CMAN
DOXA
EDITORIAL
¿Quién toma las decisiones en el gobierno?
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Cuando se observan los actos que preside el gobernador se le ve rodeado de sus subordinados, que se esfuerzan en hacerse evidentes; pero cuando uno revisa los resultados del primer año de gobierno se comprueba que el gobernador es un hombre que está solo
Ayer fue un concurso de mentiras entre funcionarios chiapanecos. Llaven Abarca aseguró que en Chiapas se garantizan la libertad de tránsito Y Brito expresó: Mantenemos el compromiso de apoyar a las familias desplazadas Sin duda Chiapas ya es una sociedad de primer mundo.
DIARIO
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EN CHIAPAS
Jueves 23 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1815
ACUSACIÓN
PROTESTA
Agentes de EU coordinan operativos contra migrantes en la frontera sur, denuncia activista Iirineo Mujica Morga, uno de los miembros de PSF, apuntó que en el marco de los operativos para perseguir y reprimir la migración en Chiapas, se ha visto a personal que no tiene el uniforme de la GN, ni del INM, ni de ninguna otra corporación, y participan activamente en estos operativos
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CONFLICTO
Continúa lucha campesina por agua concesionada a Salinas Pliego: MCCI
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El CDH Fray Matías de Córdova denuncia al INM por frenar acceso a estación migratoria
OPERATIVOS
En dos días, el gobierno de México deporta a Honduras a 679 migrantes
Otra marcha más en Mapastepec
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HOY ESCRIBEN EL DIVAN Sergio Stahl
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LA MATANZA DE 10 INDÍGENAS NAHUAS José Gil Olmos
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EL NECESARIO MEA CULPA DE EVO MORALES Rafael Croda
EL CONTRAPESO JUDICIAL (Y LAS MAÑANERAS)
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Agustín Basave
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GERTZ, EL OJO, LA PAJA Y LA VIGA Laurence Pantin
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EL FUTURO SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ Lucía Lagunes Huerta PAG. 5
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Jueves 23 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL ¿Quién toma las decisiones en el gobierno?
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uando se observan los actos que preside el gobernador se le ve rodeado de sus subordinados, que se esfuerzan en hacerse evidentes; pero cuando uno revisa los resultados del primer año de gobierno se comprueba que el gobernador es un hombre que está solo, que no tiene equipo de trabajo y que su intención transformadora es un discurso hueco, demagógico y cada día desgastado. Rutilio Escandón está dejando ir la oportunidad de gobernar seriamente a Chiapas. Su problema principal es la ausencia de gabinete y con ello de proyecto de gobierno. Los eventos que preside no tienen la relevancia de la investidura de un gobernador. Esto se debe a que no hay acciones de impacto ni nada que presumir. Los tres colaboradores en importancia que tiene, Ismael Brito, Jorge Luis Llaven y Javier Jiménez, están confrontados entre sí y dándose golpes bajos. Entre ellos se disputan el poder y la sucesión y también los negocios que se hacen bajo el amparo de la administra-
ción. Ninguno de ellos asume un compromiso social por Chiapas y si alguna vez le fueron útiles al gobernador, hoy ya no lo son, representan el viejo PRI de corrupción, que utilizan la estructura gubernamental en provecho propio y que inclusive mantienen ligas con la delincuencia organizada. Brito, Llaven y Jiménez son los hombres de confianza del gobernador y con sus hechos de desmanes y ocurrencias lo han traicionado. Por eso está solo. Por eso no se ve por ningún lado a un personaje eficaz, que resuelva los asuntos de interés del gobernador. Si comparamos el gobierno de Rutilio Escandón con los anteriores de Juan Sabines y Manuel Velasco, con todas las deficiencias y críticas que se le pueden realizar a ambos gobiernos, éstos tuvieron un operador que le resolvía los asuntos al gobernante, como lo fue Nemesio Ponce y Roberto Rubio. Ahora no hay nadie y los tiempos de la administración transcurren sin resultado alguno. Lo trágico es que la administración de Rutilio Escandón está integrada por malos y por los
peores, que son los que dejan que los problemas sin importancia se conviertan en escándalos y son los que hacen evidente la ineficacia del gobierno. Entre ellos sobresale Juan José Zepeda Bermúdez, el vergonzoso presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que durante décadas ha vivido haciendo negocios con su relación con la esfera del poder, que si se hiciera una investigación seria de los recursos invertidos en Chiapas durante el gobierno de Felipe Calderón a través de SEDESOL se verá que Zepeda Bermúdez siempre salía beneficiado utilizando su amistad con Enoc Araujo, quien tenía influencia en la delegación de SEDESOL pues su pareja desempeñaba esa responsabilidad. Después se hizo restaurantero, pero su éxito se debe a los contratos que amañadamente le favorecieron. Una muestra de lo inútil de este funcionario, quien es el que tiene el salario más alto de la administración, se puede observar en el asunto del estudiante indígena rechazado por la universidad intercultural, que debió de resolverse horas después de iniciada la huelga
de hambre en el marco de los derechos humanos, pero la CEDH no emitió las medidas cautelares, aún y cuando son obligatorias, pues no se puede prejuzgar la veracidad de los hechos denunciados como violatorios. Al no realizarse investigación alguna, se corrieron versiones encontradas unas que favorecían al joven estudiante y otras que buscaban estigmatizarlo, muchas de estas versiones manejadas desde la esfera del gobierno. La CEDH nunca revisó los procedimientos de ingreso de la UNICH. Esta dependencia no sabe a ciencia cierta si el procedimiento que se le aplicó a este joven es legal y si fue debidamente aprobado en sesión del Consejo Administrativo de la UNICH que preside la secretaria de educación en la entidad. Así como este caso hay muchos en todas las dependencias de la administración en el que se observa la falta de oficio y de interés en los funcionarios por resolver las demandas de la población. Por eso aunque al gobernador se le vea rodeado de aplaudidores, en realidad los resultados de gobierno nos muestran que está solo.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Agentes de EU coordinan operativos contra migrantes en la frontera sur, denuncia activista Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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ueblos Sin Fronteras (PSF), organismo defensor de los derechos de los migrantes, denunció la presencia en la frontera sur de agentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, quienes –aseguró-- coordinan la persecución y cacería de centroamericanos junto con la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Iirineo Mujica Morga, uno de los miembros de PSF, apuntó que en el marco de los operativos para perseguir y reprimir la migración en Chiapas, se ha visto a personal que no tiene el uniforme de la GN, ni del INM, ni de ninguna otra corporación, y participan activamente en estos operativos. Estas personas son elementos del Departamento de Seguridad Nacional destacamentados en la embajada de Estados Unidos en México, subrayó, lo que pone en entredicho la injerencia que juega el gobierno de Donald Trump en la política migratoria mexicana. “Mientras (el canciller Marcelo) Ebrard habla sobre las maravillas del estado de derecho, la falsa ausencia de la violencia y el supuesto respeto a los derechos humanos, y (el presidente Andrés Manuel) López Obrador habla sobre miles de empleos que no existen para migrantes que huyeron del lugar don-
Iirineo Mujica Morga, uno de los miembros de PSF, apuntó que en el marco de los operativos para perseguir y reprimir la migración en Chiapas, se ha visto a personal que no tiene el uniforme de la GN, ni del INM, ni de ninguna otra corporación, y participan activamente en estos operativos
de él los quiere mandar a trabajar, alguien sí que está dirigiendo una política migratoria en México: el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Trump”, dijo el activista. Explicó que agentes del gobierno estadounidense “están en el sur de México, en este momento, coordinando el despliegue de elementos policiacos y militares mexicanos para reprimir un esfuerzo
colectivo de madres, padres, niñas y niños de escapar del hambre y la muerte en Centroamérica”. Y dijo que no sabe en qué momento el Senado de la República votó para que agentes estadounidenses entraran a dirigir la Guardia Nacional en contra de las personas migrantes. Esto, abundó, es una clara y evidente intervención estadounidense en la política interna mexicana.
De acuerdo con Mujica, el gobierno federal está cerrando la puerta a seres humanos que huyen de la muerte y la abre a los agentes estadunidenses para “hacer y deshacer” con las personas migrantes, bajo la amenaza a México de cortarle apoyos y poner aranceles. “El gobierno mexicano no puede mandar a su Guardia Nacional a proteger a la gente de los cárteles del narco, pero Donald Trump puede mandar a la Guardia Nacional de México a cazar y deportar migrantes en Chiapas y Tabasco”, recalcó el activista. También manifestó que una de las principales causas del despojo del pueblo centroamericano, de la violencia y la pobreza en Honduras, El Salvador y Guatemala, es la intervención de Estados Unidos, que por años ha promovido la guerra, la dictadura, la corrupción y hasta el narcotráfico. “Si bien dice López Obrador que es necesario tratar el problema de la violencia en Centroamérica de raíz, y esa raíz es la intervención de Estados Unidos, es paradójico que López Obrador permita que Estados Unidos intervenga en la política migratoria mexicana”, remató.
Rechazado de la UNICH concluye plantón en CEDH Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Fabián Santis Arias, estudiante rechazado por la Universidad Intercultural de Chiapas, levantó su plantón que sostenía en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una vez que se concretó una solución satisfactoria al agraviado. Lo anterior fue confirmado por Diego Cadenas Gordillo Director del Centro de Derechos Humanos Ku’ Untic quien explicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos medió entre la parte inconforme y la UNICH, por lo que este jueves Fabián deberá presentarse a este centro educativo para convertirse en alumno. “Los acuerdos llegados esencial-
mente son: La UNICH rectifica y admite en este ciclo escolar a Fabián Santiz Arias, por lo que el día de mañana retoma sus estudios. Y por otro lado, se reconoce que la causa del agravio es el procedimiento de admisión, por lo que se revisará con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para que el futuro ningún otra persona padezca lo sucedido a Fabián. Agradecemos a todas las personas que de una u otra manera se solidarizaron con Fabián y su familia, en particular a la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, a lxs estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá Fecsm y a los medios de comunicación y personas que desde sus redes sociales, difundieron su situación”, finalizó.
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Aprueba IEPC Presupuesto de Egresos 2020, bajo criterios de austeridad y racionalidad
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n sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobó el Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual de este organismo electoral local, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, bajo criterios de austeridad y racionalidad y con base a lo aprobado por el H. Congreso del estado de Chiapas, correspondiente a 264 millones 903 mil 821.78 pesos. De lo aprobado, 153 millones 853 mil 670.81 pesos, corresponden al financiamiento público de los partidos políticos; 94 millones 385 mil 014.05 pesos, corresponden a los proyectos institucionales ordinarios y 16 millones 665 mil 136.92 pesos, a los proyectos institucionales vinculados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas afirmó que el recurso autorizado por el Congreso del Estado, implica una reducción de poco más de 126 mdp, respecto de lo que originalmente el IEPC había solicitado. Puntualizó que esta disminución presupuestal determinará la reducción de diversos conceptos como la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, congresos y convenciones, comisiones, se habrá de implementar el uso racional del agua y energía eléctrica en todas las áreas del Instituto y no habrá posibilidad de echar a andar nuevas estructuras, priorizando en todo momento los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto público. “La propuesta de ajuste al presupuesto es acorde con el contexto que obliga a actuar con racionalidad y responsabilidad en los presupuestos públicos, pero, este proyecto tienen un acierto y es reconocer que hacer elecciones no es barato; implica dotar de
De la Redacción Mapastepec, Chis. (Tribuna)
Nuevamente Mapastepec es escenario de otra marcha más, ahora les toco el turnos a Jueces Rurales, Comisariados Ejidales y ciudadanos de la cabecera Municipal, marchar por las principales calles de la Ciudad en protesta por que las autoridades Estatales y federales den solución al problema de la inseguridad del Municipio y la detención de los asesinos de la joven de 17 años de nombre Jaqueline, sucesos ocurridos en este Municipio de Mapastepec, Chiapas. Esta marcha que ya van 3 en esta semana, no solo están pidiendo la solución en el combate a la Inseguridad, lambien están pidiendo ya la Renuncia de la Presidenta Municipal Karla Erika Valdenegro, pues manifiestan que ha dejado solo a los
Se solicitarán las ampliaciones presupuestales del recurso faltante para el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. La propuesta de ajuste al presupuesto es acorde con el contexto que obliga a actuar con racionalidad y responsabilidad en los presupuestos públicos: Oswaldo Chacón
confianza y seguridad a los comicios, por ello se solicitarán las ampliaciones correspondientes para garantizar los trabajos preparatorios del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021”, enfatizó Chacón Rojas. Al respecto, la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, manifestó que los ajustes y recortes al presupuesto son comprensibles, sin embargo, las actividades de este Instituto están asociadas con las leyes que determinan el quehacer. “No podemos poner en riesgo el proceso electoral, ni dejar de hacer lo que la ley nos mandata en cada etapa”. En su intervención, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, expuso que, los recortes presupuestales se han vivido en procesos electorales anteriores, lo que no abona al principio de certeza. “No es lo más pertinente para garantizar la imparcialidad e independencia del IEPC, sin embargo, las y los consejeros estamos comprometidos con la austeridad”.
Con el recurso aprobado durante este año, se fortalecerán programas como la preparación del inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021; el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y consolidación de agrupaciones políticas; Programa de educación cívica y editorial institucional 2020; Promoción de los mecanismos de participación ciudadana y la cultura participativa; Consultas indígenas en Chiapas y la libre determinación de los pueblos; tecnologías de información y comunicación institucionales; Participación política paritaria e incluyente, entre otros. Por otra parte, el Consejo General consideró necesario solicitar ampliaciones al presupuesto autorizado para atender las actividades ordinarias y aquellas involucradas en el inicio y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, correspondiente a 39 millones 888 mil 585.46 pesos. Durante la sesión, a propuesta de
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se determinó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2020 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante este organismo electoral local, con base a lo aprobado por el H. Congreso del Estado, correspondiente a 153 millones 853 mil 670.81 pesos, dando cumplimiento al Artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Este día, el pleno también aprobó la designación de la ciudadana Andrea del Rosario Méndez Zamora, como Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE de este organismo electoral local, luego de la valoración curricular (documentos aportados) y la entrevista aplicada a la ciudadana, en los cuales se determinó que cumple con los requisitos y los principios orientadores, plasmados en el Reglamento de Elecciones. Méndez Zamora es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con diferentes cursos en materia electoral. En el ámbito profesional se ha desempeñado como encargada de despacho de la Jefatura de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos, Profesionista de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Profesionista de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IEPC, además, Jefa de Oficina adscrita a la Dirección Estatal Jurídica de la Subsecretaria de Educación Estatal.
Otra marcha más en Mapastepec habitantes del Municipio y no a solucionado las principales demandas del pueblo de Mapastepec. Los principales oradores en esta marcha la cual se dio en forma pacífica, acordaron hacer una comisión para poder dialogar con el gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, asegurando que si no se tiene una respuesta y resultados de esta petición terminaran por hacer un plantón en el zócalo de la Ciudad de México hasta que sean recibidos y escuchados por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Después de estas acciones, los manifestantes se retiraron a sus lugares de origen esperando la respuesta de la comisión que realizaron.
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En dos días, el gobierno de México deporta a Honduras a 679 migrantes Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
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n sólo dos días –entre ayer y hoy– el gobierno mexicano deportó a Honduras a 679 integrantes de la caravana migrante que pretendía atravesar México para pedir asilo en Estados Unidos y fue detenida por agentes de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en polémicos operativos. Además, en las últimas 24 horas los uniformados mexicanos realizaron redadas en ciudades y zonas rurales de Chiapas y Tabasco, donde arrestaron a más de 2 mil 100 personas que fueron trasladadas a centros de detención migratoria, donde la mayoría terminan deportados. A la par, agentes del INM impidieron a activistas el acceso al centro de detención Siglo XXI de Tapachula –la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, que sufrió crisis de hacinamiento a lo largo del año pasado–, y este miércoles el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova anunció que el Instituto le revocó la autorización para monitorear la situación en dicho centro. En un boletín, el INM indicó
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque el Instituto Nacional de Migración (INM) ha obstaculizado la defensa y acompañamiento a los migrantes detenidos. Señaló que, dadas las graves repercusiones que tiene la decisión del INM de desacreditar la labor del CDH Fray Matías y el impacto en las personas internas que están privadas de libertad y requieren de acompañamiento de la sociedad civil, “se ha interpuesto también una demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez, solicitando medidas cautelares que garanticen de inmediato el ingreso al centro de detención”, puntualizó. El organismo pidió que el INM autorice de nuevo y de inmediato su acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI, “respetando su derecho a defender derechos, y sobre todo el
Además, en las últimas 24 horas los uniformados mexicanos realizaron redadas en ciudades y zonas rurales de Chiapas y Tabasco, donde arrestaron a más de 2 mil 100 personas que fueron trasladadas a centros de detención migratoria, donde la mayoría terminan deportados
que en la estación migratoria de El Ceibo, en Tabasco, las autoridades instalaron carpas para procesar las deportaciones y amontonar
hasta 2 mil personas “en estancias divididas para familias, varones, niñas, niños y adolescentes, y cuenta con 10 regaderas (cinco
para mujeres y cinco para hombres), 40 baños móviles (30 para hombres y 10 para mujeres), agua potable, contenedores para basura y servicio médico”. A raíz del acuerdo migratorio que el gobierno mexicano pactó con su par estadunidense, el pasado 7 de junio, la Cancillería –dirigida por Marcelo Ebrard Casaubón– asumió el control de la política migratoria; al frente del INM, el académico Tonatiuh Guillén López fue sustituido por Francisco Garduño Yáñez, y en las delegaciones estatales de esta dependencia fueron colocados militares. La actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso a los migrantes fue celebrada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y funcionarios del gobierno estadunidense de Donald Trump, pero severamente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien calificó el operativo de “salvaje agresión”.
El CDH Fray Matías de Córdova denuncia al INM por frenar acceso a estación migratoria derecho de las personas detenidas a tener contacto con el exterior y a contar con acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario”. De igual manera, exigió mejorar las condiciones de acceso de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean los centros de detención migratoria, agilizando las autorizaciones y ofreciendo espacios adecuados de trabajo y de contacto con las personas detenidas, garantizando la intimidad y confidencialidad. Asimismo, que se reconozca el derecho de todas las personas a circular libremente y a obtener protección internacional, y que se desmantelen las políticas de control migratorio basadas en la detención y deportación de cientos de miles de personas como respuesta generalizada. Subrayó que las llamadas estaciones migratorias del INM son consideradas lugares de privación de la libertad por parte de órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, pero también por la propia Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. En México, abundó, han sido identificadas como “entornos torturantes” por el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura. Finalmente, recordó que diversos órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité Contra
la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, han insistido en la necesidad de que todos los centros de detención migratoria sean permanentemente monitoreados por la sociedad civil, por su efecto preventivo de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas.
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Catean tres casas de exdiputado del PRI acusado de ataque a saxofonista Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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n cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 533/2019, la Fiscalía General de Oaxaca realizó, la madrugada de hoy, tres cateos simultáneos en diferentes domicilios particulares del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, quien es buscado por la policía por su presunta participación – como autor intelectual– en la agresión con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Los operativos fueron realizados por elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento al mandato judicial librado por el Juzgado de Control de Huajuapan de León. El primer cateo se realizó alrededor de las 05:30 horas en un domicilio particular ubicado en la colonia Nuevo México, San Jacinto Amilpas. De manera simultánea se ejecutó un segundo cateo en otro domici-
lio particular, ubicado en la Colonia Adolfo López Mateos, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y el tercer cateo se realizó en un domicilio particular ubicado en la colonia del Periodista, ciudad de Oaxaca de Juárez. Según la Fiscalía General, en ninguna de las tres diligencias se registraron incidentes. La artista mixteca fue dada de alta ayer del Centro de Nacional de Investigación de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra” de la Ciudad de México para iniciar la etapa de cicatrización. Abandonó el hospital alrededor de las 15:00 horas y una Urvan se encargó
de trasladarla a su domicilio en Huajuapan de León, a donde llegó a las 10 de la noche, en compañía de sus familiares. Silvia, hermana de la saxofonista, aclaró que el hecho de que María Elena haya sido dada de alta, no quiere decir que ya esté bien. Dijo que ahora viene la parte más difícil, la más dolorosa y costosa de su recuperación. “Ahorita ya lleva por lo menos cinco cirugías de injertos de piel y aparte viene la reconstrucción de cara, pecho, parpado, boca, nariz, brazos, piernas, entonces, esto apenas empieza”, comentó. Los especialistas pronostican, añadió, que la etapa que sigue llevará de
uno a cuatro años para lograr una sanidad de 70%, pues el 100% es imposible por el daño irreversible que presenta. La joven saxofonista fue atacada con ácido el pasado 9 de septiembre en el municipio de Huajuapan de León. Los autores materiales de la agresión, Ponciano ‘N’ y su hijo, fueron detenidos días después y el pasado 28 de diciembre un juez de control los vinculó a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Y el Juzgado Cuarto de Distrito de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, instruyó al juez de control de Huajuapan de León para que haga efectiva la orden de aprehensión girada contra de Juan Antonio Vera Carrizal. “Se ordena hacer efectivo el apercibimiento (advertencia) con el que fue conminado el quejoso; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión provisional que le fue concedida y se dejan expeditas las facultades de las autoridades para que ejecuten el acto reclamado en este incidente”, cita el expediente 1196/2019 del Consejo de la Judicatura Federal.
Barbosa justifica costo del La BUAP ofrece asesoría contrato por fotomultas… gratuita para ampararse porque serán más cámaras contra reemplacamiento Gabriela Hernández
Gabriela Hernández
Puebla, Pue. (apro)
Puebla, Pue. (apro)
El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el aumento en el costo del contrato para la operación de fotomultas en Puebla se debe a que la vigilancia, que antes sólo incluía 15 cámaras, ahora se hará con 156 y tendrán mayor calidad en cuanto a captación de imagen y tecnología. En respuesta a los cuestionamientos del Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que el gobierno morenista desembolsará 773.6 millones de pesos por el monitoreo vial y cobro de fotomultas durante tres años, cuando en los gobiernos panistas tuvo un costo de 180 millones por seis años, el mandatario subrayó: “Antes eran 15 cámaras, hoy son 156 cámaras de diferentes circunstancias y condiciones, (podrán captar) autos robados y todo. Por eso, miren, honestidad y buena fe. Todos los días pueden decir algo de algo, pero al momento que sale la nota, se cae, porque todo está bien llevado, estoy limpio y voy a seguir limpio”, recalcó Barbosa. En un comunicado, el gobierno estatal precisó que el contrato con la empresa Intecproof, que se encargará de operar los radares de velocidad, incluye la instalación de 157 dispositivos
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ofreció asesoría gratuita a los automovilistas poblanos que decidan tramitar amparos contra el programa de reemplacamiento y el canje de la tarjeta de circulación que el gobierno estatal puso en marcha este año. La campaña ocurre en el marco del enfrentamiento que la casa de estudios ha mantenido con el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta. En los primeros días de este año la BUAP denunció que la Auditoría Superior del Estado le inició una revisión “preventiva” sobre el ejercicio 2019, que calificó como ilegal, y aseguró que con esa medida se buscaba violentar la autonomía de la institución académica y someterla a intereses políticos “del gobierno en turno”. El auditor Francisco Romero Serrano dio a conocer este miércoles que tal revisión “preventiva” se cerró desde el lunes 20, luego de que la Tesorería de la BUAP se negó a entregar información. El anuncio coincide con la campaña que lanzó la Universidad a través de las redes sociales, en la que pone a disposición de la sociedad poblana el Bufete Jurídico para promover la defensa legal
fijos para la detección, infracciones y matrículas vehiculares, es decir, 10 veces más que los colocados por Autotraffic, que ofreció ese servicio en las pasadas administraciones. Además, destacó que con Autotraffic todos los dispositivos instalados tuvieron que devolverse al término del contrato, mientras que con la actual firma pasarán a ser propiedad de la administración estatal en 36 meses. Indicó que la tecnología que será instalada permitirá no sólo la detección de matrículas y la velocidad a la que circulan los vehículos, sino compartir información en tiempo real con distintas instancias gubernamentales, así como la detección de automóviles buscados a través de la matrícula, y mantenimiento preventivo y correctivo de los radares. Las fotomultas se reanudarán a partir abril próximo, pero hasta ahora no se conoce el monto que se cobrará por las mismas.
en contra del cobro por reemplacamiento y tarjeta de circulación. El coordinador del Bufete Jurídico, Marino Alejandro Balderas Flores, informó que, en las primeras horas de haber iniciado esta campaña, más de 300 ciudadanos ya habían solicitado adherirse al amparo colectivo que promoverán los abogados de la casa de estudios. Al ser cuestionado sobre las acciones impulsadas por el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, Barbosa Huerta evadió responder si se trataba de una “revancha” contra su gobierno. “Es una posición del rector, la entiendo así, no le doy más vueltas a las cosas. Pero él sabe qué hacer, él sabrá qué hacer siempre, él tomó una decisión y cree que está haciendo lo correcto, pues que siga haciéndolo”, soltó. Por separado, el legislador local José Juan Espinosa, del Partido del Trabajo (PT), emprendió una campaña de pegotes en distintas calles de la zona metropolitana para exigir al gobierno de Barbosa que dé marcha atrás al reemplacamiento que costará a los automovilistas 965 pesos, más 530 pesos por el control vehicular, lo que da un pago total de mil 495 pesos. En distintos cruces, el diputado, quien hasta 2018 fue uno de los operadores de Barbosa Huerta, se dedicó a colocar en los carros los pegotes con la leyenda “No al Placazo”.
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Tras bloqueo en AICM, padres de niños con cáncer buscarán ingresar a la “mañanera” De la redacción Ciudad de México (apro)
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uego de ocho horas de bloqueo y un conato de bronca con la Policía Auxiliar en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), familiares que demandan abastecimiento de medicamento contra el cáncer advirtieron que mañana intentarán ingresar a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después del enfrentamiento en los pasillos de la Terminal 1, los padres y las madres de los niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, marcharon escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la acera de Eje 1 Norte hasta la Terminal 2 del AICM para “concientizar a los pasajeros, que escuchen que solo queremos la medicina de nuestros hijos”. Cuando el bloqueo cumplía 5 horas, el Instituto de Salud para el Bienestar aseguró en su cuenta de Twitter que “sí existe abasto del medicamento vincristina, por lo que el tratamiento para los menores está garantizado”. En respuesta, los manifestantes advirtieron que, según Jaime Nieto, director del nosocomio, llegaron 420 frascos de vincristina y temosolamida, pero la atención de una semana requiere 800 de éstos, por
Después del enfrentamiento en los pasillos de la Terminal 1, los padres y las madres de los niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, marcharon escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la acera de Eje 1 Norte hasta la Terminal 2 del AICM para “concientizar a los pasajeros, que escuchen que solo queremos la medicina de nuestros hijos”
lo que calificaron como ”una burla del gobierno decir que hay medicina cuando saben que no servirá ni para una semana”. Además, insistieron en que solo dejarán las protestas si López Obrador firma un documento que garantice el abastecimiento de manera permanente. “Habían dicho que hay un desa-
basto internacional, entonces, cómo le hicieron para comprarlo justo después de quejarnos, esas cajas de acaban rápido”, expresó el papá de una niña de cinco años enferma de leucemia.
“Muy agresivos” La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina sostuvo que los
padres y madres protestantes se tornaron agresivos cuando ingresaron al deambulario de la terminal aérea para querer ingresar a las pistas de aterrizaje. Al negarles el paso, se comportaron “aún más agresivos”, insistió la corporación policiaca, lo que desató algunos empujones y agresiones físicas en contra de los uniformados.
Este jueves inicia la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz De la redacción Ciudad de México (apro)
Nueve años después de haberse formado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, volverá a salir a la calle ahora como la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por Javier Sicilia y Julián LeBarón, que iniciará a las 9:00 horas este jueves 23 de enero en la glorieta La Paloma de la Paz, de Cuernavaca, y terminará en la Ciudad de México, el 26 de enero. Con la participación de decenas de organizaciones, la caminata tiene la finalidad de demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga en su agenda de prioridades la atención a los familiares de miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico.
El presidente López Obrador rechazó recibir el domingo, en Palacio Nacional, a los caminantes que lleguen al zócalo de la capital. Dijo que no lo haría para no exponer la “investidura presidencial” a cualquier exabrupto de algunos de los participantes. Por ello, el primer mandatario designó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para recibir a la caravana el día que lleguen a Palacio Nacional. El recorrido de la caravana será: parada en el poblado de Coajomulco, Morelos; el viernes, en Tres Marías; el sábado pernoctará en el monumento de la Estela de Luz de la capital, y el domingo por la mañana caminará desde este último punto al Zócalo capitalino.
El presidente López Obrador declinó la petición del poeta Javier Sicilia de cancelar su gira por Tamaulipas, el domingo, para recibir a los
integrantes de la caminata. “Nos estamos acostumbrando al horror; debemos exigir un cambio”, manifestó Sicilia.
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Jueves 23 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, reivindicó la austeridad –en apego a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador– como proyecto de administración del organismo público. Durante su primer informe al frente de la CNDH, Piedra Ibarra sostuvo ante el Congreso de la Unión que, una vez asumido el cargo, su primera misión fue “aplicar en la institución, íntegramente, la Ley Federal de Austeridad Republicana”, retabulando los sueldos de los altos mandos, “de manera que no hay ya más en la Comisión ningún salario por encima del presidencial, tal y como mandata la norma”. Tras un análisis del manejo presupuestario, en contraposición con la emisión de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, Piedra Ibarra cuestionó la autenticidad de la autonomía de la CNDH desde su creación –durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, considerándola un “fracaso”, pues por su carga presupuestal, dijo, se convirtió en uno “de los más costosos y afrentosos para los mexicanos”. Para Piedra Ibarra, la “dispendiosa estructura burocrática” del organismo “no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas, ni se ha conducido con transparencia”, y para los gobiernos neoliberales –abundó– era “un escaparate para consumo del extranjero, para dar una imagen de derechos humanos favorable al gobierno, pero no era más que una pantalla”. La CNDH, añadió, fue concebida como “uno más de esos organismos públicos sólo en apariencia ‘autónomos’, estructuralmente diseñados con fines cosméticos, para administrar los problemas de los gobiernos en turno, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran de interés de los gobernantes, o que les resultaban incómodos”. Y apuntó que la reducción presu-
Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Morena en su sesión extraordinaria del 30 de noviembre pasado, entre ellos la elección de tres integrantes de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El TEPJF determinó lo anterior porque dicha sesión, dijo, “no contó con el quórum de consejeros necesarios para que los acuerdos sean legales”. Explicó que se necesitaba la asistencia de 141 consejeros –50% más uno del total– para que hubiera el quórum requerido. Sin embargo, sólo asistieron 140, por lo que “no hubo quórum legal para sesionar”.
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Piedra Ibarra reivindica la austeridad como proyecto de administración de la CNDH
puestal de 30% será aplicado a las visitadurías, la Dirección General de Quejas, la Subdirección de Registro y Clasificación, las coordinaciones de Procedimientos Internos de las visitadurías generales, la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones, “y en todos aquellos programas que sean de apoyo directo a la investigación y al seguimiento de los casos”. Piedra Ibarra presentó un balance de la actuación de la CNDH antes de su llegada, y destacó que en la gestión de su antecesor, de enero de 2015 a junio de 2019, el organismo erogó “más de 8 millones de pesos en comidas y reuniones; se realizaron 537 viajes, de los cuales 82 fueron al extranjero, y en ese mismo periodo se otorgaron a la Oficina de la Presidencia viáticos por un millón 929 mil 490 pesos”. La funcionaria se comprometió a poner a la venta “los autos blindados y de lujo a cargo de la presidencia”, a fin de desaparecer “los privilegios de cualquier índole”, eliminando “los bonos, primas, ‘ayudas’ y falsos estímulos”, así como los celulares. También dijo que canceló la plaza ocupada por la chef de la anterior administración, “que por cierto gozaba de
un salario, no de cocinera, sino de ´homóloga a jefe de departamento’, y sus ayudantes tenían puestos de ‘analistas”. Para continuar con la austeridad y dejar de ser la institución de defensa de derechos humanos “más costosa de América Latina o una de las más caras del mundo, como lo es hoy, sino ser la más eficiente en su tarea”, se comprometió a reducir o bien eliminar “los onerosos gastos en ‘eventos’ que absorbían buena parte del presupuesto”, y aseguró que se eliminarán los viajes al extranjero, “salvo aquellos que redunden en beneficio real para las víctimas”. La presidenta de la CNDH detalló que de los 48 mil 590 escritos de queja recibidos en 2019 sólo se emitieron 99 recomendaciones, y “tomando en cuenta el presupuesto recibido resulta, por decir lo menos, que las recomendaciones son muy costosas”, recalcó. Agregó que, si bien se incrementó el número de agraviados, al pasar de 64 mil 756 en 2015 a 173 mil 937 en 2019, sólo se concluyeron expedientes correspondientes a 11 mil 181 víctimas, lo que “evidencia la discrecionalidad con que se usan las llamadas causales de conclusión de expedientes”.
En cuanto a las actividades propias de su gestión, precisó que del 15 de noviembre del año pasado al 21 de enero de 2020 el organismo abrió 5 mil 398 expedientes de queja, de los cuales 4 mil 778 han sido atendidos y se han emitido 52 medidas cautelares, 12 de ellas orientadas a salvaguardar la vida e integridad de periodistas. Del total de las medidas cautelares, detalló, nueve se dirigieron al IMSS, cuatro al ISSSTE, cinco a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tres a la Secretaría de Salud, y una a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a fiscalías y dependencias de varios estados. Piedra Ibarra fue cuestionada por legisladores en torno de su militancia en Morena, el partido del presidente López Obrador, así como por la ausencia de pronunciamientos sobre la política de seguridad pública, las 35 mil personas asesinadas durante el primer año de gobierno de López Obrador, la actuación de la Guardia Nacional para la contención migratoria y la crisis en la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Luego de precisar que sólo defiende las actuaciones que ha realizado el organismo de noviembre a la fecha, reivindicó su permanencia en el Comité Eureka, pidió confianza en su gestión y preguntó a los legisladores que la cuestionaban: “¿qué hicieron cuando miles de ciudadanos de este país reclamábamos que se hiciera justicia en el caso de la desaparición forzada? Lamentablemente la hemos seguido padeciendo, pero estamos luchando por erradicarla”.
Por falta de quórum, el TEPJF anula consejo de Morena realizado el 30 de noviembre En ese sentido, concluyó, resulta inválida la elección de los tres integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que se efectuó ese día, cuando resultaron electos Patricia González García, Patricia Ramírez Kuri y Vladimir Ríos García. Además, la Sala Superior del TEPJF mencionó que a Morena le corresponde impone un “procedimiento sancionador” a su militante Bertha Luján por haber anunciado su renuncia en el Congreso Nacional y en medios de comunicación, y posteriormente afirmar que había pedido licencia y regresó al cargo.
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Continúa lucha campesina por agua concesionada a Salinas Pliego: MCCI De la redacción Ciudad de México (apro)
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l conflicto de campesinos contra el empresario Ricardo Salinas Pliego continúa pese a que un Tribunal Agrario les dio la razón a los primeros en su reclamo por el uso del agua del río Chalma, informa en un reportaje la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Como parte de su serie Los Explotadores del Agua, MCCI detalla la lucha de ejidatarios a quienes les fue impedido el aprovechamiento del líquido de esa afluente por haber sido otorgada a un particular. En el texto se relata que el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, asociación civil que forma parte del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, tiene una concesión para el uso de terrenos ubicados al margen del río Chalma, que le entregó Conagua en 2010 para actividades de jardinería. La escasez de agua en 2012 prendió alertas en productores del ejido Chalmita, ubicado en los límites de los municipios Ocuilan de Arteaga y Malinalco, en el Estado de México, ante el posible riesgo de que se perdieran los cultivos de caña, arroz y maíz. A los ejidatarios se les impidió siquiera acercarse al río para verificar que no estuviera bloqueado el paso del agua que surte sus canales de
En el texto se relata que el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, asociación civil que forma parte del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, tiene una concesión para el uso de terrenos ubicados al margen del río Chalma, que le entregó Conagua en 2010 para actividades de jardinería
riego. Se toparon con alambre de púas y un equipo de vigilantes que les cerró el paso y les notificaron que era propiedad de Salinas Pliego. Los pobladores, recuerda el texto, creían que se trataba de un error, pues Chalmita y otros ejidos tenían derecho a usar esas aguas desde la época en que Lázaro Cárdenas fue
presidente de México. Amparados en la concesión otorgada por Conagua, “el equipo de vigilancia del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2, darle mantenimiento y conservarlo limpio con el único objetivo de que no
se tape el paso y deje de fluir el agua hacia sus ejidos”, señala el texto. El reportaje detalla la ruta legal seguida por los ejidatarios, quienes ganaron el juicio de amparo 59/2012-V en contra de la concesión que entregó Conagua al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca. Sin embargo, expone, “la sentencia del juzgado de distrito fue revocada por el tribunal colegiado”. En una segunda batalla legal, el 7 de junio de 2019, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario distrito 9, Araceli Cubillas Melgarejo, ordenó al centro de capacitación no obstruir los accesos a los ejidatarios y demoler las obras que impiden el libre tránsito. Aunque los ejidatarios consideraron como un avance la resolución, en octubre de 2019 fueron notificados de que el centro interpuso un recurso para suspender la resolución. “El ejido ya presentó una queja contra la suspensión y los pobladores prevén que el proceso tome otra vez algunos meses. Mientras tanto, el agua que corre por el Canal número 2, sigue intermitente”, señala el reportaje.
Desabasto de medicamentos oncológicos en Hospital Infantil, por incumplimiento de proveedora: Ssa De la redacción Ciudad de México (apro)
La Secretaría de Salud (Ssa) responsabilizó a la empresa proveedora por el desabasto de medicamentos oncológicos en el caso particular del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’. En un comunicado de prensa emitido después de la protesta de padres de hijos con cáncer, quienes bloquearon el paso a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) e incluso chocaron con los elementos de seguridad en su intento por ingresar a las pistas, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) explicó que el nosocomio ‘Federico Gómez’ cuenta con un sistema propio de suministro de medicamentos.
Sin embargo, “el proveedor ha incumplido varias veces el contrato y el surtimiento de medicamentos oncológicos”, apuntó. Por esa razón, dijo, el gobierno de México ha comprado los fármacos en otros países del mundo y --como hoy—ha suministrado los medicamentos oncológicos para atender la demanda del tratamiento de pacientes. Añadió que también ha implementado procesos de consolidación de compra para asegurar el abastecimiento de medicamentos en los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad. Las medicinas provenientes del mercado nacional e internacional, continuó, se han surtido permanentemente para la atención de los pacientes que lo requieren en los diversos hospitales. La CCINSHAE aclaró que los
medicamentos deben ser suministrados en forma totalmente gratuita a las y los pacientes que lo requieran. Y solicitó el apoyo de
la sociedad para denunciar cualquier caso de venta de fármacos o corrupción por parte del personal de salud.
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Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)
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casi tres meses de haber recibido una sentencia de 45 años de prisión por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la defensa legal del agresor, Jorge Luis González, pidió que se reponga una parte del juicio, por lo que la audiencia para que la sentencia quede en firme se pospuso hasta nuevo aviso. El pasado 24 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) sentenció a 45 años de prisión a Jorge Luis González luego de acreditar con diversos peritajes, que éste la estranguló el 3 de mayo del 2017 y que Lesvy fue víctima de diversos tipos de violencia durante su relación. Tras la sentencia, el Tribunal debe conceder al menos un plazo de ocho meses para que las personas involucradas presenten algún recurso legal en caso de no estar completamente de acuerdo con la sentencia, por lo que este tiempo fue aprovechado por la defensa legal de Jorge Luis González, quien pidió que se le admita una nueva defensa privada, que una nueva sala penal de apelaciones conozca el caso y que se reponga el proceso intermedio del juicio, que consiste en el desahogo de pruebas. Estos recursos de apelación contra la sentencia y el juicio que presentó Jorge Luis, hicieron que se suspendiera, hasta nuevo aviso, una audiencia de alegatos que se llevaría a cabo el pasado de 11 de enero de 2020. El sentenciado solicitó esto bajo el argumento de que “no tuvo oportunidad de presentar todas sus pruebas”, explicó en entrevista Sayuri Herrera Román, una de las asesoras legales del caso.
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
A punto de lograr sentencia contra el feminicida de Mariana Buendía, personas no identificadas intentaron asesinar a su hermana, Guadalupe Michel, quien es una de las principales testigos en el caso, denunció en un comunicado público el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). El ataque ocurrió el pasado lunes 20 de enero, alrededor de las 9 de la noche. Ese mismo día se llevó a cabo una de las audiencias por el juicio contra Julio César “N”, quien se presume, asesinó a Mariana Lima Buendía en 2010. De acuerdo con el OCNF, el atentado contra Guadalupe Michel ocurrió cuando una persona detonó un arma de fuego al menos seis veces contra el automóvil en el que se transportaba. Ella recién alcanzó a bajar del auto cuando la persona que la acompañaba le gritó que se agachara. Guadalupe se puso de cuclillas y posición fetal mientras la escolta que la acompaña la protegía. En esa posición, escuchó los disparos, dos de los cuales impactaron directamente en el
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Apelan sentencia contra feminicida de Lesvy
Cabe recordar que el proceso de desahogo de pruebas estuvo lleno de trabas y retrasos por parte del sentenciado desde el primer día. El 9 de septiembre del año pasado, por ejemplo, se suspendió por 24 horas el comienzo del juicio para el desahogo de pruebas porque según advirtieron los jueces, la defensa legal de Jorge Luis no estaba preparada. El 26 de septiembre se aplazó nuevamente el juicio porque la última testigo del sentenciado, la exdirectora de Inmujeres, Teresa Incháustegui, no se presentó. Además, durante todo el proceso, el acusado interpuso en total dos amparos, una solicitud de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos apelaciones, todas por distintas razones, las cuales retrasaron por el juicio varias veces. “Nosotras, desde que la defensa de Jorge Luis impugnó (…) hemos sido muy diligentes porque queremos que agoten todos los recursos que tengan que agotar para que después no reclamen que no tuvieron la oportunidad de defenderse, aún cuando pensamos
que estos recursos han sido demasiados y que retardan un juicio que tendría que haber sucedido antes”, declaró la abogada. Más trabas para que la familia de Lesvy acceda a la justicia La defensa legal de la familia de Lesvy consideró que no habría una posibilidad de que el Tribunal determine reponer el procedimiento porque “la presunción de inocencia ya se derribó (es decir, ya se comprobó su culpabilidad en el feminicidio) y las pruebas presentadas son irrefutables”. Sin embargo, estas acciones retrasan el camino por medio del cual el Tribunal Superior de Justicia dictaría una reparación del daño a las víctimas, entre las que están no sólo la madre y el padre de Lesvy, sino también la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al respecto, Herrera Román recordó que las víctimas también impugnaron la sentencia, pero en su caso porque piden que Jorge Luis reciba no 45 sino 60 años de prisión, la pena máxima por feminicidio en la capital
del país. Del mismo modo, la defensa legal de Lesvy pide que por medio de la sentencia se otorguen medidas de reparación ejemplares, entre las que estaría reconocer los daños a la comunidad estudiantil. Aunque se solicitó, esto no lo incluye la sentencia emitida el pasado 24 de noviembre. Las víctimas piden que la reparación integral corra a cargo del perpetrador, la cual consiste –según se evaluó también con base en peritajes independientes– en el pago de gastos funerarios, rehabilitación psicológica, y una indemnización por daño moral al haber mentido sobre un suicidio. Las abogadas también pidieron que Jorge Luis sea sometido a una terapia psicológica con perspectiva de género y no discriminación a las mujeres, como medida de no repetición de esta violencia hacia cualquier otra mujer con la que se vincule. Las y los jueces aún deben determinar si admiten o no los recursos legales de Jorge Luis; sin embargo, Herrera Román avizora que el proceso por medio del cual la familia de Lesvy accedería a la justicia aún podría durar hasta un año más por todos los amparos que se presenten. Mientras, la madre de Lesvy, Aracely Osorio, asiste y acompaña diversas marchas y acciones políticas feministas y de exigencia de justicia que hay en la Ciudad de México y otras entidades del país por nuevos casos impunes de mujeres desaparecidas y asesinadas.
Atentan contra hija de defensora Irinea Buendía automóvil. Todo sucedió en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Guadalupe Michel tiene una escolta porque es beneficiaria de medidas de protección por ser una de las testigos principales del feminicidio de su hermana, Mariana Lima.
Impunidad Mariana Lima fue asesinada el 28 de junio de 2010 por Julio César ‘NN’, que en ese entonces era comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. En esa ocasión, la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) investigó el caso como suicidio pero no realizó diligencias con perspectiva de género ni peritajes adecuados para descartar que la muerte de la joven, de 29 años, fuera en realidad un feminicidio. Tras varios años de exigir justicia, en 2015, la madre de Mariana y ahora defensora de Derechos Humanos, Irinea Buendía, consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que el caso se rea-
briera para que fuera investigado como feminicidio. No sólo eso, sino que también logró que el máximo tribunal de justicia dictara la sentencia 554/2013, con la que se establece que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”. Tras reabrir el caso, el pasado 23 de junio de 2016, Julio César “NN” fue detenido y privado de su libertad en un penal de Nezahualcóyotl. Desde entonces está en prisión preventiva, pero sigue sin ser juzgado. A 10 años de los hechos, el caso está en la etapa final del proceso jurídico, a la espera del cierre del desahogo de pruebas. Después de esta etapa, las autoridades deberán dictar una sentencia condenatoria contra el feminicida de Mariana Lima. Sin embargo, en esta última etapa del proceso jurídico, la familia Lima Buendía teme por su seguridad, ya que no es la primera vez que reciben agresiones. De acuerdo con el Observato-
rio, la familia de Mariana Lima ha recibido diversas agresiones, incidentes de riesgo e incluso amenazas de muerte. Aunque todas estas agresiones han sido denunciadas formalmente, no hay avances en las investigaciones. Por ello, el Observatorio llamó a las autoridades del Estado de México y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), a implementar de manera urgente y cabal las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad física y emocional de toda la familia Lima Buendía y de quienes la acompañan legalmente.
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EL FUTURO SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ Lucía Lagunes Huerta
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n mayo próximo México será nuevamente la sede mundial de la reunión más trascendente en materia de Derechos Humanos de las mujeres, a la vez que cerrará un ciclo de 44 años, para abrir otro en un nuevo milenio en el que se busca que la igualdad de género sea imparable e irresistible. Es probable que no se recuerde que México fue la sede de la primera Conferencia Mundial Sobre la Mujer en el año 1975, en la que se decretó “El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz”. Los impactos tanto de la Conferencia como del Decenio son distintos en cada nación. Para México significó la creación de la Ley General de Población, que se publicó el 7 de enero de 1974, en la que se definieron las políticas de planificación familiar que garantizaron el acceso a los métodos anticonceptivos en los sistemas de salud, la coordinación en la materia de los tres órdenes de gobierno así como el registro de población, lo cual nos permitió saber los retos demográficos a los que nos enfrentábamos. En 1995 se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China, una de las más nutridas no sólo en el debate sino en la presencia del movimiento feminista. 20 años después de la primera, la experiencia y la madurez del movimiento logró concretar la hoja de ruta de las políticas de Estado necesarias para la igualdad de las mujeres en todo el mundo. Ha pasado un cuarto de Siglo de Beijing y 44 años de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y México será nuevamente sede
de la revisión internacional, que de entrada ya tiene una conclusión: la igualdad de las mujeres no se ha alcanzado en ninguna parte del mundo. Y puede ser que se crea que hay que dejar atrás las Conferencias y crear nuevos modelos con resultados inmediatos pero poco sostenibles en el tiempo o con cambios que no trastoquen el orden que reproduce la exclusión de las mujeres. La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer diseñó la ruta a través de 12 apartados y por primera vez, recuperó la importancia de los medios de comunicación en estos cambios.
Los apartados son:
La mujer y el medio ambiente La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones La niña La mujer y la economía La mujer y la pobreza La violencia contra la mujer Los derechos humanos de la mujer Educación y capacitación de la mujer Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer La mujer y la salud La mujer y los medios de difusión La mujer y los conflictos armados
Uno de los compromisos asumidos por los gobiernos señala:
” Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y
convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo.” Me parece que el espíritu decidido, la cooperación y la solidaridad, se fueron perdiendo en el camino y aún todos los gobiernos del mundo tienen una enorme deuda con las mujeres que hay que subsanar, sin dilación. Los doce apartados que contempla la plataforma nos han servido como brújula para construir lo que hasta el día de hoy tenemos, evaluar su impacto para diseñar los cambios necesarios es parte de la tarea que se tiene por delante. Y hay que reconocer que gracias a la tenacidad del movimiento feminista y sus organizaciones, estos avances se han logrado. Lo que sí es claro es que a 25 años el mundo es otro, prácticamente existen instancias gubernamentales responsables de las políticas de igualdad, hoy la agenda de paridad es una exigencia democrática, las niñas tienen más oportunidades educativas; y aunque se siguen enfrentando retos, hemos avanzado. Los grandes pendientes como erradicar la pobreza de las mujeres, la violencia lacerante y la transformación cultural, pasa sí o sí por la transformación de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que hasta el día de hoy siguen resistiéndose a ello, para garantizar condiciones libres de violencia para las mujeres y representaciones dignas de la humanidad de las mujeres. 25 años en que el movimiento feminista tiene muy claro que en lo ganado no hay un paso atrás y que el futuro será feminista o no será.
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GERTZ, EL OJO, LA PAJA Y LA VIGA Laurence Pantin
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ucho se ha comentado sobre las iniciativas legislativas en materia de procuración de justicia que la semana pasada iba a presentar el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, las cuales, de pasar, representarían un retroceso para el sistema de justicia penal acusatorio y el debido proceso. Un aspecto no tan discutido tiene que ver con las afectaciones directas al Poder Judicial que una parte de estas modificaciones supondría, las cuales no son menos preocupantes, pues amenazan directamente su soberanía y trastocan el equilibrio de poderes. De hecho, trascendió que estas modificaciones fueron una de las razones por las cuales se pospuso la presentación de las iniciativas, pues al parecer –y con justa razón–, no fueron del agrado del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Primero que nada, vale la pena subrayar que el acto del pasado 15 de enero –la ‘no- presentación’ de las iniciativas ante el Senado, con conferencia de Gertz Manero incluida– demostró que no hubo el “grupo de alto nivel” interinstitucional para preparar estas iniciativas, contrario a lo que anunció el senador Ricardo Monreal el pasado 21 de octubre en el Senado. Si la Fiscalía General de la República (FGR) no hizo un esfuerzo por trabajarlas y ni siquiera por socializarlas con otras dependencias, no es sorprendente que hayan generado malestar, no solamente en el Poder Judicial, sino también en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en la de Gobernación, cuando fueron filtradas y compartidas en redes sociales un día antes de la que iba a ser su presentación oficial. Pero el desaseo no solamente se pudo observar en la manera de construir estas iniciativas, sino también en su redacción, ha generado cierta confusión, en particular con respecto al tema de la persecución penal en contra de los jueces y magistrados federales. Por ello, nos parece útil revisarlas a detalle.
Los jueces de los jueces
Las iniciativas plantean la creación de la figura de ‘superjueces’, que se encargarían de juzgar penalmente a los jueces y magistrados penales federales acusados de ciertos delitos. Antes de detallar las propuestas, repasemos brevemente cómo se castiga, en la actualidad, a los juzgadores federales que cometen actos indebidos. Éstos pueden enfrentar tres tipos de procedimientos:
1. Procedimiento de responsabilidad administrativa
En caso de que se le acuse a un
juzgador federal de cometer alguna falta administrativa no grave o grave –que puede ir desde la no presentación en tiempo y forma de la declaración patrimonial o de intereses, hasta el desvío de recursos públicos, el tráfico de influencias o el nepotismo–, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga los hechos, mediante su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, los sanciona mediante su Comisión de Disciplina o en Pleno, cuando la sanción aplicable es la destitución o la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
2. Juicio político
Cuando se acusa a un juez o magistrado federal de incurrir, en el ejercicio de sus funciones, en “actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, éste puede ser sometido a un juicio político, durante el cual la Cámara de Diputados es responsable de la acusación y el Senado de determinar si aplica la sanción, la cual consiste en la destitución e inhabilitación.
3. Juicio penal
Finalmente, cuando un juzgador federal es acusado de un delito, puede ser llevado a juicio ante cualquier juez penal, como puede suceder con cualquier servidor público, y las sanciones pueden llegar a privarlo de su libertad. La única particularidad es que, antes de que pueda ser aprehendido o enjuiciado, el CJF debe suspenderlo. Ahora bien, ¿de qué manera las iniciativas propuestas por la FGR modificarían este esquema? Implicarían cambios únicamente en la tercera modalidad descrita, no solamente en su forma, sino también en los posibles delitos perseguidos. En efecto, tanto la propuesta de reforma constitucional como la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) proponen la creación de “Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal” para juzgar a los jueces y magistrados federales que resuelvan asuntos penales y que sean acusados de cometer delitos por hechos de co-
rrupción o contra la administración de justicia. Estos juzgados y tribunales especializados tendrían la particularidad de ser administrados por la SCJN (y no por el CJF, como ocurre en la actualidad con todos los demás juzgados y tribunales federales, salvo en materia electoral). Sin embargo, los jueces y magistrados que los integrarían serían nombrados por el Senado para una duración de nueve años, de entre una terna propuesta por el presidente de la República, y su vigilancia y disciplina quedarían a cargo del mismo Senado. Esta propuesta presenta varios problemas de orden teórico y práctico. Primero, pone en riesgo la división de poderes y la independencia judicial, al dejar en manos de los poderes políticos (el Ejecutivo y el Legislativo) la designación y disciplina de los jueces y magistrados encargados de juzgar a los juzgadores federales. Al respecto, parece contradictorio que desde hace 25 años se hayan realizado grandes esfuerzos para lograr la profesionalización de los jueces y magistrados federales, mediante la creación de una carrera judicial basada en concursos de oposición que permiten seleccionar a los candidatos con más preparación, conocimientos y méritos, y que, en caso de que uno de ellos tenga que ser sometido a un juicio, lo sea ante juzgadores seleccionados con criterios mucho menos estrictos. Por otra parte, esta propuesta dejaría a los juzgadores penales federales a merced de cierto grado de arbitrariedad, pues los procesos penales en su contra quedarían en manos de una sola persona. La iniciativa de reforma a la LOPJF prevé que los juzgados y tribunales especializados “se compondrán por un juez y un magistrado respectivamente”, en contraste con los tres procedimientos que existen en la actualidad para sancionar a los jueces, donde la última instancia siempre es un órgano colegiado. Desde el punto de vista práctico, la propuesta parece poco realista, pues ¿cuántos jueces y magistrados federales prevé la FGR que se lleguen a enjuiciar? Si uno considera que la iniciativa de reforma constitucional establece que la Suprema Corte determinaría “el número y competen-
cia territorial de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal”, parecería que la FGR prevé la necesidad de crear no uno, sino varios juzgados y tribunales especializados. Sin embargo, es importante destacar que en 2019 cada juzgado federal que atiende temas penales recibió en promedio 454 asuntos, y cada tribunal, 373. Si tomamos en cuenta que en 2019 el Poder Judicial Federal contaba con 691 jueces y magistrados federales, que podían conocer de casos penales y que, de éstos, no todos habrán incurrido en un delito de corrupción o contra la administración de justicia susceptible de ser llevado ante estos juzgados y tribunales especializados, difícilmente se justificaría crear más de un juzgado y un tribunal especializados.
Delito con dedicatoria
¿Será que la FGR tiene previsto, más bien, dedicarse a detonar juicios penales en contra de juzgadores federales? Quizás por ello incluyó, en su propuesta de Código Penal Nacional, un nuevo delito con dedicatoria especial a los jueces. Como ya comentamos, los delitos que podrían justificar un juicio penal llevado por un juzgado o tribunal especializado son los “delitos por hechos de corrupción” (aplicables a todos los servidores públicos) y los que son “cometidos contra la administración de justicia” (aplicables a los policías, ministerios públicos, funcionarios judiciales y del sistema penitenciario). Llama la atención que entre éstos últimos la FGR haya agregado a los ya existentes en el Código Penal Federal vigente uno nuevo titulado “Responsabilidad para jueces por indebido ejercicio de sus funciones”. Éste prevé una pena de cárcel de cuatro a 10 años, una multa y una inhabilitación “al juez que, faltando a las obligaciones de su cargo, dejare dolosamente de promover la persecución y procesamiento de los imputados o resuelva notoriamente contrario a las previsiones y obligaciones que le marca la Ley”. Ambas situaciones ya estaban previstas, bajo una redacción distinta, en el artículo 225 fracción IX y VI respectivamente del Código Penal Federal. Sin embargo, la nueva redacción del segundo supuesto es mucho más ambigua y preocupante, pues abre la posibilidad de perseguir prácticamente a cualquier juez, pues un abogado defensor o ministerio público que no obtiene una sentencia favorable en primera instancia suele argumentar en su apelación que el juez hizo una interpretación de la ley “notoriamente” contraria a ésta, lo que implicaría que todas las sentencias que se recurran en segunda instancia darían cabida a comenzar procesos penales en contra de sus autores.
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EL CONTRAPESO JUDICIAL (Y LAS MAÑANERAS) Agustín Basave
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o deja de sorprenderme la confusión inducida en México en torno a los contrapesos. Si bien la división de poderes desembocó en una arquitectura constitucional, su origen –tanto en Locke como en Montesquieu– es político: el propósito de salvaguardar la libertad de los gobernados frente al perenne peligro del gobernante abusivo. La distinción entre oponerse y contrapesar es obvia. Por supuesto que la oposición a un gobierno corresponde a los partidos, no a los juzgados, pero el argumento es tramposo si se esgrime para justificar la sumisión de estos frente a aquel. Excluyo de esta argumentación al Congreso porque un presidente lo tiene de su lado cuando la bancada de sus correligionarios es mayoría, y un primer ministro cuenta siempre y por definición con el apoyo del parlamento. Por eso sostengo que, en este sentido, el contrapeso por antonomasia del Ejecutivo es el Poder Judicial. En una democracia, contrapesar implica evitar la concentración del poder. Se trata de distribuirlo para impedir que gobierne un autócrata, lo sea a priori o a posteriori, pues la premisa es que quien manda tiende a mandar más –con buenas o malas intenciones– y que el desbordamiento de dominio del poderoso solo se detiene en la medida en que haya diques. La lógica de ese mecanismo que en Estados Unidos llaman checks and balances no solo es de funcionalidad sino primordialmente de equilibrio, de protección a la ciudadanía. No es conveniente que quien ejecuta también juzgue y dirima diferendos. El poder se limita con el poder mismo y el ciudadano, de otro modo inerme, resulta protegido contra sus abusos. Con un jefe de Estado tan popular e impositivo, México requiere más que nunca contrapesos. Creo que la judicatura mexicana debe corregir muchas cosas, empezando por la corrupción,
la endogamia y la desvinculación de la sociedad, pero tiene que hacerlo sin caer en el juego de las ambiciones políticas. Aunque no me acaba de desagradar la vieja conseja de que los juzgadores han de hablar con sentencias y me causa escozor la sed protagónica de algunos de ellos, sé que la comunicación social es clave y celebro que el titular de nuestra Suprema Corte utilice las redes y los medios para dialogar con la opinión pública. Aplaudo aún más que saque al poder judicial de su aislamiento y rinda cuentas, particularmente del combate a las corruptelas y al nepotismo en sus filas. Lo que deploro es su defensa sistemática del presidente de la República y hasta de integrantes del gabinete, tanto como el tono de sus pronunciamientos. Y es que, si no se supiera quién los emitió, se pensaría que vienen de un militante de Morena. Para cualquier demócrata eso es irritante. ¿Por qué lo hace? ¿Quiere el apoyo de Palacio Nacional para consolidar su fuerza en la Corte o tiene otras aspiraciones? No son declaraciones inocuas y su intencionalidad es ostensible: es “público y notorio”, para usar una expresión de abogados, que dice lo que Andrés Manuel López Obrador quiere escuchar. Si en buena tesis democrática se espera que la cabeza de la judicatura ejerza su autonomía y contrapese, es decir, que actúe al margen de consignas o de favoritismos a fin de que el ejecutivo no extienda su poderío a un ámbito que debe serle ajeno, ¿para qué adoptar esa postura? Si no hubiera algún otro cálculo sería una tontería, y Arturo Zaldívar no tiene un pelo de tonto. Lo respeto y, pese a que apenas lo conozco, sé que es un hombre inteligente y astuto. Justamente por eso me aflige que haya adoptado ese talante partidario que proyecta una imagen de subordinación a AMLO. Vuelvo a mi cuestionamiento: ¿es un intento denodado de ganarse la simpatía presidencial o es algo más? Descarto otras dos posibilidades, paradójicamen-
te una por su perfil ético y otra por su pragmatismo: la de actuar movido por el temor que ya provocó la renuncia de un ministro y la de buscar el pase a la historia como aliado clave y en cabal coincidencia ideológica con la 4T. Así que me quedo con la disyuntiva: o es un intento de consolidación de poder interno, con un alto costo institucional en términos de credibilidad, o es un proyecto que trasciende el poder judicial. Ahora bien, tiene razón el ministro Zaldívar en exigir que se juzgue a su Presidencia por hechos más que por dichos. Eso haré y, si su afán de complacer a AMLO no pasa de la retórica y en las votaciones que más interesan al presidente pesa más la justeza que la renuencia a contrariarlo, desecharé la sospecha de ambición política. Lo que no podrá desecharse es el quebranto del fondo a manos de la forma. PD: Otra cosa que me sorprende en este inicio de año, que también tiene que ver con la concentración del poder presidencial, son los vaticinios del fin de las mañaneras como las conocemos. ¿Cómo por qué habría AMLO de cancelar algo que le es sumamente útil y que va mucho más allá de una conferencia de prensa? Además de megáfono de adoctrinamiento, son espacio para marcar agenda, hacer control de daños y distraer a la opinión pública, sede de juicios sumarios y órdenes de castigo a sus opositores, plataforma para tirar línea sin pagar el precio de hacerlo a la manera tradicional, incluso válvula de escape a sus tensiones. Es decir, el salón de tesorería de Palacio alberga cada mañana un podio, un ágora, un tribunal, un paredón, un púlpito, un salón de clase y, si me apuran, un diván. ¿De veras hay quien crea seriamente que prescindirá de todo eso? Quienes, exasperados, pronostican su extinción incurren en wishful thinking. Para AMLO constituyen un instrumento imprescindible de consolidación de su hegemonía al cual, a mi juicio, jamás renunciará.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
EL NECESARIO MEA CULPA DE EVO MORALES Rafael Croda
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ace unos días, el exmandatario boliviano Evo Morales reconoció que fue “un error” buscar una nueva reelección en los comicios presidenciales de octubre pasado, los cuales derivaron en un conflicto poselectoral que colocó a Bolivia al borde una guerra civil y que generó la renuncia del propio líder indígena bajo presiones del alto mando militar. Es la primera vez que Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años, admite que se equivocó al empeñarse en buscar una nueva reelección en los comicios de 2019 –ya llevaba dos reelecciones—, a pesar de que en un referendo realizado tres años antes los votantes rechazaron esa posibilidad. Pero en vez de acatar la decisión popular, el indígena de ascendencia aymara acudió al Tribunal Constitucional y este, en un fallo a modo pronunciado en 2017, determinó que impedir su reelección indefinida era violar sus derechos humanos y políticos. Desde ese momento, el exitoso proyecto social, económico y político de Evo Morales quedó erosionado frente a los bolivianos. La ultraderecha tradicional – heredera de militares golpistas como Hugo Banzer y del empresariado más conservador y anti-indigenista— aprovechó el momento para erigirse como defensora de causas que en el pasado despreció, como la democracia, el equilibrio de poderes y la lucha contra el caudillismo. El hecho de que Morales hoy asuma como un “error” su intento de buscar un nuevo mandato (lo hizo el viernes pasado en una en-
trevista con el diario alemán Zeit) puede ser el inicio de la recomposición de su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS), que a pesar de sus propios desaciertos y de la campaña negra de la ultraderecha sigue siendo la primera fuerza política de Bolivia. No es nada fácil que los gobernantes o exgobernantes asuman culpas. De hecho, es algo insólito en el mundo político. Todos tratan de negar sus yerros, de ocultarlos, minimizarlos o de achacarlos a terceros. En Colombia, el expresidente ultraderechista y hoy senador Álvaro Uribe sigue sin reconocer los nocivos efectos colaterales que tuvo su guerra sin cuartel contra las FARC en términos de derechos humanos y de vulneración de la legalidad. En Venezuela, el conservador Nicolás Maduro –quien de izquierdista solo tiene la retórica—continúa negando, a pesar del cúmulo de evidencias, que su régimen sea autocrático, corrupto y patéticamente ineficiente. El mismo Evo Morales, al reconocer en la entrevista con Zeit el “error” de insistir en su cuarta postulación presidencial, justificó su decisión de insistir en un nuevo mandato con una afirmación temeraria: que lo que hizo fue “asumir la propuesta del pueblo”. En realidad, el 51.3 por ciento de los votantes bolivianos le dijeron “No” a una nueva reelección. Ese fue el resultado oficial del referendo de 2016. Pero al margen de que todos los políticos que dicen interpretar los anhelos del pueblo suelen equivocarse, Evo Morales hizo su mea culpa y eso era necesario para aspirar a recuperar la confian-
za de miles de bolivianos que se apartaron de su proyecto político cuando afloró su naturaleza caudillista. Morales fue un presidente tan exitoso en materia económica, política y social, que su primera reelección, en 2009, la ganó con el 64.22 por ciento de los votos. La segunda, en 2014, también avasalló al obtener el 61.36 por ciento de los sufragios. Pero en los comicios de octubre pasado, cuando ya tenía el antecedente del referendo en el que los bolivianos le negaron la posibilidad de una nueva postulación, los resultados oficiales indicaron que obtuvo el 47.08 por ciento de los votos. La oposición alegó fraude y la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones. El resto, ya se sabe: Evo Morales se vio orillado a renunciar, se asiló en México y luego viajó a Argentina, donde ahora se encuentra en calidad de refugiado. Delegados del MAS, que sigue siendo el principal partido político de Bolivia, eligieron este domingo 19 en Buenos Aires a su candidato presidencial para los comicios del próximo 3 de mayo. El abanderado de la organización política de Evo Morales será al exministro de Economía Luis Arce, autor y ejecutor del exitoso modelo social productivo que hizo crecer la economía boliviana a un ritmo del 5 por ciento anual en los últimos 14 años y redujo la pobreza en 31 puntos porcentuales. El MAS será un adversario muy fuerte para la ultraderecha, cuyos dirigentes –empezando por la “presidenta interina” Jeanine Áñez— ya hablan de la necesidad
de unirse para impedir “la dispersión del voto”. Nadie duda que Evo Morales logró transformar a su país en sus casi 14 años de mandato. Cuando el dirigente indígena juramentó como presidente, Bolivia era el tercer país más pobre de América, detrás de Haití y Honduras. Hoy, si te toma como indicador el ingreso per cápita, hasta Venezuela es más pobre. El pecado de Evo fue pensar que Bolivia sólo podría funcionar con él como presidente. Eso lo alejó de segmentos importantes de población que le negaron su apoyo en los comicios de octubre pasado. Morales podrá demostrar en esta nueva campaña electoral que su partido está más allá de un proyecto caudillista y que tiene dirigentes capaces de enmendar errores. No será fácil, porque los adversarios del proyecto social del MAS han aprovechado esta etapa para reconstruir sus redes de poder. En tan solo dos meses, la autoproclamada “presidenta interina” de Bolivia, Jeanine Áñez, y sus aliados políticos, han desarrollado una operación para colocar en posiciones claves del aparato estatal a prominentes miembros de la ultraderecha cuya misión es garantizar el triunfo de esa corriente ideológica en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Es previsible que MAS deba contender contra toda la derecha unida. Pero incluso en estas circunstancias nadie en Bolivia puede afirmar –a pesar de la persecución política y judicial contra Morales y sus excolaboradores— que el proyecto del líder indígena fue derrotado. Ni de lejos.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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olaborar entre nosotros y con nuestras autoridades es uno de los grandes compromisos que debemos asumir y fomentar para poder resolver problemas de seguridad, educación, salud, cultura, deporte y recreación, infraestructura entre otros muchos. Cuidar de la salud de cada uno de los chiapanecos es responsabilidad de ciudadanos y autoridades, ha puntualizado el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas y ha subrayado: en salud, el gobierno de Chiapas no va escatimar nada, es lo más urgente y prioritario. Sin duda alguna que por ello el gobierno asume plenamente el compromiso que le corresponde a las instituciones encargadas de velar por la salud, pero también solicita la colaboración para evitar las enfermedades y sus secuelas. Prevenir nos permite una vida plena y con un mínimo de riesgos. A cada chiapaneco le corresponde tomar medidas preventivas para el cuidado de su salud, asumiendo el compromiso de respetar y adoptar las medidas que los especialistas difunden para minimizar los riegos de enfermarse y evitar las secuelas o
Jueves 23 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL DIVAN Sergio Stahl
* Salud comunitaria, el gran compromiso social *
padecimientos. Al poner en marcha la Escuela de Salud Comunitaria, el gober-
nador Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que con la formación de líderes comunitarios en salud
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se está dando pasos firmes para aproximar servicios a las comunidades por alejadas que se encuentren. Esa es sin duda, una buena estrategia de fomento a la salud, en lugares distantes donde exista gente que sepa que hacer para salvar vidas de la gente de su propia comunidad y tener, además, el respaldo de las instituciones de salud que colaboran para ese noble fin. Con la prevención en materia de salud, se está rompiendo un viejo paradigma, porque queremos un pueblo sano que pueda enfrentar mejor los retos del progreso, les ha venido señalando Rutilio Escandón Cadenas a los chiapanecos de los diversos sectores, cada que se reúne con ellos, como lo hizo con los que se están capacitando en la Escuela de Salud Comunitaria. Sin duda que con esta nueva estrategia, se fortalecen las instituciones de Salud del gobierno federal, estatal y municipal. Porque ahora se parte de que lo importante no es sanar al paciente, sino evitar que se enferme. Con ello se dan pasos para tener una población sana. Esa es la meta del gobierno del chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas....Eso es todo.
LA MATANZA DE 10 INDÍGENAS NAHUAS José Gil Olmos
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#MemoriaPública
currió el pasado viernes 17 de enero cerca de Mezcalcingo, Guerrero. Un comando de hombres armados, identificados como integrantes del grupo Los Ardillos que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez emboscaron un camión donde venían integrantes del grupo musical Sensación. La matanza fue brutal, ejecutaron y calcinaron a 10 músicos indígenas de esta región donde la gente esta bajo el yugo del crimen organizado. Desde 1997 el municipio de Chilapa, donde ocurrieron los hechos, es parte de la región donde la gente decidió formar las primeras autodefensas del país para enfrentar a los delincuentes y narcotraficantes. La falta de seguridad y la ausencia de autoridades hizo que la gente se organizara para defenderse y es así que nace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Esta situación de inseguridad, violencia y crimen organizado ha creado un infierno en esta región donde el año pasado hubo al menos cinco ataques del grupo
delictivo de Los Ardillos a comunidades que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con un resultado trágico de 16 muertos. Si tomamos en cuenta los 16 asesinatos del año pasado y sumamos los 10 indígenas de Alcozacán ejecutados y calcinados en la emboscada del viernes pasado
cerca de Mexcalzingo, tenemos una cifra alarmante de 26 ejecutados por la banda de Los Ardillos que encabeza Celso Ortega, hermano del diputado local perredista, Bernardo Ortega. Lo que acontece ahí es tan grave como la masacre a la familia LeBarón en Sonora, pero no ha tenido tanta repercusión a nivel nacional e internacional y tam-
poco la atención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que en su primer año rompió récord desde 1997 con el registro de 26 mil 959 homicidios dolosos. La decena de músicos nahuas ejecutados en Guerrero tendría que ser un tema prioritario en la agenda del gobierno federal para ser atendido pues representa la situación de violencia, inseguridad e impunidad con la que el crimen organizado se maneja en diversas partes del país. Cobra además relevancia en el marco de la Caminata por la paz, la justicia y la verdad que inicia este jueves 23 en Cuernavaca, Morelos, y que llegará a la Ciudad de México el domingo 26 con la intención de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé atención prioritaria en su programa de gobierno a las miles de víctimas de la violencia. Por cierto… La marcha por la paz que encabeza Javier Sicilia tendrá la participación de más de 70 organizaciones sociales y no se trata de ningún espectáculo que pueda dañar la investidura presidencial como la catalogó López Obrador. Mancha más la figura del presidente no atender a quien esta pidiendo justicia.
CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 23 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1815 OPERATIVO
Catean tres casas de exdiputado del PRI acusado de ataque a saxofonista
ACUERDO
Rechazado de la UNICH concluye plantón en CEDH
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INFORME
Piedra Ibarra reivindica la austeridad como proyecto de administración de la CNDH
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SESIÓN
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DEMANDA
Tras bloqueo en AICM, padres de niños con cáncer buscarán ingresar a la “mañanera”
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Aprueba IEPC Presupuesto de Egresos 2020, bajo criterios de austeridad y racionalidad De lo aprobado, 153 millones 853 mil 670.81 pesos, corresponden al financiamiento público de los partidos políticos; 94 millones 385 mil 014.05 pesos, corresponden a los proyectos institucionales ordinarios y 16 millones 665 mil 136.92 pesos, a los proyectos institucionales vinculados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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Desabasto de medicamentos oncológicos en Hospital Infantil, por incumplimiento de proveedora: Ssa