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CONTRAPODER EDICIÓN 1810

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

La otra versión de la inseguridad

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La inseguridad se apoderó de Chiapas, pero ni el gobernador ni sus funcionarios se dan por enterado. Ellos siguen el mismo discurso del antiguo régimen en el que se vende la idea de que todo está muy bien

El presidente de la CEDH generó un clima de terror en el organismo. Hay una persecución laboral y un incumplimiento de pagos. No hay protección ni promoción ni respeto ni garantía de derechos. La CEDH frente a violaciones de derechos humanos es una comparsa del gobierno

DIARIO

$ 7.00

CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 16 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1810

INICIATIVA

DENUNCIA

Aplazan presentación de reforma al sistema de justicia penal tras filtraciones “Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo

Vecinos colocan topes que afectan a la población en el Kilómetro 4

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ALERTA

Advierten retroceso de derechos fundamentales con reformas de Gertz

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Maestros de secundarias técnicas sin respuesta a pagos PAG. 3

Rodolfo Cruz Ocaña, coordinador académico de la ESTI 156 dio a conocer que desde hace tres días se encuentran demandando el pago de salarios a docentes de este plantón sin obtener respuesta.

EL DIVAN Sergio Stahl

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CAMINAR POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ José Gil Olmos

REPORTE

Chiapas entre las entidades con mayor mortalidad materna

HOY ESCRIBEN

ESPERANZAS AMBIENTALES

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Luis Miguel Cano López PAG. 14

ADIÓS AL OASIS CHILENO Ariel Dorfman

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POPULISMOS QUE MARCAN EL FIN DE LA POLÍTICA Mauro González Luna

UNA MUCHACHA

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Fabrizio Mejía Madrid PAG. 4

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Jueves 16 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La otra versión de la inseguridad

L

a inseguridad se apoderó de Chiapas, pero ni el gobernador ni sus funcionarios se dan por enterado. Ellos siguen el mismo discurso del antiguo régimen en el que se vende la idea de que todo está muy bien, minimizan los problemas y creen que repitiendo el cero tolerancia, en automático se acaba con la delincuencia y la violencia que prevalece en muchas localidades. Asombra el cinismo y la irresponsabilidad cuando anuncian que la inseguridad disminuyó y que eso se debe gracias al trabajo del gobernador y a la mesa de seguridad, cuando la realidad es otra; la fiscalía general del Estado manipula la información y el registro de los delitos, porque no se levantan las denuncias de los afectados sino que se elaboran actas administrativas que suelen archivarse. Dicho en otras palabras, la fiscalía en Chiapas juega con el dolor de las personas y oculta información de los delitos que a diario se cometen.

La administración de Rutilio Escandón debe dejar de mentir en materia de seguridad, porque una cosa es la percepción que tiene el gobernante y otra es la percepción de la ciudadanía, que sufre a diario los embates de la delincuencia. Los daños ocasionados por la inseguridad en la entidad está acompañada por indignación y un profundo malestar en la población, debido a que la fiscalía, en las horas siguientes de cometido el delito, anuncia la detención de los presuntos delincuentes, pero regularmente, esto sucede por la fabricación de pruebas y la práctica de tortura que vuelve confeso a cualquier inocente lo que origina que se reproduzcan patrones de impunidad. Las reuniones mañaneras de la mesa de seguridad no vienen funcionado y la razón fundamental de que no funciona se debe a que Chiapas es una sociedad en la que la ley no se aplica, en el que se tiene un 99% de los niveles de impunidad.

A esto hay que agregarle a que en Chiapas no hay un plan estatal de seguridad y prevención del delito y mucho de la ausencia de trabajo en materia de seguridad viene recayendo en los municipios, quienes no tienen facultades para perseguir y enfrentar a la delincuencia organizada, y donde la función municipal en materia de seguridad se circunscribe a la labor preventiva. Chiapas tiene hoy serios problemas de gobernabilidad y graves problemas de inseguridad, de creación de empleos y de inversión pública, pero el gobernador Rutilio Escandón señala que va muy bien y que puede estar mejor. Lo cierto es que a la administración de Rutilio se le relaciona con los gobiernos de la continuidad del desastre chiapaneco y en nada se diferencia de los gobernadores que lo precedieron. Pues éste continúa con la misma indiferencia, impunidad, corrupción, frivolidad, caprichos, opacidad, ineficacia y rencor.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Jueves 16 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Ordenan a Presidente Municipal de Arriaga, pague a síndico y regidores A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

E

l Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), ordenó al –nuevo– alcalde de Arriaga, José Alfredo Toledo Blas, reincorporar a la función pública a la síndica y a tres regidores; munícipes que se les ha violentado sus derechos políticos electorales. En sesión pública, el pleno del TEECH solicitó al Ayuntamiento de Arriaga convocar a la síndica municipal, Alma Ruth Gutiérrez Vera; y a los regidores; María Candelaria López Morgan; Adán Martín Méndez Díaz; y Jorge Luis Gutiérrez Cruz, a las sesiones de Cabildo luego de expresar agravios a la hora de ejercer

En sesión pública, el pleno del TEECH solicitó al Ayuntamiento de Arriaga convocar a la síndica municipal, Alma Ruth Gutiérrez Vera; y a los regidores; María Candelaria López Morgan; Adán Martín Méndez Díaz; y Jorge Luis Gutiérrez Cruz, a las sesiones de Cabildo luego de expresar agravios a la hora de ejercer su cargo su cargo. Como parte del juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía TEECH/JDC/033/2019, los magistrados exhortaron al Ayuntamiento pagar sueldos a los cuatro funcionarios municipales. “Las magistradas y el magistrado acreditaron la violación al derecho político electoral de ser votado bajo la modalidad de ejercicio y desem-

peño de cargo, pues el derecho a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y resultar electo; sino que, comprende el derecho de ocupar y desempeñar el cargo conferido por la ciudadanía”, señala la orden del órgano. Por otra parte, declararon parcialmente fundada la omisión del presidente municipal, de pagarles el sueldo que tienen derecho a percibir por el cargo de elección popular,

pues la autoridad responsable aportó pruebas originales y copias de las nóminas y salarios a favor de las y los impugnantes; sin embargo, del análisis se advierte que no se cubrió el sueldo en diversos periodos. En ese sentido, el tribual instruyó al Ayuntamiento de Arriaga para que realice el pago de sueldos de los periodos pendientes y convoque a las sesiones de Cabildo a la síndica, regidores y regidoras.

Maestros de secundarias técnicas sin respuesta a pagos Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Rodolfo Cruz Ocaña, coordinador académico de la ESTI 156 dio a conocer que desde hace tres días se encuentran demandando el pago de salarios a docentes de este plantón sin obtener respuesta. Expuso que son maestros interinos de las Escuelas Secundarias Técnicas 156 y 134 de Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, y El Refugio en Chiapa de Corzo, respectivamente, exigieron el pago de salarios que devengaron durante el ciclo escolar 2018-2019.

Son unos 20 docentes se encuentran en esta situación; y el adeudo por cada plantel es de un millón 800 mil pesos. Lamentó que, debido a que tienen un año sin recibir sueldo, han solicitado préstamos para poder sostener a sus familias, mismos que esperan liquidar con el dinero que les debe la Secretaría de Educación. En este panorama hacen un llamado a las autoridades correspondientes ya que pese a esta medida desesperada la respuesta que les han dado siempre es la misma: que la Secretaría de Hacienda no tiene recursos.


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Chiapas entre las entidades con mayor mortalidad materna A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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pesar de la renovación e inclusión de nuevas políticas públicas en materia de salud durante la actual administración, Chiapas continúa como una de las tres entidades de la República Mexicana con mayores casos de mortalidad materna. De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SS), durante el 2019 se documentaron 690 defunciones maternas en todo el país, donde el estado de Chiapas registró el 8.3 por ciento de los casos. En este sentido, la dependencia indicó que la entidad cerró el año con 59 muertes provocadas por hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio y aborto. Por ello, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la SS, destacó que el Estado de México registró la mayor tasa de mortalidad con 77 casos, seguido de Chiapas con 57, Veracruz con 48, Jalisco con 46 y Guerrero con 42 defunciones, que en conjunto sumaron el 39.1 por ciento de las defunciones registradas en el país durante el 2019. Pese que el estado pasó del primer al segundo lugar en el 2020 –en términos estadísticos–, la entidad continúa presentado muertes

M de R. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Habitantes de la colonia Kilómetro 4 denuncian que de la noche a la mañana han colocado topes de manera indiscriminada, afectando a la población. Los colonos dan a conocer que derivado de los constantes accidentes que ocurren en esta zona de la ciudad, un grupo de ciudadanos con recursos propios optó por construir topes, sin embargo al ser muy altos, los beneficios están menos y los perjuicios mayores. “La colocación de topes en esta zona resulta positivo y hasta necesario, no perjudica lo que ha causado molestia es que no tomaron en consulta el punto de vista de los vecinos que resultamos afectados con tope porque está demasiado alto los coches se quedan atorados”, indicaron. En este sentido dieron a conocer que para tratar de disimular

De pasar a casi los 80 casos en 2018, la entidad del sureste registró una disminución de más de 20 por ciento en muertes relacionadas con el embarazo o el parto, fenómeno que iba en alza en años anteriores

en instituciones públicas, donde en clínicas y centros de salud de la SS se registró la muerte 31 mujeres, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Popular (IMSS) cuatro, en el IMSS Bienestar 5, en hospitales privados 2 y 15 que no recibieron atención médica. Sin embargo, el sistema de salud estatal disminuyó la tasa de mortalidad materna en 25.9 por ciento

en comparación al 2018, luego de registrar 77 casos a 57 en el 2019. Con estos datos, la SS expuso que la razón de mortalidad materna calculada es de 31.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Con esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta que la mortalidad materna es inaceptablemente alta,

donde cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. “En 2015 se estimaron unas 303 mil muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado”.

Vecinos colocan topes que afectan a la población en el Kilómetro 4 este tope le han colocado tierra, sin embargo no alcanzan a pasar los automóviles que circulaban en esta zona de la ciudad. En total son dos topes, los cuales se localizan entre la Avenida Tuxtla y las Áreas Verdes de la Colonia Zapata, y terminaron de colocarlos el día domingo, por los habitantes de esta zona, pero sin el consentimiento de las autoridades. En este panorama piden al Ayuntamiento municipal atender esta demanda que tiene dos vertientes, por un lado el alto número de accidentes que ocurren en esta zona de la ciudad, y una medida desesperada que termina por afectar a otros pobladores.


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La Suprema Corte ampara a afectados de contaminación de Río Sonora José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

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n una votación unánime, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un amparo a las comunidades aledañas al Río Sonora en el caso relacionado con la extinción del fideicomiso que los indemnizará por el derrame provocado por Grupo México, así como protección y la conclusión del programa de remediación ambiental. Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia, la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los afectados, considera que con esto los ministros de la Suprema Corte instituirían que el fideicomiso sea reabierto o, en su caso, definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame tóxico de la empresa propiedad del magnate German Larrea. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó el fideicomiso Río Sonora, el cual consistía en un fondo de 2 mil millones de pesos destinados a la reparación de daños tras el derrame de la minera Buenavista del Cobre al Río Sonora, el cual fue contaminado con 40 millones de litros de sulfato de cobre el 6 de agosto de 2014. De acuerdo con la organización PODER, este es el caso más importante de los interpuestos que atrajo la Suprema Corte. Para María de la Luz Contreras, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, el fallo a favor de los habitantes de la región afectada in-

Francisco Castellanos Ocampo, Mich. (apro)

La Fiscalía General del estado (FGE) informó que Homero Gómez González, de 50 años, presidente del Consejo de Administración del ejido El Rosario e integrante del Santuario de la Mariposa Monarca, se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 13. De acuerdo con la FGE, el activista fue visto por última vez a las 19 horas de ese día en la comunidad El Soldado, de este municipio, en la región Oriente de la entidad. Según medios locales, Gómez González ha luchado por la preservación de los bosques michoacanos y defendido las condiciones laborales de quienes se dedican a la conservación de la biosfera de la Monarca. Además, ha realizado una gran labor, en conjunto con ejidatarios, pobladores y autoridades, para con-

Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia, la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los afectados, considera que con esto los ministros de la Suprema Corte instituirían que el fideicomiso sea reabierto o, en su caso, definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame tóxico de la empresa propiedad del magnate German Larrea

yectó esperanzas en que se cumplan los compromisos contraídos antes del cierre del fideicomiso, como la instalación de una clínica para los enfermos del derrame. Mario Salcido, también integrante de los Comités de Cuenta Río Sonora, aplaudió la decisión al considerar que “finalmente se está haciendo justicia”, pues con la resolución de la SCJN, “las empresas, como Grupo

México, si hacen mal, lo tienen que remediar, y en este caso, queremos remediación, agua limpia, sin metales pesados, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace años”. La codirectora de Poder, Fernanda Hopenhaym, confió en que una vez que se publique “la sentencia defina mecanismos claros para que se efectúe la remediación tan esperada con la participación de las comuni-

dades”. Agregó que la resolución judicial “envía un mensaje importante: las empresas deben guardar los más altos estándares al realizar actividades, y evitar daños, porque de lo contario, no saldrán impunes si es que afectan a las comunidades y violan los derechos humanos”. Con información de Gloria Leticia Díaz

Desaparece Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca en Michoacán servar el santuario, reforestarlo y cuidarlo de incendios y la tala ilegal de árboles. Tras reportarse la desaparición, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a las autoridades respectivas investigar el hecho y dar con el paradero del activista. “La #CEDH exhorta a las autoridades correspondientes a intensificar la búsqueda del defensor de los bosques de la Mariposa Monarca, Homero Gómez González, desaparecido el pasado 13 de enero. Con el expediente MOR/037/2020 el organismo realiza las diligencias respectivas, a fin de contribuir a las tareas de búsqueda y localización del administrador del Ejido El Rosario, en el municipio de Ocampo”,

puntualizó. Al momento de su desaparición, Homero Gómez vestía una camisa

tipo guayabera blanca con franjas negras, pantalón de vestir gris y zapatos color café.


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Los migrantes se toparán con un “muro” cuando lleguen a la frontera sur de México: Ebrard a Giammattei Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

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lejandro Giammattei, nuevo presidente de Guatemala, aseveró hoy a la prensa que el gobierno mexicano “va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pasen” los integrantes de la nueva caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula, en Honduras, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Según Giammattei, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien viajó ayer al país centroamericano para asistir a la toma de posesión de la nueva administración, le aseguró que los migrantes se toparán con un “muro” cuando lleguen a la frontera sur de México. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, refrendó que el gobierno mexicano no otorgará salvoconductos a los integrantes de la caravana, como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto –bajo las instrucciones del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador-a finales de 2018.

Según Giammattei, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien viajó ayer al país centroamericano para asistir a la toma de posesión de la nueva administración, le aseguró que los migrantes se toparán con un “muro” cuando lleguen a la frontera sur de México

Hasta el momento no existe una postura oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –que encabeza formalmente la política

migratoria desde el verano pasado--, ni del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre la posible llegada del contingente de migrantes.

La salida de la nueva caravana se presenta en un momento complicado, porque William Barr, fiscal general del presidente estadunidense Donald Trump, llegará mañana a México para una visita de trabajo. La caravana de migrantes que atravesó México a finales de 2018 provocó la ira de Trump, quien multiplicó las amenazas para impedirles el paso, e incluso cerró algunos carriles de los puertos fronterizos, y a partir del verano de 2019 todas las caravanas fueron frenadas por militares y agentes civiles en Chiapas. El año pasado, Washington obligó los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador a participar en su estrategia de cerrar el acceso a su territorio a los migrantes y solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica, el Caribe y otros países extracontinentales.

El CCE pide a AMLO no cambiar reglas en inversión energética Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a incentivar la certidumbre y no cambiar las reglas relacionadas con la inversión en materia energética. En rueda de prensa, el líder empresarial dijo que, así como el presidente señaló que la inversión pública en el sector eléctrico debe ser de 56%, a la iniciativa privada le corresponde el 44% restante y para ello se necesita certidumbre. “Necesitamos certidumbre, que no nos cambien las reglas y que estemos claros en la forma en que se puedan incrementar las inversiones y que no existan de facto limitaciones a la inversión de ese 46%”, aclaró Salazar en conferencia junto con Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). Agregó que “se necesita mucho para satisfacer la necesidad eléctrica. Creemos que llegaremos a un buen acuerdo, porque ya tenemos identificados los proyectos en

los que podemos participar y que pueden comenzar este mismo año. Pero requerimos que no se cambien las reglas, como los Certificados de Energía Limpia, que enviaron un mensaje negativo a las inversiones y que no benefician en nada a la CFE”.

Cinco ejes Por su parte, el CEEG, integrado por cerca de 50 empresas multinacionales, presentó una serie de propuestas para el desarrollo económico del país a través de cinco ejes. En primer lugar, sugirió una visión de país de largo plazo, el cual contiene acciones en materia de infraestructura, energía, salud, educación, medio ambiente, equidad e inclusión, investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, pidió un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho, que genere un entorno de certidumbre y confianza a la inversión para las empresas, lo cual incluye reglas claras, instituciones sólidas, respeto a los contratos, órganos reguladores autónomos y una competencia efectiva, así como

el fortalecimiento de la seguridad pública y combate a la corrupción. Consideró necesario que México sea un participante activo y central en una economía mundial abierta y competitiva, a través de los acuerdos comerciales. El cuarto eje tiene que ver con la confianza mutua entre todos los sectores de la sociedad. Y el quinto son las señales claras sobre la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país.

Jañez señaló: “Más allá del contexto internacional y del comportamiento atípico del primer año de gobierno, en el que la actividad económica suele ser menor, esa falta de crecimiento se explica, en buena medida, por la incertidumbre generada por el diseño y ejecución de políticas públicas, el sistemático cambio de reglas para hacer negocios y los constantes mensajes políticos en contra de los mercados y las empresas”.


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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a actualización de cifras sobre desapariciones en México, que rebasan las 61 mil personas, mientras 37 mil cuerpos esperan ser identificados en instalaciones forenses, hablan de la “catástrofe humanitaria” por la que atraviesa el país, sin que exista una política pública para contener más casos, ni una decisión de procurar justicia y verdad, lamentó José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch (HRW). En el contexto de la presentación del Informe Mundial 2020 sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Vivanco reprochó la “pasividad” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender la crisis de derechos humanos por la que transita México desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”. Tras señalar que tanto en el fuero federal como en el local hay sólo 50 sentencias por desapariciones, “que no se corresponden a las 61 mil víctimas”, Vivanco anunció que propondrá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, “que como presidente del Consejo de la Judicatura diseñe y cree instancias judiciales especiales para investigar sobre casos de desaparecidos en México”. En conferencia de prensa, el director de HRW para América Latina admitió la herencia de miles de desapariciones y muertes, derivadas de la estrategia de seguridad, pero criticó que el gobierno de López Obrador continúe con la misma línea al mantener al Ejército al frente de la seguridad pública, “ahora disfrazado de Guardia Nacional”. Luego de precisar que la tragedia humanitaria “está en hombros de López Obrador y no de Peña Nieto ni de Felipe Calderón”, Vivanco resaltó que, de acuerdo con las cifras oficiales, de las 61 mil desapariciones, más de 5 mil se reportaron durante el actual gobierno, por lo que no sólo no se resuelven los casos de los sexenios anteriores, sino que “no se ha hecho nada para parar las des-

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

El ministro Alberto Pérez Dayán, adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que sus funcionarios puedan percibir, en el ejercicio fiscal 2020, un salario más alto que el percibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la tercera ampliación de demanda, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, se lee en el acuerdo. En mayo del 2019, el INEGI presentó una controversia constitucional con la cual buscó que sus funcionarios, no les fuera aplicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

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HRW lamenta “pasividad” del gobierno de AMLO para atender crisis de derechos humanos

apariciones”. El defensor valoró los esfuerzos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, pero lamentó que hasta ahora no haya mayores evidencias de esfuerzos institucionales para enfrentar el problema. Ante los casos de 61 mil desaparecidos y 34 mil asesinados, hasta ahora en la impunidad, resaltó la falta de esfuerzos para establecer “quiénes son los responsables, quiénes cometieron estos hechos (…) porque son víctimas no de una catástrofe natural, no cayó un rayo, no son víctimas de un terremoto o del estallido de un volcán”. Asimismo, sostuvo que hay una “profunda decepción” del gobierno de López Obrador, que –subrayó– llegó al poder ante la oferta de un cambio en la estrategia de seguridad y la promesa de acabar con la impunidad. José Miguel Vivanco @JMVivancoHRW “Para que se produzcan mejorías en materia de derechos humanos, no es suficiente la buena voluntad de un solo hombre. Se requieren políticas públicas, recursos y desarrollo institucional.” “No hay evidencia histórica que demuestre que con la atención de tres o cuatro casos emblemáticos se acaba la impunidad”, dijo Vivanco, luego de resaltar que “el país no es Ayotzinapa”, en clara referencia a los esfuerzos que el gobierno

federal hace por dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. “La realidad no sólo es Ayotzinapa, es un hecho atroz, es un escándalo mundial, pero es un solo caso, que está bien que se esclarezca, pero hay 61 mil más que también tienen que ser esclarecidos”, apuntó. Insistió en que ante la impunidad prevaleciente, sobre todo en los casos de desaparición de personas, Human Rights Watch propondrá al presidente de la SCJN hacer uso de las facultades que constitucionalmente tiene como presidente del Consejo de la Judicatura para “crear un grupo de jueces para establecer circunstancias de desapariciones”. Por los contextos en que se han dado las desapariciones, hay elementos para establecer que algunas fueron cometidas por miembros de los cárteles y del crimen organizado; otras más cometidas en colusión entre el crimen organizado y agentes del Estado, policías municipales, estatales y federales, así como miembros de la Marina y el Ejército, en tanto que otro porcentaje aún no establecido se atribuiría a miembros de las Fuerzas Armadas, dijo. La intervención del Consejo de la Judicatura, abundó, se hace necesaria ante la falta de acciones concretas por parte del sistema de procuración de justicia. “La Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado resultados; uno esperaría que a estas alturas hubiera un grupo de fiscales trabajando 24 horas al día pa-

ra esclarecer las desapariciones y llegar a la verdad y hacer justicia”, recalcó. Sobre la marcha convocada por Javier Sicilia, la próxima semana, expresó que es un “síntoma del descontento, de la desilusión y de la frustración de la sociedad por la enorme distancia entre los compromisos y realidad”, y urgió a “detener el espectáculo dantesco que México está dando al mundo”. Vivanco informó que hasta ahora sólo ha sido recibido por el subsecretario Encinas y la comisionada Quintana, y espera entrevistarse en los próximos días con el presidente de la SCJN, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Entre los datos que se incluyen en el informe de HRW destacan 241 quejas interpuestas contra miembros de las Fuerzas Armadas entre enero y julio de 2019 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la integración de más de 9 mil carpetas de investigación por tortura, abiertas entre diciembre de 2012 y enero de 2018 por la FGR. Además, la persistencia de agresiones a periodistas se refleja en la integración de más de mil investigaciones, y entre 2010 a 2018 se presentaron 186 cargos por delitos cometidos contra periodistas, “lo cual representa apenas el 16.3% de las denuncias recibidas”. HRW también alertó sobre los “índices alarmantes de violencia de género”, reflejados en datos oficiales, al registrarse 540 feminicidios entre enero y julio de 2019, y al menos 9 mil 500 mujeres y niñas desaparecidas hasta abril de 2018. En materia de migrantes, entre enero y septiembre de 2019 la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra esa población, en las que se identificó a miembros de la Policía Federal.

La Corte concede suspensión al Inegi: funcionarios podrán ganar más que el presidente (LFRSP) en tanto no se resuelva la constitucionalidad de la norma, pero la SCJN rechazó el proyecto de resolución en junio del mismo año y ratificó la negativa de suspensión. El acuerdo de suspensión se dictó luego de que el organismo dirigido por Julio Alfonso Santaella Castell, presentó a la SCJN un tercer trámite a la admisión de su demanda original, donde argumenta que los topes salariales estipulados en el PEF son un nuevo acto de aplicación de la LFRSP. Hecho que finalmente fue ratificado por Pérez Dayán.

Otras controversias La SCJN también admitió a trámite

otras controversias constitucionales en contra del PEF 2020 al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Banco de México (BM), los cuales también reclaman que el máximo tribunal del país se posicione por el análisis a la constitucionalidad de la norma. El pasado 8 de diciembre, el IFT y Banxico reclamaron la constitucionalidad de los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 del PEF de 2020, relativos a la remuneración del presidente, así como otros apartados relativos a funcionarios públicos de la administración federal. La impugnación de dichos anexos demanda de la SCJN que reconozca si los “ingresos” derivan de compensaciones a la presidencia, como lo son casa, alimen-

tación, salud y transporte, pagados con el presupuesto público como “compensaciones ordinarias”, y que se le otorgan al mandatario por vivir en Palacio Nacional, pero sin que éstos sean reconocidos como parte de sus honorarios. En tal caso, tanto el IFT y Banxico buscan que, en caso de que rebase esos ingresos, se considere si la norma vigente es constitucionalmente válida o no.


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Advierten retroceso de derechos fundamentales con reformas de Gertz Carlos Olvera Ciudad de México (apro)

O

rganizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de aprobar las reformas al sistema de justicia penal que propuso el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien se le reprocha incumplir con la Ley Orgánica de la institución, un año después de asumir el cargo. Tras el análisis de los borradores y exigir un debate abierto sobre las reformas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) demandó que éstas “no contravengan los derechos humanos” y que se eliminen “los puntos más regresivos”. Para la organización, la contrarreforma penal contiene al menos cinco puntos que resultan peligrosos, como la posibilidad de extender el arraigo para más delitos, hasta ahora establecido para los más graves como delincuencia organizada. Asimismo, de aprobarse las modificaciones se abriría “la posibilidad de validar pruebas ilícitas”, en tanto que se eliminarían “figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control con los que emiten sentencias”. Las iniciativas presentadas por la FGR permiten “ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada (…) a otros delitos sin criterios acotados”, alentando así a “llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos”. El Centro Prodh consideró que las propuestas del fiscal Alejandro Gertz Manero estarían encaminadas a “crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces

federales, que puede amenazar la independencia judicial”. Por su parte, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho resaltó que las ocho iniciativas propuestas por la FGR, incluida una reforma constitucional, “implicarían un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía”. Mientras se analizan las reformas, la Fundación para la Justicia recordó que la llegada de Gertz estuvo acompañada de una nueva Ley Orgánica de la FGR, publicada por el Senado el 14 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta ahora no ha sido del todo acatada por su titular. Tras recordar que en la redacción de la Ley participaron integrantes de la sociedad civil y miembros del gobierno federal, sostuvo que la intención fue “generar un cambio que México necesita para comenzar a romper la impunidad de los crímenes que duelen más al país, aquellos que implican graves violaciones a derechos humanos y gran corrupción”. Pese a la nueva ley, abundó, “se siguen llevando las mismas prácticas fallidas de la PGR ahora en la FGR”, situación que fue analizada en el informe “¿Un año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a un

año de la gestión del Fiscal General de la República”, por Fundación para la Justicia, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Causa en Común e Impunidad Cero. Entre los incumplimientos analizados destacan “designaciones fuera de la ley, la del fiscal y de algunos fiscales especializados; la falta de un Plan de Persecución Penal tanto provisional como definitivo en los términos que establece la ley; la ausencia del Consejo Ciudadano de la FGR, y la falta de un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva Unidad Especial de Género y Violencia contra la Mujer”, entre otras deficiencias. Fundación para la Justicia destacó que “una institución como la FGR no puede exigir el cumplimiento de la ley incumpliéndola”, luego de recordar que el próximo lunes 20 se cumplirá el plazo legal para presentar el primer Plan de Persecución Penal, lo que –dijo– no sucederá, por lo que “se manda un mensaje contradictorio a la sociedad”. De igual manera, apuntó que se mantienen las mismas prácticas que la PGR, con “ministerios públicos con

más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros (as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado”, sin contar con que ha habido reducción de presupuesto y personal, lo que se contradice con la posición de un Estado que “se dice preocupado por la justicia”. Antes de pensar en nuevas reformas al sistema penal, la Fundación para la Justicia urgió a “darle una oportunidad a la Ley Orgánica de 2018”, para atender los retos que representa “una criminalidad más organizada, violenta y transnacional”, lo que requiere utilizar “nuevas metodologías de investigación, estrategias de gestión y organización institucional”. Ante declaraciones de Gertz Manero de que “la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y han resultado ineficientes”, la organización señaló que “es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del fiscal”, al no existir un “diagnóstico oficial de una ley con apenas un año de aplicación y nula evaluación”. En ese sentido, llamó a los senadores a “exigir cuentas sobre el cumplimiento de esta ley que apenas cumple un año de vigencia”, sobre todo cuando ello significa “la transformación de una institución clave para combatir la impunidad y la corrupción de un México sumido en una emergencia humanitaria”.

AMLO responde a Jorge Ramos: en diciembre, resultados sobre seguridad Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos y se comprometió a que, para el próximo 1 de diciembre, dará los resultados de la estrategia en el combate a la inseguridad en el país. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el periodista Jorge Ramos lo cuestionó en el sentido de que cifras oficiales del 2019 mostrarán que ese año ha sido el más violento; además, le preguntó si aún con ello, no piensa cambiar a su gabinete y su estrategia de seguridad. “Eso sí calienta”, le respondió el tabasqueño, y agregó: “es un tema que tratamos todos los días, es una asignatura pendiente, es un tema que no hemos podido resolver”. Luego, López Obrador regresó a

su “explicación, no justificación”, de que en administraciones anteriores “se dejó crecer mucho la inseguridad, la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios son los más bajos el mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera a la autoridad con la delincuencia”. Y mencionó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Señala “decadencia” Jorge Ramos insistió en que la estrategia del combate al crimen no funciona, pero el mandatario reviró

en que “estas bandas que operan no surgieron el año pasado” y señaló a la “profunda descomposición, estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva, eso es lo que estamos enfrentando, por eso la transformación”. Sin permitir interrupciones, López Obrador aseguró: “ya logramos en este asunto que es lo que más nos preocupa, ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva. Sí es un aumento pero no igual como veía sucediendo año con año”. Mientras el mandatario explicaba una gráfica que su equipo de Comunicación Social le puso en la pantalla casi de inmediato, Ramos reiteraba que, según datos oficiales, 4 mexicanos son asesinados cada hora. “Sí, es que es muy delicado el problema, va a haber solución pronto, me estoy comprometiendo. El día 1 de diciembre terminamos de sentar las ba-

ses de la transformación del país. Este año va a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista, aquí lo vamos a ver si tenemos resultados”, insistió. El Ejecutivo agregó que no cambiará su estrategia ni a su gabinete de seguridad pues, a diferencia de los anteriores, que optaron por el uso de la fuerza, su gobierno atiende las causas de la violencia. Por último, dijo: “Lo vamos a resolver, estoy optimista, pero preocupado porque no son cifras, son seres humanos, es mi trabajo y vamos a salir adelante”.


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Aplazan presentación de reforma al sistema de justicia penal tras filtraciones José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

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l senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México, luego de que este martes fueran filtrados nueve supuestos borradores. “Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo. Además adelantó que, como se ha resultado en otros procesos –por ejemplo con las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional– el Senado realizará foros ciudadanos a fin de consensuar con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, las reformas constitucionales que modificarían los artículos 5º, 16, 18, 19, 20 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102,116 y 122. En dicho proceso Monreal expresó su deseo de que sean aprobadas, si no de manera unánime, sí “con una amplia mayoría”.

Comparecen Cordero, Gertz y Scherer Esta mañana compareció el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante senadores y miembros de la Jucopo para presentar un resumen de las propuestas. El fiscal Gertz Manero, señaló que en el mes de junio se reunió con integrantes del senado en donde trató la “crisis de seguridad que había en el país”, y prometió “ir generando un proyecto que realmente generara una respuesta global a un problema que tiene la misma dimensión”. “Se han hecho esfuerzos durante los últimos veinte años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, que no solamente contenga, sino que deje que siga creciendo esta situación que es la más aflictiva de nuestro país”, señaló durante la reunión.

Año récord en homicidios Hasta el pasado mes de noviembre, según datos del Secretariado

“Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habían registrado 31 mil 688 homicidios por lo que se prevé que el 2019 termine como el año más violento desde que hay estos registros. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación y el aval de los gobernadores, han trabajado un proyecto de reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia que iniciaría de cero “todo lo que no ha podido resolver” la actual, señaló el fiscal.

Violación de la presunción de inocencia Frente a la propuesta, esta mañana el senador Samuel García, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, convocó a conferencia de prensa, previa a la presentación de Gertz Manero ante la cámara alta, en la que señaló “que el paquete de reformas del Ejecutivo presenta una serie de retrocesos al sistema de justicia penal que violan la presunción de inocencia”. “Muchas figuras del nuevo sistema acusatorio se van a quitar y otras del sistema inquisitorio se van agregar, por ejemplo se está solicitando desde la Constitución volver al arraigo, arraigo de 40 días para todos los delitos. Es un tema que no podemos definitivamente aceptar, es una figura caduca que la misma ONU está pidiendo a nivel mundial quitar porque viola completamente la presunción de inocencia” dijo. “Se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a tolerar

y permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, nuestros correos, nuestros celulares nuestro WhatsApp y eso también es inaceptable”, añadió.

Polémicas “reformas”. Entre las medidas que fueron filtradas y que no fueron corroboradas, destacan: modificaciones que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, entre otras, según las versiones que circularon este martes. A decir de la agencia de comunicaciones Reuters, La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez. Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”. “Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa”, señala uno de los documentos a los que también tuvo acceso este semanario.

Ampliar el arraigo, una de las propuestas Otra de las polémicas medidas, plantea ampliar la figura del arraigo para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos de delincuencia organizada, se lee en la modificación al artículo 16

de la Constitución de un borrador al que tuvo acceso Proceso. El proyecto de iniciativa también modifica el plazo máximo en el que la autoridad judicial o el Ministerio Público pueden decretar el arraigo de una persona, reduciéndolo de 80 a 40 días. Por otro lado, plantea cambiar otro párrafo del artículo 16 para que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, pese a que en la actualidad está prohibido igual que en materias de carácter mercantil, civil, laboral y administrativo. Además, se prevé una ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público, es decir más de 48 horas, para que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la autoridad judicial, para los delitos de corrupción o “aquellos que por sus características o circunstancias de ejecución o relevancia social impliquen una cantidad significativa de actos de investigación”.

Actualmente, esto solo aplica en el delito de delincuencia organizada. Eliminar la vinculación a proceso, Además, se eliminaría el auto de vinculación a proceso del artículo 19, que establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En lugar de esto, se plantea que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se cite a audiencia inicial y se determine de inmediato si el imputado será o no sometido a una medida cautelar. Por último, con las supuestas modificaciones constitucionales, se pretende reformar la Ley de Amparo, la ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de la Fiscalía General de la República.


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Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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a iniciativa para crear un registro público de agresores sexuales sentenciados de la Ciudad de México podría resultar en una forma de escarnio público más que en una política efectiva de prevención, investigación y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, aseguran expertas. Este mecanismo, advierten, sería un riesgo a la seguridad de las víctimas, quienes podrían recibir represalias por parte de los agresores. Además, la propuesta de crear este registro, presentada en diciembre de 2019 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también se podría convertir en un mecanismo para violar Derechos Humanos de las personas sentenciadas, como su derecho a la reinserción social y a la privacidad de sus datos.

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Advierten poca efectividad del Registro público de agresores sexuales El 2 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. entregó al Congreso capitalino una iniciativa para crear la “Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México”, la cual está pendiente de aprobación

La propuesta El 2 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. entregó al Congreso capitalino una iniciativa para crear la “Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México”, la cual está pendiente de aprobación. Según el proyecto, publicitar la identidad de los agresores podría prevenir la violencia sexual contra la infancia y adolescencia; facilitar la investigación e identificación de los autores de estos delitos; y servir como medida disuasiva para la comisión o repetición de estos crímenes. La propuesta de Sheinbaum fue para responder, junto con la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), al estallido de protestas protagonizadas por las capitalinas durante 2019 tras la difusión de presuntos casos de violaciones sexuales cometidas por policías. Más allá de esos casos, datos oficiales revelan que sólo en 2019 la Procuraduría de Justicia abrió hasta el mes de noviembre 888 carpetas de investigación por el delito de violación; 3 mil 407 por abuso sexual; y 763 por acoso sexual. Estas cifras podrían ser subestimaciones debido al subregistro que alcanzan los casos de violencia sexual por la falta de denuncias.

¿Es la medida correcta? Integrantes de organizaciones debaten sobre la efectividad de dar a conocer a la sociedad quiénes son los agresores sexuales. Por ejemplo, la oficial del área de Políticas Públicas en la organización Equis: Justicia para las Mujeres, Mariana López, reflexionó en entrevista para Cimacnoticias que los esfuerzos del gobierno capitalino deberían enfocarse en “evaluar por qué las mujeres no acuden o utilizan medios institucionales de denuncia, y garantizar investigaciones con debida diligencia”. López también explicó que este proyecto de ley en principio supo-

ne problemas, ya que una vez que una persona es sentenciada por una autoridad judicial, no puede existir una sanción adicional por los mismos hechos, que, en este caso, representaría estar inscritos en el registro público. De acuerdo con la abogada, la propuesta también podría significar violaciones a otros Derechos Humanos, como son la reinserción social y la protección de datos, ya que pretende que cualquier persona pueda conocer, a través de un sitio en Internet, la fotografía del agresor, nombre, edad, alias, nacionalidad y delitos sexuales por los que fue condenado. Además, el Ministerio Público accedería a otros detalles de los sentenciados: señas particulares, ficha signaléctica –identificación con datos personales de la persona-, breve descripción del o los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por lo que haya sido sentenciado y su perfil genético. Este último dato se obtendría del Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, otra propuesta que formuló la gobernadora de la capital y aprobó el Congreso el 15 de diciembre de 2019. Sobre para qué fines o cómo podría ser utilizada dicha información, es prácticamente indefino, ya que cualquier persona podría tener acceso a ella. No obstante, la experta en política pública advirtió que este mecanismo podría ser incluso contraproducente para las propias víctimas, tanto en términos de privacidad como en términos de represalias que pudieran enfrentar por parte de los sentenciados. “No se está teniendo en cuenta a

las víctimas involucradas en los delitos, es decir, no se les está preguntando qué repercusiones podría tener la publicación de esas sentencias”, señaló la experta. La integrante de Equis Justicia también aseveró que la iniciativa gubernamental no tiene como centro de interés la protección de las mujeres y de las víctimas de violencia sexual; por el contrario, se encamina al castigo de las personas sentencias que, por otro lado, representan una minoría, especialmente cuando las agresiones sexuales ocurren en el contexto de las viviendas, por personas cercanas o conocidas a las víctimas. En estos casos, el número de denuncias son mínimas y menores aún con el número de investigaciones y los casos que llegan a instancias de impartición de justicia. Mariana López también observó que no existen evidencias reales de la efectividad de los registros de agresores sexuales que se han implementado en otros países y en los que se dice basar esta propuesta para responder a las comprensibles inquietudes de las capitalinas sobre la violencia en su contra.

Impunidad, el problema de fondo La propuesta de Sheinbaum encuentra su principal antecedente en Estados Unidos, donde existe el Registro Nacional de Agresores Sexuales (NSOPW, por sus siglas en inglés). Basta con entrar al sitio web de esta base de datos, introducir nombre, dirección o código postal de una persona, para conocer si fue condenado por algún delito sexual,

o bien, saber su actual residencia. Los datos permanecen públicos incluso cuando hayan cumplido con su condena. Sobre el registro estadounidense en 2013. un estudio de la organización Human Rights Watch, advertía que no tiene algún efecto sobre la incidencia de delitos sexuales, en parte porque el enfoque de la política pública debería estar en, primero, prevenir que ocurra el delito. Otros registros en los que se inspira la propuesta de la gobernadora de la Ciudad de México es la Ley de registro de información de los ofensores sexuales de Canadá. No obstante, en este caso el acceso a su información está restringida únicamente a la policía canadiense para proporcionarles información que les ayude en investigaciones. En este sentido, la coordinadora jurídica de la organización civil AsiLegal, Layla Almaraz Olivares, y la coordinadora del área internacional, Verónica Garzón Bonetti, coincidieron en entrevista que las y los legisladores de la urbe deben discutir la publicidad del registro. Por su parte, las expertas proponen acotarlo para el uso de investigaciones policiales. Para las integrantes de AsiLegal, el fondo a resolver es la impunidad y la falta de efectividad de los procesos de procuración e impartición de justicia en los casos no sólo de violencia sexual, sino el conjunto de violencias que atraviesan las mujeres y niñas en la Ciudad de México. “Si tuviéramos instituciones fortalecidas, Ministerios Públicos diligentes, no tendríamos que estarnos quebrando la cabeza en medios paliativos que realmente no atacan la estructura de la violencia y las causas de la violencia contra las mujeres. Que, si bien una de sus materializaciones más comunes es la violencia sexual, hay muchísimas otras causas y muchísimos otros orígenes que no estaríamos atacando con esta ley”, sentenció Verónica Garzón. Por ahora, la iniciativa de la Claudia Sheinbaum ha sido tomada como ejemplo por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, quien propuso el pasado 3 de enero diversas adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales.


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UNA MUCHACHA Fabrizio Mejía Madrid

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os nuevos años siempre nos ponen delante de un viejo huesudo, cabizbajo y harapiento que agoniza y un bebé rozagante que se anuncia. Es nuestra forma de representar el tiempo como una sucesión generacional. Es una metáfora –el “como si”– tan vieja como las seis ediciones de un poema sobre un maestro y una muchacha que conocemos como “El lay de Aristóteles”. El poema del siglo XIII se ha atribuido tanto a Henri d’Andeli, un universitario de Normandía, como a Henri de Valenciennes, un escribano de la corte de Flandes que participó en la cuarta Cruzada a Constantinopla. Es una historia escuchada y, luego, versificada en un idioma desaparecido, el picard, y versificada en “lay”, es decir, lírica en verso corto. Pero, como todas las metáforas, lo que nos interesa a los simples lectores es la distancia que nos acerca, es decir, qué de la historia nos dice algo sobre nuestra propia experiencia. La historia es un poco humillante para el maestro. Ocurre durante la conquista que Alejandro Magno hace de la India. Ahí conoce a una muchacha de la que no se puede separar ni un minuto, descuidando el gobierno de su imperio, a las tropas griegas y egipcias que lo siguen en sus conquistas, y hasta su educación. Aristóteles, que es su tutor, le reclama que haya dejado todo por una mujer. Alejandro trata de distanciarse de ella pero no lo logra y acaba por confesarle que todo es porque Aristóteles se ha empeñado en definir su amor como irracional. Así que la muchacha toma la iniciativa. En un jardín que da a las ventanas de ambos, del conquistador y del filósofo, empieza a arreglarse el cabello con flores mientras canta. Aristóteles queda prendado en el instante y la toma por la túnica. Ella le pide, entonces, una prueba de amor: que lo deje montarlo como a un burro y que la lleve por todo el jardín. Aristóteles acepta. Y es así que su pupilo, Alejandro Magno, admira complacido cómo el maestro ha sido convertido por el deseo en una apacible cabalgadura. Entonces, va y le reclama: –Tú, que me prohibiste verla, ¡estás hasta tal punto menguado, que no guardas ni una pizca de tu juicio y te comportas como una bestia! –Dices la verdad –le responde Aristóteles–, pero también puedes aceptar que yo no estuve errado al temer que pudieras arder, si yo mismo, un anciano, no pude evitarlo.

La metáfora le sirve a quien la haya hecho poema para referir, al menos, dos asuntos: que no hay que reprender a otros por lo que uno mismo haría en sus mismos zapatos, y que “el amor vence todo”, como cierra el poema citado. “El lay de Aristóteles”, más tarde, se tomó como un juicio aristotélico sobre la supremacía del deseo sobre la inteligencia. O, mejor, cómo las dos cabalgan: el deseo de saber sobre el pensamiento. Pero, en el poema, el deseo es sexual. Así que, también, puede ser sobre el saber mismo que no puede estar sólo detrás de una ventana que da al jardín, sino que requiere que salgamos a que nos cabalgue. La contemplación no puede resistirse a la carne. La torre desde la que el emperador Alejandro y el filósofo Aristóteles ven a la muchacha bailando es la imposibilidad de la mente de separarse del mundo. Juan José Arreola transfigura la historia en algo menos humillante para el maestro Aristóteles que, en su cuento, se resiste ante la muchacha que baila, cerrando las cortinas y tratando de escribir. Pero se le aparece en sueños: él, caminando en cuatro patas mientras una musa cabalga sobre su espalda. Al final del cuento, Arreola distancia aún más la metáfora de la experiencia sexual: “Mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno. Pero, sobre ellos, cabalga la Armonía”. Hace de toda la metáfora un asunto literario donde el deseo sexual es la famosa sublimación. Pero, ¿qué hay de la muchacha? En el poema medieval aparece como la que logra derrotar tanto al guerrero como enloquecer al sabio. Es más fuerte que el ejército más grande del mundo y más importante que el juicio del maestro. La conquista de la tierra o de la verdad se desvanecen ante su presencia. Esta muchacha que pone flores en su pelo, que baila, canta y, en una de las versiones del poema, juega a subirse y no

la blusa, pone todo en cuestión porque hace a los dos hombres importantes preguntarse justamente por lo importante y, además, se burla de ellos. Es como si la misma muchacha apareciera en otra historia, la de Tales de Mileto, ya referida en esta columna bajo la lectura que de ella hace Hans Blumenberg, en La risa de la muchacha tracia. La historia podría ser prima de la de Aristóteles en la India. La recuerdo en la versión de Esopo: Tales de Mileto va viendo el cielo estrellado mientras camina en una noche en Tracia. De pronto, cae en un agujero. Una muchacha que lo ha observado suelta una carcajada: –¿Acaso eres uno de esos que quiere entender lo que hay en el cielo pero no sabe por dónde pisa? El metaforólogo Blumenberg recorre los principales usos de esta historia tan antigua desde Platón y Tertuliano hasta Voltaire, Kant y Nietzsche. ¿Quién es esa muchacha? Porque lo que queda claro es quién es el teórico que cayó en el pozo: es el que se ha sustraído de la familiaridad para desplazar su mente hacia lo más distante. Ella puede ser la esclava inculta, ajena a toda teoría que no sea lo familiar y cercano, o una diosa cuya risa le da al accidente del pozo una dimensión tragicómica. Las diosas están en la Tierra y no en las estrellas, parecería ser una lección de la historia. ¿Por qué ríe la muchacha? Por un alivio de que a ella no le afecten ni las estrellas ni los pozos en la noche. Si uno sigue la secuencia de interpretaciones de la metáfora del teórico y el pozo en el que cae, puede encontrarse que a la muchacha se le pone nombre en el siglo XI: Yambe. De acuerdo a lo que sabemos de los Misterios de Eleusis, Yambe era una criada de la pobre Deméter, la diosa de la tierra, que había perdido a su hija Perséfone en el infierno griego, el

Hades. Deméter busca precisamente algún pozo, un túnel, que la lleve hasta su hija, pero todo lo que encuentra en un bosque es a Yambe que le canta unos poemas. La música de sus palabras distrae a la madre de su pena y la hace reír. Hasta la fecha, “yambo” es una métrica de los poetas: una sílaba breve seguida de una larga. Agradecida por la distracción y el alivio, la diosa de la tierra le entrega el saber de la agricultura del trigo a la tribu de Yambe. A ella se la lleva como criada para que la distraiga de la gran injusticia del tiempo: que lo hecho no tiene retorno. Hay algo que conmueve en la historia del astrónomo cayendo al pozo y la muchacha que ríe. Y es lo que Heidegger ve en ella: tanto el teórico, que no ha sabido que lo más cercano es lo más incomprensible, como la criada, que se ríe por una especie de incomprensión del trabajo de pensar. Ninguno de los dos sabe bien lo que hace en medio de una noche, en caminos que tienen pozos, es decir, de la vida y sus azares. La pregunta de la criada es sobre quién es ese ser enterrado por no ver. “Uno de esos” es cualquiera que busque un sentido a la existencia, a la forma en que funciona el universo, a la teoría. Ella, en cambio, no se preocupa por eso y sólo se ríe de su propia incomprensión. Es trágico que se haya caído, es cómico el por qué. Pero también es trágico que la criada no entienda y no le importe. Hay un malestar en la historia de estas dos muchachas, la de Aristóteles y la de Tales de Mileto. Es el de los combates entre teoría y práctica, entre abstracción y vida, lo lejano y lo cercano. Entre la ciencia y la filosofía: de alguna forma, el astrónomo que ve el cielo cae al pozo sin preguntarse lo que le cuestiona la muchacha filósofa: “Tú, ¿quién eres? ¿Eres uno de esos?”. Él no se ha preguntado quién es por andar preocupado por el movimiento del cosmos. De igual manera, en la chica que obnubila el juicio del conquistador de tierras o de verdades hay un malestar entre lo que pensamos sobre el deseo y el deseo mismo, entre admirar la belleza de lejos y experimentarla en su bestialidad, en su violencia de flores abriéndose y flores secándose. Y así, volvemos al año viejo y al año nuevo. Ustedes dirán que, al escribir esta columna, a lo mejor caí al pozo o acepté cabalgar con paso incierto por un jardín que sólo conozco de lejos. Lo único que pido es que sean ustedes, lectores fieles, la muchacha.


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POPULISMOS QUE MARCAN EL FIN DE LA POLÍTICA Mauro González Luna

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n un mundo donde el Estado todo lo controla no hay lugar para la bondad, para la compasión, ha dicho Gabriel Marcel. Tal Estado controla por tanto la palabra misma. Pero al controlarla, la ahoga y transforma en ruido. Ruido que deja de ser manifestativo de la realidad. Y sin palabra, no hay hombre, ni mujer, ni política, sino fuerza. Y ese ruido junto con otros ruidos que asaltan el ambiente todo, ensordecen cuerpo y alma. Aturdimiento ese que sofoca el Espíritu, que desemboca en deshumanización, violencia y odio. El año 2020 comienza con el cobarde torbellino yanki que asesina a militar iraní. El generalizado populismo ruidoso y vulgar, ya sea de derecha neoliberal, izquierda de género o mixto, es el nombre actual de la vetusta demagogia. Las masas fanatizadas huyen de la palabra y de la responsabilidad. Huyen para ponerse en manos de regímenes populistas que prometen fantasías y brindar el “servicio” de seguridad y orden. Fantasías, seguridad y orden en un mundo nihilista y anárquico. Regímenes que se jactan del mal que llevan a cabo, simulando que hacen el bien. Y el precio que se paga por ese “servicio” es doble: la renuncia a libertad y reflexión, por un lado, y por otro, la perturbadora identificación entre patria y régimen. Identificación esa denunciada por Karl Jaspers, pensador alemán, sobreviviente de la demagogia nazi. La lealtad verdadera es con uno mismo, con Dios, con el prójimo,

con la comunidad, con el sentimiento secular e inviolable de solidaridad. El pago de ese precio que sepulta libertades, marca el fin de la política. Cuando eso ocurre, “existen cosas más importantes para la dignidad humana que el Estado” (Max Weber). El mundo y la persona no viven hoy humanamente. Viven aplastados bajo una lápida de zozobra, odio, inseguridad, violencia, asesinatos cobardes, venganza, justicia selectiva que es injusticia, violación de presunción de inocencia. Viven bajo el yugo de contaminación suicida en aras del dinero, encono, división como estrategia, racismo contra migrantes pobres, miseria de tantos, indiferencia ante el dolor ajeno, falta de conciencia de sí mismo, del Otro y de la realidad. Vegetan individuos y mundo abrumados bajo el peso de droga, usura bancaria, celular, escándalos, vigilancia perpetua, funesto clima de sospecha y desconfianza, uniformidad cultural y de género que no es igualdad sino irracionalidad, descabellado intento de desconocer personalidad, inteligencia y naturaleza. Se vive el olvido de la metafísica, del ser borrado del horizonte vital donde solo despuntan bagatelas, vanidades. El alto honor de la estirpe humana está mancillado. Habrá que reivindicarlo con un silencio reflexivo e implorante, con una callada plegaria. Percibo que es la hora del silencio transfigurador para encontrar salidas a la cerrazón del mundo. Hay que guardarlo para que palabra, confianza, compasión,

política, honor y ser, recobren su sentido originario. Guardarlo para que cese el ruido oscuro que anula, que destruye lo humano al ahuyentar la Trascendencia y renazca la luz. Es el silencio luminoso, elocuente, creador y compasivo del Nazareno ante el largo monólogo del Gran Inquisidor citado por Arendt. Y guardadas proporción y época, es el interminable silencio poético de Rimbaud. Hay un tiempo para todo dice el Eclesiastés, uno para reír, otro para llorar… Pienso con humildad que el de ahora es para callar y llorar por un tiempo. Pausa y retorno a la manera de Toynbee. Por ello, para ser consecuente, dejaré de escribir un año en la revista Proceso digital. Agradezco a ésta, a Raúl Monge, a Alejandro Caballero y a los lectores, su gentileza. A todos les deseo lo mejor. Termino con una frase de Albert Camus: “Mientras haya un ser que acepte la verdad por lo que es y tal como es, habrá lugar para la esperanza”. Dedico este texto a la bebita Elena de tres meses de edad que ha conocido el dolor desde el comienzo por grave enfermedad. Una verdadera guerrera mi nietecita queridísima. Y también a la memoria del insigne Jean Guitton, de la Academia francesa, filósofo católico, defensor genial de la veracidad histórica de los testimonios sobre Cristo frente a críticos cuya exégesis depende de una “filosofía hostil a priori a lo esencial del misterio cristiano” -como la reciente de Elisur Arteaga-.


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ADIÓS AL OASIS CHILENO Ariel Dorfman

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uando se escriba la historia de la inédita revuelta del año 2019 que cambió el destino de Chile, destacará, sin duda, una frase pronunciada por el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre en un programa de televisión en Santiago: “En medio de una América convulsionada, Chile… es un verdadero oasis”. Aquellas palabras trasuntaban una ceguera ilimitada y una soberbia impenetrable, no sólo del primer mandatario, sino de toda una clase dirigente que no entendía lo que pasaba en el país real que incubaba en esos mismos momentos el estallido social que ningún miembro de la élite había anticipado. En efecto, mientras Piñera peroraba televisamente, miles de estudiantes chilenos se saltaban con júbilo los torniquetes del Metro de Santiago, rehusándose a pagar un alza de 30 pesos que el gobierno había decretado recientemente, tan sólo dos días antes de que Piñera se ufanara de que Chile fuera tan diferente del díscolo continente latinoamericano. En vez de entender la desesperación que se agitaba detrás de esta forma de protesta pacífica, los ministros de Piñera (entre los que había una caterva de enriquecidos vilmente durante la dictadura de Pinochet) hicieron oídos sordos y respondieron con una violencia cada vez más salvaje, lo que, en vez de amenguar los desórdenes atizaron el descontento del que se valieron elementos anarquistas y lumpen, amén de grupos aliados a narcotraficantes para desatar saqueos y vandalismo. El presidente declaró que se trataba de una guerra a muerte contra el pueblo, impuso un estado de emergencia y toque de queda, y ordenó a los militares salir a la calle. Desde el tiempo de Pinochet no se veían tanquetas y soldados patrullando las ciudades. El pueblo chileno no se dejó ame-

drentar. En forma mayoritariamente pacífica, millones de hombres y mujeres y niños salieron a desafiar la represión, embarcándose en un octubre liberador que recordaba la gesta de otro octubre, el de 1988, cuando el pueblo chileno derrotó a la dictadura en un plebiscito que dio comienzo al lento retorno a la democracia. Aquella epopeya de 1988 había sido lidereada por los políticos de centro-izquierda que supieron crear las condiciones para que el país pudiera respirar en paz después de tantos años de tiranía. Aquellos líderes lograron, durante las décadas que siguieron, algunos notables progresos: una disminución importante de la pobreza, una serie de juicios a los más escalofriantes violadores de los derechos humanos de la época de Pinochet, algunas mejorías en la salud y la educación, proyectos de infraestructura y transporte, modernizaciones del aparato estatal. Pero no pudieron terminar del todo con los enclaves autoritarios que habían heredado de la dictadura ni supieron cuestionar la extraordinaria desigualdad de un Chile donde un pequeño y ávido grupo se había apropiado de una inmensa y obscena tajada de la riqueza nacional. El desparpajo con que estos aristócratas y nuevos ricos ostentaban sus franquicias y la impunidad de que gozaban alimentaba la rabia de los chilenos ordinarios para quienes el alza de los 30 pesos era una carga significativa y, por cierto, una provocación en un país donde la corrupción de los privilegiados rara vez se sancionaba. Y sobrevino, entonces, una insurrección generalizada que sobrepasó las estructuras partidarias y los políticos desprestigiados que no habían sabido dar una solución a los problemas profundos de Chile, un movimiento que ha sacudido los cimientos del desigual modelo político y económico que ha regido al país durante las últimas décadas.

Cartón de Rocha

Menos de tres meses después de que los jóvenes se rebelaron contra una cúpula que no los incluía ni escuchaba, Chile ha cambiado en forma trascendental. Todas las fuerzas políticas han acordado un itinerario para dotar al país de una nueva Constitución que reemplace la que impuso fraudulentamente Pinochet en 1980, si bien la derecha se ha opuesto exitosamente a la paridad de género y la presencia necesaria de sectores independientes y de pueblos originarios en la constituyente. Y se están implementando medidas que comienzan a enfrentar –aunque en forma exigua– las graves deficiencias en pensiones y salud, en parques y viviendas y educación, que aquejan a la población en forma mayoritaria. Queda por ver si esas reformas se efectuarán o si, de nuevo, se han de frustrar las ansias de un país más bello y equitativo. Queda por ver si los policías que respondieron a las demandas ineludibles de los jóvenes con balines y torturas van a ser juzgados y castigados. Queda por ver si la derecha chilena, acostumbrada a menoscabar la democracia con impunidad, aceptará una contracción de su poder y sus granjerías o si pondrá cada vez más trabas al proceso que llevará a una nueva Constitución. Queda por ver si las exigencias de políticas sustentables para enfrentar la crisis climática, derechos de sindicalización de los trabajadores, control de las aguas urbanas y rurales (Chile es el único país en el mundo donde el agua se encuentra en manos privadas), serán postergadas otra vez más. Queda por ver si los políticos de centro-izquierda se darán cuenta de que no hay que temer la movilización del pueblo. Queda por ver si los sectores fascistas, nostálgicos de la mano dura de Pinochet, no aprovecharán el desorden y los saqueos, para revivir la quimera de una nueva tiranía. Queda por ver si los militares, contemplando un país

dividido y cada vez más destrozado por el vandalismo criminal de unos pocos que aprovechan las protestas pacíficas de la mayoría, no decidirán que es hora de salir de los cuarteles. Queda por ver si los jóvenes chilenos que no tuvieron miedo a los golpes y las balas y las violaciones y los gases lacrimógenos tendrán espacio protagónico para respirar tranquilos, que se les permita sacar todo el potencial creador que tienen adentro. Queda por ver si las eternamente pospuestas demandas de mujeres maltratadas y de pueblos originarios tendrán el reconocimiento que se merecen.

Queda por ver, queda por ver.

Pero hay algunos que no verán más, casi 300 jóvenes que quedaron ciegos debido a los disparos de la policía, aquellos que quedaron sin ojos para que los aislados dueños de Chile pudieran abrir los ojos a la realidad de un país al que han tratado con ignorancia y menosprecio, al que han querido olvidar. Otro sacrificio en la larga lista de sacrificios que han padecido tantos, las penas y pérdidas que nunca faltan para que nazca una patria nueva. Lo que es seguro es que, en este sumamente convulsionado 2019, Chile despertó. Se ha cuestionado a fondo el modelo neoliberal consumista vigente, reivindicando un nuevo modelo donde prima lo humano y no el lucro desmedido. No somos, mal que le pese a Piñera y los suyos, un oasis en América Latina, sino parte de la historia perpetua de nuestro vasto y rebelde continente que lucha desde siglos por un mundo más justo y participativo. Dependerá del pueblo chileno cómo se escribirá la próxima página de esa historia. Este comentario se basa, en parte, en el folleto Chile: juventud rebelde, que acaba de sacar el Fondo de Cultura Económica, que también ha publicado Allegro, la última novela de Ariel Dorfman.


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ESPERANZAS AMBIENTALES Luis Miguel Cano López

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erminaron mis vacaciones. No recuerdo hace cuánto tiempo fue la última vez que pude disfrutar de tres semanas con tanta calma, sin que el estrés de los litigios comprometiera mi descanso. Con todo, lo que más valoré de los pasados días es que mi familia y yo respiramos diferente. Pero nada es para siempre y ya de regreso a la Ciudad de México, lo primero que vivimos es su mala calidad del aire. No creo que algún día deje de sorprenderme nuestra capacidad de resiliencia, o quizá, de indiferencia. Cierto, la vida sigue, pero no percibo que nos preocupe demasiado hasta cuándo. Nuestras prioridades inmediatas nublan casi todo, pero esta bruma que padecemos es mejor disiparla antes que después. Al menos eso me repito en mi cabeza y es por tal razón que defiendo causas medio ambientales. Por todo ello, como abogado que soy, desde lo que me corresponde, no puedo dejar de tener esperanzas cuando me entero de casos en nuestra Suprema Corte que pudieran contribuir al avance en la protección de nuestros derechos humanos. La próxima semana se presenta uno de esos: el amparo en revisión 610/2019 en su Segunda Sala. Trata sobre el etanol en las gasolinas y su proyecto es público. No solamente se puede consultar el proyecto, sino que además, la Segunda Sala presen-

ta una síntesis comprensible para cualquiera, con apoyo en un acuerdo que adoptó en abril del año pasado, a partir del cual busca impulsar la sencillez en el lenguaje empleado en sus resoluciones. Y si eso ya es buena noticia, mejor es la propuesta que desde la ponencia del ministro Pérez Dayán se hace a sus colegas. Entiendo que para cierto sector, el tema sea eminentemente económico. Entiendo que a partir de su realidad, vean en este juicio solo intereses económicos diversos. Entiendo incluso que duden sobre los reales intereses que impulsan litigios como éste. Entiendo que acompañen a este caso implicaciones políticas. Hasta entiendo que se informe de él con sesgo populista, pues impacta el precio de las gasolinas. Es justamente porque entiendo todo eso, que comparto y celebro el enfoque del proyecto: “esta Segunda Sala no desconoce que existieron fuertes motivaciones de competencia económica por las cuales la Comisión Reguladora de Energía decidió modificar unilateralmente la NOM-016-CRE-2016. Empero, tales cuestiones son del todo irrelevantes al momento de adoptar una decisión estatal en materia ambiental tan sensible como lo es el uso de combustibles, pues el interés económico no puede desatender ni prescindir de las afectaciones ambientales que pueda deparar la referida actividad”. Por fin, la prioridad correcta. No podemos seguir el camino acostumbrado. No es viable. Ai-

re fresco es lo que necesitamos y es curioso que en esta ocasión, ese aire emane de Pino Suárez 2, desde el centro de nuestra capital. El proyecto le da importancia a muchas cosas que se requieren para beneficiar otras batallas judiciales de causas ambientales. El principio de precaución, el de participación ciudadana y el calentamiento global. Sí, la “Segunda Sala advierte que el ozono troposférico -O3, cuya emisión, precisamente, puede ser potencializada por el empleo de etanol como oxigenante de los combustibles, es uno de los gases responsables del efecto invernadero, el cual a su vez, contribuye al fenómeno denominado como calentamiento global”. Y sí, considera que el caso debe analizarse “bajo el contexto más amplio de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano para combatir el calentamiento global” y “valorarse en el contexto de las metas estatales tendientes a lograr la reducción de emisiones de gases invernadero y, consecuentemente, de los débitos estatales de combatir y mitigar el cambio climático”. Esperanza sobra. Así que esta semana me voy a permitir aligerar mis cargas con esas esperanzas. Con la esperanza de que este enfoque la Segunda Sala lo emplee en otros casos por resolver. De los cuales dos al menos me tocan defenderlos de primera mano, el del Río Sonora, del que escribiré en mi siguiente opinión; y el de los Programas de Contingencias Ambientales.


CONTRAPODER EN CHIAPAS

E

n Chiapas, se arraiga y fortalece la cultura de la prevención en todas las actividades de la administración pública gubernamental. Con ello se dan pasos importantes para reducir costos, poner a salvo el patrimonio y vida de cientos de miles de chiapanecos. La prevención se enmarca desde aspectos con la salud pública, riegos por fenómenos naturales como sismos, lluvias torrenciales, huracanes y sus ráfagas de vientos, además de incendios forestales o en lotes baldíos en las ciudades y poblados. En esto ha puesto especial énfasis el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Ante los alumnos, padres de familia, profesores y sociedad en general ha señalado que en cada época o estación del año, los chiapanecos debemos tomar previsiones. Ante el estiaje de principios de año, hay que prevenir los incendios, porque con los vientos, estos se pueden propagar y salirse de control provocando severos daños a la ecología. En las escuelas de todos los

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EL DIVAN Sergio Stahl

* Cultura de la prevención en Chiapas*

niveles en la entidad, se fomenta entre el alumnado la cultura de la prevención. Ellos han resultado

los mejores aliados de la campaña para ir reduciendo la cultura del fuego de roza, tumba y quema en

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el sector agropecuario al promover ante sus padres usar otros métodos de labranza que no haga cenizas los desechos de las cosechas. Se avecina la época de preparar la tierra para el cultivo de la primavera, los pastos y arbustos están resecos y con cualquier chispa o colilla de cigarro puede iniciarse un fuego pequeño que puede consumir en cuestión de horas grandes extensiones. Por ello el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha hecho un llamado a todos los chiapanecos a cuidar nuestro medio ambiente, evitando los incendios que a todo de forma directa o indirecta nos afecta. Si se cuantificaran esas pérdidas son millonarias. El bien convertido en cenizas es de todos, por eso lo tenemos que cuidar. Gracias al arraigo de la cultura de la prevención, el pueblo chiapaneco ha logrado disminuir la superficie afectada por el fuego. La meta de este año es seguir reduciendo el impacto. Se puede lograr si todos sumamos esfuerzos y estamos atentos a no provocar y combatir el fuego. En fin

CAMINAR POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ

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uchos de los procesos de cambio han empezado con una larga caminata. De hecho, la caminata es una de las expresiones de la resistencia pacífica más efectivas que los movimientos sociales han aplicado porque convocan a la solidaridad más que a la confrontación. Así lo hicieron Martin Luther King, Gandhi e incluso el propio Andrés Manuel López Obrador en el arranque de su papel como luchador social en 1991 con el Éxodo por la Democracia. Esa expresión, aunque es pacífica, no siempre ha sido del agrado de la mayoría que menosprecian a quienes la realizan e incluso desestiman su eficacia. Tampoco la ha sido del gobierno en turno como ahora lo hace López Obrador ante el anuncio de la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz que tiene como objetivo que el gobierno retome la agenda de la atención a las moles de víctimas y se construyan y apliquen mecanismos de justicia transicional de manera integral y de la magnitud de la tragedia que se vive en el país. Una de las marchas o caminatas más efectivas que se hayan realizado recientemente fue la del 2011 cuando el poeta Javier Sicilia caminó desde Cuernavaca, donde mataron a su hijo, a la Ciudad de México. Luego de esa caminata y de un

José Gil Olmos

par de caravanas en todo el país, se hizo visible el grave problema de la desaparición de miles de ciudadanos a manos del crimen organizado. Ese problema que ya sufrían varios estados del norte no se quería reconocer ni por el gobierno ni por la opinión pública. Hacerlo visible y que se registrara en todo el país fue el logro del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Nueve años después, con una espiral de violencia imparable y, al mismo tiempo normalizada, este movimiento de víctimas ha decidido volver a caminar para exigirle al ahora presidente López Obrador que cumpla con su palabra de dar justicia a las familias de los miles

de asesinados, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón en 2006. La decisión de caminar una vez más los 80 kilómetros que separan la capital de Morelos con la Ciudad de México no ha sido del agrado de muchos seguidores del presidente. Califican de entrada a Sicilia de traidor de la democracia y hasta de instrumento de la derecha, sin tomar en cuenta que hay razones de sobra para demandar un alto a la violencia y la atención a los agraviados. Durante estos nueve años Sicilia no ha parado en pedir que se privilegie en la agenda del gobierno dar justicia a las victimas de la violen-

cia y cambiar la estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado. La demanda esencial es que se ofrezca a las familias afectadas la justicia transicional, es decir que se investigue a fondo para conocer la verdad de los hechos, aplicar la ley, ofrecer una reparación del daño y al final el perdón o la amnistía. Esto es, en el sentido inverso a lo que propone López Obrador de dar el perdón a los victimarios y borrón y cuenta nueva. Sin justicia y verdad no hay democracia, es lo que han manifestado Sicilia y un grupo de activistas preocupados ante la falta de interés del presidente López Obrador de atender la demanda de los familiares de miles de muertos y desaparecidos que representa una cuenta pendiente y una sombra que eclipsa cualquier intento de cambio como lo pretende este gobierno que se hace llamar la Cuarta Transformación. Por cierto… Hasta ahora ningún líder político ha manifestado su solidaridad hacia la iniciativa de que el gobierno retome la agenda sobre verdad, justicia y paz. Al igual que muchos opinadores están más enfocados en reaccionar y criticar los yerros de la Cuarta Transformación que en pensar y proponer vías para atender la tragedia de los miles de muertos y desaparecidos por la violencia del crimen organizado. Así está el país.


CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 16 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1810

MANDATO

MENSAJE

AMLO responde a Jorge Ramos: en diciembre, resultados sobre seguridad

Ordenan a Presidente Municipal de Arriaga, pague a síndico y regidores

PAG. 8

INFORME

HRW lamenta “pasividad” del gobierno de AMLO para atender crisis de derechos humanos PAG. 3

SENTENCIA

La Suprema Corte ampara a afectados de contaminación de Río Sonora PAG. 7

RESOLUCIÓN

La Corte concede suspensión al Inegi: funcionarios podrán ganar más que el presidente

PAG. 7

En una votación unánime, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un amparo a las comunidades aledañas al Río Sonora en el caso relacionado con la extinción del fideicomiso que los indemnizará por el derrame provocado por Grupo México, así como protección y la conclusión del programa de remediación ambiental

PAG. 6

PAG. 5

Los migrantes se toparán con un “muro” cuando lleguen a la frontera sur de México: Ebrard a Giammattei


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