CONTRAPODER EDICIÓN 1819 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

No a la violencia a los periodistas

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La decisión política más desafortunada de la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad.

En el semáforo económico del 2019 Chiapas no tiene indicadores en verde. Tuvo un decrecimiento económico y sólo se generaron 1838 empleos. A su vez se incrementó la pobreza laboral en relación al año 2018. ¿Todavía te queda duda que no hay gobierno ni capacidad en los funcionarios?

DIARIO

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EN CHIAPAS

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1819

SOLICITUD

DENUNCIA

El INAI ordena a la Sedena revelar versión pública del plan maestro de Santa Lucía El comisionado encargado del caso, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró que la construcción del nuevo aeropuerto es un tema de interés público por el tamaño de su infraestructura, su impacto en las transacciones comerciales y, sobre todo, por los recursos erogados que ascienden a 189 mil millones de pesos

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Destapan cloaca en el INM Chiapas

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ACUSACIÓN

Sindicalizados del DIF no reciben alimentos

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Muy Difícil Equilibrar a la Frontera Sur con la del Norte en Cuanto a Incentivos: Fernández Noroña

HOY ESCRIBEN EN LA MIRA Héctor Estrada

OPERATIVO

Rescata Fiscalía a 292 personas migrantes en Ocozocoautla

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EL DIVAN Sergio Stahl

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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DEL AVIÓN? Ricardo Raphael

TRAGEDIA EN LA FRONTERA SUR

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Olga Pellicer

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NOSTALGIA “CIUDADANA” John M. Ackerman PAG. 4

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Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL No a la violencia a los periodistas

a decisión política más desafortunada de la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad. Eso sólo provoca mayor violencia, contraviene las disposiciones de la presidencia de la república y se viene construyendo una imagen del gobernador como un represor. Golpear y criminalizar a un grupo de periodistas en la Ciudad de Tapachula, en medio de una trifulca en el que se reprimió a un grupo de campesinos del Ejido de Pavencul, de la sierra en Tapachula, solo demuestra el falso discurso del restablecimiento del Estado de derecho y en nada significa implementar una política de cero tolerancia. Por el contrario, la violencia policíaca es una evidencia de la práctica de violaciones de derechos y libertades y encubre la ineficacia de los funcionarios, como sucede con el secretario de gobierno, quien con anterioridad tuvo conocimiento de la decisión de los pobladores de Pavencul de bajar a Tapachula, a grado tal que ya los estaban esperando con la policía municipal y con miembros de la Guardia Nacional, quienes tenían resguardado el

palacio municipal de Tapachula y estaban preparados para ejecutar un operativo de desalojo. De igual manera se puede observar como se orquestó una respuesta para desacreditar a la periodista Cinthya Alvarado, a quien desde la fiscalía se le fabricaron pruebas para acusarla de incitación a la violencia, argumento que fue manejado por varios periodistas pues esa era la consigna, hacerla aparecer culpable de algo que solo pueden ser culpables funcionarios del gobierno municipal y estatal al no atender con eficacia las quejas y demandas de los pobladores. En el linchamiento mediático en contra de esta periodista lo que se buscó fue intimidar a quienes critiquen al gobierno y crear un clima de temor entre los medios periodísticos, con la finalidad de construir incondicionalidad hacia el gobierno y con ello mandar una clara señal represora a todo tipo de protesta social. El gobernador está equivocado con su estrategia de pretender gobernar de la mano de la fiscalía, porque el fiscal general está señalado de practicar y promover la tortura. Además la fiscalía en esta administración se ha caracterizado por la fabricación de pruebas, la invención de culpables y la protección de funcionarios

de la propia fiscalía como responsables de delitos, robos y secuestros, en contra de la población. En toda su carrera política Rutilio Escandón se procuró una imagen de gente de izquierda y fue cuidadoso de no involucrarse en las prácticas de violación a derechos humanos en los gobiernos en el que desde distintas posiciones fue colaborador. Por eso el gobernador debe desmarcarse del agravio y ataque de los periodistas en Tapachula y promover la sanción de un presidente municipal que no goza de las simpatías en la población y quien ha sido señalado reiteradamente por presuntos actos de corrupción. Resulta obvio que el gobernador no ha cultivado una buena relación con la prensa. Él ha clonado en Chiapas todas las acciones emprendidas por el presidente excepto las ruedas de prensa mañaneras. El gobernador no ha tenido ni una sola rueda de prensa ni reunión con periodistas. Los reprobables actos de violencia en Tapachula obliga a dar explicaciones y a fijar una postura de respeto y compromiso con la libertad de expresión. De no hacerlo se corre el riesgo que la incapacidad manifiesta de gobernar sea sustituido por mayor violencia policíaca.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fuga de agua potable cumple 15 días en el centro de Tuxtla Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

na grave fuga de agua ha cumplido 15 días en el centro de la ciudad, sin que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto a pesar de que se localiza junto al Congreso del Estado. De acuerdo a los comerciantes de la zona esta fuga se originó cuando se rompió la línea que conduce el vital líquido que abastece a esta punto de Tuxtla, establecimientos y casas, sin embargo por esta falla el servicio se ha visto disminuido. Los vecinos de la Primera Sur dieron a conocer que esta zona que es cercana al mercado Juan Sabines, padece diferentes estragos debido al pésimo estado en que se encuentra la red de agua y sanitaria. Sin embargo resaltaron un punto que vino a empeorar la situación, que fue la obra Que Viva el Centro, en la que todos los materiales que pusieron para la renovación de calles, banquetas, y red de agua y drenaje fueron de pésima calidad, por ello los estragos siguen haciéndose

De acuerdo a los comerciantes de la zona esta fuga se originó cuando se rompió la línea que conduce el vital líquido que abastece a esta punto de Tuxtla, establecimientos y casas, sin embargo por esta falla el servicio se ha visto disminuido

presente hasta hoy día. Remarcaron que una muestra de ello es que en la Primera, Segunda y Tercera Oriente los registros, drenajes y tuberías de agua presentan

fugas o fallos, pero no son algo nuevo, llevan cerca de ocho años sin ser reparados o atendidos. “Lleva 15 días la ruptura del ducto de agua potable en el subsuelo,

sin que nadie haga nada, a pesar de que está en el corazón de la ciudad, a un costado de Congreso, cerca del Mercado, con gran afluencia de personas y vehículos”, reclamaron.

Muy Difícil Equilibrar a la Frontera Sur con la del Norte en Cuanto a Incentivos: Fernández Noroña René R. Coca. Tapachula, Chis; (interMEDIOS)

A pesar de que la población soconusquense ha extendido su solicitud tanto a los poderes federales del ejecutivo como del legislativo para que exista una equidad entre la frontera sur con la del norte en cuanto a incentivos fiscales, menor costo en combustibles, mejores salarios y hasta una tarifa preferencial en cuanto al cobro de la energía eléctrica, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña dijo que es muy difícil que se den estas condiciones de equilibrio entre ambas fronteras debido a diversas circunstancias, donde cada región del país es diferente y por lo tanto no se pueden. En su visita a la región Soconusco, el legislador indicó al respecto que no se puede equipara la frontera norte con la del sur en cuanto incentivos fiscales como disminuir el IVA y el ISR, mejorar los salarios o que los combustibles tengan un menor costo porque cada zona de México tiene sus propias características, y es tanto como querer tener un símil del Tren Maya en el norte, como se tendrá en

el sureste, por lo que descartó esa equidad entre apoyos fronterizos. En cuanto a la disminución en el cobro de la energía eléctrica para Chiapas, expresó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no impone los costos del servicio sino la Comisión Reguladora de Energía y que lo único que puede atender como diputado es que haya cobros justos según los casos, sin suspenderles a los usuarios los servicios; sin embargo, fue enfático en que se debe cuidar a la CFE en sus finanzas ya que para tener una empresa mexicana al servicio del país, debe operar con recursos propios sin que la gente quiera evitar su pago correspondiente por el servicio que se brinda. Acompañado de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, Fernández Noroña comentó que para finales del presente año, la atención médica deberá ser gratuita e integral ya que se tiene un presupuesto de 110 mil millones de pesos para inversión integral al sector salud; al tiempo que puso en tela de duda que hubiera desabasto de medicamento en los hospitales del país, ya que en ocasiones se trata de sabotajes de los contras

hacia el actual sistema de gobierno, donde la gente se deja llevar por esa información. En lo que corresponde al tema migratorio, el diputado del Partido del Trabajo declaró que en México se debe privilegiar la soberanía nacional con una política de atención a los migrantes desde una perspectiva ordenada, donde descartó que seremos represores y mucho menos una policía al servicio de los Estados Unidos; “México es un país de asilo, abierto y hermano del mundo” subrayó. Finalmente, hizo un llamado a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que cierren filas desde lo municipal, estatal y federal, ya que se

logró en poco tiempo -en comparación a otros partidos- llegar a la Presidencia de la República con el apoyo de la gente, por lo que existe la obligación de trabajar para la gente y demostrar que en las próximas elecciones, la gente elija a la coalición Juntos Haremos Historia con base en cumplir los compromisos como gobierno. Posterior a la rueda de prensa, el legislador acudió a la Clínica del ISSSTE en Tapachula para verificar una serie de denuncias donde se carece de medicamentos, personal médico y equipamento para la derechohabiencia, donde dejó en claro que si no se dan resultados habrá que actuar en consecuencia. (iM-rrc).

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Rescata Fiscalía a 292 personas migrantes en Ocozocoautla De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

a Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, Fiscalía de Distrito Centro y Policía Especializada, rescató a 292 personas de nacionalidad extranjera que eran trasladadas de manera hacinada en el municipio de Ocozocoautla y detuvo a una persona por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Migración. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Fiscalía del Estado realizaban patrullajes preventivos en el tramo Libramiento Sur “Manuel Velasco Suárez”-Entronque a la cabecera municipal de Berriozábal, cuando detectaron dos tractocamiones con los extranjeros a bordo. Se trata del vehículo marca Kenworth en cuya caja iban 162 extranjeros, de los cuales 112 son hombres, 19 son mujeres y 31 menores de edad, provenientes de Guatemala, Hondu-

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Fiscalía del Estado realizaban patrullajes preventivos en el tramo Libramiento Sur “Manuel Velasco Suárez”-Entronque a la cabecera municipal de Berriozábal, cuando detectaron dos tractocamiones con los extranjeros a bordo

ras, El Salvador y Nicaragua. Así como de una unidad similar en la que eran trasladados 130 extranjeros, de los cuales 100 son hombres, 11 son mujeres y 19 son menores de edad; todos de nacionalidad guatemalteca.

En el lugar de los hechos fue detenido el conductor del primer camión que se identificó como Innacio de Jesús “N”, de 42 años, mientras que la persona que conducía el segundo vehículo se dio a la fuga.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los extranjeros rescatados eran trasladados de San Cristóbal de Las casas a la ciudad de Puebla, refiriendo haber pagado cada uno la cantidad de 100 mil pesos. Luego de otorgarles atención integral según el Protocolo de Atención a Personas Migrantes, los extranjeros fueron trasladados a las oficinas de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez, donde quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda su compromiso para coadyuvar con el Gobierno Federal en la atención integral a las y los migrantes en territorio chiapaneco.

Sindicalizados del DIF no reciben alimentos Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

Destapan cloaca en el INM Chiapas De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

La Secretaría de Gobierno Federal tiene los ojos puestos en Chiapas para tratar de poner orden al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), esto debido a las múltiples denuncias que existen no solo en las redes sociales, sino en manos de las autoridades judiciales. Por fin se ha destapado la cloaca de la corrupción del INM en Chiapas, prueba de ello es que en diferentes ocasiones el activista Luis Villagrán ha denunciado toda la corrupción y nepotismo que se viene dando, desde qué la Priista Yadira de Los Santos, tomó el cargo de la representación en Chiapas del INM. Las autoridades tienen las denuncias en sus manos, en contra de diversos servidores y aliados, que conjuntamente con Yadira de los Santos, han cometido cohechos; se trata de Jorge Antúnez- Dayton Ventura- lord Banquetas (abogado Amílcar Gordillo)- y aparece en escena Juan García, Director del INM, quien fuera removido de su cargo en la administración pasada

por tener un sueldo de 40 mil Mensuales y viáticos diarios de 3 mil pesos. En esa ocasión Juan García, cobraba la nada despreciable cantidad de 200 dólares a cada indocumentado para dejarlo transitar libremente por el territorio nacional , al descubrirlo la anterior administración fue castigado y enviado a otra área “como se dice fue Guardado o encajonado”, sin embargo este personaje también conocido con el alias de “Shrek”, quien conoce el teje y maneje fue revivido por Yadira de Los Santos, para que realice el trabajo sucio, entre ellos el despido de funcionarios y elementos, para incrustar en la nómina a familiares de Yadira de los Santos. Hoy Juan García alias el Shrek y Yadira de los Santos se han apoderado de la zona y en el organigrama de la delegación del INM en Chiapas, se puede observar a 22 familiares de la priista Yadira de Los Santos. Por esta situación y por miedo a que sean despedidos, elementos del INM hacen un llamado al Comisionado Francisco Garduño, para que se enfoque a despedir realmente a la “Gente Corrupta”.

Trabajadores sindicalizados del DIF San Cristóbal, lamentaron la actual directora de esta institución Adriana Martínez Muñoa este beneficiándolos con aumentos salariales que van de los 500 a mil pesos, mientras que ellos no les han respetado ni lo que la ley marca. Una de las trabajadoras que pidió anonimato por temor a represalias, explicó “que este año aumentó el sueldo a sus protegidos, a cada uno de sus consentidos, les aumentó 600 por persona y los que llevan muchos años trabajando en a institución no les aumentó ni 100 pesos”. Consideraron que esta acción es injusta, toda vez que los integrantes del sindicato DIF, también deberían ser beneficiados pues por años han

cubierto incluso horarios de trabajo superiores a las jornadas que por ley marca de 8 horas, e incluso a algunos sin respetar vacaciones. Advirtió que como sindicalizados ya se están organizando y si Adriana Martínez no recapacita, podrían iniciar un paro laboral. Señalaron que Lucia Méndez Toporek, Coordinadora de bienestar a la infancia “es una persona nefasta “por la forma en que trata a quienes laboran de cerca, por que pide el cambio o renuncia ya que “sufrimos maltrato laboral”. Aseguró que son muchas las inconformidades en el DIF municipal, y así como en una sesión pública, regidores del ayuntamiento pidieron la renuncia del director de obras públicas y de la casa de la cultura, “pedimos que sea investigada y separada del cargo por “maltrato laboral”.

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Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chiapas, México. 29 de enero de 2020

A los medios de comunicación A los organismos defensores de los derechos humanos Al pueblo en general La salud de nuestro compañero Javier es responsabilidad del gobierno chiapaneco El viernes 24 de enero nuestro compañero preso político Javier Gonzáles Díaz fue internado en el Hospital de las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el sábado en la madrugada fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el apéndice. Su salud deteriorada por vivir en cautiverio es responsabilidad del gobierno Chiapaneco. Javier fue víctima de tortura por el hecho de estar organizado y luchar por la defensa del derecho a la tierra, los golpes propiciados por sus torturadores le causaron severos daños en su humanidad, los dolores de cabeza son constantes, los dolores en el abdomen y los ojos ponen en riesgo su salud, incluso puede perder la vista. Desde su detención ilegal y tortura el 17 de julio de 2019, no ha recibido una atención médica adecuada y especializada, únicamente le otorgan medicamentos que sirven como calmantes momentáneos del dolor. Al interior del CERSS número cinco, donde se encuentra recluido injustamente, Javier fue obligado a realizar trabajos forzados, los presos comunes por órdenes de las autoridades carcelarias y éstos de sus superiores propinaron golpizas a Javier, fue sometido a un régimen de trabajos forzados, a diversos castigos que incluye mala alimentación y pocas horas de sueño. Este trato cruel e inhumano es porque Javier no doblega su voluntad de permanecer en la organización y continuar con la defensa de su tierra, ahora padece las consecuencias de esas prácticas de tortura que son mandatadas desde la Fiscalía General del Estado. Por esta razón, no hay la menor duda que la salud de nuestro compañero Javier es totalmente responsabilidad del gobierno chiapaneco, así será también por si su situación se complica. Al parecer el Estado al no tener pruebas para seguir manteniendo a Javier en prisión, pretende hacerle el mayor daño a través de la tortura para así acabar con la voluntad de lucha y organización de Javier. Hasta la fecha continua hospitalizado, bajo observación y en recuperación, esto no es garantía que mejoré ya que dentro del penal los tratos crueles e inhumanos continúan, por lo que exhortamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en la medida de sus posibilidades puedan estar vigilantes de dicha situación para evitar que la salud de nuestro compañero siga deteriorándose. En esta misma condición se encuentran nuestros compañeros presos políticos Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asuncion Gómez Sánchez todos recluidos injustamente en el CERSS número 14, El Amate en Cintalapa, su salud poco a poco se daña debido a las condiciones a las que son sometidos en dicho penal. Es así como el gobierno de Chiapas busca castigar a quienes luchan por mejores condiciones de vida, a quienes ejercen crítica política al régimen, atentar contra la salud sólo cabe dentro de una política de un gobierno represivo, antipopular y pro fascista, Rutilio Escandón Cadenas y su gabinete cumplen estos calificativos. En esta administración morenista no basta con privar de la libertad a los luchadores sociales, sino que atentan contra su vida al dañarles la salud, al torturarlos y someterlos a trabajos forzados. Javier lucha en el hospital por reponerse de la cirugía, se convierte ya en un ejemplo a emular, su resistencia y fortaleza ideológica de no doblegarse ante la bota criminal del gobierno represivo, estamos atentos a su atención médica y desde estas líneas le expresamos todo el apoyo y solidaridad. Nuestro compañero se recuperará hasta que esté libre, porque en el penal como preso político sus torturadores no lo dejan en paz, así que no descansaremos en la lucha por la libertad de los presos políticos, no descansaremos hasta ver libre a nuestros compañeros. ¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular! Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ______________________________________________________ ¡Por la unidad obrera, campesino y popular! ¡A impulsar y organizar la lucha por el socialismo! Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) Correo electrónico: fnls.mexico.fnls@gmail.com Facebook: fnls.fnls

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Hallan sin vida a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca en Michoacán Francisco Castellanos J. Ocampo, Mich. (apro)

l activista ambiental, Homero Gómez González, reportado desaparecido desde el 14 de enero, fue hallado sin vida en el municipio de Ocampo, informó la Fiscalía de Michoacán. Gómez González, quien era el encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, fue localizado dentro de un pozo, en donde habría caído de manera accidental, según las primeras investigaciones. Desde su desaparición en la población de El Soldado, sus familiares, amigos y autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron diversas caminatas e incluso hubo búsquedas con apoyo aéreo para poder encontrarlo. El caso se convirtió en una de las prioridades en la agenda de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán. “Seguimos trabajando intensamente en la búsqueda de Homero y localizarlo es una de las mayores prioridades”, destacó el secretario de gobierno del Estado,

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Con 32 votos a favor, fue aprobado el punto de acuerdo donde el Congreso de Oaxaca pide la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, ante 396 crímenes contra mujeres registrados en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y 20 en este primer mes del 2020. Los legisladores urgieron al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se traslade a la comunidad de Santiago Ixtayutla, perteneciente a Jamiltepec, para que brinde asistencia y atención oportuna, rápida y equitativa, por el múltiple feminicidio del fin de semana, donde mataron a una mujer y a sus dos hijas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Horacio Sosa Villavicencio, destacó que debido al alto índice de crímenes contra mujeres en la entidad es urgente la creación de una fiscalía especializada. El diputado local de Morena dijo que se debe garantizar que el titular de esta fiscalía especializada cuente

Gómez González, quien era el encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, fue localizado dentro de un pozo, en donde habría caído de manera accidental, según las primeras investigaciones

Carlos Herrera Tello, al encabezar dicha mesa, en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Las investigaciones sobre el tema continúan por parte de la Fiscalía General del Estado y se espera que con los indicios obte-

nidos el asunto sea esclarecido y se sepa cómo se dieron los hechos que concluyeron con el fallecimiento de Homero Gómez.

Congreso de Oaxaca busca la creación de una fiscalía especializada en feminicidios con estudios de género y procuración de justicia, y con amplia experiencia en la atención, investigación, acompañamiento o representación en casos de violencia de género. Después del atentado ocurrido la tarde de este domingo 25 en El Huamuche, perteneciente a Santiago Ixtayutla, donde fueron ejecutadas la señora Teresa Q. M., y sus hijas Angélica M. Q., de dos años de edad, y Sinaí M.Q., de siete, mientras que su padre el comunero Jesús Merino se encuentra herido junto con otros cuatro familiares, Horacio Sosa dijo que es necesario que la fiscalía informe los avances de las investigaciones sobre el caso. Horacio Sosa solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca actuar en coordinación con los Comités de Atención, Prevención y Protección Legal y Acceso a la Justicia, a fin de obtener la contundencia que detenga la escalada de violencia que impera en la entidad.

Según datos que organizaciones de la sociedad civil han hecho público, en Oaxaca han sido asesinadas más de 396 mujeres en los últimos 3 años, 20 en este primer mes del 2020. Sin embargo, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Caste-

llanos” (GESMujer) documentó que del 1 de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2020, es decir, en lo que va del gobierno de Alejandro Murat, se han registrado 399 casos de mujeres asesinadas, de las cuales 17 se han perpetrado en lo que va de enero de 2020.

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Familiares de eperristas desaparecidos piden a la SCJN que confirme sentencia del 6 de mayo de 2019 Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

amiliares de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos forzadamente en mayo 2007, exhortaron a la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) a confirmar una sentencia de amparo que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a esclarecer el caso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a abrir sus cuarteles para buscar a los combatientes. En conferencia de prensa, Nadine Reyes (hija de Edmundo) y Margarita Cruz (hermana de Gabriel) denunciaron que el 6 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia que reconocía “la grave violación de derechos humanos” en contra de los eperristas “por parte de agentes del Estado mexicano”, sin embargo, la FGR y la Sedena presentaron recursos de inconformidad en contra de la resolución, procedimiento que quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que determinó enviar el caso a la SCJN el pasado 12 de diciembre. “En las próximas semanas sabremos si el máximo tribunal del país decide atraer el caso de Edmundo y Gabriel, y resolverlo en definitiva dejando firme la sentencia dictada el 6 de mayo de 2019 y con ello garantizar los derechos de acceso a la justicia, a conocer la verdad y a una reparación integral del daño a favor de las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y de la sociedad”, explicó Nadine Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. La desaparición de los dos eperristas –añadió-- “es una nueva oportunidad

histórica para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la vía de los hechos, cumpla con su compromiso de impartir justicia y terminar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas”. Nadine Reyes resaltó que desde mayo de 2019, cuando los familiares, sus representantes legales y organizaciones que los acompañan se reunieron con el subsecretario Alejandro Encinas, no han vuelto a tener contacto con el funcionario. En su momento, abundó, Encinas se comprometió a encomendar a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, que presentara un plan de búsqueda para localizar a los eperristas, sin que al momento se haya recibido “alguna muestra de voluntad política que devele el interés de buscar y encontrar a Edmundo y Gabriel”. La sentencia del Juzgado de Distrito que fue recurrida por la FGR y la Sedena ordena, entre otras cosas, “investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustivamente la desaparición forzada de ambos desaparecidos”, indagatoria que ha determinado la participación de miembros del Ejército mexicano, Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca. Además, a la FGR se le instruye a “mantener el curso de la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desa-

parición forzada de los eperristas y hasta que se dé con el paradero de los mismos”; tomar declaraciones de los mandos militares que estuvieron en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, “para dilucidar su posible participación en la desaparición forzada”, y en caso de que se advierta el uso de instalaciones para el ocultamiento de desaparecidos, “se deberán ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas”. Asimismo, reconocer la creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos y publicar la investigación “sin que se pueda testar los nombres de los agentes del Estado que participaron en los hechos”. La sentencia ordena a la Sedena “un reconocimiento simbólico de modo personal; publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional”, y dar las facilidades para que la FGR realice su investigación, “permitiendo la entrada a cualquier instalación militar” para buscar a Reyes Amaya y a Cruz Sánchez. De acuerdo con la resolución, las dependencias del estado y municipio de Oaxaca estarían obligadas a publicar un extracto de la sentencia en un diario de circulación estatal, en tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debería inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a ambos desaparecidos; brindar atención médica y psicológica a Nadine Reyes Maldonado y a Margarita Cruz Sánchez, y dar una compensación económica “que deberá ser proporcional al daño sufrido por tratarse

de una desaparición forzada”. Tras puntualizar que ni las dependencias estatales, ni el municipio de Oaxaca y mucho menos la CEAV impugnaron la sentencia, el abogado de los familiares de los desaparecidos, Sandino Rivero, explicó que como representante interpuso una “revisión adhesiva, para que la sentencia se mantuviera en el sentido resuelto”. Lo hizo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que puso el recurso en consideración de la SCJN. Según el abogado, si la SCJN mantiene el sentido de la sentencia “se crearían criterios jurisprudenciales, beneficiarían a nuevos asuntos en los que se litiga desaparición forzada mediante un amparo, pero también asuntos que ya existen, porque la desaparición no prescribe hasta que se determina el paradero o destino de la víctima”, y permitiría “interpretar el derecho a la reparación integral del daño”, previsto en la Constitución. La SCJN deberá determinar “si atrae este recurso de revisión”, y de hacerlo tendría como camino “confirmar lo que dijo en primera instancia el Juzgado de Distrito (…) o bien que quiera desinflar la protección amplia y bajar al mínimo los efectos de esta sentencia”, recalcó. Rivero sostuvo que se está a la espera de la resolución de la SCJN para recurrir o no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que no se mantiene el contenido de la actual resolución del Juzgado de Distrito. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, Santiago Corcuera Cabezut y Gilberto López y Rivas, Susana Aguilar --del Frente Nacional por el Socialismo-- y Héctor Cerezo, del Comité Cerezo.

La SCJN atrae amparo promovido por Sergio Aguayo en caso Moreira José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que atraerá el amparo promovido por el columnista Sergio Aguayo contra la sentencia emitida por un juez en la Ciudad de México, en la que se le condenó al pago de 10 millones de pesos como reparación del presunto daño moral ocasionado al exgobernador Humberto Moreira. “El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, al considerar que la sentencia que

lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatoria de la libertad de expresión”, precisó la SCJN en su cuenta de Twitter. En un comunicado, el máximo tribunal del país abundó: “Esta decisión del ministro Gutiérrez es el primer paso para que el asunto sea finalmente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el ministro que asume la atracción debe presentar un proyecto donde se expongan las razones de importancia y trascendencia que motivaría que el alto tribunal resuelva el asunto”. El columnista también informó la decisión de la SCJN y se manifestó “feliz”. “Estoy feliz. Gracias por tanta solida-

ridad y cariño. La Suprema Corte me salva del poder judicial capitalino que tanto me ha perseguido. Confío en ellos. @SCJN”, escribió en su cuenta de Twitter. Ayer, el juez 16 de lo Civil, Francisco Castillo González, ordenó embargar los bienes del académico y articulista al fallar a favor de Moreira Valdez, quien el 28 de junio de 2016 interpuso una demanda por daño moral en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Aguayo Quezada publicó un artículo titulado: “Hay que esperar”. Entre otras cosas, Aguayo destacó en su texto que el exmandatario estatal desprende un “hedor corruptor”.

En su denuncia, Moreira aseguró que el articulista y politólogo atentó contra su honor, vida privada e imagen, lesionando sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación, por lo que reclamó una indemnización de 10 millones de pesos y una retractación pública.

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Indígenas presentan queja ante la CNDH por “consultas” amañadas para corredor transístmico Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

l presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las “consultas” amañadas para “la aceptación del megaproyecto corredor transístmico, a cambio de recibir programas sociales”. En su queja, Toribio señaló que las consultas realizadas en marzo y agosto de 2019 se realizaron sin cumplir los mínimos estándares establecidos, es decir, “no fue previa y no fue libre”. Según los afectados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria violaron los derechos a la consulta y a la información de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. La información fue insuficiente y sesgada, no fue previa y no fue libre, pues se indujo la aceptación del megaproyecto corredor transístmico a cambio de recibir programas sociales, subrayaron. Por tal razón, la Ucizoni presentó una queja ante la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y el Cuarto Visitador, Joaquín Aguilar. Los inconformes esperan que la actuación de ambos funcionarios de la CNDH sea independiente e im-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Ante el hallazgo de falsos títulos de concesión de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que integrará elementos electrónicos que permitirán la autenticidad de los documentos. Las nuevas medidas incluyen la creación de la firma electrónica del servidor público que emite el título, sello digital de la Conagua y los Códigos de Verificación y Bidimensional. La dependencia recomendó a los usuarios que antes de realizar cualquier trámite asociado con un título de concesión, verifiquen su validez en alguna de sus oficinas centrales o estatales. De igual manera, señaló que no cuenta con gestores para trámites y recordó que estos son gratuitos, por lo que llamó a denunciar cualquier intento de extorsión. (Manuel Alejandro Godínez López)

En su queja, Toribio señaló que las consultas realizadas en marzo y agosto de 2019 se realizaron sin cumplir los mínimos estándares establecidos, es decir, “no fue previa y no fue libre”

parcial. En julio de 2019 los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Rubicela Toribio Zacarías, presentaron una demanda de amparo indirecto contra la “ilegal” convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec. Señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acusado de “omisión” porque no veló por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente. También al exsecretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa; a los actuales secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transpor-

tes (SCT), Graciela Márquez Colín y Javier Jiménez Espriú, respectivamente; al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes, director del INPI, y Ceyla Cruz Gutiérrez, responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas. Ante la autoridad federal reclamaron por la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas”. Y como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe, denunciaron que a lo largo de décadas “se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación, y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.

La Conagua detecta falsos títulos de concesión e impulsa su renovación

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De la redacción Ciudad de México (apro)

a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá revelar la versión pública del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El comisionado encargado del caso, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró que la construcción del nuevo aeropuerto es un tema de interés público por el tamaño de su infraestructura, su impacto en las transacciones comerciales y, sobre todo, por los recursos erogados que ascienden a 189 mil millones de pesos. Acuña llamas detalló que este monto incluye los pagos por abonos y a las empresas que se tuvo que liquidar para echar andar el proyecto. Lo anterior, luego de que una particular solicitó el estudio de capacidad y niveles de servicios requeridos por la Sedena para la construcción del aeropuerto civil/militar de Santa Lucía, como uno de los estudios de preinversión inscritos en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En respuesta, la Sedena reservó la información, bajo el argumento de que darla a conocer puede vulnerar la confidencialidad de la estructura y medios de seguridad interna y externa con la que contará la instalación del aeropuerto. Inconforme, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI. Como parte de las diligencias, el

Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no presentará reformas que atenten contra la libertad de expresión, luego que el mes pasado se filtraran borradores de reformas en materia de justicia supuestamente diseñadas por la Fiscalía General de la República (FGR) que revivían delitos como la calumnia y la difamación. “Claro que sí, por convicción, pero además la facultad de presentar iniciativas corresponde al presidente y a los legisladores, entonces nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos”, dijo el presidente López Obrador. “Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos falta de democracia”, afirmó. La politóloga Denise Dresser, articulista de Proceso, acudió esta mañana a la conferencia del presi-

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organismo tuvo acceso a la información requerida y clasificada, contenida en el Plan Maestro con Estudio de Capacidad y Niveles de Servicio, el Sembrado de cada Componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (Lado Aire, Lado Tierra, Edificios Complementarios, etc.), con fecha del 13 de septiembre de 2019.

Durante el análisis del caso, el comisionado advirtió que, en algún momento, un documento semejante al referido por la Sedena fue de dominio público, lo cual fue constatado por el INAI al resolver el recurso RRA 12981/19. Bajo esta consideración, Acuña Llamas concluyó que la reserva es

improcedente, en razón de que la información contenida en ambos documentos es esencialmente la misma y estuvo disponible una fuente de acceso público. La única diferencia, explicó, es que el documento expuesto por la Sedena tiene visibles los nombres del personal de la empresa ADP Ingénierie que participó en la elaboración del documento requerido; por lo que determinó que la dependencia deberá elaborar una versión que proteja tales datos. Como resultado, el pleno del INAI modificó la respuesta de la Sedena y le ordenó entregar una versión pública del Plan Maestro con Estudio de Capacidad y Niveles de Servicio, el Sembrado de cada Componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (Lado Aire, Lado Tierra, Edificios Complementarios, etcétera.), del 13 de septiembre de 2019, al solicitante. Con información de Ixtlixóchitl López

No habrá reformas que atenten contra la libertad de expresión, promete AMLO dente en Palacio Nacional y le pidió que se comprometiera a no apoyar ninguna iniciativa de reforma penal que limite la libertad de expresión, luego de la filtración del borrador de un Código Penal Único en el que se tipifican delitos como la injuria, la calumnia y la difamación. “¿Se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan cómo usted?”, preguntó Dresser. “¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?”, añadió la escritora. López Obrador le respondió de inmediato: “Lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. “Lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta re-

forma. El fiscal general, en el caso de que sea cierto, es autónomo. Ya no es el tiempo de antes, de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara”, agregó. “No la he visto, no la conozco; entonces, no tiene nada que ver con nosotros”, afirmó sobre la supuesta reforma. Denise Dresser dijo haber acudido

a la conferencia de prensa en nombre de su colega, el columnista y académico Sergio Aguayo, quien fue sancionado con una orden de embargo de 10 millones de pesos para indemnizar al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo acusó de presunto daño moral en 2016 por una columna en el periódico Reforma donde aseguró que el priista “destilaba un hedor corrupto”.

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

n 2020 el Senado de la República tiene la tarea de revisar la ambiciosa reforma aprobada en 2019 por las diputadas federales para imponer sanciones claras a quienes cometan violencia política de género. En estas reglas se reconoce que los agresores pueden ser desde funcionarios, candidatos y partidos políticos, hasta medios de comunicación. A diferencia de las reformas planteadas desde 2012, cuando legisladoras, promotoras de los derechos político electorales y autoridades en la materia se esforzaron por definir este tipo de violencia, el pasado 5 de diciembre la Cámara de Diputados avaló una reforma a siete leyes que plantea un amplio catálogo de sanciones para inhibir conductas violentas hacia las mujeres. Debido al daño a la democracia que causa la violencia política contra las ciudadanas que participan en contiendas electorales y funciones públicas, las legisladoras plantearon sanciones como suspensión de la propaganda política, cancelación de candidaturas, nulidad de elecciones, reducción del financiamiento a partidos políticos y cancelación de concesiones de radio o televisión, entre otras. El espíritu de esta reforma es transformador, pero este afán de cambio podría ser la razón para que la minuta se trabe en el Senado. Al respecto, la consultora especializada en participación política y género y quien revisó de cerca la redacción de las reformas, Teresa Hevia Rocha, asegura que de ser necesario es mejor quitar sanciones que parecen drásticas, como la cancelación de concesiones de radio y televisión, con tal de que se aprueben el resto de las modificaciones. La minuta que está en el Senado en espera de análisis establece cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Catálogo de sanciones Los cambios propuestos definirán la violencia política de género como “toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”. En opinión de Teresa Hevia Rocha, de aprobarse esta reforma México sería un referente para toda la región porque hasta ahora sólo Bolivia ha

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El Senado de la República definirá reformas para sancionar violencia política

legislado en la materia. Desde 2012 aquel país cuenta con la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres en el Congreso Plurinacional de Bolivia que a decir de la experta no ha sido eficaz porque no han logrado sentencias por acoso. Algunas de las reformas sustanciales propuestas por las parlamentarias mexicanas se plasmaron en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), por ejemplo se estableció que las leyes electorales locales deberán regular el procedimiento para sancionar los casos de violencia política en razón de género, casos en los cuales son sujetos de responsabilidad cualquier persona física o moral. Uno de los cambios en la LGIPE son las adiciones al Artículo 456, de acuerdo con las cuales, en caso de infracciones relacionadas con violencia política en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá imponerse la reducción de hasta 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos, por un periodo determinado por la autoridad electoral. Este artículo también señala que cuando la violencia política se realice mediante la prerrogativa de radio y televisión, además de la suspensión del material denunciado, se deberá reparar el daño. En estos casos se podía otorgar tiempo en radio y televisión, del partido político infractor, en favor de la persona que haya sido afectada y además ofrecerle una disculpa pública. En caso de que sean reiteradas las infracciones, indica la ley que está en análisis en las Comisiones Para la Igualdad de Género, y de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, se podrá impedir al partido político el registro de candidatura para el cargo de elección del que se trate. Además, en los casos de graves y reiterada conductas violatorias de la Constitución y de la LGIPE se podrá ordenar la cancelación del registro del partido político; o bien, si éste postuló como candidata a una persona que fue sentenciada por haber ejercido violencia política en razón de género, se le sancionará con la cancelación del registro de la candidatura, así como la

negativa de postular a otra persona a ese cargo y en esa elección. La norma también indica que, en caso de reincidencia sistemática en conductas relacionadas con violencia política de género, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará vista a la autoridad competente para que realice la cancelación de la concesión de radio o televisión, según sea el caso. Esta es quizás la modificación que ha alertado a los senadores, en particular a aquellos que integran la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por ser un tema de su materia. Al respecto, Hevia Rocha asegura que las modificaciones propuestas en materia de medios de comunicación pueden causar duda pero de ser el caso, se pueden suprimir para que la reforma avance.

Se otorgará protección y reparación del daño Las modificaciones propuestas a la LGIPE no sólo son para sancionar las conductas de violencia, también buscan medidas de protección para poner fin a la intimidación y el hostigamiento hacia mujeres políticas. El Artículo 463 Bis de esta norma indica que las autoridades electorales federales y locales determinarán medidas de protección y cautelares cuando conozcan hechos de probable violencia. Para lograr este fin, las autoridades administrativas y jurisdiccionales podrán realizar un análisis de riesgo y un plan de seguridad a favor de las mujeres. Entre las medidas contempladas están retirar campañas violentas; o bien, acciones enfocadas en la responsabilidad del agresor como reducir o suspender su financiamiento público electoral; suspender o cancelar su candidatura o solicitar la suspensión del empleo o cargo público que tenga; también se podía solicitar la anulación de la elección de un candidato. Cuando una mujer denuncia, las autoridades también tendrán facultad de ordenar medidas de protección para ella como víctima y para sus familiares, su equipo de trabajo y sus defensores. La ley, en caso de ser ratificada por el Senado, indicaría que las medidas de reparación deberán garantizar la

plena satisfacción de los derechos de las víctimas, y también de sus familiares y de su comunidad en caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, así como la garantía de no repetición de los actos. Es de recordar que hay casos de violencia política hacia alcaldesas, síndicas y regidoras donde se les ataca a ellas y a la comunidad que las respalda, como sucede en Oaxaca y Chiapas. Las medidas de reparación pueden ser indemnización de la víctima; restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; medidas para asegurar que pueda ejercer el cargo; o una disculpa pública. Teresa Hevia recuerda que desde 2012 se presentaron las primeras propuestas para reconocer la violencia política pero la intención de introducir este concepto en la ley no se ha concretado porque aunque se aprueba en una Cámara, la otra la detiene. Es por ello que espera que esta vez sea diferente y haya consenso. La experta confió en que las presidentas de la Cámara de Diputados, Wendy Briseño Zuloaga, y del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, junto con el resto de las legisladoras de todos los partidos políticos, impulsen estas normativas para que se aprueben sin cambios.

Partidos políticos obligados a no violentar Un estudio de 2017 de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que los partidos políticos llegan a ser el mayor obstáculo para que las mujeres participen en política e influyan en la agenda y el debate público. En este sentido otra ley que se reformó y que debe ser ratificada por el Senado es la Ley General de Partidos Políticos, donde se estableció en el Artículo 25, que estos organismos están obligados a sancionar actos de violencia política en razón de género, por medio de mecanismos y procedimientos internos. Para cumplir con este fin, su declaración de principios contendrá mecanismos internos de sanción a quien ejerza este tipo de violencia y los estatutos de los partidos deberán establecer mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género. De acuerdo con esta reforma, las agrupaciones políticas también van a elaborar y entregar informes de origen y uso de recursos públicos, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente cómo aplicaron los destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

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Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

NOSTALGIA “CIUDADANA” John M. Ackerman

“

Fue hace mucho tiempo”, dijo el periodista Jorge Ramos sobre la responsabilidad de Genaro García Luna en la actual crisis de inseguridad. Julián LeBarón pide una huelga de remesas de parte de mexicanos en el exterior con el fin de “poner contra la pared” al gobierno actual. Javier Sicilia organiza una marcha el 23 de enero con el fin de presionar a Andrés Manuel López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad pública. Si bien estos tres personajes públicos disfrazan su discurso en un halo “ciudadano”, lo que buscan en realidad es retornar a las estrategias fallidas del pasado enarboladas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aquellas estrategias se hacían pasar como de “mano dura”, pero en realidad se basaban en la complicidad absoluta entre los cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada. Los actuales niveles de delincuencia e inseguridad en México son inaceptables, sin duda. Y las críticas y las propuestas en la materia son sanas y productivas. Sin embargo, para poder avanzar es importante primero deshacernos de los prejuicios del pensamiento (neo)liberal. El enfoque de Ramos, LeBarón, Sicilia y otras voces similares no es, en realidad, “ciudadano”, sino estrictamente “antigubernamental”. Insisten en poner a López Obrador en la misma categoría que Peña Nieto y Calderón por el simple hecho de que los tres han ocupado el mismo cargo público. Su dogmatismo ideológico no les permite entender que la función del “gobierno” no es siempre la misma en todos los contextos históricos. Por ejemplo, cuando los aparatos de seguridad del Estado sirven a un gobierno cuyo principal propósito es el saqueo de los recursos natura-

les y el enriquecimiento de los altos funcionarios, por supuesto que sus funciones principales son el control social, la represión y la simple administración de la delincuencia. Pero cuando estas mismas corporaciones de seguridad reciben órdenes de un gobierno cuyo propósito central es mejorar el bienestar del pueblo y fortalecer las instituciones públicas, entonces sus funciones principales son justo lo contrario: la protección ciudadana y el combate frontal al crimen. La terrible crisis de inseguridad que sigue afectando al pueblo mexicano no es culpa de López Obrador, sino de la combinación de décadas de saqueo económico, más de dos lustros de una errada estrategia de “guerra” y una profunda corrupción e ineficacia de los aparatos de seguridad. Así que, al dar un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad pública, el gobierno actual avanza por el camino correcto. En primer lugar, se ha establecido una separación estricta entre las corporaciones de seguridad y el crimen y se encuentra en curso una profunda limpia anticorrupción en todos los niveles del gobierno. Ya no se tolerarán las estrategias al estilo de García Luna o Miguel Ángel Osorio Chong, de negociación con los delincuentes, sino que ahora sí se les combate de manera frontal y sin ambages. Además, se encuentra en proceso de construcción una corporación policiaca totalmente nueva, llamada Guardia Nacional, que se está alimentando con 20 mil nuevos reclutas al año que provienen de la ciudadanía y contarán con una capacitación moderna con base en los principios de lealtad, honestidad, disciplina y respeto absoluto a los derechos humanos. En segundo lugar, ya fluyen millones de nuevas becas y apoyos sociales

para los jóvenes, los campesinos y, en general, los más excluidos de la República. También ya se construyen cien nuevas universidades públicas y gratuitas del sistema “Benito Juárez”, y con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar se busca garantizar el acceso gratuito a la salud para absolutamente todos los mexicanos. La tercera línea de acción no le corresponde a López Obrador sino a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación. Estos dos órganos del Estado mexicano son los verdaderos responsables de poner fin a la impunidad, no el Poder Ejecutivo. Afortunadamente, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero y Arturo Zaldívar, tanto la FGR como la Suprema Corte de Justicia hoy se encuentran en un proceso de profunda limpieza y transformación, proceso complejo que enfrenta muchas resistencias y evidentemente tomará tiempo en rendir frutos. El verdadero cambio histórico avanza lento, pero firme, y la verdadera estrategia “dura” y efectiva para resolver la crisis de seguridad es la que está siguiendo el gobierno actual. Quienes hoy utilizan la grave crisis de inseguridad como un ariete para arremeter en contra de López Obrador engañan a la ciudadanía al negarse a entender la complejidad del fenómeno con sus variadas aristas sociales, económicas e históricas. Los ciudadanos de buena fe, que realmente quieren resolver los problemas actuales, deberíamos apoyar los esfuerzos del nuevo gobierno por cambiar la nación en lugar de buscar cualquier pretexto para intentar sabotearlo. www.johnackerman.mx Este análisis se publicó el 19 de enero de 2020 en la edición 2255 de la revista Proceso.

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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TRAGEDIA EN LA FRONTERA SUR Olga Pellicer

as reacciones a lo que ocurre en la frontera sur ante los intentos de una caravana de migrantes centroamericanos de entrar al territorio nacional, han producido malestar, incertidumbre y confusión. A nadie convencen los argumentos en el sentido de que hay pleno respeto a los derechos humanos y voluntad de ser solidarios con quienes huyen de la violencia, la falta de oportunidades económicas y los desastres ecológicos. A nadie convence el papel desempeñado por la recién creada Guardia Nacional para repeler a mujeres y niños cruzando el río; irrita saber que cumplen ese papel a petición del presidente Trump, quien amenaza con dañar a la economía mexicana si no se contiene a los migrantes. Hay una crisis de legitimidad de las políticas migratorias del gobierno de AMLO. En primer lugar, los cambios tan bruscos en la narrativa para tratar a los migrantes centroamericanos producen desconfianza. ¿Las promesas y actitudes con que se conquistó el poder se abandonan tan fácilmente? En segundo lugar, como hemos señalado desde hace varios meses en esta columna, los compromisos que se asumieron con Estados Unidos en materia de política migratoria desde los comienzos del actual gobierno fueron desafortunados. Nuestro país no tiene las condiciones para albergar en su territorio a quienes esperan la respuesta a sus solicitudes de asilo o refugio en aquel país, aun menos para contener flujos migratorios históricos como son los procedentes de Centroamérica. El paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos es un fenómeno de larga data. Cobró mayor visibilidad en el

presente siglo, cuando la curva de detenciones por parte de autoridades mexicanas llegó a la cifra de 460 mil en 2005, después se estabilizó en aproximadamente 185 mil anuales para volver a subir desde finales de 2018. Su entrada tiene lugar por diversos puntos, formales e informales. Éstos son muy cambiantes, de acuerdo con las circunstancias favorables o desfavorables que encuentran. Algunos entran siguiendo las líneas del tren o carreteras, otros llegan en pequeños grupos que atraviesan vías fluviales para internarse por numerosos caminos trazados en medio de la selva. Las caravanas, de reciente creación, entran por los puentes existentes en Chiapas. Imaginar que se pueden parar esos flujos históricos colocando efectivos de la Guardia Nacional en algunos puntos es simplemente ilusorio. El tratamiento del problema migratorio de sur a norte, cuando se trata de llegar a Estados Unidos, es mucho más complejo. México está en el camino. La solución, si se encuentra, es de largo plazo. Otro elemento importante a tomar en consideración es el cambio demográfico que ha tenido lugar en la migración centroamericana. Después de años en que eran contingentes de hombres jóvenes en busca de trabajo, comenzaron a incorporarse buen número de mujeres jóvenes y, lo que ha llamado mayormente la atención, menores no acompañados. La primera gran crisis por la presencia de niños se dio bajo el gobierno de Obama, en 2014. Fue entonces cuando el tema entró a ocupar un lugar prioritario en la agenda de relaciones México-Estados Unidos. A partir de entonces crecieron las solicitudes para que México deportara e impidiera el

paso de los niños hacia Estados Unidos. Los motivos para el cambio demográfico están bajo estudio. Responden a diversas circunstancias que van desde la búsqueda de la reunificación familiar (generalmente el padre o la madre ya están en Estados Unidos), la incorporación de las mujeres al trabajo y la proliferación de “coyotes” especializados en trasladar niños a cambio de pagos considerables por parte de los familiares que los envían. Dos obras maestras, una en el cine, La jaula de oro, dirigida por Diego Quemada-Díez (2013), y otra en la literatura, Desierto sonoro, de Valeria Luiselli (2019), nos han proporcionado una mirada multifacética, conmovedora y de gran riqueza analítica sobre los niños en la migración centroamericana. ¿Alguien pensó en ellos cuando se aceptó detener a los migrantes centroamericanos? Finalmente, el elemento de mayor peso para lo que ocurre en la frontera sur es, desde luego, la política migratoria de Donald Trump. Como parte de un objetivo más general, como es avanzar hacia America First, entendiendo por ello una América blanca anhelada por los supremacistas blancos que lo acompañan, Trump ha convertido a la migración centroamericana en amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Muy probablemente utilizará el éxito en haberla detenido como un buen argumento de campaña. En efecto, es un punto que satisface a su clientela de poca educación y muchos prejuicios. Ahora bien, hacer de la migración centroamericana una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, es una interpretación descabellada, desprovista absolutamente de fundamento.

Como señalamos anteriormente, dicha migración ha llegado a Estados Unidos desde hace muchos años, incorporándose sin mayores problemas a actividades productivas en donde complementan labores que no son llevadas a cabo por estadunidenses. La tragedia es que los puntos de vista de Trump sean aceptados, implícitamente, por los dirigentes mexicanos. Cooperan, al parecer con cierta convicción, en revertir un flujo migratorio que durante muchos años había transitado por nuestro país. De ninguna manera quiero dejar la impresión de que era un tránsito sin problemas. Todo lo contrario, en los últimos tiempos los encuentros con el crimen organizado, cuyo caso más conocido son los 72 asesinados en San Fernando, Tamaulipas, son testimonio de los graves problemas enfrentados por la migración centroamericana en México. Pero pensar que resolver el problema es no dejarlos pasar de la manera que lo está haciendo la Guardia Nacional, simplemente no es sostenible y dará lugar a crisis recurrentes. La gran tarea pendiente es la cooperación para el desarrollo integral del sur de México y los países del Triángulo del Norte en Centroamérica. Una tarea cuyos primeros pasos se están dando y en la que no se cuenta con el apoyo del gobierno de Trump. Es notable la distancia entre el nivel de compromisos que ha asumido México y la escasa responsabilidad de Estados Unidos en contribuir, por ejemplo, con los grandes costos financieros asociados a la contención de migrantes. Sin quererlo, México acabó pagando por un muro que nunca será la solución. Este análisis se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso

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Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DEL AVIÓN? Ricardo Raphael

ay quien juzga ociosa la conversación sobre el gobierno desesperado por desembarazarse de un avión grandote y ostentoso, y sin embargo no hay otro tema en estos últimos días que ocupe con mayor volumen las mesas y sobremesas. Somos mayoría quienes nos hemos permitido discurrir sobre el asunto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como método una lotería con 6 millones de boletos. “¿Qué harías con uno como ese?,” le pregunta una cliente a su estilista. “¿Y dónde lo guardarías?”, replica el patrón a su chofer. “¡Yo sí compraría un cachito!,” afirma el camarógrafo en el set de televisión. Cada uno ríe, no tanto para burlarse del mandatario, sino para mofarse de sí mismo: provoca hilaridad la imagen propia, en segundo plano, junto a ese aparato que ni Obama tuvo en su mejor gloria (AMLO dixit). ¿Sería acaso posible que coincidieran el azar, la promesa presidencial y la justicia cósmica para que, de la noche a la mañana, pudiera yo viajar desde mi acotada realidad hasta los cielos ilimitados? El avión presidencial como metáfora: pájaro originalmente dispuesto para elevar al poderoso y que sin embargo podría igual servir para los periplos del taquero, de la trabajadora del hogar, del burócrata, del pasante de derecho, de la enfermera o del aprendiz de carpintero. En ese avión presidencial, que tiene 80 plazas, puede uno bañarse con agua tibia y dormir a pierna suelta, mientras se atraviesan los siete mares: regalo puesto al servicio

de la fantasía colectiva por obra de una picardía y lo que dura una breve conversación El avión como pretexto para asemejar al presidente con el más ingenuo del pueblo. En un país donde la cigüeña lo decide casi todo, ¿por qué no jugar a la lotería y así emparejar las cosas? No sólo los mandatarios tienen derecho a gozar de un transporte cuyo valor ronda los 130 millones de dólares, acaso quienes jamás han subido a un avión podrían también montarse en la segunda nave alada más cara del planeta, (AMLO dixit, otra vez). El discurrir sobre la suerte del avión no se limita a los soñadores, también tienen opinión los versados en el tema de volar muy alto. Allá arriba, donde la cigüeña fue más generosa al aterrizar, la conversación produce sus propios argumentos. Por ejemplo, los educados en la estadística afirman que sacarse el premio sería casi imposible; no saben citar la fuente, pero aseguran que ni con el premio mayor se venden 6 millones de billetes, y que son pocos los mexicanos que tendrían ahorros para invertir 500 pesos en uno de esos cachitos. Debaten además sobre el costo que significaría mantener ese armatoste y lo impagable del combustible, en caso de que se pretendiera visitar las nubes. “No hay quien lo vaya a rentar”, asegura la señora mientras saca la polvera de su bolso y luego añade: “Conozco mucha gente que viaja en avión privado y ese que quieren rifar no le va a interesar a ninguno”. “Ya veo al ganador prestándolo para que la sobrina festeje los 15 años, con chambelanes y todo”, aña-

de orondo un ingenioso joven encorbatado, sólo para hacer plática, mientras se bolea los zapatos. “¿De qué sirve un avión de esos, si no tienes visa para entrar a Estados Unidos?”, agrega la youtuber famosísima por ser poco cerebral. Todos hablamos del avión, pero por distintos motivos. Distinguen a unos y otros la sensación de agravio a propósito de la suntuosidad del avión presidencial, pero sobre todo la percepción que cada cual tiene respecto de la noción del azar. Los aristócratas creen que el valor de un país respetable se mide por el oropel con que se pasean por el mundo sus dignatarios. Seguro que Catalina la Grande o Napoleón III, de haber sido nuestros contemporáneos, habrían surcado los aires acompañados por un séquito grande y bien emperifollado; esos líderes del mundo no habrían podido prescindir de un avión como el que se pretende rifar. Los otros que también han dedicado diletantes horas a la cuestión prefieren discurrir sobre el tema de la fortuna. Para un grupo amplio de personas, México no es un país que entregue privilegios en función del mérito, sino de la mala o la buena suerte. Para ellos volar o quedarse en tierra depende, en buena medida, de un destino que difícilmente puede cambiarse. A menos que… del avión descienda el presidente y proponga que mediante una rifa corregirá la arbitrariedad, mientras la justicia toca a la puerta, aunque sea de un solo beneficiario. Este análisis se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso.

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; enero 27 de 2020

C. LIC. CARLOS MORALES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ PALACIO MUNICIPAL CIUDAD. Señor Presidente: Con fecha 28 de diciembre del año 2019, alrededor de las 14:45 horas, se suscitó un accidente en el libramiento norte oriente, a la altura del Tribunal Superior de Justicia. Para controlar el tráfico, personal de la Policía Municipal determinó desviarlo por la lateral. Al llegar a la altura del semáforo se permitió el paso a diversos vehículos para incorporarse al carril central. Ello me indicó que yo también podía continuar detrás de esos vehículos. Cuando intenté hacerlo, un agente a cargo del operativo me indicó de manera grosera y prepotente que continuara por la lateral, en tanto a otros vehículos se les permitió hacer uso del carril central. Al preguntarle al agente de la Policía Municipal su nombre y apellidos, en tono insolente vociferó: “Que le importa cómo me llamo.” Por lo anterior solicito, con base en los artículos 8º y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera pacífica y respetuosa, se me informe cuál es el nombre del policía a cargo de la patrulla marca Nissan y placas de circulación CY-04-739. Hago de su conocimiento también que el día 31 de julio de 2019, sufrí otra agresión de parte de la Policía Municipal y le fue reportada en su momento, al licenciado Jorge Alexis Zuart Córdova, quien quedó de investigar a través del órgano de control interno los hechos que puntualmente hice de su conocimiento. En esa ocasión, al atender un problema entre comerciantes del centro de la ciudad, en la calle tercera sur, personal de la policía municipal me sujetó de los brazos y amenazó con ponerme esposas para inmovilizarme sin ningún motivo. Hasta la fecha, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, jamás entabló comunicación conmigo y menos me proporcionó la información a la que se comprometió en la reunión que tuvimos en el edificio del Ayuntamiento. Por lo anterior solicito a usted, con base en los artículos 8º y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera pacífica y respetuosa, quién es el policía responsable de la patrulla de la Policía Municipal número 527 de ese día 31 de julio de 2019 que ordenó esposarme. Señalo como domicilio para recibir su respuesta, el despacho profesional localizado en la calle quinta poniente sur, número 243, colonia centro, de esta ciudad capital. Atentamente

Roberto G. Domínguez Cortés.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

o que sería un simple operativo para contener las agresiones durante la protesta realizada por habitantes de Pavencul, que se congregaron el pasado lunes en el centro de Tapachula para exigir la ejecución de obra pública, terminó convirtiéndose en un completo desastre, lleno de excesos y evidentes abusos de autoridad contra manifestantes, activistas y los propios reporteros que cubrían los hechos. Las malas decisiones tomadas por los elementos policiacos, por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro García Palazuelos, y por el mismo presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, dejaron un nueva factura, bastante costosa, para la de por sí desgastada imagen del alcalde tapachulteco. Las enardecidas enemistades al interior de su propio partido (Morena) y la mala relación con los medios de comunicación han complicado la primera mitad de su administración municipal. Las denuncias sobre corrupción, nepotismo y excesos entre sus colaboradores y su propia familia se han convertido en la nota constante dentro de los principales medios opositores. Y es que, Oscar Gurría parece ser víctima del misma inexperiencia, avaricia, y descontrol emocional que afecta hoy a otros tantos alcaldes chiapanecos para quienes las presidencias municipales llegaron de manera inesperada, como resultado del efecto Obrador. La falta de

on la inscripción de Fabián Santiz Arias ( #Fabián, en adelante) en la carrera de Medicina y su asistencia -desde el lunes pasado- a clases en la Universidad Intercultural de Chiapas ( UNICH) se ha cumplido ya el primer punto de la minuta de acuerdo (elaborada en el seno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ) que puso fin al conflicto jurídico entre la UNICH -en su calidad de ente institucional demandado por violar el derecho a la educación de un joven estudiante de origen indígena -y #Fabián, en su calidad de agraviado y demandante. Hasta ahora todo marcha sobre ruedas para #Fabián, quien está asistiendo con normalidad a clases en las aulas de la UNICH, y no se vislumbra ninguna dificultad -salvo la complejidad misma de la carrera de Medicina, que demanda del estudiante una absoluta entrega a los libros y una total atención en clases- o traba institucional que pudiera impedir que #Fabián saque adelante su sueño de cursar la carrera de Medicina y en un día futuro graduarse como Médico General. Sin embargo, todavía no es tiempo de echar las campanas al vuelo, pues aún falta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH ) termine de hacer su chamba en este sonado caso de violación al derecho

Jueves 30 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Tapachula, y las malas decisiones de Gurría

resultados y su evidente incapacidad para hacer frente a las críticas los han empujado a tomar decisiones bastante desafortunadas. Lo ocurrido el pasado lunes en pleno centro de Tapachula no debió suceder jamás. Fue una cadena de tropiezos ejecutados por el gobierno municipal que al final de cuentas se volvieron contraproducentes, alimentando los argumentos de sus férreos adversarios para desgastar aún más la posición de Gurría ante “sus superiores” en la capital chiapaneca y la Ciudad de México. Es verdad, fueron los manifestantes, quienes incitados por actores externos, agredieron inicialmente a los elementos de seguridad que resguardaban el ayuntamiento. Sin embargo, nunca debieron arremeter

con tan desproporcionada fuerza. Las agresiones contra la prensa y ciudadanos que sólo grababan los hechos fueron el clímax de los excesos, donde no quedó la menor duda de las violaciones a los derechos humanos consumadas en el acto. Pero fue la detención de Cinthyta Alvarado Enríquez el punto medular del escándalo. Y es que, Gurría Penagos y Alvarado Enríquez son viejos conocidos de política local. Ambos son militantes activos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y desde hace al menos cuatro años se han mantenido en contantes enfrentamientos que, tras la ascensión de Gurría a la dirigencia estatal y luego a la presidencia municipal, terminaron relegando a Cinthya.

EL DIVAN Sergio Stahl

** UNICH y la saga de #Fabián, nuevos capítulos ** ( Ultima parte )

Por eso no es casualidad que desde la llegada de Gurría al ayuntamiento tapachulteco Alvarado Enríquez se ha convertido en una de sus más insistentes opositoras, acusándolo de corrupción por diversas causas, impulsando a sectores inconformes y hasta iniciando una colecta de firmas -en marzo del año pasado- para solicitar la revocación de su mandato, en una estrategia que aparente tiene tintes de clara revancha política. No obstante, eso no exculpa al presidente municipal de los excesos cometidos. A Gurría le ganó la víscera y la soberbia. Si los elementos policiacos ya se habían equivocado con el uso de la fuerza desproporcionada y el secretario de seguridad pública con solapar un operativo claramente arbitrario, Gurría, cargado de razones y argumentos indolentes, hizo lo propio aprovechándose de las circunstancias para mantener a Cinthya Alvarado más de 24 horas detenida sin argumentos legales sólidos. El desquiciado alcalde, deseoso de revancha desproporcionada, terminó victimizando y fortaleciendo a una opositora política que hasta hace poco no parecía tan relevante en el plano estatal. Todo como resultado de la inexperiencia, falta de temple y malas decisiones que perfilan la carrera política del alcalde tapachulteco hacia un profundo y prematuro abismo, donde seguramente se encontrará a muchos de sus actuales colegas chiapanecos… así las cosas.

de jóvenes estudiantes que aspiran a cursar cada semestre la carrera de Medicina- y que lleva a presumir la comisión de actos de corrupción y de tráfico de influencias por parte de las autoridades de la citada universidad pública de Chiapas. En suma, la saga de #Fabián todavía no termina; hay que esperar más capítulos, y observar con lupa la siguiente actuación de la CEDH, a fin de dar cumplimiento al segundo punto de la minuta de acuerdo firmada el 22 de enero pasado.

En fin.

humano fundamental a la educación por parte de la UNICH, en agravio de un joven estudiante de origen indígena. La chamba que tiene que hacer ahora la CEDH, consiste en hacer cumplir el segundo punto del acuerdo firmado entre las partes en conflicto el pasado 22 de enero. Lo que procede es que el organismo autónomo encargado de velar por la vigencia y el respeto a los derechos humanos en Chiapas se aboque a revisar la causa estructural que dio origen a la saga de #Fabián.

Esa causa estructural radica en el procedimiento académico que se ha instaurado en la UNICH, para “filtrar” -de entre centenares de aspirantes- a los 80 estudiantes que cada semestre forman un nuevo grupo y conforman una nueva generación de egresados de la carrera de Medicina en la UNICH. La saga de #Fabián es sólo la punta del iceberg del problema que subyace en el fondo de todo este asunto -de enorme interés público - y que exhibe la discriminación que se da en la UNICH - en agravio de infinidad

BALCON. El abogado Diego Cadenas Gordillo ha presentado hasta el día de hoy un total de 9 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por igual número de jóvenes agraviados por la Universidad Intercultural de Chiapas ( UNICH ), en su derecho a no ser discriminados en materia de educación, en su derecho a la seguridad jurídica y en su derecho de audiencia, entre otros derechos elementales del ser humano, y se señala al Rector de la UNICH, Jorge Luis Zuart Macías, como la autoridad presuntamente responsable de esas violaciones a los derechos humanos. Cada una de las personas quejosas están representadas legalmente por Diego Cadenas Gordillo, en su calidad de Director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik...Eso es todo.

CMAN

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Indígenas presentan queja ante la CNDH por “consultas” amañadas para corredor transístmico El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las “consultas” amañadas para “la aceptación del megaproyecto corredor transístmico, a cambio de recibir programas sociales”.

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