CONTRAPODER EDICIÓN 1907

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Crímenes en la impunidad en Chiapas

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En Chiapas se han cometido actos criminales que han quedado impunes. Uno de ellos es el de la violencia generada por los grupos paramilitares en las regiones indígenas, formados por el Estado mexicano

El presidente municipal de Yajalón incurre en responsabilidades en el secuestro y asesinato de un comerciante en manos del comandante de la policía de esa ciudad. Él es responsable de la contratación de ese personal con antecedentes negativos. Y él debió de ordenar los exámenes obligatorios de control de confianza de la policía.

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EN CHIAPAS

Viernes 5 de Junio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1907

LLAMADO

SOLICITUD

Piden a AMLO que antes de construir el Tren Maya se haga justicia por la masacre de Acteal

En un comunicado, las organizaciones destacaron que “el pueblo de México tiene pendiente el reclamo de justicia con el pueblo de Acteal y los ejidatarios del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón”, quienes han sido víctimas de represión policiaca y detenciones arbitrarias por defender su tierra y territorio

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MENSAJE

No mentir, no robar y no traicionar, la receta de AMLO contra el covid-19 PAG. 3

Muere mujer del grupo de desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó

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HOY ESCRIBEN INFODEMIA Y VERDAD Javier Sicilia

OPERATIVO

Detienen a policías de Yajalón, Chiapas, tras asesinato de comerciante

Ya son más de 2 mil 500 investigadores que piden a AMLO revertir recorte al INAH

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

COMPLICIDADES

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Lucía Melgar Palacios

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UN AÑO DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, MÉXICO ESTÁ LEJOS DE DESMILITARIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Maureen Meyer / Wola PAG. 5

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Viernes 5 de Junio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Crímenes en la impunidad en Chiapas

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n Chiapas se han cometido actos criminales que han quedado impunes. Uno de ellos es el de la violencia generada por los grupos paramilitares en las regiones indígenas, formados por el Estado mexicano, con el fin de contrarrestar el avance zapatista en la zona de conflicto y para simular un enfrentamiento interétnico en las comunidades.. Si bien es cierto que el desplazamiento por motivos religiosos se dio en los años 70s, el desplazamiento por motivos políticos se multiplicó después del levantamiento armado del 94. Este último tipo de desplazamiento ha provocado a la fecha que más de 70 mil indígenas hayan sido expulsados de sus comunidades. El rastro de dolor que ocasiona la expulsión de la comunidad ha sido ignorado por los distintos gobiernos en la entidad, sin importar siglas o colores, y todas estos desplazamientos forzados en el que inclusive han sido acompañados con asesinatos, han quedado en la impunidad. Ningún gobierno estatal o federal ha buscado acabar con esta práctica de desplazamiento forzado y en sus

intenciones no ha existido el interés de investigar, perseguir y castigar a los responsables, así como a quienes desde el Estado o los que cuentan con su consentimiento y toleran este tipo de violencia que viola múltiples derechos humanos. El silencio que se guarda ante los miles de casos de desplazamiento en Chiapas resulta inaceptable y más si proviene de gobiernos que se autonombran de izquierda, que debieran ser los más interesados en la búsqueda de la verdad y el castigo a quienes cometen estos tipos de crímenes de dañan a la sociedad. Por eso resulta inadmisible, que en el actual gobierno no haya instruido la investigación, persecución y castigo a los responsables de los desplazamientos y juegue con el dolor de los desplazados con reuniones que no buscan procurar justicia ante el horror que significa vivir fuera del ámbito comunitario. Ayer falleció una mujer en situación de desplazamiento del grupo de familias expulsadas del Ejido Puebla de Chenalhó, a quienes se les robó el derecho a un proyecto de vida comunitario y se les niega el derecho a ser sepultado en el lugar en donde descansan sus ancestros. Lo más

grave de toda esta situación, es que la historia de sufrimiento de los desplazados en Chiapas parece no tener fin, simple y sencillamente porque hay un gobierno que no tiene intención de procurar justicia y no mide las consecuencias de dejar impune un acto criminal sancionado no solo por el derecho internacional sino también por las propias leyes mexicanas. La ausencia de justicia a los desplazados indígenas deja muy mal parado al gobierno de Rutilio Escandón, pues da claras muestras que no le interesa castigar delitos graves, que ponen en riesgo la vida de miles de familias indígenas en situación de desplazamiento. A la fecha, no hay interés de este gobierno de investigar, perseguir y castigar a los perpetradores de los desplazamientos, aún y cuando estos crímenes se hayan realizado en otros gobiernos y los responsables directos de los desplazamientos nada tienen que ver con el partido gobernante. Sin embargo el silencio ante la impartición de justicia denota lazos de complicidad y protección de este gobierno y los grupos paramilitares responsables de la violencia en las comunidades indígenas.

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Piden a AMLO que antes de construir el Tren Maya se haga justicia por la masacre de Acteal De la redaccion Ciudad de México (apro)

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as organizaciones civiles La Sexta Ejido Bachajón --adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona-- y “Las Abejas” de Acteal, Chiapas, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de construir el Tren Maya se haga justicia por la masacre de 45 indígenas tzotziles de Acteal. En un comunicado, las organizaciones destacaron que “el pueblo de México tiene pendiente el reclamo de justicia con el pueblo de Acteal y los ejidatarios del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón”, quienes han sido víctimas de represión policiaca y detenciones arbitrarias por defender su tierra y territorio. “¿Acaso no es una burla para el pueblo indígena de México que ya se realizó el banderazo de Tren Maya sabiendo que el proyecto de infraestructura empezó hace apenas un año, mientras que la exigencia de justicia por la masacre de Acteal se ha demandado desde hace más de 22 años? “¿Cuándo se dará el banderazo para investigar al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su cadena de mando, como el exgobernador Julio Cesar Ruiz Ferro, entre otros? ¿Cuándo se dará el banderazo para juzgar a los asesinos de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano?”, preguntaron. Denunciaron que los sobrevivientes de la masacre de Acteal no han encontrado verdad, justicia y reparación integral, ya que aun cuando el subsecretario de Derechos Humanos,

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

En su día 101 de la pandemia, el estado de Chiapas acumula un total de 2 mil 266 contagios, así como 158 muertes por coronavirus, con los 111 casos positivos y 6 defunciones registradas en las ultimas 24 horas, confirmó el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos Debido a la alta movilidad de la ciudadanía, en la tercera semana crítica de la pandemia, aún se encuentra al alza el número de contagios, siendo Tuxtla Gutiérrez el municipio con más contagios acumulados registrando 966 casos del total en todo el estado. En su conferencia de prensa el funcionario estatal informó que los casos recientes recayeron en 60 hombres y 51 mujeres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez (64), Chiapa de Corzo (7), Tapachula (7), Huixtla (5), San Cristóbal de Las Casas (4), Juárez (3), Motozintla (3), Ocozocoautla (3), Ostuacán (2), Palenque (2), Altamirano (1), Berriozábal (1), Bochil (1), Comitán (1),

En un comunicado, las organizaciones destacaron que “el pueblo de México tiene pendiente el reclamo de justicia con el pueblo de Acteal y los ejidatarios del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón”, quienes han sido víctimas de represión policiaca y detenciones arbitrarias por defender su tierra y territorio

Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que el Estado mexicano asumiría la responsabilidad por la masacre de Acteal, hasta la fecha la justicia no ha llegado. De igual manera, recordaron que aún no se hace justicia por el crimen de Juan Vázquez Guzmán, asesinado el 24 de abril de 2013 por organizar a su pueblo en contra de la imposición de una caseta de cobro en las cascadas de agua azul. Además, resaltaron, continúa pendiente la justicia por el homicidio de Juan Carlos Gómez Silvano, en marzo de 2014, así como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la libertad de los presos políticos de San Sebastián Bachajón y de México. En el texto, las organizaciones destacaron que su rechazo al Tren Maya no es solamente porque no participaron en su diseño y planeación, sino porque no es la demanda histórica de

los pueblos indígenas de México. “Podemos decir que no hubo una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT”, destacaron al mencionar que la consulta que realizó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas --entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019-- no fue con autoridades o instancias representativas de las comunidades y pueblos indígenas. Para los demandantes, el proyecto es la continuidad del Plan Puebla Panamá (PPP), creado y propuesto durante la administración de Vicente Fox Quesada, y hoy es un conjunto de megaproyectos que se está imponiendo, como el Proyecto Integral Morelos y el Plan del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El Tren Maya no sólo despoja tierras y territorios, sino hasta la identidad de sus pueblos originarios,

mercantilizando el nombre de sus antepasados, llamando “Maya” a un proyecto de infraestructura, cuando ningún pueblo originario del sur sureste lo solicitó , reclamaron. Las organizaciones exigieron al gobierno federal respeto a los miles de víctimas de violaciones a derechos humanos en México, y al presidente de la República que cumpla con la pacificación del país y la justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Finalmente insistieron en sus demandas: no al Tren Maya; libertad a los presos políticos Santiago Moreno Pérez, Manuel Moreno Jiménez y Victorio Moreno Jiménez; verdad, justicia y reparación integral a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, caso 12.790 MÉXICO, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, y justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a las obras de construcción del Tren Maya en el estado de Chiapas, luego de que un tribunal federal revocó la suspensión provisional otorgada mediante un amparo a organizaciones civiles y pueblos originarios mayas inconformes con el megaproyecto. (Melisa Carrillo)

Encabeza Tuxtla Gutiérrez el número de contagios y muertes por covid 19 El Bosque (1), Escuintla (1), Huehuetán (1), Ocosingo (1), San Fernando (1), Tonalá (1) y Tuxtla Chico (1). Con relación a las defunciones, mencionó que la número 153 para Chiapas corresponde a paciente masculino, de 53 años de edad, originario del municipio de Tapachula, quien tenía antecedentes de hipertensión y obesidad. La defunción número 154 recae en paciente masculino, de 68 años, residente del municipio de Ocosingo. La defunción número 155 se trata de paciente masculino, de 70 años, habitante de Chiapa de Corzo, quien presentaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La defunción número 156, corresponde a paciente masculino, de 57 años, con residencia en el municipio de Huixtla, quien tenía co-morbilidad

por diabetes. La defunción número 157 recae en paciente femenino, de 42 años, con domicilio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. La defunción número 158 se trata de paciente masculino, de 40 años, originario del municipio de Ocosingo, quien cursaba con alcoholismo y obesidad. El secretario de Salud señaló que, actualmente, del total de 2 mil 266 casos de COVID-19, 873 pacientes ya están libres de la enfermedad, mil 235 están bajo seguimiento (entre ambulatorios y hospitalizados) y 158 han fallecido. Para concluir, comentó que la clave para descender la curva de casos es controlar el comportamiento del virus en Tuxtla Gutiérrez, ya que la ciudad capital es el primer lugar es-

tatal en incidencia con 966 casos; lo anterior, precisó, sin descuidar ningún municipio. Asimismo, insistió que para entrar a la Nueva Normalidad es necesario que cada persona cuente con un plan de acción, por lo que la Secretaría de Salud se encarga de entregar, casa por casa, un decálogo sobre el coronavirus, para que se apeguen día a día a la implementación de medidas preventivas en los espacios públicos.

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Presenta IEPC resultados de la primera etapa del proyecto: Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres indígenas de Chiapas

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l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), presentó los resultados de la etapa uno del proyecto: “Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en municipios, pueblos y comunidades indígenas, tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en el Sistema Normativo Indígena, en el estado de Chiapas”. Este proyecto es resultado de un trabajo interinstitucional entre este órgano electoral; el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN), a través de la Subsecretaría de Economía Social; Transforma Chiapas A.C. y de las doctoras María del Carmen Alanís Figueroa y Leticia Bonifaz Alfonzo; de la periodista María Cecilia Lavalle Torres y el doctor Javier Aparicio Castillo. En su mensaje de apertura al foro virtual: Liderazgo político de las mujeres indígenas (retos y desafíos), el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que este foro tiene que ver principalmente con las restricciones y obstáculos que enfrenta el liderazgo político de las mujeres indígenas en Chiapas y también a nivel nacional. “Este proyecto fue financiado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y se ha nutrido con la participación de mujeres que juegan un papel relevante en la vida pública de comunidades y municipios indígenas, así como de destacadas especialistas en derechos humanos y materia electoral”. La consejera electoral y presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, Blanca Estela Parra Chávez, explicó que el proyecto consideró dos fases: la primera correspondió a la realización de una investigación cualitativa, que operativamente requería reunir tres grupos de enfoque y realizar nueve entrevistas a profundidad a mujeres indígenas que

Aproximadamente a las 12:40 del mediodía en el campamento provisional donde residen las 53 familias del ejido Puebla Chenalhó, ubicado en San Cristóbal de las Casas, falleció la señora Marcela Hernández López de 50 años, dejando viudo al señor Mariano Gómez Santíz. Marcela era además la madre de 7 hijos quienes lloran con profundo dolor su partida. Las causas de la muerte aún son desconocidas, pero Marcela había desarrollado una enfermedad durante su desplazamiento forzado por la cual estaba tomando un medicamento. Manifestó sentirse mal aproximadamente 20 minutos antes de su deceso. Desafortunadamente la ausencia de atención médica integral en el campamento temporal impidió que recibiera un diagnóstico acertado.

hubieran ejercido algún cargo o que jugaran un papel fundamental en el liderazgo de su comunidad y la segunda fase correspondió a la capacitación, mediante nueve talleres con enfoque de género y pluriculturalidad. “Esta labor de investigación hubiera sido más difícil de realizar, de no ser por la alianza estratégica con quienes aquí se involucraron. Los que estamos en este panel tenemos un gran compromiso social, un pensamiento que hace que se mueva el mundo pero de manera crítica, aportando elementos que nos permitan modificar una realidad que queremos cambiar. Quiero agradecerles de manera muy personal, este trabajo que ha sido para mí uno de los proyectos más importantes en mi desempeño y, como presidenta de la Comisión de Igualdad, seguimos buscando de manera importante nuevas formas, nuevos mecanismos y la forma de como innovar”. Yaneth Cruz Gómez, representante del INPI, señaló que dicha institución actualmente está incidiendo de gran manera en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en un proceso de marcar líneas de trabajo, con la finalidad de establecer lo que sea necesario para que las mujeres indígenas tengan mayor participación para incursionar en la vida pública comunitaria y en otros ámbitos. Por su parte, María de los Ángeles Cruz Hernández, Subsecretaria de Economía Social de la SEIGEN, aseveró

que el objetivo de este proyecto es generar conocimientos e información sobre el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres indígenas, propiciando a la vez, la identificación de buenas prácticas en el desempeño de cargos y de estrategias para diseñar protocolos de atención a la violencia política en razón de género en comunidades y municipios indígenas. Francisco Gallardo Espinosa, director de Transforma Chiapas AC, refirió que, el cuerpo legal es robusto a nivel internacional, nacional y local para comenzar a trabajar la igualdad sustantiva, dicha igualdad tiene mucho camino que recorrer, porque puede hacer que las mujeres cuenten con las condiciones necesarias en la participación. “Aún es un camino largo, tenemos mucha tarea quehacer entre todas y todos”. Durante su participación, Leticia Bonifaz Alfonzo, quien ha fungido como Directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue asesora externa del proyecto, enfatizó que los usos y costumbres en las comunidades indígenas son prácticas reiteradas que se diferencian y chocan con la legislación mexicana. Al respecto, argumentó que hay un límite expresado por el Tribunal Electoral y la propia SCJN: “No podemos anteponer usos y costumbres a temas de derechos humanos, cualquier exclusión de las mujeres será contraria a los Derechos Humanos”. En el uso de la voz, María del Car-

men Alanís Figueroa, ex magistrada del TEPJF, y quien encabeza las actividades del “Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana”, se pronunció por que las propuestas expresadas por las mujeres que asistieron a los talleres del proyecto de Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres indígenas, se vean reflejadas en las Reformas que próximamente aprobará el Congreso de Chiapas, pues el nivel de información que tienen estas mujeres es impresionante y son conocedoras de la realidad que se vive en sus comunidades”. La periodista María Cecilia Lavalle Torres, asesora externa del proyecto, comentó que es importante que las mujeres sepan que hay que insistir y resistir, “no hay que dar pasos atrás en cuestiones de paridad. Hay que aprovechar este momento, hablando en materia de derechos políticos de las mujeres, tratando de que la paridad vertical y horizontal sea una realidad en la práctica”. La investigadora Marisol Vázquez Piñón, señaló la importancia que tiene el cambiar las estructuras machistas comenzando tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en los Sistemas Normativos Indígenas, “en los cuales hay que empezar por motivar la participación de las mujeres en las asambleas comunitarias”. A través de un video, la abogada de origen zoque, María Sánchez Álvarez, y la Jueza de Paz y Conciliación Indígena de Chalchihuitán, María Pérez Hernández, coincidieron en que, para las mujeres indígenas es muy importante tener una vida libre de violencia, para ello se necesita seguir incidiendo en la construcción de leyes, de una política pública diferente y en la reconstrucción de las instituciones y de todo lo que necesita para cambiar la estructura de un país donde aspiramos a vivir libres y felices.

Muere mujer del grupo de desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó Marcela Hernández López murió sin poder retornar de manera digna y segura a su comunidad. Ahora su familia espera poder recibir apoyo de autoridades estatales y municipales para llevar sus restos a su lugar de origen y darles sepultura, con la condición de garantizar la integridad personal y seguridad de todos los que participan de sus exequias. Este centro de derechos humanos se solidariza con el dolor que embarga a los familiares de Marcela y a todos los desplazados del ejido Puebla Chenalhó.

Hasta la hora en la que se emite este comunicado, ningún funcionario de Gobierno se ha acercado al campamento a ofrecerle ayuda humanitaria

a la familia. Por lo tanto, el cuerpo de Marcela continúa en el suelo, impidiendo así que el duelo sea digno. Q.E.P.D

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Detienen a policías de Yajalón, Chiapas, tras asesinato de comerciante Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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gentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaron un operativo policiaco en el municipio de Yajalón para detener a los presuntos responsables de la desaparición y homicidio de un empresario de ese pueblo. Dos elementos del Ayuntamiento que forman parte del “Grupo Táctico”, encabezado por el propio alcalde Juan Manuel Truilla Constantino, fueron detenidos. Desde muy temprano, los agentes de la Fiscalía arribaron al pequeño pueblo de la región tseltal-chol, para detener en la propia Presidencia Municipal a Neftalí “N” y Juan Pablo “N”, miembros del llamado “Grupo Táctico”, un cuerpo policiaco municipal que creó el alcalde a su llegada a ese gobierno a finales del 2018, paralelo al cuerpo policiaco municipal. De forma extraoficial se dijo que hay otro hombre y una mujer detenidos. Antes del inicio del operativo huyó del poblado el jefe de este cuerpo policiaco de corte paramilitar, Joaquín Flores Hernández alias El Chorizo, quien es a su vez guardaespaldas del alcalde. El Chorizo ha sido detenido en otras ocasiones por diversos delitos, aunque luego se le liberó. Una de las detenciones ocurrió cuando iba junto a su jefe en mayo de 2019. Los detenidos estarían involucrados en la desaparición y asesinato

Isaín Mandujano Palenque, Chis. (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, además de mantener una sana distancia, la buena alimentación y el lavado de manos, el “no mentir, no robar y no traicionar” ayuda mucho para no enfermarse de covid-19. “Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, sentenció desde Palenque, Chiapas. Luego de ser cuestionado sobre cómo se cuida todos los días para evitar contagiarse, el mandatario aseveró que le han recomendado mantener la sana distancia, el aseo y el lavado de las manos, básicamente. Además, la alimentación también es importante, comer saludable, no comer productos chatarra, aunque señaló que esto es voluntario, pues a nadie se le puede obligar a ello. “La sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación,

Dos elementos del Ayuntamiento que forman parte del “Grupo Táctico”, encabezado por el propio alcalde Juan Manuel Truilla Constantino, fueron detenidos

del comerciante Antonio Vázquez García, de 64 años de edad. Propietario de la tienda de ropa Comercial Vázquez en Yajalón, la víctima desapareció el 25 de mayo y su camioneta Honda color azul fue encontrada quemada un día después en un camino de terracería. Aunque en un principio se pensó que podría ser un secuestro, nunca pidieron recompensa alguna por su liberación. Su cuerpo fue hallado cinco días después cerca del sitio donde localizaron su camioneta.

Las investigaciones siguieron hasta hoy, cuando elementos de la Fiscalía ingresaron al poblado y detuvieron a los integrantes del Grupo Táctico. Dicho grupo ha sido acusado de reprimir con violencia las protestas de diferentes grupos como los campesinos de la comunidad de La Aurora, donde varios de ellos murieron en enero de 2019. También estuvieron involucrados directamente en los disparos y represión de los campesinos de la comunidad Hidalgo Joshil de Tum-

balá, el pasado mes de abril, quienes protestaban porque no les permitían ingresar al Hospital Regional de Yajalón. El alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, confirmó el operativo policiaco y dijo que colaborará con las FGE para que se esclarezcan los hechos, además de no protegerá a nadie que se haya visto involucrado en esos hechos lamentables. Dijo que ninguno de sus funcionarios “está por encima de la ley” y que no habrá impunidad”.

No mentir, no robar y no traicionar, la receta de AMLO contra el covid-19 pues comer saludable, no comer productos chatarra”, señaló. El mandatario mexicano llegó ayer a Palenque para dar hoy el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya en esta región del norte de Chiapas, el tramo que le toca a esta entidad, de unos 20 kilómetros aproximadamente. “Vamos a seguir domando la pandemia, como lo hemos venido haciendo, un problema muy grave, muy delicado, se ha venido atendiendo con responsabilidad, por el buen comportamiento del pueblo, con la entrega de médicos y trabajadores de la salud”, dijo. Llamó a todos los mexicanos a cuidarse al menos hasta cuando esté la vacuna, y que quien se cuide difícilmente podrá infectarse. Dijo que a su gobierno le dio tiempo para prepararse y, por tanto, no

pegara duro la pandemia y que hay todavía espacio suficiente en los hospitales, pero que ha ayudado mucho

estar en manos de los especialistas, en manos de los expertos y los científicos.

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Jalisco: queman patrullas e irrumpen en Palacio de Gobierno durante marcha por Giovanni Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

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a marcha para exigir justicia por la muerte de Alejandro Giovanni López, quien presuntamente murió por los golpes recibidos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, derivó con la quema de dos patrullas estatales a un costado de Palacio de Gobierno, y con grafiti en las paredes del histórico recinto, así como en la banqueta. La manifestación comenzó en el Parque Rojo, que se ubica en la confluencia de Juárez y Federalismo, para marchar rumbo a Palacio de Gobierno. Mientras los cientos de personas caminaban, gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “justicia, justicia”; “Alfaro, ratero, asesino del pueblo”; “Giovanni no murió, el estado lo mató”. Una vez que arribaron afuera de Palacio de Gobierno, en pleno centro de Guadalajara, los inconformes empezaron a gritar “asesino, asesino”, así como “justicia para Giovanni”.

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Ante el alto número de contagios de covid-19 en la entidad (mil 771 positivos y 201 decesos), el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que a partir de este viernes 5 y hasta el 15 de junio se declara “aislamiento total y voluntario”. Sin dar cifras actualizadas de la pandemia y sin aceptar preguntas sobre la saturación de hospitales o por qué apenas se están equipando los Hospitales Covid anunciados en marzo, Murat se limitó a dar un único anuncio: “aislamiento total y voluntario”. Con media hora de retraso, fiel a su costumbre, a las 17:29 inició la transmisión vía redes sociales donde el mandatario estatal dio a conocer el anuncio, tardío por la propagación del SARS-CoV-2, principalmente en la región de Valles Centrales. La víspera circuló en redes sociales la noticia del supuesto cierre de todos los negocios, incluidos mercados en la capital, lo que generó una serie de cuestionamientos porque no se tocaba a tiendas como Sam’s, Walmart, Chedraui, Soriana, Aurrerá y Piticó, entre otras. Se esperaba que esta tarde Murat se hiciera el anuncio oficial. Sin

Mientras los cientos de personas caminaban, gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “justicia, justicia”; “Alfaro, ratero, asesino del pueblo”; “Giovanni no murió, el estado lo mató”

Además, comenzaron a golpear y patear la puerta del edificio. Otros graffitearon las puertas y la cantera del inmueble con las palabras “Estado asesino”; “Fuck policía” y “puercos”. Unos cuantos lograron ingresar por una puerta secundaria, destro-

zando muebles y computadoras, aparatos electrónicos de dos pequeñas oficinas. También rayaron las paredes con la palabra “asesinos”, “puta policía”, sin que ningún agente estatal se apareciera para detenerlos. En una de las ventanas colgaron una manta en que se leía “mataron

a quien sí construía a México”, en alusión a que Giovanni era albañil. De las oficinas sacaron banderas, las cuales comenzaron a ondearlas, y después intentaron incendiarlas. Al mismo tiempo, rompieron los cristales de las ventanas y los faroles que cuelgan de la fachada del palacio de Gobierno. Dos patrullas estatales, que se estacionaron por la calle de Morelos, fueron destrozadas, y después incendiadas. Cinco motocicletas estatales también fueron dañadas, así como una tercera patrulla. Las motocicletas fueron rescatadas por policías, quienes las metieron a Palacio de Gobierno, por la puerta lateral de la calle Morelos, la cual también fue destrozada. En respuesta, los policías lanzaron una bomba de gas lacrimógeno. En redes sociales se anunció que habrá otras dos manifestaciones, los dos siguientes días.

Murat declara “aislamiento total y voluntario” en Oaxaca, del 5 al 15 de junio embargo, nada de eso ocurrió, únicamente pidió el aislamiento total y voluntario “porque tenemos la obligación de cuidar de las familias”. Apuntó: “He consensado hacer un anuncio porque se ha incrementado de manera importante el número de contagios en covid-19”. Y soltó: “Hoy quiero hacer una convocatoria voluntaria coordinada con toda la sociedad, y el único anuncio es el aislamiento total a partir de mañana 5 de junio al 15 de junio”. De igual manera, demandó a toda la población de Valles Centrales que se quede en sus casas y solamente salga para emergencias, actividades de salud o alimentarios, para que “cortemos de tajo el contagio de esta enfermedad”. El comandante de la VIII Zona Militar, Juan Arturo Cordero, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementó el Plan DN-III en esta modalidad inédita, y desde hace dos meses se trabaja con los gobiernos federal y estatal para atender la pandemia. La Sedena, resaltó, ha reforzado

al sector salud con 150 camas para la atención de enfermos con covid-19, aunque todavía no terminan de equipar el Hospital de Especialidades de Juchitán para que entre en operación. Explicó que son seis instalaciones hospitalarias que atenderá el Ejército, con 110 militares de la salud, y se contratará a 250 elementos más para atender en los tres turnos esta etapa crítica de la emergencia sanitaria. En su oportunidad, la delegada especial Susana Harp señaló que como enlace federal “estamos trabajando hace tres semanas para generar puentes y apoyar en las gestiones del gobierno de Oaxaca y demás

instituciones”. Mencionó que con la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado acuerdos con fundaciones y empresas privadas para generar respiradores. Se han entregado 40 y mañana serán 10 más. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), abundó, ha entregado camas para atender en Hospitales Covid, aunque la mayor parte es para el de la Mujer y el Niño, que no termina de equiparse ni funcionar. Finalmente, tras reconocer que será en los próximos días cuando se abra el hospital de Juchitán, anunció que ayer llegó un termociclador para realizar pruebas de covid-19.

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Segob involucra a Alfaro en la presunta ejecución extrajudicial de Giovanni López Alvaro Delgado Ciudad de México (apro)

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a Secretaría de Gobernación (Segob) involucró al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano Giovanni López, quien fue detenido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no utilizar cubrebocas, y apareció muerto horas después. “El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia (de covid-19), que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, subrayó la dependencia, aludiendo al gobernador del partido Movimiento Ciudadano. Y dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, “los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado como fallecido”. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, también condenó que, según un video que circula en redes sociales, una persona en situación de calle haya sido detenida en Tijuana, Baja California, y falleció supuestamente en custodia de la policía municipal, el pasado 28 de febrero. “Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta

“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia (de covid-19), que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, subrayó la dependencia, aludiendo al gobernador del partido Movimiento Ciudadano

Subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó Encinas. En el caso de Jalisco, tras la difusión masiva del video en el que se aprecia la detención del trabajador de la construcción, que al día siguiente apareció muerto con señales de tortura y un balazo en un pie, el gobernador Enrique Alfaro ordenó una

investigación. A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Secretaría de Gobernación solicitó información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza pública en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Tijuana, Baja California. Encinas destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del SARS CoV-2, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública, y refrendó que las autorida-

des de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas. El subsecretario conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia. “No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, recalcó.

En redes sociales ofertan tarjetas falsas del Programa Nacional de Becas para el Bienestar, alerta la SEP Carlos Olvera Ciudad de México (apro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alertó que en redes sociales se ofertan tarjetas falsas del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. “Alertamos a los estudiantes a no dejarse llevar por intentos de extorsión, noticias falsas y robo de información, verificando el origen de la información que reciben”, informó en un comunicado. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez alertó que a través de correos electrónicos están enviando mensajes que señalan que, debido a la crisis económica por el covid-19, los estudiantes interesados en la beca deben

depositar 500 pesos a la cuenta bancaria 55041685787496, para poder recibir 10 mil 100 pesos. “Desmentimos esta información y exhortamos a las y los becarios NO REALIZAR NINGÚN DEPÓSITO que les sea solicitado por ningún medio. Todos los trámites para recibir la beca son gratuitos”, insistió la SEP. La dependencia advirtió que el correo jovenesescribiendoelfuturo2020@gmail.com, el usuario “at. ciudadania02”, “prospera” y el número 01800-9002000, no tienen ninguna relación con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. “Recordamos que nuestros medios de comunicación electrónica son atencion@becasbenitojuarez.

gob.mx; el número gratuito 800500-5050; en Facebook: Coordinación Nacional de Becas para el

Bienestar Benito Juárez Oficial, y en Twitter: @BecasBenito”, apuntó. (Manuel Alejandro Godínez López)

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AMLO aprovecha confinamiento para imponer de manera “autoritaria” el corredor interoceánico: ONG Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro)

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ras advertir que no dejarán que se pierdan las culturas originarias “por la imposición irracional de un megaproyecto de muerte”, organizaciones indígenas, académicos, colectivos y sociedad civil rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera “indignante” y “autoritaria”, subrayaron, está aprovechando la pandemia para imponer el corredor interoceánico. En víspera de la visita presidencial --programada del 5 al 7 de junio en el sur de Veracruz-- para “dar el banderazo” al Tren Transístmico, más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) recalcaron: “Los pueblos ya decidimos: ¡No al corredor interoceánico!”. En una carta dirigida al Ejecutivo federal, denunciaron que de manera totalmente indignante y autoritaria, inaceptable en un país democrático, “el licenciado Andrés Manuel López Obrador está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia, que limita nuestros más elementales derechos, como lo es el derecho a la reunión, a la protesta y movilización, para imponer la militarización del país y su propio concepto de proyectos esenciales para la Nación, como el megaproyecto del corredor interoceánico, entre otros, que sabemos son esenciales para el gran capital y particularmente para Estados Unidos”. Consideraron que no existen las condiciones legales para dar el banderazo a las obras, porque las “nuevas consultas” indígenas que se iban a realizar recientemente fueron suspendidas por motivo del confinamiento, y existen

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que realizó una permuta cruzada de valores gubernamentales con el objetivo de mejorar el perfil de vencimiento de la deuda en moneda local. De acuerdo con la dependencia encabezada por Arturo Herrera, la operación fue la siguiente: se anuló deuda de Bonos ‘M’ y Udibonos por 80 mil 492 millones de pesos, con vencimientos en 2020 y 2021, y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2022 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional. La demanda total de la transacción fue de 103 mil 039 millones de pesos y se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

amparos promovidos por pobladores mixes, zapotecos e ikoots del Istmo en contra del corredor interoceánico. La carta, también firmada por artistas, ambientalistas y personalidades de la sociedad civil, calificó la visita presidencial como “totalmente inoportuna”, porque se realiza en el contexto de la pandemia de covid-19, que asola particularmente al corredor urbano industrial de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. De igual forma, los firmantes repudiaron las obras de modernización de las vías del Tren Transístmico, al no existir las condiciones legales para iniciar este proyecto, porque se está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas afectados que no fueron debidamente informados para tomar sus propias decisiones. Para reforzar su dicho, mencionaron que la consulta realizada el 31 de marzo de 2019 en Oteapan no cumplió con los estándares del derecho a la consulta estipulados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser previa, informada, de buena fe y en el idioma de cada comunidad antes de iniciar todo el proceso de licitación. En sus actas de asamblea, los pueblos indígenas nahuas y popolucas de

la región rechazaron el proyecto de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sin embargo, en la pretendida consulta, sostuvieron, “invitaron sólo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo que las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades, que ni siquiera estaban informadas”. Además, hubo presencia intimidatoria del Ejército dentro y fuera del recinto donde se realizó la supuesta asamblea consultiva. “Consideramos que este proyecto del corredor interoceánico con sus parques industriales será la destrucción de la gran diversidad de las culturas originarias y afro descendientes que conviven en la región del Istmo y que representan un verdadero tesoro para los pueblos y para toda la humanidad”. Destacaron que el proyecto del Corredor Interoceánico en la región del Istmo consiste en la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, la modernización de las vías del ferrocarril transístmico y la construcción de una supercarretera entre los dos puertos. Pero también incluye parques eólicos e hidroeléctricas empresariales; la exportación, transformación y transportación de hidrocarburos por mé-

todos convencionales y por fracking; actividades de minería toxica y la instalación de por lo menos 10 parques industriales con la ampliación de la infraestructura eléctrica que estos requieren. “Nos preocupa en máximo grado que las actividades mencionadas son altamente contaminantes y requieren millones de litros de agua para poder operar, cuando ya existe un problema de escasez de agua en el corredor urbano-industrial del sur de Veracruz debido a la contaminación y salinización insuperable de todos los mantos freáticos de la región provocada por la explotación petrolera de décadas, sin olvidar que el Río Coatzacoalcos tiene el récord del río más contaminado del país y del mundo”, recalcaron. Y advirtieron que los pueblos nahuas, nuntaj+yi (popolucas), campesinos mestizos y afrodescendientes están dispuestos a defenderse contra la invasión y destrucción capitalista industrial, como lo han manifestado en más de 80 actas de asambleas ejidales y comunitarias, en las que declaran que no permitirán en sus territorios actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, de minería, de generación empresarial de electricidad, ni de privatización de agua. En tal sentido, hicieron un llamado a López Obrador “a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres”. “Sabemos que hay muchas presiones de los más poderosos y de los mafiosos del mundo, y se requiere de voluntad política, se requiere de valor social y de un ejercicio verdaderamente democrático para dejar atrás este modelo económico neoliberal que destruye la vida, la naturaleza y empobrece más a los pueblos”, finalizaron.

Hacienda realiza permuta cruzada de valores para suavizar perfil de vencimientos de deuda “Esta operación de manejo de pasivos se encuentra enmarcada dentro de lo planteado en el Plan Anual de Financiamiento 2020, publicado a inicios de este año”, aseguró la SHCP. Según la dependencia, estas transacciones permiten mejorar la eficiencia del proceso de formación de precios y contribuyen a reducir el costo y riesgo de financiamiento del gobierno federal. “Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país”, señaló. Y hacia adelante, añadió, continua-

rá monitoreando las condiciones en los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar las ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

El gobierno de México reiteró su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas.

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Ya son más de 2 mil 500 investigadores que piden a AMLO revertir recorte al INAH Niza Rivera Ciudad de México (apro)

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través de tres cartas, una de ellas enviada hoy, dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, más de dos mil 500 investigadores nacionales e internacionales solicitaron al Ejecutivo federal revertir el recorte presupuestal al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Con firmanes como el historiador Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos; la antropóloga Rosa María Garza, investigadora del área de Etnología y Antropología Social; el investigador del Centro INAH-Morelos, Paul Hersh; y el director del Proyecto Templo Mayor, Fernando López Luján, las misivas a López Obrador son contundentes: “Buscamos su apoyo para revertir el recorte presupuestal”. En la carta más larga se lee un recuento de la situación del INAH, lo que incluye el recorte más reciente, del 75%, ordenado por la por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del oficio emitido el pasado 22 de mayo, como resultado de la situación del país ante el covid-19.

Ahí se plasmó: “…Si bien comprendemos la necesidad de administrar eficientemente los recursos del Estado y apoyamos el combate a la corrupción, también estamos convencidos de que sería un error que dichos ajustes se tradujeran en limitar aún más las funciones

De la redacción Ciudad de México (apro)

La apuesta a la refinación de petróleo, el freno a la industria de las llamadas energías renovables, el desarrollo de gasoductos con fondos destinados a mitigar el cambio climático y el arranque de las obras del Tren Maya evidencian el desinterés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante las problemáticas ambientales globales, marcadas por la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, denunció hoy la organización Greenpeace. “Lejos de contribuir a frenar ambas problemáticas, la política ambiental de la actual administración en nuestro país las acrecienta”, planteó Greenpeace en un boletín publicado este día mundial del medio ambiente en el cual recordó que el mismo gobierno de López Obrador se comprometió a llegar a la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. La organización resaltó que el

En la carta más larga se lee un recuento de la situación del INAH, lo que incluye el recorte más reciente, del 75%, ordenado por la por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del oficio emitido el pasado 22 de mayo, como resultado de la situación del país ante el covid-19

de una Institución fundamental para el país, como es el INAH. “… Por lo anterior, y tomando en cuenta que su gobierno a través de la SHyCP ha exentado de la aplicación del recorte presupuestal a otras instituciones de docencia e investigación de reconocido prestigio, entre las cuales también debiera estar el INAH, le solicitamos atender el caso de nuestro Instituto, bajo los mismos criterios aplicados a otros centros académicos públicos, con el fin de revertir el recorte presupuestario que obstaculiza el cumplimiento de las funciones esenciales del INAH y que vulnera la situación laboral de sus trabajadores”. *** Al respecto Bolfy Cottom, el antropólogo y especialista en legislación cultural, respondió a Apro

que si bien la carta está enviada a López Obrador es porque el recorte responde a una instrucción del ejecutivo, producto del decreto presidencial de abril pasado ante la situación económica derivada de la contingencia por covid-19.

Dijo a esta agencia: “Se envió al presidente porque es el titular del ejecutivo, ciertamente cada secretaría tiene funciones y facultades y atribuciones específicas; y también fue quien giró la instrucción antes, lo hizo a la SFP, y derivó en el decreto acorde a los lineamientos de austeridad. Y bueno, ha habido a otras cartas tanto al INAH como a la Secretaría de Cultura”. --¿Buscaran formar algún colectivo o grupo a partir de esto? --No, no hay intención de es-

tablecer ningún grupo de poder o segmentar, es un movimiento de trabajadores del instituto que firmaron para buscar una solución. Es la comunidad del INAH y académicos que se han sumado de buena voluntad y fe. --¿Qué harán para obtener una respuesta? --Hay un plazo prudente, el presidente decidirá cómo la conduce, designa o turna, han sido accesibles. Estoy seguro que habrá una respuesta. Apegándonos al Art. 8 de la Constitución Mexicana, en su segundo párrafo, se habla de un plazo prudente de días que obtener una respuesta, “No buscamos confrontación, y desde luego tocaremos distintas instancias, como las del poder legislativo. Hay una estrategia en la búsqueda”.

Y concluyó: “Es importante que reconocemos la gestión y trabajo de la dirección del INAH, y esfuerzo de la Secretaría de Cultura, pero creo que desafortunadamente no ha habido suficiente claridad y convencimiento para que nuestras instituciones no mueran por inanición, hemos sido solidarios con distintas problemáticas, pero no podemos dejar caer al INAH porque si no lo vamos a lamentar”.

Proyectos de AMLO, en sentido contrario a la crisis climática: Greenpace gobierno no solo le dio prioridad al rescate de Pemex –una de las diez empresas más contaminantes del planeta-- y a reforzar el sistema de refinación –marcado por la construcción de la refinería en Dos Bocas, por más de ocho mil millones de dólares--, sino que pretende generar energías “renovables” con combustóleo, el “combustible residual de los procesos de refinación”. “En fechas recientes el embate que pretende eliminar las energías renovables de la matriz eléctrica, argumentado que son costosas, que no son confiables y que ponen en riesgo el sistema eléctrico nacional, son medidas que no dejan duda de que la política energética del país va en sentido opuesto al combate al cambio climático (…) Ante eso, los compromisos climáticos plasmados

en acuerdos internacionales y en las propias leyes mexicanas resultan imposibles de lograr”. Aparte, subrayó que el Tren Maya ocasionará “daños incalculables al medio ambiente, “comenzando por la afectación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas”, y afectará “el equilibrio ecológico de la Península

de Yucatán, área prioritaria para la conservación de la biodiversidad en nuestro país”. Y remató: “además el proyecto no toma en cuenta el efecto colateral del tren: el desarrollo industrial, agropecuario, turístico e inmobiliario sin control, ni los derechos de pueblos y comunidades indígenas”.

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Con recorte presupuestal, la CEAV “tendería más bien a desaparecer”: CNDH Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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nte la crisis anunciada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), debido a la reducción de 75% de su presupuesto operativo, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertaron sobre los riesgos de que se incremente la vulnerabilidad de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto de la contingencia sanitaria. Luego de que la comisionada presidenta de la CEAV, Mara Gómez, informó el pasado lunes 1 sobre el recorte presupuestal ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a raíz de las medidas de austeridad anunciadas en el decreto presidencial del 23 de abril, la CNDH advirtió que el organismo “tendería más bien a desaparecer”. Consideró que, con las contracciones presupuestarias anunciadas, “el fin para el que fue creada la CEAV dejaría de estarse cumpliendo, pues ante las medidas que serán tomadas se estaría abandonando prácticamente la atención a las víctimas”. Tras señalar que la CNDH tiene en trámite 287 recomendaciones por violaciones ordinarias o graves que están pendientes de atenderse, y la contracción de sus fondos afectará el cumplimiento de las mismas, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra trasladó la responsabilidad del recorte presupuestario a la CEAV, omitiendo que fue decisión de la SHCP. “Con el respeto que nos merece la CEAV y las decisiones de sus autori-

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

Con el fin de continuar el diálogo entre México y Estados Unidos para avanzar en la estrategia bilateral y frenar el flujo ilícito de armas y droga en la frontera entre ambos países, el gobierno mexicano propuso ampliar la inspección en tres puntos: Piedras Negras-Eagle Pass, Ciudad AcuñaDel Río y Ojinaga-Presidio (frontera con Texas). Además, ambas naciones determinaron mantener el intercambio de información, que ha permitido establecer operativos de revisión de personas y vehículos con dirección a México. Este jueves, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, encabezó una videoconferencia con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

dades, la CNDH considera que con las medidas anunciadas se estaría violentando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos”, relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y señaló que hay casos pendientes de reparación que no ha atendido la CEAV, “como es el caso de la recomendación 26/2001 ‘Guerra Sucia’, el cual lleva en trámite más de 19 años, sin haberse reparado el daño a las víctimas”. No obstante, la CEAV se creó en 2014, 13 años después de la recomendación mencionada. En el último párrafo del comunicado, la CNDH exhortó “a las autoridades hacendarias y de la propia CEAV para que se revisen las medidas de austeridad anunciadas, que aun cuando son indispensables, se hagan con el criterio de tomar en cuenta principalmente a las víctimas, independientemente de las medidas que para su funcionamiento administrativo sea preciso limitar”. Por su lado, organizaciones civiles y víctimas de derechos humanos coincidieron en que la crisis financiera en que se ha colocado a la CEAV es un reflejo de que “el gobierno mexicano continúa sin establecer como una

prioridad de Estado el tema de atención a las víctimas”, y con la reducción del 75% del presupuesto de la institución federal para personal, abundaron, “el gobierno parece desconocer la relevancia y la necesidad de contar con una estructura institucional que garantice efectivamente los derechos de las víctimas”. En un pronunciamiento, los firmantes destacaron “la ausencia de información clara, precisa y actualizada sobre la situación financiera de la CEAV”, pues mientras la dependencia habla del recorte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, Arturo Herrera y Olga Sánchez Cordero, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, han sostenido que no se desatenderá a las víctimas, pero la contracción presupuestal se mantiene. Por ello, desde la sociedad civil se pidió a la SHCP que “garantice la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva y otorgue recursos específicos que le permitan cumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas”.

Las organizaciones recordaron que desde 2017 está pendiente la emisión de un reglamento interno de la CEAV, institución que se ha distinguido por años por “su ineficiencia, apatía, burocracia y opacidad”, además de “carecer de espacios de consulta y participación de la sociedad civil, colectivos de víctimas, y víctimas”. Por ello, solicitaron a la CEAV que dé a conocer un diagnóstico sobre su situación operativa y financiera, una propuesta de plan de trabajo para superar “la falta de reglamento, la ausencia de un modelo de atención integral a víctima y las irregularidades en el uso de los recursos financieros”, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas “que contribuyan al uso eficiente de sus recursos para mejorar el desempeño de la institución”. Tras señalar que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) no opera desde 2014, pese a estar obligado por ley a sesionar cada seis meses, las organizaciones urgieron al presidente López Obrador a convocar al pleno “para avanzar en la construcción de una verdadera política integral de atención a víctimas y con ello cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano”. El comunicado fue firmado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, Red Nacional de Peritos/as y Expertos Independientes contra la Tortura, Colectivo Liquidámbar, y 27 sobrevivientes de tortura, sus familiares y víctimas de desplazamiento forzado.

México propone ampliar inspección para frenar flujo de armas desde EU Durante el encuentro, los servidores públicos de México y Estados Unidos determinaron combatir el tráfico de armas y otras mercancías ilícitas, y para ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso ampliar la inspección fronteriza en los tres puntos señalados. De igual manera, se acordó dar continuidad al esfuerzo bilateral con la revisión en algunas de las fronteras, así como en los llamados narcotúneles, dado que eso afecta a ambos países. Se informó que México y Estados Unidos sostendrán periódicamente encuentros virtuales a través de la creación de un grupo de trabajo temporal para abordar nuevas ideas

y oportunidades de colaboración en la frontera y dar seguimiento a los temas con una visión prospectiva. Berdeja se reunió virtualmente con el comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronte-

riza (CBP), Robert E. Pérez; el subcomisionado adjunto para Asuntos Internacionales, Erik Moncayo, y el agregado en la Embajada de Estados Unidos En México en México, Robert Gross.

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*Rosalba Ramírez Hernández, Citlali López Velázquez, Sonia Rueda Olvera, Samantha Páez Guzmán, Jovana Espinosa Orta Y Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México (Cimacnoticias)

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ujeres mayas, otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, son las que resisten los ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia del COVID-19. El gobierno ha cancelado los recursos públicos que les permitían operar las llamadas Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), donde ofrecen atención especializada desde hace 17 años a las indígenas que enfrentan violencia o buscan atender su salud sexual y reproductiva. Desde la frontera norte, al sur del país, las reporteras de la Red Nacional de Periodistas (RNP) recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tijuana. Todas reportan que sin ningún apoyo gubernamental, intentan atender en medio de la emergencia sanitaria la creciente demanda de atención a la salud y casos de violencia de género. Las 35 Cami que existen a lo largo del territorio mexicano son espacios dirigidos autónomamente por indígenas y afromexicanas, desde sus propias culturas y lenguas originarias ofrecen servicios cercanos de prevención y atención de la violencia de género, además de contribuir a disminuir otras problemáticas como la mortalidad materna o el embarazo adolescente. Los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, las medidas de austeridad con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar la crisis de la pandemia quitó los apoyos a estas Casas que atienden a una población históricamente invisibilizada: las mujeres y niñas indígenas. Reunidas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, el 30 de abril en una misiva apelaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a intervenir para no perder los recursos públicos. Expresaban que ante la pandemia entendían la situación crítica y las medidas que debía tomar el gobierno Federal, pero ellas eran “la única opción de apoyo para las mujeres de nuestros pueblos”. Para el 22 de mayo el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, confirmó su temor: quedaban cancelados los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del cual, se encontraban las Cami. El presidente López Obrador había priorizado en su decreto de austeridad recursos para otros proyectos como la construcción del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Guerrero, la primera pérdida La construcción de la primera Cami se remonta a 2003 en el municipio de Ometepec en Guerrero. Las mujeres de esta entidad son las que han instaurado el mayor número de ca-

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Mujeres indígenas resisten ajustes presupuestales

sas distribuidas en los municipios de San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec, Acatepec, Ayutla de los Libres y Metlatónoc. Está cerrada desde abril por la falta de recursos. La presidenta de la Cami en San Luis Acatlán, Apolonia Plácido Valerio, opinó que la cancelación de fondos es violencia institucional, discriminación a las mujeres y un reflejo de que las autoridades no le dan importancia a la erradicación de la violencia contra las indígenas, mestizas y afromexicanas. En lo mismo concordó Francisca de la Cruz Victoria, presidenta de la Cami de Ometepec, “Es el primer año que nos hacen esto, este gobierno nos está cerrando las puertas, no cree en el trabajo que las mujeres estamos realizando. Es preocupante”, denunció. En entrevistas separadas, la dirigente de la casa pionera, Francisca de la Cruz, lamentó que si no reciben el dinero no tendrán para la compra de alimentos, traslados para las víctimas y el mantenimiento de la casa, pues el servicio que otorgan, al igual que el resto, es gratuito. En Ometepec, la Cami logra abarcar territorios donde no llegan los servicios de salud para las mujeres indígenas que viven en las montañas, si este espacio desaparece no hay institución que sustituya su quehacer.

Entrevista Directora de la Casa de la Mujer indígena “Nellys Palomo Sánchez” en San Luis Acatlán, Apolonia Placido Valerio. Los fondos asignados a las Cami también servían para realizar talleres en escuelas y comunidades sobre salud sexual y reproductiva entre otros temas referentes a los Derechos Humanos de las mujeres. De acuerdo a la fase en la que se encontraba la Cami, que va desde la inicial, fortalecimiento y consolidación, recibían del INPI desde 500 mil hasta un millón de pesos al año. La lideresa de la Cami de Chilapa, Brígida Chautla Ramos, refirió que el recurso era ya poco para cubrir las necesidades. En los meses de junio a diciembre se ejercía el apoyo económico total, de enero a febrero se ingresaban las propuestas al INPI y en el mes de abril recibían respuesta. Para complementar sus recursos gestionan apoyos a través de becas en el Instituto de la Mujer local o en organizaciones civiles como Fondo Semillas pues, pese a que

el ayuntamiento conoce el servicio que otorgan, no obtienen respaldo. En Chilapa comenzaron a operar en mayo de 2011, ahí laboran 15 parteras tradicionales y promotoras indígenas que otorgan el acompañamiento, traducción y la canalización a tlapanecas y mixtecas que provienen de al menos ocho municipios cercanos. En lo que va del año han atendido a 200 mujeres que estiman incrementen a más de mil a finales del mismo. “No podemos cerrar, pero también tenemos que tomar medidas, porque no tenemos las condiciones para seguir atendiendo a las mujeres; una, por el recurso y la otra, por la contingencia que estamos viviendo, no tenemos las condiciones, entonces solamente estamos canalizando”, señaló Brígida Chautla. La integrante de la Cami en Metlatónoc, Erika Jazmín Garrido Lara, informó que antes de cerrar la Casa las cinco trabajadoras colocaron cartulinas en el acceso principal con sus datos y números telefónicos para que las indígenas que acudan en busca de ayuda puedan comunicarse y les brinden atención o acompañamiento a alguna instancia. Hoy, están en la búsqueda de fondos. Fuente: Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana Elaboración: Mariana Pelaéz Díaz De Tijuana a Oaxaca, “no vamos a parar” De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, las Cami entrarían dentro de los servicios esenciales que deben operar en la pandemia del COVID-19, y es que todas las entrevistadas refirieron un incremento de atenciones derivado de la reconversión de hospitales enfocados a atender pacientes con coronavirus, así como el aumento de la violencia porque las mujeres están confinadas con sus agresores en los hogares. No sólo es la demanda la que lleva a estas defensoras a seguir otorgando servicios, también son sus convicciones por asegurar los derechos de las indígenas y afrodescendientes. En Tijuana, Baja California, Silvia Ramírez Cuevas, recordó en entrevista cuando en 2013 se reunía con otras mujeres en un parque e intercambiaban sus experiencias de violencia laboral, la mayoría trabajaba en hogares, coincidían que como mujeres indígenas debían conocer sus derechos. Ese año decidieron probar suerte y

lograron obtener el recurso por parte del INPI, al año siguiente, concretaron su anhelo con la compra del recinto que hoy es la Casa de la Mujer Indígena “Donaji”, pero como ocurre en el resto de los centros, han tenido que limitar las atenciones no sólo por el riesgo a contagiarse del COVID-19, no tienen capital para sostenerse. En marzo atendieron a 20 mujeres en la Cami, para abril se elevó a 70. Ellas ni siquiera fueron informadas oficialmente por el INPI que cancelaron los fondos. “Trabajamos desde nuestra propia voluntad y recurso” Directora de la CAMI “Donaji”, Silvia Ramírez Cuevas. La situación es similar en el extremo sur del país, en la región de la costa de Oaxaca, en el municipio de Santa María Cortijo. Josefa Calderón, integrante del colectivo Mujeres de la Llanada Unidas por la Equidad de Género y la No Violencia, que operan la “Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas”, reportó que dos de las usuarias enfrentan riesgo de feminicidio, no obstante, han tenido que frenar la atención psicológica y el acompañamiento jurídico a las víctimas. “En la zona afro hay mucha violencia y si se está dejando de atender parte de la población, no estamos cumpliendo con el objetivo para lo cual fue construida la casa”, expusó Calderón. Esta casa atiende siete municipios de la zona conocida como La Llanada, así como de Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec y Tututepec, los tres con Alerta de Violencia de Género (AVG) por la prevalencia de violencia feminicida. Había presupuestado ejercer en este año 699 mil 900 pesos para solventar becas, actividades sustantivas, mantenimiento del inmueble, pago de servicios, gastos de operación, papelería y consumibles de cómputo, así como gastos médicos. Sin ningún peso, las 16 defensoras de la organización tuvieron que cerrar el lugar y brindar atención en la medida de sus posibilidades y con sus propios recursos. Tan sólo el año pasado, el primero de su existencia, atendieron a mil 500 mujeres. En el caso de la zona centro del país, la Cami del municipio de Huejutla en Hidalgo, sólo abre dos veces por semana desde que comenzó la contingencia sanitaria, el resto de la atención es vía telefónica. En entrevista, Elvia Hernández Domínguez, administradora de la Casa, recordó que también los empleos de las integrantes de las 35 Cami están en riesgo, en su particular, ellas son ocho mujeres de periferia de Huejutla, una psicóloga y una abogada. Antes de dicha situación, daban atención a mujeres en situación de violencia, mujeres embarazadas, brindaban talleres, acompañamientos, entre otras actividades.

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UN AÑO DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, MÉXICO ESTÁ LEJOS DE DESMILITARIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Maureen Meyer / Wola

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n año después de que México promulgó la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019, la nueva fuerza de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado convertirse en un organismo federal capaz de abordar la crisis de seguridad en México. Si bien se lanzó con gran fanfarria, desde su despliegue oficial el 2 de julio de 2019, la Guardia Nacional aún no ha resultado en una reducción apreciable de la delincuencia y la violencia generalizada que se vive en el país. Por el contrario, marzo y abril de 2020 fueron los segundo y tercer meses más violentos registrados en México. En lo que parece ser un reconocimiento tácito de las deficiencias de la Guardia Nacional, el 11 de mayo López Obrador firmó un decreto que amplía y oficializa el poder de las fuerzas armadas de México para participar en tareas de seguridad pública. El decreto otorga a los soldados muchas de las mismas responsabilidades que tienen los miembros de las fuerzas policiacas civiles, como detener a sospechosos, asegurar escenas del crimen y ejecutar órdenes de aprehensión. La medida ha levantado una serie de preocupaciones, ya que las fuerzas armadas de México tienen una larga historia de alterar las escenas del crimen, torturar a sospechosos y cometer otros delitos y violaciones de derechos humanos con casi total impunidad. Si bien López Obrador había afirmado que los soldados no deberían estar a cargo de las operaciones de seguridad pública, su creación de la Guardia Nacional y sus esfuerzos para expandir el papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública están muy lejos de sus promesas de campaña para devolver a los soldados a sus cuarteles y profesionalizar las fuerzas policiacas civiles. Si bien las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional estipulan que debe ser una fuerza civil bajo dirección civil, la mayoría de su fuerza de trabajo, liderazgo, financiamiento y equipo proviene de las fuerzas armadas. Como se analiza a continuación, el gobierno de López Obrador sólo ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México y ha hecho casi obsoleta la policía civil a nivel federal.

La militarización de la Guardia Nacional

Apenas unas semanas antes de

asumir el cargo, y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que habría formalizado el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, López Obrador anunció su intención de crear una nueva Guardia Nacional para asumir las funciones policiales federales. Propuso que la fuerza debería estar compuesta por soldados y agentes de la Policía Federal y operar bajo el mando del Ejército. El 28 de febrero de 2019, el Congreso de México aprobó las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional y estableció un límite de cinco años para el uso de los militares en tareas de seguridad pública. Tres meses después, el 27 de mayo de 2019, entró en vigor la ley que regula la Guardia Nacional. La Guardia Nacional oficialmente asumió todas las funciones policiales federales el 31 de diciembre de 2019, una década después de que se estableció la Policía Federal y 90 años después de la creación de la primera fuerza policial federal de México. Si bien la Policía Federal se vio empañada por varios casos de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, muchos expertos han argumentado que hubiera sido mejor aprovechar sus logros y corregir sus defectos que desmantelarlo por completo, dada la importancia de establecer una fuerza policial efectiva a nivel federal. Cuando se creó la Guardia Nacional, el gobierno mexicano esperaba que la mayoría de los agentes de la Policía Federal se unieran a la nueva fuerza, pero este no ha sido el caso. Solo alrededor de la mitad de la Policía Federal, unos 18 mil 240 agentes, decidieron unirse a la Guardia Nacional. Estos agentes representan menos de una cuarta parte de la Guardia.

Regreso Gradual

El resto de los miembros de la Guardia Nacional son soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar) que fueron transferidos a la nueva fuerza. El 24 de abril de 2020, el gobierno mexicano informó que el 76 por ciento de los 76 mil 773 guardias desplegados habían sido transferidos de estas dos ramas militares (50 mil 553 provenían de la policía militar o naval y 5,980 eran soldados de la Sedena prestados a la Guardia Nacional). Un mes después, el gobierno reportó que se habían desplegado 90 mil 91 miembros de la Guardia Nacional, incluidos mil 920 soldados de la Sedena y 225 de la Semar, pero no se proporcionó información sobre cuántos de los otros 87 mil 946 guardias procedían de la policía militar o de la expolicía Federal. El alto porcentaje de los guardias que fueron soldados anteriormente plantea serias dudas sobre la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Además, el primer jefe de la fuerza, Luis Rodríguez Bucio, es un general recientemente retirado de la Sedena y todos los comandantes de la Guardia también son de las fuerzas armadas. Otra preocupación es que la mayoría del equipo y presupuesto de la Guardia Nacional proviene de las fuerzas armadas, y cada uno de los centros de reclutamiento de la Guardia se encuentra en bases de la Sedena. De hecho, la Sedena y la Semar están a cargo de todas las operaciones de reclutamiento. En los primeros cinco meses de 2020, el Ejército reclutó a 14 mil 833 miembros de la Guardia Nacional, mientras que la Marina reclutó a 6 mil 337.

El papel evolutivo de la Guardia Nacional

Los miembros de la Guardia Nacional pueden participar en actividades que van desde la inspección de mochilas en el Metro de la Ciudad de México hasta trabajar en el desmantelamiento de grupos criminales. Tienen el poder de detener a sospechosos y colaborar con las fiscalías para investigar delitos. Además de los delitos federales, la Guardia Nacional también puede

investigar delitos comunes como el homicidio y el robo si el director de la Guardia ha firmado un acuerdo de cooperación con las autoridades estatales o locales. Como WOLA ha destacado anteriormente, esto presenta serias preocupaciones dada la frecuencia con la que los soldados y los agentes de la Policía Federal han sido implicados en obstruir la justicia en las investigaciones penales en el pasado. El 20 de mayo de 2020, el gobierno mexicano proporcionó información limitada sobre el número de soldados y miembros de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en diferentes actividades de seguridad, como la aplicación de la ley migratoria, la erradicación de drogas y la protección de oleoductos. Sin embargo, la información proporcionada no deja en claro cuál fuerza está a cargo de qué actividad, ni cómo se están llevando a cabo las operaciones conjuntas. Lo que sí queda claro es que incluso antes del acuerdo que López Obrador estableció el 11 de mayo, los militares lideraban la gran mayoría de las operaciones de seguridad a nivel federal en México. Un poco más de la mitad de los 150 mil 731 agentes de seguridad federales desplegados en todo el país pertenecen a las fuerzas armadas (61 mil 252 de la Sedena y 15 mil 450 de la Semar). La Guardia Nacional se desplegó por primera vez en las fronteras sur y norte de México para ayudar en la aprehensión de migrantes en respuesta a las amenazas y la presión del gobierno de Trump para hacer más para detener el flujo migratorio a los Estados Unidos. En octubre de 2019, el gobierno mexicano informó que se habían desplegado unos 12 mil agentes federales, incluidos miembros de la Guardia Nacional, en la zona fronteriza del sur, y casi 15 mil agentes federales en los estados fronterizos del norte. En el estado sureño de Chiapas, los agentes están estacionados en diferentes partes de la frontera y en el río Suchiate, y a menudo acompañan a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en los puntos de control migratorio y en otras operaciones de control migratorio. En la frontera entre Estados Unidos y México, los agentes han impedido que los migrantes y solicitantes de asilo crucen a los Estados Unidos.

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

El uso de la Guardia Nacional para la aplicación de la ley migratoria ha sido criticado por desviar los guardias de sus funciones primarias de seguridad, y ha planteado preocupaciones sobre los derechos humanos dada la falta de capacitación brindada a los guardias sobre cómo interactuar con poblaciones vulnerables como los migrantes. En julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) condenó a la Guardia Nacional por amenazar y hostigar casas de migrantes en Sonora y Coahuila. Más recientemente, la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos criticaron la respuesta de la Guardia Nacional hacia la caravana de migrantes que pasó por México en enero de 2020 por el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes en la caravana, incluyendo mujeres y niños. Violaciones de los derechos humanos, corrupción y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas Si bien la Guardia Nacional aún no ha sido implicada en tantos casos de violaciones graves de los derechos humanos como las fuerzas armadas y la ex Policía Federal, la nueva fuerza no está exenta de críticas. Entre julio y noviembre de 2019, la CNDH informó que había recibido 32 quejas contra miembros de la Guardia Nacional por violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de abusos contra migrantes, tortura y detención arbitraria. En los primeros dos meses de 2020 (los datos más recientes disponibles), la CNDH recibió quejas contra la Guardia Nacional por acusaciones de desaparición forzada, trato cruel e inhumano o degradante y detención arbitraria. Miembros de la Guardia Nacional también han sido implicados en casos de extorsión y han sido acusados de tener vínculos con grupos delictivos organizados. A mediados de abril, se circularon fotos en las redes sociales que demostraron miembros de la Guardia Nacional comiendo en un restaurante en Puebla con integrantes de un grupo de crimen organizado involucrado en el robo de petróleo y el tráfico de drogas. A principios de mayo, apareció un video de miembros de la Guardia Nacional extorsionando a un delincuente conocido como “El Cholo” en Sonora. En ambos casos, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, condenó los hechos y afirmó que la unidad de asuntos internos de la Guardia investigaría las acusaciones. Las pautas establecidas para transferir los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional estipulan que la Guardia Nacional heredaría la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, junto con cualquiera de sus investigaciones abiertas. Antes de que se desmantelara la Policía Federal, su unidad de asuntos internos había logrado importantes

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avances en el fortalecimiento de su capacidad para llevar a cabo investigaciones efectivas. A pesar de dar pasos positivos, la unidad de asuntos internos todavía tenía sus debilidades. Una fue que invirtió la mayor parte de su tiempo y recursos en la investigación de infracciones menores, mientras descuidaba en gran medida las irregularidades y denuncias de abusos más graves. Para garantizar la responsabilidad de los miembros de la Guardia Nacional que se involucran en la corrupción o violan los derechos humanos, es fundamental que la unidad de asuntos internos cambie sus prioridades. Los controles internos de la Guardia Nacional deben ir acompañados de mecanismos de supervisión externos. Una forma en que el gobierno mexicano debería hacer esto es por establecer un observatorio independiente para monitorear y recomendar mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas de la Guardia Nacional y su uso de la fuerza. En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordenaba al gobierno mexicano que creara dicho mecanismo para la Policía Federal. La sentencia fue emitida después de que la Corte revisó un caso relacionado con la detención arbitraria y la tortura sexual de 11 mujeres en la ciudad de San Salvador Atenco, en el Estado de México, a manos de agentes de la policía estatal y federal en mayo de 2006. La Corte ordenó que el gobierno establezca a nivel federal un observatorio independiente, con participación de la sociedad civil, para monitorear la responsabilidad y el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y la policía del Estado de México. Dado que la Guardia Nacional asumió el papel de la Policía Federal, la orden de la Corte Interamericana de establecer el observatorio independiente ahora se aplica a la Guardia Nacional.

El enfoque militarizado hacia la seguridad pública de López Obrador

Un artículo transitorio en las reformas constitucionales que establecen la Guardia Nacional proporcionó un marco legal para que las fuerzas armadas continúen participando en tareas de seguridad pública por hasta cinco años mientras la Guardia Nacional se vuelva completamente operativa. El artículo establece que el uso de los militares en operaciones de seguridad pública debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” para cumplir con la sentencia de 2018 que la Corte Interamericana emitió contra México por la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado Espinosa por elementos del Ejército en el estado de Chihuahua en 2009. Sin embargo, el acuerdo ejecutivo que López Obrador emitió el 11 de mayo para ampliar los poderes de las fuerzas armadas no incluye un texto que garantice el cumplimiento de estos conceptos, aparte de esta-

blecer el año 2024 como fecha para finalizar el papel de los militares en las operaciones de seguridad pública. Según el acuerdo, los militares pueden desplegarse en cualquier parte del país, por cualquier motivo de seguridad, y solo estarán sujetos a sus propios controles internos. Todo esto aumenta el riesgo de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a los derechos humanos nunca vayan a tener que rendir cuentas. Además, dado que el acuerdo otorga a las fuerzas armadas el poder de llevar a cabo funciones en la investigación de delitos que son propias a las instituciones policiales, deja en claro que los militares no desempeñarán un papel “subordinado” a las instituciones civiles. Por estas razones, la oficina en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNDH, y varias otras organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han expresado su preocupación por el reciente acuerdo. Como WOLA ha resaltado anteriormente, la creciente dependencia del gobierno mexicano en las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública ha sido a costo del fortalecimiento de las instituciones civiles de policía. El despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y combatir el crimen organizado tampoco ha logrado reducir el crimen y la violencia. De hecho, trabajos de investigación han demostrado que la decisión de desplegar a los militares en un combate frontal contra grupos criminales es un factor principal detrás del aumento de la violencia en México desde 2007. La militarización también ha tenido un alto costo para los derechos humanos en México. Entre enero de 2007 y septiembre de 2019, la CNDH emitió 159 recomendaciones para violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas. Las recomendaciones responden a casos de ejecuciones arbitrarias, el uso ilegal de la fuerza, tortura y desapariciones forzadas. Recientemente, un exmarino fue detenido en marzo de 2020 en relación con el caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por cargos de tortura, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad. La documentación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) encontró evidencia de que algunos marinos mexicanos también estaban detrás de la tortura de otro detenido en el caso, lo que resultó en la muerte de la víctima. La gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los soldados mexicanos nunca se investigan ni sancionan adecuadamente. Un informe de WOLA de noviembre de 2017 encontró que el 97 por ciento de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles que fueron investigados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entre 2012 y 2016 aún no se habían

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castigado al momento de emitir el informe. De las 505 investigaciones que se habían iniciado, solamente hubo un registro de 16 sentencias condenatorias para estos casos en el sistema de justicia civil. Bajo López Obrador, el papel de los militares también va más allá de la seguridad pública. Le ha dado al Ejército la responsabilidad de construir varios proyectos de desarrollo a gran escala, incluido un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, tramos de una nueva red de vías de trenes conocida como el Tren Maya, que conectará destinos turísticos populares en el sur de México, así como 2 mil 700 nuevas sucursales para el recientemente creado Banco de Bienestar.

Mirando hacia el futuro

El 14 de mayo, López Obrador afirmó que México necesita “la disciplina, la profesionalidad de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”. Esta afirmación no toma en cuenta el hecho de que la militarización de la seguridad pública por más de una década—desde que el expresidente Felipe Calderón inició el despliegue masivo de soldados en el país en 2006—no ha logrado reducir la violencia y, en cambio, ha dado lugar a violaciones masivas de los derechos humanos. La mejor manera de abordar la inseguridad en México y combatir las organizaciones criminales es a través de investigaciones serias que llevan a condenas para los responsables y el fortalecimiento de las instituciones civiles de la policía. La policía y las fiscalías, no los soldados, están facultadas para interactuar con la población civil para prevenir los delitos y la violencia y para llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales. Las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional parecieron dar un paso en la dirección correcta al establecer que la nueva fuerza sería una fuerza civil bajo el liderazgo civil, pero un año después de su creación, el gobierno de López Obrador ha demostrado que este compromiso sólo existe en papel. Esta nueva fuerza, y el acuerdo ejecutivo del 11 de mayo, arrojan serias dudas sobre el futuro de la policía civil federal en el país, así como la supervisión civil sobre los soldados que realizan tareas de seguridad pública. En lugar de consolidar el papel de los militares en la seguridad pública, López Obrador debería tomar medidas firmes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones policiales civiles de México, como la forma más efectiva de construir una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos en México. * La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización con sede en Washington dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en el continente americano. El texto fue publicado en el sitio de WOLA y Proceso lo reproduce con su permiso.

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EL DIVÁN Sergio Stahl

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l manejo de la seguridad en Chiapas a través de la mesa de trabajo que día a día encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es el correcto porque está dando frutos. Tan es así que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador felicitó al mandatario chiapaneco porque - subrayó el presidente- es la mesa de trabajo que mejor funciona en todo el país en materia de seguridad. Al respecto, cabe resaltar que Rutilio Escandón Cadenas conduce los trabajos cotidianos y se toman las decisiones pertinentes para combatir al crimen y fomentar la seguridad, que es

* Mesa de Seguridad en Chiapas, resultados concretos *

básica para el desarrollo. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas no delega su res-

ponsabilidad en esa tarea y por eso hay buenos resultados. Al fortalecer las medidas que

den certidumbre a la gente y a sus bienes se consolida la justicia. Al mismo tiempo, se combaten los problemas delincuenciales, preventiva y frontalmente. Si bien es cierto que surgen algunos problemas de inseguridad delincuencial en Chiapas, son los menos y se van resolviendo de manera expedita. Por ello, Chiapas está en los primeros lugares de seguridad de la República Mexicana. Ahí está la prueba contundente de la eficacia de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Chiapas bajo la batuta del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En fin.

COMPLICIDADES Lucía Melgar Palacios

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a cuarentena no ha sido favorable a los derechos de las mujeres: el potencial del movimiento feminista tan visible el 8 y 9 de marzo parece velado tras los efectos, devastadores o desgastantes, de la convivencia familiar en el espacio privado, con una movilidad restringida. El aumento de las violencias machistas, por un lado, y la negligencia o incapacidad gubernamental ante una situación de riesgo previsible, preocupan e irritan. La acumulación de agravios de todo tipo que hemos presenciado, aun a distancia, en estos meses, nos obliga a cuestionar de nuevo no sólo el vacío institucional ya conocido sino también la indiferencia social que favorece la impunidad sistémica, institucionalizada, de crímenes atroces o de “violencias comunes. Nos obliga también, como en otras coyunturas, a contener la desesperanza y a buscar otras salidas, otras formas de resistencia. Mucho se ha discutido en estos días la llamada campaña “Cuenta hasta 10” con la que la Secretaría de Gobernación pretendía disminuir o detener, suponemos, la violencia familiar. Más allá del reciclaje de una mala campaña de hace décadas, de la revictimización que implica responsabilizar a quienes son violentadas del maltrato que las azota, sorprende el desconocimiento de la dinámica de la violencia, de pareja o fami-

liar, y la incapacidad de recurrir a los múltiples estudios sobre prevención que se han hecho aquí y en otros países. Hacer una crítica de lo más evidente no basta, sin embargo, lo más grave es que, en pleno ascenso de las pandemias – del COVID y de la violencia – se quiera validar un concepto de la familia y de la sociedad, derivado de un imaginario oficial plagado de falsos ideales familiares de los años 50, ya entonces cuestionables. Quienes así contribuyen, por acción o por omisión, al intento de suplantar realidades dolorosas con melodrama o moralina, olvidan que la negligencia no elimina su responsabilidad. Al mismo tiempo que las autoridades siguen frustrando las ex-

pectativas ciudadanas de transitar hacia una vida sin ( tanta) violencia, las redes sociales y los medios nos han confrontado con casos y escenas que nos recuerdan cómo la indiferencia social también contribuye a perpetuar y agravar la violencia contra las mujeres. El caso más sonado es el del notario 102 del Estado de México sorprendido en la calle maltratando a una mujer, cuyo nombre ha quedado protegido pero a quien, pese a sus súplicas de auxilio ante la evidente brutalidad del agresor, nadie protegió y de la que ya no sabemos nada. Podemos aplaudir a quien grabó y difundió el hecho pero ¿por qué los demás testigos no intervinieron? ¿Por qué les bastó oír que ella era “su esposa” para “no meterse”? ¿Acaso eso implica que

mujer es propiedad del hombre? ¿Y que por tanto la puede arrastrar o matar? ¿Y qué sucederá con otro que en realidad parece cómplice? Estas preguntas pueden parecer retóricas porque sabemos que en el derecho mexicano la mujer fue tutelada (y maltratada con justificación legal y social) largo tiempo. No lo son porque ese guión obsoleto ya no vale, porque las feministas lograron importantes cambios legales como el reconocimiento de la igualdad, y la incorporación de México a convenios internacionales como Belém Do Pará, que obligan al Estado a instrumentar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista y a eliminar los estereotipos, es decir, a cambiar de tajo la educación formal e informal. Tampoco son preguntas vanas porque cuando Diana Raigoza denunció, en agosto de 2019, que había sido acosada delante de testigos que no intervinieron, ella misma escribió en su página de FB: “¿Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar, gente?”. Ante su feminicidio a puñaladas el 24 de mayo no basta con pedir justicia. Urge actuar contra la crueldad y la indiferencia. La violencia extrema que vivimos favorece la tolerancia hacia ésta, pero ser testigos mudos nos hace cómplices. ¿Podemos y queremos vivir en este tipo de sociedad?

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INFODEMIA Y VERDAD Javier Sicilia

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a infodemia, una palabra nueva que nace del exceso informativo que genera el brutal desarrollo de los medios de comunicación, una especie de cáncer donde la proporción humana de la palabra se reproduce enloquecidamente dañando el cuerpo social, es algo que estaba allí desde hace mucho tiempo. Nadie, pese a las evidencias de los daños que ya hacía, había reparado con seriedad en ella hasta que el presidente se volvió objeto de la enfermedad. Mientras la infodemia no lo tocó o servía a sus intereses, el mal no existía, como no existió por algún tiempo en su pensamiento la letalidad del covid-19. Por desgracia y pese a que el presidente reparó en la necesidad de enfrentarla, no hay en el fondo de sus señalamientos una intención de generar un consenso nacional para contenerla. Para él, la enfermedad –a la que cada analista, reportero, activista se enfrenta cuando ejerce su derecho a hablar– está en sus críticos. El caso más evidente son los desmesurados y espantosos ataques que recientemente Carmen Aristegui ha sufrido por haber desnudado, a partir de las quejas presidenciales, la infodemia que afecta a la agencia de información más importante del Estado, Notimex. Pese a la puesta en evidencia del foco infeccioso que representa esa agencia, pese a la seriedad con la que Carmen Aristegui maneja la información, pese a las simpatías que la propia Carmen tiene por el presidente, no ha habido por parte de éste una acción de sanitización. Con su silencio y su protección a quienes están a la cabeza de la agencia, con su constante aludir a enemigos que quieren destruirlo y destruir la transformación del país, sus correligionarios y sus granjas de bots identifican a Aristegui como una depositaria de esa enfermedad a la que, curiosamente, atacan con la misma enfermedad que pretenden combatir.

Cegados por la ideología, la infodemia para el presidente y sus correligionarios existe en cualquier lado, menos en ellos. Incapaces de distinguir, de separar la buena información de la mala, las fake news de la verdadera, la opinión razonable de la que no lo es, el foco de infección del espacio saludable; al englobar todo lo que no les agrada bajo palabras amibas –que perdieron ya sus contornos significantes– como “conservadores”, “neoliberales”, “corruptos”, proceden como aquellos que lanzan cloro al personal médico por el simple hecho de estar en la primera línea de la enfermedad. No importa lo que hagan. El simple hecho de pertenecer a ese gremio los condena a ser violenta, cobarde y estúpidamente sanitizados. Como no ha dejado de hacerlo con gran parte de las instituciones creadas por la sociedad, el presidente confunde, mediante falsos silogismos, a las personas con el medio: “si en los medios de comunicación hay infodemia, todos los que desde ellos me critican están enfermos”. Esto no justifica los ataques arteros de los que han sido objeto el presidente y sus simpatizantes en las redes sociales. Describo simplemente un fenómeno que desde la propia presidencia se ha alimentado y que de la misma forma perversa utilizan quienes realmente son sus enemigos. Si el presidente, a partir de las evidencias mostradas por Aristegui, hiciera un trabajo de saneamiento de la infodemia que corroe a Notimex –parte de su promesa de limpiar las escaleras de arriba abajo–, fincaría un precedente muy importante para desarrollar una política nacional que limite la enfermedad de uno y otro lado. No lo hará, por desgracia. Contra su cristianismo –la fuerza que habita en la debilidad–, el presidente preferirá, como lo ha hecho hasta ahora, alimentar la enfermedad y combatir a través de ella todo lo que no se le parece o que pa-

reciéndosele tiene la lucidez de disentir cuando se equivoca, traiciona su palabra o sus principios no empatan con sus métodos. Para muestra, los invito a leer los comentarios a este artículo cuando aparezca en el portal de Proceso o la manera en que los medios adictos a él nos trataron durante la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, que las víctimas realizamos en enero. Las enfermedades le van como anillo al dedo al presidente. Las alimentará para destruir, conservarse y conservar una transformación que, como las palabras en las que engloba a todos los que osan disentir, carece ya de contornos. ¿Hay un antídoto contra esa enfermedad? Sólo conozco uno: la verdad. “La verdad –dice la fe que el presidente y yo compartimos, pero que no vivimos ni experimentamos de la misma manera– los hará libres”, la verdad que, agrega Georges Bernanos, duele y sólo después consuela, la verdad que habita en las resistencias democráticas y en la defensa de los espacios ganados legítimamente; la verdad que está en los pueblos indios contra los megaproyectos; en los artistas, científicos, académicos que se resisten a la unidimensionalidad del pensamiento y de la libertad creadora; en los cineastas que defendieron Fidecine, en la víctimas que se oponen al olvido y al crimen; en las mujeres que defienden su dignidad; en los médicos que, sin dejar de denunciar la falta de insumos, no abandonan a quienes deben proteger; en Carmen Aristegui y en todos aquellos que desde la palabra en los medios no dejan de iluminar la verdad, a pesar de la infodemia que busca culparlos. Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos.

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CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 5 de Junio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1907

INFORME

ACUSACIÓN

AMLO aprovecha confinamiento para imponer de manera “autoritaria” el corredor interoceánico: ONG

Encabeza Tuxtla Gutiérrez el número de contagios y muertes por covid 19

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DEMANDA

Hacienda realiza permuta cruzada de valores para suavizar perfil de vencimientos de deuda PAG. 3

FORO

Presenta IEPC resultados de la primera etapa del proyecto: Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres indígenas de Chiapas PAG. 8

DENUNCIA

Proyectos de AMLO, en sentido contrario a la crisis climática: Greenpace

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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), presentó los resultados de la etapa uno del proyecto: “Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en municipios, pueblos y comunidades indígenas, tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en el Sistema Normativo Indígena, en el estado de Chiapas”.

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Jalisco: queman patrullas e irrumpen en Palacio de Gobierno durante marcha por Giovanni