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DOXA
EDITORIAL
La violencia en Chiapas
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En Chiapas la represión y la violencia institucional ha sido una práctica cotidiana para el manejo del control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley
Hace meses el fiscal hizo escándalo mediático en contra de los notarios. Con bombo y platillo anunció la detención de uno de ellos. Hoy se sabe que su fracaso fue rotundo, porque ese notario fue absuelto. Este caso es una prueba fehaciente de la fabricación de pruebas en la fiscalía.
DIARIO
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EN CHIAPAS
Jueves 16 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1936
DAÑOS
REPORTAJE
Tromba acompañada de fenómeno natural deja afectaciones en al menos 50 viviendas de Tuxtla
Esta lluvia atípica estuvo acompañada de un fenómeno natural que fue calificado como un tornado o “serpiente de agua” que arranco los techos de láminas y tinacos de las viviendas de viviendas de las colonias Arroyo Blanco y Paulino Aguilar
El CJNG tiene en la mira a la élite mexicana: The Washington Post
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REPORTE
Hallan cuerpo de mujer metido en una maleta, en Tuxtla Gutiérrez
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HOY ESCRIBEN EL DIVÁN
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Marchan en San Cristóbal de las Casas por desaparición de niño de dos años
EN LA MIRA Héctor Estrada
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN: REGRESIÓN AUTORITARIA EN CDMX Ernesto Villanueva
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OTRO EXCESO PRESIDENCIAL Y UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
INFORME
Varios trabajadores de la salud han muerto por el Coronavirus en Chiapas
Sergio Stahl
Elisur Arteaga Nava
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LA SOMBRA DE ILEGITIMIDAD EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE JALISCO
Laurence Pantin y Adriana Aguilar PAG. 12
PODER DE BOLSA Y PRESIDENCIALISMO Pablo Gómez PAG. 5
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 16 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL La violencia en Chiapas
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n Chiapas la represión y la violencia institucional ha sido una práctica cotidiana para el manejo del control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote agrarista de protesta. La violencia institucional en Chiapas tiene diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales, el encarcelamiento y la persecución. La frase de entierro, encierro o destierro se convirtió en un mal principio político de los gobiernos en la entidad. Lo execrable en todo el largo proceso de violencia institucional en Chiapas, es que el Estado incumple con la responsabilidad de investigar
y sancionar a los responsables de esta violencia, en el que la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada están impunes y no hay investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad. Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc. En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura, que muestra el rostro del ejercicio del poder en Chiapas, en donde la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de impunidad y de violencia institucional arropado en un discurso que considera que en Chiapas no pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada, como cuando han habido masacres, que desafortunadamente son bastantes: Bolomchan, en el municipio de Sitalá, Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque, los asesinados en Chinkultic, en el
municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque. En Chiapas nadie está a salvo de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, esto aplica para el actual gobierno, que no ha mostrado caracterizarse por el respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos y en donde la violencia y la inseguridad presenta situaciones preocupantes de impunidad, en donde la fiscalía reprodujo la vieja práctica priista de la fabricación de delitos para imputar a inocentes y en donde la tortura pervive como el más eficaz instrumento de la investigación policíaca. La historia de la violencia institucional en Chiapas debe de dejar de repetirse, pues la administración de Rutilio buscó instituirse como un gobierno diferente pero está quedando a deber, pues la realidad señala que más bien es un gobierno de continuidad de los malos gobiernos que lo precedieron, en el que aún y con su manifiesto malestar, el gobernador protege a los funcionarios de los malos gobiernos anteriores, pero difícilmente a él alguien lo va a proteger y cuando termine su gestión, puede ser sometido a la investigación y el castigo.
DIRECTOR GENERAL
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Tromba acompañada de fenómeno natural deja afectaciones en al menos 50 viviendas de Tuxtla Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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l menos 50 casas resultaron afectadas derivado de la caída de una fuerte tromba, la tarde de este miércoles en la capital chiapaneca. Esta lluvia atípica estuvo acompañada de un fenómeno natural que fue calificado como un tornado o “serpiente de agua” que arranco los techos de láminas y tinacos de las viviendas de viviendas de las colonias Arroyo Blanco y Paulino Aguilar. Los habitantes de la colonia Paulino Aguilar ubicada sobre la parte norte oriente de esta capital, sufrieron los estragos de un torbellino de agua que “devoró “ todo a su paso, en el lugar al menos 30 viviendas resultaron afectadas. En este sentido algunos de los afectados expresaron que de pronto escuchamos muchos ruidos de láminas, posteriormente vimos volar el techo y las paredes de madera, “lo que hicimos fue agacharnos y gracias a Dios Vivimos”. De acuerdo a los afectados los cuerpos de emergencias arribaron 40 minutos después, siendo una decena elementos de protección, bomberos y elementos policíacos para el acordonamiento del lugar y la labor social. Así mismo se dio a conocer que en la Colonia Arroyo Blanco una veintena de casas resultaron afectadas, por lo que familias levantaron lo poco que podían rescatar, algunas láminas muebles y enseres domés-
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Luego de que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, autorizó que los establecimientos con venta de alcohol empiecen a abrir sus negocios, los propietarios de estos negocios aún no tienen información sobre esta nueva disposición, ya que aseguran que Chiapas sigue en semáforo epidemiológico rojo, según el Gobierno Federal. “Hacer botanas para llevar, pero servicio no, los que sí tienen derecho a vender son los restaurantes, esos sí tienen derecho a vender. Eso es todo lo que tenemos hasta nuevo aviso”, expresaron propietarios de establecimientos en Tuxtla. Quienes además aseguran que no tienen conocimiento de esta circular, y han permanecido ce-
Esta lluvia atípica estuvo acompañada de un fenómeno natural que fue calificado como un tornado o “serpiente de agua” que arranco los techos de láminas y tinacos de las viviendas de viviendas de las colonias Arroyo Blanco y Paulino Aguilar
ticos. La Secretaría de Protección Civil arribó al lugar para llevar a cabo la cuantificación de los daños en la
zona afectada por este fenómeno natural nunca antes visto en la capital chiapaneca. Hasta el momento las autorida-
des competentes no han emitido comunicado sobre la cuantificación de los daños que causó este fenómeno natural.
Propietarios, piden información sobre apertura de establecimientos en Tuxtla rrados desde el 1 de abril del año en curso derivado de la pandemia por Covid-19. En caso de que inicien las operaciones de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol, manifestaron que no cuentan con la capacitación de los protocolos para la nueva normalidad y apertura de sus negocios. Pidieron a las autoridades su intervención con capacitaciones e información sobre los lineamientos para abrir sus negocios, ya que si se abre sin esta información podrían darse contagios del virus SARS-COV2 entre sus clientes y trabajadores.
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Aprueba IEPC la designación de titulares de los Órganos Ejecutivos
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l Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión ordinaria virtual, la designación de la y los titulares de la Secretaría Ejecutiva y de las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana; de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de la Dirección Jurídica y de lo Contencioso de este órgano electoral. Luego de la valoración curricular (documentos aportados) y la entrevista aplicada a la y los ciudadanos, en los cuales se determinó que cumplen con los requisitos y los principios orientadores, plasmados en el Reglamento de Elecciones. El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, explicó que todos estos movimientos al interior del Instituto, obedecen al cumplimiento de la nueva normatividad estatal en materia electoral, así como a la funcionalidad de las responsabilidades que constitucionalmente, este organismo debe llevar a cabo, pensando siempre en proponer a los mejores perfiles para que su desempeño coadyuve a ofrecer confiabilidad y certeza a la ciudadanía chiapaneca. Durante la misma sesión se aprobaron las Comisiones Permanentes de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de Administración, presididas por el consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano y la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, respectivamente; de igual manera, se concede el carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, misma que operaba como provisional y que presidirá la consejera Sofía Margarita Sánchez
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Unas 300 personas marcharon este miércoles para exigir la aparición de un niño de dos años raptado el pasado 30 de junio en un mercado popular al sur de San Cristóbal de Las Casas, mientras su madre atendía su puesto de frutas y verduras en un local del Mercado Popular del Sur de San Cristóbal. Con lonas, playeras y cubrebocas con la imagen de Dylan Esaú Gómez Pérez, de dos años de edad, su madre encabezó la marcha en la que exigieron a las autoridades municipales y estatales localizar al pequeño que, según un video, fue llevado por otra joven menor de edad. Nacido el 3 de diciembre del 2017, el pequeño Dylan Esaú desapareció justo en el momento en que su madre lo mandó a otro local con su abuela,
Domínguez. El Consejo General también aprobó el Reglamento Interno de este Instituto, y el Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva. Cabe mencionar que las disposiciones emitidas por el IEPC con antelación al Decreto 235 seguirán vigentes en lo que no se opongan a la Constitución Federal, a la Constitución Local, a las Leyes Generales y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta que se emitan aquellas que las sustituyan. Lo anterior, deriva de diversas modificaciones que sufrió la estructura orgánica del IEPC, en observancia a los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto No. 235, y conforme a la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado Número 111, el pasado 29 de junio de 2020. En dicha reforma, se destaca lo relativo a los Órganos Ejecutivos y a las Comisiones Permanentes. Las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante el IEPC, coincidieron en que los nombramientos para las Direcciones, son por demás idóneas, pues no so-
lo presumen un currículum con un perfil adecuado, sino además, cuentan con una trayectoria profesional intachable. Manuel Jiménez Dorantes fue designado como Secretario Ejecutivo. Es Licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana; Doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid. En el ámbito profesional fue Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; Secretario Técnico en el Instituto de la Judicatura del Consejo de la Judicatura Federal; Profesor titular de derecho administrativo y derecho municipal en la Facultad de Derecho de la UNACH y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Andrea del Rosario Méndez Zamora, fue designada como Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con diversos estudios de posgrado por parte de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF y el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del IEPC. Se ha desempeñado
como Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, y fue Encargada de despacho de la Jefatura de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como Profesionista de la otrora Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEPC. Ismael Sánchez Ruiz, fue designado como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica. Es Maestro en Derecho Fiscal por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales en el estado de Chiapas. Cuenta con una Licenciatura en Contaduría Pública, por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, y una Licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Durango, además de diversos Diplomados en otras Instituciones. Recientemente, se desempeñó como Secretario Ejecutivo del IEPC. Fue Coordinador Administrativo del INE y Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva del IFE, ambos en el estado de Chiapas. Mientras que, Ernesto López Hernández fue designado titular de la Dirección Jurídica y de lo Contencioso. Es Maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias y Especialidades de Chiapas. También es Licenciado en Derecho por la UNACH. Cuenta con un diplomado de actualización en materia electoral por el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales de IEPC y Estudios por parte de la Escuela Judicial Electoral de TEPJF. Su más reciente cargo fue como titular y encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, además de Coordinador de Asesores, y Coordinador de la Contencioso de lo Electoral en este organismo.
Marchan en San Cristóbal de las Casas por desaparición de niño de dos años donde vendía una fruta que le gustaba comer, nanchi. Ese trayecto del local de su madre al de su abuela no era la primera vez que lo hacía Dylan Esaú, y todos los locatarios ya conocían al pequeño. Pero en el trajín de ese día 30 de junio por la mañana, Dylan Esaú nunca llegó al local de su abuela, hasta donde fue a buscarlo su madre cuando vio que no regresaba, pero ésta le dijo que nunca había llegado por su nanchi. De 60 centímetros, de unos 15 kilogramos, ojos y cabello negro, el niño fue visto en un video de las cámaras de videovigilancia, cuando una niña mucho mayor que él lo
sujeta por atrás como empujándolo para llevárselo. Hoy los amigos y ciudadanos solidarios marcharon junto a la desolada madre que exige la aparición con vida
de su pequeño de dos años. Aunque se emitió la Alerta Amber en Chiapas y también en Guatemala, aún nadie da pistas del paradero de Dylan Esaú.
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Hallan cuerpo de mujer metido en una maleta, en Tuxtla Gutiérrez Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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na mujer fue hallada muerta esta mañana dentro de una maleta tirada en el canal del Río Sabinal, en el lado oriente de la capital del estado, reportó la Fiscalía General del Estado. Cerca de las 10 de la mañana, un joven que caminaba sobre el puente del río citado, entre la Calzada Ignacio Zaragoza y Boulevard Artículo 115, observó una maleta que desprendía olores fétidos, por lo que notificó a un motopatrullero que iba pasando por el lugar. El agente se acercó al lugar donde estaba la maleta, de la cual sobresalían cabellos y la mano de una persona. De inmediato reportó a sus mandos y llegaron los cuerpos periciales de la Fiscalía estatal, así como el cuerpo de Bomberos, que extrajo del canal la maleta para verificación de las autoridades periciales. Al interior de la maleta estaban “los restos humanos de una persona del sexo femenino, en posición fetal y de aproximadamente 20 años, de complexión delgada, de tez morena clara, de aprox. 60 kilos”, citó un reporte policiaco.
A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Más de 5 por ciento de los trabajadores de la salud que se han enfermado del coronavirus han fallecido en lo que va de la pandemia en el estado de Chiapas, informó la secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud en Chiapas (SNTSA), María de Jesús Espinosa de Los Santos Señaló que hasta el 13 de julio el sindicato reporta a 738 trabajadores afiliados con complicaciones a su salud a causa del virus del SARSCoV-2, de los cuales 41 han fallecido por Covid. “Cuántos compañeros infectados llevamos hasta el día de hoy, llevamos 738, llevamos 43 fallecidos, de estos 43 hasta el día de hoy 41 son relacionados a Covid; tenemos 11 trabajadores hospitalizados delicados”, lamentó. Además, destacó que, de los 738 médicos, enfermeras y demás personal infectado por coronavirus, únicamente al 18.9 por ciento (140 personas) le realizaron la prueba para confirmar la enfermedad. “De los 738, 140 nada más les tomaron las pruebas para ser comprobado el diagnostico”, añadió.
Cerca de las 10 de la mañana, un joven que caminaba sobre el puente del río citado, entre la Calzada Ignacio Zaragoza y Boulevard Artículo 115, observó una maleta que desprendía olores fétidos, por lo que notificó a un motopatrullero que iba pasando por el lugar
La persona “vestía al momento del hallazgo blusa color negra y pantalón de mezclilla de color azul marino, misma que se encuentra hasta el momento en calidad de desconocida y no puede determinar si presenta lesiones por la posición en que fue localizada”. Ante esto, la FGE, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano,
inició una carpeta de investigación con motivo del hallazgo del cuerpo. Luego de conocer la noticia criminal, la FGE dio inicio a la correspondiente carpeta de investigación de acuerdo con el Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio en el marco de la Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres.
Desde noviembre del 2017, la capital del estado cuenta con la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, así como diversos municipios del estado de Chiapas, sin embargo, la violencia feminicida no para en la entidad, han advertido las activistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
Varios trabajadores de la salud han muerto por el Coronavirus en Chiapas En este contexto, la secretaria general del sindicato expuso que otro problema de gravedad hacía los afiliados, son los constantes ataques al personal que labora en centros médicos, clínicas y hospitales, donde hasta el momento la Sección 50 ha documentado ataques en nueve municipios. Por lo anterior, expuso que los ataques al personal de salud iniciaron en el municipio de Venustiano Carranza, siguiendo por Las Margaritas, Las Rosas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tenejapa, Oxchuc, San Juan Chamula, Arriaga y Tuxtla Gutiérrez. “Los ataques empezó por Carranza, luego Guadalupe Tepeyac municipio de Las Margaritas, luego Las Rosas, Pueblo Nuevo, Tenejapa, Oxchuc, San Juan Chamula, Arriaga y resulta que nosotros decíamos que eran las comunidades lejanas, en la capital y lamentamos y nos solidarizamos con la doctora Natarén, por la agresión recibida el día viernes (10 de julio) en el hospital de Issste, también el día sábado hubo agresiones en la clínica del Seguro Social”,
precisó. Ante tal situación, Espinosa de Los Santos puntualizó que han solicitado a las autoridades del Estado su intervención en estos ataques contra el personal médico, donde el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), se comprometió
de llevar este tema a las mesas de seguridad. “Nosotros solicitamos la intervención de las autoridades para resguardar la seguridad de los trabajadores, desde que se dio el evento en Carranza tuvimos una plática con el fiscal… para buscar la estrategia”, dijo.
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Congreso aprueba exhorto a Murat para que atienda la “grave crisis sanitaria” en Oaxaca Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
A
nte el incremento de decesos y casos confirmados de covid-19 (41% y 74%, respectivamente) en el Istmo de Tehuantepec, el Congreso local aprobó la emisión de un exhorto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que de manera urgente atienda la “grave crisis sanitaria” que vive Oaxaca. Lo observado en esa región “revela un escenario muy grave que requiere atención urgente, ya que podría convertirse en una verdadera tragedia humana”, apuntaron los diputados. Con 36 votos a favor, el pleno de la 64 Legislatura aprobó hoy el exhorto para pedir a Murat Hinojosa que, en coordinación con las autoridades federales y municipales, realice los cambios necesarios a las estrategias y acciones implementadas, y aplique las medidas sanitarias pertinentes para proteger a la población. El punto de acuerdo pone especial énfasis en los casos recientes en el hospital general “Doctor Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán de Zaragoza, donde se contagiaron 172 trabajadores de la salud, un escenario que, subrayaron, revela el incremento exponencial en el avance del covid-19. Los legisladores detallaron que al 30 de junio la región presentaba
De la redaccion Ciudad de México (apro)
Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), fue hallado culpable del desvío millonario en la trama de la llamada Estafa Maestra. En la sesión de este miércoles, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvieron que Vera Jiménez es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de los recursos de la Universidad mediante contratos inexistentes. El quebranto se cometió en 2013, cuando la casa de estudios recibió ese dinero por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en aquel entonces dirigida por Rosario Robles, actualmente en la cárcel por su omisión en todo el entramado que se tejió durante su gestión en esa dependencia para desviar millonarios recursos. De los casi 240 millones de pesos, 85% fueron a parar a la empresa
Lo observado en esa región “revela un escenario muy grave que requiere atención urgente, ya que podría convertirse en una verdadera tragedia humana”, apuntaron los diputados
370 contagios y 64 fallecimientos; sin embargo, al 10 de julio se registró un aumento notable: 645 contagios y 90 muertes. Es decir, un incremento de 74% en el número de contagios y de 41% en el número de defunciones. Y esa situación empeora por las carencias que registran las institucio-
nes del sector salud, principalmente en materia de insumos de protección para el personal, ya que derivado de estas carencias, así como la falta de protocolos de atención, se han generado múltiples contagios en diversos hospitales. El Congreso local también reco-
noció el trabajo del personal hospitalario por su labor heroica frente a la pandemia, aun sin el equipamiento adecuado. En el estado de Oaxaca se registran al día de hoy 7 mil 800 personas contagiadas, de las cuales 745 han fallecido a causa del coronavirus.
TFJA: Alejandro Vera es responsable del desvío de 239.3 mdp de los recursos de la UAEM Evyena Servicios, según la resolución del TFJA. La supuesta contratación de los servicios de dicha compañía fue para ofrecer apoyo técnico en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, Evyena Servicios no fue ubicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el domicilio referido en el contrato, por lo que se tomaron acciones legales en contra de la UAEM y de la Sedesol. En la sentencia aprobada este miércoles, los magistrados coincidieron en que el exrector incurrió en responsabilidad resarcitoria, pues en el convenio con Sedesol afirmó que la institución tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo cual no era cierto, y eso lo llevó a subcontratar una empresa privada.
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López-Gatell: el artículo sobre la transmisión aérea del coronavirus es sólo “una reflexión” personas que viven en una región común. Entonces, cerrar la frontera no es solamente inviable sino imposible dado que es prácticamente una sola comunidad”, resaltó.
Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
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l subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell respondió que la advertencia de un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases sobre la posibilidad de contagiar el virus SARS CoV2 por aerosoles “no es un producto original de una investigación científica que aporte evidencia nueva”. En la conferencia de prensa vespertina sobre el Covid-19, señaló que la carta enviada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), avalada por 239 científicos de varios países, principalmente de Estados Unidos y luego publicado en esa revista, “es un posicionamiento, una reflexión sobre los posibles mecanismos de transmisión de covid-19 o del virus que lo causa, el virus SARS-CoV-2 a través de aerosoles respiratorios”. El funcionario comentó que la OMS recibió la carta y publicó un posicionamiento en su página de internet que, en términos generales, retoma la conclusión de que hay que considerar la necesidad de evidencia científica adicional sobre cuáles pueden ser los mecanismos más eficientes de transmisión del virus SARS-CoV2. “En concreto, la carta se llamaba ‘Es tiempo de considerar la transmisión aérea de SARS-CoV2’, lo que postula es que los aerosoles respiratorios, que son estos conjuntos de partículas microscópicas menores a cinco micras
Niza Rivera Ciudad de México (apro)
Con la idea de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas en México y el mundo, este día se dio a conocer de manera oficial la “Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) – Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, en nuestro país. En videoconferencia, titulares de las Secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicaron dicho documento, mismo que surgió del plan de acción a nivel internacional Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2019. El documento es también un derivado del encuentro “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, organizado por el gobierno de México en conjunto con la Unesco y en cooperación con socios regionales, nacionales e internacionales los días 27 y 28 de febrero pasados en el Complejo Cultural Los Pinos. Y por supuesto, de la conmemora-
Medicamentos que todos producimos al cantar, hablar, respirar, toser, estornudar, y que no podemos ver, podrían permanecer flotando en el aire, suspendidos en el aire por varias horas”, comentó. La tesis de este pronunciamiento, indicó, es que, en la medida de que un paciente que esté viviendo con SARSCoV2, que tenga el virus replicándose en la garganta y las vías respiratorias, las partículas podrían tener el virus en su forma infectante y una persona que después pasara por el sitio, particularmente en los espacios cerrados, podría inhalar el virus, respirar el virus y que éste fuera un mecanismo de infección. “La respuesta de la Organización Mundial de la Salud es hacer un resumen de la evidencia científica disponible y encuentra muchos faltantes de evidencia”, añadió. Puso como ejemplo los estudios experimentales que han demostrado la fabricación de aerosoles con partículas infectantes, usando como modelo el virus de la influenza, y efectivamente esos aerosoles podrían mantener en el aire esas partículas por varias horas. Sin embargo, aclaró, estos estudios experimentales no logran reproducir las condiciones naturales en las que un
ser humano podría estar produciendo estos aerosoles, en términos de la concentración de los virus y la densidad de las partículas infectantes. “En resumen, es una pieza importante como aportación desde la perspectiva de científicas y científicos connotados que no modifica sustancialmente, en este momento, las recomendaciones de las prácticas de prevención y control en ninguna parte del mundo y se espera que la comunidad científica siga aportando conocimiento al respecto”, apuntó.
Cerrar fronteras, sin soporte científico Sobre el repunte de contagios en la zona norte del país (Sonora y Baja California), López-Gatell recordó que la insistencia de que se deben cerrar las fronteras al haber un incremento de enfermos en los estados sureños de Estados Unidos, como un mecanismo de control, carece de un soporte científico en la historia de las epidemias a nivel mundial. “Cerca del 90% de los pasos diarios que se cuentan por centenas de miles de personas, de hecho, por millones si tomamos toda la frontera, son entre
Respecto a la recomendación de no utilizar ciertos medicamentos, como el ibuprofeno, para tratar los síntomas leves de covid-19, la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, Alethse de la Torre Rosas, subrayó la relevancia de estar atentos a los datos de alarma y las complicaciones de la enfermedad que pueden presentarse en grupos de riesgo o en cualquier persona. “Al final, el tratamiento que se identifica adecuado para pacientes ambulatorios son tratamientos sintomáticos para bajar la fiebre sería el caso de paracetamol, pero hay personas que de repente pueden llegar a tener demasiada rinorrea (congestión nasal) y pueden llegar a tener mucho dolor de garganta. En este caso se pueden utilizar algunos otros medicamentos sintomáticos dirigidos para estos síntomas, no es dirigido para SARS Cov2 y esto es importante”, destacó. Por eso, insistió en estar atentos a los síntomas que pueden generar alarma, como la falta de aire, la respiración rápida, desorientación o fiebre pues, en esos casos, un tratamiento oportuno de soporte ventilatorio puede marcar la diferencia entre desarrollar la enfermedad o curarse.
Dan a conocer el “Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas” en México ción que se realizó durante el 2019 con motivo del “Año Internacional de las Lenguas Indígenas” (proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas), que tras diversas reflexiones que apuntaron en la necesidad de generar mayor conciencia, se decidió que fuera una década y no solo un año de trabajo al respecto. La declaración establece los principios clave para el Decenio Internacional, incluida la centralidad de los pueblos indígenas con el lema “Nada para nosotros sin nosotros”. También destaca el impacto y los resultados esperados durante el Decenio Internacional, “como la necesidad de un espectro completo de derechos humanos y libertades fundamentales que aborden los problemas de vitalidad y sostenibilidad del idioma, una mayor participación, inclusión y empoderamiento de los usuarios de lenguas indígenas”, según se lee. La sesión fue moderada por Frédéric Vacheron, representante de la Unesco en México, y en ella estuvieron
presentes Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal; Natalia Toledo Paz, subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura; Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco; Eduardo Jaramillo Navarrete, director general para la ONU de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Yalitza Aparicio Martínez, embajadora de Buena Voluntad de la Unesco para los pueblos indígenas; y Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC). La videoconferencia completa se puede ver en la web de www.contigoenladistancia.cultura.gob.mx así como en los canales de Youtube de la Unesco en México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura Mientras que “La Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) – Construyendo un Decenio de Acciones para las lenguas indígenas” se puede leer, además de en español, en inglés y francés.
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La Cepal ajusta a -9% el pronóstico de crecimiento para México Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
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a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó a -9% (desde el -6.5%) el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana este año, debido a los efectos del confinamiento provocado por el covid-19. De acuerdo con el organismo que preside Alicia Bárcena, la recesión económica impactará al alza los niveles de pobreza en México, por lo que estimó un aumento de 7.6 puntos porcentuales, de manera que los mexicanos en dicha condición pasarán de 41.9 millones a 49.5 millones, es decir, casi 40% de la población. En el caso de la pobreza extrema, dará un salto de 11.1 millones a 17.4 millones de personas en nuestro país. En su informe especial ‘Enfrentar los efectos cada vez mayores del Covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones’, la Cepal advierte que la situación aún no cede y la pandemia sigue afectando varios sectores esenciales de la economía. Los indicadores generales de actividad muestran que en varios países hay una fuerte contracción, como por ejemplo en México, donde la producción industrial cayó 29.3% interanual en abril. De acuerdo con el estudio, México es de los países con menores medidas fiscales para enfrentar la pandemia, con recursos equivalentes a 1.1% como
Alvaro Delgado Ciudad de México (apro)
En un episodio más del conflicto interno en Morena, la facción que encabeza la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, repudió los acuerdos del Consejo Nacional sobre la integración presuntamente parcial de la Comisión de Encuestas y la “manipulación” de los procesos judiciales contra ella cuando fungió como presidenta en funciones. En un pronunciamiento, miembros de ese grupo señalaron que los acuerdos de la sesión del Consejo Nacional del domingo 12 registraron numerosas irregularidades, como la convocatoria, el orden del día, el cumplimiento del quórum y el número de personas que participaron, contrario a lo que dispone la Secretaría de Salud. “Resulta sorprendente que esta convocatoria haya sido sometida a votación, a pesar de que dos días antes la Secretaría de Salud le informó a (Alfonso) Ramírez Cuéllar (presidente de Morena) que no se podrían celebrar reuniones de más de 50 personas”, enfatizó el
De acuerdo con el organismo que preside Alicia Bárcena, la recesión económica impactará al alza los niveles de pobreza en México, por lo que estimó un aumento de 7.6 puntos porcentuales, de manera que los mexicanos en dicha condición pasarán de 41.9 millones a 49.5 millones, es decir, casi 40% de la población
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sólo superando a Costa Rica y República Dominicana, con 0.8%, respectivamente, y a Uruguay con 0.7%. En contraste, los países que más han destinado recursos en la región son El Salvador, con 11.1% de su PIB; Brasil, 7.5%; Chile, 5.7%; Bolivia, 4.9%; Perú, 4.8%; Honduras; 4.3%, y Paraguay, 4.2% de su PIB. “La actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto hace unos meses como consecuencia de la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, y con ello aumentan los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del
canal comercial, de términos de intercambio, de turismo y de remesas”, alertó la Cepal. Además, agregó, la región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia, y si bien algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido continuarlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de los casos diarios de la enfermedad. El organismo destacó que la región evidenciará una caída del PIB de 9.1% en 2020, con disminuciones de -9.4% en América del Sur, -8.4% en América Central y México, y de -7.9% en el Caribe, excepto Guyana, cuyo fuerte
crecimiento lleva al total subregional a una contracción menor, ubicada en -5.4%. En términos de pobreza, el panorama no es nada halagador en el continente americano. La Cepal proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, cifra que representa el 37.3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28.5 millones, pasando de 67.7 millones en 2019 a 96.2 millones en 2020, cifra que equivale a 15.5% del total de la población. “Los esfuerzos nacionales deben ser apoyados por la cooperación internacional para ampliar el espacio de política a través de mayor financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deuda. Asimismo, avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe”, afirmó Alicia Bárcena.
Facción de Polevnsky rechaza acuerdos del Consejo Nacional de Morena pronunciamiento que censura al líder morenista. Pese a que Ramírez Cuéllar aseguró que el partido quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para elegir a sus dirigentes, entre ellos el presidente y secretario general, mediante encuesta, sometió indebidamente a votación ese fallo, según Polevsnky y sus seguidores. “Es inentendible someter a votación las sentencias de la Sala Superior del TEPJF, máximo órgano en materia electoral. Sus resoluciones son inapelables”, subrayó el grupo, que también consideró irregular la integración de la Comisión de Encuestas, porque el grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, dio un “albazo” al dar conocer quiénes la conformarían. Y sobre la situación financiera,
patrimonial y de juicios, como el que existe contra Polevnsky, también hubo manipulación, señalaron. Firman el pronunciamiento, además de la secretaria general, Carol Berenice Arriaga Garcia,
Carlos Figueroa Ibarra, Artemio Ortiz Huerta, Brenda Reyna Olvera, René Ortiz Muñiz, Norman Pearl Juárez, José Dolores López, Oswaldo Alfaro Montoya y Raúl Correa Enguilo.
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El CJNG tiene en la mira a la élite mexicana: The Washington Post De la redacción Ciudad de México (apro)
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l Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha puesto en la mira a la élite de las autoridades mexicanas, asegura el diario The Washington Post. En un reportaje firmado por Kevin Sieff, jefe de la oficina para México y América Central del influyente rotativo estadunidense, se destaca el cambio en la estrategia de las organizaciones criminales mexicanas que no solían tener entre sus objetivos a funcionarios gubernamentales, en sentido contrario al de sus similares sudamericanos. “A diferencia de los cárteles de la droga en la Colombia de Pablo Escobar, las organizaciones mexicanas de narcotráfico rara vez se han dirigido a altos funcionarios, en parte para evitar un enfrentamiento con el estado y en parte porque consideran que el soborno es una herramienta más útil que el asesinato. “Aunque los políticos locales han sido objetivos frecuentes, los gobernadores estatales y los funcionarios federales no lo han sido”, señala el reportaje, que destaca el reciente atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y las amenazas al gobernador jalisciense Enrique Alfaro y a la comisionada nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. “Antes de que supuestamente intentaran asesinar al jefe de policía de esta ciudad, los soldados de infantería del cartel de drogas más poderoso de México ya habían dejado
Verónica Espinosa Irapuato, Gto. (apro)
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con la colaboración de Emilio Lozoya, titular de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dará a conocer “toda la corrupción” que prevaleció en esa empresa productiva del Estado. López Obrador celebró de la decisión de Lozoya de hablar con las autoridades del país (una vez resuelto el proceso de su extradición) sobre los desvíos en Pemex. “Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de estas situaciones, qué fue lo que sucedió”, dijo en su conferencia matutina desde Irapuato. “Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción”, agregó al referirse a la colaboración que se espera de Lozoya en el tema de desvíos de recursos, en el que habrían participado tam-
En un reportaje firmado por Kevin Sieff, jefe de la oficina para México y América Central del influyente rotativo estadunidense, se destaca el cambio en la estrategia de las organizaciones criminales mexicanas que no solían tener entre sus objetivos a funcionarios gubernamentales, en sentido contrario al de sus similares sudamericanos
una estela sangrienta en todo el país”, recuerda el WP. Sieff expone que, previo al atentado contra García Harfuch, hombres armados mataron al juez federal, Uriel Villegas Ortiz, y a su esposa, Verónica Barajas, en Colima. “Villegas Ortiz se hizo famoso al presidir el caso que permitió la extradición a los Estados Unidos de Rubén Oseguera, conocido como El Menchito, un hijo del jefe del cártel de Jalisco”, señala. The Washington Post expone que el año pasado fue el más mortífero en la historia reciente de México, con 35 mil 588 homicidios. “Este año, a pesar del nuevo coro-
navirus, la violencia ha continuado cerca de máximos históricos. Los analistas atribuyen gran parte de los asesinatos a las guerras territoriales entre el CJNG y sus rivales a medida que se expande a un nuevo territorio”, explica. Detallas que funcionarios estadunidenses han mapeado la “rápida expansión” del cartel. Ahora es la principal organización de narcotráfico en 24 de los 32 estados de México, según la DEA. Su estrategia es utilizar la violencia extrema para abrumar a las poblaciones locales. “Acaban de tener este rápido ascenso debido a que no valoran la vida
humana, sin importar quién sea”, dijo Matthew Donahue, subdirector de operaciones de la DEA, citado por el WP. Tras recordar la reciente matanza de jóvenes en Irapuato, el texto señala que, en Guanajuato y en otros lugares, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha debatido cómo responder a la expansión del cartel y la creciente violencia que ha provocado. “El líder populista hizo campaña bajo el lema ‘abrazos, no balazos’, sugiriendo que no lanzaría una ofensiva militar para frenar la influencia del cartel de Jalisco”, dice el reportaje, que inmediatamente después recuerda la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un fallido operativo. Finalmente, el texto de Sieff plantea que, en ausencia de testimonios concluyentes de presuntos atacantes, sigue sin respuesta la pregunta de por qué el cartel intentaría un asesinato de alto perfil. “Algunos analistas piensan que El Mencho, que se cree que se esconde en las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán, está enfermo de un problema hepático y que el ataque podría haber sido una muestra de fuerza de alguien que intentaba ascender entre las filas del cártel”, señala The Washington Post.
Con Lozoya, se conocerá toda la corrupción que hubo en Pemex, dice AMLO bién exlegisladores federales y otros funcionarios. Aunque López Obrador dijo no tener elementos sobre otros funcionarios que pudieran estar implicados en estos desvíos, sí dijo que el tema es del dominio público. “Lo saben los ciudadanos y lo sabe el presidente”, dijo, aunque no dio más detalles porque “es una investigación de la Fiscalía (General de la República)”. Recordó la denuncia que existe por la compra de la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, con un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares, según avalúos realizados. “Y también hay informes de que pagaron para tener los votos de la reforma energética (en el Congreso
federal), que se dieron sobornos”, añadió.
Aseguró que todos estos asuntos “se darán a conocer”.
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Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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a plataforma virtual instalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para agilizar los trámites relacionados con controversias en materia familiar, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, todavía no atiende el problema de fondo de acceso a la justicia para las mujeres. A partir del 1 de julio el TSJCDMX habilitó en su página web una sección de “trámites en línea” para solicitar citas, para presentar demandas, y para juicios virtuales de divorcio, dependencia económica y concubinato; sin embargo el resto de trámites como guarda y custodia, patria potestad, adopción y pensión alimenticia siguen en pausa y sin fecha de reanudación. De acuerdo con la abogada y directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, Rocío Corral Espinoza Monsivais, la plataforma no atiende todos los asuntos relacionados con demandas en materia familiar, pero además, aquellas que fueron presentadas desde marzo, antes de la pandemia, están paradas hasta que los Juzgados retomen actividades presenciales. La plataforma de citas en línea es para presentar escritos iniciales de demandas a fin de evitar saturación de personas en las oficinas de oficialía de partes y prevenir la propagación del COVID-19 y también se habilitó una herramienta para acceder a juicios en línea. Sin embargo, por medio de los juicios virtuales solo se pueden presentar tres tipos de trámites: de divorcio incausado, es decir donde ambas partes están de acuerdo en separarse; para acreditar que una persona es dependiente económica; y para acreditar que se está o estuvo en concubinato.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)
Entre los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó, además de las Alertas de Violencia de Género, están los destinados para crear un Centro de Justicia para las Mujeres en Tlaxcala, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia (Conavim). Entre los “ajustes” que en junio pasado se informaron a la Conavim para la partida 43801 “subsidios a entidades y municipios” está la cancelación del recurso federal que se otorgaría a Tlaxcala para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres. Esto de acuerdo con lo que Teresa Medina, de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial, y Javier Contreras Arreaga, adscrito a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, ambos de la Conavim explicaron por escrito a Ci-
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Piden acelerar proceso a justicia digital para mujeres La plataforma de citas en línea es para presentar escritos iniciales de demandas a fin de evitar saturación de personas en las oficinas de oficialía de partes y prevenir la propagación del COVID-19 y también se habilitó una herramienta para acceder a juicios en línea
Estos dos últimos en general se utilizan para obtener una resolución y realizar otros proceso como solicitar la pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La abogada, quien ya utilizó la plataforma de oficialía de partes agendó dos citas, una para el 3 de agosto en proceso oral y otra para el 4 de agosto, en el sistema escrito. En su experiencia la plataforma funciona bien y aunque es tardado entrar debido a la saturación de usuarias, el tiempo de espera para ser atendida en una oficina es más o menos de un mes. No obstante, Rocío Corral expuso que el problema no está resuelto de fondo, porque el TSJCDMX no está transitando a un sistema de justicia digital, ya que por ahora, la plataforma sólo permite presentar escritos nuevos; mientras que las demandas
presentadas con anterioridad, siguen en pausa. Esta falencia fue señalada por el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón” y otras organizaciones civiles. Después de que el 25 de junio el Tribunal informó que las actividades de las Salas y Juzgados Civiles y Familiares se reanudarían el 3 de agosto, las organizaciones publicaron una petición en la plataforma change.org para solicitar que se implementen mecanismos virtuales para garantizar justicia a las mujeres. Las promotoras de esta petición no obtuvieron respuesta formal. No obstante, el jueves 9 de julio, el Poder Judicial capitalino publicó el acuerdo 24/2020 con los lineamientos para la implementación de procedimientos en línea y la celebración de audiencias a distancia en materia civil y familiar.
De acuerdo con estos lineamientos, vigentes del 13 de julio al 3 de agosto, para acceder al servicio de juicios en línea, las usuarias y sus representantes legales deben contar con la e-firma, es decir la firma certificada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o bien, con la FIREL, la firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación. Es por esto que la abogada señaló que el problema de acceso a la justicia no esta resuelto; por ejemplo, explicó que el actual sistema virtual de juicios puede causar discriminación en caso de que las mujeres que están presentando una demanda se dediquen a actividades no remuneradas o no cuenten con la e-firma que se utiliza para el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, por lo tanto sólo podrían acceder a la información por medio de su abogada o abogado. A decir de Corral, el Tribunal está haciendo intentos aislados para continuar con los trámites, pero además se ha enfocado en atender demandas nuevas, en ninguna de las circulares se establece el procedimiento para desahogar los casos que ya se tenían en proceso, por eso consideró que la petición sigue siendo la misma: acelerar el proceso para transitar a un sistema de justicia digital.
Por recortes de SHCP Tlaxcala podría quedarse sin Centro de Justicia para las Mujeres macnoticias. En su respuesta, la Conavim detalló que “en lo que se refiere al ajuste instruido sobre el monto de subsidio federal asignado al proyecto de solicitud para creación del CJM en Tlaxcala, se recibió la notificación sobre el recorte de $2`010,099.00 de pesos a la suma de 25 millones, quedando en total como subsidio: $22,989,901.00 pesos para ese proyecto”. Podrías leer: Opacidad en criterios para retirar recursos para AVG en 7 estados La Conavim aclaró que en este caso el proceso de autorización del proyecto por medio del cual se crearía un nuevo Centro de Justicia en Tlaxcala aún no es definitiva, sino que se encuentra en etapa de dictaminación del área jurídica de Secretaría de Gobernación. No obstante, de aprobarse el proyecto, éste tendría dos millones
10 mil pesos menos para llevarse a cabo. Pese a esta evidencia, la mañana de ayer el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó los recortes al presupuesto público para la Alerta de Violencia de Género, entre los que también se afectaría este Centro.
Si bien Tlaxcala no figura entre las entidades con más casos de feminicidio, homicidio o lesiones denunciadas, sí es la segunda entidad con más presuntas víctimas de trata de personas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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PODER DE BOLSA Y PRESIDENCIALISMO Pablo Gómez
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urante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido la atribución legal o ilegal de modificar el presupuesto durante el año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir informes de ingresos y gastos cada tres meses. La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de la Cuenta Pública, incluyendo la fiscalización que realiza a través de la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados. Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente con el Presupuesto de Egresos. A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no juega el papel de consultor del Ejecutivo. El asunto no es menor porque los presidentes han usado esa incongruencia legislativa para modificar libremente el Presupuesto de Egresos en altas cuantías. La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, el cual es una institución democrática desde la formación de los primeros parlamentos en tiempos de los reyes. Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere dar al actual presi-
dente mayor poder para manipular el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se confunda la eliminación de los “moches” con una defensa del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un recurso de éste para repartir dinero entre los políticos. Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras modificaciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del Congreso. Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la Cámara durante seis años. En materia de ingresos fiscales, se le ha prohibido al Ejecutivo condonar impuestos. Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de reforma constitucional, enviada por la Cámara, para prohibir las partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el presidente en persona. La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener los jefes, empezando por el mismo presidente. Se está también a la espera de que el Senado apruebe una reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna. No se trata de debilitar la acción del Ejecutivo sino de procurar el ejercicio completo de las facultades del Poder Legislativo, durante tantos años erosionado y desprestigiado. La tarea no es nada sencilla. En los grandes medios, muchos se quejan de que la 4T posea la mayoría ab-
soluta en el Congreso. Sin embargo, para el efecto de la reducción de “facultades metaconstitucionales” del presidente de la República (Jorge Carpizo, decía), las cuales en realidad son inconstitucionales, lo mejor es que funcione esa mayoría porque los partidos que antes estuvieron en la Presidencia no son afectos a revisar lo que entonces no quisieron reformar, aunque se la pasan ahora acusando a la mayoría parlamentaria de querer una dictadura presidencialista, cuando esa fue la que ellos ejercieron. Por ejemplo, no ha sido respaldado por el PRI y el PAN el proyecto de Morena para que las cámaras puedan crear, a pedido de la minoría, comisiones con plenas facultades para investigar cualquier asunto público y no sólo, como ahora, a las entidades paraestatales. En el combate a la corrupción, además de gobierno, fiscalía, auditoría y jueces, debe tomar parte el Congreso, el cual puede dar contribuciones mediante un eficaz control político de la gestión pública: no todo es buscar ladrones sino también malas gestiones. Ya se ha discutido mucho, aunque eso seguirá, que el presidente no puede elevarse el sueldo cuando lo desee y por el monto que quiera, tal como lo hicieron antes varios mandatarios y lo siguen haciendo no pocos gobernadores y alcaldes. Pero las oposiciones no han estado del lado del control y moderación de las remuneraciones de los jefes de la administración pública, órganos autónomos y poderes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de los adversarios de la 4T, tiende a eliminar la discrecionalidad con la que actuaban los presidentes y devuelve a la Cámara el control de los sueldos. Apenas está empezando la eliminación de las normas inconstitucionales del viejo presidencialismo, así como de aquellas prácticas que en los hechos confieren al Ejecutivo muchas indebidas funciones. Pero ya se está en ese camino que no es para andar sino para desandar. Ajuste de cuentas con un pasado de ignominia antirrepublicana.
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LA SOMBRA DE ILEGITIMIDAD EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE JALISCO
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a controversia en torno a la decisión de una jueza federal de ordenar el pasado 1 de julio la liberación de un presunto líder de Guerreros Unidos por falta de elementos probatorios para procesarlo por delincuencia organizada y el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa el pasado 16 de junio han puesto los reflectores en el Consejo de la Judicatura Federal. Estos dos episodios ilustran dos funciones fundamentales de los consejos de la judicatura: la vigilancia, investigación y eventual sanción de los funcionarios judiciales, así como la preservación de su seguridad e independencia. Es porque los consejos de la judicatura tienen la responsabilidad de estas —y otras— tareas tan importantes para el Estado de derecho y la democracia que, como ya lo hemos comentado en este espacio, consideramos que se debe tomar muy en serio la designación de sus integrantes. Y con toda seriedad parecía que se iba a tomar el proceso de selección de tres nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco, que inició el pasado 26 de abril con la publicación de la correspondiente convocatoria[1] abierta a la sociedad. En efecto, esta convocatoria era muy prometedora. Preveía unas reglas novedosas que, si bien no derivaban directamente de las reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco aprobadas en septiembre y octubre del año pasado[2], parecían obedecer a la misma motivación expuesta por los legisladores en su momento: la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Así, además de estar abierta a la sociedad —lo cual sí está previsto en la Constitución y Ley Orgánica y sucedió en las dos anteriores convocatorias para designar a consejeros en 2015 y 2016—, la convocatoria establecía varios y muy detallados pasos mediante los cuales se evaluaría el perfil y la idoneidad de los candidatos: Presentación por los aspirantes de un programa de trabajo[3] y una justificación de su idoneidad para el cargo. Realización de unas evaluaciones de control de confianza[4] a cargo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Elaboración de un informe técnico por parte del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del estado, construido con base en la evaluación curricular y de aptitudes de cada aspirante. Aplicación de un examen teóricopráctico de conocimientos jurídicos
Laurence Pantin y Adriana Aguilar elaborado por cinco universidades de renombre[5]. Para ser considerados elegibles, los aspirantes debían acreditarlo con un puntaje mayor a 80. Desarrollo de entrevistas por parte de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, durante las cuales el Comité de Participación Social podía realizar preguntas. Con base en los requisitos y el resultado de las evaluaciones, la Comisión de Seguridad y Justicia debía someter al Pleno del Congreso un dictamen con la lista de candidatos elegibles para el cargo. En ese momento, cada grupo parlamentario podría proponer al pleno unos candidatos seleccionados dentro de esta lista, y, finalmente, el Pleno debía elegir a los consejeros por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Además, la convocatoria preveía varios mecanismos para garantizar la transparencia del proceso, pues el Congreso debía publicar en su sitio web la lista de aspirantes, así como las versiones públicas de sus síntesis curriculares y los resultados de su examen teórico-práctico. También establecía que organismos privados y de la sociedad civil podían registrarse para ser observadores en la aplicación y calificación de los exámenes. ¿Mejor, imposible? En el papel, ningún proceso de designación de consejeros de la judicatura en México ha delineado un escrutinio tan profundo de los perfiles y capacidades de los candidatos y con tal nivel de transparencia. Desgraciadamente, la realpolitik jalisciense tiró el proceso a la basura.
Con nocturnidad y alevosía
El 19 de junio, los diputados eligieron a tres consejeros de la judicatura sin tomar en cuenta los resultados del examen teórico-práctico diseñado por las universidades; sin considerar el informe técnico presentado por el Comité de Participación Social —en el que quedó plasmado el análisis de los perfiles de los más de 60 aspirantes— y sin respetar los dictámenes de elegibilidad originalmente presentados por la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso[6]. Ese día, en la opacidad que brinda la madrugada, fueron elegidos Claudia Rivera Maytorena como consejera jueza, pese a haber obtenido 76.04 puntos en el examen y haber quedado en el 6° lugar del Informe elaborado por el CPS; Tatiana Esther Anaya Zúñiga como consejera ciudadana, con una calificación de 78.13, y quien obtuvo el 5° lugar en el Informe, y Gabhdiel Iván Novia Cruz como consejero ciuda-
dano, quien obtuvo 76.04 puntos en el examen y quedó en 28° lugar del documento del CPS.
El viejo asunto de las cuotas y los cuates
Desde que se hizo pública la designación de los consejeros, en varias columnas y artículos de prensa se ha denunciado que Anaya Zúñiga y Novia Cruz fueron impuestos por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y Rivera Maytorena llegó como cuota del Partido Acción Nacional (PAN)[7]. Es importante recordar que ambos partidos son los más representados en el Congreso de Jalisco, pues MC cuenta con el 42.1% de las diputaciones y el PAN con 23.7%. No se trata sólo una suspicacia entre los pasillos de la prensa. El propio comunicado de prensa del Congreso de Jalisco que anuncia la elección de los tres consejeros precisa que ésta se realizó “a pesar de la inconformidad manifestada por el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, el diputado Edgar Enrique Velázquez González, y de la legisladora Mara Robles Villaseñor, quienes señalaron que la insistencia del Pleno en avalar un dictamen de candidatos elegibles, a pesar de los resultados negativos de la mayoría en el examen de conocimientos, podría generar la percepción de parcialidad y reparto de cuotas. Ambos llamaron a reponer el proceso, para evitar caer en alguna irregularidad legal.” Como queda patente, el llamado del par de legisladores no fue escuchado. Pero más allá de ‘lucir mal’ — al demostrar que no son capaces de respetar las reglas que ellos mismos crearon—, los legisladores hicieron un flaco favor a los flamantes consejeros de la judicatura y al órgano que integran. Para ellos, será difícil deshacerse de la sombra de ilegitimidad que pesa sobre sus nombramientos. Resulta difícil imaginar que funcionarios conformes con una designación realizada de manera tan turbia sean ahora los encargados de hacer cumplir la ley y, en particular, de combatir eficazmente la corrupción al interior del Poder Judicial. Es un contrasentido. ¿Cómo podrán tener credibilidad a la hora de seleccionar, evaluar, promover y sancionar a los propios funcionarios judiciales, toda vez que se sospecha
que su designación no fue con base en criterios meritocráticos, sino discrecionales? ¿Cómo dejar de pensar que, en algún momento, estos consejeros deberán “devolver el favor” a quien o a quienes los pusieron donde están? Esto es todavía más preocupante en un estado como Jalisco, cuyo historial de acusaciones en materia de corrupción[8] y nepotismo[9] al interior de su órgano judicial debería provocar el fortalecimiento de instituciones que contribuyan a generar mecanismos de prevención, identificación y sanción de ese tipo de actos. Y por ende, a reconstruir la confianza ciudadana. Y la confianza ciudadana es lo que le urge construir al Poder Judicial del estado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 74.5% de la ciudadanía en Jalisco piensa que los jueces son corruptos. Este porcentaje posiciona a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, sólo por debajo de Tlaxcala y la Ciudad de México en donde los porcentajes llegan al 76.9% y el 82.4%, respectivamente.
Reparar el daño. ¿Evitar que se repita?
Como vemos, era crucial el proceso de designación de los tres consejeros. Y no parece que la sociedad se resigne sin más. La Contraloría Interna del Poder Legislativo de Jalisco ha iniciado un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable por posibles irregularidades en el proceso. La investigación deriva de tres denuncias presentadas por parte de una de las aspirantes y por dos organizaciones civiles —Sigue a Tu Congreso y el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción—. Según el propio titular de la Contraloría, una investigación puede durar alrededor de dos meses y, de encontrarse responsables, las sanciones en contra de los funcionarios irían desde la suspensión, hasta la inhabilitación y el cese del cargo. Por otra parte, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción Estatal ha presentado un amparo y una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de estos recursos, más allá de revertir las designaciones, es evitar que se repitan. Para ello también es necesario contar con leyes que establezcan criterios claros en las designaciones públicas. Al respecto, se puede mencionar la propuesta de Ley de Designaciones Públicas que impulsa el Comité de Participación Social.
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OTRO EXCESO PRESIDENCIAL Y UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
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a presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora panista Laura Rojas, presentó ante la Corte una demanda de controversia constitucional; lo hizo para impugnar el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 22 de mayo de 2020. Qué bueno que tuvo la entereza de hacerlo. El decreto cuestionado, en su parte relativa, dispone lo siguiente: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.” El presidente de la República pretendió fundar ese decreto en el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, que dispone: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. “El Ejecutivo federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que hace referencia la fracción IV del artículo 76.” Por haber interpuesto la controversia constitucional se le vino el mundo encima a la presidenta de la Cámara de Diputados. Sus colegas, algunos diputados de Morena, indignados, censuraron su atrevimiento. ¿A quién se le ocurre defender la Constitución y hacerlo sin su consentimiento? ¿Cómo se atrevió a poner en duda la actuación del señor presidente de la República? El cuestionamiento era necesario; la demanda, procedente, y la censura partidista, infundada. Para justificar la reforma de marzo de 2019, el actual presidente de
Elisur Arteaga Nava
la República, que en su campaña se mostró contrario a la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, nos dijo que era necesario reestructurar la Guardia Nacional. Le creímos. Posteriormente, él y sus voceros nos dijeron, y en forma reiterada, que la estructura de la Guardia Nacional ya había sido desarrollada, que su organización ya había sido implementada en todo el territorio nacional y que sus miembros ya habían sido capacitados y adiestrados. También le creímos. De esa manera, en el caso concreto, no se presenta el supuesto previsto en el transitorio; por lo mismo es improcedente disponer el uso de las Fuerzas Armadas permanentes tal como ahora se pretende hacerlo. En virtud de esa circunstancia y de lo dispuesto por el artículo 129 constitucional, era y es improcedente recurrir al uso de las Fuerzas Armadas permanentes para restablecer la paz pública y alcanzar el pleno imperio de la ley. Ahora resulta que no era cierto, que el presidente sí es militarista, que la Guardia Nacional no pudo con el paquete y que para combatir a la delincuencia se requiere, de nueva cuenta, la intervención de las Fuerzas Armadas regulares. Ante la violación de la Constitución se imponía recurrir a la controversia constitucional, a la acción de inconstitucionalidad y al amparo. La controversia planteada por la presidenta de la Cámara de Diputados contra el decreto presidencial une lo necesario a lo procedente. De conformidad con el artículo 233, numeral 2, del reglamento interior de la Cámara de Diputados, la presidenta de esa Cámara, por sí, representa a ese cuerpo colegiado y puede recurrir a la controversia constitucional; no necesita del consentimiento del pleno ni de la anuencia de los legisladores morenistas para hacerlo. Lo que es más, cuando el ministro instructor le dé entrada y una vez
que el Congreso de la Unión reanude sus sesiones, para el supuesto de que el pleno de la Cámara de Diputados acordara desistirse de la demanda, esa acción sería improcedente por cuestionarse un documento que materialmente es general y que goza de abstracción; se tiene que seguir el procedimiento hasta sus últimas consecuencias (art. 20, frac. I de la LRArt. 105). En el caso está de por medio la defensa de la Constitución Política; en la ley reglamentaria existe un precepto que dispone: “ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presume que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario”. Ese precepto y la reforma de 2011 al artículo 233, numeral 2, del reglamento interior del Congreso, cambiaron los criterios existentes, incluyendo el mío, respecto a personalidad e interés para ir a juicio de parte de las Cámaras. De esa manera, los diputados morenistas, no pueden alegar falta de personalidad o de representación. Motivos para promover la controversia constitucional no faltan. Ignoro si en ella se solicitó la suspensión del decreto. En el caso, por estar de por medio un documento que formalmente es un decreto, procede que el ministro instructor la conceda aun para el caso de que no haya sido solicitada (art. 14 de la Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional). Sobre esta materia recientemente se produjo un cambio por virtud de las controversias promovidas contra la aplicación de la reglamentación del artículo 127 constitucional. Los conceptos susceptibles de ser invocados deben estar referidos a poner en evidencia un abuso de autoridad: no se presentan las cir-
cunstancias que, de conformidad con el artículo quinto transitorio, se requieren para llamar a las Fuerzas Armadas en auxilio de la Guardia Nacional. Al no presentarse los supuestos previstos en el transitorio, debe prevalecer el artículo 129 constitucional que dispone que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar...”. Para que exista un estado de guerra no es suficiente la afirmación del presidente de la República; se requiere la intervención del Congreso de la Unión (arts. 73, frac. XII y 89, frac. VIII). Esto no ha sucedido. Debemos presumir que estamos en tiempo de paz. El concepto de invalidez se reforzaría a través de invocar el sentido garantista del artículo 1º y el artículo 21 constitucionales; éste confía al Ministerio Público, y a la policía que depende de él, la investigación de los delitos y la persecución de sus autores. Esa atribución la tienen confiada en forma privativa o exclusiva, lo que significa que otros órganos o entes, como lo es el Ejército, están excluidos de ejercerla. Desconozco la naturaleza de los conceptos de invalidez que invoca en su demanda la diputada Rojas. Dados los vicios notorios del decreto impugnado, parto del supuesto de que son fundados. En todo caso, en el momento procesal oportuno, el ministro instructor, en cumplimiento de la obligación que para él deriva del artículo 40 de la Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, en bien de los mexicanos, debe suplir la deficiencia de la queja. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ser muy limitada y servicial (no me atrevo a decir servil, porque suena feo, mucho más tratándose de una dama), declaró, con base en el inciso g) de la fracción II, del artículo 105 constitucional, que está impedida para promover una acción de inconstitucionalidad, en razón de que está de por medio un decreto y no una ley. Pobre de ella y de nosotros; de ella, por cuanto a que no sabe derecho; y de nosotros, por cuanto a que va estar en posesión del cargo, no de su ejercicio, muchos años más. La señora Rosario Piedra no sabe que los derechos humanos han evolucionado; no está enterada de que existe un artículo primero constitucional que es absolutamente garantista, que existen criterios de las cortes internacionales que declaran la procedencia de impugnaciones de actos violatorios de los derechos humanos aun en los casos dudosos.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 16 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: REGRESIÓN AUTORITARIA EN CDMX Ernesto Villanueva
E
l pasado 8 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley del Secreto Profesional del Periodista y cláusula de conciencia para el ejercicio periodístico en la Ciudad de México. A primera vista pudiera parecer un avance en la protección de las libertades de expresión e información, pero si se analiza el contenido se puede concluir que es exactamente lo contrario. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar mi afirmación anterior. Veamos. Primero. El secreto profesional y la cláusula de conciencia son dos derechos instrumentales que fortalecen el ejercicio periodístico y el derecho a la información en la experiencia comparada. El secreto profesional tutela la no revelación de las fuentes de información que se presumen contrastadas, documentadas y/o razonablemente confiables del periodista o de cualquier persona física que ejerza las libertades informativas que son un derecho humano de todos, no sólo, claro está, de los periodistas. En varias entidades de los Estados Unidos existen leyes en esa materia, así como en distintos países desde vieja data. En mi obra El secreto profesional del periodista: concepto y regulación en el mundo. (Fragua editorial. Madrid. 1988) analizo a detalle esta figura y distingo entre el derecho al secreto profesional absoluto y relativo. La cláusula de conciencia es, por su parte, una prerrogativa de quien trabaja en un medio de comunicación para garantizar su independencia editorial y se expresa en dos circunstancias posibles: a) negarse a llevar a cabo motivadamente una orden de trabajo que sea contraria a la ética periodística sin que esa negativa traiga consigo una consecuencia negativa para quien la invoca por no llevar a cabo la orden
recibida; y b) solicitar su rescisión de trabajo como si de un despido injustificado se tratara cuando un medio cambia su línea editorial que dista de la habida al momento de contratar a un trabajador en el ámbito editorial de los medios. Esta figura jurídica está prevista en distintos ordenamientos en el derecho extranjero, teniendo como origen la Ley del Trabajo en Francia de 1935, en su acepción de rescisión laboral como si de un despido injustificado improcedente o injustificado se tratase. Las dos hipótesis de la cláusula de conciencia llegaron a México a raíz de la Ley Orgánica 2/1997, del 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información de España. También sobre esa figura desde la primera versión de mi obra Derecho mexicano de la información (Oxford Univesity Press. 2000) y en las subsecuentes ediciones corregidas dedico un apartado amplio a este concepto y su evolución en el mundo. Segundo. En 1996, el entonces Distrito Federal se ubicó a la vanguardia de América Latina y entre los países con mayores protecciones al trabajo periodístico al aprobarse dos leyes fundamentales: la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 19 de mayo del 2006; así como así como la Ley del Secreto Profesional del periodista en el Distrito Federal, que también se publicó en la citada gaceta el 7 de junio del 2006. Estas dos piezas jurídicas fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a propuesta del presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Gámiz, a la que se sumaron todas las fracciones parlamentarias y fue iniciada la discusión
estimulada por Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la capital, pero tocó a Alejandro Encinas, como sucesor de López Obrador en la jefatura de gobierno, hacer la promulgación y ordenar la publicación respectiva para que tuvieran vida jurídica. En la administración de Miguel Mancera se introdujeron algunas reformas menores a ambas leyes que no fueron las más afortunadas, pero mantuvieron su esencia. Tercero. Es sorpresivo en esa tesitura que ahora se haya echado por la borda ese ánimo protectivo de la libertad de expresión al abrogar la Ley del Secreto Profesional y aprobar en su lugar la mencionada Ley del Secreto Profesional del Periodista y cláusula de conciencia para el ejercicio periodístico en la Ciudad de México que llama a sorpresa por su pésima técnica legislativa y, peor aún, porque representa una regresión autoritaria sin precedente en la historia contemporánea del país, teniendo como responsables al Congreso local de la capital del país y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que no sólo no vetó la ley, sino que impulsó la contrarreforma. En efecto, por lo que concierne al secreto profesional del periodista lo grave es que: a) transforma una norma jurídica -que se caracteriza por su coercibilidad para que sea obedecida- en una norma de retórica política, toda vez que las figuras de estatuto de redacción y códigos de ética quedan enunciados, pero no establece sanción alguna si ese supuesto comportamiento debido por los medios no se cumple, quedándose en simple proclama política aprovechando el desconocimiento jurídico de la comunidad periodística; b) es importante señalar que una conducta es debida sólo sí la conducta contraria es condición de una reacción jurídica negativa, es decir, una sanción. En lo concerniente a la cláusula
de conciencia, el asunto se complica más, porque, es obvio, habilita al periodista a pedir la rescisión de trabajo del medio (para ello no se requiere de ninguna ley adicional a las existentes) sino que no establece el corazón de la protección: que al invocar esa figura se presuma que se trate de un despido injustificado o improcedente lo que implica una contraprestación económica que no existe si el periodista o cualquier trabajador solicita su conclusión laboral. Cabe mencionar que ningún periodista debe invocar ese supuesto beneficio porque lo que haría en la realidad sería simple y sencillamente renunciar a su fuente de empleo. Es alevoso el engaño que se induce con esa normativa a los periodistas para que pongan en riesgo su propia estabilidad laboral y que se haya hecho en plena pandemia para que pasara con un bajo perfil de discusión pública. Sería una irresponsabilidad, en mi caso, que frente a una pieza jurídica que hacen “los nuestros” (que se coloca como el ejemplo de lo que nunca debió aprobarse y menos promulgarse y publicarse) para lastimar el ejercicio periodístico permaneciera callado, cuando tengo conocimiento de causa y sé que es inversamente proporcional a las libertades de expresión e información y al derecho a saber que promuevo por convicción y que deben estar por encima de cualquier filia o fobia política. Puedo entender la inquina de Sheinbaum contra la crítica periodística y las libertades informativas (que las combatan por las vías legales existentes, está en su derecho), pero no puede, bajo ninguna circunstancia, traducir esa alergia a la libertad de expresión en norma jurídica, porque va en agravio del interés superior de la nación que no debe tener caminos de regreso, donde la oposición mantuvo cómplice silencio.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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la par de la lucha contra la pandemia del #COVID19 en Chiapas, ahora hay que anotar otro asunto que requiere toda la atención del gobierno. Se trata de responder con acciones concretas para atender a la población más necesitada y vulnerable a los daños causados por fenómenos naturales como son las lluvias, las trombas o los desgajamiento de cerros y lomas. Ante la declaratoria de emergencia de desastre en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas hizo ayer la entrega de láminas y paquetes alimentarios a las familias afectadas. “Nadie en Chiapas está sólo, porque siempre está acompañado de su gobierno para encarar cualquier reto. Ahora, se han logrado mayores avances porque los recursos ya no se distraen en cosas superfluas, ahora llegan a su destino: la gente que lo requiera”, dijo el político oriundo del antiguo distrito de La Libertad. Rutilo Escandón Cadenas puntualizó que “ en Chiapas campea una nueva cultura de la transpa-
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an pasado 20 días desde que, entre la mayor de las prisas y el hermetismo, el Congreso de Chiapas dio un flagrante golpe a la democracia y la participación de candidatos independientes en los procesos electorales estatales, y hasta el momento no parece haber mayor reacción social o legal para objetar semejante reforma en materia electoral. Fue aprobada el pasado 27 de junio y el tiempo límite para las respectivas impugnaciones sigue a contrarreloj. Y es que, no se trata de un asunto de poca importancia. Las reformas a la ley en materia de Instituciones y Procedimiento Electorales del estado de Chiapas tienen de fondo efectos directos contra derechos ciudadanos que perderán terreno ante la vieja partidocracia. Pese a la importancia del tema, entre las escuetas discusiones por la iniciativa de reforma, poco o nada se dijo sobre los nuevos candados para el registro de candidaturas independientes en la entidad. Finalmente, era un tema que poco importó a una legislatura donde, por cierto, aún no existe diputación ciudadana, fuera del control partidista. El proyecto de ley no requirió de mayor tiempo para su análisis y aprobación exprés. Fue entregada a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el 19 de junio para concluir el respectivo dictamen, en sólo una semana, el 25 de junio. Las y los diputados solamente tuvieron entre 24 y 25 horas para realizar el análisis de 392 páginas de contenido.
Jueves 16 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL DIVÁN Sergio Stahl
* Emergencia de desastre natural y legitimidad democrática *
rencia y la eficacia para que los apoyos lleguen a la gente que los requiere.La suma de esfuerzos más
la vigilancia estricta del erario tiene resultados excelentes en Chiapas, porque alcanza para más gente y
EN LA MIRA Héctor Estrada
Congreso de Chiapas obstaculiza candidaturas ciudadanas
Y así sin mayores objeciones, con las únicas posturas en contra de Juan Salvador Camacho y Olga Luz Espinosa, la ley pasó sin menores contratiempos. De lo que nunca se habló, y era del mayor interés ciudadano, fue de las modificaciones hechas a los requisitos para acceder a candidaturas ciudadanas. Nadie objetó que se elevara la cantidad de firmas necesarias para registrar una postulación independiente. La ley duplicó el número de firmas requeridas para registrar
una candidatura independiente a la elección de gobernador, pasando del 0.25 al 0.5 de la lista nominal de electoral. En el caso de la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos con menos de 50 mil electores el requisito paso de 2 a 2.5 de las firmas de la lista nominal. En municipios con más de 100 mil votantes las firmas requeridas deberán representar al menos el 1.5 por ciento de la lista nominal, 0.5 por ciento más que en 2018. No obstante, por si fuera poco,
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se puedan atender como nunca las urgencias”. Al respecto, queda claro que con acciones concretas en favor de los más necesitados y de los más vulnerables, el gobierno respalda a la gente y la gente legitima a sus autoridades. En fin. BALCÓN. La pandemia del #COVID19 en Chiapas ha cobrado varias víctimas fatales en el ámbito de la política y del gobierno. Por ejemplo, un comandante de los Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, un alto funcionario del Ayuntamiento tuxtleco y un ex diputado local se cuentan entre las víctimas mortales del virus. Pero tras bambalinas mediáticas hay una larga de lista de políticos y altos funcionarios que se contagiaron del #COVID19, se encerraron en su casa a sufrir las consecuencias del virus, lograron vencerlo y sobrevivieron, todo ello sin decir ni una palabra. A esos personajes de la vida pública chiapaneca que soportaron el calvario de la infección del #COVID19 y salieron adelante sin hacer aspavientos en las redes sociales, mi respeto y solidaridad...Eso es todo.
el Congreso de Chiapas también redujo la cantidad de tiempo otorgado a las y los aspirantes a candidatos independientes para recabar dichas firmas, eliminando en promedio una semana al plazo antes permitido. Y es que, si bien pareciera un porcentaje ínfimo, el requisito de firmas toma proporciones reales si tomamos en cuenta que hasta la última elección de 2018 la lista nominal estatal registra un total de un millón 676 mil 957 empadronados, por lo que en el caso de la elección a gobernador los aspirantes ahora requieren recabar al menos 8 mil 400 firmas de apoyo, con la respectiva copia de documentos comprobantes, en sólo tres semanas. El aumento de obstáculos o requisitos para el registro de candidaturas ciudadanas constituye una clara violación contra la progresividad de las leyes, como derecho constitucional. Restringir, dificultar o revertir derechos ganados atenta contra los derechos humanos consagrados en la carta magna mexicana en materia electoral. La nueva reforma es anticonstitucional en varios aspectos y debe ser impugnada ante las instancias correspondientes. La nueva controversia sobre el Congreso de Chiapas reafirma los señalamientos que acusan una legislatura supeditada a los intereses del poder y los partidos políticos, ajena al sentir ciudadano, constantemente violatoria del mandato constitucional y heredera de las mismas prácticas políticas corruptas que de transformación no tienen nada… así las cosas.
CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 16 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1936 ECONOMÍA
La Cepal ajusta a -9% el pronóstico de crecimiento para México
SOLICITUD
Propietarios, piden información sobre apertura de establecimientos en Tuxtla
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DECLARACIÓN
Con Lozoya, se conocerá toda la corrupción que hubo en Pemex, dice AMLO
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SESIÓN
Aprueba IEPC la designación de titulares de los Órganos Ejecutivos PAG. 9
PRONUNCIAMIENTO
Facción de Polevnsky rechaza acuerdos del Consejo Nacional de Morena
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El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión ordinaria virtual, la designación de la y los titulares de la Secretaría Ejecutiva y de las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana; de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de la Dirección Jurídica y de lo Contencioso de este órgano electoral.
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Congreso aprueba exhorto a Murat para que atienda la “grave crisis sanitaria” en Oaxaca