidente Ló-

pez Obrador señaló que ya se están haciendo las investigaciones sobre el robo de los medicamentos. “Nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro. Nos roban una bodega de estos medicamentos, entonces se está haciendo la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del sigilo que se requiere, y decir a los padres de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales; que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos”, precisó el Ejecutivo. De acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), a raíz de los recortes presupuestales que el gobierno de López Obrador ha aplicado al sector salud, mil 602 niños en el país han perdido la vida a falta de sus tratamientos oncológicos.

Salinas Pliego se contagia de covid-19; “nos tiene que dar a todos”, dice negó a respetarlo en las empresas de Grupo Salinas durante el primer mes y medio de implementación, e insultó a quienes lo promovían. En marzo pasado dijo a sus empleados: “nos han metido a todos el miedo a morir por el covid-19… Este virus existe, sin duda, pero no es de alta letalidad”, y añadió: “parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”. La noche del 18 de abril, TV Azteca y el conductor Javier Alatorre se lanzaron contra el subsecretario Hugo López-Gatell y urgieron la gente a “no hacerle caso” al funcionario y a las cifras que presentaba en sus conferencias diarias. En mayo pasado –cuando la enfermedad había matado a 7 mil 394 personas– el magnate lanzó una provocación contra sus “amigos en ‘cuarentena’ en Valle (De Bravo)” y les preguntó si se quedarían encerrados “hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos”.

Y el 7 de julio arremetió de nueva cuenta contra el confinamiento y acusó que “los gobiernos manipulan a la masa a través del pánico para hacer lo que ellos consideran conveniente”; aparte, sentado sobre su fortuna de 11 mil 700 millones de dólares, preguntó: “¿quién habla para toda esta gente que se quedó sin comer?”. Ese día, durante una presentación en un programa de su canal ADN 40, relativizó las pérdidas humanas derivadas del covid-19: aseveró que “10%

o 1% se van a morir, ¿quién sabe?; por otra parte, 100% de los desempleados vive en condiciones de precariedad”. Pese a llamar abiertamente a desacatar las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y luego de atacar a López-Gatell, quien encabeza la estrategia de combate contra la pandemia, el magnate ha recibido un trato cordial y amistoso por parte del mandatario, quien en cambio arremete casi a diario contra los demás críticos de su administración.

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Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ONG denuncian violaciones contra la salud de migrantes durante la pandemia Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

rganizaciones de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a derechos humanos por el Estado mexicano contra la población inmigrante durante la pandemia, entre ellas el desacato de amparos para proteger la vida y salud de los emigrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que Estados Unidos sigue expulsando migrantes con coronavirus sin protocolos de salud. En el “Informe sobre los efectos de la pandemia del covid-19 en las personas migrantes. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues”, se visibilizan omisiones en estaciones migratorias; la situación de las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos inscritas en el protocolo “Quédate en México”; la falta de acceso a la justicia para las personas en condición de movilidad y sujetas a protección internacional; las necesidades de los albergues para personas migrantes y los obstáculos para la regulación migratoria. Las 24 organizaciones y albergues que participaron en la elaboración del documento, solicitaron una audiencia a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de Salubridad, entre otras autoridades, para presentar sus hallazgos y “establecer vías de colaboración para el cumplimiento de peticiones, e impulsar el diseño de políticas públicas idóneas para atender las necesidades de la población migrante durante la pandemia”. De acuerdo con el documento, entre abril y mayo organizaciones promovieron 10 amparos “para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los

cuales siete fueron favorables para la población migrante, no obstante han sido incumplido sistemáticamente por las autoridades mexicanas, por el INM y el gobierno federal”. Los autores del informe agregaron que, en los otros procedimientos, “jueces que pudieron proteger a la población migrante y solicitantes de asilo no lo hicieron, desechando amparos y vendiendo su responsabilidad, o situaciones donde no se han dictado todas las medidas por parte del poder judicial, para hacer cumplir sus resoluciones”. Puntualizaron que desde marzo pasado “las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos a diversos países de la región no han parado” pese a la persistencia de brotes de covi-19 en los centros de detención migratoria de aquel país. “Existen casos de personas con coronavirus expulsadas a sus comunidades, incluido México, sin protocolos de salud y sin dar aviso oficial para evitar contagios”, alertaron. A las violaciones al derecho a la salud, las personas en condiciones de movilidad viven en incertidumbre por la suspensión indefinida de audiencias ante las cortes estadunidenses, impidiendo analizar los expedientes de los solicitantes de asilo que están bajo el protocolo de “Quédate en México”,

sin considerar que esta población “enfrenta múltiples situaciones de vulnerabilidad como los casos de mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud, o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada”. Las organizaciones firmantes solicitaron a los gobiernos mexicano y estadunidense, “que tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger la vida, integridad y salud frente a la pandemia que acosa a una de las poblaciones más vulnerables, las personas migrantes y refugiadas”. De manera específica, pidieron al INM que libere a las personas detenidas en estaciones migratorias y que aplique un “mecanismo coordinado de alternativas a la detención, suspender las detenciones para evitar riesgos de contagio por covid-19; regularizar la situación migratoria de la población migrante detenida por razones humanitarias; evitar controles migratorios y otras medidas intimidatorias que desincentivan el acceso a instituciones de salud por parte de las personas migrantes, entre otras”. A la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, pidieron “garantizar el acceso a la salud a las personas migrantes, en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivos de nacionalidad o condición

migratoria; acceso gratuito a la atención médica adecuada y suficiente, así como a los medicamentos necesarios, particularmente en casos de covid-19”. Para el cumplimiento de las demandas, las organizaciones solicitaron establecer mesas de seguimiento “a fin de definir acciones y mecanismos idóneos para atender las necesidades de la población migrante derivadas de la pandemia”. Al señalar que están en espera de que las autoridades mexicanas respondan a su solicitud de audiencia, las organizaciones y albergues informaron que enviaron el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales que han fijado lineamientos sobre los estándares de atención para personas migrantes durante la pandemia. Asimismo, el informe será enviado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y a otros organismos de Naciones Unidas, “para que soliciten información al Estado mexicano y establezcan mecanismos de monitoreo y seguimiento para vigilar el respeto y protección a los derechos a la vida, salud, integridad y libertad, entre otros, de las personas migrantes en México durante la pandemia de covid-19”. Participaron en la elaboración del informe la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Asylum Access México; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Sin Fronteras; Instituto para las Mujeres en Migración; Derechos Humanos Integrales en Acción; Voces Mesoamericanas; Al otro lado; Espacio Migrante; Derechoscopio; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.

Hallan 2,187 vestigios históricos en obras del Tren Maya Rosa Santana Campeche, Cam. (apro)

El Centro INAH-Campeche confirmó que debido a los trabajos del Tren Maya se localizaron en el sur de la entidad los vestigios de dos ciudades mayas. Los hallazgos se localizan específicamente en la región de Candelaria, cerca de lo que sería la ruta PalenqueEscárcega del proyecto ferroviario. Añadió que al momento son 2 mil 187 los vestigios que se han encontrado en las exploraciones arqueológicas que se realizan el trazo del Tren Maya. De acuerdo con un comunicado que el INAH liberó a insistencia de los medios, en los dos conjuntos ar-

queológicos resaltan su complejidad interna y la dimensión monumental de sus estructuras, según se detectó mediante imágenes Lidar (técnica de teledetección óptica). Se estima que el primer conjunto agrupa por lo menos 91 estructuras, algunas de las cuales, dada su morfología y distribución, corresponden a edificaciones prehispánicas de tipo monumental, rodeadas de unidades habitacionales. También se habla de basamentos piramidales, plazas o cuadrángulos y terrazas, así como de un basamento de grandes dimensiones, sobre el que se desplantan varios montículos. Algunos de los edificios registrados fueron afectados parcialmente durante la

construcción de la antigua vía del tren. El segundo complejo estaría integrado por 37 elementos de características tanto monumentales como residenciales, aunque se requieren más prospecciones para detallar más el área. Según el comunicado, la información que se tiene sobre esos sitios es muy limitado porque el Proyecto Tren Maya aún se encuentra en etapa de prospección en superficie y no se han hecho excavaciones que arrojen elementos sobre su cronología o características arquitectónicas. En el tramo del tren que corre de Escárcega a Calkiní se tienen identificados hasta ahora mil 634 monumentos arqueológicos de diferentes

características, entre ellas estructuras de tipo residencial, y otras posiblemente de uso cívico y ceremonial, que también forman parte de conjuntos de importancia. Algunos de los conjuntos identificados ya habían sido registrados por el INAH, pero muchos más se han documentado por primera vez en el marco del proyecto de prospección arqueológica.

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Exhortan a la Cámara de Diputados a garantizar recursos para Cami Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

rganizaciones nacionales e internacionales que trabajan por la igualdad de género y los Derechos Humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a garantizar un presupuesto suficiente para los programas de igualdad y atención a la violencia de género, en particular para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). A la luz del análisis del proyecto de presupuesto presentado en septiembre por el Ejecutivo federal, organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) lamentaron que la propuesta profundice la tendencia regresiva en materia de financiamiento para la igualdad. En una carta abierta las organizaciones aseguran que aun cuando el presupuesto para 2021 tiene un apartado denominado Anexo 13, de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con un aumento de 20 por ciento, es preocupante que, en términos reales, el incremento esté etiquetado casi en su totalidad a la Pensión para Personas Adultas Mayores, que no asegura reducir las brechas de desigualdad de género. En el documento abierto para sumar adhesiones, se explica que, en contraste, el proyecto de presupuesto prevé recortes para programas pensados específicamente para garantizar los derechos de las mujeres. Esta tendencia, se asegura, alcanzó un punto crítico

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, integrantes de la Fundación Marie Stopes México dieron a conocer que en coordinación con la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, llevaron a cabo la traducción de materiales educativos sobre salud sexual y reproductiva dirigidos para mujeres y niñas indígenas con el fin de que ellas conozcan y ejerzan sus derechos. En un comunicado, dijeron que en este alcaldía residen más de 2 mil mujeres que hablan la lengua náhuatl, por lo que es vital que ellas sepan que pueden acceder a servicios de salud como la interrupción segura del embarazo o solicitar la pastilla de anticoncepción de emergencia, partería, entre otros servicios, para que ellas tengan poder y autonomía sobre sus cuerpos. La traducción de los materiales, detallaron, fue realizada por la promotora de los Derechos Humanos,

en abril pasado con la disposición de austeridad adoptada por el Gobierno federal, política que dejó en precarias condiciones a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). La disposición, publicada en un decreto, afectó el gasto de alrededor de 522.1 millones de pesos (mdp) aprobados para 2020 para proyectos económicos y atención de mujeres indígenas y afromexicanas. Según las organizaciones firmantes, se retuvo 70 por ciento del presupuesto de las 35 Cami que operan en la República mexicana y se reservó 96 por ciento de los recursos asignados a programas para el fortalecimiento económico de sus comunidades. “Nos alarma en particular que, de cara al presupuesto de 2021, se profundice la pérdida de recursos en los rubros específicos para mujeres indígenas y afromexicanas. Para el ejercicio presupuestal 2021 se pretende eliminar el programa presupuestario Derechos Indígenas y fusionar todos los programas de apoyo a pueblos y comunidades indígenas en un solo denominado `para el Bienestar´”. Con esta medida, las mujeres indígenas perderían y habría un impacto con el funcionamiento de

las Cami, se lee en el documento. En la propuesta del Gobierno Federal se elimina el Programa de Derechos Indígenas, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual recibió 85.5 mdp para 2020, pero al primer semestre Hacienda le aumentó 14 por ciento de sus recursos y quedó en 97.5 mdp. Por medio de este programa se destinaban recursos para las 35 Cami, centros donde se brinda atención a la salud sexual y reproductiva y a las violencias de género. En abril pasado la Red Nacional de las Cami denunció que ante la pandemia y la saturación de hospitales en zonas rurales y marginadas, aumentó la demanda de sus servicios, pero como parte de las medidas de austeridad no habían recibido recursos para continuar su trabajo. Después de las denuncias públicas, el día 13 de julio, en reunión virtual de la Red Nacional de las Cami, funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificaron la ampliación de 8 mdp para estos 35 centros de atención indígena. Ante la posibilidad de desaparecer el programa en 2021, las organizaciones

llamaron al Estado mexicano y particularmente a las y los legisladoras del Congreso de la Unión, a reflejar las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género el gasto para 2021. En particular, los mandatos de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Las firmantes señalaron que a través de los instrumentos internacionales el Estado mexicano está obligado a garantizar recursos públicos suficientes para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Además mencionaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandatado al Estado Mexico, en diferentes sentencias, atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres dotando de recursos necesarios al aparato estatal. En el caso de violencia sexual, recordaron que la Corte también obligó al Estado mexicano a brindar atención especializada, gratuita, con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas que sufren violencia. Por ejemplo, en 2010 la Corte sentenció al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, atacadas por militares en hechos diferentes en 2002, y dispuso una serie de medidas de reparación para ambos casos, entre ellas abrir un Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos.

Traducen a náhuatl materiales educativos sobre salud sexual y reproductiva Gilberta Mendoza Salazar, quien es reconocida por haber sido la primera mujer indígena en obtener su acta de nacimiento en su lengua materna en México. Recordaron que la mayoría de mujeres que viven en comunidades rurales no disponen de información sobre salud sexual y reproductiva porque no está en su idioma y no hablan el español cuando es un derecho que todas las personas cuenten con datos acerca de estos temas, información que debe ser laica, científica y libre tabúes. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México existen 6 millones 695 mil 228 personas que hablan una lengua indígena, de las cuales 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres que se en-

cuentran establecidos en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán. Por esta razón, resaltaron las integrantes, el obtener información hará que ellas tengan la posibilidad de planear su vida y ejercer su maternidad cuando ellas lo deseen. Dos factores que pueden promover que más mujeres y niñas tengan un mayor nivel de escolaridad, acceso a trabajos remunerados y en general aminorar la brecha de desigualdad. El Inegi registró que en 2019 hubo 2.1 millones de nacimientos, de los cuales 101.5 corresponden a mujeres indígenas entre 15 y 19 años de edad mientras que 74.9 son de mujeres que viven en zonas urbanas. En 2018, este instituto registró 21 mil 195 defunciones fetales, de las cuales 83 por ciento fueron de mujeres de entre 20 y 25 años que no

hablan una lengua indígena y 51 por ciento (mil 086) de mujeres que sí hablaban una lengua indígena. Esta iniciativa, añadieron las integrantes de la Fundación Marie Stopes, desean desarrollarla en los centros de salud de otros estados, como en Oaxaca, donde se traducirá la información al zapoteco, sin embargo están en espera de crear una alianza que ayude en este proceso.

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Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LA JUSTICIA DIGITAL: ANTÍDOTO CONTRA EL CONFLICTO SOCIAL QUE VIENE Laurence Pantin y Alejandra Quezada

otivo de desconcierto (y hasta de chiste) fue la audiencia por videoconferencia en la que compareció la semana pasada el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ante una corte de Nueva York, la cual tuvo que ser suspendida temporalmente por las conversaciones intempestivas de los reporteros que se enlazaron a ella vía telefónica. Conociendo las herramientas digitales existentes, a más de uno le pareció inexplicable que un juzgado “de Primer mundo” no pudiera silenciar desde la propia plataforma a los periodistas parlanchines. Más sorprendente todavía cuando conocemos a detalle los mecanismos puestos en marcha por los poderes judiciales de Coahuila o Nuevo León para permitir a los interesados integrarse a audiencias remotas —a través de un link privado de YouTube o mediante el acceso a una sala-espejo a la de audiencias en Teams—, sin darles posibilidad alguna de interrumpir el proceso. Todo indica, sin falsa modestia, que a algunos tribunales del vecino país les hubiera venido bien leer la Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia que desarrollamos en el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. En ella documentamos —entre otras muchas políticas exitosas— las medidas tomadas por estos poderes judiciales mexicanos para asegurar la publicidad de las audiencias celebradas por videoconferencia, que se han vuelto cada vez más comunes en estos tiempos de pandemia y distanciamiento social. Bromas aparte, y como lo apuntó el ministro en retiro José Ramón Cossío, en la presentación virtual de esta Guía que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre, la actual crisis sanitaria no es la única justificación para que los poderes judiciales se modernicen, aunque no podamos subestimar el hecho de que el cierre de cinco meses que han experimentado la mayoría de los tribunales en el país a raíz de ésta ha generado una alarmante sobrecarga de asuntos que difícilmente se podrá contener y resolver. Por ello, el exministro considera que si queremos evitar que

la conflictividad social se desborde hasta el punto de colapsar al sistema de justicia (y de generar contextos tan peligrosos como la ‘justicia por propia mano’) es importante apuntar hacia dos direcciones: los medios alternativos de resolución de conflictos y la justicia digital. De hecho, la Guía destaca una buena práctica que combina ambos. Se trata del Tribunal de Resolución Civil (Civil Resolution Tribunal) desarrollado por el Poder Judicial de British Columbia, en Canadá, para resolver, por ejemplo, asuntos de cuantía menor y disputas entre condóminos o asociaciones. Se accede a él mediante una plataforma que funciona con inteligencia artificial y hace preguntas al usuario que lo guían y le proponen soluciones —no necesariamente judiciales— a su problema. Cuando se trata de un conflicto entre dos partes, el sistema propone que negocien entre sí, o les ofrece el apoyo de un conciliador para llegar a un acuerdo. Solamente si no lo logran, se judicializa el asunto y éste se resuelve completamente de manera remota. Prácticas como éstas son las que ilustran el potencial transformador de la justicia digital bien ejecutada, subrayó durante la presentación de la Guía Edna Jaime, directora de México Evalúa. Pero también recordó que la implementación de nuevas tecnologías en el quehacer jurisdiccional plantea algunos cuestionamientos: ¿existe una normatividad adecuada para implementar el teletrabajo judicial?, ¿los derechos de los justiciables quedan protegidos en estos esquemas?, ¿cómo se procesan los casos en localidades con una baja penetración de internet? A su vez, la presidenta de la

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega, señaló que la adopción de herramientas tecnológicas no es una solución milagrosa que hará desaparecer los vicios que existen en nuestros sistemas de justicia, y que pensar lo contrario tendría como consecuencia replicar los mismos vicios, ahora en el entorno digital. Otro elemento en el que coincidimos es que la cobertura de internet aún es insuficiente en zonas urbanas y todavía más en comunidades rurales, por lo que se debe fomentar el desarrollo digital del país y cuidar que la adopción de tecnologías no implique —por ahora, al menos— cerrar las vías tradicionales de acceso a la justicia. Ante ello, Cossío también instó a ser creativos: por ejemplo, en las comunidades cuyos miembros tienen escaso acceso a internet, se podrían construir sedes de acceso a la justicia con el equipo y tecnología necesarios para que desde ahí las personas puedan realizar sus gestiones y actuaciones procesales. En el mismo sentido, la Guía resalta la importancia de recordar en todo momento que la digitalizacion de la justicia no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la impartición de justicia y ampliar el acceso a ésta. Por ello, existen líneas rojas que no se deben cruzar, en particular en torno a la realización de juicios orales en línea, los cuales, en muchas partes del mundo, han suscitado dudas sobre si permiten garantizar los derechos de las partes y el respeto al debido proceso. Es interesante observar la discusión al respecto en el seno del Poder Judicial de Coahuila, donde se han llevado varios juicios orales penales por videoconferencias desde el inicio de la

pandemia. El magistrado Luis Efrén Ríos Vega considera que las audiencias virtuales no deben ser una regla general, sino que la posibilidad de llevarlas a cabo debe ser analizada en función del tipo de asuntos y lo que está en riesgo. En el voto disidente que presentó el magistrado dentro del Recurso de Apelación 30/2020-JO, se pueden observar algunas consideraciones relevantes en el tema. El magistrado enfatizó que la función judicial debe respetar de manera irrestricta las reglas que constituyen el debido proceso y protegen los derechos procesales de las partes. La digitalización, entonces, no debe permitir que las formalidades del proceso se relajen, pues éstas son esenciales para asegurar que no haya violaciones procesales. Al respecto, uno de los problemas que apuntó el magistrado es la falta de normatividad que regule el uso de la tecnología en los procesos, lo que puede vulnerar la seguridad jurídica, la legalidad y las garantías procesales. La justicia digital parece estar en el filo entre la garantía de acceso a la justicia y la vulneración de derechos humanos —como el respeto al debido proceso, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad o la transparencia—; puede caer en cualquiera de los dos lados. Sobre ello tendrá que deliberar el Congreso de la Unión, que actualmente tiene en su sede tres iniciativas de reforma constitucional enfocadas en regular el uso de tecnologías para la impartición de justicia y una propuesta de Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, que fomenta el desarrollo de algunas herramientas digitales en algunas fases procesales. Esperamos que nuestra Guía contribuya a enriquecer el debate legislativo y ayude a los poderes judiciales a enfilarse, de manera decidida e informada, hacia la justicia digital. Si bien esta apuesta es más que deseable en una democracia moderna, en el contexto actual se ha vuelto ineludible, si queremos evitar que colapsen los servicios de impartición de justicia. Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García.

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EL GOBIERNO FEDERAL DEBE PEDIR PERDÓN

n México hay esclavos. Aunque se abolió la esclavitud en México hace mucho, y la Constitución -letra muerta, por ciertola prohíbe, ella existe en pleno siglo XXI. La viven, entre otros, los jornaleros y jornaleras agrícolas de nuestro atribulado país. Son campesinos, millones, en pobreza extrema la mayoría, muchos de ellos sin parcela de subsistencia que cultivar para mal comer. Son indígenas y mestizos, hombres, mujeres, embarazadas, niños, niñas. Una ominosa trata de personas esa, la sufrida por ellos. Sus derechos y dignidad, como hojas secas y caídas de otoño, son pisoteados a taconazos por explotadores. Se les estigmatiza y condena como si fuera ese su destino natural, fatal. Y no lo es, nunca lo es. Motivaron este artículo: un oportuno y serio reportaje de Gloria Leticia Díaz, en Proceso, sobre la invisibilidad de los jornaleros para el gobierno, y otros textos desgarradores sobre el tema, a raíz de la pandemia y del olvido. Migran de los Estados pobres del sur de la República al centro y norte del país, o al extranjero. Chiapas, Oaxaca, Guerrero…, exportadores netos de esclavos, parias, seres humanos desechables, sombras que viajan en camiones de segunda durante días para llegar, extenuados, a los campos de agricultura intensiva de inhumanos, crueles patrones y capataces. Huyen desesperados de la miseria, el hambre, la falta de oportunidades, de apoyos reales. Su lema: migrar o morir. Migrar o morir, lema trágico. inconcebible en tiempos supuestamente civilizados. Muchos emigran acompañados de su familia; muchas mujeres son madres solteras que trabajan, dejando a su bebé de meses en los surcos, bajo el sol candente, expuesto el inocente a innumerables riesgos para su salud e integridad. Pero no hay de otra ni para él ni para la joven madre, encorvada en la pizca de jitomate. Son millones los jornaleros agrícolas mexicanos. Se habla de 8 o 9 millones, incluyendo sus familias. Con frecuencia trabajan también los menores; éstos, si no trabajan, se quedan en sus pocilgas para cuidar a los más pequeños, sin escuela, sin porvenir, con un poco de frijoles en su vientre si acaso. De ellos y ellas depende la exportación masiva de frutas y verduras para goce de extranjeros. Los que se alimentan de tales productos de la tierra, deberían saber que ello es gracias al trabajo forzado de esclavos mexicanos, muchos de ellos niños y niñas. Una infamia, de la cual son responsables las empresas explotadoras y sus engan-

Mauro Gonzalez-Luna

chadores y capataces, el gobierno y la sociedad, indiferentes a dicha tragedia. Una irresponsabilidad, una inconsciencia de dimensiones dantescas. Una afrenta a la civilización y al decoro nacional. Racismo puro contra indígenas y mestizos, hermanos nuestros. Carecen de derechos pues se les dice cínicamente que no son sujetos de los mismos, según declaraciones de una jornalera, madre soltera entrevistada recientemente; en su inmensa mayoría no tienen acceso a seguridad social. Carecen de contratos escritos, salarios decorosos, condiciones saludables en los cuartos donde vegetan por desgracia, de agua suficiente para beber y asearse, de servicios mínimos de salud. Viven hacinadas hasta 4 personas en cuartuchos de 15 metros cuadrados, algunos con techumbres de plástico, sin puertas, cuya renta tienen que pagar; o en galerones insalubres con un baño en precarias condiciones para un sinnúmero de jornaleros y familias. Galerones, especie neoliberal impune de campos de concentración -tolerados por las autoridades municipales, estatales y federales. El régimen federal morenista canceló de tajo el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), alegando malos manejos. Esa eliminación significó una burda vulneración de derechos humanos de millones de personas en desgracia, según señalamiento de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, el año pasado. En lugar de corregir sus graves fallas y luego fortalecerlo, lo borró del mapa insensiblemente, para desconsuelo de los jornaleros, y sin sustituirlo con apoyos reales, suficientes, institucionales, para estos millones de seres humanos en extrema vulnerabilidad. Las becas no son suficientes, las promesas y verborrea cotidianas, tampoco; Sembrando Vida se queda cortísimo, pues muchos de ellos no tienen tierras. Están abandonados a su propia suerte, son parias, extranjeros humillados en su patria

misma, explotados, invisibilizados. Y con la pandemia mortífera, todo se agravó para los jornaleros. Obligados a dejar sus pueblos, tienen que trabajar en lugares lejanos, sin poder cumplir con las recomendaciones sanitarias más básicas, sin acceso a la salud pública, sin apoyo de sus patrones e intermediarios, explotadores profesionales. Ante este panorama desolador, el gobierno federal -tan afecto a exigir perdones, para distraer, de terceros por hechos sucedidos hace siglos- y la sociedad misma, debieran para empezar, pedir hoy perdón de rodillas a los jornaleros y a sus familias; y después apoyarlos, ampararlos de verdad con protección legal idónea y real, con un programa específico y suficiente para ellos y ellas, con un presupuesto de cientos de millones de pesos para elevarlos del polvo. Y simultáneamente, recordar agradecidos, la labor insigne de los misioneros católicos del Siglo XVI que vinieron de España, de Gante, para amparar a los indígenas: Motolinía, Tata Vasco, Pedro de Gante y tantos otros varones justos y sabios que sirvieron generosamente al indígena. Recordar las venerables y protectoras Leyes de Indias que otorgaron en teoría y práctica, privilegios y derechos a los diferentes pueblos originarios, muchos de ellos sometidos en su momento, a la esclavitud y sangrientas, bárbaras Guerras Floridas por parte del imperio azteca. Por ello, es necesario, inteligente, ético, meditar muy bien a quién exigir perdones. Somos como nación, fruto del encuentro entre indígenas y españoles; desconocerlo ha sido y es suicida porque nos debilita y sujeta al verdadero adversario, el anglo sajón, feliz con la falta de conciencia cultural e histórica de tantos mexicanos; aceptarlo como hecho incontrovertible, con sus luces y sombras, es lo sensato, lo leal a lo que somos, lo que asegura nuestra identidad, recobra nuestra propia personalidad, hecha de dos estirpes altivas donde nunca medraron los bueyes

como decía un poeta, y garantiza un porvenir venturoso para el pueblo. Habrá que exigirlos -los perdones- al gobierno de Estados Unidos por enjaular niños migrantes pobres en el Siglo XXI; por el muro ignominioso e insultos a los mexicanos de parte del siniestro, vulgar e ignorante trumpismo; por habernos arrebatado medio territorio, la mitad del inmenso y rico que nos dejó España al independizarnos, con sus ciudades fundadas por misioneros católicos como Junípero Serra, español, en la Alta California. Pero, al contrario, el régimen actual como los anteriores en mayoría, como el juarista del XIX con su oprobioso Tratado McLane-Ocampo y antidemocrática larga estancia en el poder, está ligado por interés faccioso al linaje yanki, protestantoide, de fuerte tufo masónico desde la Independencia, depredador, racista, hoy ultra neoliberal, ajeno a las profundas tradiciones del México mestizo y Guadalupano. Una cosa es la buena, respetuosa vecindad y otra, la sumisión. En suma, la situación amarga, trágica de los millones de jornaleros, exige una solución inmediata, de fondo, por parte del régimen, y una toma de conciencia de parte de la ciudadanía toda. La hora que vive el país, es apremiante, no para frivolidades, ocurrencias, divisiones, enconos, cuando niños y niñas con cáncer carecen de medicamentos en hospitales públicos, cuando millones de mexicanos y mexicanas sufren de esclavitud, de la trata de trabajadores agrícolas, de otras tratas abominables, y de miserias de más de la mitad de la población. Y México hablando de rifas, penachos, encuestas, consultas, estatuas retiradas, pleitos de vecindad en Morena, liberales y conservadores. Es tiempo de que todos asuman sus responsabilidades frente a la historia, sobre todo el gobierno federal y sus afines élites económicas neoliberales, una de las cuales, por cierto, mezquina y esclavista, propuso que el ahorro para las pensiones debería recaer exclusivamente en ¡los trabajadores!, según información de Proceso del día 13 de octubre. De no asumirlas, su alegada transformación es solamente una burda caricatura que, en su momento, borrará el viento sin piedad. Dedico este texto con admiración inmensa a la memoria de los misioneros que envió España en el Siglo XVI para proteger a los indígenas, y de las Leyes de Indias. Y con respeto y afecto a los jornaleros y jornaleras agrícolas de temple heroico, deseando de corazón que pronto sus derechos humanos sean respetados por todos.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

n Chiapas, se fomenta el cuidado de la salud pública, y gracias a la responsabilidad social de la gente y de las instituciones se ha frenado- paulatina y constantemente- el contagio de la pandemia del #COVID19. Así también, el gobierno local privilegia la práctica del deporte en todos los niveles, fundamentalmente en la niñez, adolescencia y juventud, para enseñar el valor de trabajar en equipo y mantenerse sanos y alejados de conductas antisociales. Al mismo tiempo, se fortalece la seguridad y la paz social. La sociedad chiapaneca ha respondido a los llamados gubernamentales de mantener la disciplina social, de guardar la sana distancia y sobre todo, de alejarse de las aglomeraciones, las cuales son fuentes de contagio no solamente del #COVID19, sino también de otros padecimientos de la época otoñal, como son las enfermedades respiratorias. La sana convivencia social pasa por el respeto y la colaboración, como ahora lo hacen los chiapanecos, para que el contagio del virus sea mínimo en comparación con otras partes del país. En el terreno de la promoción de una sociedad sana, ahí está la muestra del apoyo al deporte, con la entrega de equipamiento médico para el Centro de Medicina y

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL DIVÁN Sergio Stahl

Salud, deporte y seguridad, baluartes de la convivencia social

Ciencias aplicadas al Deporte, a fin de atender a los deportistas de alto rendimiento y a todo aquel que así lo requiera. Una niñez y juventud deportista se aleja de vicios y conductas antisociales y fomenta los lazos familiares, por ello desde el jardín de niños hasta las universidades e instituciones de educación superior se da un fuerte impulso al deporte, porque el adagio “cuerpo sano en mente sana” es la base de una sociedad más progresista.

Y se acrecienta la seguridad en una sociedad sana y deportiva, porque se fomenta la cooperación, que permite afianzar la paz y la tranquilidad. El gobierno chiapaneco trabaja incansablemente por la educación, la salud, la infraestructura y la producción, para conseguir una sociedad más igualitaria y con mejor índice de desarrollo social. La seguridad, la paz y la tranquilidad en Chiapas están garantizadas en todo el territorio, porque las instituciones trabajan coordina-

damente, evitando duplicidad de gastos y esfuerzos, con el objetivo de cubrir todas y cada una de las regiones y beneficiar a mucho más gente y para aprovechar mejor los recursos del erario. Los resultados de la estrategia gubernamental en pro de la salud, la seguridad y la sana convivencia social están a la vista. En fin. BALCON. El diputado local por San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, expresó su beneplácito por la reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado aprobada en el Congreso del local, misma que obliga a hacer accesibles para la gente en esa condición hospitales, iglesias, mercados, oficinas y demás edificios públicos y privados. El legislador Juan Salvador Camacho Velasco dijo que esa modificación al marco jurídico “ facilita la convivencia y elimina una forma de discriminación, ambas tareas de todas y todos porque a ninguna persona debe limitarse su derecho a participar en la planeación, diseño y gestión de la construcción de ciudades”. El diputado Camacho Velasco afirmó: “Mi compromiso es fomentar espacios inclusivos, seguros y accesibles, así como promover una cultura a favor de la igualdad e inclusión de toda persona en la vida pública y en actividades cotidianas”...Eso es todo.

11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

omo vemos solo hace apenas diez años que la ONU reconoció los derechos específicos de las niñas y los problemas, también específicos que padecen las mismas. Este año en el Estado Españolse ha querido hacer hincapié en el acoso que sufren las niñas y adolescentes en las redes sociales. Por lo visto es un tema que, de forma generalizada, sufren nuestras menores de edad en plena era de avances digitales. Pero este problema, aún siendo grave, no creo que sea el peor de los problemas a los que se enfrentan las niñas del mundo. Voy a poner solo unos ejemplos. En algunos países sobre todo de África, a las niñas se las sigue mutilando genitalmente y de varias maneras por cuestiones que poco tienen que ver con la salud y mucho con el patriarcado y la cultural tradicionalmente patriarcal en la que viven y se desarrollan. Esta mutilación condicionará el resto de sus vidas y su salud integral y no solo la sexual y reproductiva. Y se las mutila por ser niñas, puesto que a los niños no se les mutila de ese modo. También en algunos países de

Teresa Mollá Castells las zonas más pobres del planeta, a las niñas se les impide una instrucción adecuada, para destinarlas a proveer de agua a la familia o comunidad, mientras los niños sí van a la escuela. También se ven obligadas a ejercer de cuidadoras de sus hermanas y hermanos más pequeños mientras sus madres y padres trabajan de sol a sol para poder alimentarles. Y es en ellas, en las niñas sobre las que recaen no solo el cuidado de sus hermanas y hermanos menores de edad, también las tareas domésticas que sus madres no pueden realizar. En algunas zonas del sudeste asiático principalmente, las niñas son vendidas como esclavas sexuales a proxenetas que las explotan noche y día sin tener en cuenta ni su edad, ni su proceso de crecimiento físico e intelectual. Así, mantiene prostíbulos abiertos con estas menores de edad por quienes nadie se preocupa de su bienestar más allá de ser meras materias primas sobre las que construir negocios ilícitos. También están los matrimonios forzados con niñas que son obligadas a contraer matrimonios concertados entre las familias, con todo lo que ello conlleva para su crecimiento a todos los niveles. O, lo que es lo

mismo, el abandono de su condición de niña, para convertirse en esposa, con todo lo que ello conlleva. Tampoco nos podemos olvidar de los abortos selectivos al conocer que la mujer estaba embarazada de una niña, por considerarlas de mucho menor valor que los niños y por tanto se practican esos abortos selectivos que han impedido a centenares de miles de niñas, incluso llegar a nacer. Y después están las niñas robadas o secuestradas por bárbaros que las utilizan como bombas humanas sin que les importe nada ni su vida ni absolutamente nada de ellas. De nuevo, la ONU llega tarde cuando de la vida de las mujeres y las niñas se trata. De nuevo, sin apenas llegar a los diez años, sigue habiendo mucha gente que desconoce la conmemoración de este Día Internacional y eso impide poder llevar a cabo campañas de sensibi-

lización para la protección de los derechos específicos de las niñas y del reconocimiento de los problemas específicos a los que se enfrentan. En el Estado Español desconozco los datos, pero creo que no existen políticas específicas para las niñas y, aparte del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, no he encontrado ningún organismo público que se ocupe de las niñas específicamente. Aunque en este Ministerio, con tanta diversidad y tantas gaitas, no me extraña nada y tampoco me extrañaría nada que, de nombrar a alguna persona responsable, lo fuera de “les niñes”, engullendo de ese modo los derechos específicos de las niñas por ser niñas. Así y de paso, las borraban del todo del mapa de reivindicaciones feministas que es lo que andan buscando. En fin…Y luego se atreven a llamarse “Ministerio de feministas” …vivir para ver. Como hemos visto, este Día Internacional de la Niña sigue siendo poco conocido y, por tanto, su reivindicación dentro de las políticas transversales de la infancia en su conjunto tiene muy poco peso específico y, por eso, su impacto en la vida de las niñas sigue siendo deficitario a todas luces.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

El millonario rescate médico a García Moreno

a controversia silenciosa en torno a la privilegiada atención otorgada al aún secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, tras ser contagiado de Covid-19, y la millonaria cirugía (única en su tipo dentro del país) realizada para salvarle la vida se ha convertido en un tema que ha deambulado entre las especulaciones y los señalamientos por supuestos privilegios de poder. ¿Pero por qué algo que pareciera de fondo un asunto privado y personal se ha convertido en un tema de interés público? Tal vez la respuesta tenga que ver con la vieja desconfianza ciudadana sobre el origen de los recursos, la corrupción, el tráfico de influencias y, por qué no decirlo, la dolorosa sensación de desigualdad respecto a la atención médica, recrudecida aún más en tiempos de pandemia. Y es que, siendo honestos, las dudas y suspicacias en torno al caso resultan inevitables. El 15 de junio el funcionario chiapaneco anunció mediante sus redes sociales que había dado positivo a la prueba de Covid-19. 10 días después, el 25 del mismo mes, diversos medios de comunicación informaron que la salud del secretario de Protección Salud se había complicado. Para principios de julio el parte médico reportaba su estado como crítico, tras los graves daños provocados por la neumonía y la fibrosis pulmonar. Aunque no se precisó el nosocomio en donde estuvo hospitalizado en Chiapas, fuentes extraoficiales aseguraron que García Moreno fue atendido en el famoso “bunker” habilitado dentro del hospital del ISSTECH, desde donde fue trasladado al hospital privado de Alta Especialidad Christus Muguerza, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo a la entrevista hecha por la periodista Ana Jiménez, de Meganoticias Chiapas, al abogado Antonio Juárez Navarro, quién hoy lleva la defensa del doctor Gerardo Grajales Yuca y documenta las evidencias de corrupción dentro de la institución durante la crisis epidémica, justo durante el mes de julio se documentó un pago de 365 mil 750 pesos (por concepto de ambulancia aérea para un paciente no derechohabiente) emanado de cuenta privada del propio director general Alberto Cundapí Nuñez. Según las declaraciones del abogado, las pruebas de dicho pago extraordinario se encuentran ya entregadas como parte de las evidencias dentro de la carpeta de investigación que hoy se sigue por los presuntos casos de corrupción dentro del ISSTECH. Y es que, aunque no se ha podido comprobar que el costoso servicio de transportación aérea haya sido para García Moreno, las fechas resultan extrañamente coincidentes. Lo que sucedió después permaneció en absoluta discreción hasta que el propio hospital privado, considerado de los más costosos del país y América Latina, hizo público el histórico acontecimiento. Luis Manuel García Moreno se había convertido el 31 de agosto en el primer mexicano y la séptima persona a nivel mundial en obtener con éxito un doble trasplante de pulmón tras los efectos devastadores del Covid-19. De acuerdo al parte médico hecho por el doctor Manuel Wong Jaén, coordinador corporativo quirúrgico del programa de trasplante pulmonar de Christus Muguerza y responsable de la cirugía, el funcionario chiapaneco estuvo conectado 50 días a un costoso soporte de vida extracorpóreo

denominado ECMO (oxigenación con membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés), considerado de última tecnología a nivel mundial. Todo dependía de encontrar un donante de ambos pulmones compatible. Sin precisar detalles sobre el procedimiento para el ingreso de García Moreno a la lista de espera para la donación de órganos, la inusual “fortuna” llegó solamente mes y medio después. Finalmente, la cirugía en la que participaron 21 especialistas se llevó a cabo para luego ser anunciada como una hazaña de la medicina en México. Aunque el hospital en Nuevo León trató de guardar la identidad del privilegiado paciente, pronto su nombre terminó filtrándose hasta tierras chiapanecas y las especulaciones no tardaron de propagarse y confirmarse aquí. Y es que, tan sólo la cirugía tiene un costo aproximado de un millón 300 mil pesos, sin contar hospitalización, renta de equipo de oxigenación y rehabilitación postoperatoria, cuyos datos hasta el momento son de carácter confidencial. Lo que se sucede en torno al caso genera y generará inevitable controversia y suspicacias por sus propias circunstancias. Se trata pues de un personaje que ha sido funcionario público al menos durante los últimos 10 años, a quien no se le conoce actividad empresarial, que se ha convertido en protagonista de uno de los procedimientos médicos más avanzados y costosos de los últimos años en México, con un trasplante que sólo necesitó esperar siete semanas, en un país donde (según el Centro Nacional de Trasplantes) 20 personas mueren cada día a la espera de la donación de un órgano… así las cosas.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ANÁLISIS A FONDO: LOS GEMELOS DE BRETTON WOODS Francisco Gómez Maza

• El coronavirus los trae de cabeza • Reuniones anuales ahora virtuales

legó el tiempo de las reuniones anuales de ministros de hacienda y banqueros centrales de los países socios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), los gemelos de Bretton Woods, que interpretan el llamado consenso de Washington y que han impuesto las reglas más severas para el supuesto desenvolvimiento de las economías de sus países miembros, siempre anteponiendo el interés de las minorías que detentan los grandes medios de producción y particularmente los codiciosos usureros del sistema financiero (bancario). En esta ocasión, empezaron a reunirse los miembros del G20 (Grupo de los 20) entre los cuales está México. El pretexto del encuentro virtual (ahora no habrá turismo financiero en la idílica ciudad de Washington) es el coronavirus. Buena excusa, particularmente para abultar la cartera de los grandes consorcios farmacéuticos que se hincharán de billetes con las vacunas para aplacar al SARS-Cov-2, el virus que, dicen los que saben de virología, vino para quedarse entre los mortales, quienes deberán, a fuerza, aprender a convivir con él. Las dos instituciones estarán consultando a los participantes acerca del comportamiento de la economía mundial y las economías nacionales, después de la pandemia, situación sumamente difícil para las economías de los llamados países en desarrollo (o subdesarrollados) El FMI y el BM son instituciones partes del sistema de las Naciones Unidas y comparten un idéntico ob-

jetivo, a saber, “mejorar el nivel de vida de los países miembros” (¿?). Las formas en que encaran la consecución de este objetivo se complementan entre sí: El FMI se ocupa de asuntos macroeconómicos (o sea que es como el Santo Oficio del catolicismo medieval: dicta, en un recetario, las políticas económicas, generalmente draconianas, que van contra el salario, contradictoriamente, pues el salario es el elemento que aviva al mercado, que deben aplicar los gobiernos si es que pretenden que la institución los apoye para resolver sus problemas estructurales, apoyo siempre dirigido a resolver más bien los problemas de la macro explotación de los poderosos bancos internacionales, que ven comprometidos sus activos en préstamos que sus acreedores (países miembros del Fondo), en un momento de crisis, no pueden ni siquiera servir) El Banco Mundial, herencia del Banco de Reconstrucción y Fomento, creado al final de la Segunda Guerra, para financiar precisamente la reconstrucción de los países afectados por los bombardeos, se concentra en “el desarrollo económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza.” Bueno. Es una declaración de principios. La conflagración bélica terminó hace 75 años y la pobreza en el mundo no sólo ha sido reducida, sino que se ha acrecentado como un interminable “plantío” de hongos en un estercolero abandonado. Siempre con la bandera de una hipócrita solidaridad detrás de la cual está el negocio, las dos institu-

ciones de la ONU dan la impresión de ser generosas, bajo la real batuta de las más poderosas economías del mundo, encabezadas por Estados Unidos. En verdad, es imposible creer el presunto espíritu colaboracionista y solidario de ambas instituciones, regidas por los principios del capitalismo salvaje y apenas abandonando el neoliberalismo, porque ya lo anatematizaron sus fundadores de Manchester y de Chicago, principalmente, debido a que no le funcionó al gran capital global. En los momentos en que se iniciaron las reuniones, ahora a través de la web para evitar contagios (tradicionalmente los ministros y banqueros se reúnen, dos veces al año, en la ciudad de Washington, D. C., en las márgenes del Potomac), el Banco Mundial aprobó una partida de 12,000 millones de dólares para “ayudar” a países desarrollados a comprar y distribuir vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos contra el coronavirus, con el objetivo de respaldar la vacunación de hasta 1,000 millones de personas. La partida forma parte de un paquete más amplio del Grupo Banco Mundial de hasta 160, 000 millones de dólares para ayudar a 111 países en desarrollo a combatir la pandemia del coronavirus, según indicó el banco en un comunicado el martes por la noche. La reunión virtual fue inaugurada este miércoles y deberá de concluir el viernes. Participan, por México, el titular de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León Carrillo.

CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 15 de Octubre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 1996

RESOLUCIÓN

CONFLICTO

Violencia en Cementera Cruz Azul de Oaxaca deja 18 heridos

Inhabilitan y multan al alcalde de Pantelhó, Chiapas, por violencia política

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ACUSACIÓN

Padres de niños con cáncer denuncian a AMLO por robo de medicamentos oncológicos PAG. 3

SESIÓN

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COMUNICADO

Hallan 2,187 vestigios históricos en obras del Tren Maya

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Aprueba IEPC los Lineamientos en materia de Paridad de Género para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria, los Lineamientos en Materia de Paridad de Género, para la postulación, registro y asignación de candidaturas, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

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Salinas Pliego se contagia de covid-19; “nos tiene que dar a todos”, dice