CMAN
DOXA
EDITORIAL
El nuevo rostro de Chiapas
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Con las ciudades cubiertas de luto por los fallecimientos ocasionados por el virus Covid 19 y la amenaza de la mayor crisis económica que pone en riesgo la soberanía alimentaria, Chiapas representa hoy día el rostro de pobreza
El tráfico de infantes permanecía invisibilizado en Chiapas. Sin embargo hoy existe una fuerte presión en contra de la fiscalía. Que ha sido omisa y desatendió la denuncia del robo de un niño indígena. El escándalo es nacional y de nuevo Chiapas es sometida al escrutinio.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1941
RECURSOS
DENUNCIA
Organizaciones interponen amparos contra el acuerdo de militarización en seguridad En un comunicado, las organizaciones explicaron que amparos que fueron presentados por vía electrónica, “fueron desechados bajo argumentos formalistas (…) contrarios al espíritu de la justicia digital y no aplicables para el contexto que atraviesa el país”, lo que atenta con el acceso a la justicia
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ELECCIONES
Diputados designan a los cuatro nuevos consejeros del INE para periodo 2020-2029
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Acusan maestros de Chiapas violencia laboral de la SEP PAG. 9
Gobierno Federal se contradice, entregan despensas caducas
Maestros de Chiapas acusaron violencia laboral, por parte de la Secretaría de Educación Pública local (SEP), por el incumplimiento del pago de sus salarios
SIGNOS
Salvador Ruíz Zambrano
ÍNDICE...
PAG. 15
Ruperto Portela Alvarado
EL DIVÁN
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Sergio Stahl
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
DECLARACIÓN
Niegan Abejas Acteal pactar con Estado
HOY ESCRIBEN
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INTIMIDADES DE UN PROCESO DE SELECCIÓN Y UNA CRIATURA IMPERTINENTE E INMADURA Sara Lovera
PAG. 12
FRENAR EN TIEMPOS DE COVID-19 Marta Lamas
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UNA MUERTE LENTA Fabrizio Mejía Madrid PAG. 3
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL El nuevo rostro de Chiapas
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on las ciudades cubiertas de luto por los fallecimientos ocasionados por el virus Covid 19 y la amenaza de la mayor crisis económica que pone en riesgo la soberanía alimentaria, Chiapas representa hoy día el rostro de pobreza, inseguridad y de ingobernabilidad que es lo que ya no se quiere vivir. La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no significa un manida unidad chiapaneca, pues se debe respetar la pluralidad política y rechazar todo tipo de manifestación de sumisión y/o de entreguismo como recurrentemente lo han hecho un grupo de personas en los distintos gobiernos de la entidad. Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y de seguir con la misma política de indiferencia, se está asegurando un período 18 años de malos gobiernos, en el que prevalece
la violencia y la inseguridad acompañada por la crisis sanitaria, que por el mal manejo de ocultar información y publicitar datos falsos se prevé que este problema permanezca hasta el próximo año. Desafortunada y lamentablemente la administración de Rutilio Escandón es de anuncios mediáticos, ya sea a través de boletines o de videos sin que se atiendan y resuelvan los problemas que padece la sociedad. En el que Chiapas está siendo condenada a no tener futuro, sino solo un pasado trágico que se reproduce una y otra vez. El mundo ficción que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas se han acrecentado, a punto tal que la violencia, la inseguridad y la violación a derechos humanos, son parte de la normalidad con la que las personas se acostumbraron a vivir, lo interiorizaron y se encuentran conformes con ese destino. Sin embargo hay un malestar en la población que no se puede pasar por alto, es la creciente falta de generación
de empleos, problema que se agudizó con el cierre de miles de negocios ocasionado por la pandemia, en la que el gobierno no quiere emprender con un programa de estímulos para fomentar las actividades agropecuarias y el crecimiento económico. La ausencia de gobierno es la consecuencia de la inexistencia de programas de gobierno, en el que no se están tomando las medidas preventivas para enfrentar la crisis económica que se avecina, que va a incrementar considerablemente los índices de pobreza en la entidad y que va a provocar una reducción de la producción agrícola, que sigue siendo la principal actividad económica del Estado. En innumerables ocasiones se ha señalado la urgencia de contar con un programa emergente de recuperación económica y un nuevo pacto político, en donde se diseñe y se privilegie los nuevos rumbos de Chiapas y no los intereses electorales que prevalecen en los funcionarios de esta administración, que se olvidaron de gobernar, pero que tienen ya como único propósito ganar las próximas elecciones, cuando ya demostraron que no saben qué hacer con el gobierno.
DIRECTOR GENERAL
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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a Fiscalía General del estado (FGE) ofreció 300 mil pesos de recompensa a quien proporcione información que ayude a localizar y detener a Ofelia “N”, “implicada directamente” en el rapto del niño de dos años Dylan Esaú Gómez Pérez, el pasado 30 de junio. Al dar a conocer los avances de la investigación sobre el rapto, ocurrido en un mercado público al sur de San Cristóbal de Las Casas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca ofreció la recompensa a quien proporcione información relevante y útil para la localización de la persona del sexo femenino que participó de manera directa en el hecho y para dar con el paradero de la víctima. El funcionario estatal dijo que, como parte de las diligencias de investigación de inteligencia y campo, un grupo multidisciplinario de la FGE, coordinado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Antisecuestro, llevó a cabo un levantamiento de cámaras de videovigilancia de diferentes establecimientos, logrando establecer que Ofelia “N” participó en la desaparición de la víctima, en compañía de dos menores de edad. Además de la recompensa por la presunta responsable, originaria del municipio de Ixtapa, ofreció otra, también de 300 mil pesos, a quien proporcione información tendiente al hallazgo de Dylan Esaú Gómez Pérez. El fiscal general afirmó que ese órgano de procuración de justicia trabaja las 24 horas desahogando todas las diligencias necesarias para encontrar al menor y llevar ante la justicia al o los responsables. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, que ha demostrado su gran participación para mantener la
A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)
La Mesa Directiva de la Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se deslindó del Acuerdo de Solución Amistosa que se firmara entre representantes del Estado mexicano y víctimas de la Masacre de Acteal. A través de una carta, los integrantes de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal: Simón Pedro Pérez López, Hilario Jiménez Pérez, Francisco López Sántiz y el representante de los sobrevivientes y familiares de víctimas, Elías Gómez Pérez, indicaron que el grupo de sobrevivientes que está negociando con el gobierno, ya no son miembros de Las Abejas de Acteal, “situación que la hemos aclarado varias veces”. “Bajo ninguna circunstancia estamos aceptando una solución amistosa con el Estado mexicano, en el Caso de la Masacre de Acteal, sino, lo que hemos demandado es el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel
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Fiscalía de Chiapas ofrece 300 mil pesos de recompensa por presunta implicada en el rapto del niño Dylan
seguridad en Chiapas, a ayudar a encontrar sano y salvo al menor, resaltando que habrá secrecía en la identidad de la persona que proporcione datos e información que contribuyan a localización de la víctima y de Ofelia “N”, para lo cual puso a disposición los números telefónicos 9617082002 y 911. Por otra parte, el organismo no gubernamental Melel Xojobal A.C., adherido a la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Redias), se refirió a la detención de tres mujeres indígenas, el pasado lunes 20, acusadas de explotar laboralmente a 23 menores rescatados en San Cristóbal de las Casas. Ese día, en el marco de las investigaciones y operativos para encontrar al niño Dylan, la FGE dio a conocer que desmanteló una red de trata de menores que operaba en esa ciudad. Melel Xojobal A.C manifestó que, ante la grave situación de desaparición, les preocupa las conclusiones anticipadas sobre el caso y el señalamiento de las tres mujeres como
únicas responsables. También la falta de información sobre la existencia de reportes de desaparición o secuestro de alguno de los 23 niñas, niños y adolescentes encontrados, la posible relación de parentesco con las mujeres detenidas, la probable participación de más personas, las comunidades de origen de las niñas y niños, y la forma en que llegaron ahí, por citar algunos vacíos. Por tanto, les parece que el anuncio hecho por la Fiscalía de una presunta red de trata es imprecisa y se requiere mayor información para confirmar que efectivamente se cuenta con todos los elementos para configurar ese delito. Señaló que la amplia difusión mediática de este caso se da en medio de cuestionamientos a la FGE por la falta de resultados en el proceso de investigación sobre la desaparición del niño Dylan y en torno a una creciente opinión pública en Chiapas y en particular en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que busca es-
tigmatizar y criminalizar a las niñas, niños y adolescentes trabajadores y a sus familias por poner en riesgo a sus hijas e hijos mientras trabajan. En ese sentido, hizo un llamado a las instancias de impartición de justicia a realizar una investigación profunda e imparcial de este caso para deslindar responsabilidades y dar con los responsables directos, así como buscar y localizar a las familias de las niñas, niños y adolescentes resguardados. A la Fiscalía General del estado le demandó atender con celeridad todos los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. En tanto, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, como presidente del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) estatal, le pidió integrar los derechos de la niñez como agenda prioritaria de su gobierno, impulsando políticas públicas y presupuesto para su garantía, y acciones específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la niñez. Y, sobre todo, a los medios de comunicación, las autoridades de todos los niveles y a la sociedad en su conjunto les demandó respetar y promover el interés superior de la niñez evitando la revictimización de las niñas, niños y adolescentes resguardados y la estigmatización de las infancias que trabajan o acompañan a sus familias.
Niegan Abejas Acteal pactar con Estado Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal)”, puntualizaron. En cuanto a la firma del acuerdo a realizarse el 3 de septiembre, manifestaron que tanto el acuerdo amistoso y el reconocimiento del Estado mexicano por los hechos que dieron lugar a la muerte de 45 indígenas tzotziles en Acteal hace 23 años, no son invitados la mayoría de las personas agravadas. “¿Cómo le va a hacer en su “acto de reconocimiento por los hechos a la muerte de 45 indígenas tzotziles”, cuando este grupo de sobrevivientes que va a firmar la solución amistosa, no representa en su totalidad de las 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos?”, cuestionaron. A lo anterior, plantearon que para un evento de tal envergadura se tendrá contar con la presencia del Ejército Mexicano, para asumir su responsabilidad en la creación, en-
trenamiento, dotación de armas a los paramilitares del uso exclusivo del Ejército mexicano y del diseño del Plan de Campaña Chiapas 94. Sin embargo, alertaron que la firma de solución amistosa entre el Estado mexicano y el grupo “Concejo Pacifista o Concejo de Las Abejas”, generará más división entre los sobrevivientes como pasó en los gobiernos priistas y panistas. Reflexionaron que el acto de reconocimiento de responsabilidad del
Estado mexicano en la Masacre de Acteal, no es más que, dar atole con el dedo al caso y evadir la entrega del Informe de Fondo al Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre Acteal). A esto, reiteraron que mantendrán la exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición desde la Casa de la Memoria y esperanza, “no nos cansamos de denunciar la Impunidad en la masacre de Acteal”.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Gobierno Federal se contradice, entregan despensas caducas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Comunicado Antorcha Campesina
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a señora Rosa MaríaPérezGómez del barrio San Diego de la ciudad de San Cristóbal de las Casas (#SCLC), denunció que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se contradice, pues en campaña dijo que primero los pobres, pero que a la gente no le están llegando los apoyos, y lo poco que ha llegado no se pueden consumir porque están caducos, como le sucedió a cientos de familias en ese municipio chiapaneco gobernado por Morena. «Andrés Manuel de que le sirvió criticar que con el PRI por el voto daban frijol con gorgojo, si él o la presidente (Morenista de SCLC) están mandando las masecas caducadas, mi mamá vive en la colonia 5 de marzo en donde llegaron a dar despensas pero fueron productos que no se pudieron consumir» denunció. Relatando que su madre, como también, una señora de la 3era. Edad que ella conoce, recibieron varios productos que no se pueden consumir por el estado en el que llegaron, por lo que pidió al presidente de México que vea el mensaje que
En semanas pasadas adjudicaron contratos por decenas de millones de pesos a empresas que subcontratan los trabajos relacionados al aeropuerto, empresas quienes al paso que van y al calendario que tienen no cumplirán por segundo año consecutivo la entrega de los trabajos
ella envía, para que entreguen cosas que puedan consumirse y sirvan para ayudar en la nutrición de los niños «nosotros no tendremos empleo y somos gente humilde pero necesitamos un trato digno y algo digno, no se olvide que pidió nuestro voto y dijo que confiáramos en usted» señala
Rosa Pérez. Finalmente aludió a la frase «me canso ganso» que el presidente cotidianamente utiliza en sus discursos, para pedirle que se entreguen los apoyos a la gente pobre como prometió y si en algunos casos los están entregando se los den con volun-
tad y corazón, pues justificó que en SCLC, existen muchas madres solteras que no tienen dinero, además que los adultos necesitan también ayuda, y no se los pueden dar como hijos, porque hay dificultades, no hay empleo y los gastos en servicios son mayores.
Acusan maestros de Chiapas violencia laboral de la SEP Oficina de prensa del Movimiento Antorchista Chiapas Tuxtla Gutiérrez, (antorchacampesina)
Maestros de Chiapas acusaron violencia laboral, por parte de la Secretaría de Educación Pública local (SEP), por el incumplimiento del pago de sus salarios, negativa a la formalización de un contrato y, además, el bloqueo de las claves de acceso a los sistemas de registro de sus actividades académicas. Responsabilizaron a la titular de la dependencia, Rosa Domínguez Ochoa, por las acciones que representan violencia en los centros de trabajo y violaciones a los derechos de los trabajadores. Representados por Procoro Villar Paulino, líder magisterial, aseguraron que, desde el inicio del ciclo escolar 2019-2020, la secretaría no ha querido pagar el salario de más de 50 maestros de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria. 1 El argumento del impago es que los docentes no tienen un contrato; sin embargo, es la misma dependen-
cia, por órdenes de la titular, la que se niega a formalizar la contratación de los docentes, a pesar de que mantienen sus actividades en sus centros de trabajo. Después de que las autoridades decretaron la suspensión de clases presenciales, por la pandemia de covid-19, los profesores han atendido a los alumnos, en cumplimiento al programa educativo, a través de plataformas virtuales. “Es importante pagarles a los maestros, ya que también tienen familia a quien deben sostener, son maestros que han laborado entre 5 y 7 años en su centro de trabajo y no es justo que se violenten sus derechos laborales negándoles la contratación y los pagos correspondientes” declaró Villar Paulino. Además, dijo que, la SEP intenta reprimirlos, toda vez, que la oficina administrativa cambia las contraseñas de la plataforma SAECH, con la finalidad de impedir, a los maestros, los procesos de registro y avances académicos de los alumnos. 1 El representante magisterial, en
nombre de los docentes agraviados, demandó atención inmediata de Domínguez Ochoa, para que solucione el impago y la violencia laboral. “Ante la pandemia, es más que indispensable el uso de la plataforma para regularizar a nuestros alumnos, para generar las boletas de calificaciones y los certificados de estudios, por lo que hacemos responsable a las máximas autoridades de la SEP en Chiapas de los atra-
sos que puedan tener más de 1000 alumnos”, asentó. Finalmente indicó que los maestros de Antorcha Magisterial, respaldados por padres de familia y la comunidad estudiantil, en días pasados solicitaron por escrito, Gobierno del estado, el pago de salarios del ciclo escolar 2019-2020, contratación y continuidad laboral de los maestros; y denunciaron el intento de violar el derecho a la educación.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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os servidores públicos que se nieguen a acatar órdenes de protección de emergencia y preventivas por violencia contra las mujeres serán castigados hasta con 10 años de cárcel. Así lo establece la reforma al Código Penal que aprobó la 64 Legislatura local, al considerar como delito por abuso de autoridad la omisión de funcionarios para ejercer órdenes de protección a mujeres violentadas. Con la reforma al artículo 209 del Código Penal de Oaxaca, las sanciones por este delito podrán ser de tres y hasta 10 años de prisión y de cien hasta 400 días de multa, además de la destitución del cargo e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. De igual manera, se considera que, en caso de que el riesgo o peligro del que la autoridad tuvo conocimiento llegase a materializarse en algún delito, se tendrá dicha acción como dolosa.
Toluca, Edomex (apro)
Alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades institucionales, al no someter a consulta estudiantil la permanencia o eliminación de los murales elaborados durante más de cuatro meses de paro, en protesta por el acoso y hostigamiento al interior de la institución. Los estudiantes recordaron que, con la entrega de las instalaciones, el pasado lunes 6, acordaron con las autoridades universitarias someter a consulta del alumnado el futuro de las pintas, pero sin que el ejercicio se llevara a cabo, ayer emitieron un comunicado para anunciar su retiro, lo que desde su punto de vista deja en claro que no hay garantías para que se respete el resto de los acuerdos incluidos en el compromiso de no represalias a los paristas. El comunicado justifica que la normatividad universitaria obliga a retirar las imágenes “que aludan a luchas populares o a algún tipo de ideología política”, además de que algunas obras, al estar suscritas, tienen derechos de autor que no fueron cedidos a la UAEMex. Si las autoridades universitarias son congruentes, expusieron los estudiantes, también deben retirar la escultura del expresidente Adolfo López Mateos situada en lo alto del cerro de Ciudad Universitaria (CU), que “es un posicionamiento ideológico-político por todo lo que representa”, así como las placas situadas en todos los edificios de
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Omisión para ejercer órdenes de protección a mujeres violentadas se castigará con 10 años de cárcel
También se reformó el artículo 27 Bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, para que el Ministerio Público otorgue obligatoriamente
Exparistas de la UAEMex denuncian incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades universitarias Veneranda Mendoza
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la institución, suscritas por políticos, “a manera de autoría”, para inaugurar la construcción de la sede académica con recursos públicos, lo que debiera entenderse como un deber propio de su encargo y no como una concesión. “Es absurdo que quieran censurar murales artísticos que señalan injusticias sociales y pretenden sensibilizar a la comunidad mediante imágenes icónicas que representan el reclamo justo ante la grave falta de valores e intolerancia a la diversidad… Exigir justicia y respeto por mujeres asesinadas o violentadas, demandar mejor calidad de la educación y la localización de desaparecidos, no es posicionamiento del pensamiento ideológico-político, como lo quieren hacer ver, sino un deber ético”, indicaron, en alusión a la temática de las nueve pintas. El arte ejecutado como medio de reclamo y denuncia o de recordatorio histórico dentro de un espacio de enseñanza pública, destacaron, adquiere un valor simbólico que apela a una educación libre de estereotipos. “Evidentemente los murales a los que hace referencia esta carta incomodan a las personas que, no conformes con atacar de forma mediática a la comunidad universitaria organizada, pretenden censurar expresiones legítimas que buscan dignificar la vida de personas violentadas dentro y fuera de la universidad”, señalaron. Finalmente, consideraron que los “pseudo argumentos” utilizados para sostener la decisión evidencian incongruencia irracional y falta de empatía por parte del abogado general de la institución, Raúl Ortiz, y del director de la Facultad de Humanidades, Fernando Díaz Ortega.
las órdenes de protección de emergencia y preventivas, y la víctima acuda a solicitarla aun sin que exista un proceso jurisdiccional previo. Estas modificaciones propues-
tas por la diputada de Morena Elisa Zepeda Lagunas endurecen la pena cuando se trate de acciones u omisiones, tomando en cuenta que se pone en riesgo la integridad y la vida de las mujeres víctimas de violencia de género. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, en su capítulo V, establece la efectividad de órdenes de protección dirigidas a garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres. El incumplimiento de dicho mandato legal puede derivar en daños de difícil o imposible reparación, incluyendo la muerte, es decir, la negación del más básico derecho humano a la vida.
Congreso de Puebla prohíbe propaganda electoral en la vía pública Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)
El Congreso de Puebla aprobó hoy una reforma electoral presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta con la cual quedará limitada la colocación de propaganda electoral en la vía pública durante los comicios locales del próximo año cuando se elegirán alcaldes y diputados. La reforma aprobada corresponde dos fracciones del Artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep) en la que se establece que la propaganda con el nombre, logo o imagen de un candidato o partido político no podrá colocarse en el transporte público, taxis, bardas, anuncios espectaculares, libros, revistas, periódicos, lonas o pendones. Las reformas aprobadas por la mayoría de diputados que conforma la coalición de la 4T, señalan que no podrá colgarse, fijarse o pintarse propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano incluyendo si en éste se encuentran mamparas, bastidores o cualquier accesorio; así como en equipamiento carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. De igual forma se prohíben anuncios que contengan portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios y cualquier otro elemento con la imagen, nombre, símbolos, siglas o elemento que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o político. Las modificaciones legislativas aprobadas este día indican que igual no podrá fijarse, ni pintarse, en espectaculares o usar pantallas electrónicas, ni colgarse en algún elemento adherido a ellos, incluyendo portadas de revis-
tas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios y cualquier otro elemento de propaganda sobre partido o candidato. De igual forma queda prohibido colgar, fijar, pintar o adherir cualquier propaganda electoral de partidos político y candidatos en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y todo vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, el servicio mercantil, los servicios auxiliares y el servicio ejecutivo, así como terminales, sitios, bases u oficinas. La diputada Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que este cambio legislativo promoverá la “creatividad” y apostará por una nueva forma de hacer campaña, dándose a conocer por otro medio que no sean los espectaculares. Los legisladores que apoyaron la iniciativa del ejecutivo hablaron de la importancia de regular la publicidad política toda vez que mucha de ésta causa contaminación y genera gastos millonarios en campañas, además aseguraron que permitirá “piso parejo” entre los candidatos. Sin embargo, los diputados José Juan Espinosa Torres, Armando García Avendaño, Carlos Alberto Morales Álvarez, Uruviel González Vieyra, Mónica Rodríguez Della Vecchia, así como Oswaldo Jiménez López, criticaron la propuesta del mandatario. Por separado, opinaron que esta iniciativa viola el principio de igualdad, no da equidad y pondrá en desventaja a los nuevos perfiles. Las diputadas García Olmedo, del PRI, y Rodríguez Della Vecchia, del PAN, advirtieron que mientras que la propaganda electoral es ahora considerada contaminación visual en Puebla, no ocurre lo mismo con la publicidad gubernamental.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Renuncian integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca Citlalli López Velázquez Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias)
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as integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez, renunciaron al cargo honorario que desempeñaban. “Fue muy difícil tomar la decisión porque tenemos una carga social importante, sin embargo no hemos sido escuchadas, nos han faltado al respeto como parte de un colectivo que debería ser tomado en cuenta, tenemos derecho de voz y por lo tanto el derecho de ser escuchadas, no sólo como ciudadanas sino como parte del consejo como marca en el reglamento”, señaló la integrante de la organización “Luna del Sur” y consejera honorífica, Erika Lili Díaz Cruz. Hasta esta mañana integraban el consejo Zoila Ríos Coca, de la organización “Clínica de Atención Psicológica y Terapias Alternativas”, la investigadora del CIIESAS, Margarita Dalton Palomo; Ximena Avellaneda, del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), Maira Morales Aldas de la organización Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) Oaxaca, Erika Lili Díaz Cruz de Luna del Sur, Vilma Kat Ulloa defensora lesbofe-
Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
A poco más de un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que proponía a una mujer de los pueblos originarios para dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mujeres indígenas solicitaron una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer el estado del proceso de designación. Ante la dilación y el silencio institucional, este 20 de julio el Frente Plural Mujeres Indígenas por la Titularidad del Conapred, integrado por redes que propusieron perfiles de 10 mujeres, entregaron un oficio a la Segob para demandar conocer los mecanismos para este proceso y los pasos a seguir. Tras la renuncia de Mónica Maccise Duayhe como presidenta de esta órgano, el 16 de junio Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa: “yo propondría una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Entonces, me
La renuncia de las consejeras deriva de la destitución de la ex directora del Instituto Municipal, Jaquelina Escamilla, por parte del presidente municipal Oswaldo García Jarquín, luego de que fallas técnicas impidieran la realización de un foro “provida”
minista, Evlin Aragón de Mujeres Lila, Yamille Gómez Hernández titular de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Rosario Sánchez Pacheco de Capta y Paulina
Ríos Olivera Directora del portal de noticias Página 3. La renuncia de las consejeras deriva de la destitución de la ex directora del Instituto Municipal, Jaquelina Escamilla, por parte del presidente
municipal Oswaldo García Jarquín, luego de que fallas técnicas impidieran la realización de un foro “provida”. Tras lo anterior, Jaquelina Escamilla denunció una serie de presiones y violencia por haber transmitido un foro virtual sobre maternidades libres y seguras, y el derecho a decidir. “Cualquier destitución de una mujer que vaya acompañada de violencia, representa un acto de arbitrariedad que nos muestra que los Derechos Humanos de las mujeres se vulneran por quienes tienen el poder de trastocarlos de manera impune. Con esto se presagia el derrumbamiento de las acciones que con tanto trabajo se fueron planeando, interrumpiendo los servicios, peor aún con la situación de la pandemia por COVID19, alterando servicios y funciones necesarios para salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres en situación de violencia”, indicaron las consejeras en la renuncia enviada al edil capitalino.
Solicitan reunión con Segob para conocer proceso para candidaturas de Conapred gustaría que ese cargo estuviera representado por una mujer indígena”. Como una forma de tomar la palabra al mandatario y dar seguimiento al trabajo de este organismo, el 21 de junio un grupo de 10 redes de mujeres indígenas crearon una alianza para proponer perfiles emanados de los consensos entre ellas y arropar a quien fuera designada para ocupar el cargo. Sin embargo, a la par, la Asamblea Consultiva del Conapred hizo otra lista de candidatas que propondría al Presidente. En estos días el Frente ha solicitado que se considere a las mujeres que han trabajado con las comunidades y que tienen conocimientos sobre Derechos Humanos, discriminación e igualdad de género. En la lista del Frente están Martha Sánchez Néstor, Zenaida Pérez Gutiérrez, Amaranta Gómez Regalado, Fátima Leonor Gamboa Estrella, Nelly Antonia Juárez Audelo, Arcelia García Santiago, María Sánchez Ál-
varez, Rubios Celia Huerta Norberto, Marcelina Bautista y Ismerai Betanzos Ordaz. La solicitud de información también fue dirigida a la presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred, Mariclaire Acosta Urquidi; a la presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos y a la presidenta de
la Comisión de Género, Wendy Briceño Zuloaga. Asimismo, a la presidenta de al Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Leonor Noyola Cervantes y a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena. Las mujeres siguen en espera de información y de que el Conapred no pase más tiempo sin titular.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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l entramado de leyes que semejan un “Frankenstein”, la operación de “chipotes” institucionales y la falta de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sin alcanzar verdad y justicia para miles de familiares de desaparecidos, fueron algunas de las consideraciones expuestas durante el foro virtual “México y sus 73 mil 224 desaparecidos”, organizado por el Colegio de México. El foro, que se llevó a cabo dentro del Seminario de Violencia y Paz, dirigido por el investigador Sergio Aguayo, contó con la participación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, el académico de la Universidad Iberoamericana Jacobo Dayán y la historiadora Alicia de los Ríos, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del mismo nombre, detenida y desaparecida en marzo de 1978. Durante el evento, la comisionada resaltó el esfuerzo en la construcción del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), presentado la semana pasada y que ya había sido consultado por cerca de 14 mil personas. Karla Quintana reconoció que el RNPDNO es “una herramienta en construcción” que es perfectible y depende del suministro de información que le faciliten las fiscalías de los estados, por lo que sugirió discutir sobre las competencias de las entidades federativas y sus responsabilidades en el registro. Al puntualizar que como encargada del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es responsable de resguardar los datos personales de más de 178 mil personas consideradas en el RNPDNO, Quintana reconoció que “la desaparición forzada no cesa con este periodo histórico de la llamada guerra sucia; al margen de lo que digan las fiscalías, sabemos que continúan las desapariciones forzadas”. Para la funcionaria, “la deuda del Estado mexicano en temas de desaparición y el gran reto es cómo hacer funcionar el engranaje de manera
De la redacción Ciudad de México (apro)
En México 2 mil 842 mujeres embarazadas o en puerperio han dado positivo a covid-19 y 83 de ellas han fallecido. Así lo informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, durante la conferencia de prensa de este miércoles para actualizar el estado de la pandemia en el país. El 88% de los casos fueron detectados durante el embarazo y 12% durante el puerperio. De acuerdo con el mapa presentado por Alomía, 19% de muertes maternas han sido por covid-19 y es la primera causa de muerte materna. El dato fue dado a conocer previo a la presentación de la doctora Karla
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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En temas de desaparición, las leyes son un “Frankenstein”: Karla Quintana, titular de la CNB
conjunta (…) y vincularlo con lo que tenemos, con las leyes que, hay que decirlo, son un Frankenstein”. La comisionada destacó que persisten las inconsistencias entre la Ley General de Víctimas, La Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, así como los artículos constitucionales primero y 21, además del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que “cada quien escoge la interpretación que considera la correcta o la conveniente”. Se debe discutir “la fragmentación” del sistema judicial para la atención de víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, así como dar seguimiento a “mega causas”, igual que ocurre en países como Guatemala, Chile o Argentina, porque las desapariciones “se siguen investigando como casos individuales, cuando sabemos que la gran mayoría son casos contextuales”. Tras destacar que las leyes de desaparición y de víctimas deben ser revisadas y discutir sobre el derecho humano a ser buscado, Quintana puntualizó: “No se puede disociar la búsqueda con la investigación, con el derecho de acceso a la justicia, tenemos que dar esa discusión académica, pero práctica, porque lo que quieren las familias es saber dónde están las personas, que demos resultados como Estado mexicano”.
Según la funcionaria, más allá de “la falta de información y sistematización de las fiscalías, se puede pensar en el ocultamiento de información”; no se tiene claridad de “a quiénes considera la ley como personas desaparecidas”. Añadió: “No sólo es la desaparición forzada y la desaparición por particulares, sino un universo mayor, y el protocolo de investigación de la Fiscalía General de la República sólo está dirigido para las fiscalías de desaparición forzada o particulares, que no es ni el 20% de los desaparecidos en el país; si no contextualizamos, difícilmente se va a dar respuesta”. En su oportunidad, Jacobo Dayán consideró que en la contabilidad de las personas desaparecidas no sólo deben considerarse los más de 73 mil incluidos en el RNPDNO, sino también las personas que fueron localizadas con vida y los muertos, lo que implicaría elevar la cifra a más de 80 mil, toda vez que “quienes fueron localizados pudieron haber sido víctimas de desaparición”. El académico consideró que en el país hay “dos chipotes”: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la CNB, pero “no hay claridad quién atiende realmente a las víctimas”. Consideró que, ante las falencias de las instituciones formales, la manera en que debe darse respuesta a los fami-
liares de las víctimas de desaparición es a través de mecanismos extraordinarios, como lo sería una comisión de la verdad. “Lo que hemos decidido en México es no entrar al problema de fondo”, de ahí que los “dos chipotes”, encargados de atender a víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos, “sufren relacionándose con las instancias ordinarias, cuando tendrían que estar trabajando de la mano de ellas”. Alicia de los Ríos cuestionó que la desaparición de personas sea presentada en el RNPDNO en dos periodos, antes de 2006 y después de ese año, “sin considerar los contextos, el motivo de las desapariciones, desconociendo el contexto de las violencias en los casos”. Pese a que en el discurso para presentar el instrumento el gobierno federal ha insistido en el trato “digno” a las víctimas y a sus familiares, se continúa sin atender a quienes participan en plantones, “se sigue respondiendo a un trato diferenciado, que ha causado fracturas al interior de los colectivos”, abundó. De los Ríos resaltó que persiste “una descoordinación” institucional y la ausencia de “un plan integral encaminado a crear una política de esclarecimiento, justicia y no repetición”. La historiadora e integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) consideró, como parte de las deficiencias del sistema de búsqueda, no distinguir que hay familiares que buscan a sus parientes en fosas y otros que no, porque saben que desaparecieron en instalaciones gubernamentales, como el Campo Militar Número Uno, donde fueron vistas por última vez muchas personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”.
Ssa registra 2 mil 842 embarazadas o en puerperio que dieron positivo a covid-19; han fallecido 83 Berdichevsky, directora general Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien dio a conocer que se actualizó el Lineamiento para la Prevención y Mitigación de Covid-19 en la Atención de Embarazo, Parto, Puerperio y de la Persona Recién Nacida. En su exposición, Berdichevsky destacó que los casos de muertes maternas por covid-19 deben ser analizadas y requieren dictaminación por los comités hospitalarios. Planteó que las mujeres deben acudir de manera oportuna a los servicios de atención. Dijo que no debe haber
rechazo hospitalario en caso de que se desconozca donde se ofrecen estos servicios. Asimismo señaló que es urgente
fortalecer los servicios estatales de atención a la salud materna y perinatal para garantizar su continuidad y calidad.
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Diputados designan a los cuatro nuevos consejeros del INE para periodo 2020-2029 Alejandro Caballero Ciudad de México (apro)
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os cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron aprobados por mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Los elegidos son Norma Irene Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Martín Faz Zamora y Uuc-kib Espadas Ancona. Los nuevos consejeros, que cumplirán un periodo que inicia el próximo 27 de julio y concluirá el 26 de julio de 2029, fueron electos con 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 sufragios en contra. Los coordinadores parlamentarios de Morena, Mario Delgado Carrillo; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez Cisneros; de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla; del PES, Jorge Arturo Argüelles; del PVEM, Arturo Escobar; y del PRD, Verónica Juárez, coincidieron en señalar que los consejeros electos no responden a ningún partido ni a “cuotas ni cuates” y que esperan que operen sólo a favor de México y no de algún interés partidista. Sólo el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró su descalificación al Comité Técnico de Evaluación que consideró “fue parcial”, y aclaró que se sumaban al voto a favor de los nuevos consejeros para evitar que el proceso terminara en la Supre-
Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
Ante la reacción indignada de la industria refresquera –encabezada por el gigante FEMSA-- contra los señalamientos que hizo el subsecretario Hugo López-Gatell sobre los daños que provoca la Coca-Cola en el país, la Alianza por la Salud Alimentaria recalcó que cada año el consumo de bebidas azucaradas provoca cerca de 40 mil muertes. En un boletín, el colectivo de organizaciones señaló que los ataques contra el funcionario federal “deben ser denunciados como un atentado al derecho de los consumidores a la información, al negar (Coca-Cola) los daños de sus bebidas”, y recalcó que los productos de la empresa refresquera concentran el 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas. El alto consumo de refrescos, su-
Los nuevos consejeros, que cumplirán un periodo que inicia el próximo 27 de julio y concluirá el 26 de julio de 2029, fueron electos con 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 sufragios en contra iniciaron este martes y concluyeron hoy a media tarde, cuatro horas después de las 16:00 horas, tiempo fijado para el arranque de la sesión del segundo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. La votación concluyó pasadas las 19:30 horas. La elección de los consejeros era el único tema agendado en este segundo periodo extraordinario. Los nuevos consejeros serán recibidos en el INE para la toma de protesta.
Los perfiles ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los nuevos integrantes del INE serían determinados por insaculación. Antes de que iniciara la sesión, los siete coordinadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que adelantaron que votarían a favor de los cuatro consejeros propuestos por Mario Delgado, en su calidad de presidente de la Jucopo. El diputado morenista ya había consensado al interior de su grupo parlamentario dicha lista. En su intervención en el salón de plenos de San Lázaro, Mario Delgado dijo que se cumplió con el compromiso de no actuar como en el pasado “porque no somos iguales, porque no
llegamos para convertirnos en lo que prometimos combatir”. “Los hoy electos no le pertenecen a nadie y no le deben el favor a ninguna fuerza política”, remachó. El panista Romero Hicks dijo que votarían a favor “de la esperanza de un México mejor”, y que reconocía en los consejeros que serían electos “honestidad, capacidad profesional, independencia y carácter”. René Juárez Cisneros dijo que había ganado la política y que “ninguno de los consejeros electos pertenece a partido político alguno y confió en que cumplirán con la palabra empeñada de actuar con imparcialidad y a favor de la democracia. Las negociaciones en la Jucopo
Norma Irene Cruz Magaña es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y con experiencia como observadora y asesora electoral en diversos países Carla Humphery Jordan es licenciada en Derecho por el ITAM. Del 2006 al 2013 fue consejera electoral en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Martín Faz Zamora es licenciado en Filosofía. Fundó el Centro Potosino de Derechos humanos y fungió como consejero electoral en San Luis Potosí del 2014 al 2020. Finalmente, Uuc-kib Espadas Ancona fue fundador del PRD y diputado federal por Campeche de 2000 a 2003.
Consumo de bebidas azucaradas provoca cerca de 40 mil muertes cada año: Alianza por la Salud Alimentaria brayó, juega un papel central en la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que azotan al país, y estas enfermedades agudizan las complicaciones derivadas de la pandemia de covid-19, que ya provocó más de 40 mil 400 muertes a la fecha. Citando estudios científicos, la Alianza por la Salud Alimentaria recordó que tomar 500 mililitros de refresco al día, tan solo durante dos semanas, aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular; también recalcó que consumir una lata o más de refresco al día aumenta en 26% el riesgo de padecer diabetes tipo 2, y dispara hasta 60% el riesgo de que los niños sufran obesidad. Los ataques contra López-Gatell --a través de comunicados de la Aso-
ciación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y de columnas en medios de comunicación-- crecen en medio del arranque de la implementación del
nuevo etiquetado frontal, que obligará a las empresas productoras de comida chatarra y de refrescos a advertir que sus productos contienen excess de azúcares, sal, grasas o calorías.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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rganizaciones de la sociedad civil interpusieron recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación contra el acuerdo emitido el 11 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en labores de seguridad pública hasta 2024. Por considerar que el acuerdo presidencial viola la Constitución, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Equis Justicia para las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e Intersecta (INTR), interpusieron amparos que buscan revertir la decisión del gobierno federal de continuar con la militarización de la seguridad pública que desde hace 14 años ha mantenido al Ejército y a la Marina en las calles, cometiendo múltiples violaciones a derechos humanos. “El Acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos”, argumentaron las organizaciones en los amparos interpuestos. Tras advertir que los requisitos arriba señalados “buscan limitar la arbitrariedad, violencia y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, las organizaciones recordaron que la presencia castrense al frene de la seguridad pública ha derivado en “detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados”, es decir, que la militarización “no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado”. Las organizaciones firmantes, que forman parte del colectivo #SeguridadSinGuerra, insistieron que la medida tomada por el gobierno de López Obrador, que continúa con la estrategia del ex presidente Felipe Calderón, es “un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos”. En un comunicado, las organizaciones explicaron que amparos que fueron presentados por vía electrónica, “fueron desechados bajo argumentos formalistas (…) contrarios al espíritu de la justicia digital y no aplicables para el contexto que atraviesa el país”, lo que atenta con el acceso a la justicia. Las organizaciones conminaron al Poder Judicial “a que interprete como ‘caso urgente’ la militarización de la seguridad pública y la aplicación de criterios no restrictivos de derechos al momento de recibir y tramitar las demandas de amparo que se hacen
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Organizaciones interponen amparos contra el acuerdo de militarización en seguridad “El Acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos”, argumentaron las organizaciones en los amparos interpuestos
de su conocimiento de manera física”. En el amparo interpuesto por la CMDPDH, se solicitó al Poder Judicial que ordene al presidente, emitir un nuevo acuerdo que considere “los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”; un informe previo enviado al Senado que exponga la pertinencia de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; el plan detallado de retorno de las fuerzas castrenses a los cuarteles terminado el periodo señalado por el Acuerdo, así como “la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional, incluyendo su estructura, capacidades e implantación territorial”. Para la CMDPDH es indispensable tener esas consideraciones en un nuevo acuerdo ante “las alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña”, siendo que de 2007 a 2014 alrededor de 3 mil 900 civiles murieron a manos de militares, pero sólo existen 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso, de 2006 a 2019. En el recurso interpuesto por la FJEDD se expuso la preocupación por la inexistencia de “una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar y corregir” las acciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y en control migratorio que se les otorgó tras el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México.
control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes en la protección de la línea fronteriza”. Al recordar que en los casos de masacres de migrantes, quienes primero llegaron a la escena de los hechos fueron miembros de las Fuerzas Armadas, quienes “no llevaron a cabo un trabajo adecuado de recuperación de evidencia y en la preservación del lugar”, la FJEDD consideró que “no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio, ya que son facultades que no les corresponden”. En el amparo interpuesto por MUCD se resaltó que el Acuerdo viola la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, así como el artículo 21 de la Constitución, que establece el carácter civil de la seguridad pública, por lo que se contrapone con “la construcción de una estrategia de seguridad ciudadana (...) que priorice la prevención, atención y sanción de delitos en el marco de respeto a los derechos humanos”. Al señalar que el amparo contra el acuerdo se suma a los que MUCD presentó en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la organización explicó que el objetivo de los recursos judiciales es “reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles -policías, ministerios públicos y fiscalías- y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que proteja a la ciudadanía”.
Militarización
Las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres e Intersecta, argumentaron en su recurso interpuesto ante el Poder Judicial, que la militarización “se ha traducido en una
La FJEDD resaltó que por el acuerdo con Estados Unidos, el gobierno de López Obrador “ordenó la militarización de las tareas de vigilancia,
Violencia contra las mujeres
reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres”, como lo afirmaron 97 mil mujeres que “fueron violentadas por soldados y marinos”, con agresiones que “incluyen desde piropos hasta agresiones físicas, como patadas o golpes”, seguimiento y vigilancia de mujeres, de acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), publicada en 2016, Aunado a ello, Equis y INTR advirtieron que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) reveló que “el 10,2% de las mujeres detenidas por policías sufrieron una violación, mientras que las mujeres arrestadas por el Ejército el 20.9% sufrió una violación, y cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40.9%”. Agregaron que desde que se declaró la “guerra contra las drogas”, se incrementó en 500% la tasa de homicidios de mujeres, cometidos en el espacio público y con armas de fuego, entre 2017 y 2018, como lo confirman los Registros de Defunciones por Homicidio del INEGI, incremento que “no solo se debe al crimen organizado, sino a la estrategia de militarización de la seguridad pública”. Las cinco organizaciones que firmaron el pronunciamiento, destacaron que la estrategia militarista “ha provocado que las y los defensores de derechos humanos sean una de las poblaciones vulnerables más afectadas”, toda vez que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad “provoca un efecto amedrentador” que inhibe el ejercicio de los derechos a la defensa de derechos humanos, a la asociación, a la protesta y al acceso a la información. “A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de voces que discrepan de sus acciones, razón por la cual existen afectaciones graves en perjuicio de las organizaciones” dedicadas a la defensa de los derechos humanos, explicaron. Concluyeron que han impugnado el Acuerdo presidencial bajo “una perspectiva no militarizada, civil y pacifista del Estado y su tarea de garantizar la seguridad de la población”.
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UNA MUERTE LENTA Fabrizio Mejía Madrid
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La única enfermedad que el capitalismo reconoce es no poder trabajar”. Esta frase del antropólogo y geógrafo David Harvey resuena en lo más íntimo de la pandemia nuestra. Vivimos la muerte lenta de la obesidad, la diabetes y la hipertensión, de pronto, acelerada por el virus. Y, aún así, millones fueron obligados a seguir trabajando o, según la definición, a transportar unos cuerpos obligados que sólo están sanos para la economía. El virus redefine lo que entendemos por afecto, trabajo, política y salud, de tal forma que su deslizamiento pausado por el mundo implicaría que nos volvamos a preguntar si vivimos una “buena vida”. Ya Michel Foucault había hecho la distinción entre lo epidémico y lo endémico al asociar éste último con factores permanentes que fortalecen o debilitan a una población, y que dependen de la gobernabilidad tanto del Estado como de las personas. Pero creo que el dardo más acertado sobre la mundialización del sobrepeso es el que Lauren Berlant dispara en su ensayo Cruel Optimism (2011): “La obesidad ha sido vista como una enfermedad vergonzosa, de los débiles de carácter, una crisis de voluntad que disuelve al sujeto soberano del liberalismo”. En efecto, pareciera que debajo de nuestra obesidad nacional, más que una voluntad endeble que cede todos los días a ingerir azúcares, grasas, harinas procesadas, no hay un evento melodramático del propósito no cumplido del Año Nuevo, sino –como dice Berlant– un ambiente, es decir, condiciones que tienden a repetirse y cuyas catástrofes estamos dispuestos a ignorar. Hasta que el ambiente se transforma en un evento. Como la pandemia nuestra. En las mediaciones de lo que entendemos en un momento por salud, siempre hay juegos de soberanías: la del individuo que consume, la de las empresas que producen comida que no alimenta, la del gobierno que regula o no. Llamarla “condición crónica” o “epidemia” tiene un trasfondo, respectivamente, para las aseguradoras o para el Estado. En la primera es algo meramente administrable y, en la otra, objetivo de una campaña de lucha por la información pública –los etiquetados o la publicidad engañosa, por ejemplo–, y contra la adicción al contenido exacto de azúcar y grasa que tiene una dona glaseada. Si comer es compulsión, ya no es un acto de la voluntad de consumir; se pierde el sujeto soberano. Pero Berlant va un poco más
allá: son los pobres los que, por comer mal, viven menos tiempo. En el caso de México, hasta 15 años por debajo de Europa. La fantasía de la longevidad que justifica los años de explotación de un trabajador, no se cumple en más de la mitad de una población que aporta dinero para su propia jubilación. Sucedió por confundir “el buen vivir” con el consumo que, en una población que no tiene dinero, espacio ni tiempo para comer, toma lo que está a la mano, es rápido, y se sirve en segundos. La gordura generalizada coincide con la precariedad laboral que no necesita cuerpos apretados en fábricas y oficinas, sino trabajos desde casa, armados de teléfonos y computadoras, con intermitencia, por semanas que casi nunca son años. Si el cuerpo de los trabajadores es una extensión de la máquina, en el nuevo orden tecnológico, sólo se mueven los dedos. Si de algo, su cuerpo es una prolongación de la máquina dispensadora o del horno de microondas de la oficina. El sobrepeso no estorba en un espacio frente a la pantalla, y la insatisfacción del precarismo laboral se desquita con cucharadas cada tres minutos de una sopa instantánea. El capitalismo 2.0 es adicción sólo si es ilegal. No es dependencia formarse para ser el primero en tener un Iphone o necesitar el acelere de las galletas del mediodía. Son necesidades manufacturadas. Los enfermos “crónicos”, es decir, los que durarán así mucho tiempo y, por lo tanto, sólo pueden administrarse, son los daños colaterales del capitalismo que ya no consume sino que desecha. Ante un Estado que adelgaza, la parte pobre de las ciudades engorda y se toma como segregada por “el alto costo en salud”. Ambos, Estado y ciudadanos pobres, perdieron
soberanía. Cuando antes –en los murales de Rivera y Orozco–, los gordos eran el cura y el burgués, ahora los obesos, los del sobrepeso, serán retratados en México como morenos, pobres, saturados de muerte –“mórbidos”–, sedentarios por gusto, controlados por sus apetitos. Los gordos: el niño de escuela pública, la señora de tubos, el policía. Los “expertos” hablan de “patrones alimenticios” como si se tratara simplemente de hábitos y no, como es, de ingresos bajos y casi total falta de tiempo para cocinar en casa o hacer ejercicio físico. ¿Dónde quedó entonces el “buen vivir”? Relaciones familiares y amorosas precarizadas por los dobles turnos, la violencia intrafamiliar y el abandono; dobles y triples empleos informales y fugaces; dejar la casa para inmigrar a lo desconocido, todo, conduce al “optimismo cruel” del título de Berlant, es decir, a los objetos de deseo en pos de los cuales morimos lentamente. En el caso de la salud, la pregunta es quién y cómo se define: ¿costo para los seguros, condición médica, disponibilidad para trabajar, o longevidad? Escribe la filósofa: “La forma en que el desgaste físico y emocional del trabajador se articula con la muerte lenta, se puede ver en la apatía y otras relaciones políticamente deprimidas de alienación, frialdad, desapego o distracción, especialmente en poblaciones subordinadas, que pueden leerse como formas afectivas de compromiso con el entorno de muerte lenta, tanto como la violencia de las mujeres maltratadas ha tenido que ser leída como una especie de destrucción hacia la supervivencia. Pero lo que estoy ofreciendo aquí también es ligeramente diferente. En esta escena del comer grasa y azúcar baratas, la actividad hacia la reproduc-
ción de la vida no es idéntica a mejorarla o mejorar en sí misma, ni una respuesta mimética a las condiciones estructurales de un fracaso colectivo para prosperar, ni sólo unas minivacaciones de ser responsable: dicha actividad también se dirige a hacer una experiencia menos mala, un alivio fugaz”. El problema es, entonces, de todo el modelo de “buena vida” que resulta inaccesible para la mayoría, salvo como muerte lenta. Volvamos ahora al buen Foucault. La idea de “vida” como la usamos hoy, tiene apenas unos tres siglos. El filósofo nos previene sobre cualquier esencialismo: el concepto biológico, usado para gobernar, con frecuencia ha justificado atrocidades. De la naturaleza no se puede extraer una ética. El último intento fallido fue “el gen egoísta”, que encubrió la manera “natural” como se quiso imponernos la competencia criminal y la supervivencia del más ruin. Eso sucede cuando los poderes y los saberes se montan en verdades y hechos. Por ello, la protección de la vida sin duda debe tomarse con sigilo, porque podría encubrir atrocidades como la eugenesia, la prohibición del aborto o incluso la defensa de un “modo de vida”, como dicen los supremacistas estadunidenses. En el caso de la economía liberal, el que no pudiera conocerse del todo, salvo su capacidad de autoarreglarse –casi como los designios de Dios–, trajo consigo una ruptura en la confianza de la soberanía de los representantes para intervenirla, limitarla, regularla. Entonces, el discurso de poder, montándose en la vulnerabilidad de todos ante la enfermedad, la pérdida, la muerte, invirtió los ejes de la ecuación y propuso aprender a vivir en la contingencia, en la precariedad, y olvidar para siempre lo que nos hacía infelices, es decir, la búsqueda de la felicidad. Cuando hay un conflicto entre lo que queremos y podemos, proponen eliminar uno de sus componentes. Una vida amorosa estable, un trabajo satisfactorio, una vejez acompañada, un tiempo para no hacer nada, fueron puestos en la escala de la ilusión, de lo inalcanzable, poco realista y, aún irrisorio. Pero, henos aquí, en medio de la pandemia, añorando, otra vez, neciamente, la vida plena que no sea la de una muerte lenta. No la “resiliencia” de adaptarse a la crisis venidera, sino la rebelión para que no vuelva a suceder. No la circulación del virus –inevitable– sino el reflejo terrible de lo inhumano que nos devolvió.
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FRENAR EN TIEMPOS DE COVID-19 Marta Lamas
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ace unos días la feminista argentina Alejandra Ciriza publicó un texto conmovedor: “Cuidar, cocinar, limpiar. Transitar hacia la muerte en tiempos de covid-19”. El texto es tan bueno, que más que escribir un artículo propio quiero ir glosando el suyo. Ella alude a la muerte de su madre, de 90 años (“su vida empezó a consumir la mía”), y a su experiencia de la maternidad y el cuidado de sus hijos, y va entretejiendo sentimientos con análisis político acerca del cuidado, el cuerpo y la muerte. Esta profesora de filosofía recuerda que “hay en el cuidar seres humanos y en la reproducción de la vida una densidad difícil de percibir para quienes viven en una sociedad dominada por la lógica mercantil del capitalismo. “Como bien supo verlo Rosa Luxemburgo, el capitalismo avanza sobre la base de la canibalización de otras formas de organización de las relaciones sociales a las que devora e incorpora subalternizándolas, utilizando a las personas como mano de obra gratuita merced a la racialización y la sexualización, utilizando sus producciones como materias primas de novedosas mercancías para expandir el mercado”. Ciriza habla de la estrecha relación entre capitalismo y colonialismo, su articulación profunda con el patriarcado y la manera en que “la lógica de la ganancia se apropia de diversas formas del trabajo gratuito”, como el de cuidado, que genera formas de control sobre las vidas de las mujeres. Pero se centra en la forma en que la virtualidad que ha instalado la pandemia expulsa a los cuerpos de la materialidad de la vida, y acaba con lo que somos: el lazo con otros y otras. “El virus operó de muchas maneras. Confinándonos y aislándonos, hiperindividualizándonos, si cabe, pero también como un revelador de las brutales
desigualdades sociales, de lo escasamente comunes que son nuestras vidas.” Ciriza cuestiona: “los medios repiten discursos de ‘sentido común’, el menos común de los sentidos, suponiendo que hay una ‘casa’ donde refugiarse de la intemperie y permanecer a salvo del contagio o a salvo del hambre porque hay un salario, o a salvo de las enfermedades porque hay un sistema de salud que responde, o a salvo de la distancia porque hay conexión de internet y dispositivos electrónicos. “La vida, para las clases medias acomodadas, y ni decir para lxs ricxs, se llenó de zoom, jitsi, whatsapp, mientras en las barriadas, para los sectores populares urbanos, se llenó de ollas y falta de agua, hacinamiento e intemperie, desocupación y, en el mejor de los casos, magros subsidios estatales”. Ciriza desmenuza la lógica del capital, a la que califica de “imperiosa y suicida”, y critica el tremendo giro a lo virtual, indispensable para instalar una “nueva normalidad”, pero que también expolia a lxs trabajadorxs. El acceso a ese mundo virtual está ya afectando de muchas maneras los vínculos que nos ligan con otras personas y nuestra propia forma de percibir al mundo. Ella señala que hay que precisar la mirada y ver quiénes pueden verdaderamente hacer teletrabajo, además de que con el trabajo desde casa se estiran “las jornadas de trabajo hasta límites insostenibles”, y se corre el riego de que la no presencia conlleve pérdidas de derechos. Ella nos recuerda que “la maquinaria infernal del capitalismo no puede parar, y mientras la vida humana es frágil, vulnerable, marcada por la carnalidad del cuerpo y sus necesidades, y se consume (la mía y la de mi madre, que terminó en estos días), la inercia de la maquinaria demanda tiempo y trabajo, productividad y aceleración. No importa qué sea lo que te suceda. La maquinaria ciega
continúa generando inercias”. Ciriza se lamenta: “Imposible pausar. No hay espacio para la muerte, para el cuerpo, para el duelo”. El reclamo dolido de Ciriza ante la imposibilidad de hacer una pausa es, como ella misma dice, “hondamente personal a la vez que profundamente político”. Algunxs de nosotrxs ya hemos vivido, además del dolor de haber perdido a un amigo, la tremenda frustración de no poder despedirlo, acompañar a sus deudos, abrazarnos y llorar juntxs. Entre las muchas cosas agradecibles del texto de Ciriza es la forma en que pone en evidencia la necesidad de abrir un espacio para pensar lo que está pasando con “la corporalidad y la mortalidad”. Ciriza nos alienta a pensar acerca de esta imposibilidad de hacer una pausa, y previene: “si no indagamos en ella, si no nos preguntamos por los límites de este sistema bajo el cual se desencadena la pandemia y se nos incita a imaginar lo nuevo, lo que advenga lo hará bajo el sello de la productividad desenfrenada que impone la lógica capitalista.” Ciriza termina su texto planteando que “la clave se halla, a mi entender, en un freno de mano que nos permita detenernos a pensar el sentido de la productividad, que nos habilite a poner en cuestión el brutal expolio de la naturaleza en/ de la cual vivimos, que desnaturalice el carácter individual de las posibles soluciones, que desprivatice el cuidado y la reproducción de la vida, que nos instigue a dudar de los beneficios de la virtualidad, puesto que nos está privando de la materialidad gozosa y trágica de la vida y de la muerte”. Ojalá tengan la oportunidad de leer el texto completo. Es mucho más rico que este resumen. Este texto forma parte del número 2281 de la edición impresa de Proceso, publicado el 19 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
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INTIMIDADES DE UN PROCESO DE SELECCIÓN Y UNA CRIATURA IMPERTINENTE E INMADURA
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l nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), fue una obra de la ciudadanía mexicana que un día dijo: “basta del control electoral del partido de Estado”. No fue una cosa sencilla enfrentar inercias, cacicazgos y prácticas electorales viciadas. El INE no es una institución autónoma más, es la institución encargada de regular el voto y asegurar que este sea respetado, sin intervención de los distintos poderes. Por ello, repercute en nuestra vida democrática; esta, la que vivimos a fuerza de tesón y esperanza. La misma batalla que damos para conseguir la ciudadanía plena para las mujeres. Nada de ello ha sido sencillo. Yo, entre las personas que hemos atestiguado muchos momentos de la historia del México reciente, mirado importantes cambios, el afán por conseguir un país de prácticas y procesos que nos lleven a la democracia, pensamos que la función del INE es fundamental, que la renovación de su consejo no puede convertirse en un ariete político, ni en el viejo instrumento para mantener en el poder a un solo partido político ni a una clase ni a un solo sexo. La selección de cuatro personas para ocupar los lugares vacantes en el INE, de un total de 11 que forman el Consejo General, tiene trascendencia, y resultó una tarea fascinante. No sólo por su sentido y responsabilidad intrínseca, sino por lo que significan las elecciones de 2021 y el papel de organizarlas: habrá 15 nuevas gubernaturas, elección de quienes integran la Cámara de Diputados y de congresos locales, los ayuntamientos y sus planillas. Serán más de 3 mil puestos en todo México.
Para estar en contexto: ¿Un nuevo INE?
Un momento clave para la paridad entre mujeres y hombres y un ascenso de la participación ciudadana. No es poca cosa. Por lo que, para mí, fue un reto participar en la selección de candidaturas y un compromiso con el avance de las mujeres; mi único compromiso político. La tarde en que se instaló el Comité Técnico Evaluador (CTE) para la selección de las candidaturas a ocupar las cuatro sillas vacías en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dije en público que mi designación había sido una sorpresa, no calculada, y me ostenté como lo que soy: periodista feminista independiente. Casi cinco meses después, al cierre de los trabajos del Comité y con cuatro quintetas para la elección de consejeros y consejeras en la Cámara
Sara Lovera de Diputados, me sentí satisfecha de haber participado y atestiguado de un proceso aleccionador que, entre otras cosas, me enseñó a conducirme con templanza, característica poco común en mi historia y que me dejó un cúmulo de conocimientos. A la sorpresa inicial de mi designación –hecha a bote pronto y debido a razones que aún desconozco–, la tarde del 16 de julio, un personaje, único en el Comité, con una clara militancia partidaria, hizo un voto particular contra los acuerdos consensados. En su discurso, intentó desprestigiar a las y los integrantes del Comité evaluador y a un número impreciso de aspirantes, señalando que fueron grises, burócratas y cómplices de procesos electorales fraudulentos. El abogado John Ackerman miente. Es un individuo sin ética y, aparentemente, un mal representante de una corriente política. Fue primero impuesto en el Comité, tras una votación que lo dejó fuera en la designación que hizo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la cual eligió a las doctoras Blanca Heredia Rubio y Silvia Giorguli Saucedo y al doctor Diego Valadés Ríos. Ackerman fue propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), supongo que por consigna. Los doctores José Roldán Xopa y Ana Laura Magaloni Kerpel fueron propuestas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Cámara tuvo que hacer un acuerdo para incluirlo, a pesar de no ser mexicano por nacimiento. Hoy no puede hablar de exclusión. Desde la instalación del Comité, sus actitudes siempre fueron sospechosas. El primer día de trabajo, el señor llegó con un equipo de cinco asesores, quienes participaron en todos los equipos de trabajo; por lo general, queriendo siempre imponer reglas. La Jucopo había autorizado un presupuesto para la contratación de dos asistentes, y así lo hicimos la mayoría, excepto él. El primer día de trabajo se propuso contar con una coordinación interna en el Comité, pero el señor Ackerman se opuso, porque dijo que las decisiones tenían que tomarse de manera horizontal, como lo mandan los nuevos tiempos, con la finalidad de evitar jerarquías. Sin embargo, él, poco a poco logró privilegios y un liderazgo en el quehacer diario del Comité, como en la escuela, cuando el profesor te hace cargo del gis y el borrador. Era el enlace, en la práctica, con la Cámara. ¿De qué se queja cuando habla de un trabajo sesgado en el Comi-
té y de la existencia de un bloque conservador? No tengo idea. Pero evidentemente su comportamiento es peligroso; hoy queda en claro. Estuvo emboscado y, cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. Durante los trabajos del Comité, no tuvo empacho en convertirse en un censurador. Todo le fue entregado. Pudo ver y revisar todos los expedientes, pudo llegar a los lugares de resguardo de documentos cuando quiso, cambió citas y ritmos de trabajo, a su antojo. Rompiendo la regla interna, escribió, se exhibió, dio de qué hablar, contra toda la discreción que hubo en el Comité. ¿Por qué, si estaba seguro de nuestros sesgos, no nos denunció antes? Una regla en el Comité fue la absoluta discreción, no por opacidad, sino para garantizar una contienda con piso parejo, sin cuotas ni cuates, regla que no cumplió el señor Ackerman. Él y sus ayudantes, como todas y todos los demás, tuvimos la misma oportunidad de examinar desde el primer día los expedientes de más de 390 personas y la forma en que estos serían evaluados. En consenso, acordamos cada paso del proceso, de la estructura y contenido del examen de conocimientos, tiempo y sentido de las entrevistas finales y todo tipo de tareas que este tipo de trabajo demanda. Nuestras y nuestros ayudantes, jóvenes profesionistas, hombres y mujeres, firmaron una carta de confidencialidad para evitar trascendidos. Los expedientes fueron resguardados celosamente. Discutimos y acordamos con libertad absoluta y admitimos, ahora me doy cuenta, una conducta inmadura que rondaba entre nosotros. Con gran elegancia, mis compañeras y compañeros del Comité contemporizaban con este muchacho quien cambiaba acuerdos y horarios, y quien tenía –por momentos– actitudes desafiantes: “¿por qué no empezamos mañana a las siete? El señor presidente se levanta a las cinco”. Nadie contestaba; luego, decidíamos iniciar la jornada a la hora consensada que a cada quien conviniera. Él estuvo en todos los acuerdos; los admitió y firmó. Los siete integrantes del Comité acordamos, como regla infalible, la
obligación de excusarnos de revisar los expedientes cuando tuviéramos algún conflicto de interés. Vale la pena señalar que la revisión se hizo al azar, y dos de nosotros revisaríamos, de manera individual, los mismos expedientes. Ello permitiría que no hubiera la más mínima sospecha de complicidad. Es curioso, John Ackerman revisó el expediente de Diana Talavera Flores, quien quiso incluirla en las quintetas hasta el último momento, sin una lógica racional. Nadie sabe hasta ahora por qué. Él revisó su ensayo y él la calificó. Hoy dice que fue excluida, porque “huele a pueblo”, a pesar de su “alta calificación”. Ojo, según nuestro análisis, el 70 por ciento de quienes forman las quintentas provienen de universidades públicas, solo el 30 por ciento de universidades privadas. Su opinión sobre el interés del Comité por favorecer a personas, por ejemplo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se cae por sí misma. De la selección de conocimientos, de 390 participantes, pasaron a 160, cuando se evalúo cada expediente, cuidadosamente; incluso, checando si existía o no el título que presentaban. En todo estuvo Ackerman de acuerdo. Fue consenso. No hubo votaciones. Es decir, si estaba en desacuerdo, no lo dijo. ¿Podemos decir que eso es ético y profesional? Yo preguntaba, como es parte de mi oficio, e insistí muchas veces en entender antes de estar de acuerdo. Él, en cambio, ojo, ¿preparaba el asalto? Porque nunca se opuso a la diversidad que ahora reclama. Es mentira que propusiera tres quintillas solo de mujeres. Eso fue solicitado en una carta al Comité por el grupo Mujeres en Plural. Las dificultades de la diversidad regional, la diversidad de profesiones, no llevó a las 20 personas, de entre las cuales se elegirán a quienes ocuparán las cuatro vacantes: dos hombres y dos mujeres. Además, estuvo de acuerdo en cómo serían las entrevistas y que se incluirían las preguntas que libremente el público hizo a través de una modalidad de parlamento abierto, a través de internet, opiniones que fueron recogidas cuando se hizo la segunda fase. Opiniones que fueron siempre importantes. Ahí había algunas denuncias de acoso sexual o de mal trabajo de algunos o algunas aspirantes. Un ejercicio transparente de selección que incluyó todos estos aspectos ¿Dónde está el sesgo? Me pregunto. Así, las entrevistas serían cruciales. Es el momento cómo de cara a cara una persona puede trasmitir lo que un frío expediente no logra. Las interrogantes fueron incisivas.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
P
ara evitar en Chiapas un brote epidémico de dengue, zika y chikunguya es que se intensifica la fumigación en todo el territorio estatal. En la temporada de lluvias se incrementa el número de insectos, por las charcas o depósitos de agua que son los criaderos de sus larvas. Su proliferación se convierte en una amenaza para la salud pública. Una amenaza que se combate con las fumigaciones. No hay que olvidar que zancudos y mosquitos transmiten una serie de padecimientos, que podrían complicarse con la pandemia del #COVID19. De ahí el reforzamiento del programa de fumigación en toda la entidad. A la sociedad le toca colaborar con la limpieza en los patios de las casas y en los sitios aledaños a los hogares, para evitar los criaderos de insectos trasmisores de dengue, zika y chikunguya, enfermedades que causan estragos en mucha gen-
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os calificativos utilizados esta semana por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud en México, Hugo López-Gatell, sobre las bebidas embotelladas y la cínica respuesta de las empresas refresqueras ha puesto nuevamente sobre la palestra pública un tema que sigue sin abordarse de manera frontal, con consecuencias alarmantes sobre la salud pública y el medio ambiente en entidades como Chiapas. Aunque calificar a las bebidas procesadas como “venenos embotellados” pareció un exceso respecto a las responsabilidades protocolarias de Gatell como funcionario público, la verdad es que no dijo mentira alguna. Para nadie es un secreto que las bebidas embotelladas, con alto contenido de azúcares, conservadores y demás sustancias químicas, tienen efectos nocivos para la salud a corto, mediano y largo plazo. En síntesis, sí son “venenos embotellados”, regulados para su consumo sin restricciones y generadores de grandes ganancias económicas, cuyo efecto degenerativo es lento e inobjetable. La mayoría de sus consumidores lo sabemos a la perfección. Consumirlo o no es una decisión estrictamente personal, asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias. Pero ello no exime a las empresas de sus respectivas responsabilidades legales en materia social y ambiental. Aunque hoy las empresas refresqueras salgan indignadas a asegurar que los calificativos fueron “estigmatizantes” e “inequitativos”, lo cierto es que durante años han contribuido de manera directa al repunte de enfermeda-
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL DIVÁN Sergio Stahl
* Y contra dengue, zika y chikunguya también *
te año con año. Ahora se ha intensificado la fumigación y se espera la colaboración de cada uno de los chiapanecos en esta lucha por la salud de
todos. En fin. BALCON. Aparte de la fumigación, se está acelerando la entrega de insumos y equipamiento para
EN LA MIRA Héctor Estrada
Empresas refresqueras en México, irresponsables y cínicas
des degenerativas y la explotación excesiva de mantos acuíferos en zonas donde no hay agua potable, pero sí se saquean a manos llenas yacimientos acuíferos para luego vender las bebidas procesadas a poblaciones sumidas en adicciones y pobreza. Hoy las refresqueras saltan indignadas por “calificativos incómodos”, pero han guardado silencio cómplice durante décadas junto a gobiernos que les han permitido enriquecerse, exonerándoles impuestos, a cambio de jugosos sobornos y a costa de las reservas naturales y la salud de miles de mexicanos. Y es que los datos en materia de salud pública y las consecuencias ambientales están a la vista de todas y todos. De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, con base a estudios aplicados a pueblos indígenas de Chiapas
donde el consumo de bebidas embotelladas es el doble que en el resto del país (325 mililitros diarios en promedio), durante las últimas dos décadas el índice de diabetes se ha disparado, convirtiéndose en la tercera causa de muerte, tan sólo por detrás del cáncer y los problemas cardiacos. Cada año la diabetes mata a entre 80 mil y 100 mil personas en México. Y es que, si bien la ingesta de bebidas procesadas no es el único factor involucrado en el desarrollo o complicaciones de dichas enfermedades (renales, hepáticas o cardiacas), sí ha mostrado una estrecha relación entre los elevados niveles de consumo y el incremento en la incidencia de enfermos o complicaciones a la salud provocadas por ello. Y a todo lo anterior hay que sumarle el no menos importante impacto ambiental. Actualmente
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el “Fortalecimiento al Programa Dengue y otras Arbovirosis” en la entidad...Los que se oponen a la fumigación en las comunidades son los mismos que quieren que se les entreguen recursos financieros para ellos, no para sus comunidades, como se estilaba antes cuando campeaba la corrupción...La barbarie política irrumpió ayer en la plaza pública de Tuxtla Gutiérrez, cuando una turba de indígenas golpeó y despojó de sus pertenencias al Secretario del Ayuntamiento de Zinacantan. El episodio de violencia ocurrió ante la mirada impasible de los policías que resguardan al palacio de gobierno, los cuales le cerraron la reja del estacionamiento casi en las narices al funcionario municipal que intentó refugiarse ahí. Y a todo esto, el responsable de la política interna dónde putas andaba que no hizo nada para evitar que ocurriera ese episodio de barbarie política en el mero patio de su cara, digo, de su oficina. Es pregunta, conste...Eso es todo.
la empresa Femsa Coca-Cola tiene bajo su control la explotación del 49.1 por ciento de los pozos de agua dulce bajo regulación de la Conagua. Tan sólo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa ha sido acusada de provocar un grave daño ambiental y perjuicios contra la población debido a la sobreexplotación de importantes yacimientos y la aplicación de técnicas altamente contaminantes como el “francking”. Según estimaciones de especialistas, Coca Cola ha saqueado durante los últimos 25 años alrededor de 10 mil millones de litros de agua de San Cristóbal de las Casas, equivalente a llenar 10 veces el Estadio Azteca, mientras muchos de los poblados circunvecinos carecen del vital líquido para consumo humano. Y lo peor del caso es que hace apenas cuatro años dichas concesiones fueron renovadas por 20 años más. Las empresas refresqueras no pueden negar los efectos a gran escala que provoca su millonaria actividad comercial en México. La preferencia adictiva y responsabilidad de sus consumidores sobre lo que ingieren, o la venia cómplice de las autoridades con la autorización de permisos, no puede ser excusa para deslindarse de toda responsabilidad. La gran industria mexicana de bebidas debe ser obligada a cumplir con su responsabilidad social y ambiental, mediante la aplicación mayores impuestos para su contribución directa al mejoramiento de hospitales o regeneración de áreas naturales, a fin de retribuir -al menos un poco- el cuantioso provecho obtenido de su nociva actividad millonaria… así las cosas.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• LA FARSA DEL SEMÁFORO COVID… • Sin criterio ni regla para imponer color… • Los muertos no cuentan; solo mediático… • Al alza la curva de nuevos contagios… • Gatell, complaciendo al “Jefe Supremo”… EL REPARTO DE CULPAS...
E
l grave problema de la pandemia por el Covid-19 ha despertado muchos comentarios y sospechas de que este gobierno de la 4T no tiene la más mínima idea de lo que es la administración y menos en tiempo de crisis. Los acontecimientos “le encueran” de cuerpo entero y al paso del tiempo de la “emergencia sanitaria”, se hunden más, en sus arenas movedizas. Los errores en el manejo de la pandemia desde la administración morena y las argucias del “Presidente López” por ahorrar dinero en una “austeridad franciscana”, llevó a escatimar equipo sanitario para el personal médico encargado de atender a los contagiados del silencioso, peligroso y funesto virus, como se ha señalado en innumerables manifestaciones en contra del Sistema Nacional de Salud y en especial de la dependencia que representa el frustrado vocero oficioso, HUGO LÓPEZGATELL RAMÍREZ. El gobierno del SEÑOR LÓPEZ le encargó al Subsecretario LÓPEZ-GATELL la atención de la pandemia, pero ambos se avocaron a contar el número de personas contagiadas que han sido 356 mil 255 y los muertos 40 mil 400, al 22 de julio de 2020. En ningún momento se aplicaron a resolver o paliar o cuando menos detener el problema de la pandemia y ahora de la economía, con una estrategia de amplias dimensiones y resultados. La respuesta fue una sonrisa cínica del Presidente y minimizar la situación de riesgo que todavía estamos padeciendo cuando dicen: “ya aplanamos y domamos la curva de contagios”. Las denuncias y manifestaciones del sector médico del ISSSTE, Hospitales Covid-19 y principalmente contra el IMSS, demuestran que no han sido atendidos en sus requerimientos de material y equipo adecuado para sus labores de atención a los miles de contagiados. Todo eso en el marco de una tardía acción de compra de implementos sanitarios a China, de donde han anunciado 25 vuelos con cargamento de salubridad, sin que esto se haya reflejado en
la protección del personal médico. Hoy estamos en una controversia sobre la implementación de los colores del “Semáforo Covid-19” por la urgencia de imponer una “Nueva Normalidad” –que es una farsa-- y reabrir los espacios de la economía que se han deteriorado de manera considerable en los últimos cuatro meses y medio que ha durado la “cuarentena” y los estragos de la pandemia. Tenemos que lamentar más de 40 mil 400 muertos; 356 mil 255 infectados, así como la pérdida de 12 millones de empleos que conllevan a sumar 10 millones de pobres más, a los ya existentes 52 millones de mexicanos en pobreza. No politizar dice “Su Majestad”; pero él todo lo politiza. Desde que se anunció su triunfo presidencial el domingo 1 de julio de 2018, empezó otra campaña electoral con rumbo a perpetuarse en el poder. La pandemia también la politizó y lo dijo de la manera más descarada: “nos cayó como anillo al dedo” y se está aprovechando de la pena y el dolor que sufren miles de familia que han perdido a ser querido. El asunto del “Semáforo Covid-19” es “la última carcajada de la cumbancha”. Es un relajo que nadie entiende el por qué y con qué criterios o reglas se imponen colores y ordenamientos para colorear los Estados entre el rojo, naranja y amarillo cuando los ni-
veles de contagios y fallecimientos van a la alza. Se entiende la urgencia de reactivar la economía, pero no sobre la exposición a la muerte de muchos mexicanos. Por eso los gobernadores de Tabasco, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, entre otros, “ya no aguantan a HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ y sus ínfulas”. LÓPEZ-GATELL no ha actuado de mutuo propio, sino en consecuencia de querer quedar bien con el Presidente que lo limita en sus exposiciones y futureando en la posibilidad de la presidencia desde que se extendió su presencia en los medios de comunicación y se creyó el meme en el que aparece con la banda presidencia. Pero sus peroratas mañaneras y vespertinas solo han servido para demostrar su poca capacidad comunicativa y la experiencia presumida. Al vocero pandémico del Covid-19 le fallaron sus pronósticos desde el principio como sus fechas reiteradas de “aplanamiento de la curva de contagios” que fijó para el 6 de mayo, luego el 15 de junio; después que el 30 de junio, hasta que se dio por vencido de que las cuentas matemáticas no le cuadraban. Calculó en 6 mil los fallecimientos al declinar la pandemia y ya se contabilizan 40 mil 400 los muertos, lo que indica que su experiencia de científico quedó en dudas.
Otra pifia de LÓPEZ-GATELL ha sido su opinión sobre el uso y utilidad del cubre boca que nunca ha usado, como tampoco se lo recomienda al “Mesías” porque, como el mismo “científico-vocero” considera: “la fortaleza del Presidente no es de contagio, sino moral”. Toda esta amalgama de acontecimientos y datos llevan a pensar que la pandemia se politizó y lo que menos hace el responsable del asunto es atender el problema. Lucirse, verse como un prospecto a un cargo público de mayor relevancia (como la titularidad de la Secretaría de Salud) o en un futuro, ser el candidato a la Presidencia de la República, es lo que motiva a GATELL a desempeñarse de esa manera y, complacer al Presidente pareciéndose a él en sus declaraciones falsas y mentirosas afirmando que “la pandemia está domada” y el “aplanamiento de la curva de contagios”. Mentiras sobre mentiras y demasiada confianza en que “esto va a terminar pronto” o como dice el Presidente LÓPEZ parodiando a su paisano CHICO CHÉ: “ya parará, ya parará…”. No hay que olvidar que el “científico epidemiólogo” le da más importancia a posar para una foto con sus fans que atender una denuncia por los estadios de insalubridad en que labora el personal médico de las Clínicas Covid-19 en Chiapas y el país. Su soberbia y egolatría ponen de manifiesto el poco interés que le da a la responsabilidad encomendada por el Presidente y la sumisión irresponsable que le prodiga a su “Jefe Supremo”. Definitivamente, DON ANDRÉS y su “empleado estrella”, LÓPEZ-GATELL, han inventado un cúmulo de expresiones –que no se les entienden-- para tratar de convencer al respetable público de que “están haciendo las cosas bien” y que “vamos bien”. Aunque la realidad dice otra cosa y “yo tengo otros datos”. Pero como expresa el pensador y doctor en economía estadunidense, TOMAS SOWELL: “Es tan fácil estar equivocado y persistir en el error, cuando los costos de estar equivocado los pagan otros”… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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a presidenta municipal sustituta de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, la primera mujer en asumir la alcaldía en toda la historia de la ciudad, ha resultado ser toda una decepción para la ciudadanía, al descubrir que se ha convertido en un títere de los poderosos intereses que representa Jesús Domínguez Castellanos, cabildero del empresario cervecero (Corona), Fernando Rodas Alonso. Una señora que ha aprendido a manejar los hilos del tráfico de influencias para beneficiar los negocios familiares, como los que dirige su cónyuge Tomás Rubiera, constructor favorecido en tiempos de Juan Sabines Guerrero, por el apadrinamiento del ex senador Luis Armando Melgar, para serle entregada la construcción de la multimillonaria obra del parque bicentenario de la “perla del Soconusco”. Como regidora del ayuntamiento presidido por Neftalí del Toro Guzmán, la obtención de importante obra pública municipal para el marido, que nunca tendría problemas para el pago hasta por adelantado, autorizado por la tesorera Alma Rosa Cueto, la que como premio contrataría como contralora municipal. Urbina Castañeda, lograría colarse de nuevo como síndico, en el gobierno municipal, con la administración de Oscar Gurría Penagos, quien para su buena suerte fallecería de un infarto fulminante, la noche del 20 de febrero de 2020, en Tuxtla Gutiérrez, siendo designada dos semanas después alcaldesa sustituta por el Congreso estatal. Después de días de pataleo bajo la mesa, en la que se trató de imponer al regidor por segunda vez, Yumaltik de León Villard, hermano de la oportunista “senadora vaporizante y transformista”, que de la noche a la mañana cambió de chaqueta verde a guinda, la veracruzana Sasil de León Villard, Yumaltik, protegida del traidorcete de Eduardo Ramírez Aguilar, “zanja negra”, actual lamebotas del líder senatorial, el zacatecano Ricardo Monreal Avila. Estoy hablando de la también ambiciosa funcionaria de Manuel Velasco Coello, que con todo el cinismo del mundo lanzó su candidatura para senadora, sin haber comprobado más de 600 millones de pesos que le fueron entregados para programas de “empoderamiento de la mujer chiapaneca”, que todavía siguen en el aire, con la protección del “güerito, que por cierto tiene mucha cola que le pisen al haber saqueado las arcas estatales, para financiar la campaña de 23 días, por el gobierno del estado, del ex alcalde tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor, que mediante la compra masiva de votos, permitiría contar con una cantidad de sufragios, suficientes para que el Partido Verde Ecologista de Mé-
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
SIGNOS Salvador Ruíz Zambrano
Rosy Urbina, una alcaldesa ambiciosa y traidora
xico, no perdiera su registro en la pasada elección de 2028. Se impondría sobre ellos el poder de Jesús Domínguez Castellanos, quien a petición de la abogada Rosy Urbina Castañeda, abogaría por ella con su compadre el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien no pondría pero alguno a la recomendación de quien por muchos años ha mantenido la encomienda de su jefe Fernando Rodas Alonso, la encomienda de convertir a todos los municipios de la Costa, desde Suchiate hasta Pijijiapan, en verdaderas cantinas donde ha imperado la venta monopólica de los productos de la corporación cervecera Modelo. Es tal el poder que ha tenido Jesús Domínguez Castellanos, como gerente de los negocios de su jefecito Rodas Alonso, que sigue dándose el lujo de mantener bajo control todos los permisos municipales de “alcoholes”, para la apertura de restaurantes-bar, antros para jóvenes, “teibols”, cantinas y botaneros, con la autorización de los ediles como ocurre con su protegida de Tapachula, que le autorizó la reanudación de estos negocios, entre ellos el más importante “El Mitote”, antes de que la Secretaría de Salud diera la orden, violentando la ley correspondiente. Mire usted, que fue tanta la demostración de la influencia de Jesús Domínguez Castellanos, sobre su querido compadre, para que acudiera a Tapachula, a darle el espaldarazo a Rosy Urbina, que en trasladaría los tres poderes del estado al palacio municipal para celebrar el 6 de marzo el día de los jueces, para dar fin a los golpes bajos que Yumaltik de León y su títere Isidro Ovando, daban a la abogada.
Todo en paz, pero como la perversidad no descansa, los tentáculos de Manuel Velasco Coello y de Eduardo Ramírez Aguilar, conocido como “jaguar negro” en los círculos comitecos, se empezaron a mover rápidamente para imponer en su gabinete municipal a algunas de sus gentes y estar pendientes de los movimientos de Urbina Castañeda, utilizando a uno de sus mercenarios-cabilderos, para ofrecerle todos los apoyos desde el Senado a su ayuntamiento. Suficiente habilidad para despertar la tentación de la alcaldesa, a quien ya han ofrecido apoyar directamente en 2021, con Andrés Manuel López Obrador, su postulación como candidata de Morena, a la diputación federal por Tapachula y de ahí en 2024 al Senado. La arrecha dupla enrachada de este par de bribones, que como todos los oportunistas ha empezado a sabotear con fines futuristas trasnochados al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, pretenden apoderarse a la malagueña, de la sucesión estatal de 2024. Lleno de la más grande soberbia, el “güero” está dispuesto y lo está haciendo desde muchas trincheras, a imponer al deshonesto, como él mismo, a “zanja negra” como el próximo gobernador de Chiapas, caiga quien caiga y al precio que sea, pues dinero es lo que más le sobra, producto de la rapiña de muchos años del robo a las arcas estatales, del Congreso, del PVEM y del municipalidad de Comitán, donde por cierto los ciudadanos recuerdan, y muy bien, los nexos de “Lalito” con gente marcada. Rosy Rubiera Castañeda, está más que complacida por atenciones de los dos senadores Velasco
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y Ramírez, quienes permanentemente le mantienen estimulada por el testaferro encargado de las relaciones públicas, que diario les quema incienso. Demostración de la alcaldesa de que la lealtad no la debe a Rutilio, sino a Manuel y Eduardo, quienes han empezado a “orientarla” para dar comienzo a sus mezquinas ambiciones, a los pocos días de su gestión, cuando le ordenaron imprimir su foto y un mensaje de precampaña en la contraparte de las facturas del cobro de agua potable. Falta de ética de quien apenas incursiona en la política y se ha mareado al subirse al primer ladrillo que le han puesto en el camino, olvidando que el gobernador del estado lo es desde el primer día del inicio hasta el final de su mandato. Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, están tan engolosinados por lo “suertudotes” que han resultado, que no están midiendo las consecuencias de atentar contra la estabilidad del gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas, que por cierto está en el ánimo y las querencias cercanas del Presidente de la República. No es lo mismo ser astuto que inteligente. Ninguno de los dos es lo segundo. Los dos son tipos que deberían estar en la cárcel, pues sobre ellos hay demasiada carga delictiva, que, si se diera la voluntad política en el mando principal federal, ya estarían haciendo compañía a los grandes personajes de la delincuencia oficializada y no andar de grillos baratos. Ellos son, los que, según la vox populi, siguen detrás del grupo que han cometido hechos vandálicos en el mismo pueblo de Rutilio y cometido la peor de sus estupideces de atentar contra la seguridad de su señora madre, escudándose en un “movimiento social” que se opone a las tareas gubernamentales de beneficio de las comunidades. Estoy seguro que los servicios de Inteligencia estatales y de las Fuerzas Armadas, han detectado que, en los actos delictivos en el municipio de Villa de las Rosa, por cierto, con las mismas ideas y movimientos violentos contra autoridades locales y sus familiares, hasta llegar a la quema de sus casas, es resultado de la perversidad de este par de pelafustanes ambiciosos que no quieren para nada a Chiapas. Yamil Melgar Bravo, el “archibrillante” secretario de Economía y Tratabjo, es otro de los alfiles de la traición en el gabinete, manipulada por Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, a quien le ha prometido la diputación federal y posteriormente la senaduría, en preparación a su candidatura como futuro gobernador después de “zanja negra”, con el apoyo de su hermano protector Luis Armando Melgar, consentido del corrupto magnate y consejero presidencial, Ricardo Benjamín salinas Pliego. SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO
CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 23 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1941
INVESTIGACIÓN
DENUNCIA
Consumo de bebidas azucaradas provoca cerca de 40 mil muertes cada año: Alianza por la Salud Alimentaria
Fiscalía de Chiapas ofrece 300 mil pesos de recompensa por presunta implicada en el rapto del niño Dylan
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FORO
En temas de desaparición, las leyes son un “Frankenstein”: Karla Quintana, titular de la CNB PAG. 3
REFORMA
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INFORME
Ssa registra 2 mil 842 embarazadas o en puerperio que dieron positivo a covid-19; han fallecido 83
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Omisión para ejercer órdenes de protección a mujeres violentadas se castigará con 10 años de cárcel Los servidores públicos que se nieguen a acatar órdenes de protección de emergencia y preventivas por violencia contra las mujeres serán castigados hasta con 10 años de cárcel. Así lo establece la reforma al Código Penal que aprobó la 64 Legislatura local, al considerar como delito por abuso de autoridad la omisión de funcionarios para ejercer órdenes de protección a mujeres violentadas.
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Exparistas de la UAEMex denuncian incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades universitarias