CONTRAPODER EDICIÓN 1835

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Violencia institucional en Chiapas

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De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan.

Ayer acudió al Congreso Local para conocer sobre el juicio político y horas más tarde el Dr. Oscar Gurría fallecería de un ataque cardíaco. El suceso no deja de ser lamentable pero a su vez resulta ilustrativo. El poder no es eterno y siempre estará sujeto al escrutinio público.

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EN CHIAPAS

Viernes 21 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1835

REPORTE

MOVILIZACIÓN

Presentan informe sobre despojo violento de tierras en Chiapas

El Copoddh documentó un total de 81 desalojos durante el 2019, un promedio de 7 desalojos al mes, “el municipio donde más desalojos hubo es Berriozábal seguido de Venustiano Carranza y el tercer peldaño lo ocupan los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y Tapachula. Cada desalojo es una cantidad de hectáreas de tierras despojadas, y a un número de familias desplazadas de sus hogares

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PETICIÓN

Tribunal solicita a la SCJN atraer impugnación por nombramiento de Piedra Ibarra en la CNDH

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Encapuchados vandalizan oficina de la Secretaría de Educación de Chiapas

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

ÍNDICE...

SOLICITUD

CNPA MN pide a AMLO escuchar a amnistía internacional y la renuncia de titular de SEGOB por “omisión” en represión contra normalistas en Chiapas

“Todos somos Samir”, proclama el EZLN en jornada de resistencia

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Ruperto Portela Alvarado

EL DIVAN

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Sergio Stahl

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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EMILIO LOZOYA: ANTES, DESPUÉS Y HOY Pablo Gómez

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POR ENCIMA DE LA LEY NADIE Lucía Melgar Palacios PAG. 5

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Viernes 21 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL Violencia institucional en Chiapas

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e manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas son para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que hacen es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia. En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social. Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y

las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas. ¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía. En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas ha existido un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad. La caquistocracia es el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno La falta de oficio político en la administración encabezada por Rutilio Escandón, es lo que provocó la actual crisis de derechos humanos con la agresión policíaca a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pese a las condenas nacionales e internacionales en contra de ese aberrante acto, la administración continúa sin reaccionar, lo que desnuda la falta de sensibilidad de un gobierno que se dice democrático y de transformación, que guarda un silencio cómplice, sin darse cuenta que esa es la peor muestra de culpabilidad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Presentan informe sobre despojo violento de tierras en Chiapas Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

E

l Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (Copoddh) presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) el resumen del primer informe sobre despojo violento de tierras en Chiapas: Un contexto de violaciones de los derechos humanos durante el año 2019. El Copoddh documentó un total de 81 desalojos durante el 2019, un promedio de 7 desalojos al mes, “el municipio donde más desalojos hubo es Berriozábal seguido de Venustiano Carranza y el tercer peldaño lo ocupan los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y Tapachula. Cada desalojo es una cantidad de hectáreas de tierras despojadas, y a un número de familias desplazadas de sus hogares. “Esto representa un total de 8 mil 223.1 hectáreas según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque el número es incierto porque toma en cuenta como primer desalojo uno realizado el 15 de febrero de 2019, sin embargo, existe uno anterior que se cometió en el mes de enero y que no es tomado en cuenta en las cifras oficiales”. Asimismo, aseguran que la apli-

René R. Coca. Tapachula, Chis; (interMEDIOS)

Aunque la lengua indígena MayaMam está en el catálogos de lenguas maternas en peligro de extinción de nuestro país, integrantes del Consejo Regional Indígena Maya-Mam del Soconusco (CRIMMS) dijeron estar en lucha constante para fomentar entre los habitantes esta lengua, donde además existe el interés de externos para aprender a escribir y hablar la lengua materna, y de esta forma sumarse a los 10 mil 182 personas que dominan el idioma. El Presidente del CRIMMS Esteban Bravo Verdugo indicó son 21 años de trabajo constante de quienes integral esta asociación civil para evitar que las costumbres, las manifestaciones culturales y la lengua indígena Maya-Mam desaparezcan, y que por el contrario se tengan los canales de aprendizaje y el fomento de lo que representan las raíces prehispánicas del pueblo, con prevalencia y representatividad en 25 municipios de Chiapas y diversas comunidades de Guatemala. El Tata Bravo Verdugo subrayó que parte de la extinción de esta lengua materna es el que muchos hermanos indígenas se avergüenzan de sus raíces o que por emigrar a la

El Copoddh documentó un total de 81 desalojos durante el 2019, un promedio de 7 desalojos al mes, “el municipio donde más desalojos hubo es Berriozábal seguido de Venustiano Carranza y el tercer peldaño lo ocupan los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y Tapachula. Cada desalojo es una cantidad de hectáreas de tierras despojadas, y a un número de familias desplazadas de sus hogares

cación del protocolo de desalojos se extendió a 23 municipios del estado, las principales regiones afectadas por el despojo de tierras es la región Soconusco, Centro, Frailesca, Frontera. “Regiones ricas en recursos naturales y zonas estratégicas para el comercio”. En cuanto al desalojo forzoso reportaron que de enero a noviembre hubo 67 operativos de desalojo, en

donde se concretaron los 81 casos de despojo de tierras. “En un solo operativo se llevaba a cabo hasta 2 o 3 predios despojados mayo y septiembre fueron los meses de mayor desalojo”. “De este modo tenemos a un total de 6 mil 525 familias afectadas, un total de población de 19 mil 380 y 53 escuelas destruidas, esas son las cifras estimadas fundamentadas con

el testimonio de las víctimas y hasta el 12 de noviembre del año pasado sumaban 243 personas detenidas, pero, la Fiscalía reconoció a 227 personas por razones jurídicas. Del total 243 algunos fueron puestos en libertad y otras vinculadas a proceso”. Dijeron que este informe tiene como objetivo develar la magnitud e implicaciones de este fenómeno en la entidad, desenmascarar las graves violaciones a los derechos humanos, el desalojo forzoso y desplazamiento forzado interno como parte de una política de gobierno que se generaliza y da continuidad durante el 2020. “El eje discursivo fundamental del gobierno de Chiapas es “garantizar el derecho de propiedad y de posesión”, una lógica que deja a miles de familias sin propiedad fuera de la cobertura del Estado porque de facto se les excluye de la posibilidad de ser personas con derechos consagrados en la constitución mexicana y de los derechos humanos en general”, concluyen.

Indígenas Mam en Lucha Constante para Evitar la Extinción de Lengua Materna ciudad o a otras partes de México, no se practica el Maya-Mam; en contraparte, se ha tenido que impulsar mucho entre las nuevas generaciones el orgullo de ser indígena y que se tenga una lengua materna. Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna impulsado por la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Promotor Cultural del CRIMMS Diego Toj, dijo que son entre 20 y 25 municipios de Chiapas así como una cantidad similar de comunidades de Guatemala donde se tiene a los hablantes de esta cultura indígena; y que por la cantidad de personas de la cultura Maya-Mam, están dentro del catálogo de lenguas maternas en peligro de extinción junto con otras cuatro lenguas de Chiapas. El entrevistado señaló que cuando han acudido a las dependencias de orden federal y estatal para solicitar el apoyo de fomento a la cultura indígena, es muy difícil accesar a los programas gubernamentales porque las reglas de operación para las etnias en vía de extinción indican que

deben tenerse al menos el 30 al 40 por ciento de hablantes; “por lo que suena un tanto ilógico que si de lo que se trata es evitar la extinción de las culturas indígenas, aquellas etnias que sean menores del 30 por ciento, simplemente no tienen el apoyo gubernamental” citó. Sin embargo, ambos activistas indígenas coincidieron que la mejor lucha es la que realiza el pueblo para y con su pueblo, por lo que ellos mismos han emprendido una serie de actividades de rescate de cultura, tradiciones y de la lengua materna, por lo que los sábados se realizan talleres para enseñar a leer y escribir Maya-Mam

en el Parque del Chocolate de Tuxtla Chico, donde se tienen 50 alumnos externos a las comunidades, “Nos da gusto porque profesionistas, universitarios y personas externas a nuestro pueblo indígena ha mostrado el interés por aprender nuestra lengua materna, como si se tratara del inglés, francés, alemán u otro idioma”. Expresaron que la meta para este año 2020 es lograr la certificación de al menos mil alumnos tanto externos como de las mismas comunidades para que la lengua materna MayaMam siga vigente como un legado y orgullo prehispánico de los pueblos indígenas de Chiapas. (iM-rrc).

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“Todos somos Samir”, proclama el EZLN en jornada de resistencia Isaín Mandujano

Marcha para el 21

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Este viernes se tiene prevista la “Marcha por Justicia Para Nuestro Hermano Samir Flores Soberanes”, por los muertos, desaparecidos, presos y en Defensa del Territorio y la Madre Tierra en la Ciudad de México. El punto de partida será en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Reforma a las 16 horas. El 22 de febrero se realizará la Asamblea en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, en el estado de Morelos, a partir de las 10 horas. Además de la muerte de Samir Flores, reclaman castigo para los asesinos de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas; José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, e Isaías Xanteco Ahuejote del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG – EZ). También de Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como TíoBad, del pueblo popoluca de Veracruz.

A

l grito de “Samir somos todas y todos” y “Todos somos Samir”, miles de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) iniciaron este jueves una jornada de resistencia civil en defensa del territorio y la madre tierra, a un año del asesinato de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos. Desde muy temprano, con velas en mano, hombres y mujeres indígenas encapuchados empezaron a movilizarse en los diversos caracoles dentro del territorio de influencia del EZLN, donde erigieron lonas y carteles con el rostro de Samir y la exigencia de castigo para sus asesinos y de todos aquellas activistas y defensores de la tierra que han sido acribillados en el país. Las “acciones dislocadas” fueron realizadas dentro del territorio del EZLN, pero también en otras regiones del estado, donde el Congreso Nacional Indígena (CNI) tiene presencia, así como en otras partes del mundo donde el EZLN tiene simpatizantes y adherentes a su causa rebelde. La “Jornada en Defensa del Territorio y la Madre Tierra” es para exigir justicia para los muertos, desaparecidos, presos y para manifestar un rechazo hacia los “megaproyectos de muerte”, según el EZLN.

En este primer día, los zapatistas se movilizaron en: -Caracol Jacinto Canek. JBG Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos. Comunidad del CIDECI-Unitierra. Municipio oficial de San Cristóbal de las Casas. -Caracol Resistencia y Rebeldía un Nuevo Horizonte. JBG La luz que resplandece al mundo. Dolores Hidalgo. Tierra recuperada. -Caracol Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad en memoria de l@s caídos. JBG Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por siempre. Tulan Ka’u, tierra recuperada. -Caracol Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la humanidad. JBG Corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro. Ejido Jolj’a.

-Caracol Floreciendo la semilla rebelde. JBG Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad. Poblado Patria Nueva, tierra recuperada. -Caracol Madre de los Caracoles de nuestros sueños. JBG Hacia la Esperanza de la La Realidad, en Las Margaritas. -Caracol Torbellino de Nuestras Palabras. JBG Corazón del Arcoiris de la esperanza. Morelia. -Caracol Que habla para todos. JBG Nueva Semilla que va a producir. Roberto Barrios. -Caracol Resistencia Hacia un nuevo amanecer. JBG El camino del Futuro. La Garrucha. -Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. JBG Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. Oventik.

Aprueba la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias medidas cautelares por probables violaciones a la normatividad electoral La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en Sesión Extraordinaria, el inicio del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento de la queja formulada en contra de la ciudadana Luz María Palacios Farrera, Diputada del Congreso del Estado de Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, por la probable promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, y uso indebido de recursos públicos. De igual forma, emitieron medida cautelar en contra de la ciudadana antes mencionada, para el retiro de la propaganda exhibida en su cuenta de Facebook y cualquiera que pudiera advertirse en todas las redes sociales, con las características denunciadas, ejecución que deberá realizar dentro de las 48 siguientes a la notificación del acuerdo respectivo. Durante la misma sesión, la Co-

misión Permanente de Quejas y Denuncias aprobó el inicio del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento de la queja formulada en contra de la persona moral Público & Privado, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, por la realización de actos de incumplimiento a las disposiciones previstas a la normatividad electoral, por la difusión de encuestas. Ya que la norma obliga a las personas físicas o morales a informar a la autoridad electoral, respecto a la elaboración y difusión de encuestas o sondeos de opinión, así como el respaldo documental para ello. Del mismo modo, emitió medida cautelar en contra de la persona moral antes citada, para que retiren de manera inmediata de las redes sociales, tales como Facebook, YouTube y Twitter, entre otras, la difusión de encuestas de opinión y videos referentes a la aceptación ciudadana de posibles candidatas y candidatos para ser registrados en el próximo Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021. Reiterándose que, dicha determinación obliga a retirar dichas encuestas de cualquier otro medio de comunicación social y al cese de cualquier difusión; ejecución que la persona moral deberá realizar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del acuerdo respectivo. Finalmente, se aprobó el inicio del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento de la queja formulada en contra del ciudadano Conrado Cifuentes Astudillo, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, por el incumplimiento a las disposiciones

previstas en la normatividad electoral. Dichos procedimientos se iniciaron en contravención a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 134), el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC está integrada por la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez como presidenta y las consejeras electorales María Magdalena Vila Domínguez y Sofía Martínez De Castro León, como integrantes.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

De la Redacción Ciudad de México,

L

a Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador remover a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas por solapar la represión del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas registrada en contra de la Caravana del Sur encabezada por los Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los Asimismo exhortaron a aceptar la reunión con Amnistía Internacional ante la crisis de Derechos Humanos que priva en el país. Lo anterior porque este y otros casos como la muerte de una veintena de líderes sociales en lo que va de la presente administración han sido evidenciados a nivel internacional sin que en el país haya justicia para quienes perdieron la vida en su lucha social a favor de los que menos tienen o bien en pro del medio ambiente contra los megaproteyectos. Ante estas irregularidades que hoy evidencia Amnistía Internacional fueron dados a conocer en su momento al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas pero éste funcionario ha ignorado todas las violaciones a los Derechos Humanos registrados en diversos estados del país. Pero retomando el tema de las agresiones a la Caravana del Sur, la urgieron la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos por lo que al mismo tiempo de las destituciones antes citadas, es indispensable la renuncia del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas así como del Secretario de Gobierno en la entidad, Ismael Brito Mazariegos

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Presuntos normalistas encapuchados que exigen plazas docentes vandalizaron este jueves las instalaciones de una oficina de la Secretaría de Educación estatal, donde dos empleadas resultaron heridas. Los encapuchados arremetieron con palos, piedras y botellas de cristal contra las instalaciones de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Chiapas, que se ubica en la contra esquina del Parque del Oriente, a unos 400 metros de la Fiscalía General del Estado. Los presuntos agresores llegaron al lugar a bordo de dos camiones secuestrados. También agredieron a varias personas que laboran al interior del inmueble, entre ellas dos mujeres. Los supuestos normalistas se oponen a la emisión de la convocatoria para el proceso de selección de profesores para Educación Básica corres-

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CNPA MN pide a AMLO escuchar a amnistía internacional y la renuncia de titular de SEGOB por “omisión” en represión contra normalistas en Chiapas

pues resultado de esta represión hay lesionados de gravedad y una clara omisión del Estado por castigar a los responsables de revictimizar a los padres de los 43 así como a estudiantes en activo. La marcha en Tuxtla Gutiérrez el pasado 16 de febrero exigir justicia y como respuesta se aplicó el abuso de autoridad como lo reconoció el Jefe de la Nación y quien se comprometió a investigar y castigar por lo que “procede hacer valer la palabra, cumplir y no mentir. La primera acción deben ser la destituciones y las renuncia”, aseguró la Comisión Política de la CNPA MN cuyo vocero es Jesús Gutiérrez Valencia. En mensaje a medios y con el respaldo de los padres normalistas re-

clamó el cese de represión hacia el movimiento social en general y hacia los compañeros normalistas así como dejar de buscar chivos expiatorios. El Vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, expuso mientras el Gobierno Federal solape los desmanes y garantice impunidad al grupo gobernante en Chiapas solo por ser del mismo partido político, casos lamentables como la represión del domingo y sus consecuencias seguirán pasando en Chiapas y es muy posible que haya daños irreversibles. Tanto la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, saben bien que el actual gobierno de Chiapas se ha caracterizado por reprimir

a todos los movimientos sociales organizados que se han atrevido a exigir solución a sus demandas. Recordó el vocero de la CNPA-MN que en el marco de la caravana del sur, los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones solidarias están realizan reuniones informativas con estudiantes y organizaciones para tener el respaldo. Sin embargo, el gobierno de Chiapas desplegó un operativo policiaco en las inmediaciones de la normal rural Mactumactzá como si el derecho a reunión y asociación estuvieran prohibidos. Los familiares de los 43 estudiantes salieron a explicar reiteradamente que solo harían reunión con organizaciones; sin embargo, los policías iniciaron la agresión y represión arrojando gas lacrimógeno, uno de los uniformados disparó contra el joven Juan Antonio quien cayó inmediatamente siendo auxiliado por sus compañeros y llevado al hospital Rojas de Tuxtla Gutiérrez, su vida está en riesgo pues tiene lesiones severas en el cráneo. En el mismo hospital se encuentra herida Hilda Leguideño Vargas madre del joven Jorge Antonio Tizapa Leguideño desaparecido el 26 de septiembre de 2014.

Encapuchados vandalizan oficina de la Secretaría de Educación de Chiapas pondiente al ciclo escolar 2020-2021, que se publicará este viernes.

Lesiones y crisis nerviosas En un comunicado, la Secretaría de Educación informó que los sujetos ocasionaron lesiones y crisis nerviosas en algunas personas que trabajaban en el lugar. El ataque inició a las 12:20 de la tarde, cuando llegaron al lugar dos camiones del servicio de transporte Conejo Bus y de ellos descendieron los encapuchados armados con palos, piedras y cohetones. De inmediato se empezaron a escuchar fuertes estruendos y cristales rompiéndose. Dos trabajadoras resultaron lesionadas, una por una cortadura y otra por una lesión por una piedra en la

parte posterior del cuerpo. Además, dos vehículos particulares resultaron afectados. “Lamentamos y reprobamos estos actos de vandalismo cuando siempre ha habido apertura al diálogo; en esta

coordinación a todos se les ha atendido y se les ha dado respuesta en más de una ocasión”, expresó el coordinador estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en Chiapas, Alonso Ramos Balboa.

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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

A

nte los casos de violencia cometida contra niñas, niños y adolescentes en el país, entre ellos los asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el feminicidio de la niña Fátima, en la Ciudad de México, es urgente implementar acciones integrales y decisivas contra la violencia infantil, señaló el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reconoció que la violencia ejercida contra las niñas, niños y adolescentes tiene raíces estructurales que se han tolerado históricamente como parte de un sistema social inequitativo, pues en el ejercicio de la violencia se combinan los patrones discriminatorios por edad, desigualdad y la desvalorización cultural implícita en las relaciones con los adultos. Y es que la posición de autoridad de los adultos, la fuerza física, la capacidad y etapa de desarrollo en la que se encuentran, explicó, hace que niñas, niños y adolescentes sean altamente vulnerables a ser víctimas de violencia. La violencia en contra de los más pequeños, dijo, debe considerarse una violación grave a derechos humanos que trasciende la privacidad y particularidad de los casos, pues en realidad se trata de un problema

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Urge implementar acciones integrales contra la violencia infantil: ombudsman oaxaqueño

social público y, por ende, una responsabilidad colectiva y un tema de política pública del Estado. Por tal razón, el ombudsman oaxaqueño demandó a los sistemas de procuración e impartición de justicia un trato sensible y diferenciado en la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como apoyo psicológico y psicosocial adecuado a su edad, y personal calificado y capacitado para atender este tipo de problemática social. En tal sentido, demandó un protocolo de recepción y entrega de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, así como la creación de un diagnóstico de la violencia en este sector y

justicia con enfoque de derechos. Cualquier acto de violencia sin importar su origen, gravedad o naturaleza, en contra de niñas, niños y adolescentes, es perjudicial, pues atenta contra su dignidad, derechos, libre desarrollo y autoestima, recalcó Rodríguez Alamilla. Y refirió que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 23 denuncias en Oaxaca por corrupción de menores, mientras que en 2015 la cifra fue de cinco. Sin embargo, en las estadísticas de dicha institución no existen reportes de incesto, delito que afecta

principalmente a dicho sector de la población, e incluso en la base de datos del SESNSP se encuentra el delito de “rapto” dentro de los indicadores, aun cuando éste fue derogado, lo que implica que no se pueda contar con un diagnóstico preciso de la situación de violencia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Respecto de los recientes asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el de la niña Fátima, en la capital mexicana, manifestó la necesidad de que se investigue de manera diligente, oportuna y expedita, desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia y adolescencia, teniendo como eje principal hacer justicia a las víctimas de esos crímenes, pero también garantizar la no repetición de los actos. De igual manera, reconoció la urgencia de contar con datos que permitan conocer la magnitud real del fenómeno, pues la mayoría de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes no se denuncian, ya sea por desconocimiento de cómo hacerlo, por miedo o porque ni siquiera se reconoce que están siendo violentados.

Meseta purépecha: la violación sistemática a derechos de indígenas Gloria Leticia Díaz Morelia, Mich. (apro)

Una misión de observación a comunidades indígenas de la meseta purépecha documentó violaciones graves a los derechos humanos, derivados de la lucha por la libre determinación de sus derechos y de sus territorios. Representantes de Servicios y Asesoría de Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que representa a 86 organizaciones en 23 estados, rindieron un informe preliminar tras visitar cuatro comunidades en igual número de días. Acompañado de representantes de concejos indígenas de Comachuén, Arantepacua, Sevina y la cabecera municipal de Nahuatzen, León Pérez, de Serapaz, advirtió sobre “dificultades para ejercer la libre determinación de los pueblos indígenas para decidir su forma de gobierno, así (como) los problemas para acceder a

la justicia, hay una impunidad prevalente y una criminalización en contra de los concejos indígenas”. Agregó que, de acuerdo a los testimonios recabados durante cuatro días en la región purépecha, pudieron documentar las agresiones directas por parte de la policía estatal, así como “violencia de género contra mujeres concejales y violencia económica para ejercer los recursos que le corresponden a cada comunidad”, de ahí que hay una exigencia de establecer un marco jurídico que acabe con los obstáculos para las comunidades. Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, resaltó que tras años de acompañar a las comunidades en la defensa de derechos humanos, las organizaciones constataron durante la visita de cuatro días en la región que “estas comunidades han sido fuertemente agredidas en los últimos años, al haber decidido dar un revés a los partidos políticos, quienes se estaban beneficiando de los recursos económicos destinados al municipio de Nahuatzen”. Con el rechazo al sistema de partidos políticos, las comunidades indígenas dejaron entrever “la importancia de ejercer el presupuesto y ver por sus propias necesidades, lo que han hecho de manera transparente”

y ha tenido como respuesta “la violencia, hay elementos para decir que hay violaciones a derechos humanos, hay una política constante de criminalización y judicialización” contra los concejales, con el objetivo de “detener su trabajo”, apuntó Ríos. El secretario ejecutivo de la Red TDT denunció que, durante su visita a la comunidad de Comachuén, fue intimidado por una persona identificada como opositora al concejo indígena, que este domingo, de manera irregular, será sometido a una auscultación promovida por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, para determinar si se mantiene el actual concejo en esa comunidad, encabezado por María Eugenia Gabriel Ruiz, quien ha sido víctima de violencia de género, amenazas y de intento de homicidio. Sobre la consulta que se llevará a cabo este domingo en Comachuén, Fernando Ríos responsabilizó “al gobierno del estado, a la presidencia municipal de Nahuatzen (al que pertenece esa comunidad), así como a los partidos políticos de los actos de violencia que puedan ocurrir para incidir en el ejercicio”, que ha sido considerado como un exceso en las atribuciones del Tribunal electoral. Claudia Ignacio Álvarez resaltó

que la misión de observación permitió ahondar en la documentación de casos graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial de cuatro personas, entre ellos un menor de edad, uso excesivo de la fuerza púbica, allanamientos, detenciones arbitrarias de 48 comuneros, así como fallas en los procesos judiciales. La defensora resaltó que a tres años de los acontecimientos las familias de las víctimas “no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamiento y amenazas”. Ana Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, exigió la liberación de los concejales indígenas de Nahuatzen, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y del simpatizante Gerardo Talavera, detenidos por cargos de robo agravado y sabotaje.

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Corral dice que desconocía amenazas a Miroslava Breach; pruebas lo desmienten Colectivo 23 De Marzo Chihuahua, Chih. (apro)

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l gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó a “las hermanas” de Miroslava Breach Velducea de mentir, pues negó que supiera de las amenazas que la periodista asesinada en 2017 había recibido. Sin embargo, existen pruebas que muestran que sí sabía. Las evidencias que lo documentan son: una conferencia de prensa dada por el propio Corral Jurado el 23 de marzo de 2017, día del asesinato de Miroslava, donde mencionó que sabía de las amenazas; así como una captura de pantalla de Miroslava donde informa a una colega que habló con el mandatario panista para pedirle que interviniera contra un funcionario de su partido que la amenazaba. También están algunos testimonios reunidos en la investigación que señalan que ella informó consistentemente desde el primer día; además de las constancias que existen de que la propia Miroslava Breach dijo ante funcionarios públicos estatales y federales sobre su situación y mencionó en una columna a uno de los políticos que la presionaba. El acoso lo comenzó a sufrir desde el 4 de marzo de 2016 cuando destapó -junto con la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga- la colusión de partidos políticos con narcotraficantes en 12 municipios serranos, donde familias criminales designaron a candidatos a presidentes municipales, como era el caso de Chínipas con la familia de Los Salazar, facción del Cártel de Sinaloa, que tenía un familiar inscrito entre los candidatos del PRI. Ayer, al ser cuestionado por la prensa sobre los testimonios dados el primer día del juicio por los testigos con identidad reservada, “Silver” y “Uno”, el gobernador panista señaló directamente a las hermanas de Miroslava. “Me puede (sic) cuando usan estos casos para el golpeteo político y no para la justicia, ellas mienten, mienten con todas sus letras”. También defendió a los políticos panistas a los que -según declararonMiroslava identificaba como “los mensajeros del narco”, refiriéndose a Hugo Schultz, expresidente municipal de Chínipas; José Luis Luévano, expresidente estatal del PAN y exsecretario particular de Corral, y Alfredo Piñera, exvocero del PAN estatal, implicados en la llamada donde le pedían que revelara sus fuentes de información sobre los “narcocandidatos”, audio que fue entregado a la gente del grupo de Los Salazar, al que se acusa de su asesinato. Ayer, las familias Breach Velducea no quiso declarar nada sobre las expresiones del gobernador, una familiar únicamente comentó que ellas sólo dijeron lo que escuchaban decir a Miroslava.

Por su parte, Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras que acompaña durante el juicio a los hermanos de la víctima, dijo que la familia Breach Velducea tiene derecho a hablar, como víctimas, y que el señalamiento a los políticos implicados en el asesinato desde el inicio de la investigación ha sido mencionado por varios testigos, como también siempre se ha dicho que ella le pidió ayuda a Corral, pues eran cercanos. “(Las hermanas) han sido respetuosas con el gobernador y en ese comentario la actitud del gobernador no ha sido respetuosa”, dijo en entrevista. La organización que representa, junto con Propuesta Cívica, es una de las que apoyó que el caso pasara del fuero común -donde a la familia no se le reconocía como víctima- al fuero federal, lo que disgustó al gobernador.

“Ya le dije a Corral” La investigación #ProyectoMiroslava, publicada en septiembre pasado en el sitio www.proyectomiroslava. org, como iniciativa de una alianza entre periodistas mexicanos y extranjeros para investigar el crimen, dio cuenta de que Miroslava sí hizo públicas sus amenazas, y de que funcionarios públicos lo sabían. Estas son algunas:

Conferencia de Corral El mismo 23 de marzo de 2017 en que asesinaron a Miroslava Breach, el gobernador Corral admitió en una conferencia de prensa -que sigue en el Facebook del gobierno del Estado- que ella le había informado de sus amenazas, pero dijo erróneamente que fue dos años antes, en 2015, cuando se sabe que fue en 2016, a partir del reportaje publicado en marzo de ese año sobre los candidatos a presidentes municipales impuestos por grupos del narcotráfico, como el de Chínipas. Aunque se le preguntó, no quiso mencionar quién era la fuente de la amenaza; en la investigación del asesinato tampoco fue citado a declarar al respecto por la fiscalía del estado o la federal. “Hace dos años me mostró mucha preocupación por mensajes de amenazas que se le estaban haciendo llegar por motivos de la publicación de reportajes que todos conocemos que ella publicó junto con otra compañera periodista de Chihuahua y que

frontalmente tocaron estructuras del crimen organizado […] Ahora como gobernador […] nunca me comentó Miros que tuviera una amenaza, una advertencia”, dijo el mandatario el día del asesinato. Corral, incluso, escribió una columna sobre el tema, publicada en marzo de 2016 en El Universal, en cuyo último párrafo menciona la valentía de las periodistas Breach y Patricia Mayorga por publicar de los candidatos del narcotráfico. El mandatario panista informó que la principal línea de investigación sería su trabajo periodístico acumulado. “Miroslava denunció frontalmente a bandas del crimen organizado, como actos de corrupción en el estado de Chihuahua, y ese trabajo es por ahora nuestra principal línea de investigación”. Dos días después declararía a la revista Proceso que la línea a seguir sería la narcopolítica.

Declaraciones de testigos Desde los primeros días del asesinato, en las declaraciones tomadas por ministerios públicos para el caso, ya se mencionaba que ella le avisó al político al que consideraba su amigo. Una de las hermanas dijo: “existe una conversación entre ella y el gobernador electo Javier Corral, en la que le advertía que estaba siendo víctima de amenazas consistentes: (le dijeron) ‘que se dejara de meter en asuntos que no le importaban, que no hiciera comentarios de los narcopolíticos porque si no iban a matar a sus hijos, a su familia y al final a ella para que viera lo que estaba haciendo con sus comentarios’”. Cuando se cumplió un año del asesinato, en la conmemoración que se hizo en la Cruz de Clavos, una familiar dijo a la prensa que en el celular que se llevó de la escena del crimen la Fiscalía, se habían perdido las pruebas. “Había también un mensaje de texto donde le avisaba (a Corral), pero ese se perdió cuando recogieron sus teléfonos el día del suceso”. En el mismo evento otra hermana dijo: “(Miroslava) me dijo que si le pasaba algo yo iba a saber que era a raíz de eso, aquí va a estar en mi teléfono (…) Hubo más amenazas y ella los grabó, esas grabaciones debieron haber estado en su teléfono. “Cuando ella estaba ahí en la camio-

neta (muerta) nos pidieron sus teléfonos, las computadoras y no tuvimos ningún pensamiento adverso, en ese momento estás en estado de shock y no piensas en hacer un respaldo antes y les entregamos todo lo que teníamos. Que yo sepa jamás aparecieron esas grabaciones”. En el expediente no están consignados dichos mensajes o la información que tenía en su computadora o en los discos duros que recogió la Fiscalía. “Corral fue informado, en algunos casos detalladamente, de las amenazas en contra de ella y de otra periodista; primero en septiembre de 2015, luego en marzo de 2016, después en agosto cuando ya era gobernador electo y por último en octubre cuando ya fungía como jefe del ejecutivo”, escribió la periodista Olga Aragón quien se entrevistó con amigos y familiares durante el funeral de la periodista que era su amiga.

Notificación a colegas Este Colectivo consiguió la captura de pantalla de una conversación que Miroslava tuvo con una colega, vía WhatsApp, el 12 de agosto de 2016, en la que le cuenta que informó a Corral de sus amenazas. “Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió Miroslava en la conversación. Su interlocutora le respondió: “qué bueno. Que calmen el tema en lo político” “No sé si lo haga”, respondió Miroslava, “pero al menos se mostró sensible, hace la diferencia”.

En sus publicaciones El 10 de septiembre, un mes después de que Miroslava habló con Corral, en su muy leída columna Don Mirone publicó un duro comentario sobre el presidente municipal panista Hugo Schultz (después del asesinato se sabría que él entregó un audio al grupo criminal de Los Salazar, donde ella es cuestionada sobre sus fuentes de información sobre narcopolítica en ese municipio). En esa ocasión ella escribió: “los pobladores de los pueblos serranos han aprendido que siglas políticas van y vienen, intercalando alcaldes del PAN y del PRI sin que cambien las condiciones de inseguridad, violencia y sin tocar el control territorial, la influencia económica y política que tienen los narquitos regionales. “Hay alcaldes que hasta les sirven de mandaderos, para botón de muestra ahí está el presidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, que últimamente anda muy activo actuando de intermediario”. Dos personas cercanas a Miroslava afirmaron que Schultz le mandó un mensaje de que no pisara la sierra; de ahí su calificativo de intermediario.

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Fucam frena gratuidad de sus servicios tras desaparición del Seguro Popular De la redacción Ciudad de México (apro)

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a Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) informó que a partir de este jueves “se ve obligada a frenar la gratuidad” de sus servicios, porque carece de insumos y medicamentos para brindar la atención requerida a pacientes que padecen la enfermedad. Lo anterior, subrayó, porque el convenio con el Seguro Popular, que les permitía brindar atención integral de manera gratuita, finalizó el 1 de enero pasado, tras la desaparición de dicha institución. En un comunicado, la Fucam destacó que en su tarea de procurar la salud de sus pacientes que se encuentran en distintas fases de tratamiento oncológico, agotó todos sus recursos en un esfuerzo por financiar esos tratamientos, “con la esperanza de concretar un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)” y continuar con su esquema de atención, pero eso no se logró. “Lamentamos comunicarles que el empeño de nuestros intentos, así como nuestros resultados y la expe-

Lo anterior, subrayó, porque el convenio con el Seguro Popular, que les permitía brindar atención integral de manera gratuita, finalizó el 1 de enero pasado, tras la desaparición de dicha institución

riencia que nos respalda, no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno (federal), lo cual nos deja imposibilitadas para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país”. Como consecuencia, abundó, a partir de este jueves “la Fundación se ve obligada a frenar la gratuidad,

ya que se carece de insumos y medicamentos para este tipo de atención”. Sus pacientes con clasificación de Seguro Popular, agregó, recibirán un resumen de su expediente médico el día de su cita agendada para que puedan continuar su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez y el Hospital

General de México. Finalmente precisó que, en su carácter de fundación filantrópica, sigue brindando atención especializada “con la calidad y calidez que nos identifica desde hace 20 años, mediante un servicio con cuotas que apoyen la condición socioeconómica de todo paciente que lo requiera”.

Enrique Graue rechaza “mano negra” de Morena en la UNAM De la redacción Ciudad de México (apro)

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descartó que Morena sea la “mano negra que mueve la cuna” para desestabilizar a esa institución. Durante la inauguración de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Graue Wiechers se refirió a la iniciativa -ya retirada- del diputado federal de Morena Miguel Ángel Jáuregui de Oca que buscaba “democratizar las formas de gobierno de la Universidad”. “No creo (sobre la “mano negra” de Morena). En principio creo que es bueno, una infortunada iniciativa que no tenía efectivamente el consenso de un partido, creo que ayer mismo se notó”, dijo. Al respecto, el también médico cirujano agradeció la “sensibilidad política” de las secciones parlamentarias, al coordinador de la Junta de Coordinación Política, a Morena e incluso al propio presidente López Obrador por “haber aclarado rápidamente esta situación”. Este miércoles, el diputado Jáuregui de Oca presentó una iniciativa que pretendía reformar la Ley Orgánica de la UNAM para que todos los

funcionarios de la institución -rector, directores de facultades, escuelas e institutos- fueran designados mediante elecciones abiertas. La propuesta generó polémica, e incluso el propio rector envió una carta pública a Laura Rojas, presidenta de le Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que acusó un “intento de intromisión en la vida universitaria”.

Paro en las escuelas y facultades El rector Graue también abordó la problemática en varias entidades de la UNAM, en donde -en algunos casos- mantienen paro de labores por acusaciones, principalmente, de violencia de género. Ante ello, el otrora director de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo que las autoridades universitarias trabajan de manera permanente para propiciar espacios seguros y de respeto para las mujeres de la comunidad. “Trabajamos en cada una de ellas, vemos los planteamientos que nos hacen para resolverlos a la brevedad. Las peticiones son muy similares, todas se han venido implementando”, declaró.

Feria Internacional del Libro El académico de 69 años acudió al Palacio de Minería, en el centro de la Ciudad de México, para inaugurar la

edición 41 de la Feria Internacional del Libro. Graue hizo un llamado a fomentar el hábito de la lectura pues, dijo, leer ejercita intelectual, emocional y socialmente que requiere practicarse constantemente. “Leer nos permite imaginarnos distintos, soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir el mundo y aspiraciones”, recalcó. UNAM @UNAM_MX #BoletínUNAM Leer nos permite imaginarnos distintos, soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir el mundo y aspiraciones. Inicia la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. #FILPM41 > http://bit.ly/2SLc7DS

En el evento estuvo acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dado que dicha entidad es el estado invitado en esta edición de la Feria del Libro. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería estará del jueves 20 de marzo al lunes 2 de marzo de 2020. Sus horarios serán de 11:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 21:00 horas los sábados y domingos. El costo de entrada es de 15 pesos de lunes a viernes, y 20 en fines de semana. Los menores de seis años y personas con discapacidad entran gratis.

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Tribunal solicita a la SCJN atraer impugnación por nombramiento de Piedra Ibarra en la CNDH Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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l Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga la impugnación presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) sobre los vicios en el procedimiento de designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. “Los temas controvertidos son de importancia para la sociedad, al estar asociados con la designación del titular de un organismo que tiene como propósito la defensa de los derechos humanos de los gobernados”, argumentó el Tribunal al confirmar la constitucionalidad de la queja. En tal sentido, estimó que el asunto “reviste las características de interés y trascendencia necesarias para que el alto tribunal conozca del mismo”. De acuerdo con los legisladores panistas, el proceso para la elección de la titular de la CNDH “vulnera diversos derechos fundamentales”, además de la evidente transgresión a los principios constitucionales, así como la violación a distintos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la falta de aplicación de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. El Tribunal solicitó a la SCJN que ejerza su facultad de atracción, a fin

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la locutora de radio Bárbara Greco en Chihuahua y el secuestro en Morelos del director general de la revista electrónica Perfil, Adrián Fernández Guerra. Revista Perfil @LaRevistaPerfil Tras operativo rescatan al director de la revista Perfil, Adrián Fernández Guerra, en casa de seguridad en #Jiutepec, #Morelos. En un comunicado, el organismo reprobó “de manera enérgica recientes casos de violencia contra periodistas ocurridos en el país”. Entre ellos incluyó el de Alberto Carmona, del medio Piñero de la Cuenca, brutalmente golpeado por

“Los temas controvertidos son de importancia para la sociedad, al estar asociados con la designación del titular de un organismo que tiene como propósito la defensa de los derechos humanos de los gobernados”, argumentó el Tribunal al confirmar la constitucionalidad de la queja

de que resuelva el caso y establezca un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. El pasado 9 de enero, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al Juzgado de Distrito revocar el desechamiento del amparo y admitirlo para resolverlo de fondo.

Fue el 4 de diciembre cuando el grupo panista en la Cámara alta presentó una demanda de amparo indirecto (1817/2019) por presuntos “actos omisivos” y “negligentes” del Senado de la República en la implementación de “procedimiento para desahogo de pruebas con la elección de titular de la CNDH”. Según los legisladores del PAN, hubo fraude en la votación por cédu-

la en urna transparente en la Cámara alta –en la que resultó electa Rosario Piedra Ibarra–, dado que sólo se contaran 114 votos de 116 senadores presentes. Se “robaron” dos votos, por lo que Piedra no habría obtenido las dos terceras partes de los sufragios de los senadores presentes, necesarios para conseguir la mayoría calificada, subrayaron.

CNDH condena el asesinato de Bárbara Greco y el secuestro de Adrián Fernández Guerra policías de Veracruz mientras cubría una protesta de vecinos frente a una base de la Guardia Nacional. También recordó a fotógrafos y reporteros atacados por personas que pretendían evitar una sentencia judicial en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en la capital de Oaxaca. “La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos idóneos de las autoridades para prevenir y evitar homicidios y agresiones de periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación, ataques que buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”, sostuvo. En ese contexto, urgió a que las

autoridades de los tres niveles de gobierno se aboquen a la prevención y

protección, así como a la investigación oportuna de estos hechos.

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No basta incrementar penas para feminicidio, hay que cumplir la Ley Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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umentar las penas para feminicidas no garantiza erradicar la violencia contra las mujeres en México; cumplir con lo que establece desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sí. El pasado 18 de febrero, presionados por una jornada de cinco días consecutivos de protestas feministas en todo el país, el pleno del Congreso federal aprobó la propuesta del Partido Encuentro Social de aumentar de 60 a 65 años la pena de cárcel y una multa de 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio: asesinar a una mujer por razón de género. Sin embargo, al participar este 19 de febrero en la conferencia “La violencia feminicida y el feminicidio” en el Instituto Nacional Electoral (INE), la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, y la abogada Andrea Medina Rosas, coincidieron en que aumentar las penas no sirve, lo que se requiere es cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) creada desde 2007. Tanto Lagarde como Medina Rosas son impulsoras del marco normativo que se creó en México para entender y generar acciones encaminadas a erradicar el feminicidio. La primera es la creadora de ese término y principal impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres; la segunda, fue litigan-

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

Colectivos de mujeres y mujeres trans, integrados en la “Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales”, presentaron a la Mesa Directiva y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa ciudadana de “Ley de Trabajo No Asalariado y regulación del Trabajo Sexual”. Esta mañana las agrupaciones se reunieron con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado de Morena Temístocles Villanueva Ramos y el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, a quienes entregaron la propuesta que trabajaron desde julio de 2019. La propuesta es que la iniciativa de “Ley de Trabajo no Asalariado para la Ciudad de México” que se trabaja en el Legislativo diga que las “personas trabajadoras sexuales” realizan un trabajo no asalariado (Artículo 7); explique qué se entiende por esta actividad (Artículo 13) y señale que la Se-

te del caso Campo Algodonero, que sentenció al Estado mexicano como responsable del asesinato de mujeres en Chihuahua. Al respecto de la reciente reforma para aumentar la sanción a agresores, la antropóloga Marcela Lagarde, exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que elevar penas a los agresores no sirve porque las autoridades no han respondido a los mandatos y acciones que ellas estipularon en la también llamada Ley de las Mujeres para erradicar el feminicidio; de hecho, esa ley no es punitiva ni establece sanciones. La Ley General de Acceso, detalló, define, delinea y propone la política democrática de Estado. Lo que plantea son mecanismos de coordinación y obligaciones específicas para cada autoridad y para cada orden de gobierno, expresó en su turno la abogada Andrea Medina. La abogada dijo que precisamente la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno y el cumplimiento de lo que les toca hacer para erradicar el feminicidio es precisamente en lo que ha fallado el gobierno.

Por ello, dijo, si el Congreso quiere legislar al respecto, en lugar de aumentar las penas deberían garantizar recursos para la igualdad y no para más armas, vigilar el cumplimiento de la Ley y pedir a las autoridades la información que no han dado a la ciudadanía. También llamó a revisar las condiciones laborales de quienes operan la Ley General. Medina Rosas explicó que la Ley General de Acceso armoniza lo que establece la Convención Belém do Pará, un instrumento internacional sobre violencia contra las mujeres que es de cumplimiento obligatorio para México. Esa Convención, ratificada por nuestro país hace 20 años, contiene indicadores de cumplimiento muy puntuales para evitar la simulación y avanzar en la erradicación de la violencia. Por ejemplo, dice que para poner fin a la violencia antes debe haber igualdad y no discriminación para todas las mujeres, acceso a la justicia, información y mecanismos de participación. Si no hay información, por ejemplo, no podemos decidir y entonces no puede haber libertad real, dijo Medina.

Los indicadores para evitar la simulación son de estructura, de proceso y de resultado, pero en México –observó la abogada– nos siguen dando datos que sólo son de estructura y lo que estamos experimentando son los resultados. La abogada llamó a las mujeres a conocer esta norma para hacerla exigible y justiciable. “Nosotras creamos las leyes, hicimos todo un proceso de consenso, de pacto, de densidad para comprender todos estos elementos, pero si no le damos vida a esa ley y dejamos que quienes la operan pongan ahí su subjetividad y valores que no corresponden con la Constitución, entonces sí hay un conflicto (de valores). El conflicto es de ellos, que no comprenden cuál es la Constitución que tenemos, que estamos buscando la igualdad, que estamos buscando la libertad”. La Ley de las Mujeres se creó en 2007 durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión como parte de las acciones de la Comisión Especial que se conformó para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relaciones con los feminicidios en la República mexicana. La presentaron conjuntamente las exdiputadas Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum bajo el argumento, de acuerdo con su exposición de motivos, de que “ningún Estado que se considere democrático debe ignorar que la violencia contra las mujeres es muestra clara de la falta de civilidad y desarrollo de un país, dado que las limita a ejercer con plenitud su ciudadanía y su desarrollo”.

Presentan iniciativa ciudadana de “Ley de Trabajo No Asalariado y regulación del Trabajo Sexual” cretaría de Salud debe garantizarles el derecho a la salud a través del acceso de condiciones y servicios de salud sexual y reproductiva (Artículo 17). La definición de “trabajo sexual”, de acuerdo con la iniciativa, sería: “Se ejerce a través del intercambio de servicios sexuales entre personas adultas de mutuo acuerdo a cambio de algún tipo de remuneración monetaria o en especie, según las condiciones acordadas entre la persona que presta sus servicios y la persona que los adquiere. El trabajo sexual se presenta en diversas variantes y tipos de actividades”. Las agrupaciones también plantearon que existe un registro voluntario de personas que ejercen esta actividad y que se establezcan obligaciones para las dependencias de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo deberá definir espacios públicos para realizar este “trabajo” y la Secretaría

de Seguridad Ciudadana deberá implementar acciones para garantizarles seguridad. Las agrupaciones retomaron las propuestas que se hicieron durante las mesas de trabajo que se organizaron entre el 19 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado, cuando organizaciones como “la Casa de las Muñecas Tiresias”, “AMETS”, “MOTRASEX”, “Agenda Trans” y “Brigada Callejera”, propusieron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que garantizara, en la ley, seguridad social para las trabajadoras. Es de recordar que por mandato de la Constitución local, el Congreso tiene la tarea de actualizar el reglamento sobre personas trabajadoras no asalariadas, en particular para regular el comercio informal y el uso de la vía pública; en este contexto, agrupaciones que defienden el “trabajo sexual” como una actividad laboral buscan

que el concepto se integre y reconozca en la ley. Desde hace 4 años, las personas que defienden la industria del sexo han cabildeado con legisladores para que la oferta de servicios sexuales se legalice en la capital del país. En 2016, cuando se redactaba la Constitución Política de la Ciudad de México, se presentaron diversas propuestas de incorporar esta actividad como un trabajo, pero el tema no logró consenso.

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POR ENCIMA DE LA LEY NADIE Lucía Melgar Palacios

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Qué haríamos sin las leyes? sin estos pactos sociales y políticos que hemos construido a lo largo de nuestra historia y los hemos plasmado en nuestros instrumentos jurídicos, desde nuestra Constitución hasta las recientes modificaciones de hace dos días en la cámara de Diputados para incrementar las penas por feminicidio. Esto es parte del pacto social que nos hemos dado, un marco que nos norme y que norme a los que nos gobiernan. Y en ese acuerdo a lo largo de la historia, y mucho más fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres ampliaron dos principios fundamentales: de no discriminación y de igualdad; y crearon los instrumentos jurídicos necesarios para proteger su vida e integridad a lo lago de su ciclo vital, desde la década de los 70 en la que se modificó la Constitución para reconocer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, hasta el 2011 donde la Constitución se convierte en garante de los Derechos Humanos y mandata a TODAS las autoridades a que, dentro de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los Derechos Humanos, por lo que en consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos. Éste es el marco jurídico mayor que nos protege a todas y todos sin distinción alguna, y cumplirlo es fundamental, más

en estos momentos que pareciera que las autoridades no saben qué hacer para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. No hay necesidad de ocurrencias ni decálogos matutinos, hay que cumplir con el Estado de derecho al que se comprometió el actual presidente de la república. Recordemos su frase: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Y él no puede estar por encima de la ley. Por ello debe poner el ejemplo y no fallarle a sus ciudadanas. Desde 2007, en este país contamos con Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata la coordinación entre la federación y las entidades federativas para pevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre los instrumentos que deben crearse está el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; pendiente de elaboración desde hace 13 años, de los cuales, 2 le corresponden al actual gobierno. Y eso no se suple con buenos deseos. Estamos ante una emergencia nacional, ¡desde hace más de un año! La misma que provocó la brillantada, la misma que mantiene en las calles a las mujeres exigiendo que se cumpla la ley. Recordemos que por eso en noviembre de 2019, se firmó en Palacio Nacional el “Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, donde se aseguró que no habría machis-

mo. Muchas de las generalidades que se dieron a conocer ese día, continúan sin ser públicas. El Estado de derecho implica no sólo tener las leyes sino aplicarlas, contar con verdaderas instituciones que estén dotadas con todo lo necesario para hacer cumplir su mandato. En estos días la violencia criminal contra las mujeres ha dejado en evidencia la ineficacia y negligencia del Estado para cumplir con una de sus primeras obligaciones: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanas. Pero también ha constatado que esas instituciones que creó el movimiento feminista o que exigió para proteger y respetar sus Derechos Humanos fueron abandonadas, o simplemente dejadas en la inanición. La violencia feminicida que hoy nos ha estallado en la cara es reflejo de ese abandono estatal que por años dejó de cumplir con su obligación. El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no fallar a la población mexicana. Por ello no lo puede hacer, no puede traicionarse y traicionar a la ciudadanía, es necesario fortalecer a las instituciones que están obligadas a hacer cumplir la ley no sólo con recursos financieros, sino con el personal con las más altas calificaciones para cumplir las encomiendas del encargo, con los mejores instrumentos al alcance para que no haya ninguna excusa.

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EMILIO LOZOYA: ANTES, DESPUÉS Y HOY Pablo Gómez

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stá claro que Emilio Lozoya no es exponente de “la peor corrupción estructural mexicana”. Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto. Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto. El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas. Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar

vinculado a Luis Videgaray. El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray. Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos. Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto. Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban a través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero. Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa “chatarra”, como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso. Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos. El jefe de Altos Hornos, también

perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero? Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad. Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático. Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

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e aquí las respuestas a las seis preguntas planteadas en la primera parte de los artículos de fondo dedicados al análisis de los hechos violentos ocurridos el 16 de febrero en curso en un transitado crucero vial de la ciudad capital de Chiapas : 1.- Sí existe un protocolo para realizar operativos de desalojos de manifestantes que bloqueen avenidas en una ciudad del estado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano De Difusión Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Tomo III, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, miércoles 09 de agosto de 2017. 310. Publicación Número 2024-A-2017. 2.- De acuerdo con el protocolo en cuestión las autoridades facultades legalmente para ordenar desalojos de bloqueos son las siguientes: magistrados, jueces, ministerios públicos y demás autoridades que la Ley señala como competentes en la materia. 3.- Según el protocolo de operativos de desalojos, corresponde ejecutar la acción a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estatal, así como también a las autoridades de Seguridad Pública municipales. 4.- A La Comisión Estatal de Derechos Humanos le corresponde -

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a Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la contratación indebida de más de 28 millones de pesos durante la rectoría de Carlos Eugenio Ruiz Hernández en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y, aunque parezca ilógico, el nombre del ex rector aún se mantiene lejos de todo proceso o controversia judicial, envuelto en la más sigilosa protección de “alto nivel”. Apenas este martes el periódico Reforma dio a conocer la sentencia de culpabilidad contra el ex delegado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ezequiel Orduña Morga, debido a gestionar y firmar un contrato -en 2015- por 28 millones 721 mil pesos con la Autónoma de Chiapas cuyas cláusulas de ejecución nunca se cumplieron. Mediante el contrato, firmado por la administración de Ruiz Hernández, la UNACH se comprometió a formar comités comunitarios e identificar las demarcaciones en pobreza prioritarias en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la UNACH no creó los comités ni brindó la asesoría para identificar las necesidades locales, pero sí cobró como si hubiese prestado los servicios. Con el testimonio de Orduña Morga para declararse culpable de los delitos imputados y la sentencia

Viernes 21 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL DIVAN Sergio Stahl

** Brutalidad policiaca: ¿ Los uniformados serán los chivos expiatorios y los funcionarios quedarán impunes ? ** ( Segunda parte )

según el protocolo de marras- dar fe de los hechos y vigilar que no se vulneren las garantías individuales de los manifestantes, así como también es necesaria la participación de instituciones de Salud y Protección Civil del Estado. 5.- De acuerdo con testimonios

de los agraviados -que constan en actas ministeriales-, las autoridades de seguridad publica- concretamente, los mandos policiacos encargados de realizar el operativo de desalojo- no recurrieron al diálogo ni tampoco intentaron disuadir pacíficamente a los manifestantes

EN LA MIRA Héctor Estrada

Inmunidad verde aún protege a ex rector de la UNACH

condenatoria de la FGR los reflectores inevitablemente han volteado hacia la figura de Ruiz Hernández cuya vinculación extrañamente se ha mantenido al margen de los señalamientos oficiales e indagatorias públicas. Aún con un cargo en la función pública, el también ex secretario de Salud durante el gobierno de Manuel Velasco Coello parece contar con una protección especial transexenal. Nada se dice se su ya inevitable relación con los contratos de la “Estafa Maestra” en Chiapas, envuelto de un silencio que desata

las más legítimas sospechas. La llegada de Carlos Eugenio Ruiz Hernández a la rectoría de la Universidad autónoma de Chiapas en diciembre de 2014 advertía lo inevitable. Su arbitraria imposición, a voluntad caprichosa de Leticia Coello de Velasco, no vaticinaba un buen futuro para la máxima casa de estudios en la entidad chiapaneca que hoy se encuentra en la quiebra, como una de las tres universidades más endeudadas del país. La actual rectoría de Carlos Natarén Nandayapa recibió a la UNACH con una deuda superior

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para que se retiraran del lugar de los hechos. 6.- Hasta ahora, no hay una sola evidencia que conste en la carpeta de investigación en curso de que las autoridades hayan cumplido con su deber de filmar y fotografiar -de inicio a fin- el operativo de desalojo en comento. El lunes, la conclusión del análisis de los hechos de violencia ocurridos en la mañana del 16 de febrero pasado en un transitado crucero conocido como “La Coca- Cola” en la capital de Chiapas. BALCON. El Notario Público “chambista” Gabriel Bravo del Carpio sorteó exitosamente los primeros filtros que se aplicaron a los 25 aspirantes a cargos de Consejeros Ciudadanos del Sistema Anti-Corrupción del Estado de Chiapas y se encuentra- junto con otros 10 aspirantes que también brincaron las primeras trancas del proceso de selección - en la antesala de ser sometido a la última evaluación, que consiste en una entrevista. Al respecto, no cabe duda que Gabriel Bravo del Carpio es un fresco, que pone oídos sordos a la prédica del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en contra de que los Notarios Públicos del estado tengan múltiples chambas y se conviertan en unas sanguijuelas que buscan sangrar al erario a toda costa...Eso es todo.

a los dos mil millones de pesos. Es la tercer deuda universitaria más elevada del país, tan sólo superada por la Universidad Veracruzana y la Autónoma de Zacatecas. La UNACH pasó de una deuda de 250 millones de pesos al cierre de la administración de Jaime Valls (en 2014) a una de dos mil 238 millones de pesos al finalizar la rectoría de Ruiz Hernández. No es un asunto que pudo pasó desapercibido. Desde 2016 la problemática fue advertida mediante diversas notas periodísticas y denuncias anónimas. Al interior de la universidad era un secreto a voces que nadie se atrevió a denunciar formalmente. Ninguno de los sindicatos al interior de la Autónoma de Chiapas fijó postura al respecto para denunciar lo que estaba sucediendo o exigir una investigación sobre ello. La protección de Manuel Velasco y su madre compraron el silencio de sindicatos y auditores. Carlos Eugenio dejó a la Autónoma de Chiapas en una de sus más profundas crisis, de la que todavía no se recupera; pero nada se ha hecho para llamarlo a rendir cuentas. Ni el actual rector, ni las autoridades en turno han hecho el mínimo esfuerzo para iniciar un procedimiento o investigación en su contra. Su protección aún está vigente y amenaza con garantizarle la más descarada de las impunidades… así las cosas.

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EL SELLO POLICIACO DEL GOBIERNO…

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ntre la complicidad manifiesta de la oficialidad e irresponsabilidad gubernamental, junto con el actuar virulento de diversos grupos sociales, se ha construido el desorden administrativo, económico y social de la entidad, por la ausencia de autoridad y el estado de derecho que hoy prevalece. Estamos hablando de la omisión oficial para atender el fenómeno de inestabilidad y desestabilización del orden social del Estado de Chiapas y sus repercusiones que afectan directamente a la población en México y esta entidad fronteriza del sur. Los índices de violencia y otras conductas sociales, emparejadas de autoridades omisas o cómplices que actúan de manera errónea y contraria a los intereses de los mexicanos y chiapanecos, conlleva a ese desorden social que es tema diario. Por un lado, la irresponsabilidad de las autoridades ante la facultad y obligación constitucional de tomar decisiones en beneficio de los mexicanos y chiapanecos –en el caso que nos ocupa-- y que han fallado por negligencia, incapacidad o soberbia; que no han hecho el trabajo que les corresponde para asegurar a sus gobernados el beneficio del empleo bien remunerado y digno; seguridad ciudadana y acceso a los servicios de salud, que sería lo mínimo en un Estado de Derecho. Esta es la cara oficial. La otra cara es la que presentan diversos sectores de la sociedad que han hecho del derecho a manifestarse un negocio bajo presión y violencia innecesaria; una forma de vivir o el ejercicio redituable de amenazar a la autoridad, como ha sucedido con el grupo magisterial de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), los alumnos de las normales rurales, Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez o la Jacinto Canek de San Cristóbal de las Casas, al igual que contingentes indígenas que ya aprendieron la lección y encontraron el caminito hacia el presupuesto. No hay que perder de vista que la sociedad civil está en el hartazgo de tanta violencia de los grupos de maestros de la CNTE, los alumnos de la Mactumatzá; los indígenas que se manifiestan de la peor manera, que tanto daño le han hecho a la economía y gobernabilidad del Estado. Por eso esa misma sociedad chiapaneca, aplaude la intervención policiaca en contra de estos grupos, que la verdad, no pregonan la paz y reconciliación social. Hay que decir que la situación de desorden administrativo y social que se vive en Chiapas es un fenómeno que la autoridad ha permitido en un acto de complicidad clientelar electoral y para mantenerlos tranquilos, como sucedió en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO con el MOCRI, los maestros de la CNTE y los alumnos de la normal rural Mactumatzá y contingentes de los municipios que vienen a Tuxtla a

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• CHIAPAS, SUS DOS CARAS DEL DESORDEN. • Permisibilidad oficial a abusos de vándalos… • La delgada línea de la represión policiaca… • Los casos de Tapachula y Tuxtla, reprobables…

cometer sus desmanes. El caso de omisión, acción, protección y financiamiento a grupos sociales descontentos que promovió el propio gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y más significativo en el sexenio de MANUEL VELASCO COELLO que permitió bloqueos de calles, plantones, toma de carreteras, casetas de peaje, invasión de predios, pirataje en el servicio de transporte, en una complicidad descarada que pagó inclusive con dinero del erario estatal y la inseguridad ciudadana. La permisibilidad y protección que dieron JUAN SABINES y el GÜERO VELASCO a grupos claramente identificados, contribuyeron a este desorden social que lleva a la mediocridad de la política, la precariedad económica y la inseguridad de los ciudadanos. Todos esos actos y conductas de omisión, acción y aprobación de esas mismas conductas, constituyen delitos que merecen “juicio político”, a estos últimos gobernantes y su gavilla que arrasaron con el presupuesto y dejaron a Chiapas en la mendicidad del 78% de sus habitantes. O a ver cuál es la opinión de cada uno de los chiapanecos, sobre este tema…

POLICÍAS, REFLEJO DEL GOBIERNO…

Uno de los rostros más visibles de un gobierno y que lo identifica, es la policía, para bien o para mal. La inseguridad y creciente delincuencia en las principales ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Comitán y San Cristóbal de las Casas, así como en todo el Estado, es un reflejo de la falta de pericia y actuación de la estructura de gobierno y nula capacitación de las corporaciones policiacas que han permitido o no han sabido responder a los requerimientos más urgentes de los ciudadanos. El caso de los operativos policiacos en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en contra de manifestantes, calificados de represión, señala lo que son y

representan las autoridades responsables de la seguridad pública y el combate a la delincuencia común y organizada. Lo de Tapachula (lunes 27 de enero) fue un acto claramente represivo en contra de indígenas pobladores de Pavencul y la compañera periodista activista, CINTHYA ALVARADO ENRÍQUEZ que debió tener repercusión jurídica en contra del Alcalde ÓSCAR GURRÍA PENAGOS. Pero, como siempre, no sucede nada. Lo cierto es que en este asunto de la policía de Tapachula, ha provocado un descontento general y también la intención de llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se castigue a los responsables. Por lo menos ya renunciaron al Secretario de Seguridad Pública Municipal, PEDRO ENOC GARCÍA PALAZUELOS; pero el alcalde ÓSCAR GURRÍA PENAGOS “sigue como Don Sebas”, tan campante…

¿REPRESIÓN O SOMETIMIENTO AL ORDEN?...

Donde sí se armó la rebambaramba es en el caso Tuxtla Gutiérrez por el operativo policiaco en contra de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá el pasado domingo 16 de febrero en las inmediaciones de la escuela y el boulevard “Vicente Fox” de esta capital. Calificado como un acto represivo y abuso innecesario de la fuerza policiaca del Estado, el asunto ha rebasado las fronteras del Estado de Chiapas y llegado a nivel nacional e internacional, inclusive. El mismo Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se pronunció por una investigación a fondo y castigo ejemplar a los responsables. Esa misma línea del Presidente siguió la Secretaria de Gobernación OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ; la Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA y hasta el Gobernador de Guerrero, HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES. El mundo se le vino encima al Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, a quien responsabilizan del operativo, al punto que, hasta un grupo de senadores de filiación morena –identificados con OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR-- exigieron en tribuna la renuncia del mandatario chiapaneco por este trágico acontecimiento que tiene entre la vida y la muerte a un joven estudiante de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, entre otros lesionados. Mientras le están dando largas a los acontecimientos, a cinco días de los hechos, mediante una investigación a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO y el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, quienes se han constituido en “juez y parte”, siendo ellos mismos los implicados –junto con el Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS— en la responsabilidad de haber dado la orden del operativo de desalojo. Y parece que la cosa es seria, porque desde la oficialidad estatal se dio la orden de que, organizaciones privadas e instituciones públicas se manifestaran en favor del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS y la legalidad del operativo en una aplaudida aplicación del estado de derecho. ¡Vaya!, hasta el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA, se prestó al juego, en una actitud de genuflexión e irreflexión. Lo cierto es –eso digo yo— que la línea de mando está en la Fiscalía General de Justicia que jefatura JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, porque se tiene la certeza de que él es el que manda en la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza su presunta “subordinada” GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, y por lo tanto son los responsables directos del suceso del pasado domingo que tiene en vilo al gobierno chiapaneco. Además, fueron las policías de la Fiscalía y la SSPyPC las que armaron el borlote y del Fiscal y la Secretaria de Seguridad Pública, depende cualquier orden de actuación. Pero como “la cuerda se revienta por lo más delgado”, ahora le están cargando toda la responsabilidad a 60 policías que ya están bajo resguardo y que seguramente serán los “chivos expiatorios” de un caso tan desagradable y vergonzoso como fue el desalojo de los manifestantes el pasado domingo 16 de febrero. Y no hay de otra, van a tener que apechugar, porque el que tiene el poder es el que mueve las decisiones y las ajusta a su plena conveniencia… Ya lo verán… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CONTRAPODER EN CHIAPAS

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os últimos meses, días han sido para todos los mexicanos difíciles, de conmoción, de mucho coraje, frustración y sentimientos encontrados, por la división que está padeciendo esta nación, producto de un presidente sin escrúpulos, inmoral, perverso, ignorante , mentiroso y desleal, y sin importar sea usted de izquierda, derecha o apartidista, pienso que es algo que no debería suceder en México. López dice que en el caso de los feminicidios su gobierno está haciendo para evitarlos, mentiras nada está haciendo, solo se escuda en su ridícula “constitución moral”, pues piensa que es el neoliberalismo la razón de la degradación y decadencia de la sociedad y la pérdida de valores. Piensa por ello que la sociedad debe “purificarse”, pero más bien en lo debe hacer y aplicarse asimismo la cartilla moral, porque da la apariencia que no está bien de sus facultades mentales, lo que hace que cada vez cometa más errores. Los crimen que acaban de ocurrir y que seguirán ocurriendo son algo que no debiéramos de culpar a alguien sino en general a u sistema que se ha podrido y sigue podrido del pasado o del presente, en donde la impunidad del sistema es el centro, de ahí parten las fallas de un gobierno mal conducido. Navegamos como un barco sin rumbo, en donde los criminales han dejado de temerle a la justicia, la sociedad no creemos en la justica, de ahí la descomposición social impresionante a consecuencia de un gobierno fallido, el mal llamado de la 4T y de la “austeridad republicana”. López responsabiliza al neoliberalismo, que ignorancia brutal de este hombre, que solo medio conoce la historia de México, por ello desconoce de otros países, porque no le gusta viajar al extranjero, posiblemente por temor a ser detenido por su relación con el narco y el crimen organizado. Porque afirmo que es ignorante, pues cuando el culpa al neoliberalismo como el mal de este país, es mentira pues hay países neoliberalitas y capitalistas que hoy en día tienen tasas de criminalidad “cero”, que se han visto en la necesidad de cerrar las cárceles porque ya no tienen criminales. Un ejemplo, Holanda, ahí donde mero esta la Haya, la Corte Internacional de Derecho Humanos; o Suiza, los banqueros del mundo. La impunidad y la corrupción son los peores males de este país y López Obrador no está exento, está más que infestado por la enfermedad, pero él lo negará diciendo que “yo tengo otros datos”. De tal suerte, leyes que no se aplica, justicia que no se administra, autoridad que no se respeta, es impunidad, no le tememos a nada; podemos ser violentos, incluso represores, violadores, asesinos porque no hay una justicia a la que no se teme, solo al pueblo, por eso López no deja de repetir; “el pueblo me puso y el pueblo me quita”, pues que se ande con cuidado porque se le puede aparecer el diablo.

Viernes 21 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• El neoliberalismo no es malo, el malo es AMLO • Crece la animadversión contra López • La 4T ajusticia al pueblo

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con choferes majaderos. De a como fue en arreglo entre los transportistas y la Secretaría, pues nunca se supo que hubieran platicas, pero claro que lo hicieron pero “bajo el agua”, en lo oscurito, pues es la característica entre la mafia del transporte y los mafiosos funcionarios de la secretaria de Movilidad. Primero los pobres dice López Obrador, pero por encima de los intereses de los ricos, eso digo yo.

Del Montón Solo para terminar con este tema, solo recordar lo que el tabasqueño dijo hace unos días a militares que se integraron a la Guardia Nacional, que los delincuentes son personas, seres humanos, entonces habrá que cuidar o darles besos y abrazos a los descuartizadores, los pedófilos, los secuestradores, los pederastas, los tratantes de blancas, de órganos, los envenenadores de niños a través de las drogas. Esto indignó no solo a los mexicanos, sino a la comunidad internacional y lo acepte o no López tiene que visitar al loquero, pues ya no carbura bien, pues piensa igual que un criminal, sus socios, que todos sabemos que pasan por un proceso de degradación mental, y que como jefe de estado, los mexicanos estamos en un serio problema, del cual solo nosotros podemos resolver. ¡O no!

Ante la ola de violencia que vive el país, la tendencia es que renuncie López A través de la plataforma @Change_Mex, miles de usuarios en redes sociales buscan juntar firmas para lograr la destitución de AMLO ante su “incapacidad mental”; por su parte el hashtag #RenunciaAMLO se ha vuelto tendencia La petición cuenta con más de 169 mil firmas y el #RenunciaAMLO se hizo tendencia en Twitter. Esta demanda volvió a cobrar relevancia tras las polémicas declaraciones del presidente respecto a los feminicidios que azotan el país. Ante las protestas de miles de mujeres contra los feminicidios, el mandatario dijo que la oposición usa el dolor de las víctimas para fines políticos y actúa con oportunismo. De acuerdo a la Segunda ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto, lo aprendimos en la escuela, pero está ocurriendo en este momento. El pueblo ya está señalando con el dedo a López Obrador, le está diciendo: “presidente nos estas fallando”, ¡¡¡renuncia!!! Y esto lo hace cuando López registra su nivel de aprobación más baja, tras los horrendos crímenes de Ingrid y Fátima, que conmocionó al país entero. López ya está recibiendo los primeros resultados adversos que son en donde la población no está de acuerdo en cómo se está conduciendo la autoridad, no sentimos el apoyo de nuestro gobierno, no hay resultados, simplemente vemos un gobierno fallido. El ejercicio estadístico publicado diariamente por el diario El Econo-

mista, a través de la Consulta Mitofsky, reveló que el tabasqueño llegó a su nivel de aprobación más bajo de su gobierno. Ahora si toco fondo. Al 20 de febrero, registró 55.6 por ciento, es decir cayó de manera estrepitosa. Lo que quiere decir que el pueblo mexicano, aún quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, se alebrestó por la insensibilidad del presidente. Ante la ola de violencia que vive el país, en redes sociales se volvió tendencia el hashtag #RenunciaAMLO. Algo similar ocurrió con el pasado mandatario Enrique Peña Nieto, en donde miles de usuarios de Twitter exigieron su renuncia con un hashtag #DemandoTuRenunciaEPN, esto luego del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, que hasta la fecha sigue impune.

Duro golpe a la economía de los más pobres La 4ª Transformación al fin hizo justicia a los chiapanecos, les pego al pueblo en donde más les duele, en sus bolsillos. El incremento es de un peso, es decir de siete sube a ocho, un aumento que no tiene justificación, cuando los combustibles están en un precio estable, no baratos, pero no había razón para que la Secretaría Movilidad y Transporte actuara con insensibilidad, sin razón y arbitraria en donde se ve el contubernio con el sector transporte, porque éstos son los beneficiados, mientras que el pueblo, como siempre tiene que pagar los platos rotos por los malos manejos que hay en la administración pública. Obvio que el transporte se encarece, lo que reduce la capacidad de compra del ya de por si raquítico salario mínimo. Ahora si los padres de familia deberán de elegir si medio comen o pagan el incremento injustificado del transporte público o de plano se van caminado a sus centros de trabajo o escolares. Así de mafiosa es la cuatrote. Ahora si ni a quien reclamar y utilizar las camionetas que se utilizan para el transporte de pasaje, mismas no que serán modernizadas, que son incomodas, sin aire acondicionado y

Seguramente el presidente de la 4T, tiene como asesor a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, que de momento vive en un penal, pues como estrategia deja que la población se muera por falta de medicinas. Hay que recordar que durante su campaña electoral, el rey de Macuspana prometió que si el voto de los que menos tienen lo llevara al triunfo, estaría más cerca del pueblo y de los mexicanos, con un estandarte de “Primero los pobres”. Sin embargo, desde hace un año hemos visto que sus acciones como titular del Ejecutivo Federal dicen lo contrario; y es que cancelar programas que funcionaban como los albergues para las mujeres que sufren violencia y las estancias infantiles ha afectado mucho a la población mexicana. Es el sector social el cual se ha visto más afectada por el gobierno de López Obrador son las personas con cáncer, y para ello acá tenemos las pruebas. Debido a sus medidas de austeridad, López Obrador provocó una severa crisis en el sector salud, lo cual derivó en un desabasto de medicamentos. Todo parece indicar que López Obrador odia al pueblo y a los que menos tienen, pues ahora la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) anunció que dejará de brindar atención gratuita, debido a que no logró un acuerdo con el gobierno federal, tras la cancelación del Seguro Popular. Así de mal están las cosas con un presidente insensible, miserable y perverso. * * * Militantes femeninas del PAN y del PRD, al igual que legisladores de ambos partidos, anunciaron que se sumarán al Paro Nacional de Mujeres por la violencia de género, “Un día sin nosotras”, que está pactado para el próximo 9 de marzo. Ante esta situación, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri González, manifestó, a través de su cuenta de Twitter, su solidaridad con las mujeres integrantes del grupo parlamentario que deseen manifestarse durante el paro. “Las y los Senadores del PAN estamos conscientes de la terrible realidad que afronta México, ante la cual el Gobierno Federal ha sido incapaz de plantear una estrategia de seguridad que haga que nuestras niñas y mujeres vivan seguras. Nos sumamos al paro nacional este 9 de marzo”. * * * La noche de este jueves 20 de febrero, falleció en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurria Penagos. De acuerdo a la información recabada, el edil tapachulteco sufrió un paro cardiaco fulminante, según reporte médico. QEPD. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 21 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1835

ACCIONES

DEMANDA

Urge implementar acciones integrales contra la violencia infantil: ombudsman oaxaqueño

Indígenas Mam en Lucha Constante para Evitar la Extinción de Lengua Materna

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INFORME

Fucam frena gratuidad de sus servicios tras desaparición del Seguro Popular PAG. 3

SESIÓN

Aprueba la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias medidas cautelares por probables violaciones a la normatividad electoral PAG. 8

COMUNICADO

CNDH condena el asesinato de Bárbara Greco y el secuestro de Adrián Fernández Guerra

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De igual forma, emitieron medida cautelar en contra de la ciudadana antes mencionada, para el retiro de la propaganda exhibida en su cuenta de Facebook y cualquiera que pudiera advertirse en todas las redes sociales, con las características denunciadas, ejecución que deberá realizar dentro de las 48 siguientes a la notificación del acuerdo respectivo.

PAG. 7

PAG. 4

Corral dice que desconocía amenazas a Miroslava Breach; pruebas lo desmienten