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CMAN

DOXA

EDITORIAL

La crisis en la producción de maíz

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Hay una terrible ineficacia en la secretaría de agricultura, ganadería y pesca en Chiapas así como en las oficinas de la SADER en la entidad, lo que evidencia que en el Estado no existe coordinación para atender los graves problemas que tiene el campo.

La banalidad, el desinterés y la indiferencia de un gobernante es manifiesto cuando asiste más de dos horas con su mesa de seguridad a una conferencia. Mientras la inseguridad está desbordada y no hay gobierno, Los problemas de Chiapas requieren de un gobernante de 24 horas diarias.

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EN CHIAPAS

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1811

ANÁLISIS

CAMPAÑA

Reformas planteadas por FGR dejan a la población “en un estado de vulnerabilidad”: Asilegal Es “alarmante” que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga semejante propuesta, no sólo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la reforma constitucional al artículo 16

Toman acciones por el tema de suicidios en la entidad

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REPORTE

El 72.9% de los mexicanos mantiene percepción de inseguridad; Puebla, a la cabeza: Inegi PAG. 9

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Nueva caravana de migrantes supera cerco policial en frontera Honduras-Guatemala

HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

POSTURA

Organismos Productivos del Soconusco Rechazan Más Caravanas de Migrantes

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LO LAICO NO QUITA LO DECENTE Fabrizio Mejía Madrid

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MÉXICO VS. BOLIVIA: EL INTRINCADO CAMINO DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL Lucía Luna

PAG. 12

RÍO SONORA: JUSTICIA AL FIN Luis Miguel Cano PAG. 4

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La crisis en la producción de maíz

ay una terrible ineficacia en la secretaría de agricultura, ganadería y pesca en Chiapas así como en las oficinas de la SADER en la entidad, lo que evidencia que en el Estado no existe coordinación para atender los graves problemas que tiene el campo. Bajo estas circunstancias ¿Quiénes son los responsables para canalizar los recursos de apoyos agrícolas al campo chiapaneco? ¿A quién hay que cargarle la responsabilidad de la falta de apoyos para la producción de maíz, que generó que el 50% del territorio laborable esté sin sembrar? ¿Por qué el gobierno estatal y los funcionarios de SADER guardan silencio ante la crisis del campo que se avecina? Hasta ahora ningún funcionario ha dimensionado la magnitud de la crisis en la producción de maíz que se avecina, lo que significa una amenaza hacia grupos que viven en la pobreza y pobreza extrema, que forman parte del amplio sector de la población que vive en la inseguridad alimentaria y que padecen problemas de desnutrición. Uno de los grandes yerros de las designaciones de personas para integrar el gabinete de Rutilio Escandón se presentó en el nombramiento de la actual

secretaria del campo. Aquí no se valoró la importancia que tiene esta secretaría, no sólo para la promoción de programas que mejoren la productividad agrícola sino también por el papel político relevante que tiene el gobierno para establecer condiciones de gobernabilidad y de atención a miles de productores y trabajadores agrícolas. La situación en la producción de maíz no es un asunto menor, en virtud de los riesgos de la pérdida de la soberanía alimentaria, en donde se calcula una producción menor de las 600 mil toneladas de maíz, cuando en años anteriores se producían un millón de toneladas, lo que significa un notable abandono del campo chiapaneco, en el que se comparten responsabilidades e ineficiencias entre el gobierno del Estado y la figura del superdelegado del gobierno federal, en el que resulta dudoso que se haya integrado el Censo de Bienestar que hiciera posible la inscripción de los productores beneficiados con los apoyos de los programas. La ausencia de distribución de los recursos del Programa Producción para el Bienestar y el de la entrega de fertilizantes así como los márgenes estrechos de intervención que tiene la secretaría

de agricultura de la entidad, generó que un problema fundamentalmente de productividad agrícola adquiera un matiz político, en el que se realizaron reuniones entre el gobernador y los principales dirigentes de organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, en el que seguramente se llegaron a acuerdos políticos pero eso no resuelven los problemas de ineficacia gubernamental en la liberación y distribución de los recursos ni en la posible crisis alimentaria que la entidad está por padecer en los próximos meses. El gobernador Rutilio Escandón trae un discurso de combate a la corrupción pero no entiende que designar a funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar una responsabilidad es un acto de corrupción y no percibe que los subejercicios presupuestales, como el que ya hay en la secretaría de agricultura en el que no se brindaron los apoyos para los maiceros también es corrupción, y lo más grave, es que tampoco le resulta claro, que los recursos públicos destinados para procurar la autosuficiencia alimentaria, que no son ejercidos, representan una violación a derechos humanos, en el que deben ser sancionados los funcionarios responsables de esos atropellos.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

e las dos organizaciones políticas que aspiraban desde el año pasado a convertirse en Partidos Políticos, solamente una logró cumplir con todo los requisitos que exige la ley electoral en Chiapas, sostuvo el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), consejero Oswaldo Chacón Roja A esto, manifestó que la organización “Pensemos en Chiapas” tiene la aprobación del IEPC para efectuar su solicitud para convertirse en el cuarto partido político local, antes de que concluya el mes de enero, periodo para levantar el registro. “De las dos organizaciones que cumplieron con toda la documentación y requisitos para celebrar asambleas distritales y municipales en 2019, y con ello están en condiciones de solicitar su registro como nuevo partido político local, solamente una de ellas que es la organización «Pensemos en Chiapas»”, puntualizó. Chacón Rojas destacó que de las dos que buscaban el registro, Pensemos en Chiapas fue el único que alcanzó el número de asambleas necesarias, donde realizaron 82 asambleas municipales que el instituto dio constancia de ellas para poderse realizar, así como de la asamblea estatal que se dio a finales de diciembre. Con base a lo anterior, el funcionario electoral expuso que de aprobarse la solicitud y del número de afiliados de la organización, la institución de nueva creación podría estar sumándose a los comicios del 2021, donde se le otorgaría recursos para planear su ruta electoral. “Tiene el derecho de solicitar

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chiapas tendrá nuevo partido local: IEPC A esto, manifestó que la organización “Pensemos en Chiapas” tiene la aprobación del IEPC para efectuar su solicitud para convertirse en el cuarto partido político local, antes de que concluya el mes de enero, periodo para levantar el registro

formalmente su registro como partido político local al IEPC, si se llega presentar esa solicitud ellos tendrán hasta el 31 de enero, en el mes de febrero el instituto tienen la obligación de revisar toda la documentación que se nos presente… el cumplimiento del número de afiliados y de asambleas, y finalmente la fiscalización de sus recursos”, refirió.

En cuanto al proceso electoral, el consejero manifestó que en octubre de este año inicia el proceso electoral para las elecciones intermedias del 2021, donde se renovarán las 124 presidencias municipales y 40 curules del Congreso del Estado. “Es un año fundamental, en el mes octubre iniciamos formalmente el proceso electoral 2020-

2021, recordemos que en junio del 2021 habremos de renovar todo el Congreso local y todas las alcaldías en el estado”, mencionó. De hacerse oficial la consolidación de esta organización como nueva institución política, se estaría sumando a los partidos: Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y a Nueva Alianza Chiapas, como los partidos locales.

Toman acciones por el tema de suicidios en la entidad Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Debido al incremento en los lamentables casos de suicidios en la entidad, diferentes dependencias suman esfuerzos en el tema de la prevención. Ana Palacios, coordinadora estatal de sicología de la Cruz Roja, dio a conocer en este sentido que en el 2019 se cometieron 79 actos de suicidio entre adolescentes e infantes, de los cuales seis casos son ocurridos en Tuxtla Gutiérrez. En lo que respecta a la capital chiapaneca se reporta que hay un incremento de número de personas que deciden terminar con su vida, el rango anterior era entre los 15 a 20 años, ahora es de nueve a 15 años. Esta situación es preocupante. “Los índices de suicidio aumentan en la temporada decembrina, de septiembre a diciembre se come-

ten más suicidios, es algo que está causando alarma ya que los casos van aumentando”, indicó. Por ello adelantó realizarán campañas de prevención en escuelas y en colonias de manera conjunta especialistas en psicología, para evitar que los jóvenes y niños decidan tomar esta decisión. Aunque aseguran que el uso excesivo de la tecnología afecta a jóvenes, es importante el contexto familiar. Agregó que es importante implementar estas medidas no solo a los alumnos, no solo a los adolescentes sino que también a los maestros. Derivado de esta situación que actualmente acontece la delegación de la Cruz Roja ha implementado un programa de apoyo psicosocial para su voluntariado y se extiende a la ciudadanía para consulta externa, de igual forma

la Universidad de Ciencias y Artes ofrece terapias a bajos costos para

atender las necesidades de la población de todas las edades.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Organismos Productivos del Soconusco Rechazan Más Caravanas de Migrantes René R. Coca Tapachula, Chis; (interMEDIOS)

nte la conformación de una nueva caravana de migrantes proveniente de Honduras, y que pudieran unirse a ella gente de Guatemala y El Salvador, representantes de diversos organismos productivos del Soconusco coincidieron en que el Gobierno Federal debe contener la entrada de más migrantes sin documentos oficiales, ya que su estancia en Tapachula y demás municipios de la región ha generado inestabilidad social por diversos factores, además de inhibir la inversión y economía de los habitantes en general. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, expresó que el Gobierno federal no debe permitir el ingreso de migrantes sin documentos oficiales, y los que de manera legal puedan entrar, deban adaptarse a las leyes mexicanas; y que de acuerdo a cifras oficiales se tienen registrado de manera oficial más de 50 mil personas ingresadas de 41 nacionalidades, donde un número muy inferior lo ha hecho de manera regular. El líder empresarial dijo que en contraparte, existe un gran número de migrantes en espera de su situación legal, aunque la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos para estar en nuestro país por lo que es una población flotante a los que no se les puede contratar legalmente, por lo que su estancia es incierta y genera incertidumbre pues esta gente de algo debe vivir o generar ingresos para ellos y sus familias, lo que pudiera dar paso a pensar si sus ingresos pueden ser lícitos e inclusive puedan

De la redacción Ciudad de México (apro)

Más de un millar de migrantes hondureños rompieron el cerco policial para ingresar a Guatemala en su intento de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la agencia AFP, los migrantes, quienes portaban una bandera grande de Honduras en el frente, superaron sin mayor problema a los policías e ingresaron a Guatemala por el puesto fronterizo de Agua Caliente sin realizar el trámite migratorio. Esta nueva oleada de migrantes centroamericanos partió la noche del martes de San Pedro Sula huyendo de la pobreza y la violencia que azota su país en búsqueda de mayores oportunidades en Estados Unidos. “Aquí vamos para adelante, al sueño americano. Dicen que pagan bien

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, expresó que el Gobierno federal no debe permitir el ingreso de migrantes sin documentos oficiales, y los que de manera legal puedan entrar, deban adaptarse a las leyes mexicanas; y que de acuerdo a cifras oficiales se tienen registrado de manera oficial más de 50 mil personas ingresadas de 41 nacionalidades, donde un número muy inferior lo ha hecho de manera regular

ser víctimas de explotación. Por su parte, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, María Eugenia Moreno Mendoza, subrayó estar en desacuerdo de la entrada de una caravana más a esta zona ya que el balance ha sido más negativo que positivo de los migrantes que se han asentado por más de un año en los municipios del Soconusco, donde han habido afectaciones sociales, económicas y de inseguridad, principalmente, e inclusive de impacto negativo a los derechos humanos de estas personas al vivir hacinadas, sin comida a veces o en condiciones insalubres propias de la naturaleza de la migración mal

planeada, donde el gobierno no ha podido resolver muchas responsabilidades en este fenómeno social. La representante de los industriales aclaró que si bien no todos los migrantes son delincuentes, en muchos de los delitos cometidos en la región están involucrados gente llegada en las caravanas con anterioridad; por lo que los habitantes locales han actuado con desconfianza y rechazo natural; además de que quienes quieran apoyarlos con empleo, las normativas del IMSS o de la misma Secretaría de Hacienda impide ofrecerles trabajo formal. Ante el anuncio de la Secretaría de Gobernación hace unas horas de que se contendrá a esta y futuras carava-

nas de migrantes, los entrevistados coincidieron en que es una medida inteligente ya que el estado mexicano evitará que estas personas sufran lo que la gente que le antecedió siente al estar incierta en esta región sobre su situación de estancia legal. Agregaron que de la gente migrante en nuestra zona, muy pocos han logrado su estancia legal y otro número menor el estar en condición de refugiados; además de que estas personas requieren de vivienda, trabajo, educación y salud como un derecho que en contadas ocasiones pueden acceder, por lo cual estarán al pendiente del proceder de las autoridades federales para que cumplan con el anuncio de contener la entrada de más migrantes. Finalmente, expusieron que la economía local ha ido a la baja debido a que no existe una ocupación hotelera de turistas, se ha disminuido el número de usuarios a restaurantes, al comercio formal y se ha inhibido la inversión nacional y extranjera, además de que los principales generadores de economía en el Soconusco como es el mercado guatemalteco ha tenido decremento por falta de interés de venir o porque para entrar a nuestro país les exigen mucho más que la Tarjeta de Visitante Regional, donde la autoridad no logra diferenciar a personas extranjeras legales con migrantes sin documentos. (iM-rrc).

Nueva caravana de migrantes supera cerco policial en frontera Honduras-Guatemala en Estados Unidos por pintar casas “, declaró Kelvin Ramos a la agencia AFP en la Casa del Migrante de la Iglesia Católica en Esquipulas. Desde finales de 2018, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos comenzaron a salir en caravanas con rumbo a los Estados Unidos. Apenas ayer, en sus primeras horas como presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei dijo que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le comentó que cuando los migrantes lleguen a la frontera sur de México se encontrarán con un “gran muro”.

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Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Encuentran en Oaxaca siete fosas clandestinas Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

on el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó un operativo en la zona conocida como “Mil Islas”, perteneciente a San Pedro Ixcatlán en la Cuenca del Papaloapan, donde fueron localizadas siete fosas clandestinas con restos humanos. La Fiscalía no precisa el número de personas localizadas en las siete fosas clandestinas porque los restos “están siendo analizados por el Instituto de Servicios Periciales, a fin de lograr determinar el número y la identidad de las víctimas”. Trascendió de manera extraoficial que, al parecer, son 14 los cuerpos que fueron trasladados al anfiteatro ubicado en La colonia La Moderna, Tuxtepec. El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez resaltó en un comunicado que el operativo se realizó por segunda ocasión en la zona de “Mil Islas” (Presa Miguel Alemán Valdés), en San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec, con el propósito de detener a probables delincuentes y localizar a personas reportadas como desaparecidas. Esta incursión, que se realizó este miércoles 15 de enero, fue coordinada por la institución de procuración de justicia a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, la

Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

Alrededor de mil 300 médicos, enfermeras y trabajadores federalizados del sector salud iniciaron esta mañana una huelga de “brazos caídos” para reclamar el pago de la primera quincena de enero. Jorge Herrera Pérez, secretario general de la Sección 48 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), al que se encuentran afiliados los paristas, informó que el salario de los trabajadores provenía de Seguro Popular, pero al desaparecer y ser sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), se les dejó de pagar. Dijo que el monto del adeudo ronda los 40 millones de pesos y se mantendrán en asamblea permanente y paro hasta que se reflejen los pagos, sin afectar áreas de urgencias de los centros hospitalarios afectados. En esta capital, los hospitales afectados por el paro son los de alta espe-

La Fiscalía no precisa el número de personas localizadas en las siete fosas clandestinas porque los restos “están siendo analizados por el Instituto de Servicios Periciales, a fin de lograr determinar el número y la identidad de las víctimas”

Vicefiscalía de Atención a Víctimas, ministerios públicos y peritos, y contó con el apoyo de personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Según consta en la carpeta de investigación 1652/FCUE/TUXTEPEC/2020, el operativo inició en la isla “La Luna”, donde agentes estatales de investigación y personal de apoyo hallaron dos fosas clandestinas. Posteriormente, en la isla “Las palmas de Pedro Palacio”, fue localizada

una fosa más; mientras que en la isla “El Corral de Pedro Palacio”; se localizó una cuarta fosa clandestina. De igual manera, agentes de investigación hallaron en la isla conocida como “Rancho de Fidel Alto” tres fosas clandestinas. En total, fueron localizadas siete fosas clandestinas, donde se hallaron evidencias de restos óseos humanos, los cuales están siendo analizados por el Instituto de Servicios Periciales

de la Fiscalía General, a fin de lograr determinar el número y la identidad de las víctimas. El 21 de noviembre de 2019, la institución de procuración de justicia coordinó también un operativo en la misma zona de “Mil Islas”, logrando el aseguramiento de armas, municiones, embarcaciones, unidades de motor, así como la detención de tres personas y el hallazgo de dos cuerpos sepultados.

Empleados del sector salud en Tabasco inician huelga por falta de pago cialidad como el Gustavo Rovirosa, Juan Graham Casasús, del Niño y la Mujer, mientras que en los municipios son los regionales. En un documento entregado a la titular de la Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, la sección 48 del SNTSA advierte a la funcionaria que la retención del salario es un delito federal que podrían derivar en sanciones de la Secretaría de la Función Pública.

Insabi opera con normalidad: gobernador El gobernador Adán Augusto López Hernández aseguró que el Insabi está operando con normalidad en Tabasco, con detalles qué ajustar ante cualquier arranque de programa o proyecto.

“En términos generales está operando bien, ya se inició con el procedimiento de identificar a los trabajadores por contrato que van a iniciar con su basificación. Este año

comenzará con los que tengan más de 10 años, con el compromiso que a más tardar en cuatro años estén regularizados todos los trabajadores”, manifestó.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro).

l excomandante para el Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), Juan Sánchez Moreno, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. Detenido el 30 de abril del año pasado, el ex comandante policíaco fue condenado además a pagar una multa de 275 días de salario mínimo -equivalente a 12 mil 113.75 pesos-, así como a recibir una amonestación pública y perder sus derechos civiles y políticos para ejercer un cargo público por los mismos cinco años y tres meses. Cabe recordar que Sánchez Moreno fue detenido por el caso de tortura contra la periodista en el año 2005, en el que también estarían implicados el exgobernador el priista Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y el ex director de la Policía Judicial del Estado Hugo Adolfo Karam Beltrán, quienes siguen en calidad de prófugos. En su cuenta de Twitter, la organización Artículo 19 recordó que en 2017 también fue detenido el excomandante José Montaño, implicado en el mismo delito, por lo cual fue sentenciado con la misma pena que Sánchez Moreno. ARTICLE 19 MX-CA

Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

Proveedores vendían al gobierno medicamentos para el VIH que comenzaron a comercializarse en la década de 1980 y actualmente están en desuso a nivel mundial, reveló el Subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell. “Encontramos medicamentos antiguos. Encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se inventó a principios de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando”, aseguró el subsecretario. El funcionario dijo que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica que impedían que las compras de medicamentos siguieran la guía nacional, que es obligatoria. Como ejemplo, se refirió al caso de medicamentos para adultos. Dijo que de 38 medicamentos que se tenían, había esquemas de 750 combinaciones para tratar los padecimientos. “La combinación de medicamentos nos habla del enorme desorden para el uso de tratamiento del VIH porque son combinaciones no adecuados”, señaló López-Gatell. De acuerdo con el subsecretario las compañías de distribución ejer-

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Dan cinco años de cárcel a implicado en tortura a Lydia Cacho en 2005

Detenido el 30 de abril del año pasado, el ex comandante policíaco fue condenado además a pagar una multa de 275 días de salario mínimo -equivalente a 12 mil 113.75 pesos-, así como a recibir una amonestación pública y perder sus derechos civiles y políticos para ejercer un cargo público por los mismos cinco años y tres meses

@article19mex El día de hoy 15 de enero, nos fue

notificada la sentencia condenatoria en contra de Juan Sánchez Moreno,

por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho cometido en diciembre de 2005. Para la organización, la pena impuesta a ambos expolicías poblanos debió ser mayor pues no refleja la gravedad del delito ni al puesto jerárquico que tenían dentro de la entonces Procuraduría de Puebla. “Cabe recordar que hace 9 meses la Feadle giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Karam, sin que hasta la fecha ninguno haya sido detenido”, reclamó la agrupación. “Para Artículo 19, continúa siendo necesaria la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación a la periodista Lydia Cacho”.

Gobierno compraba antirretrovirales en desuso a nivel mundial contra el VIH: subsecretario cían presiones también hacia los médicos para que recetaran ciertas combinaciones de antirretrovirales. “Entonces, lo que hicimos fue que modificamos por completo el esquema de tratamiento de VIH en México”, dijo. “Primero, definimos que queríamos los mejores medicamentos, los mejores, lo más efectivos, los más seguros, los que creaban la menor resistencia al virus”, afirmó. López-Gatell respondió así a los cuestionamientos sobre el desabasto de medicamentos para el tratamiento del VIH en el país.

Quisieron forzarnos Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema del desabasto que ha enfrentado su gobierno es producto de “resistencias”. “Quisieron forzarnos a dar marcha atrás a lo de la compra consolidada de medicamentos”, aseguró. Explicó que tres empresas distribuidoras de medicamentos concentraban hasta 60 mil millones en la compra anual de medicamentos. “¿Ustedes creen que es poco que tres empresas vendían 60mil millones de pesos? Tres empresas de me-

dicinas vendían 60 mil millones en medicinas y en material de curación, tres empresas que ni siquiera producen los medicamentos, no estamos hablando de laboratorios”, criticó. Se trata de las empresas Grufesa, Dimesa y Maypo, que fueron vetadas a principios del año pasado por el gobierno ante la presunción de que realizaban prácticas monopólicas, como publicó Emilio Godoy en Proceso el 5 de mayo de 2019, en la edición 2218. En un memorándum del 20 de marzo de 2019 dirigido a la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), López Obrador indicó que, en 2018, Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo vendieron 34 mil 280 millones de pesos a los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS). Eso equivale al 62% de las adquisiciones de ambas instituciones ese año.

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Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Insabi quedará consolidado el 1 de diciembre, promete AMLO Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

l presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a más tardar el 1 de diciembre de 2020 los servicios médicos y medicinas serán gratuitas para la población que no tiene acceso a la seguridad social pues, para entonces, estará consolidado el Insabi. “Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho, por eso se creó el Insabi y se está llevando a cabo toda una reorganización del sistema de salud pública. El propósito es que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año”, dijo durante su conferencia de prensa matutina. El presidente dijo que el Plan Nacional de Salud busca garantizar la obligación constitucional del Estado de ofrecer acceso a la salud a toda la población y que el plan está enfocado en el Insabi, pero involucra también al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “Es un compromiso que se tiene que cumplir. Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar hacia los ideales”, aseguró. Según cifras la Secretaría de Salud y el Insabi, 69 millones de mexicanos carecen de seguridad social.

Rodrigo Ver Ciudad de México (apro)

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará una investigación administrativa por los altos salarios que reciben los consejeros y directivos de la institución, con el argumento de que hay dudas sobre su legalidad. En diciembre pasado, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó un salario de 170 mil pesos mensuales para los consejeros porque supuestamente realizan un trabajo especializado. Ese monto supera en 50% el sueldo del presidente de la República, que es de 111 mil pesos mensuales para este año. El titular de la OIC, Jesús George Zamora, explicó que eso quizá pueda violar el artículo 127 de la Constitución, cuya fracción tercera reglamenta los salarios de los servidores públicos que desempeñan trabajos

“Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho, por eso se creó el Insabi y se está llevando a cabo toda una reorganización del sistema de salud pública. El propósito es que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año”, dijo durante su conferencia de prensa matutina

El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, dijo que, como parte de la reorganización del sistema de salud pública, el este año se recuperarán 307 inmuebles abandonados por administraciones anteriores. Además, aseguró que antes de que termine su gobierno se basificarán a más de 87 mil empleados, que trabajan bajo contrato o por honorarios. La meta es que tan solo este año se otorgarán bases a más de 6 mil trabajadores. “Hay más de 80 mil trabajadores

del sector salud que están trabajando por contrato de manera eventual, algunos llevan hasta 20 años y ahí están esperando porque llegaban los recomendados y eran los que ocupaban las plazas”, afirmó López Obrador. El presidente presentó al equipo responsable del funcionamiento del Insabi, además de Ferrer: Alejandro Ernesto Svarch Pérez, Coordinación Nacional Médica; Alejandro Antonio Calderón, Coordinación Nacional de Abastecimiento

de Distribución de Medicamentos; Víctor Manuel Lamoy Bocanegra, Coordinación Nacional del Programa de Basificación; Carlos Sánchez Meneses, Coordinación Nacional de Infraestructura Hospitalaria y Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. López Obrador dijo que todos los martes lo acompañarán en la conferencia matutina los funcionarios del sector salud para informar sobre los avances en la materia.

Por dudas en su legalidad, el INE investigará altos salarios de consejeros y directivos calificados o especializados. También se revisará si en la fijación de los sueldos de los directivos del INE se contó con la opinión del comité de estudios de la Cámara de Diputados en materia de “trabajos calificados”. Igualmente, abundó, se analizará si el INE debió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la controversia constitucional presentada el año pasado con el objetivo de solucionar el problema de la autonomía presupuestal. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que apoyará la investigación del OIC, pero aclaró que finalmente las pesquisas serán de carácter interpretativo, pues no hay verdades absolutas. “Difícilmente hay verdades ab-

solutas, así que estamos muy atentos a lo que se ha planteado en esta vocación permanente de cumplir

con la Constitución que ha tenido esta Junta en las decisiones que ha tomado”.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la redacción Ciudad de México (apro)

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este jueves los resultados de las vigésima sexta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de la que se desprendió que las ciudades de Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla fueron consideradas por la mayoría de sus pobladores como las más inseguras del país. Los datos que arrojó la encuesta realizada en la primera quincena de diciembre del año pasado no dejan duda de ello. En Puebla, 92.7 de la población de 18 años y más declaró sentirse inseguro, mientras que en Tapachula (Chiapas) el porcentaje fue de 92.1%; en Ecatepec (Estado de México) 92%, Uruapan (Michoacán) 92%; Fresnillo (Zacatecas) 91.9%, y Tlalnepantla (Edomex) 90.9%. Julio A. Santaella @SantaellaJulio #ENSU las ciudades con mayor porcentaje de población que consideró en diciembre que vivir en su ciudad es inseguro fueron #Puebla (92.7%), #Tapachula (92.1%), #Ecatepec y #Uruapan (ambas 92%); las de menor porcentaje fueron #Mérida, #SanPedro (ambas 18.9%) y #SanNicolás (31.7%) En contrapartida, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2%, respectivamente. De acuerdo con la ENSU, en el mes de diciembre del año pasado 72.9% de la población de 18 años y más declaró sentirse inseguro en la ciudad en donde habita. Este porcentaje, aclaró, representa un cambio estadísticamente significativo respecto al de 71.3% de septiembre de 2019, pero no es esta-

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó este jueves una “alfombra roja” para recibir al fiscal estadunidense William Barr: sus seis principales secretarios de Estado, junto con procuradores y dos jefes de Estado Mayor, pactaron con el procurador de Donald Trump un “programa común binacional” de seguridad en “tierra, mar, puertos y aeropuertos”. Sin mayores detalles, el gobierno mexicano aseveró en un boletín que la reunión “concluyó con éxito” y que el programa acordado se enfocará en combatir el tráfico de armas, drogas –con énfasis en el fentanilo– y recursos de los grupos criminales. Además, sostuvo, “se abordó la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y combate a las adicciones”. Por parte de la delegación mexica-

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El 72.9% de los mexicanos mantiene percepción de inseguridad; Puebla, a la cabeza: Inegi De acuerdo con la ENSU, en el mes de diciembre del año pasado 72.9% de la población de 18 años y más declaró sentirse inseguro en la ciudad en donde habita

dísticamente diferente al de 73.7% registrado en diciembre de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8%.

El 35.5% víctima directa de la inseguridad A nivel nacional, 35.3% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Tláhuac, Tlalnepantla, Puebla, y las alcaldías Coyoacán y Gustavo A. Ma-

dero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9%, respectivamente. Julio A. Santaella @SantaellaJulio #ENSU las ciudades con mayores porcentajes de hogares víctimas de robo o extorsión durante 2019-S2 fueron #Tlahuac (55.7%), #Tlalnepantla (55%) y #Puebla (53.2%); los menores fueron en #Tampico (13.3%), #Campeche (17.7%) y #Mérida (19%). En cambio, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Tampico, Juárez, Campeche, Mérida y Los Mochis, con 13.3, 16.6, 17.7, 19 y 19.1%, res-

pectivamente. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, durante el segundo semestre de 2019 se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas. A partir del segundo trimestre de 2019 se estima el porcentaje de personas que fue testigo o escuchó sobre el robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) en los alrededores de su vivienda. De igual forma, se estima el porcentaje de población que identifica a la Guardia Nacional y se evalúa la percepción sobre su desempeño, así como el grado de confianza en esta nueva institución del Estado mexicano. Finalmente, a partir de este trimestre se proporciona una estimación de las víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2019 el 19.4% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 27.2%, mientras que en hombres fue de 10.1 por ciento.

AMLO despliega “alfombra roja” para recibir al fiscal estadunidense William Barr na acudieron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón; de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, y el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra. También estuvieron presentes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); los dos jefes de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Homero Mendoza Ruiz, y de la Armada, almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri, así como el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, y Francisco

Acuña Méndez, secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, la dependencia que sustituyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En su visita previa a México, el pasado 5 de diciembre, Barr fue recibido

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebró una “buen reunión” y resaltó que el abogado entendió “que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior”.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

os cuestionamientos a las reformas al sistema de justicia penal propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) continuaron este jueves y se enfocaron en los efectos sobre el sistema penitenciario. De acuerdo con el análisis de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), las iniciativas del fiscal Alejandro Gertz Manero reflejan “retrocesos graves”, dejando sin efecto los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, mientras que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se introduce el “trabajo forzado” y se convierte a las personas privadas de libertad en objetos de estudio, además de que se “busca perpetuar el encarcelamiento masivo”. Asilegal consideró que el paquete de reformas entregadas al Senado de la República va en contra de lineamientos recientemente planteados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que urgió a México a “seguir en el camino de eliminar el arraigo del sistema de justicia”, lo que no fue tomado en cuenta en la iniciativa, y más bien plantea el arraigo como “una nueva herramienta de abuso de derechos humanos, pues ya no se restringirá únicamente al crimen organizado, sino que aplicará como medida cautelar para cualquier otro tipo de delito”. Es “alarmante” que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga semejante propuesta, no sólo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la reforma constitucional al artículo 16. “Lo que más preocupa, puntual-

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

La defensa de Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), impugnó la decisión del juez Jonathan Bass Herrera, quien le negó un amparo contra el juicio político que se le sigue en la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al informar la aceptación del recurso por parte del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El pasado 20 de diciembre, la defensa legal de Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, buscaron protección constitucional en contra de la “discusión, aprobación y trámite legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores públicos” en San Lázaro. No obstante, seis días después

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Reformas planteadas por FGR dejan a la población “en un estado de vulnerabilidad”: Asilegal

mente, es la gravísima intención de dar un retroceso en materia de derechos humanos, dejar sin utilidad o sin efecto los tratados internacionales que se han ratificado por nuestro país”, dejando a la población en general “en un estado de vulnerabilidad acrecentado ante los atropellos sistemáticos del aparato de justicia y las autoridades que lo componen”, alertó Asilegal. En cuanto a las reformas a la actual Ley Nacional de Ejecución Penal, que al menos buscaba dejar “atrás las políticas punitivas y de encarcelamiento masivo”, la organización civil destacó que las personas sujetas a privación de la libertad serán sometidas a “test de personalidad y peligrosidad”, que ya había sido superado al no tener cabida en un modelo de reinserción social, como el que actualmente existe.

Destacó que la reforma respectiva incluye en sus conceptos la “industria penitenciaria”, que obligaría a las personas privadas de libertad a “que adquieran hábito del trabajo” como mecanismo de tratamiento. Con la propuesta, abundó, las personas privadas de libertad “quedan reducidas estrictamente a mano de obra, cuya aportación y valor único a la sociedad es solamente correspondiente a los frutos económicos de su trabajo, el cual además sería forzado”. También consideró preocupante la supresión de facultades de los jueces de ejecución, “que son vitales para la debida garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y se trasladan a la autoridad penitenciara, quitando el control judicial efectivo de los actos que se realicen al interior de los centros peniten-

ciarios”. La propuesta de Gertz Manero establece que los jueces de ejecución ya no participen “en la determinación de los traslados voluntarios, dejando únicamente a la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias la movilidad de los centros; por otro lado, a la autoridad penitenciaria se le dan facultades muy amplias para determinar si una persona es peligrosa o que exista un riesgo, sin un judicial de por medio”. Según Asilegal, es “alarmante” que se pongan obstáculos para acceder a beneficios preliberacionales y a medidas no privativas de libertad, extendiendo de 70 a 75% el porcentaje necesario de la pena para poder tramitar una libertad anticipada, “abonando a una política criminal que busca perpetuar el encarcelamiento masivo”. Al calificar de positivas las propuestas de delimitar el campo de actuación de las autoridades en materia de reinserción social, entre ellas la creación de servicios postpenitenciarios, la organización exhortó al Congreso de la Unión a que “se comprometa a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de derechos humanos, pero sobre todo que se abstenga de llevar al país por un camino de retrocesos que terminan por afectar profundamente los derechos que ya estaban reconocidos”.

Rosario Robles impugna negativa de amparo contra juicio político Bass Herrera notificó que la demanda de amparo había sido desechada. Ante ello, el pasado jueves 9 Hernández Barros y Mendieta Valdés tramitaron una “recurso de queja” en contra de la resolución emitida por el juzgador federal, que hoy fue admitida a trámite. El 3 de diciembre de 2019, la Sección Instructora de la Cámara baja, presidida por el legislador Pablo Gómez, notificó a la defensa de la extitular de la Sedesol y la Sedatu la instrucción de inicio del juicio político en contra de su clienta por el desvío de recursos en ambas dependencias federales. Dicho procedimiento fue incoado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia, el pasado 28 de noviembre. A partir de mañana se abre un periodo de 30 días naturales para la presentación de pruebas y para que la Sección Instructora realice su in-

dagatoria. En un comunicado se dio a conocer que recordaron a Robles que tiene derecho de acreditar un abogado para su debida defensa. Posteriormente habrá un periodo de 60 a 75 días en que “la sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara dentro del plazo de 60 días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo”. Dicho periodo coincidirá con el proceso de juicio que se le sigue a Robles tras vincularla a proceso por desvío de recursos, lo que la mantiene en el penal de Santa Marta Acatitla desde el pasado 13 de agosto, en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa legal desahoguen la investigación

complementaria. Luego de realizarse la segunda audiencia incidental, el 13 de diciembre, se otorgó un plazo de dos meses más –que concluirá el próximo 13 de febrero– para que la parte acusadora y su defensa presenten las pruebas que permitan sentar o desechar el proceso en su contra por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

l Congreso de la Unión ha rehuido a legislar en materia de violencia política en razón de género, unificar la definición de delitos que afectan a las mujeres o despenalizar el aborto a nivel federal, pero ahora se prepara para renombrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada por legisladoras y feministas hace 12 años. Este miércoles 15 de enero, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, presentó formalmente una propuesta de reforma que anunció la semana pasada: modificar el artículo 5 de la Ley General para nombrar esta norma como “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, en referencia a una víctima de feminicidio. Abril fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre de 2019, día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A ella le dispararon cuando se dirigía al aeropuerto para tomar un avión de regreso a Nuevo León, donde vivía. El día del crimen acudió a una audiencia por un juicio por la custodia de sus hijos. Mientras se presenta esta iniciativa en el Congreso para cambiar el nombre a una ley; las y los legisladores han dejado pendiente reformas como aquella para reconocer la violencia política contra las mujeres o la propuesta para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación a nivel federal, entre otros temas. Por ejemplo, el pasado 5 de diciembre, la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas fueron para definir la violencia política de género, un tema que se ha discutido desde 2012 sin legisladoras y legisladores tengan un acuerdo sobre si sólo se debe reconocer, si se debe tipificar o cuáles son las sanciones que hay que imponer. Esta falta de consenso en ambas Cámaras ha hecho que ninguna reforma entre en vigor. Hoy, el tema está de nuevo en el Senado, donde se podría aprobar el paquete de reformas, rechazarlo o modificarlo para que regrese, una vez más, a la Cámara de Diputados. Por otro lado, hace un año, en enero de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el ámbito federal. La propuesta fue presentada el 8 de noviembre de 2018 por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, para reformar el Código

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Retrasan reformas a favor de las mujeres; pero buscan renombrar una ley Este miércoles 15 de enero, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, presentó formalmente una propuesta de reforma que anunció la semana pasada: modificar el artículo 5 de la Ley General para nombrar esta norma como “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, en referencia a una víctima de feminicidio

Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de aborto. Esta iniciativa no fue aprobada y durante el año pasado se sumaron otras propuestas en el mismo sentido. Hasta ahora el Congreso ha rechazado legislar al respecto. Incluso otra propuesta que no pasó fue la presentada el 23 de octubre de 2018 por el diputado de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo para modificar el Artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el “derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía reproductiva”, lo que abría la puerta a la despenalización del aborto.

Legislar para cambiar nombres a las leyes En este contexto, un caso de feminicidio hizo que el senador y fundador de Morena se interesara en modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Batres es el único integrante de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, posición que obtuvo después de que el pasado 15 de octubre pidió ser integrado porque, dijo, “hasta ahora ese órgano ha estado integrado sólo por mujeres, pero el tema de igualdad compete a mujeres y hombres”. Martí Batres @martibatres En la sesión de hoy del @senadomexicano hice pública mi solicitud para incorporarme a la Comisión para la Igualdad de Género. Hasta ahora ese órgano ha estado integrado sólo por mujeres pero el tema de igualdad compete a mujeres y hombres. La semana pasada, cuando Batres anunció su intención de cambiar el nombre de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres publicó un documento en la plataforma change. org para solidarizarse con la familia de la víctima y anunciar su rechazo a este cambio debido a que el proceso de creación de esta ley, incluido el nombre, fue resultado de una amplia investigación, encabezada por mujeres especialistas en el tema. “Quitar el nombre a la ley, sería invisibilizar el trabajo realizado por todas ellas”. En 2007 esta norma fue producto del cabildeo de legisladoras y de la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien ocupó un escaño como diputada federal respaldada por el Partido de la Revolución Democrática, que en ese momento tenía la tradición de otorgar espacios de elección popular a ciudadanas feministas sin partido político, a fin de empujar la agenda de derechos de las mujeres. Marcela Lagarde llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, pero coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley. Esta investigación fue uno de los ejes que dio elementos al equipo de investigadoras para crear la norma, una que hicieron “general” para todo el país, donde colocaron el centro del problema “una vida libre de violencia para las mujeres” y la obligación del Estado de garantizarles el “acceso” a ese derecho. En el escrito de las defensoras, ellas argumentaron que el proceso de creación, metodología aplicada y resul-

tado de esta ley fue profundamente feminista. “El nombre está justificado por una razón política, representa la lucha de miles de mujeres y explica claramente la función de la misma, es decir busca que todas vivamos una vida libre de violencia”. Para quienes analizaron y fueron testigos del proceso para convencer al Congreso de aprobar esta legislación, utilizar el nombre de las víctimas solo es recordar que el estado ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres y entonces debería llevar a un nombre largo e interminable ya que todos los días asesinan mujeres por la ineficacia de los gobiernos. “Estamos conscientes de que las legislaciones deben ser modificadas y adaptadas a las nuevas necesidades para que no sean obsoletas, pero eso no justifica un cambio de nombre que parece ser a capricho e innecesario”. De acuerdo con la iniciativa de Martí Batres, el objetivo de cambiar el nombre de una ley que costó años de trabajo al movimiento feminista, en un hecho simbólico es modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que lleve el nombre de Abril como “un modesto homenaje a esta mujer asesinada en la Ciudad de México”. Según el senador, el homenaje en esta ley es porque se trata del ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. “Es por ello, que de hoy en adelante las mujeres deberán reivindicar la aplicación de la “Ley Abril” para exigir el cumplimiento de sus derechos”. Otras iniciativa del senador Batres Gudarrrama han sido para cambiar el lenguaje que se usa en la Ley Federal del Trabajo a fin de que fuera incluyente; implementar la rotación por género en la presidencia de la Mesa Directiva; sustituir la palabra “varón” por la de “hombre”; y modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los hombres, y no sólo las mujeres, accedan al derecho de guarderías, entre otras.

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Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

RÍO SONORA: JUSTICIA AL FIN Luis Miguel Cano

o primero que vuelvo a pensar, un día como hoy, es que si yo fuera una de las personas más ricas del país y una de mis empresas hubiera generado un derrame como el del río Sonora, por elemental decencia, hubiera dado la cara, visitado el lugar, me hubiera disculpado con la gente y les hubiera preguntado, ¿en qué puedo ayudar?, ¿qué puedo hacer para resarcirles las afectaciones ocasionadas? Las hubiera tratado siempre con dignidad, con respeto, como mis iguales que son. He pensado mucho en ello, casi cinco años. Demasiado tiempo ha transcurrido entre que sucedió el peor desastre de la historia minera nacional y el dictado de una sentencia trascendental para empezar a generar justicia. Ojalá valga la pena la enorme paciencia que han tenido las personas del río, buenas personas a las que he tenido el gusto de acompañar. Ojalá sea ejemplar el fallo que ayer emitió la Segunda Sala de la Corte, en el amparo en revisión 640/2019, para cambiar algo. Lo digo porque lejos de disculparse con las personas afectadas, en lugar de dar la cara, la empresa responsable del derrame buscó siempre excusarse. Trató de aprovecharse de un mecanismo legal –establecido en el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente– para encontrar una salida alterna. Pactó con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

algo que le permitió ser la propia jueza del alcance de sus responsabilidades, para mal. Encontró aliados poderosos en el gobierno, no solamente en la Profepa sino en la Semarnat de aquel entonces. Y ahora, cuando más que en el pasado tenemos que defender a nuestras instituciones de justicia de las ocurrencias del gobierno, precisamente ahora, la Segunda Sala brinda esperanzas de justicia para el caso del río Sonora. Por supuesto, habrá que esperar a conocer la versión definitiva de la sentencia, pero intuyo que en materia ambiental, será un precedente muy fértil. Puedo imaginar el mensaje para las empresas que contaminan: (i) si quieren convenir con el gobierno soluciones alternativas, pueden hacerlo, pero no sin la participación de las personas y comunidades afectadas; (ii) si quieren llevar a cabo programas de remediación ambiental, pueden hacerlo, pero no a espaldas de la gente que habita en los lugares contaminados; y (iii) si quieren inventarse un fideicomiso privado con sus propios recursos, eso no les exenta de tratar con dignidad y respeto a las personas a las que van dirigidos sus recursos materiales. Aunque la Segunda Sala desperdiciara la ocasión para hacer justiciable de forma directa el proceder de la empresa, de todos modos hay suficiente espacio para hacer justicia, y para entregar un mensaje claro a las autoridades involucradas: (i) si van a avalar las acciones de

remediación ambiental de una empresa que contamina, deben respetar al menos los derechos de información y participación ambiental de las personas y comunidades afectadas; (ii) si van a permitirles a las empresas que crearon fideicomisos privados para hacer frente a sus obligaciones, que los cierren y recuperen su dinero, solo lo podrán hacer protegiendo a la gente. De hecho, eso es lo que marca la ley –se sigue del artículo 168 aludido–. Si se ha de pactar entre empresas que contaminan y autoridades ambientales, se tiene que asegurar participación informada de las personas que viven en las comunidades afectadas. ¿Por qué?, porque las personas no son parte del paisaje y sobre ellas y sus derechos, ninguna empresa, ningún magnate, por mucho poder que ostente, y menos alguna autoridad del gobierno, pueden pasarles por encima, como si nada. La Sala seguramente cuidará ser consistente con el amparo que otorgó por el tema de la construcción de una presa de jales por parte de la misma empresa responsable del derrame del 6 de agosto de 2014. Pero espero algo mejor. Deseo que este fallo tenga por efecto más que reuniones informativas y oportunidades para que la gente se exprese, órdenes para dictar nuevas determinaciones, en las que sí se cuide proteger los derechos de las personas y no solo los intereses de la empresa, y que su Fideicomiso Río Sonora se reabra para atender lo que es justo.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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MÉXICO VS. BOLIVIA: EL INTRINCADO CAMINO DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

l pasado 26 de diciembre, en apego a la Convención de Viena –que norma las relaciones entre las sedes y el personal diplomático con los países–, el gobierno de México anunció que presentaría un recurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU para que se respete y preserve la seguridad e integridad de su embajada en Bolivia. Funcionarios mexicanos destacados en La Paz habían denunciado que fuerzas del orden bolivianas, en gran número y fuertemente armadas, así como grupos civiles agresivos, rodeaban la legación diplomática, perseguían a los vehículos oficiales y hasta drones sobrevolaban el área de sus instalaciones. El personal y la embajadora Teresa Mercado eran hostigados, lo que al final derivó en su expulsión del país andino como “persona non grata”. La situación provocó inclusive un fuerte intercambio verbal entre los dos gobiernos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su canciller, Marcelo Ebrard, externaron que ni en los tiempos de las peores dictaduras militares sudamericanas, incluidos los gobiernos golpistas bolivianos, sus sedes diplomáticas habían sufrido tal acoso por proteger a sus opositores. En respuesta, el expresidente y actual delegado del gobierno de facto de Bolivia ante la comunidad internacional, Jorge Tuto Quiroga, calificó a López Obrador de “servil y sumiso” con Donald Trump, y de “cobarde matoncito” con la presidenta interina Jeanine Áñez. También lo acusó de “protector de tiranos”, no sólo refiriéndose a Evo Morales, sino a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De Ebrard dijo que estaba haciendo “futurismo político”. El canciller mexicano explicó que ante ese clima de hostilidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había emitido tres notas diplomáticas, acudido a las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) y establecido contactos con otros gobiernos de la región, hasta que se decidió presentar un instrumento jurídico contra Bolivia ante la CIJ. Según el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el acoso por parte del nuevo gobierno boliviano se inició desde el momento en que México otorgó asilo a Evo y le ayudó a abandonar el país. Pero el hostigamiento contra la embajada mexicana se tornó virulento cuando cinco exministros, un exprocurador, un exgobernador y otros dos funcionarios afines al Movimiento al Socialismo, de Morales, se refugiaron en ella, luego de que Áñez anunciara una “cacería” para detenerlos.

Lucía Luna

Y México teme que para ello se ejerza alguna acción de fuerza contra su legación. Pero a su contraparte boliviana no parecieron inmutarle los argumentos jurídicos ni la denuncia ante la CIJ. Tanto el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como la canciller, Karen Longaric, adujeron que los exfuncionarios asilados en la embajada mexicana no eran “presos políticos” y se les buscaba por “delitos del fuero común”, como sedición y terrorismo. Y también consideraron que Evo había violado acuerdos internacionales al hacer declaraciones públicas sobre la situación política de Bolivia desde su exilio en México. Ciertamente el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aclara que el asilo político no es ilimitado, ya que “no se concede a perseguidos que quieran evitar el enjuiciamiento por delitos no políticos o actos contrarios a los propósitos y principios de la ONU”. Y cita como ejemplo crímenes de guerra, contra la paz o la humanidad. Pero más allá de la desmesura de los cargos contra los funcionarios asilados, que no se sostienen jurídicamente, las órdenes de aprehensión fueron giradas por Áñez después de que México ya les había concedido el asilo, y no pueden aplicarse en forma retroactiva. En cuanto a las declaraciones políticas de Evo en territorio mexicano, es elemental suponer que un asilado no puede conspirar ni planear acciones criminales o de fuerza desde su país de acogida; pero la Constitución local le garantiza a refugiados y asilados las mismas libertades que a cualquier otro ciudadano, entre ellas la de expresión. Y que se recuerde, en los setenta y ochenta del siglo pasado, cuando se dio un gran flujo de asilados políticos de las dictaduras centro y sudamericanas –incluidas las bolivianas– a México, éstos no se vieron limitados en sus expresiones político-ideológicas e inclusive formaron grupos y participaron activamente en la vida académica, periodística y artística del país. México, además, tiene una larga tradición en materia de asilo. Están

los miles de refugiados españoles que tras la Guerra Civil huyeron del franquismo. Y casos como el del expresidente argentino Héctor J. Cámpora, que perseguido por los militares permaneció tres años asilado con toda su familia en la embajada mexicana en Buenos Aires. O, a semejanza de lo que ahora hizo López Obrador con Evo, el avión que el expresidente Luis Echeverría mandó a Chile para rescatar a Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende. En cuanto a la presencia excesiva de efectivos armados en torno de la embajada de México –que llegaron a ser casi un centenar–, el Ministerio de Seguridad boliviano adujo que se pretendía evitar una posible fuga de los asilados hacia la frontera con Argentina, pero sobre todo dar respuesta a una solicitud de “protección” de la propia legación. En apoyo, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano publicó dos cartas con sello y firma, pidiendo que “se garantice la seguridad adecuada para preservar la integridad del personal y los inmuebles de esta representación (mexicana)”. Las cartas hacían mención a una serie de protestas por parte de opositores a Morales y vecinos del coto donde se ubica la embajada, que cada día se habían vuelto más virulentas. Al final, el número de agentes del orden se redujo considerablemente después de las quejas de México, no así el de grupos civiles, que inclusive organizaron “guardias” de vigilancia. Esta situación también está prevista en el derecho de asilo, que no sólo contempla la protección ante “actos, amenazas y persecución de la autoridad”, por motivos de raza, religión, nacionalidad, oposición política o pertenencia a un grupo social, sino también de “personas o grupos que hayan escapado a su control”. En este caso, más que fuera de control, parece una licencia deliberada. Pero todo esto tiene que analizarlo la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, y el proceso puede ser largo. Tanto, que muy probablemente el actual gobierno interino de Bolivia ya no esté en funciones; y el de López

Obrador quién sabe. Porque primero se tiene que dilucidar si el juicio procede; luego vendrán la recopilación de pruebas y los alegatos; enseguida las deliberaciones y, al final, el fallo. Es decir, meses o años. De cualquier manera, si el gobierno mexicano no se desiste o los dos países llegan a un acuerdo, el proceso seguirá adelante, porque son los Estados y no los gobiernos los denunciados y denunciantes (no confundir con la Corte Penal Internacional, que juzga individuos y donde las denuncias pueden ser presentadas por entes privados, sociales, gubernamentales o el propio Consejo de Seguridad de la ONU). Y sus fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio, aunque en los hechos no siempre ocurra así. México, por ejemplo, tiene el antecedente del caso Avena, que se abrió debido a una demanda del gobierno mexicano contra Estados Unidos, por violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Éstas impidieron a 51 ciudadanos mexicanos que cometieron delitos en territorio estadunidense acceder a apoyo consular durante su juicio, y fueron condenados a la pena de muerte. Este caso se resolvió bastante pronto, ya que se presentó en enero de 2003 y el fallo fue en marzo de 2004. Sin embargo, y a pesar de ser vinculante, a casi 16 años México sigue batallando para que las autoridades estadunidenses lo apliquen. Tanto, que el 20 de diciembre pasado la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre “la necesidad de su inmediato cumplimiento”. Desde un principio, Washington alegó que se trataba de una interferencia en sus órganos jurisdiccionales y una intromisión en su soberanía, a pesar de que, como miembros de la ONU, los Estados no pueden excusarse en su derecho interno. A lo largo de este tiempo, y pese a todos los esfuerzos diplomáticos y legales, seis ciudadanos mexicanos que no tuvieron ese apoyo han sido ejecutados por las cortes de Texas. Bolivia, por su parte, ha tramitado dos casos en la CIJ, ambos contra Chile. El primero, presentado en 2013 por el gobierno de Morales, argumentaba que el gobierno de Santiago tenía la obligación de sentarse a negociar con el de La Paz, para encontrar una solución a la demanda histórica de recuperar una salida al mar, perdida en la Guerra del Pacífico de 1879. El juicio duró cinco años, y en octubre de 2018 la Corte falló que Chile no tenía ninguna obligación de negociar con Bolivia, porque ésta esgrimía argumentos históricos y políticos, pero no legales.

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Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LO LAICO NO QUITA LO DECENTE

a semana pasada me acordé de un intercambio, allá por 2008, cuando apareció el libro El Estado laico y sus malquerientes de Carlos Monsiváis: –¿Para qué un libro sobre el pasado cristero? –le dije para incomodar, mientras lo hojeaba. –Es sobre el futuro panista –respondió levantando las cejas hirsutas. Los debates que la semana pasada suscitó la iniciativa de una diputada por Zacatecas para borrar de la Constitución mexicana la frase “separación de Iglesia y Estado” me dejaron un poco perplejo sobre las nociones de laicismo que habitan en las entrañas de nuestros representantes. Más allá de que en esta legislatura han existido iniciativas para dotar de buzones a los hospitales para que por ahí se deslicen bebés no deseados; penas de cárcel para árbitros de futbol vendidos; y, en la CDMX, la propuesta de vender cerveza caliente para desalentar su consumo, no importa tanto el hecho aislado, sino lo que sacó a flote: una confusión de conceptos y de historia nacional. 1. El Estado laico es uno sin religión, no uno –como pretenden algunos despistados– que incluya a todas las religiones. Se debe a las guerras de religiones en Europa, entre protestantes y católicos, y de éstos contra el Islam. El Estado se construye entonces, no en lo que divide tan enfáticamente a sus ciudadanos, sino ante lo que los hace iguales: su estatus de seres humanos, sus derechos humanos. El Estado es neutral en las creencias personales y activo en la protección de sus derechos comunes. Así de simple. La idea de un Estado que cobije todas las creencias nos devuelve al origen del conflicto: Marsilio de Padua, en el siglo XIV, ya veía como un problema el que un soberano decidiera sobre la verdad divina obligando a sus súbditos a creer en ella, so pena de ser castigados. La reserva de Marsilio era todavía teológica: ¿cómo puede ser verdadera una creencia coaccionada? Y, más aún, ¿cómo una autoridad podía abrogarse esa verdad divina sin cometer un pecado de soberbia? Tarde o temprano, el asunto acaba siendo el mismo desde hace siete siglos: ¿cuáles religiones debe adoptar el Estado? ¿Cuántas son todas? La Inglaterra de Cromwell, atosigada por las guerras entre protestantes y católicos, entre obedientes al rey y súbditos del Papa, separó tres tipos de libertades: la religiosa, la civil y la doméstica. En la civil residía la libertad política, sin ninguna religión, de “encontrar juntos la verdad de cada momento”. En todo instante, debe existir la posibilidad de que cada hombre y mujer inten-

Fabrizio Mejía Madrid

ten buscar el conocimiento (de ahí, la propuesta de eliminar la censura previa a las publicaciones), educarse a sí mismos, y decidir. Más tarde, Baruch Spinoza esgrimirá el asunto de un Estado por encima de las divisiones de las creencias, del temor y la esperanza, es decir, en el que se obedece sólo por la razón. La vida en función de esa razón es la libertad política y constituye al Estado mismo: un representante insensato, aunque actúe por propio interés, provocará la indignación popular. El acto injusto de un gobernante causará su propia ruina y no importará si lo aprueba el Papa. Los ciudadanos lo son ante la ley y el Estado y no agrupados en religiones, institucionales o no, que les dicten qué hacer. La esfera pública se constituye, no a través de las creencias personales, sino del debate de los asuntos que competen a todos. Para el siglo XVII, John -Locke parte de dos principios para el Estado: los hombres nacen libres y todo gobierno existe sólo por el consentimiento de sus gobernados. Es un Estado constituido por fuera de toda creencia o superstición. Separados sus asuntos de lo que cada individuo cree en la soberanía de su hogar. No como pretenden los que usan ahora la palabra “laico” como sinónimo, no de separación entre lo espiritual y lo político, sino de abarcar a todas las religiones, así sean las que creen en los Ovnis. 2. Releyendo el libro de Monsiváis, me queda claro el despliegue histórico de la República en México. Trata el laicismo como dos procesos simultáneos: el escape de la vida cultural de entre las paredes de las iglesias y la división tajante –guerras de por medio– entre las funciones del representante electo y las del arzobispo que tiene autoridad por quién sabe qué juegos de lealtades y traiciones con el Papa. Las pasiones espirituales, dice Monsi, se habitan en el México del siglo XIX en la poesía, las artes, “el culto al paisaje”, el amor romántico y el patriotismo; es decir, lo épico de la entrega solidaria. Es decir, se puede ser íntegro, ético y honesto sin necesidad de coacción religiosa.

Monsiváis apunta mucho más lejos: la República requiere, para darse sentido, del laicismo. Este punto me parece importante ahora que existe una retórica del perdón, la memoria y la justicia. Es la diferencia entre pedirle perdón al otro y pedírsela a Dios porque te va a castigar. Es el caso de los sicarios o de los expresidentes que alentaron a un cártel que dejó 240 mil muertos en el país. Para modificar sus conductas, es necesario que le pidan perdón a los que hicieron daño, no a Dios. Ese perdón del otro ser humano es muy distinto del que otorga el sacerdote, que observa el arrepentimiento y da como castigo rezar 500 rosarios y una limosna para el techo de la iglesia. En ésta, la relación primaria es con un Dios que prohíbe el mal y no con quien debe ser, las víctimas. La víctima no es Dios contra el cual pecaste, es con las víctimas que sufrieron los asesinatos de sus familiares, la desaparición de sus cuerpos, el desplazamiento obligado de sus comunidades. Usted dirá que no hay diferencia, mientras se logre el objetivo: que los sicarios ya no maten y que los expresidentes devuelvan la riqueza que les dejó la guerra “contra el crimen organizado”. Pero sí que existe. 3. El punto es la creación de una comunidad. Si los que hacen el mal no piensan en sus víctimas y sólo en que contravinieron un mandamiento, el perdón de las víctimas no llegará, es decir, y no puedo enfatizar más esto, no abandonarán su ira, sus deseos de venganza, su necesidad de ser compensadas frente a frente por sus victimarios. Por eso, son las religiones las que ensalzan la violencia: mientras tengan el permiso de Dios o de alguno de sus representantes en la Tierra, podrán asesinar, desollar, descuartizar a sus víctimas. ¿No llevan los sicarios a bendecir sus “cuernos de chivo” a las iglesias? La idea de “portarse bien” no debe ser con los dioses que la legisladora quiere incluir en la República, sino con los demás, que no son medios para lograr un pago y, entonces, una camioneta y joyas, sino que son fines en sí mismos. Esa idea es laica, no religiosa. Proviene de lo que surge a

partir de la separación entre Iglesia y Estado: los derechos humanos. Proviene de la idea de que somos comunidad: que tu víctima es padre, hijo, amante, pareja, amigo, y no sólo “daño colateral”, un pecado de las circunstancias que obtendrá de tu sacerdote predilecto un perdón incondicional. Sentir que le has hecho daño a otra persona es muy distinta de pensar que has infringido las reglas divinas porque, entonces, tu relación primaria con el mal es con alguien a quien, a diferencia del Creador, sí siente dolor. 4. Un grafiti de las protestas contra el neoliberalismo en Santiago de Chile exhibe con precisión esta diferencia entre religiones del perdón incondicional y la política cívica: Jesús crucificado, al que le falta un ojo –en referencia al blanco ocular al que los carabineros decidieron dispararle– dice: “No los perdones, porque sí saben lo que hacen”. Lo que palpita en el fondo del consejo es que no son las víctimas las que deben ofrecer el perdón a sus verdugos, sino que éstos deben comparecer como tales ante la opinión pública. La resignación –tan cara al nacionalismo revolucionario mexicano y a las dictaduras latinoamericanas– no existe dentro de una política laica, sino como restitución del daño, disculpa pública, memoria, y la garantía de que ese mal en particular no debe repetirse. En el catolicismo, el perdón de los sacerdotes no garantiza ni que se vea a la víctima como un igual, un doliente, un ser humano vulnerable, ni que no se repita el daño; siempre habrá un perdón incondicional. 5. El laicismo mexicano, nos dice Monsiváis, no proviene de los debates filosóficos de Spinoza y de Locke, sino de la revolución francesa. Es por eso que es político, jacobino, anticlerical. La reforma juarista nacionaliza los bienes de la Iglesia, prohíbe los cultos públicos, suprime las órdenes religiosas y sus fueros, abre calles que albergan conventos, convierte la educación pública en el centro de la razón; es decir, de “la libertad de filosofar”. Es en las escuelas públicas donde se construye la ética republicana, que no es ya más una “verdad revelada”, sino producto del debate de los hechos, entre iguales. Eso crea república. La religión, sea cual fuere, no es necesariamente comunitaria porque privilegia la relación con Dios, el aislamiento de sus ascetas, la exclusión de los distintos. Y no es, en modo alguno, en sí misma pacificadora. Todo lo contrario. Engendró dos guerras mexicanas. Lo que le hace falta al país violento y roto no es la bendición y el bautismo, sino seguir construyendo, desde las escuelas públicas, la ética de la república, una verdad dialogada.

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Expresidente municipal, a proceso

osé Guadalupe Reyes Osorio, síndico suplente y esposo de la presidenta municipal de Ixtapangajoya por el Partido Verde Ecologista de México, Susana Isidro Cadena, no imaginó que comenzaría el 2020 con un auto de vinculación a proceso por la agresión y amenazas cometidas en contra del comunicador Moisés Sánchez Montes, en junio de 2019. El agresor creyó, supongo, que su puesto en el Ayuntamiento, el “rol de poder” que presume y el papel de administradora municipal de su esposa —al menos de membrete—, le serviría para mantenerse al margen de la ley y que todo quedaría en el limbo de la impunidad, al que está acostumbrado desde tiempo atrás. Nunca pasó por su cabeza, tampoco, que la Fiscalía de Periodistas, a cargo de Eduardo Morales Montes, lograría que el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Distrito Norte del Estado acreditara que dicha agresión fue derivada del ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión de la víctima, y que con ello se imponga una sanción de podría ser penal o administrativa (ya veremos más adelante). No hay marcha atrás en el tema y que bueno. Me da gusto. Ahora Reyes Osorio debe presentarse de forma periódica al juzgado y está impedido a acercarse a la víctima durante el proceso penal, con lo cual, intuyo, se le brindarán todas las garantías necesarias para salvaguardar la integridad del periodista. Recordemos que el 09 de junio del año pasado, dos días después de la conmemoración de la Libertad de Expresión, Reyes Osorio golpeó

en el rostro y amenazó de muerte a Moy Montes, ante la mirada atónita de varios compañeros de la región norte que cubrían una cabalgata en el balneario Río Blanco, en Ixtacomitán. ¿La causa de la agresión? Una nota publicada en donde la víctima criticó el quehacer político del agresor al usar a la munícipe como “juanita”, lo cual desbordó la cólera del funcionario quien fuese presidente municipal de Ixtapangajoya en dos ocasiones: la primera con el Partido Acción Nacional (20052007) y la segunda con el Partido Verde Ecologista de México (20122015). Tras la agresión, el comunicador denunció ante la Fiscalía de Distrito Norte los hechos y el caso fue turnado a la Fiscalía de Periodistas en razón de la materia, quien dio seguimiento al caso y hoy ha logrado un paso importante. La línea de investigación fue la libertad de expresión y consistió en la protección a la integridad de la víctima, así como al análisis de contexto, entrevistas a testigos, dictámenes periciales de lesiones, victimológicas y psicológicas, todo bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Ahí se acreditó que la víctima ejerce actividades consistentes en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de diferentes plataformas de información digital. Asimismo, que la agresión fue a causa de su ejercicio en estas actividades propias de un periodista y en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. El resultado ya está y es a favor del periodista, lo

cual celebro. Lo cierto es que este paso es un precedente en materia de investigación en este tipo de delitos. Me da gusto que se muestre voluntad y se busque ir cerrando la enorme brecha de corrupción e impunidad que impera en el país. Sobre todo porque, como se ha informado, del 2016 a la fecha en esa zona Norte de la entidad se han dado 25 agresiones registradas ante la Fiscalía y se han ido dirimiendo o conciliando, según sea el caso. Hay pendientes, claro que los hay. El caso del periodista Mario Gómez es uno de ellos y, por ende, seguiremos pugnando por la justicia en su nombre. Por lo pronto, bien ahí por el compañero Moy Montes que no se quedó callado y elevó la voz, y por el acompañamiento del Fiscal de Periodistas. Esperemos que este tipo de casos sirvan de antecedente para que los políticos que creen que siguen viviendo en los tiempos donde eran intocables. Aprovechando el tema, al síndico deberían investigarlo por la denuncia que desató su ira en aquella ocasión, por violencia política en razón de género. Es un secreto a voces que quien ostenta el poder y despacha como presidente municipal es él. Es decir: usurpa funciones, maneja el recurso, está armando una plataforma para buscar dejar un alfil más en ese Ayuntamiento y mover los hilos a su antojo. Y lo peor cree que es su negocio y que nadie va a quitarlo. Todo lo anterior en contra del discurso, el trabajo y las acciones propuestas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en esta 4T. Ojalá tomen cartas en el asunto. Ya

ampliaré en el tema. #Manjar Por doquier veo memes de la señora María Elena Orantes. La tundieron con todo luego de que quien le maneja las redes sociales la quisiera mostrar en un recorrido en el Cañón del Sumidero, cuando la imagen era de Chapultepec. Grave error en estos tiempos. Nadie olvida el arribismo desde que estaba en el PRI, su berrinche cuando le quitaron oportunidad de participar y abandonó el barco para refugiarse en el movimiento naranja, sus pifias con el cambio de nombre a una colonia y el origen del caldo de gallina en la entidad, entre mucho más. Su aporte siempre será a título personal. Es decir, para su beneficio. Lo demás no le importa. Y ojo que su afán de mostrarse cada vez más tiene lógica. En febrero empieza el proceso electoral federal y en octubre el estatal. Seguramente levantará la mano y buscará encajar en algún puesto. Es una mujer hábil en política y ha construido relaciones y padrinazgos que le valdrán algún espacio en la Cuarta Transformación. Nos guste o no, así funciona todo. Ya lo verá. #LástimaMargarita // “Debo hablar de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras, habré de decirlo”. Sergio Gonzáles Rodríguez. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Lecciones de amor de Pitigrilli y el disco de The Heart Of Saturday Night de Tom Waits. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

a madrugada del 26 de mayo del 2016 el presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar –ya en plena campaña por la gubernatura de Chiapas-, y su cunca el diputado Carlos Penagos fueron liberados luego de ser secuestrados y retenidos por los habitantes de Chenalhó, quienes exigían reconocimiento legal para cambiar de autoridades municipales, “autoridades que siempre eran impuestas por los políticos y gobiernos en turno”. La liberación del hoy senador comiteco emanado de las filas del PVEM y recogido por Morena, que recibe toda la basura que desechan otros partidos políticos, fue luego que la noche anterior los humillaron, los vejaron, los pasearon por el pueblo vestidos de mujeres y los hicieron bailar, los exhibieron, se burlaron de ellos, como los políticos se burlan de ellos en el momento de elegir a sus autoridades tradicionales”. “Sentí que era el último día de mi vida”, dijo al día su liberación Ramírez. Lo que pasa que los indígenas se encontraban muy indignados y ofendidos por la intromisión de políticos corruptos como Eduardo Ramírez en los procesos electorales. La liberación del también conocido como “zanja negra” se logró hasta que los indígenas se hicieron respetar por esta runfla de políticos oportunistas, serviles y abyectos, a regañadientes respetaron sus tradiciones y costumbres en la elección de sus autoridades y aprobaron la renuncia de la exalcaldesa Rosa Pérez y le tomaran la protesta al nuevo alcalde de Chenalhó, Miguel Sántiz Álvarez. Finalmente zanja negra tuvo que conformarse con la senaduría, porque la gubernatura ya había sido negociada entre los corruptos de López Obrador y Manuel Velasco Coello, este protegido del primero, ya que desvió recursos públicos del estado para financiar la campaña electoral del tabasqueño. Zanja negra, el jaguar negro reprimido, al inicio del gobernador más ladrón que haya tenido Chiapas, el güero Velasco ocupó el cargo de secretario de gobierno, el cual utilizó como su plataforma política para saltar a otros puestos de elección popular, gracias al desvió de recursos que realizó cuando función como funcionario y luego al acaparar el poder político en el Congreso local por casi seis años. Cuando Ramírez fue secuestrado, lo agarraron como el tigre de Santa Julia o quizás también como Alfredo Ríos Galeana, enemigo público número uno de México en los años 80´s, que a cada rato era aprendido y a cada rato se fugaba, quien recién falleció este miércoles, no esperaba el “cuatro” que le prepararon los indígenas y a la inútil guardia personal del entonces líder del Congreso. Ramírez debió aconsejar al actual secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, no salir fuera de su oficina sin ser protegido por una abultada guardia personal y de seguridad pú-

Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Brito Mazariegos una rata de escritorio • Hay que fortalecer el tejido social con apoyo a grupos vulnerables • Resalta Carlos Morales la disciplina financiera en el municipio tuxtleco blica, de lo contrario deberá atenerse a las consecuencias. Es por ello, la fobia que Brito Mazariegos el “encargado de la política interna” del gobierno estatal, de salir a atender los diversos conflictos en las comunidades; no sale ni a la esquina, es más ni va por el pan, pues teme que en una de tantas por su política errática para resolver los conflictos políticos y sociales, opta por no salir aunque le llamen “rata de escritorio”. Eso sí, Brito afina el colmillo cuando manda a traer a los diversos grupos a su oficina, se avienta un rollo, que ni él se la cree, pero poco le importa porque al igual que Eduardo Ramírez se ha subido al carro de Morena en pos de la gubernatura. Lo cierto es que Brito anda en campaña, en pos del voto de incautos y de ignorantes -es posible que su jefe lo ignore-, pero eso no importa cuando se anteponen intereses personales, Morena da para eso y para más, no creen.

Importante fortalecer del núcleo familiar

Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias tapachultecas y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento o del tejido social, una iniciativa de la maestra Laura García Arjona, desde su llegada al frente del Sistema DIFTapachula. De esta forma, se brinda atención a las necesidades de las familias, impulsando así el desarrollo de sus integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en el bienestar social. Además el de asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. García Arjona, tiene la perspectiva de ser una institución reconocida a nivel municipal para que sus acciones trasciendan al estado para brindar atención cercana a las familias tapachultecas y a personas susceptibles de vulnerabilidad, a través de programas que promuevan el bienestar social, el fortalecimiento familiar y la puesta en práctica de valores que nos permitan contribuir

a la construcción de condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Por ello, hoy por hoy, una de las dependencias que mayor trabajo tienen en el municipio fronterizo es el DIF Municipal de Tapachula de donde se tiene registro de apoyo a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, y niños en condición de calle. Pero los esfuerzos de la maestra Laura García, no quedan ahí y en sus incansables acciones se agregan la operatividad en infraestructura como casas de Día para abuelos que tienen familia pero actúan como lugares de esparcimiento y desarrollo para ellos. Aunque a nivel nacional existen problemas en el sector salud, aquí en Tapachula se trabaja con lo que se tiene y da para eso y más con la visión altruista de la titular del DIF municipal y muestra de ello es la clínica para niños con altruismo y la de rehabilitación para personas que requieren terapias ante accidentes o enfermedades motrices, sin olvidar la casa hogar para adultos mayores que carecen de familia, entre otras. Por ello, es de resaltar la labor de García Arjona, quien así promueve los valores que encaucen el fortalecimiento y el tejido social.

Carlos Morales aprueba encuesta de alcaldes a nivel nacional

Una disciplina financiera que permitió la reducción sustancial de gastos para orientarlos a programas sociales de impacto y beneficio social, fue expuesta por el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, al informar a grandes rasgos la situación política, económica y administrativa municipal que prevalece en el ayuntamiento tuxtleco. El alcalde Morales Vázquez al sostener una reunión de trabajo con su gabinete legal y ampliado, subrayó que los ahorros se generaron por reducción de nóminas y disminución

sustancial de gastos de combustible, asesoría, energía eléctrica, estudios e investigaciones y gastos de publicidad, entre otros. Todo estos ahorros, aunado a un estricto control financiero, permitió liquidar deudas millonarias, así como renegociar y reducir algunas de ellas que se venían arrastrando desde administraciones pasadas como las de CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad y Veolia. Además resalto que esta disciplina financiera y el estricto control del gasto público, permitió enfocarlos hacia obras de infraestructura urbana, vialidades, alumbrado público, rehabilitación de drenes pluviales, alcantarillados, campañas de promoción a la salud, seguridad pública, limpieza y rehabilitación de espacios públicos, entre otras acciones más. Carlos Morales puso de relieve la disminución de los índices delictivos y la reciente encuesta de la empresa Mitofsky, que lo coloca entre los presidentes mejor calificados del país. El edil tuxtleco convocó a todos sus colaboradores a redoblar esfuerzos, ya que una vez superada la crisis en que se encontró a la administración, este año debe ser de consolidación, al momento de reconocer el apoyo del gobierno estatal hacia el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por lo que se continuará trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Es de destacar que la empresa Mitofsky ubicó al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, en el puesto número 23 de la lista de alcaldes con más alta aprobación ciudadana a nivel nacional.

Del Montón

Durante el primer año de gobierno de la cuatrote, el presidente López Obrador se ha visto rebasado por tragedias y traspiés que han manchado su famosa transformación, sin embargo, el apoyo por sus seguidores continuaba intacto. Hasta el inicio de este año, el mandatario gozaba del amor del “pueblo bueno y sabio” pero fue hasta que se metió con el Seguro Popular cuando parece que los mexicanos comenzaron a despertar y a ver afectados sus intereses. Además del sector salud, el de Macuspana quedó en ridículo al dar a conocer que el avión presidencial no había podido ser vendido y que se tiraron a la basura 30 millones de pesos al mantener la aeronave bajo el resguardo de una empresa en la Unión Americana cuando pudo haberse quedado aquí y disminuir el costo de su mantenimiento. Tras las mentiras y el peso que dejará la instalación del Insabi, la ciudadanía habría castigado al tabasqueño dejando de confiar en él, según explica la estadística #AMLOTrackingPoll llevada a cabo por la empresa Consulta Mitofsky y publicada en el periódico El Economista. En ella, se muestra como en nueve meses la aprobación de López bajó de 66.3 por ciento hasta el 57.2 por ciento este jueves. * * * Eso es todo por hoy, hasta el próximo lunes primero Dios con más de lo mismo.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

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Viernes 17 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1811 RESOLUCIÓN

Rosario Robles impugna negativa de amparo contra juicio político

INFORME

Chiapas tendrá nuevo partido local: IEPC

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REUNIÓN

AMLO despliega “alfombra roja” para recibir al fiscal estadunidense William Barr

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OPERATIVO

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COMPROMISO

El Insabi quedará consolidado el 1 de diciembre, promete AMLO

Encuentran en Oaxaca siete fosas clandestinas Con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó un operativo en la zona conocida como “Mil Islas”, perteneciente a San Pedro Ixcatlán en la Cuenca del Papaloapan, donde fueron localizadas siete fosas clandestinas con restos humanos.

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Dan cinco años de cárcel a implicado en tortura a Lydia Cacho en 2005