CONTRAPODER EDICIÓN 1833

CMAN

DOXA

EDITORIAL

¿Quién debe renunciar?

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El gobierno de Rutilio Escandón tiene un reacción equivocada ante la agresión policíaca, del pasado domingo, en contra de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa

En Chiapas prevalece la desinformación y el discurso engañoso. Y el gobierno mantiene un aparato mediático que oculta la realidad. Hoy se busca justificar la represión a la caravana de los padres de Ayotzinapa. Y con este campaña se contraponen al discurso de López Obrador.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Miércoles 19 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1833

COMUNICADO

EXIGENCIA

La ONU-DH condena el uso desproporcionado de la fuerza contra normalistas en Chiapas En un comunicado, la ONU-DH consideró que el lanzamiento de gas a “muy corta distancia” hacia los manifestantes provocó que el normalista Juan Antonio Flores tuviera que ser hospitalizado con trauma cráneo encefálico de tercer grado. Asimismo, reiteró su apoyo y solidaridad con las personas heridas y la familia de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014

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ENCUENTRO

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El Estado mexicano tiene una “deuda alarmante” con víctimas de desaparición forzada: ONU

Dan a conocer en la UNACH los avances para la integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas PAG. 4 HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

PROTESTA

Exige CIOAC que se cumplan demandas

Maestros de la AED causan destrozos a edificio sindical en Tuxtla

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

EL DIVAN

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Sergio Stahl

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

LOS DEMÓCRATAS

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Denise Dresser PAG. 5

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Miércoles 19 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL ¿Quién debe renunciar?

E

l gobierno de Rutilio Escandón tiene un reacción equivocada ante la agresión policíaca, del pasado domingo, en contra de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a punto tal que, como en el viejo régimen priista, promueve cartas de apoyo a su gobierno, como si el problema fuera del orden local, cuando la condena a la barbarie policíaca en Chiapas se internacionalizó, y en donde organismos internacionales defensores de derechos humanos reprueban la desproporción del uso de la fuerza policíaca empleada en ese desalojo. El círculo de errores de esta administración se recrudece cuando se anuncia la posible sanción de 60 policías que participaron en ese operativo, en el que se busca deslindar de responsabilidad a funcionarios del primer nivel, como si los policías hubieran actuado de modo propio y nadie les dio la orden de arrojar gases lacrimógenos. Otro error que se está cometiendo en el gobierno de Rutilio Escandón es ignorar que en este momento se encuentra bajo el escrutinio internacional de los organismos defensores de

derechos humanos, quienes no se van a dar por satisfechos sólo con la sanción de los policías que participaron en el operativo, y por lo tanto van a seguir haciendo presión para que se haga justicia y no cacería de brujas, y a la vez, se garanticen la sanción de los responsables y la creación de mecanismos de no repetición de estos actos ominosos de represión policíaca. En este sentido la administración de Rutilio Escandón debe buscar satisfacer a los organismos internacionales y no perder el tiempo en instrumentar muestras de apoyo de presuntos empresarios y de universidades, pues ello no le proporciona legitimidad política y sí muchas críticas e inclusive desprecio en sectores de la población. La crisis de derechos humanos en la que se encuentra metido el gobierno de Chiapas requiere de decisiones determinantes y el camino para ello implica la separación de los funcionarios responsables de la seguridad y de la política interna, en concreto deben presentar su renuncia el fiscal general, la secretaria de seguridad y el secretario de gobierno y debe de conformarse una fiscalía especial que investigue los hechos o bien una co-

misión de la verdad, que esclarezca la línea de responsabilidad de los funcionarios, y se propongan las posibles sanciones y la reparación integral de las víctimas. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos cuentan con medidas de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, y estas medidas de protección fueron violadas por la policía chiapaneca, en el que los funcionarios chiapanecos no tenían conocimiento de que en realidad la agresión era hacia los padres de los 43 y no solo a estudiantes normalistas de la escuela de Mactumatzá. El problema debe de resolverse a la voz de ya, para que la condena al gobierno de Chiapas no siga escalando y se configure el incumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano, pues las posibles sanciones del affaire de los funcionarios chiapanecos, le pueden llegar al propio presidente de la república y entonces la reacción podría presentarse hacia el propio gobernador de la entidad, por la impericia mostrada para atender un problema local que terminó internacionalizándose.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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La ONU-DH condena el uso desproporcionado de la fuerza contra normalistas en Chiapas De la redaccion Ciudad de México (apro)

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a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Chiapas en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado domingo 16, que dejó tres estudiantes heridos. En un comunicado, la ONU-DH consideró que el lanzamiento de gas a “muy corta distancia” hacia los manifestantes provocó que el normalista Juan Antonio Flores tuviera que ser hospitalizado con trauma cráneo encefálico de tercer grado. Asimismo, reiteró su apoyo y solidaridad con las personas heridas y la familia de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Destacó que en todas las protestas sociales debe garantizarse que los agentes que participen en los operativos de resguardo cuenten con el entrenamiento adecuado del uso de “armas menos letales”, para actuar en apego a los estándares internacionales de derechos humanos. El organismo internacional recordó que las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la protesta pacífica, tomando en cuenta que la protección de las personas está establecida en las leyes

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas investiga a 60 elementos de la policía estatal antimotines para determinar su responsabilidad en la represión de normalistas de Mactumatzá y Ayotzinapa, así como de padres de los 43 desaparecidos. A través de la Unidad de Asuntos Internos, la SSyPC dio a conocer que el lunes 17 de febrero inició el archivo de investigación SSPC/UAI/AII/ AI/350/2020 para transparentar la actuación de los elementos de la Policía Estatal que participaron en el desalojo de una vialidad el domingo 16 en el crucero de La Coca. De acuerdo con la dependencia, la mañana del domingo, elementos aplicaron los protocolos de desalojo en respuesta a denuncia ciudadana sobre la presencia de personas bloqueando el libramiento Norte, a

En un comunicado, la ONU-DH consideró que el lanzamiento de gas a “muy corta distancia” hacia los manifestantes provocó que el normalista Juan Antonio Flores tuviera que ser hospitalizado con trauma cráneo encefálico de tercer grado. Asimismo, reiteró su apoyo y solidaridad con las personas heridas y la familia de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014

mexicanas. “La ONU-DH llama a las autoridades a garantizar el pleno respeto a la protesta pacífica, cualquiera que sea el motivo de la misma, incluidos los feminicidios y otros actos de violencia en contra de las mujeres, las exigencias estudiantiles, las deman-

das de personas migrantes o de víctimas de violaciones a los derechos humanos”, se lee en el comunicado de la Oficina de Naciones Unidas. Además, la ONU-DH se sumó al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador; de la secretaria de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, realice una investigación exhaustiva e independiente sobre los hechos ocurridos el domingo 16. (Manuel Alejandro Godínez López)

Investigan a policías antimotines que reprimieron a normalistas en Chiapas la altura del boulevard Vicente Fox Quesada. En el desalojo habrían resultado lesionados algunos manifestantes, por lo que la Secretaría dio inicio al archivo de investigación contra 60 elementos antimotines, para determinar la presunta responsabilidad. Diego Cadenas Gordillo, del Centro de Derechos Humanos Ku’ Untic, dijo que en el operativo de desalojo no sólo había policías de la SSyPC, sino que también vio a un grupo de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y que fueron ellos los que “dispararon a quemarropa a las personas que realizaban una actividad informativa sobre el caso de Ayotzinapa”.

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Dan a conocer en la UNACH los avances para la integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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ntegrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer que son 25 los ciudadanos los que se inscribieron en este proceso, 17 hombres y 8 mujeres. Durante el encuentro con distintos medios de comunicación, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH e integrante de la Comisión, Omar David Jiménez Ojeda, explicó que al final y después de una serie de filtros serán cinco los que conformen el Consejo. Ante los presentes en la Biblioteca Central Universitaria, se dio a conocer que luego de cumplirse el plazo de la inscripción, en esta segunda etapa que comprende del 18 al 25 de febrero se realizará la evaluación de toda la documentación de los candidatos. De la misma forma, se hizo hincapié que a partir del 27 de febrero se realizará la fase de las entrevistas correspondientes, teniendo como fecha límite el día 12 de marzo para dar los nombres de quienes serán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Cabe mencionar que la Comisión de Selección del citado Consejo

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Como parte de la jornada de acciones por parte de la Asamblea Estatal Democrática del SNTECNTE de 48 horas en la capital chiapaneca, los maestros disidentes causaron destrozos al edificio de la Sección 40 en Tuxtla. Fue cerca del medio día en que tomaron las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de dicho gremio sindical que se encuentra sobre el libramiento norte oriente de la capital chiapaneca. Desde este punto, Armando Falconi Borraz, secretario general de la AED justificó los desmanes con el repudio a las modificaciones que la sexagésima séptima legislatura del Congreso local, aunque esto no tenga nada que ver con causar destrozos a un edificio público Respecto a las demandas de pago a maestros interinos, a

Durante el encuentro con distintos medios de comunicación, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH e integrante de la Comisión, Omar David Jiménez Ojeda, explicó que al final y después de una serie de filtros serán cinco los que conformen el Consejo

cuenta además con la participación de Jorge Alberto Pascacio Bringas, Nimrod Mihael Champo Sánchez, Mayte Palacios Morales, Jorge Antonio Orozco Zuarth, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pé-

rez Enríquez. Es preciso mencionar, que de acuerdo a la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, la Comisión de Selección que nombrará al Consejo de Partici-

pación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, fue electa después de un proceso de evaluación, valorando los perfiles académicos, ciudadanos, éticos y profesionales.

Maestros de la AED causan destrozos a edificio sindical en Tuxtla maestros de base, así como la exigencia de alto a la presunta represión en contra de este movimiento magisterial, informó que será el próximo jueves cuando se reúnan con autoridades de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y de la Secretaría de Educación (SE) del estado, así como autoridades del Isstech con la confianza de que se darán resultados positivos. El maestro dio a conocer que si en este plazo pactado, no existe una respuesta positiva estarán convocando a sus bases a una nueva jornada de lucha de 72 horas, las cuales se estarán replicando hasta obtener respuestas favorables para los docentes que militan en esta

agrupación. “Estamos a la espera puntual de la resolución de este jueves, tene-

mos la confianza de que así será, y obtengamos una respuesta positivo”, agregó.

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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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ederico Ovalle Vaquera, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CIOAC, informó que la central estará respaldando las manifestaciones y protestas de los campesinos y agricultores chiapanecos, que denuncian falta de apoyos para el sector primario. En este sentido, comentó que la con jornada de movilizaciones previstas para el 17, 18 y 19 de febrero se busca un acercamiento con las autoridades del estado para que sean atendidas sus peticiones. Agregó que para este martes la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos tendrá una audiencia con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para buscar una solución a sus problemas en materia judicial, agraria y de transporte. “Hoy mismo vamos a tener reuniones con el fiscal, luego también el próximo miércoles con la Secretaría de Transporte para ver varios asuntos… y los temas particulares de desplazados y agrarios también estaremos hablando ahí de acuerdo concretos que es lo que estábamos buscando”, destacó. Por lo anterior, aseguró que la CIOAC Chiapas ya no realizara más bloqueos en carreteras y vialidades en Tuxtla Gutiérrez. “Con este acuerdo nosotros hemos tomado la decisión de solamente de hacer un mitin de información, de exigencia y no haremos ahora sí que más bloqueos”, dijo. Por su parte, José Antonio Vázquez Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la CIOAC en Chiapas, dio a

Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

Un total de 4 mil 225 guatemaltecos han sido retornados de México al vecino país por vía terrestre, únicamente 401 menos que los registrados en 2019 entre los meses de enero y primeros días de febrero, según datos de los 12 consulados que hay en el país y de ese total de retornados al menos 780 fueron entrevistados, informó el Vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, Fernando Castro Molina. “Del total de deportados guatemaltecos fueron 2,847 hombres y 623 mujeres mayores de edad, así como 254 hombres y 172 mujeres menores de edad acompañados y 269 hombres y 60 mujeres menores de edad no acompañados”. La cifra en lo que va del año apenas es inferior a los retornos registrados en 2019 y es que en años anteriores ha sido de 4 mil 426 el año pasado, 6 mil 760 del 2018 y 5 mil 133 en 2017, en los meses de enero y primeros días de febrero.

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Exige CIOAC que se cumplan demandas “Hoy mismo vamos a tener reuniones con el fiscal, luego también el próximo miércoles con la Secretaría de Transporte para ver varios asuntos… y los temas particulares de desplazados y agrarios también estaremos hablando ahí de acuerdo concretos que es lo que estábamos buscando”, destacó

conocer que miles de campesinos y agricultores que militan en la organización emprendieron una caravana con dirección a la capital, en exigencia de que el Estado esclarezca el asesinato de Luis Her-

nández Cruz, uno de los líderes de la CIOAC asesinado en mayo de 2017 en el municipio de Comitán de Domínguez. Por ello, destacó que la CIOAC continuará con su plan de acción

de 72 horas, concluyendo el día de mañana con otras actividades para que también se dé solución a los desplazamientos de campesinos y atención a las problemáticas del sector transporte.

Más de 4 mil 200 guatemaltecos retornados en lo que va del año GUTEMALTECO CON REPORTE DE DESAPARECIDO SE REUNE CON SU FAMILIA Asimismo, el funcionario consular dio a conocer que Amílcar Lucas Hernández, quien contaba con un reporte de desaparecido ante la Fiscalía de Delitos en Contra de Migrantes en Comitán de Domínguez, fue encontrado y se logró el reencuentro con sus familiares. “Es de agradecer el apoyo de los medios de comunicación de San Cristóbal de Las Casas quienes publicaron la búsqueda del guatemalteco, promovido por este Consulado, en dicha ciudad apareció, fue traído a Comitán para que presentara declaración y sus padres desistieran de la denuncia”. Asimismo, informó que se verificó el estado de salud y tras ren-

dir declaración ante la Fiscalía fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, ya que debido a su situación debe ser retornado a Guatemala.

Por último, Castro Molina agradeció a la Policía Municipal de San Cristóbal por su apoyo en la localización de guatemalteco, quien se ha reunido por fin con sus familiares.

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Rosa Santana Mérida, Yuc. (apro)

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l periodista Eduardo Lliteras Sentíes, director del portal de noticias ‘Infolliteras’, denunció acoso judicial a raíz de la cobertura informativa que dio al presunto intento de despojo de tierras de Santa Gertrudis Copó, en la que estaría implicada la influyente inmobiliaria Abba. De acuerdo con Lliteras Sentíes, a través de denuncias “cargadas de mentiras”, a las que el Ministerio Público dio trámite “con obsequiosa prontitud”, el año pasado se le incluyó en la carpeta de investigación número P3/897/2019, acusándolo de cometer “hechos presuntamente delictuosos” que podrían configurar “el delito de despojo de cosa inmueble con violencia y/o los que resulte”. En el contexto del boom inmobiliario que se vive en Mérida, explicó, muchas comunidades aledañas a la ciudad han sido objeto de despojo de tierras. En ese contexto, el 6 de junio de 2018, a través de ‘Infolliteras’ dio a conocer un conflicto que se suscitó entre un grupo de golpeadores presuntamente al servicio de Abba y pobladores de Santa Gertrudis Copó, una comisaría conurbada a Mérida, por un predio de 600 metros cuadrados en disputa. Ese día, subrayó, “llegaron unas 30 personas con machetes, palos, hachas y otros objetos a Santa Gertrudis Copó” para intimidar a los lugareños que defendían el terreno en cuestión y que la constructora reclama como parte de sus tierras donde desarrolla un proyecto, pese a que documentos catastrales certifican que pertenece a las áreas comunes del poblado. “Alertado, como otros medios, de lo que sucedía, llegamos al sitio

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Asociación Alto al Secuestro dio a conocer que, en el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secuestro de mujeres aumentó en 15 entidades del país, disminuyó en 13 y se mantuvo igual en cuatro. En su reporte “Mujeres víctimas del secuestro 2018-2019”, la agrupación detalla que en 2018 se perpetraron mil 834 secuestros en el territorio nacional y que en 330 de esos casos las víctimas fueron mujeres, mientras que en 2019 la cifra se incrementó a mil 887 plagios y 410 las personas del sexo femenino afectadas. En términos porcentuales, el secuestro de mujeres en los primeros 12 meses del gobierno de la autollamada cuarta transformación llegó a 21%, por 17.9% con el alcanzado en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

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Periodista denuncia acoso judicial por cubrir despojo de tierras en Yucatán

En el contexto del boom inmobiliario que se vive en Mérida, explicó, muchas comunidades aledañas a la ciudad han sido objeto de despojo de tierras

y grabamos el conflicto, compartiéndolo en redes sociales”, explicó Lliteras. A su vez, abundó, el personal de la inmobiliaria grabó a los reporteros con las cámaras de sus teléfonos celulares. “Esa práctica ha sido permanente por parte del personal de la Inmobiliaria Abba cada vez que acudimos a desempeñar nuestro trabajo como periodistas a dicho lugar. Es una estrategia de intimidación que culminó con amenazas de agresión física a mi madre, mismas que denuncié puntualmente ante la Fiscalía General del estado de Yucatán (FGE)”, acusó. El periodista señaló que el 6 de junio de 2018, “luego de la publi-

cación de nuestros videos en redes sociales”, llegaron numerosas patrullas y policías antimotines, quienes desarmaron al grupo de choque que fue contratado para enfrentarse a los pobladores de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, y luego los dejaron ir. Desde entonces, denunció, la estrategia de la Inmobiliaria Abba ha sido denunciar con su ejército de abogados a algunos habitantes de la comisaría, con el fin de acosarlos judicialmente e intimidar a toda la población conurbada y convertir el lugar “en un apetitoso bocado de intereses inmobiliarios”. Con esa estrategia de acoso judicial a través de la construcción de

denuncias cargadas de mentiras, lo incluyeron a él --a fines del año pasado-- en la carpeta de investigación número P3/897/2019. Previamente a la denuncia en su contra, añadió, la apoderada legal de Inmobiliaria Abba, Claudia Guadalupe Farías Cid, declaró al diario Por Esto!, el 12 de octubre de 2019, que la empresa procedería legalmente contra Lliteras Sentíes, a quien identificó como “un reportero que se encarga de azuzar a la población y a los vigilantes”. Después de que se publicó esa nota, la FGE le notificó de la denuncia en su contra, donde además “se dice que participé en el robo de herramientas y pertenencias de la empresa y de los trabajadores, la noche del 3 de octubre”. El periodista aseguró que toda esa campaña en contra de su persona tiene la finalidad de impedir que desempeñe su labor. “El objetivo es obtener medidas cautelares que me prohíban acercarme al lugar e inclusive moverme del estado, además de someterme a un desgastante proceso judicial, tras la mascarada de una investigación que no tiene algún sustento y que ha sido promovida por una empresa anónima tras la que se celan influyentes apellidos de empresarios locales”, finalizó.

Veracruz, Edomex y CDMX, donde secuestraron más mujeres en los últimos dos años Según se desprende el informe de Alto al Secuestro en el periodo 2018-2019, los estados de Veracruz, México y la Ciudad de México concentraron casi 80% del total de secuestros de mujeres en el país, con 326 casos. La primera entidad registró 147, la segunda, 103 y, la tercera, 76. En este rubro, la CDMX, gobernada por la morenista Claudia Sheinbaum, tuvo el más alto crecimiento de un año a otro al pasar de 21 en 2018 a 55 en 2019, con lo que desbancó al estado de Tamaulipas del tercer lugar nacional en la comisión de secuestros de mujeres. Y el estado de Yucatán se mantuvo limpio en el periodo 2018-2019, al no registrar ningún plagio de personas del sexo femenino. El informe fue publicado por

la página de Facebook de la organización y se puede consultar

en la siguiente liga: https://bit. ly/2V1PgVT

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Diputados aumentan los años de prisión por feminicidio y abuso de menores De la redacción Ciudad de México (apro)

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n medio de un clima de protestas por diversas manifestaciones de violencia de género en varios sectores, los diputados federales avalaron incrementar en cinco años la pena de cárcel a quien cometa feminicidio. De esta manera, las sanciones penales pasaron de 40 a 60 años de prisión a entre 45 y 65 como pena máxima. Además, los imputados por ese delito también tendrán que pagar de mil a mil 500 días de multa, sanción que también incrementó, pues actualmente se pagan entre 500 y mil días. En tanto, los legisladores también avalaron penalizar con entre 10 y 18 años de prisión a quienes comentan abuso sexual en contra de un menor de edad, delito que actualmente se sanciona con una pena de entre 6 y 13 años de cárcel. Finalmente, se estableció imponer de seis a 10 años de prisión a todo servidor público que retarde o entorpezca, “maliciosamente o por negligencia”, la procuración o administración de justicia. El dictamen de la Comisión de Justicia fue aprobado este martes con 415 votos a favor y uno en con-

De la redacción Ciudad de México (apro)

José Luis Soberanes Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que este organismo ya es inservible en la gestión de la actual ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.“La CNDH debe ser una magistratura que se base en la autoridad moral; se ha perdido esta autoridad moral, por lo tanto, es una comisión inservible, ya no tiene esos fines”, sostuvo el jurista en declaraciones a la prensa tras acudir a la Cámara de Diputados al foro A 199 años del Plan de Iguala. Soberanes dijo que “aquellas épocas cuando se hablaba del ombudsman incómodo ya pasaron”; ahora tenemos una ombudsperson “muy cómoda, y ella no lo niega ni lo rechaza”. “Es una institución intrascendente; por lo tanto, los recursos que

En tanto, los legisladores también avalaron penalizar con entre 10 y 18 años de prisión a quienes comentan abuso sexual en contra de un menor de edad, delito que actualmente se sanciona con una pena de entre 6 y 13 años de cárcel

tra, y fue turnado al Senado de la República para su discusión y posible aprobación. Esta discusión surge días después del asesinato de una niña de 7

años, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo y con signos de tortura en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, y que ha incrementado las protestas contra los gobiernos de

Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, por su aparente nula actuación para combatir la violencia de género, en particular el feminicidio.

Soberanes: “inservible, intrascendente e inoperante”, la CNDH de Rosario Piedra invierta el Estado en ella los debería invertir mejor en la salud pública y no en una institución que no le sirva al pueblo”, dijo Soberanes, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados. Recordó que la CNDH tenía un cuidado muy especial hacía los migrantes y lamentó que actualmente éstos sean tratados de una forma tan brutal y que no haya una voz que se levante a favor de ellos. “Entonces, se está volviendo una institución inoperante e intrascendente”, indicó. También cuestionó la actuación de la CNDH en casos como el asesinato de la niña Fátima. “Uno como ombudsman tiene que estar lo más pronto posible, si no, se vuelve un elefante blanco”, manifestó.

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El PRD denuncia a AMLO por “moche” a empresarios para rifa del avión De la redacción Ciudad de México (apro)

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irigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) al presidente Andrés Manuel López Obrador por, supuestamente, pedir un “moche descarado” a los empresarios más acaudalados del país durante una cena del pasado 12 de febrero en Palacio Nacional. En su denuncia, los perredistas argumentaron que el presidente López Obrador violentó la Constitución Política, el Código Penal, la Ley General de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Transparencia al no dar detalles de lo ocurrido en dicha reunión. “Los mil 500 millones de pesos que se recaudarán de los empresarios es un delito establecido en el artículo 274 del Código Penal para la Ciudad de México como el 218 del Código Penal Federal”, argumentó Ángel Ávila, integrante de la dirección nacional del PRD. Ávila dijo que, si el presidente defiende la transparencia de los recursos, está obligado a dar los nombres de los empresarios que donaron, y el motivo por el cual se “entregó dinero al gobierno”. Además, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que preside Raquel Buenrostro, de-

En su denuncia, los perredistas argumentaron que el presidente López Obrador violentó la Constitución Política, el Código Penal, la Ley General de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Transparencia al no dar detalles de lo ocurrido en dicha reunión

ben dar seguimiento al dinero que entreguen los empresarios para detectar cualquier extorsión. En la entrada del edificio marcado con el 1735 de Insurgentes Sur, la dirigencia del PRD reconoció que no esperan mucho de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, pues sostuvieron que en su gestión sólo se ha dedicado a “limpiar los nombres corruptos de la 4T y en sus ratos libres a placearse en el estado de Guerrero, en busca de lograr la candidatura a la gubernatura”. El pasado 12 de febrero, el presidente López Obrador cenó con un grupo de empresarios a los que, se-

gún sus propias palabras, los invitó a participar “voluntariamente” en la compra y/o difusión de los cachitos de Lotería con los que pretende rifar el dinero equivalente al avión presidencial.

Derecho a la Salud En otra acción legal, otro grupo de perredistas de Hidalgo presentó una denuncia ante el Poder Judicial de la Federación, con sede en la capital Pachuca, para que se garantice el derecho a la salud de dos menores afectados por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. Como parte de su campaña #Yo-

TeDefiendo”, el PRD sostiene que buscan “ayudar a quienes han visto interrumpido sus tratamientos médicos por la desaparición del Seguro Popular y la entrada en vigor del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi)”. En el acto, Jesús Ortega y el delegado nacional Alberto Valdivieso, expresaron que su partido no puede ser omiso ante la crisis que se vive en el sector salud. Con este, el PRD suma 68 amparos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, y Ciudad de México, en contra del desabasto de medicinas.

Violencia es “fruto podrido del pasado”: AMLO Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

Con una nueva referencia bíblica, la posición presidencial respecto a la inseguridad y la violencia fue reiterada hoy al responsabilizar a las pasadas administraciones, particularmente, como causantes de la desigualdad económica que, en su perspectiva, es el origen de la criminalidad. “Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces hay que cambiar al régimen y lo tenemos que lograr, ese es el propósito principal”, dijo. En su conferencia de prensa matutina, acompañado del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, entre otros funcionarios, el mandatario sostuvo que no habrá cambio en su estrategia basada en “combatir las causas”, entre las que incluye como factor primordial, la corrupción.

“El principal problema es la corrupción, derivado de un modelo en el que una minoría lo tiene todo y la mayoría carece de lo más indispensable. Estamos atendiendo las causas”, dijo. En esta nueva alocución sobre los problemas de seguridad, el presidente se vio una vez más tendente a generalizar los problemas de violencia, la común, organizada e inclusive, la feminicida que en estos días mantiene activas las protestas retomadas hoy tras sus dichos sobre fortalecer valores, atender las causas y urgir la instauración de una “constitución moral”. No obstante, hoy admitió trabajar con organizaciones sociales que estén dispuestas a “fortalecer el enfoque”, es decir, a abordar el fenómeno de la violencia de género atendiendo las causas, el bienestar, el fortalecimiento de valores y evitar la desintegración familiar. Y es que, según el mandatario, un

estudio revela que los sicarios sufrieron maltrato familiar y volvió a la carga sobre le pasado al plantear: “¿Qué hicieron estos simuladores (los gobernantes del pasado)? se colocaban enfrente de la televisión para decir ´no nos va a temblar la mano, la ley es la ley’”. Si bien reconoció que deben mejorar las policías y los cuerpos militares inmersos en tareas de seguridad pública, fue insistente en que lo

primordial sea lograr una sociedad mejor, pero advirtió que eso lleva tiempo pues “son 36 años de neoliberalismo”. En su oportunidad, el secretario de Defensa, explicó la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional y expuso que este año pretenden avanzar en el despliegue territorial de dicho cuerpo policiaco, así como la coordinación con gobiernos estatales y municipales.

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Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)

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l presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, Luciano Hazan, dice que el Estado Mexicano tiene una “deuda alarmante” con las víctimas, y aboga por que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 se lleve a juicio oral y público. “La información que recibimos de familiares de las víctimas y de nuestros contactos con los que estamos en comunicación permanentemente es que el problema de las desapariciones en México no ha terminado, es un fenómeno que continúa”, recalca en entrevista con Proceso, en el marco del 40 aniversario del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, celebrado en Ginebra. La situación es muy grave porque al ser un delito continuado se sigue cometiendo, y los familiares siguen sufriendo, resalta el funcionario de Naciones Unidas, y recuerda que el número de desaparecidos en México --61 mil 637-- duplica el de los que desaparecieron durante la dictadura argentina. “Es un problema realmente humanitario, es la suma de casos, no es que haya casos nuevos solamente, es que se acumula un caso sobre otro”. El experto argentino, quien formó parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y participó en la elaboración de aquel informe revelador donde se calificó el fenómeno como una cuestión “generalizada” en México, pide reflexionar sobre las 60 mil familias sufriendo por esos 60 mil desparecidos. “Tratemos de entender la magnitud del asunto, y es muy, pero muy preocupante”. Subraya: “En mi mirada personal, yo creo que México debería apuntar a terminar con la impunidad, porque buena parte del problema es la impunidad. “Estamos hablando de poco más de 60 mil desapariciones y no hay responsables, no sabemos cuántas personas son investigadas, no conocemos sentencias, no sabemos cuántas personas hay en este momento condenadas por desaparición forzada. Los casos se cuentan con las manos’’. Prosigue: “Si uno compara la magnitud del problema de las desapariciones forzadas en México con la respuesta judicial que ha habido, la respuesta del Ministerio Público, de la Fiscalía, la diferencia es enorme’’. Mientras haya impunidad, es muy difícil que se termine el problema, indica el experto, al tiempo de reconocer que este crimen es mucho más grave porque se le suman diversos factores. “El Estado mexicano tiene que dar el mensaje de que se trata de un crimen inadmisible, puesto que no hay ninguna razón para tolerar las desapariciones forzadas, ni el Estado de guerra, ni la emergencia, ni el narcotráfico, ni la violencia... la respuesta tiene que ser diferente’’,

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El Estado mexicano tiene una “deuda alarmante” con víctimas de desaparición forzada: ONU La situación es muy grave porque al ser un delito continuado se sigue cometiendo, y los familiares siguen sufriendo, resalta el funcionario de Naciones Unidas, y recuerda que el número de desaparecidos en México --61 mil 637-- duplica el de los que desaparecieron durante la dictadura argentina

sostiene. La respuesta, abunda, tiene que ser a través de las instituciones. “No se puede seguir desapareciendo gente”. Hazan recuerda que cuando el Grupo de Trabajo visitó México, hace más de cinco años, documentó que las desapariciones forzadas eran generalizadas, y esta cuestión ahora se confirma con las estadísticas recientes provistas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también demuestran que esa situación “no ha mermado”. Admite que hacen falta esfuerzos extraordinarios para tratar el tema, “y la verdad es que el gobierno dio muestras de que tenía la voluntad de hacerlo, pero esa voluntad se debe demostrar en hechos concretos”. Si bien el gobierno anunció –en agosto pasado-- que reconocía la competencia del Comité para comunicaciones individuales, esto se tiene que hacer efectivo, remarca Hazan ante el hecho de que el gobierno de López Obrador no ha oficializado el trámite –en un evento público-- ante la Asamblea General de Nueva York. Hasta el momento no ha habido noticias en ese sentido, lamenta. También es importante que se autorice la visita del Comité de Desaparición Forzada que ha pedido ir al país, “porque esos también son mensajes que los perpetradores reciben”, añade. “Es decir, las promesas incumplidas son mensajes que reciben los perpetradores, así como la impunidad por parte de las autoridades judiciales son mensajes que reciben. Ellos sienten que pueden seguir desapareciendo gente porque no hay consecuencias”.

Ayotzinapa: Juicio oral y público Hazan celebró el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque la apertura a la comunidad internacional “es trascendente”. “El grupo de expertos independientes de la CIDH mostró grandes resultados. Tal vez hoy tendríamos asentada una historia irreal de lo que pasó, pero gracias al GIEI se permitió que se conocieran hechos distintos que no estaban siendo puestos a la luz y que de alguna manera estaban siendo ocultados”. Puntualiza: “Abrir el espacio para que el grupo de expertos continúe trabajando y que distintos organismos participen, es un valor agregado, pero me parece también que las autoridades judiciales de México tienen que tomar el toro por las astas y avanzar con el caso. “Es decir, yo creo que está más allá de la cooperación internacional y está en poder de la propia justicia de México poder avanzar, arrojar luz sobre los hechos y, en definitiva, también tratar de llevar a cabo un juicio”. A su modo de ver, es altamente recomendable “que haya un juicio oral y público en el que puedan estar sentados los familiares para que vean lo que sucede, que escuchen los testimonios de las personas acusadas, los de las que fueron acusadas injustamente, los de personas que hasta han sido torturas, y mostrar qué es lo que se estaba tratando de ocultar”. Hay fuertes hipótesis en relación con lo que pudo haber ocurrido, que podrían salir a la luz en un juicio oral, recalca el presidente del Grupo de Trabajo. Y considera que cuando salen a la luz los hechos “y uno los ve en el contexto de un juicio en donde la calidad de la información es pública, al ser contradictoria entre las defensas y

las partes acusadoras, tal vez pueda arrojar luz sobre dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa”. Tiene que haber muchos juicios públicos y orales, uno por Ayotzinapa y un juicio por cada uno de los miles de casos, agrega. De acuerdo con Hazan, ha habido ciertos avances en la materia, como la Ley General contra la Desaparición Forzada, que “es una ley ejemplar”. Y asegura que si el Estado mexicano implementara esta ley de manera exitosa podría ser “un espejo” para muchos países del mundo, porque tiene un caudal de desapariciones. “La complejidad y la magnitud del problema es tan grande que si realmente trajera buenas soluciones sería de gran ayuda para otros países”. Aplaude: “Es difícil encontrar una ley tan buena como la mexicana, donde además sabemos que hubo una fuerte participación de los familiares, de la sociedad civil, ha sido un ejemplo’. Sin embargo, “lo que hace falta ahora es implementarla con velocidad, con muchos recursos, con participación de las víctimas. Hay que implementar esa ley con acompañamiento de las víctimas que tienen experiencia y que, como decía antes, hay que ganarle a la impunidad. “Y la ley también tiene herramientas para ellos por la creación de fiscalías especializadas, lo que hace falta es empezar a ver resultados”. Finalmente, alienta a los familiares de las víctimas de desaparición a acercarse tanto al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada como al Comité contra Desaparición Forzada, ambos de la ONU, integrados por expertos independientes que revisan cada caso a cabalidad y se comunican con el gobierno en curso sobre casos urgentes o que tienen larga data, pero siguen sin resolverse. Explica que los casos anteriores a la entrada en vigor de la Convención contra Desaparición Forzada, ratificada en diciembre de 2010, van al Grupo de Trabajo, y los casos urgentes y más recientes deben dirigirse al Comité. “México es el país con más alegaciones de desaparición forzada en el mundo, en el contexto del procedimiento de comunicaciones urgentes del Comité’’, revela Hazan, y reitera que la magnitud del problema en el país “es de dimensiones humanitarias” y sería un error tratar de minimizarlo.

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Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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ras el feminicidio de Fátima, una niña de 7 años de edad, ocurrido en la alcaldía de Tláhuac, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revisará los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes, pero éste es un pendiente rezagado del gobierno local desde 2018, cuando se lo recomendó el Grupo de Trabajo para la Alerta de Violencia de Género (AVG). En conferencia de prensa este 18 de febrero, Ernestina Godoy, fiscal de la capital, informó que los protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, entre ellos el Amber (para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes), fueron insuficientes para encontrar a Fátima, quien fue reportada como desaparecida cinco días antes de que se le hallara sin vida. De acuerdo con la Fiscal, en adelante se revisarán y actualizarán estos protocolos con la ayuda de James Walter, coordinador del Protocolo Amber en todo el mundo; sin embargo, esta acción y otras para para prevenir y atender el feminicidio y la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en la ciudad, fueron recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de AVG en la CDMX que se publicó en 2018. Desde que Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil exigieron reconocer que en la Ciudad de México había un contexto grave de violencia contra las mujeres. Entonces se pidió por primera vez que se decretara una AVG por, específicamente, desaparición y feminicidio. Mancera y luego Claudia Sheinbaum,

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Resistencia histórica de gobiernos de la CDMX por reconocer feminicidio, afirman defensoras

quien tomó posesión en 2019 como jefa de gobierno, se negaron a reconocer la AVG y cada uno implementó sus propias acciones. En el caso de Sheinbaum, el gobierno de la ciudad incluso inició una batalla legal contra las organizaciones civiles. Fue hasta después de sendas protestas por tres casos de presunta violación por parte de policías, cuando Sheinbaum ordenó una AVG propia que no incluyó acciones concretas contra el feminicidio y la desaparición de mujeres, sólo previó acciones para la violencia sexual, como la remodelación de las Agencias Especializadas para la Atención de Delitos Sexuales. De acuerdo con la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, que es una de las organizaciones solicitantes de la AVG, actualmente las

organizaciones siguen en litigio para que el gobierno de la CDMX admita la AVG por desaparición y el feminicidio y atienda las acciones que se le recomienden al respecto. “Hemos pedido que se agilice el proceso porque al sólo implementar medidas para la violencia sexual, el gobierno no mira el feminicidio ni se hace un planteamiento para entender diagnósticamente qué está pasando con el feminicidio y la desaparición”, detalló la defensora. Por ejemplo, dijo, Ingrid Escamilla (asesinada con saña por su pareja, en la delegación Gustavo A. Madero), vivía un contexto de violencia. Su asesinato se hubiera prevenido si se hubiera trabajado preventivamente para que los policías que antendieron los llamados de sus vecinas estuvieran capacitados en perspectiva de género, hubieran

intervenido con eficiencia y hubieran analizado el contexto. “Actuar así podría salvar muchas vidas”, dijo Estrada. Por su parte, la académica feminista, Lucía Melgar, relató que la desaparición y el posterior asesinato de Fátima, así como de Ingrid Escamilla, son consecuencia de la resistencia histórica de los gobiernos de la CDMX por reconocer el feminicidio, ya que desde 2012 se empezó a hablar de asesinatos violentos de mujeres en la capital. “Ha habido resistencia por parte de la autoridad, se ha dejado crecer el crimen organizado, pero hay una idea de mostrar que todo va muy bien: en el sexenio pasado se ocultaron las cifras de desapariciones y de violencia sexual y se maquillaron las cifras de feminicidio, y este sexenio se hace un mejor trabajo en materia de estadísticas pero en procuración de justicia se hace el mismo trabajo podrido que en el resto del país”, observó la experta. Melgar puso como ejemplo la inauguración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales Número 6 el pasado mes de enero, la cual se inauguró sin estar terminada, tiene como jefa principal a una persona no especializada en delitos sexuales, y no hay un espacio para adolescentes, detalló.

CoIDH acepta analizar caso de la defensora Digna Ochoa Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

A 19 años del asesinato de la abogada y defensora Digna Ochoa y Plácido, asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) revisará la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen que las autoridades locales calificaron de suicidio. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el 2 de octubre de 2019 presentó el expediente 12.229 ante la CoIDH, el máximo tribunal regional que revisa graves violaciones a Derechos Humanos. Cabe recordar que en agosto del 2013, la CIDH notificó la admisibilidad del caso, el cual fue presentado en 2011. El 14 de marzo de 2013, se realizó una audiencia en la sede del organismo en Washington, donde se informó a los comisionados que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas

anomalías y violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido. En esa audiencia también se expusieron los motivos por los cuales se acudió ante la CIDH, entre los que se encontraban el agotamiento de recursos judiciales en México sin que hubiera justicia ni esclarecimiento de los hechos, toda vez que en julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al mando entonces del actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cerró el caso. Ahora, se analizará la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación de la muerte de la defensora. Es de recordar que en todo momento la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General, sostuvo que se trató de un suicidio. Sin embargo, en la época de los hechos la CIDH estableció la existencia de un contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras y estimó que esta situación en el

estado de Guerrero, donde la abogada representaba a víctimas, como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a militares, eran parte del contexto de su asesinato. Al revisar el caso, la CIDH consideró que desde el día de la muerte de Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, el Estado comenzó una investigación que duró alrededor de 10 años, en la que se practicaron un gran número de diligencias forenses, químicas, balísticas, informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, documentales, fotográficas, entre otras. En su informe, la Comisión analizó la debida diligencia en la investigación por la muerte de Ochoa en relación con el registro de la información médico forense, los peritajes psicológicos aplicados, la cadena de custodia de la prueba, la conformación de la prueba testimonial, las líneas lógicas de investigación, la conducción de la investigación, el plazo razonable, entre otros aspectos clave en la investigación en perjuicio de los familiares de Digna

Ochoa. En su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación que determinó que la causa de la muerte fue suicidio; omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas; y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística; y evidencia de un mal manejo de la cadena de custodia de la prueba.

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LOS DEMÓCRATAS Denise Dresser

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Ingrid Escamilla la mataron y las circunstancias de su muerte conmocionaron al país. Lo vimos, lo sentimos, lo lloramos: el grado de violencia, la barbarie perpetrada, la visibilización de lo que claramente fue un feminicidio. Han sido tiempos oscuros para las mujeres en México, y por eso alienta cuando se ve en el horizonte una luz, una vela pequeña∫ pero incandescente. La que se encendió en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el despido de Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Después de meses de demandas y reclamos, la Cancillería aceptó que había albergado, contratado y protegido a un acosador. Un funcionario que abusaba de su poder a diario, amedrentando a mujeres bajo su mando. Un funcionario que encarnó todo aquello que se vive en tantos hogares, en tantas oficinas, en tantas universidades, en los pasillos del poder todavía dominado por hombres que suelen salirse con la suya. Lo logran por la ausencia de protocolos para denunciar el acoso adecuadamente, por la probabilidad de represalias amenazadas y represalias ejercidas, por el clima de miedo que lleva a las mujeres a callar en vez de hablar. Con demasiada frecuencia las mujeres son acosadas con impunidad. Alumnas y maestras y científicas y médicas y trabajadoras domésticas y meseras se ven obligadas a sonreír e ignorar la mano que les aprieta la nalga, la voz que les susurra en el oído, el comentario soez del supervisor. Y también, con demasiada recurrencia, las mujeres que intentan denunciar son denigradas o despedidas o acaban renunciando. Las víctimas se sienten aisladas; no saben si al compartir lo ocurrido serán vistas con conmiseración o culpadas por habérselo buscado. Algunas mujeres en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior intentaron denunciar, pero su reclamo –luego de meses y meses– no prosperó. El Sr. Valdovinos encontró apoyo y protección, en vez de investigación y sanción.

Mientras, insultaba y maltrataba y humillaba a su personal femenino. Mientras, justificaba decisiones arbitrarias y actitudes violentas, diciendo que en este sexenio de transformación “es tiempo de que los de abajo se chinguen a los de arriba”. O decía: “Si yo me entero quién es el traidor que está dando información a la Subsecretaría para América del Norte, se las va a ver conmigo”. O se refería de manera denigrante a diversas mujeres en la Cancillería, que le “causaban asco y las vomitaba” y las llamaba “pendejas”. O les decía en tono burlón: “Hoy te ves más cachetona, ¿no? Y más morenita”. O intentaba agarrarles el pelo o darles un beso. O las obligaba a bailar con él, en su oficina, con la puerta cerrada. O les preguntaba: “¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Tus ojos? ¿Tu nariz?” y si tenían novio. O negaba presupuesto para viáticos en el extranjero para que sus colaboradoras tuvieran que hospedarse con él y sus amigos, y si no accedían, les negaba el acceso a los foros. Valdovinos acumuló más de una decena de denuncias en su contra, incluyendo una por acoso sexual. Hubo quejas ante la CNDH, ante el Órgano Interno de Control, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por despidos injustificados. Y cuando finalmente, después de meses, el tema llegó a los medios gracias al trabajo tenaz de la reportera Isabella González, del periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador aventó la papa caliente a Marcelo Ebrard, quien finalmente reaccionó. Pero su reacción tardía, aunque loable, revela problemas institucionales que recorren la administración pública y el sector privado. En el caso de Valdovinos, las mujeres agraviadas lograron su salida, pero después de que varias habían renunciado o habían sido despedidas. A las mujeres que denuncian el acoso laboral se les suele calificar de exageradas, histéricas, feminazis. Sus quejas son trivializadas, su enojo legítimo es minimizado. Sus denuncias no son atendidas con diligencia, transparencia o perspectiva de

género; más bien se archivan o se estancan o se ejercen venganzas o se padecen represalias. En el caso de Valdovinos se alinearon las estrellas para producir un castigo, pero la mayor parte de los acosos persisten en la impunidad. Como lo subrayan las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, que investigaron y evidenciaron a Harvey Weinstein en su libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, la mayor parte de las mujeres acosadas tienen temor de hablar. Y sólo lo hacen cuando otras las acompañan, cuando otras comparten sus experiencias, cuando otras caminan lado a lado. Ojalá que la salida de Valdovinos del gobierno anime a otras a romper el silencio, a salir de la secrecía, a impulsar un movimiento contra el acoso laboral y sexual que el país necesita. Ojalá que el caso del acosador en la Cancillería produzca más denuncias, más quejas, más precedentes institucionales. Muchos hombres mexicanos en el poder público, en la academia, en el cine, en el mundo de las letras no han enfrentado la rendición de cuentas como deberían. En Estados Unidos y en otras latitudes, miles de hombres han perdido sus puestos y su prestigio por acusaciones fundadas, como Harvey Weinstein, tumbado del pedestal y enfrentando un juicio público. En México apenas empezamos a documentar y denunciar lo que debimos haber hecho público hace años. En México urgen las conversaciones sobre el acoso laboral y sexual para ver qué hacemos –social y legalmente– para penalizarlo. Y no se trata tan sólo de que haya una 4T sin machos, sino que logremos, en este entorno fracturado, forjar una nueva serie de reglas consensuales. Para que haya menos mujeres acosadas y avergonzadas; para que las víctimas sepan que al ser ferozmente valientes y contar sus historias inspirarán a otras a hablar, a iluminar el mundo con su verdad. Una mujer fuerte habla por sí misma. Una mujer más fuerte también habla por las demás.

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A quién se le ocurrió la “brillante” idea de inscribir al Notario Público y Rector del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Gabriel Bravo del Carpio, como Consejero Ciudadano del Sistema Anti-Corrupción del Estado de Chiapas ?. La pregunta es válida porque el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha reiterado que los Notarios Públicos no pueden tener múltiples chambas, deben dedicarse a trabajar sus Notarias con estricto apego a Derecho y comportarse con rectitud, lo cual no es el caso de Gabriel Bravo del Carpio, quien no se conforma con ser Notario Público y ahora quiere sumar a sus ingresos el sueldo de Consejero Ciudadano del Sistema Anti-Corrupción estatal. A los patrocinadores de Gabriel Bravo del Carpio les importa un comino que el Notario Público de marras no cumpla el perfil requerido para ser Consejero Ciudadano del Sistema Anti-Corrupción estatal, pues no cuenta con las características de honestidad, ética y profesionalismo que se exigen para ocupar ese cargo. Gabriel Bravo del Carpio tiene una trayectoria pública en que resaltan su ineficiencia, su deshonestidad y su falta de profesionalismo. Por ejemplo, el ex gobernador

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ras aceptar su participación en la “Estafa Maestra”, mediante la firma de un contrato indebido por más de 28 millones de pesos, el ex delegado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, sólo tendrá que pagar alrededor de 19 mil pesos para librarse de la cárcel. Sí, aunque parezca una broma del mal gusto, los acuerdos establecidos con la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente permitirán a uno de los principales chiapanecos involucrados en el millonario fraude seguir en libertad, con “impunidad procesal”. La información hecha pública este martes, a través del periódico Reforma, dio a conocer que, tras negociar un “procedimiento abreviado” con la FGR y declararse culpable de los hechos, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa impuso a Orduña la pena mínima de 5 meses con 29 días de prisión. De esta manera, el exfuncionario sólo fue sentenciado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Por ello se le impuso una pena de 99 días de multa, equivalentes a 6 mil 759 pesos, considerando que cada día-multa equivalía a 68.28 pesos al momento del desvío de los recursos. Orduña Morga no pisará la cárcel porque el juez además le concedió el beneficio de la sustitución de la pena, a cambio de pagar los

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EL DIVAN Sergio Stahl

** Gabriel Bravo del Carpio, un Notario Público “chambista “ **

Juan Sabines Guerreo quiso ayudar a Gabriel Bravo del Carpio y lo designó Procurador Fiscal del Estado, cargo en el que duró solamente cuatro meses, pues ante su notoria incapacidad el ex mandatario estatal determinó darle una patada en el trasero y lo corrió con cajas destempladas. Cuando Manuel Velasco Coello asumió el Poder Ejecutivo del Estado, Gabriel Bravo del Carpio se le echó a los píes a rogarle que le diera

una chamba, pero #ElMeco Velasco no le hizo caso, y únicamente accedió a regalarle la Notaría Pública que hoy día tiene en una localidad de la Costa de Chiapas. Una Notaria Pública que Gabriel Bravo del Carpio ni siquiera se digna a trabajar, ya que delega sus responsabilidades legales y sus funciones públicas a sus empleados, que son unos abogados de poca monta. El gobernador Rutilio Escandón

EN LA MIRA Héctor Estrada

La impunidad también cobija a los chiapanecos de la estafa maestra

días-multa de su pena privativa de libertad, que equivalen a un aproximado de 12 mil 222 pesos; además de ser condenado a la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante el mismo plazo de la pena de prisión, es decir solamente seis meses para regresar a “las andadas”. El procedimiento abreviado está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una de las formas de terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema acusatorio. Se trata de una negociación entre la fiscalía y el imputado, en la que éste se declara culpable a cambio de la pena mínima y un descuento adicional de hasta un tercio de la misma en delitos dolosos y hasta el 50 por

ciento en los culposos. El también ex presidente municipal de Tapachula fue acusado a principios de 2019 de solicitarle a la Sedesol el pago de 28 millones 721 mil pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) por un servicio que no fue prestado, en un contrato suscrito en 2015, durante la rectoría de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, cuyo monto total fue de 53 millones 102 mil 260 pesos. El contrato otorgado por la Sedesol a la UNACH comprometía a ésta a formar comités comunitarios e identificar las demarcaciones en pobreza prioritarias en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La Auditoría Superior de la Federación detectó

Cadenas no puede darse el lujo de contradecirse a sí mismo y subvertir su predica anti-chambismo dirigida a los Notarios Públicos de Chiapas, otorgando un puesto de Consejero Ciudadano del Sistema Anti-Corrupción estatal a un personaje que en definitiva no cumple con el perfil requerido para ocupar tan importante cargo en el servicio público. En fin. BALCON. Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador exige que se “investigue y castigue” a los funcionarios responsables de haber mandado a las huestes uniformadas del Gobierno a desalojar un bloqueo instalado hace unos días atrás por normalistas y padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en una transitada arteria vial de la ciudad capital de Chiapas, aquí han saltado a la palestra las fuerzas vivas del empresariado, para respaldar la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de aplicar la Ley a los revoltosos que subviertan el orden público y alteren la paz social. Por cierto, en un comunicado de prensa emitido ayer el diputado federal (Morena) Raúl Bonifaz Mohedano expresó su respaldo al mandatario chiapaneco y aplaudió la decisión de Rutilio Escandón Cadenas...Eso es todo.

que la UNACH no creó los comités ni brindó la asesoría para identificar las necesidades locales, pero sí cobró como si hubiese prestado los servicios. De acuerdo con la investigación, los 28.7 millones de pesos que fueron autorizados por Orduña se depositaron en cinco cuentas bancarias a nombre de la universidad. Se trata de uno de los fraudes más escandalosos en los que se haya involucrado a la máxima casa de estudios chiapaneca, cuyas finanzas también quedaron “quebradas” tras la salida de Ruiz Hernández con una deuda de dos mil 200 millones de pesos. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿Por qué, pese al reconocimiento del delito, los demás chiapanecos involucrados no han sido procesados? Lo cierto es que el castigo efectivo para los cómplices de la estafa maestra en Chiapas durante el “gobierno verde” no parece estar en la mira de las autoridades federales. De nada servirá tantos señalamientos, investigaciones o denuncias si, de alguna manera u otra, se sigue perdonando a los corruptos del pasado y el presente. Resulta evidente que la inmunidad e impunidad otorgada a la historia de corrupción documentada durante el sexenio anterior tiene un cobijo mucho más extenso de lo que se pensaba y que la justicia durante la nueva administración federal es selectiva y complaciente con los amigos de sus amigos… así las cosas.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Aquí no pasa nada

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éxico es el país donde nada pasa. En efecto, así es en materia de justicia al menos. Todo intento por combatir la corrupción e impunidad, a no ser que se trate de revanchas políticas, peces chicos, chivos expiatorios o instrucciones directas, se ve minado. La historia lo demuestra y la realidad nos lo frota en la cara. En estos momentos, por ejemplo, basta dar un vistazo al tema de Ezequiel Orduña Morga, exdelegado de la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría del Bienestar, para ver de qué le hablo. Y no es que Cheque Orduña, como le decían en el círculo político sus conocidos, sea un pez grande. Para nada lo es. Pero sí tiene las conexiones que si se destapan meten a la tómbola de señalamientos a más de un personaje poderoso de la política en Chiapas y en el país. Y como siempre, pasa, proteger a los titiriteros es el objetivo principal. No por algo Orduña obtuvo una pena mínima con beneficios. No por algo le permitieron negociar un procedimiento abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR). No por algo le dejaron declararse culpable de los hechos y el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa estuvo flojito y cooperando. Según el diario Reforma, quien citó fuentes del Poder Judicial de la Federación, a Cheque Orduña lo sentenciaron por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y el juez le impuso el pago de 99 días de multa. Pero el chiste no culmina ahí. Sino que usó el equivalente al salario mínimo de cuando era funcionario hace ya algunos ayeres. Así que, por

día, debe pagar 68.28 pesos, mismos que, multiplicados por los días mencionados, arrojan la risible cantidad de seis mil 759.72 pesos. ¡Uf, con ese monto se quedará pobre! Y es que a Cheque Orduña lo acusan de solicitar a la Sedesol un pago de 28 millones 721 mil 300 pesos. Éste, supuestamente, era para la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) por un servicio que nunca fue prestado. Es decir, que tras hacer humo más de 28 millones de pesos la condena fue de cinco meses con 29 días de prisión por contratación indebida y un pago ridículo que con la mano en la cintura hará. Pero la historia no acaba ahí. Orduña tampoco va a pisar la cárcel un sólo día. Para nada será así. El juez, que seguramente es el mismo que se ensaña con quien se robó un pedazo de pan o algo de comer en algún establecimiento, decidió darle el “beneficio de la sustitución de la pena” al exfuncionario. O lo que es lo mismo, una multa de poco más 12 mil pesos para evitar que sus piecitos se manchen con el polvo dentro de la cárcel. ¡Ay niveles, pues! Esto, también hay que señalarlo, forma parte de las cualidades de los procesos que contempla el (ni tan) Nuevo Sistema Penal Acusatorio y que lo estipula, según se ha dicho, el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¡Vaya manera de cuidar las espaldas a los implicados de esta estafa! La cereza del pastel a este chistecito de justicia en un tema de corrupción es la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. Bueno, le explico que es tan sólo por el mismo plazo que la sentencia dada. Sí, seis meses (días más, días menos). Después de este plazo el buen Cheque Orduña puede, si así lo de-

sea y las palancas se lo permiten, ocupar otro espacio en la administración pública y repetir la fórmula para la estafa que seguramente aprendió bien, sobre todo viendo las risibles sanciones que se imponen. Si este será el modus que impere en los exfuncionarios detenidos, si con este simulacro de justicia piensan hacerlos escarmentar, si es esta la pauta para mostrar “todo el peso de la ley”, caramba, todos querrán expiar culpas. Podrían empezar, no sé, con Carlos Eugenio Ruiz Hernández, por ejemplo. Recordemos que en 2015, cuando Cheque Orduña autorizó depositar los 28.7 millones de pesos a cinco cuentas bancarias a nombre de la universidad, él era rector. Digo, ya que andan de dadivosos y aminorando sentencias, imponiendo multas ridículas y demás, la oferta podría ser tentadora para el doctor Ruiz Hernández. Quien quita y con ello terminan bailando otros actores de este reparto novelístico de la misma Unach y nos muestran cuál es el sendero que forjaron. Si se puede, claro está. Y ya entrado en materia, seguro que hasta el nombre de nuestro exgobernador Manuel Velasco Coello salta. A menos que los involucrados se hayan brincado su autoridad y ahí sí se desata la rebambaramba. Sobre todo porque el senador es consentido de la 4T y protegido del propio presidente y querrá saber que se cocinó sin su venia (cosa que ni de chiste es así). Por lo pronto ahí está la justicia ofertada donde no todos son ni serán medidos con la misma vara. Sobre todo porque aquí no pasa nada. #Manjar “…esta institución apoya las acciones realizadas por el Gobierno del Estado para hacer valer el Estado de derecho”. ¿Es en serio, doctor Carlos Natarén Nan-

dayapa? ¿Es, en sí, esa su postura como rector de una universidad autónoma? ¿Eso piensa quien en varias ocasiones ha emitido discursos en pro de la educación, de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos? ¿A eso se reduce el papel de ser rector de la Unach con usted al frente? ¡Qué triste! Es normal que empresarios, transportistas, comunicadores, Cámaras de Comercio y funcionarios, entre otros, se solidaricen con las acciones del gobierno. Muchos han sido afectados por el vandalismo que, inducido o no, han abanderado los presuntos normalistas. Se entiende hasta ahí. Es más, el clamor de mucha ciudadanía cansada ha respaldado dichas acciones. Pero no es lo mismo. No se lee igual, que el rector de la máxima casa de estudios, el rector de la universidad que cuenta con una maestría en derechos humanos, el rector que creíamos trae una visión diferente, tome posturas particulares. Y no sé, a estas alturas, qué es más lamentable, si su postura o el silencio de la comunidad universitaria. Quizá con reconocer que el gobernador pidió se investigue a fondo el tema era suficiente. Quizá pedir que se hiciera. Lamentable postura. #QueCulpaTieneLaEstaca // “En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día: ya no siento el corazón”. Antonio Machado. #LaFrase // La recomendación de hoy: el libro El nombre de la rosa de Umberto Eco y el disco Confessions de Buckcherry. // Recuerde no comprar mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

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Miércoles 19 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿INICIA PERIPLO DE PRECAMPAÑA?...

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as luces de Nueva York están muy lejos y casi no se ven; las del 2024, tampoco. Aun así, hay quienes empiezan a caminar con destino a la Presidencia de la República y otros de la aldea chiapaneca con miras a la silla de la gubernatura morena. ¿Es el caso de la diputada federal vinculada con Morena, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, aunque ella diga que no está afiliada a ese movimiento “pejelagartiano? Yo digo que sí. El pasado lunes 17 de febrero, la hija de MAQUÍO, la señora TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, vino a presentar su libro: “Juntos Hicimos Historia”, una recopilación de experiencias de la campaña presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de la que ella fue coordinadora general. El acto celebrado en el auditorio “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Un evento a todo éxito bajo la coordinación del también diputado federal, RAÚL BONIFAZ MOEDANO. Doña TATIANA demostró que tiene cimientos académicos sólidos, políticos y que sabe manejar la lengua con una gramática de altura; pero no deja de ser una difusora de la 4ª Transformación apegada a los lineamientos de su “Pastor” ANDRÉS MANUEL. Y por más que quiera deslindarse de Morena, se vio que lleva tatuada la insignia del movimiento y el pensamiento de quien es su Presidente y guía político. Tampoco lo niega. Solo que en la sesión de preguntas y respuestas que tuvo una metodología “magistral”, para no ser cuestionada como debía ser, metieron en un recipiente transparente las boletas y se fueron sacando una por una. Iban a ser solo cinco, pero llegaron nueve, pareciendo que todo fue “a modo” para que ella respondiera y se luciera; que dicho de otra forma, no lo necesitaba. Nadie preguntó por la protección que brinda el Presidente ANDRÉS MANUEL al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO y descarada intervención de la Secretaria de la Función Pública, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTERO en aquel fraude de los 670 millones de pesos destinados a programas de desarrollo de las mujeres chiapanecas, donde el “GÜERO VELASCO” y su “muñequita de pastel”, también Senadora morena, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD estuvieron involucrados y que, de la noche a la mañana, “ya se habían solventado las irregularidades”. Dijo la diputada TATIANA que, no hay que quejarse, hay

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• SRA. TATIANA, ESTÁ USTED EQUIVOCADA. • Las denuncias no resuelven los problemas… • Sí se puede callar al Presidente… • AMLO es un tirano, autoritario y ocurrente… • Comentarios al Margen…

que actuar y denunciar. Le digo Señora que eso no es cierto ni basta, pues el ejemplo del fraude de los 670 millones de pesos de la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, lo documentó y denunció la propia Auditoria Superior de la Federación y la misma Función Pública la desechó. No Señora Diputada TATIANA CLOUTHIER CARRILLOS, las cosas no son como Usted las ve. Desde nuestra perspectiva y la de muchos chiapanecos, este gobierno y en particular el Presidente AMLO, “son unos protectores de delincuentes de cuello blanco” y el ejemplo más palpable en Chiapas es el ex Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, su abuelo FERNANDO COELLO PEDRERO, “su mamá también”, LETICIA COELLO GARRIDO, y toda una cauda de sinvergüenzas que dejaron limpias las arcas públicas y un importante aumento de casi 17 mil millones de pesos, en la deuda pública. ¡Denunciar no basta!. La simulación y engaño que hace el “Pastor” a sus feligreses

de la 4T, con las “consultas a mano alzada” lleva a la mentira y la traición. Le diré que en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, como otras importantes ciudades se recolectaron más de 120 mil firmas de chiapanecos que avalaron la solicitud de “juicio político” contra “La Cuija Verde”, MANUEL VELASCO COELLO. ¿Y qué creen?. No sucedió nada. “El Pejelagartón” lo eximió de todo pecado y culpa, bajo una protección cómplice. ¿ A s í p o d e m o s av a n z a r y “transformar el país” Señora TATIANA?. No, no estamos conformes ni tampoco contentos con su “guía espiritual y político”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y tampoco con lo que Usted dice. Aunque no tengo interés en la obra del aeropuerto de Texcoco que el Presidente suspendió en un acto de revanchismo, capricho y venganza, le pregunto si ¿está bien que dejen enterrados ahí, más de 200 mil millones de pesos en toneladas de cemento y fierro, más lo que tuvo que pagar el Gobierno Federal a los empresarios constructores por indemnización?

No es cierto. No vamos bien ni estamos contentos como dice el Presidente AMLO. Estamos encabronados porque la economía doméstica no va bien, ni estamos en un lecho de rosas como piensa el “Pastor”. Tampoco es un acierto la rifa del avión –que no rifará ningún avión—y que están exponiendo 2 mil millones de pesos bajo la incongruencia de pagar a cada uno de los cien ganadores de la rifa del avión, sus 20 millones de pesos con los 2 mil millones de pesos del cheque que le entregó el Fiscal ALEJANDRO GERTS MANERO. Ahí hay otro acto ilegal y autoritario, porque esos 2 mil millones de pesos que recuperó la FGR y entregó GERTS MANERO al Presidente AMLO provienen de un acto fraudulento a las finanzas del INFONAVIT y por lo tanto ese dinero no es de la federación, sino de los trabajadores que cotizan en esa dependencia a la que se tiene que reintegrar. Hasta donde se sabe, con esos 2 mil millones de pesos que pasó del Fiscal a manos del Presidente y supuestamente depositados al Instituto de Salud para el Bienestar, hoy el INSABI acumula más de 6 mil millones de pesos, con los que se puede comprar una remesa de medicinas y terminar con el escándalo de desabasto y falta de medicamentos para diversos sectores sociales y enfermedades, en vez de andarse metiendo en problemas con una rifa de un avión que ya dijeron que no se rifará. Eso no lo mencionó Usted, Señora Diputada TATIANA CLOUTHIER y eso ya es parte de su complicidad con la 4T y en especial con el Presidente AMLO. Y así podríamos ir enumerando muchas pifias de su “Pastor” que los feligreses del nuevo modelo de gobierno “no quieren entender o siquiera comprender”. ¡Ah!, también en lo que respeta a su respuesta a una de las preguntas de uno de los asistentes a la presentación de su libro con respecto a que “si no se le puede decir al Presidente que no diga tantas barbaridades” y Usted dijo que “no se le puede callar a nadie”. Yo le digo que, no es que se le calle la boca a la “chachalaca”, sino que le digan que ya no diga tantas estupideces. Le dejo esta versión de mi reseña sobre la presentación de su libro que si me pregunta, le diré que estuvo muy bien; que es Usted una persona agradable, preparada política y académicamente; con una visión del país que necesitamos, pero no concuerdo con su apreciación de los logros de este gobierno de la 4ª Transformación y la actitud de su Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CONTRAPODER EN CHIAPAS

N

i el presidente López Obrador y ninguno de sus “focas”, sean estos diputados o senadores, ni mucho menos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solo son sus aplaudidores que acuerpan sus errores y estupideces. La realidad es que el tal López no quiere ni al pueblo, mucho menos a las mujeres, porque estos no le representan dinero, solo votos que utiliza en los procesos electorales, pero se desvive en defender su alianza de estado con bandas criminales y carteles de la droga, porque financiaron su campaña política, un hecho que se le denomina como traición a la paria y ello amerita cárcel. En la conferencia matutina López mantuvo su posición respecto a la inseguridad y la violencia y la necedad de responsabilizar a las pasadas administraciones, como causantes de la desigualdad económica que, en su perspectiva, es el origen de la criminalidad. Lo anterior demuestra que el tabasqueño es un ignorante, y que además no tiene una estrategia para acabar con la violencia de género, que al día cobra la vida de 10 mujeres en el país. Basta recordar que tal aberración del rey de Macuspana tuvo lugar cuando una reportera cuestionó durante la conferencia mañanera, donde se le solicitó una fecha para la presentación de un plan que erradique los femenicidios, ello por el reciente asesinato de la niña de siete años, Fátima, que fue violada, torturada y asesinada. Desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos, así de claro, porque dijo que “todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios –que no son éstos males los utilizados para gobernar en la 4T-. Con evasivas López no ofreció una respuesta concreta, al problema, solo esbozó que ve muy bien que una fiscalía especial para que se investiguen dichos crímenes; aunque les aventó la “bolita” a los congresos locales y federales, además como los gobiernos estatales y la propia FGR, cuando todos sabemos que es el presidente quien les “tira línea”. Mientras López se entretenía en el show mañanero, afuera de Palacio Nacional un grupo de mujeres protestaban por los feminicidios de Fátima y el de Ingrid, una mujer de 25 años que fue masacrada por su pareja. En tanto que sumisos, serviles, abyectos, aplaudidores, cómplices e inútiles senadores –entre ellos la vergüenza de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar-, defendían lo indefendible, culpando a los padres de Fátima de la tragedia. En la conferencia de prensa que ofrecieron los legisladores del partido oficial, en la sede de la Cámara

Miércoles 19 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Ni AMLO ni Morena tienen estrategias para acabar con la violencia de género • Solo los senadores de oposición congruentes con la realidad • En veremos la renuncia de funcionarios por la represión policiaca Alta, el arrastrado Eduardo Ramírez, aseguró que la culpa, por el feminicidio de la infante, fueron sus padres. “Aquí son dos casos diferentes, en el tema de Fátima es el descuido, es la responsabilidad, también, de los padres, la responsabilidad de la institución”, asestó el también conocido como “zanja negra”. La declaración de “zanja negra”, resultó fue muy ser muy miserable y partidista, en defensa de su inútil presidente, pues con ella intentó deslindar de responsabilidades a la administración de Claudia Sheinbaum. Solo me resta decir que los que acuerparon a este miserables vocero del ignominioso López, son iguales a él en cuanto a ruindad, sino es que peores. Qué dirán mañana, cuando López, Batres, Monreal, zanaja negra y el mismo palero de AMLO, Manuel Velasco Coello y muchos más, caminen sin desvío alguno al basurero de la historia. ¿Aceptarán éstos su responsabilidad en el desastre actual y la tragedia de mañana? Digo.

Senadores de oposición piden declarar “emergencia nacional”

En materia de feminicidio a nivel nacional existen dos graves problemas: el incremento de la incidencia de este delito y la impunidad para investigar, procesar y sancionar a los agresores, denunció Amnistía Internacional (AI). De acuerdo con la organización, entre enero y febrero del 2019 fueron asesinadas en promedio 10 mujeres al día, es decir en total 568. Tan sólo en 2019, 98 niñas fueron asesinadas por la sola razón de ser mujeres Senadores de oposición a diferencia de los oficiales comandados por Monreal y sus secuaces, que defienden la doble moral de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, del partido Morena y sus legisladores está a la vista de todos, frente a la epidemia imparable de feminicidios, exigieron declarar “emergencia nacional” ante la crisis que vive en México de feminicidios de mujeres y niñas. Por el feminicidio de Fátima Cecilia, la menor secuestrada y asesi-

nada en la alcaldía Tláhuac, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, advirtió, desde tribuna, que en México hay una epidemia de feminicidios, de desapariciones y de odio de género, sumado al desamparo de niñas y adolescentes, que lleva a que los crímenes menores crezcan día a día. Dijo que “ha llegado el momento de declarar una emergencia nacional. Ha llegado el tiempo de reconocer una epidemia de desapariciones y crímenes en contra de niñas y adolescentes. Frente a esta epidemia y este dolor no podemos ni debemos optar por la indiferencia y mucho menos por la no acción”. Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, fue más allá al decir: “disculpen las pintas, disculpen las marchas, disculpen los rayones, disculpen los grafitis, disculpen las molestias, pero en México a las mujeres nos están matando y si hay que incendiar todo este país para acabar con este sistema que se olvida de nosotras lo vamos a hacer, aún muertas vamos a seguir luchando”. Las buenas intenciones de los senadores de oposición solo quedan en eso, pues con el “Decálogo” ridículo del tabasqueño que se resume en tres palabras “¡Respetar a las mujeres!” Sin embargo, en su ridícula improvisación, nunca dice cómo se comprometerá a hacer cumplir el decálogo, no dice con qué instrumentos, qué programas y cuál presupuesto. Demagogia pura.

El fiscal Llaven o la comisaria Gabriela Zepeda deben renunciar El presidente López Obrador condenó este lunes el abuso de au-

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toridad del gobierno de Chiapas, que reprimió con un operativo policiaco a estudiantes y la caravana de madres y padres de los 43 alumnos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes llegaron a una visita a la Normal Rural Mactumactzá, por lo que pidió se investigue y se castigue a los responsables de los hechos. El tabasqueño condenó lo sucedido en Chiapas, al que calificó como un abuso de autoridad, más que debe ser investigado y castigado. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ordenó al secretario de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) y a la Fiscalía General del Estado, investigar los hechos en los que estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos fueron agredidos la mañana del domingo. Pidió que se deslinden responsabilidades y que se apliquen sanaciones conforme a derecho. Ya han transcurrido cuatro días y todo parece indicar que no han encontrado a los responsables. Sin embargo, la respuesta es más que elocuente, no hay que hacerse pijijis, los responsable están a la vista de todos. Quienes hicieron ver mal al gobierno del estado. No hay que buscar más. Simplemente, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y la comisaria Gabriela Zepeda Soto, esta última recomendada del primero que en materia de seguridad es una reverenda ignorante, de ahí los constantes errores. Para que buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Es menester hacer los cambios, pues de no hacerlo se corre el riesgo que éste par siga respondiendo a intereses ajenos a los que los ocupa. Una una gran “zanja” que es la manzana de la discordia.

Del Montón

A excepción del presidente Trump, López Obrador es un reverendo desconocido para dos aspirantes a la Casa Blanca, que n o saben quién es el presidente de México. Se trata de los precandidatos para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata Amy Klobuchar y Tom Steyer, quienes durante una entrevista no pudieron responder el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El tercer candidato demócrata presente, Pete Buttigieg, fue el único del terceto de aspirantes entrevistados que supo cuál era el nombre del mandatario mexicano. Claro Trump si lo conoce porque López es quien le hacer la tarea sucia al estadounidense como el muro en la frontera sur de México, frenando el ingreso de los migrantes. Algo le sabrá Trump a López, que este se arrodilla ante este. ¿Será algo relacionado con la droga? * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

CMAN

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Miércoles 19 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1833

DENUNCIA

INTIMIDACIÓN

Periodista denuncia acoso judicial por cubrir despojo de tierras en Yucatán

Investigan a policías antimotines que reprimieron a normalistas en Chiapas

PAG. 6

ACUSACIÓN

El PRD denuncia a AMLO por “moche” a empresarios para rifa del avión

PAG. 3

REPORTE

Más de 4 mil 200 guatemaltecos retornados en lo que va del año PAG. 8

CONFERENCIA

Violencia es “fruto podrido del pasado”: AMLO

PAG. 8

Un total de 4 mil 225 guatemaltecos han sido retornados de México al vecino país por vía terrestre, únicamente 401 menos que los registrados en 2019 entre los meses de enero y primeros días de febrero, según datos de los 12 consulados que hay en el país y de ese total de retornados al menos 780 fueron entrevistados, informó el Vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, Fernando Castro Molina.

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Diputados aumentan los años de prisión por feminicidio y abuso de menores