CONTRAPODER EDICIÓN 1798

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La idea en que todo va muy bien

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En el desempeño de distintos gobiernos en Chiapas ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Esto sólo ha ocasionado una mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de muchos conflictos

En Chiapas la justicia a los pueblos y comunidades indígenas es letra muerta. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal tienen 22 años esperando justicia. Y no importa los colores ni ideología del gobierno, la actitud es la misma. 22 años de silencio cómplice, de violación a los derechos humanos: de impunidad.

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EN CHIAPAS

Miércoles 18 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1798

PREOCUPACIÓN

Se solidarizan con el Frayba por amenazas de muerte

La amenaza surgió por el trabajo que hace el Frayba derivado del caso de Juan de la Cruz Ruiz y otros presos políticos indígenas, “se ha denunciado que su proceso penal estaba plagado de violaciones al debido proceso y que sufrieron tortura durante su detención para auto-inculparse”

ALERTA

Jubilados y pensionados de la UNACH en riesgo de pasar navidad amarga

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ACUSACIÓN

Edil es un secuestrador: PT Chiapas

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CIDH pide a AMLO reinstalación del GIEI en caso Ayotzinapa PAG. 9

A más de cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 3 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reinstalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA

Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15

GARCÍA LUNA, CALDERÓN Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Marco Appel

REPORTE

Incrementa detención de migrantes por elementos del Ejército

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EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL DIVAN Sergio Stahl

PAG. 13 PAG. 13

RECONOCIENDO A LOS PROTAGONISTAS DEL T-MEC Olga Pellicer

EL DINERO DE LOS PARTIDOS

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Pablo Gómez PAG. 3

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Miércoles 18 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La idea en que todo va muy bien

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n el desempeño de distintos gobiernos en Chiapas ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Esto sólo ha ocasionado una mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de muchos conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos y se deja que estos estallen para escuchar a las quejas y demandas. De igual manera, no existe la mínima intención de parte del gobierno de crear en el servicio público una cultura de los derechos humanos, situación que viene provocando prácticas en el que resultan violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los funcionarios, y que organismos defensores de derechos humanos ten-

gan puestos los ojos en la entidad, como son dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ambas resoluciones han sido desestimadas por el gobierno de Chiapas y no se han implementado los mecanismos adecuados para dar cumplimiento tanto a las recomendaciones de la CNDH como a las medidas cautelares de la CIDH. Por ello es necesario reiterar el señalamiento de que la operación política en Chiapas no está funcionando y no funciona, porque existe una visión clientelar de posicionamiento político por parte de los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. Ismael Brito no está trabajando para ser un eficaz secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales

en el futuro. Además está rodeado de personajes de la peor ralea, que en un gobierno democrático estarían sometidos a juicios, ya sea por golpear mujeres, por dedicarse a la trata, a la extorsión, por enriquecimiento inexplicable o por incurrir en delitos electorales. El triunfo electoral de Rutilio Escandón convocaba a la integración de un gobierno para la transformación de Chiapas. Sin embargo, lo que debía ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia en el funcionamiento del gobierno, después de un primer año de administración, está convertido en una continuidad de las mismas prácticas políticas que han dañado a la entidad y con su actuación como gobierno están traicionando a los chiapanecos, que confiaron en que iban a ser un gobierno diferente y hasta ahora han quedando a deber, con la gran paradoja en que el gobernante no se ha dado cuenta de la ineficacia que existe en el aparato público y piensa que todo va muy bien...

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Se solidarizan con el Frayba por amenazas de muerte Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

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l Grupo de Litigantes Contra la Tortura en América Latina (GL) manifestó su preocupación por las amenazas al director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Pedro de Jesús Faro Navarro, organización integrante del GL. La amenaza surgió por el trabajo que hace el Frayba derivado del caso de Juan de la Cruz Ruiz y otros presos políticos indígenas, “se ha denunciado que su proceso penal estaba plagado de violaciones al debido proceso y que sufrieron tortura durante su detención para auto-inculparse”. “No es la primera vez que el equipo Frayba recibe amenazas por su labor. El 20 de septiembre del 2018, recibió amenazas legales y desacreditación por acompañar a una víctima de tortura en Chiapas. Lo mismo le ha ocurrido a otras organizaciones mexicanas, parte del GL. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2019, el GL ya se había pronunciado por amenazas a integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, integrante del GL”, señalan en un comunicado de prensa. El GL asegura que estos acontecimientos demuestran que en México la defensa de los derechos humanos representa un elevado riesgo. “El Estado mexicano incumple sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar el trabajo de quienes defienden derechos humanos. En este sentido se pronunció el Comité contra la Tortura de Naciones Uni-

Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

El Vicecónsul de Guatemala en México, Fernando Castro Molina, informó que en los últimos meses ha incrementado la detención de migrantes guatemaltecos por una instancia diferente al Instituto Nacional de Migración (INM), principalmente por elementos del Ejército Mexicano. Lo anterior se dio a conocer luego de realizar un proceso de verificación de captura de migrantes en Comitán de Domínguez por parte de elementos del Ejército, donde generalmente les explican el derecho que tienen de obtener una Visa Humanitaria, pero se niegan a recibirlo y son deportados. Castro Molina dio a conocer que fueron 90 de sus connacionales los que fueron capturados por una institución diferente al INM y tras

La amenaza surgió por el trabajo que hace el Frayba derivado del caso de Juan de la Cruz Ruiz y otros presos políticos indígenas, “se ha denunciado que su proceso penal estaba plagado de violaciones al debido proceso y que sufrieron tortura durante su detención para auto-inculparse”

das el 17 de mayo de 2019, en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México (CAT/C/GTM/7, párr. 62)”. En ese contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una medida cautelar, en fechas

pasadas ha solicitado al Estado mexicano tomar medidas necesarias para proteger al equipo Frayba. “El GL es una plataforma establecida en abril de 2019, conformada por abogadas y abogados de 17 organizaciones de la sociedad civil

de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dirigida a luchar de forma colectiva contra la Tortura y la impunidad en la región mediante una perspectiva integral del litigio”, concluye el escrito.

Incrementa detención de migrantes por elementos del Ejército recibir un exhorto decidieron ser deportados. “Del total de 90, 45 fueron capturados por elementos ejércitos del Ejército Mexicano y a pesar de explicarles las ventajas de la visa rechazaron el ofrecimiento de gestionárselos”. Por lo anterior, adelantó que ha realizado entrevistas consulares a guatemaltecos, para elaborar pases de viaje para retornarlos a Guatemala. Finalmente, reveló que este mismo martes hay nuevos aseguramientos y se suma a 145 los concentrados en la estación migratoria de Comitán de Domínguez y el CAITF.

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Bernardino Toscano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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l cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas encabezado por el alcalde MORENA, Carlos Orsoé Morales Vázquez aprobó la pinta del parque central por un monto millonario, una superficie de unos 6 mil 400 metros cuadrados, lo que causó indignación y molestia en amplios sectores de la población que se encuentra asolada por la creciente inseguridad. De acuerdo a información oficial del propio ayuntamiento publicado en el muro de la Regidora Adriana Guillén, fueron 3 millones 654 mil 97 pesos con 85 centavos del presupuesto programa PIM 2019, en el cual solo pretenden pintar una flor en el centro del parque central y otros colores en forma de cuadriculas. La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar, porque se necesita apoyos en cuanto a seguridad debido a los asaltos violentos registrados a diario, la falta de luminarias, señalamientos viales, aseo público, pavimentación de calles, entre otros servicios básicos. El ayuntamiento capitalino, de acuerdo al proyecto arquitectónico que presentaron en redes sociales pretende pintar una flor de mayo en el centro del parque y pintar cuadriculas con otro color de pintura. Sin embargo, no se ve que quieran sembrar árboles o ponerle una sola banca a esa extensión de terreno, o alguna otra obra que justifique el oneroso gasto que se califica como superfluos, solo pintura.

A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Carlos Mario Estrada Urbina, coordinador estatal del Partido del Trabajo en Chiapas (PT), solicitó al Tribunal de Justicia local no ser omiso de la violación a los derechos humanos cometidos por el alcalde de Bochil; acusado penalmente de secuestrar a dos funcionarios públicos y militantes de Morena. El petista acusó a Gildardo Zenteno Moreno, alcalde de Bochil de causar inestabilidad social en la región a base de mentiras y engaños con la entrega de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem). “Un presidente municipal pésimo (Gildardo Zenteno Moreno). Lo que ha hecho es no cumplirle a la gente”, comentó. Sin embargo, recordó que militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) intervinieron en la mayoría de los conflictos por ser hablantes de lenguas indígenas, acción que favoreció al edil para luego culparlos de delitos no cometidos. “Estos compañeros ayudaron a destrabar el conflicto con la pre-

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Gastará ayuntamiento millones para pintar una flor en el Parque Central De acuerdo a información oficial del propio ayuntamiento publicado en el muro de la Regidora Adriana Guillén, fueron 3 millones 654 mil 97 pesos con 85 centavos del presupuesto programa PIM 2019, en el cual solo pretenden pintar una flor en el centro del parque central y otros colores en forma de cuadriculas

Edil es un secuestrador: PT Chiapas sidencia municipal, había una demanda ahí de varias comunidades por la cuestión del programa del Copladem, se destrabó el problema y Gildardo Zenteno Moreno, que funge como presidente municipal se comprometió a no hacer ningún tipo de denuncia, sin embargo, lo denuncia a los compañeros que están ahí, ya probaron que no tienen nada de qué ver con que se les acusa”, detalló. Por lo anterior, Estrada Urbina acusó al presidente municipal de traicionar su palabra como representante municipal y de secuestrar a los militantes del partido que fundó el actual presidente de México. “Secuestraron a dos funcionarios y regidores… hay varios presos que son de Morena: Venancio López Núñez, Sebastián López Hernández, Marco Antonio Pérez Molina, Orbelín Hernández López, Apolinar Hernández, ellos son presos políticos, porque son acusados por el presidente municipal de motín”, puntualizó. Denunció que Gildardo Zenteno está usando su poder para violar los

derechos humanos de los habitantes de comunidades originarias y del municipio de Bochil. “Hay una violación a los derechos humanos. Todos los detenidos son indígenas, no es posible que estén en la cárcel; están sin deberla ni temerla”, dijo. Con base a sus pronunciamientos públicos, exhortó al presidente

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, garantizar juicios justos y no pasar de por medio la imparcialidad. “Un llamado también al presidente del Tribunal de Justicia, Juan Óscar Trinidad, que hable con sus jueces porqué ya no debe de haber jueces de consigna”, suplicó.

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Maestros de Telebachillerato sin aguinaldo, toman calles de Tuxtla Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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on acciones radicales maestros de diferentes regiones del estado exigieron este martes a las autoridades educativas pagar los 20 millones de pesos correspondientes a salarios y aguinaldos. Una vez en la capital chiapaneca los docentes bloquearon los accesos al palacio de gobierno y la Avenida Central, generando un gran caos vehicular y malestar en la población que criticó estas acciones. Por su parte los docentes inconformes dieron a conocer que el pasado jueves la Secretaría de

Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma del estado de Chiapas alertaron sobre las condiciones difíciles de vida que enfrentan toda vez que el Rector, Carlos Faustino Natarén Nandayapa ha sido omiso para resolver esta situación que los conllevaría a pasar una navidad amarga. En entrevista para esta casa editorial; Jorge Ruiz Domínguez, Presidente de los Jubilados y Pensionados de la UNACH explico que pese a que ellos se han con-

Una vez en la capital chiapaneca los docentes bloquearon los accesos al palacio de gobierno y la Avenida Central, generando un gran caos vehicular y malestar en la población que criticó estas acciones. Por su parte los docentes inconformes dieron a conocer que el pasado jueves la Secretaría de Hacienda se había comprometido a liberar estos pagos a los 960 maestros de este nivel educativo Hacienda se había comprometido a liberar estos pagos a los 960 maestros de este nivel educativo. Sin embargo señalaron que no hubo respuesta por ello las acciones emprendidas este martes en la capital chiapaneca, que contempló bloqueos intermitentes en el cruce de Calle y Avenida Central. Benito de Jesús Velasco Her-

nández recordó que son 690 maestros que no han percibido los salarios correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y el aguinaldo. Entre las demandas también pidieron ser integrados de manera formal al sistema educativo estatal, ya que actualmente no tienen ningún tipo de prestación, no tie-

nen bases, siendo una situación que han afrontado desde el año 2013. “El proceso de basificación ya está aprobado por la federación por lo que pedimos a las autoridades la hagan efectiva en el estado de Chiapas y así los maestros de este nivel puedan tener certeza laboral”, expresó.

Jubilados y pensionados de la UNACH en riesgo de pasar navidad amarga ducido por los cauces legales y Constitucionales a las autoridades universitarias, eso poco parece importarles. Por lo que exhortó a Natarén Nandayapa para que durante su informe anual informe sobre el adeudo que mantiene esta casa de estudios con los jubilados y pensionados cuya demanda de pagos data desde 2017.

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Pobladores de Chiná piden reubicar vías férreas del Tren Maya… o “se cometerá un atropello” Rosa Santana Chiná, Camp. (apro)

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oradores de este poblado conurbado a la capital pidieron al gobierno federal que escuche su clamor de reubicar las vías férreas en lugar de perjudicar a más de 300 familias cuyas viviendas y negocios serían demolidos por el Tren Maya. Aclararon que no están en contra del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en contra del progreso, pero suplicaron que, en el caso de esta localidad fundada a finales del siglo XIX, se considere la alternativa de trazar una nueva ruta para sacar las vías del pueblo. Antiguos excomisarios recordaron que en 1917 Chiná, junto con Champotón y Tenabo, estos dos últimos ya erigidos en municipio, tramitaron su solicitud ante los gobiernos posrevolucionarios para recuperar sus tierras. La primera dotación de tierras ejidales la recibieron en 1922, y la segunda dos años después. La vía del ferrocarril que hoy se pretende utilizar para el Tren Maya, narraron, se comenzó a construir en 1932 y la inauguró el expresidente Miguel Alemán en 1950, y para ello fueron expropiados terrenos al ejido. Insistieron que no se oponen al nuevo proyecto, porque “creemos que es bueno”, pero aseguraron que en el caso de esta comunidad “se cometerá un atropello” contra quienes viven frente a las vías. De acuerdo con los afectados, sus predios respetaron el derecho de vía,

Rosa Santana Chablekal, Yuc. (apro)

El Equipo Indignación exigió a los gobiernos federal y estatal tomar acciones inmediatas para proteger a integrantes de la organización Múuch’ Xíinbal-Asamblea de Defensores del Territorio Maya, ante las amenazas de muerte que han recibido. El lunes 16, precisó, Pedro Uc, defensor del territorio maya, recibió una advertencia a través de un mensaje de texto, que luego se extendió a sus hijos, y también se mencionó a Minelia Tun, de quien los agresores expusieron datos personales, como su fecha de nacimiento y dirección. El Equipo Indignación recordó que en los últimos años Múuch’ Xíinbal ha denunciado distintas advertencias a raíz de su labor de defensa ante megaproyectos que pretenden imponerse en su territorio. En agosto pasado, detalló, la organización dio a conocer una amenaza dirigida contra Gregorio Hau Caamal, otro de sus integrantes, quien

Aclararon que no están en contra del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en contra del progreso, pero suplicaron que, en el caso de esta localidad fundada a finales del siglo XIX, se considere la alternativa de trazar una nueva ruta para sacar las vías del pueblo

pero en el caso del nuevo proyecto, por tratarse de un tren rápido, “nos quieren quitar 10 o 15 metros más de cada lado, pues dicen que necesitan 25 por tratarse de un tren rápido”. Asimismo, denunciaron que el funcionario que acudió a las reuniones informativas en la comunidad “sólo convocó y en secreto” a algunos ejidatarios cuyas propiedades ni siquiera están cercanas a la vía. “Al enterarnos, los afectados exigimos otra reunión con nosotros, pero el funcionario, de apellido León, en tono impositivo nos dijo que el Tren Maya ‘va porque va’, y no quiso escuchar nuestros argumentos y excusó que no van a talar árboles”. Añadieron: “Sólo pedimos que reubiquen las vías porque van a derruir las viviendas y negocios de más 300 familias”.

Y explicaron que esa franja que resultará afectada --la calle principal del poblado-- es donde se mueve la economía del lugar, además de que es una de las dos únicas entradas. Señalaron que a unos predios les derribarán una parte, mientras que otros, aunque no alcancen a ser derruidos, perderán sus accesos si no están en esquina o no tienen salida por atrás, porque además “se construirán bardas a los lados de la vía, lo que también partirá el pueblo en dos”. Los pobladores manifestaron que, si la justificación para no sacar la vía es que no quieren tirar árboles, ellos están dispuestos a sembrar otras áreas para reponer las zonas forestales que se perderían. También recordaron que hace algunos años, debido al tráfico vehicular que se generaba en esa arteria

que era paso obligado de los que se dirigían a otros poblados, el gobierno construyó un libramiento, que es la otra salida del pueblo y que apenas está habitada. Tras sugerir que el trazo de la vía férrea se modifique hacia esa zona, cuestionaron: “¿En serio creen que les saldrá más barato derruir predios y pagar indemnizaciones que modificar un poco la ruta? ¡Terrenos hay aquí para hacerlo!”. Prosiguieron: “Podrán reubicarnos en otro sitio para habitar, pero de nuestros negocios aquí dependemos, de eso vivimos, de eso mantenemos a nuestras familias. Por favor, pedimos que nos escuchen y que no nos afecten, porque ¿entonces de qué vamos a vivir’”. Destacaron que hace unos años también se instaló bajo esa arteria el acueducto Hobomó-Campeche, que abastece de agua a la capital campechana. La obra duró más de un año y “ahora encima de esas tuberías quieren que pase el tren”. Los chinaenses advirtieron que en el trayecto de la vía férrea dentro de la comunidad hay tres tramos con curvas muy pronunciadas que se tornarán peligrosas para un tren de alta velocidad, e insistieron que ese es otro motivo que tendrían que considerar para modificar el trazo y sacar el tendido del poblado.

El Equipo Indignación exige investigar amenazas de muerte contra defensores del territorio maya además funge como representante común en el amparo que se interpuso contra el proyecto fotovoltaico “Yucatán Solar”, de la multinacional china Jinko Solar. Y en marzo de 2018, abundó, la Asamblea Múuch’ Xíinbal denunció otras amenazas contra integrantes de la comunidad maya de San José Tipceh, del municipio de Muna, Yucatán, luego de que manifestaron su desacuerdo con el proyecto de energía solar planeado en sus tierras. Dada la situación, el Equipo Indignación lanzó este martes “un enérgico llamado” a los gobiernos federal y estatal, así como al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, “para proteger efectivamente el derecho de toda persona a defender los derechos humanos”. La petición, subrayó, “significa investigar de inmediato las amenazas

señaladas, así como implementar todas las acciones necesarias para proteger la vida y la integridad de los integrantes de Múuch’ Xíinbal y sus familias, en particular, en este momento, la vida e integridad de Pedro Uc, de sus hijos y de Minelia Tun”, a quienes expresó su solidaridad. La organización defensora de los

derechos humanos también deploró “las amenazas dirigidas contra quienes defienden el territorio maya del despojo y de las amenazas que representan distintos megaproyectos empresariales, los cuales se imponen sin consultar debidamente a los pueblos y violando el derecho a la libre determinación”.

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AMLO y Durazo presentan su “quién es quién en seguridad” Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

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on un llamado a los gobernadores a no delegar la responsabilidad en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en la materia revelaron quiénes son los mandatarios estatales menos participativos en la atención de la problemática. Fue el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien dio a conocer que los gobernadores que menos acuden a las reuniones que se realizan diariamente en los estados, son el de Querétaro, Francisco Domínguez y el de Nayarit, Antonio Echevarría, quienes no asistieron a ninguna reunión en el presente año. A ellos les sigue el campechano Carlos Miguel Aysa (una reunión); el coahuilense Miguel Ángel Riquelme (4); el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez (5). El caso del guanajuatense es de desatacar pues su estado se convirtió en el más letal como producto de la violencia que en lo que va de 2019 acumula tres mil 211 homicidios dolosos. El presidente López Obrador, que desde hace semanas advirtió que daría a conocer un “quién es quién” en materia de seguridad, descartó que haya pleitos, distingos de su administración entre gobernadores o un afán de polemizar.

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración peñanietista, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por un supuesto “abuso de poder” que ejerció el Ministerio Público de la Federación al negarle su presunción de inocencia. Mediante una carta difundida en sus redes sociales, los despachos de abogados encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, señalaron que “de manera sistemática han fabricado pruebas, mentido y difamado a la exfuncionaria con el propósito de mantenerla en prisión preventiva”. “Por todo lo expuesto, Rosario Robles pide a la presidenta de la CNDH [Rosario Piedra Ibarra] admita a trámite la queja; inicie la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emitir la

Fue el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien dio a conocer que los gobernadores que menos acuden a las reuniones que se realizan diariamente en los estados, son el de Querétaro, Francisco Domínguez y el de Nayarit, Antonio Echevarría, quienes no asistieron a ninguna reunión en el presente año

“El propósito no es culpar a nadie, sino informar, que los ciudadanos tengan todos los elementos”. Agregó que con los gobernadores hay una buena relación que ejercicios como el de hoy es porque existe el deber de informar a los ciudadanos sobre avances, además de anticipar que habrá una reunión con los gobernadores de los estados. “Todos tenemos que hacernos

cargo, hacernos responsables, garantizar la paz y la tranquilidad en el país, por eso es que todos los días nos ocupamos del tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en las entidades federativas donde hay más incidencia (delictiva)”, insistió. Cada mañana, de lunes a viernes, el mandatario preside una reunión del gabinete de seguridad en Palacio Na-

cional y desde el arranque del gobierno ha solicitado que dichas reuniones sean presididas por los gobernadores en sus respectivos estados. A su vez, en la estadística presentada hoy, resultaron como los más participativos el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, con 244 reuniones presididas, y la capitalina Claudia Sheinbaum, quien habría participado en 300 reuniones.

Rosario Robles presenta una queja ante la CNDH por abuso de poder en su contra recomendación”, señaló la misiva. Asimismo, se acusa al Ministerio Público de la Federación “ha violentado mi presunción de inocencia; aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime, en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoria”. Durante los último dos meses, Robles Berlanga ha alegado que la FGR presentó dos licencias de conducir para justificar su previsión preventiva justificada, pero una de las cuales es “una fake/licencia”. En la audiencia de apelación de vinculación a proceso por “ejercicio indebido del poder público”, celebrada el pasado 12 de diciembre, también alegó que la FGR la acusa de “ser omisa ante actos de terceros, lo paradójico es que esos terceros están en libertad como dicta el debido proceso y yo soy la única que está en

la cárcel”, dijo. “O, cuando se habla de terceros, ¿a quiénes se refiere? ¿A un gobierno o a un sexenio?”, preguntó. Su defensa legal solicitó una prórroga a esta etapa de la investigación complementaria que concluirá este 13 de diciembre, pero a la cual se le

concedieron dos meses más para continuar su curso. Es decir, concluirá el próximo 13 de febrero, tiempo en el que seguirá en prisión, luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México considerara que legal su vinculación a proceso.

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EU recomienda a sus ciudadanos evitar medio México por la violencia Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

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ebido a la inseguridad que impera en el país, el gobierno estadunidense recomendó a sus connacionales que no viajen a cinco entidades en México –mencionó incluso que en Tamaulipas se llevan a cabo “desapariciones forzadas”– y les pidió que “reconsideraran” sus planes de visitar otros 11 estados; en otras palabras, Washington aconsejó evitar la mitad del país. En una actualización de sus advertencias de viaje, el Departamento de Estado aseveró que en México es “generalizada” la delincuencia violenta “como homicidios, secuestros, robo de autos y robos”, y advirtió que el gobierno de Estados Unidos “tiene capacidades limitadas para proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadunidenses en muchas áreas de México”. El gobierno de Estados Unidos pidió a sus connacionales que no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, y les exhortó a reconsiderar sus visitas a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro).

Al desplegar a la Guardia Nacional para impedir que migrantes lleguen a Estados Unidos y así “aplacar” la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “siguió los pasos de su predecesor, Enrique Peña Nieto, y reprimió a los migrantes y solicitantes de asilo que viajan por el país”, advirtió la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). En un informe publicado hoy, titulado “El ‘Muro’ previo al muro”, la organización observó que el gobierno mexicano incrementó “drásticamente” sus operaciones antimigrantes después que el gobierno estadunidense de Donald Trump amagó con imponer un arancel a la frontera, y alcanzó niveles inéditos en materia de detención y deportación. “La presión creciente de Estados Unidos obligó la administración de López Obrador a relegar sus nobles objetivos de atender las causas de raíz de la migración. El gobierno cambió sus esfuerzos hacia detener y, en general, deportar rápidamente la mayor cantidad posible de migrantes para cumplir con metas de éxito indefinidas de Estados Unidos”, soslayó.

En una actualización de sus advertencias de viaje, el Departamento de Estado aseveró que en México es “generalizada” la delincuencia violenta “como homicidios, secuestros, robo de autos y robos”, y advirtió que el gobierno de Estados Unidos “tiene capacidades limitadas para proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadunidenses en muchas áreas de México”

Les pide ser “extravigilantes” También aconsejó a los viajeros estadunidenses ser “extravigilantes” cuando acudan a bancos o cajeros automáticos, ejercer gran precaución en bares, discotecas y casinos, y no exhibir muestras de riquezas, como relojes o joyerías. En Tamaulipas, por ejemplo, el Departamento de Estado indicó que

“las actividades del crimen organizado –incluyendo tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de coches, secuestros, desapariciones forzadas, extorción y ataques sexuales– es común a lo largo de la frontera norte en Ciudad Victoria”; también señaló que los grupos a menudo toman pasajeros como rehenes y que grupos con vehículos no marcados operan en la zona.

En Chihuahua, el gobierno estadunidense advirtió que “los delitos violentos y la actividad criminal son comunes”, entre ellos que “enfrentamientos por territorios entre grupos criminales provocaron crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos y funcionarios de Estados Unidos, incluyendo restaurantes y centros comerciales en plena luz de día”; lo mismo dijo de Jalisco y Guadalajara, en cuya área metropolitana ocurrieron “tiroteos entre grupos criminales que hirieron o mataron personas inocentes”. En Colima, la diplomacia estadunidense subrayó que “la violencia y la actividad criminal son generalizadas”; en Guanajuato, señaló que “la violencia relacionada con los grupos criminales ocurre principalmente en el Sur del estado, en la frontera con Michoacán, y esta violencia está relacionada, en general, con el robo organizado de petróleo y gas natural”.

AMLO sigue los pasos de Peña al reprimir a migrantes, advierte la WOLA La organización señaló que la administración Trump ha financiado la política antimigrante de México así como el sistema de asilo mexicano –mediante el otorgamiento de recursos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)–, y le queda por determinar “si proveerá apoyo directo, y cómo lo haría, a la Guardia Nacional”. WOLA expresó su preocupación ante el hecho de que los integrantes de la Guardia Nacional son “soldados en activo o policías militares”, que como tales no recibieron el adiestramiento suficiente en derechos humanos, y recordó que el gobierno no dio “pasos significativos” para capacitar a sus uniformados, derivado de un acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Esta militarización quedó reforzada a raíz de la llegada de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), pues designó militares para ocupar ocho delegaciones de esta institución en el sur y norte del país, recalcó.

Recordó que, tan solo en junio pasado, el gobierno mexicano detuvo a 31 mil 416 personas migrantes –una cifra inédita desde que existe un registro público–, lo que llevó los centros de detención migratoria a operar “mucho más allá de sus capacidades”, con tasas de sobrepoblación de entre 61% y 300%, en espacios que carecen de condiciones sanitarias, a servicios de salud, o incluso a alimentos. Ante esta situación, “el gobierno mexicano sigue restringiendo el monitoreo independiente de estos centros de detención”, deploró WOLA. También subrayó que, bajo los Protocolos de Protección a Migrantes –mejor conocido como el plan “Quédate en México”–, las autoridades estadunidenses devolvieron más de 55 mil solicitantes de asilo extranjeros en los estados fronterizos de México, entre ellos en Nuevo Laredo y Matamoros, donde “son a menudo secuestrados y robados”. Ante esta situación, el gobierno mexicano ofrece “discretamente” a los solicitantes de asilo devueltos un viaje en autobús hacia la zona sur del

país, sin informarles sobre las opciones para regresar a la frontera norte para asistir a sus audiencias ante un juez de migración estadunidense. La organización señaló que, a consecuencia de sus esfuerzos por impedir el paso por el país, el gobierno mexicano provocó un disparo en el número de solicitudes de asilo en México –fueron 66 mil 915 entre enero y noviembre, contra 29 mil 631 en todo 2018 y apenas mil 296 en 2013–, lo que colapsó la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR). En Tapachula, por ejemplo, “la oficina recibe entre 120 y 150 solicitudes al día, y cada uno de sus 21 empleados maneja alrededor de mil 300 casos”.

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CIDH pide a AMLO reinstalación del GIEI en caso Ayotzinapa Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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más de cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 3 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reinstalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de brindar asistencia técnica internacional que “evite la impunidad y ofrezca justicia y verdad a las víctimas”. En un comunicado, la CIDH destacó que “los resultados han sido infructuosos”, pese a que en este gobierno “ha podido constatar el interés de avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, de ahí que en la última reunión con familiares de víctimas y sus representantes, el 2 de diciembre, determinó recomendar al Estado la reinstalación del GIEI. Para la CIDH en la investigación “persiste una serie de desafíos”, entre ellos la fragmentación de la investigación, la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, así como la falta de detenciones de agentes estatales por acción u omisión. Apuntó que, un nuevo impulso internacional de las investigaciones, “sólo puede hacerse efectivo a través e la reinstalación del GIEI”, por lo que se propuso formalmente al gobierno, “iniciar y concluir a la mayor brevedad posible el acuerdo correspondiente para que el GIEI pueda iniciar sus funciones”. De acuerdo al organismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que garantice que los integrantes del GIEI puedan acceder libremente y sin restricciones al expediente judicial; participar de las diligencias de búsqueda; analizar las líneas de investigación existentes y recomendar la apertu-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, será trasladado a Nueva York para ser juzgado por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Durante su audiencia en Dallas, Texas -a la que llegó esposado y con el traje naranja de custodio y que duró alrededor de 15 minutos-, se determinó que el traslado a Nueva York se dé en las siguientes 48 horas. Asimismo, el exfuncionario federal renunció a su derecho de recibir apoyo diplomático por parte del gobierno

ra de otras nuevas; identificación de patrones de tortura; y recomendar mecanismos de colaboración eficaz; así como acompañamiento a las labores de implementación del Plan de Atención Integral a Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”. El organismo destacó su preocupación “por las decisiones judiciales que condujeron a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”. Al reconocer la voluntad política para esclarecer el caso, “en el escenario actual, la Comisión considera que existen condiciones que han abierto una ventana de oportunidad histórica para avanzar con las investigaciones reforzadas a través del acompañamiento internacional”. Resaltó que en una reunión con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes el 2 de diciembre pasado, “la Comisión recogió su encarecida solicitud para que, en el máximo de sus esfuerzos, potencie las labores de investigación y busque que el Estado garantice las condiciones necesarias para que los expertos internacionales contratados en la actualidad por la Comisión para el acompañamiento técnico de las investigaciones, puedan realizar tareas de asistencia técnica y coadyuvancia con la mayor independencia y salva-

guarda de sus seguridad personal”. El organismo hizo un recuento de su participación en el caso, desde que emitió las medidas cautelares 40914, tras la desaparición de los jóvenes la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, para luego dar paso a la creación del GIEI, que emitió dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, para después dar paso a la supervisión de dichas observaciones a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa (MESA), medidas tomadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La CIDH advirtió que el GIEI “contribuyó para contestar la versión oficial de la ‘verdad histórica’ y el Mecanismo de Seguimiento permitió contribuir con la apertura de nuevas líneas de investigación y la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda de desaparecidos”, lo que permitió “mantener el caso en visibilidad internacional hasta el alcance de las nuevas medidas acordadas por el gobierno de México”. Recordó que ya con el gobierno de López Obrador, tras la instalación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), “por

solicitud del Estado y los familiares, el MESA fue reforzado para brindar acompañamiento técnico”. Lo anterior implicó la creación de un Grupo de Acompañamiento Técnico que coordinara con la Comisión y la Unidad, que estuvo integrado por personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, que trabajaron de manera permanente en México, y contó con la colaboración de exintegrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Francisco Cox. La CIDH agregó que ha dado seguimiento a la situación de los estudiantes Aldo Gutiérrez y Edgar Vargas, así como a la atención de salud para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. A cinco años de los acontecimientos y convencida de que “las autoridades nacionales deben avanzar en la investigación con resultados”, la CIDH destacó que de aprobarse la reinstalación del GIEI, “continuará con sus habituales labores de seguimiento de la Medida Cautelar por medio de la realización de audiencias públicas en sus periodos de sesiones, convocatoria de reuniones de trabajo, visitas periódicas de la relatora de país, comunicados de prensa evaluando los informes de progreso, entre otras”, en apego con la obligaciones del Estado mexicano según los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aunado a ello, la CIDH resaltó que mantendrá su representación en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, “y su mejor disposición para asistir técnicamente al Estado y sus órganos especializados en materia de búsqueda de personas, desaparición, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros temas priorizados e identificados a partir de la labor de la CIDH y la disposición para su cooperación técnico permanente con el gobierno de México”.

Genaro García Luna será trasladado a NY; rechaza apoyo diplomático de México de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. García Luna, detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, es acusado de tres cargos de conspiración para el tráfico de drogas -entre los que destaca el supuesto cobro de sobornos para dejar operar al Cártel de Sinaloa en México con total impunidad-, así como de falsedad en sus declaraciones para obtener la ciudadanía estadunidense.

El también director de la ya extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en tiempos de Vicente Fox, llevará su proceso en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York con el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua. Por los delitos que se le acusan, Genaro García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años en prisión y una máxima de cadena perpetua.

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Falta de recursos financieros y humanos para atender violencia de género Sonia Gerth Ciudad de México.

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un año de la llamada “Cuarta Transformación”, los recursos que se asignan a agencias del Estado para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, son “poco alentadores”, de acuerdo con la politóloga Tatiana Revilla Solís, en la publicación “Desafíos sociales en la frontera norte de México a un año de Gobierno de AMLO”, del Colegio de la Frontera Norte. A las principales fallas reportadas por quienes operan las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia de género, recaen falta de recursos humanos, materiales y de capacidades institucionales, las cuales, aún con mayores presupuestos en años pasados, no pudieron presentar mejoría, aseguró la doctora en políticas públicas en su análisis “Fallas y retos de la atención de la violencia de género contra las mujeres.” Aunque precisa que “ no podemos asegurar una relación causal entre mayor presupuesto y eficiencia institucional”, la experta afirmó que “si en esta reducción de presupuesto no se hace un análisis de las problemáticas con filigrana y no se gasta con eficiencia y con el foco en las fallas específicas operativas, no únicamente no va a mejorar sino pueden presentarse aún mayores retos.” Revilla Solís detalló que para la investigación, su grupo de trabajo realizó mesas de trabajo y grupos focales al personal policiaco municipal y estatal de diversos estados. Las y los participantes señalaron problemáticas que explican, en cierta medida, las fallas en

la operación policial para brindar una atención efectiva a los casos de violencia de género. “Al llegar al Ministerio Público regresan a las mujeres que no muestren señales de violencia física grave”, fue la queja más nombrada. Asimismo, el Ministerio Público desincentiva la denuncia o envía a las mujeres a otras agencias o Centros de Justicia para las Mujeres después de horas de espera. Las y los participantes indicaron que usaron recursos propios como automóviles, tiempo fuera de su jornada y en ocasiones gasolina propia para traslados de las víctimas a donde lo indique el Ministerio Público. Existe una falta de formación en el tema de perspectiva de género y protocolos de actuación, así como una falta de claridad en quién debe dar seguimiento a las órdenes de protección. Las o los peritos de las procuradurías tardan más de seis horas mínimo en llegar, alegaron. Por el otro lado, al participar en las mesas de trabajo, el personal de las fiscalías, es decir, Ministerios Públicos, peritas y peritos, personal médico legista y de trabajado social, señalaron salarios bajos, horarios extensos, y la falta de recursos materiales, como tinta e impresoras. Algunas personas dijeron llevarse impresoras propias y comprar cartuchos de su propio salario. Indica-

ron una falta de vehículos para policías ministeriales, personas investigadoras y demás personal que requiera hacer diligencias, así como falta de gasolina, y falta de mobiliario para trabajar, falta de recursos para contratación de personal médico legista, de peritaje, y policía investigadora. Además, el personal de los ministerios públicos mencionó que les faltaba capacitación, y que jueces y juezas que no estaban capacitadas en perspectiva de género echaban atrás toda su investigación. “Las fallas en la atención la encontramos en todo el proceso de acceso a la justicia de las mujeres, desde el policía local, fiscalías, procuradurías y jueces, además de una visión punitiva del tema”, concluyó Revilla Solís al analizar los resultados de las mesas de trabajo. Adivirtió que sería necesario implementar protocolos efectivos de atención, medios alternos de solución de conflictos en casos no graves, y mesas de trabajo con policías, fiscales, juezas y jueces. “Mientras las respuestas al tema de violencia contras las mujeres estén centradas en lo punitivo, y no se ponga el foco en las fallas operativas, pocas esperanzas de solución se vislumbran”, sentenció. Al analizar los rubros de seguridad pública del Anexo 13 del Presupuesto

de Egresos de la Federación (PEF), que especifica el gasto de igualdad de mujeres y hombres, describió las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como “poco alentadoras”. Los gastos para la Fiscalía General de la República disminuyeron de un total de 130 millones 862 mil 842 pesos en 2019, a 75 millones 161 mil 048 pesos en 2020, con los tres rubros de “Investigar y perseguir los delitos del orden federal “, “Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada”, y “Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito” bajando de 122 millones 115 mil 792 pesos en conjunto, en 2019, a cero en 2020, según Revilla Solís. Al mismo tiempo, “Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de Derechos Humanos” subió de cero a 68 millones 494 mil 398 pesos. Mientras tanto, el presupuesto de Gobernación en seguridad y protección ciudadana, permaneció estable, con los gastos para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” subiendo de 260 millones 483 mil 143 pesos en 2019, a 267 millones 632 mil 572 pesos, en 2020. La investigadora indicó que los casos de violencia mal atendidos, violaciones a los principios básicos del debido proceso y a los derechos de la víctima, así como y una carencia total de la perspectiva de género, fueron los detonantes para las últimas movilizaciones de mujeres en México, y el resurgimiento del movimiento feminista en los últimos 4 años. Por lo tanto, la investigación buscó dar respuesta a la pregunta de qué había detrás de la inoperancia de las instituciones en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Avanza amnistía para mujeres por homicidio en razón de parentesco Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

Aunque el gobierno federal y la Cámara de Diputados no aceptan despenalizar el aborto, avalaron la posibilidad de amnistiar a mujeres en reclusión por este delito o por homicidio en razón de parentesco. El 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un mecanismo para liberar a personas que hayan cometido delitos contra la salud, robo simple o sedición; a indígenas con irregularidades en sus procesos y a mujeres encarceladas por el delito de aborto y personal médico o de partería acusado de ayudarlas a interrumpir un embarazo. Las y los legisladores agregaron que la amnistía también beneficiará a personas encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco,

un tema que no estaba previsto en la propuesta original de López Obrador. En septiembre, cuando el presidente propuso otorgar el perdón y liberar a las mujeres encarceladas por tener un aborto, voluntario o espontáneo, por medio de la amnistía, defensoras de los derechos de las mujeres insistieron en que la mejor forma de hacer justicia era acabar con la persecución de las mujeres y despenalizar este delito. Organizaciones que participaron en los tres foros organizados por la Cámara de Diputados para analizar esta propuesta, como Las Libres, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y AsiLEGAL, señalaron las deficiencias de la iniciativa, por ejemplo, que se trata de una ley que sólo aplica a casos del fuero federal. Como muestra, de acuerdo con el Legislativo, no hay una sola mujer recluida en cárceles federales por el

delito de aborto. Por otro lado, hasta octubre, se registraban 552 carpetas de investigación por este delito, casos que son procesados a nivel estatal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las agrupaciones alertaron que, aunque muchas mujeres tuvieron un parto fortuito, fueron encarceladas por homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado, infanticidio u omisión de cuidados, delitos que no se contemplaron en la Ley de Amnistía, por ello consideraron que la mejor respuesta era despenalizar el aborto a nivel local. En respuesta a estas observaciones, la Cámara de Diputados agregó a la ley que también se beneficiará a las acusadas de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco. Sin embargo, hay un grupo de legisladores convencidos de que no es necesario despenalizar el aborto. Incluso

en la sesión del miércoles 11 de diciembre, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Adriana Paulina Teissier Zavala, propuso eliminar la posibilidad de dar amnistía por aborto. “Cómo podemos ser la Legislatura de la paridad y ser la que más ha legislado en materia de protección a la mujer y ahora damos un giro de 360 grados, por cierto, nada congruente, y hoy perdonamos a quienes no la valoran. Para mí algo es claro: quien no valora la vida no valora nada”, dijo. La propuesta de la legisladora no prosperó.

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EL DINERO DE LOS PARTIDOS Pablo Gómez

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l financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio. En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PRI y el PAN incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido. Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el

llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos. Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 mil 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas. El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial. La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena

y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple. Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro. Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora. La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT. El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

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RECONOCIENDO A LOS PROTAGONISTAS DEL T-MEC Olga Pellicer

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l reconocimiento un tanto exaltado con que se recibió la firma del protocolo de enmiendas al T-MEC lleva a recordar las rutas que se siguieron para lograrlo, a ver con mayor cuidado las enmiendas que se aceptaron y a tomar en cuenta los escenarios futuros de la vida política en Estados Unidos. La primera versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue firmada por los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos en Buenos Aires en noviembre de 2018. Las negociaciones para lograrlo fueron muy complejas. El punto de partida fue la opinión muy agresiva del presidente Donald Trump, quien lo consideraba “el peor tratado que jamás haya firmado Estados Unidos”. Fue, por lo tanto, un logro que el documento se salvara, que se introdujeran cláusulas novedosas correpondientes a los cambios ocurridos en el comercio internacional después de 25 años y, sobre todo, que se lograse superar la visión del Ejecutivo estadunidense, para quien un acuerdo comercial se valora en función del déficit que produzca, o no, a Estados Unidos. Faltaba la ratificación del acuerdo conocido ahora en español por las siglas T-MEC. Esta fue más difícil de lo esperado debido al triunfo del Partido Demócrata que consiguió la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2018. Diversas razones invitaban a los líderes de dicho partido a ver con cautela la ratificación. Para algunos, se trataba simplemente de no conceder lo que aparecía como un triunfo republicano. Para otros, los más, no era posible ignorar la

conocida oposición de los sindicatos, en particular la poderosa organización sindical AFL-CIO, al libre comercio con México. Consideran, con buenos argumentos, que los efectos sobre los salarios y, en general, para el empleo en Estados Unidos no son favorables. La situación anterior se cruzó con el inicio del juicio político al presidente Trump, asunto que ha requerido de toda la atención, energías, cabildeos y activismo del Partido Demócrata. El T-MEC pasó a ocupar un lugar secundario, y el temor de que permaneciera fuera de la agenda de prioridades del Congreso estadunidense comenzó a repercutir en la marcha de la economía mexicana, el eslabón más débil del acuerdo comercial. Cierto que el tratado beneficia a los tres países, pero su significado es muy distinto para uno de los miembros cuya actividad exportadora representa un porcentaje muy alto de su PIB. Visto así, no es lo mismo México que Estados Unidos o Canadá. Es comprensible que el Senado mexicano lo haya ratificado con enorme prontitud, también que los inversionistas extranjeros y nacionales detuvieran sus proyectos hasta saber lo que pasaría con el T-MEC. La posición oficial de los negociadores mexicanos fue la de transmitir tranquilidad, asegurando que la ratificación por parte de Estados Unidos venía pronto. En realidad, los demócratas trabajaron afanosamente en una serie de modificaciones de las que poco se dio a conocer a la opinión pública mexicana hasta días antes de que estuviera listo para ser aprobado el Protocolo de Enmiendas. Las enmiendas abordan diversos aspectos del tratado en los sec-

tores automotriz, farmacéutico y en la solución de controversias, entre otros. Ahora bien, sin duda las más importantes son las relativas a los asuntos laborales. En efecto, es en las diferencias en materia de salarios, libertad sindical y no cumplimiento de los estándares acordados por la Organización Internacional del Trabajo donde México puede obtener ventajas que parecen injustas a los sindicatos estadunidenses. Fueron las demandas demócratas en ese terreno las más difíciles de negociar. A pesar de la impaciencia mexicana por lograr la ratificación, según informaciones de prensa los negociadores mexicanos lucharon duro para alcanzar una versión aceptable del tipo de vigilancia a la que tendrán derecho los estadunidenses sobre las condiciones laborales en México, tanto en lo general como en la aplicación de la reforma laboral que el Congreso mexicano aprobó este año. Cabe subrayar que los detalles del Protocolo de Enmiendas todavía no se conocen. Congresistas, empresarios, académicos y opinión pública en general irán analizando en los próximos días lo que realmente se ganó y en lo que se cedió. Desde luego, tener la ratificación ya fue, en sí misma, la ganancia más importante. Sin embargo, el precio que se pagó para lograrla y la manera en que se pueden reducir esos costos merecen una larga reflexión. La ceremonia para celebrar la firma del protocolo fue un evento altamente mediático. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard decidieron hacerla con grandes reflectores. Tuvo lugar en Palacio Nacional; AMLO y gran parte del

gabinete estuvieron presentes junto al representante comercial de Estados Unidos y la viceministra canadiense. Llamó la atención el grado en que la ceremonia formó parte de las señales a favor de la enorme cordialidad que se ha establecido entre Trump y López Obrador. El reconocimiento otorgado por este último se dirigió, casi exclusivamente, a los esfuerzos del primero para lograr la ratificación, a su empeño para apoyar el proceso que permitiese llegar al fin de las negociaciones. Sin embargo, quienes desempeñaron el papel central en el último acto fueron los demócratas encabezados por Nancy Pelosi. Es ella la que decidió, en momentos de alta tensión política para su partido, darle atención al T-MEC y buscar fórmulas de conciliación para que los puntos de vista de los sindicatos fueran incorporados sin herir demasiado la defensa de la soberanía mexicana. Así, en la celebración en Palacio Nacional hay dos puntos a considerar. Lo primero, que se lanzaron las campanas al vuelo antes de que se conociera a cabalidad “la letra chica” de lo que se ganó y lo que se perdió. Segundo, que se privilegió el abrazo a Trump sobre la construcción de un diálogo más cordial y amigable con el Partido Demócrata. El análisis de largo plazo no parece tener un lugar en el esquema de relaciones que López Obrador construye con el gobierno de Estados Unidos. El resultado de las elecciones en ese país el próximo noviembre dirá si México ha tomado el camino correcto. Este análisis se publicó el 15 de diciembre de 2019 en la edición 2250 de la revista Proceso

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odavía no se ve una salida de solución para los desplazados de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, y un nuevo caso ha sumado este martes a al menos 40 familias del municipio de Chilón a la larga lista de desplazamientos forzados en Chiapas, provocados por la irrupción de grupos armados ligados a los partidos políticos y a los propios gobiernos de municipios indígenas. De acuerdo a la denuncia hecha por el Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), el pasado 6 de diciembre un grupo de cerca de 20 personas armadas, procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’, atacó a los habitantes de la población de San Antonio Patbaxil, obligándolos a dejar sus hogares. Son un total de 190 niños, mujeres, ancianos y hombres, integrantes de 40 familias, quienes salieron de sus hogares para resguardarse en comunidades vecinas o dispersarse en las montañas cercadas por el grupo armado. Y no es un hecho aislado en la zona. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, se trata del mismo grupo agresor que en junio de 2018 desplazó a familias de la comunidad Carmen San José. Desde el 15 de octubre el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror

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n elemento vital para evitar las conductas antisociales, es la prevención, que se logra por medio de la educación. El respeto al orden y al derecho es una forma de coexistir para alcanzar la armonía en la convivencia social con base en principios morales y éticos. Al mantener una conducta ajustada a esos parámetros, es posible evadir castigos innecesarios, pues no se infringe ningún ordenamiento legal que sea sancionado por la misma sociedad y sus normas. La gente que transgrede esos principios y normas, son sancionados penalmente, pero también reciben una nueva oportunidad de reintegrarse a la vida normal en libertad. Seguramente esas personas que estuvieron recluidas en una cárcel, son las que mejor valoran la libertad. A través de la educación en el hogar y las enseñanzas en las escuelas es como se fomentan los valores y principios morales de la buena convivencia social y se contribuye a evitar hechos lamentables que conducen a la privación de la libertad de las per-

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EN LA MIRA Héctor Estrada

Violencia armada sigue expulsando a familias en Chiapas

que vive la población por el cerco armado. Y es que existen otros focos rojos dentro de la región, con principal efervescencia en las comunidades de Verapaz, Tzubute’ El Santa Rosa, del municipio de Chilón, y Santa Cruz ,en el municipio de Sitalá, que también se encuentran en alto riesgo. Y los antecedentes sobran. Hace alrededor de dos años cuatro mil pobladores de la región ubicada entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán dejaron sus casas para recluirse en las montañas, debido a los conflictos por un terreno de 60 hectáreas. El Tribunal Agrario de Chiapas deliberó en diciembre de 2017 a favor de Chenalhó;

resolvió que el territorio había sido cedido erróneamente a Chalchihuitán por la extinta Secretaría de Reforma Agraria (SRA); pero las cosas se complicaron aún más. Ante este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a mediados de año una recomendación para solicitar medidas cautelares a favor de los desplazados, ante el recrudecimiento de la violencia que afectó a tres mil personas que habitaban en las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán, así como de aproximadamente mil

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más de las comunidades de Tzajalchen, Cha’cojton, Chimtic, Pajalto y Majonpepentik, ubicadas en el municipio de Chenalhó. Apenas el pasado mes de junio la historia de 66 niños tsotsiles desplazados por la violencia paramilitar atrajo la atención de medios nacionales. Los hechos ocurrieron cuando seis hombres armados entraron en una camioneta a la comunidad San Pedro Hidalgo y perpetraron el primer ataque del día que dejó una persona herida y pánico entre la población, mayoritariamente integrada por niños y madres. En su última visita a Chiapas, Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), reconoció que los indígenas son actualmente el sector que más padece el desplazamiento forzado en México. Precisó que, en la década reciente el gobierno mexicano ha sido omiso ante este fenómeno derivado de la violencia que afecta a cientos de miles de personas. Y el asunto tiene que ver de fondo con la violencia emanada de los propios grupos políticos que se debaten el poder en los municipios indígenas de Chiapas. Se han acostumbrado a usar la violencia como método para imponerse ante los adversarios políticos y las comunidades que se niegan a “doblegarse”. Detrás está el financiamiento de los partidos políticos y los mismos gobiernos que finalmente han decidido seguir utilizando “el terror” como arbitraria medida de control… así las cosas.

EL DIVAN Sergio Stahl

** En Chiapas se busca el respeto al orden y al derecho ** ( Ultima parte )

sonas que transgreden las reglas y las normas. Las autoridades en Chiapas están comprometidas a reducir los ilícitos mediante una serie de

estrategias de seguridad, pero la principal es la prevención, que se logra con educación y enseñanza. Los buenos ejemplos se deben de multiplicar y por ello el gober-

nador Rutilio Escandón Cadenas y sus funcionarios deben poner la muestra, porque el buen juez por su casa empieza. En fin.

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GARCÍA LUNA, CALDERÓN Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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l gobierno de Andrés Manuel López Obrador se resiste a que la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) abra un “examen preliminar” por los presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en México por las fuerzas de seguridad militares y civiles durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Además de los dos expresidentes y exgobernadores estatales como Humberto Moreira (Coahuila), Ulises Ruiz (Oaxaca) o César Duarte (Chihuahua), las denuncias [“comunicaciones”] entregadas a la Fiscalía de la CPI sobre el mandato de Calderón también implican la responsabilidad del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, detenido el pasado 9 de noviembre en Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios. Desde la primera “comunicación” pública entregada el 25 de noviembre de 2011 por el abogado Netzaí Sandoval —hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval—, aparece García Luna como presunto autor de crímenes contra la humanidad junto con los entonces secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Francisco Saynez, respectivamente, así como el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, hoy preso en Estados Unidos. En ese expediente se documentaron “crímenes de lesa humanidad y de guerra” “imputables al gobierno federal [d[de Felipe Calderón] ales como “violaciones sexuales por parte del ejército, esclavitud de migrantes, homicidios en contra de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas por parte del ejército, homicidios en contra de civiles y su intento de encubrimiento y tortura como mecanismo para lograr inculpaciones”. En total, Sandoval presentó 470 casos de crímenes cometidos en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y susceptibles de ser juzgados por la CPI. Públicamente se conoce que han sido transmitidas unas 10 “denuncias” generadas por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y por representantes políticos, aunque fuentes informadas aseguran que son aproximadamente 100. El presidente Ernesto Zedillo firmó al final de su mandato el Estatuto de Roma que creó a la CPI, y éste fue ratificado hasta un año antes del término del mandato de

Marco Appel

Vicente Fox, entrando en vigor el 1 de enero de 2006 sin capacidad retroactiva para poder castigar crímenes preexistentes. “Lo que está haciendo la embajada [e[en Holanda] el gobierno mexicano en general es intentar que no se abra un examen preliminar en México porque sería demostrar que las instituciones mexicanas han fallado y entonces necesita intervenir la CPI como órgano subsidiario”, señaló a este columnista Olga Guzmán, directora de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [C[CMDPDH]en una conversación sostenida antes de que fuera detenido García Luna. Esa organización ha presentado en alianza con la Federación Internacional de Derechos Humanos [F[FIDH]con sede en París, y otras ONG, “comunicaciones” de presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Baja California, Coahuila y Chihuahua cuando gobernaba Calderón bajo la estrategia de seguridad al mando de García Luna. Las ONG tenían la expectativa de que AMLO remitiera a la CPI los crímenes ocurridos en las dos administraciones anteriores, pero el 12 de septiembre último, tras una visita a esa corte en La Haya, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Martha Delgado declaró a la prensa española que en México “hay instituciones suficientes hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada”, aunque dejó las puertas abiertas a una eventual cooperación. Guzmán asistió en representación de la CMDPDH a la Asamblea anual de los Estados Parte en el Estatuto de Roma de la CPI, que tuvo lugar en La Haya del 2 al 6 de diciembre pasado. En el marco de dicha asamblea, la CMDPDH y la FIDH solicitaron a la Oficina de la Fiscalía que ordene la apertura de un “examen preliminar” en México. Lo hicieron en combinación con Reporteros Sin Fronteras —que en marzo denunció como crímenes de lesa humanidad los asesinatos de periodistas

bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto—, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Coalición por la CPI, una red global de ONG de 150 países del mundo. Guzmán explica que ese paso ayudaría al país a crear la necesaria estructura institucional para iniciar un proceso de “justicia transicional” hacia la paz, con comisiones de la verdad y tribunales ad hoc que juzguen a los culpables de haber cometido crímenes internacionales, como sucedió en el caso de Colombia como consecuencia de que la CPI decidió en 2004 emprender un examen preliminar que continúa. La petición de las ONG en La Haya no fue esta vez sólo para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, sino también crímenes de guerra en concordancia con las recientes conclusiones del informe de la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Holanda, en el sentido de que en México se libra un encarnizado conflicto armado no internacional que enfrenta a las fuerzas del Estado con los cárteles del narcotráfico y entre éstos. Pero la fiscal Fatou Bensuda no mencionó el caso de México en el informe de actividades de 2019 que presentó el 6 de diciembre a la asamblea, aunque por primera vez ella, y no su personal, informó a las ONG que éste se encuentra todavía en la llamada “fase uno” del proceso, en la que se analizan las “comunicaciones” recibidas y se define si hay o no una “base razonable” para abrir dicho examen preliminar. Tras darse a conocer el informe, las ONG emitieron un pronunciamiento donde expresaron su “preocupación” por esa “ausencia de referencias sobre la evaluación inicial del examen preliminar sobre la situación de México pese a las múltiples comunicaciones enviadas [a[a la Fiscalía de la CPI]or la sociedad civil”. Y recordaron a la fiscal que “el propósito de la justicia internacional es contribuir a la superación de los escenarios de impunidad de los crímenes internacionales”, por lo que solicitaron “avanzar de mane-

ra decidida en las investigaciones de los máximos responsables” de los crímenes “sobre los cuales no existen procesamientos genuinos ni avances judiciales”. Guzmán comenta que en paralelo un grupo de ONG está impulsando la implementación de lo que se conoce como “complementaridad positiva”, que permitiría a la CPI cooperar con el gobierno de López Obrador para fortalecer las instituciones mexicanas de justicia. “Son diálogos que sostendría la Fiscalía de la CPI con el Estado mexicano para motivar políticamente que se generen los mecanismos e instituciones necesarias para esclarecer los delitos y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales tan atroces como los que hemos denunciado”, sostiene Guzmán. Se trataría de un mecanismo parecido al implementado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que develó casos de corrupción de cuatro expresidentes y que funcionó entre 2006 y septiembre de 2019 cuando el presidente Jimmy Morales, que estaba también siendo investigado por financiamiento electoral ilícito, decidió unilateralmente terminar el acuerdo con la ONU, que condenó la decisión. Las ONG y asociaciones de víctimas de la violencia llevan a cabo actualmente conversaciones con miembros del gobierno mexicano “para explicarles la importancia de que acepten la cooperación internacional”, comentó Guzmán, ya que “de otra manera —sostiene— vamos a seguir viendo los altos índices de impunidad que tenemos en México”. Y es que para Guzmán la narrativa de López Obrador de que “así le dejaron el país” es “preocupante” en la medida que “no dice cuáles son las medidas contundentes que serán implementadas para revertir los índices de impunidad”. “Es el jefe de Estado y no importa si se cometieron los delitos en el pasado”, plantea la activista; “sigue siendo su responsabilidad si no se esclarecen y se lleva a los culpables ante la justicia”. —El gobierno de López Obrador parece entonces que la está haciendo de “tapadera” de Peña Nieto, Calderón y los otros inculpados, se le comenta a Guzmán. “Pues si no se esclarecen [l[los crímenes denunciados ante la CPI] no muestra voluntad de realmente emprender investigaciones diligentes de los casos, lo único que vemos es que, efectivamente, hay una perpetuación de la corrupción y la impunidad”.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Miércoles 18 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez

“

La ultima y nos vamos

Con mis mejores deseos que pasen una Feliz Navidad y un mejor y Próspero Año Nuevo”.

S

in duda este 2019 que concluye, ha representado para el país pero de manera muy determinante para los mexicanos, un parteaguas entre un pasado ominoso de saqueo, corrupción e impunidad, para dar un salto cualitativo a un estado de bienestar y justicia social que funda su política de gobierno en el combate, sin cuartel, contra de ese cáncer que es la corrupción y que por más de 36 años de política neoliberal se enraizó, convirtiéndose en la esencia misma y razón de ser de una clase política descastada que lo único que le importó fue enriquecerse, ilícitamente, frente al despojo y empobrecimiento de millones de mexicanas y mexicanos. Voy bien o me regreso. Así y ante la mirada impávida de la propia sociedad acostumbrada a agachar la cabeza y recibir migajas de sus verdugos, el país fue experimentando una creciente desigualdad social claramente visible y ostentosa encarnada por la clase empresarial ya de por sí rica, pero ahora junto a una nueva clase de políticos de baja estofa que vieron en ese sistema de corrupción y privilegios, el modo de hacerse ricos con el dinero del presupuesto es decir del pueblo, y no les bastó lo acumulado en principio producto de los altos salarios, privilegios y prebendas de todo tipo, sino que desde las altas esferas gubernamentales vieron la oportunidad única que les daba el sistema corrupto, para alimentarles la ambición y ya no sólo conformarse con los diezmos por obras de infraestructura o de contratación de servicios y compras de insumos como de medicinas, sino que se convirtieron en socios capitalistas de medianas y grandes empresas incluso de consorcios internacionales como lo fue el caso Odrebecht. Por eso es que ahora tanto los prominentes hombres y mujeres de empresa pero sobre todo los de esa naciente clase política de oropel que se encuentra en todos los partidos sin excepción, aunque debo puntualizar, es menester, se encuentran sobradamente en el PRI y PAN que han gobernado desde la presidencia de la república, pues, a un año distancia del cambio de régimen que se cumplió este pasado 1 de diciembre, no

les acaba de entrar en la cabeza y tampoco se esperaba renunciaran tan fácil ante la pérdida de privilegios y de poder, ahora se estén relamiendo las heridas infligidas por su adversario histórico y que pese a todo el descrédito proferido sobre de ése, incluso desde iniciado el nuevo milenio con el PAN ya en la presidencia, de manera mezquina y criminal en el 2006 a través de un sistema de procuración y de administración de justicia corruptos, por orden presidencial del mandatario panista Vicente Fox, se le fueron con todo queriéndolo desaforar para inhabilitarlo a la candidatura que al no lograrlo, iniciar entonces con todo el poder presidencial y la prensa aliada cómplice sin dejar afuera claro, a la instancia electoral en su momento, decía iniciar una férrea campaña de desprestigio contra de Andrés Manuel López Obrador calificándolo como un peligro para México. Sin embargo estas estrategias al margen de ser violatorias de las leyes en la materia, no les bastaron y fue así que el día de la elección con actitud cobarde, violatoria y cómplice de Fox, Calderón, medios e IFE entonces, le robaron la elección. ¡Perdón sí, pero olvido nunca! Por cuestiones de tiempo y espacio me regresaré al tiempo presente sólo para insistir, que pese a los retos que tiene por delante el gobierno de la Cuarta Transformación, y aún de lo mucho que queda por construir y justo referirlos, que tanto en el tema económico como el siempre delicado de la seguridad y violencia el tramo, es aún mayor se reconoce. Sin embargo es claro para quienes lo quieran ver, que ahora millones de mexicanos sobre todo aquellos de las comunidades y regiones más pobres del país sin que ello

signifique cantar victoria al menos no aún, resulta innegable que millones de personas y de familias enteras olvidadas por décadas, de menos 5 de cada 10 hogares y en los pueblos indígenas 9 de cada 10, ya reciben diversos apoyos. Entre de esos beneficiarios pobres y no pobres como los adultos mayores, están poco más de 8 millones y medio recibiendo 2 mil 550 pesos cada bimestre. Pero lo mismo 700 mil niños y niñas con alguna discapacidad de familias más humildes, también están recibiendo una pensión bimestral igual a los viejitos. Para no sumirme en las cifras y que incluso me atrevo a afirmar, sus críticos conocen aunque finjan demencia, si bien en este año según cifras oficiales incluso los “otros datos” del presidente aceptan que la economía arroja cero crecimiento, de la misma forma se reconoce que los ingresos del país y su derrama vía los presupuestos, están mejor distribuidos y entre más mexicanos cosa que tampoco quieren ver los ciegos de rabia. Porque incluso los propios empresarios ya han entendido que no es sólo crecer por crecer sino que es imperativo, para la estabilidad, desarrollo y crecimiento del país, que exista justicia social y no es sólo, insisto, crecer a lo pendejo y para unos cuantos. Y así mientras las manecillas del reloj continúan su inexorable andar rumbo a un nuevo año y década, las calabazas pésele a quien le pese, una a una se van acomodando en la gran canasta de la transformación. Y no se trata de pelear o de incomodarse con o por lo que algunas voces siguen sosteniendo contra de la cuarta y de Andrés Manuel, sino porque resulta bastante iconoclasta por no llamarle estúpido, que por ejemplo ahora con lo del tratado del t-mec

se erijan en críticos del presidente sosteniendo que a México, el señor Trump, le juega el dedo en la boca. Creen insisto estúpidamente, que la relación política con el país más poderoso del orbe y de su presidente quien más ha denigrado a los mexicanos, sea cuestión de rabietas o de ponerse los guantes con quien no es tu peso. El t-mec es la insondable consecuencia de un tlcan que puso todos los huevos de la economía nacional en una sola canasta y ahora oponerse a este nuevo acuerdo comercial, sería darse un balazo no en el pie sino en la cien. Actuar con responsabilidad es actuar por México. Pero no lo entenderían, para que ahondar. Y así el caso de Rosario Robles la maestra de la estafa, le señalan al presidente en coro los Loretos, Ciros y demás cuerpo de analistas del viejo régimen, que es una venganza por el caso Bejarano; ya ni qué decir de “otros” que ante la captura del corruptazo y asesino del García Luna ex secretario de seguridad del tomandante borolas, consideren igual ser venganza del presidente ahora contra de Calderón ya que sostienen, sin vergüenza, la idea de que Felipe Calderas y doña Magos Zavala con eso su nuevo partido en deformación, serían los únicos que podrían arrebatarle la presidencia a AMLO en el 2024 y que por eso la captura del protector del Chapo. ¡Háganme el refabrón cavor! (dixit Carlos Acevedo). Bueno y ya para concluir, resulta que también ya se han manifestado voces en el Face que sostienen, por ejemplo, que el gobierno de Andrés Manuel se parece más al de Carlos Salinas y no por la ratificación del T-MEC antes TLCAN, sino por su ambicioso programa de subsidios a los pobres y el culto a la imagen. Lamento decirles a estos despistados, con todo respeto, que entre ambos personajes les separa una diferencia abismal no sólo en la parte ideológica y programática que ya es mucho decir, sino en la calidad humana y de ostensible honestidad que porta y presume el que hoy gobierna al país con el ejemplo; y muy distinto al que inició la gran tragedia nacional cuya base y fundamento no fue otro que desmantelar al Estado mexicano y dejar como legado hasta el 2018, la divisa de la corrupción. Y eso aquí y en China es ¡no tener madre! Pero por lo pronto y a reserva de mejorarlo, esta es: ¡La ultima y nos vamos! ¡Me queda claro! Nos reencontramos en enero. Salu2

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 18 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1798 EXHORTO

EU recomienda a sus ciudadanos evitar medio México por la violencia

PROTESTA

Maestros de Telebachillerato sin aguinaldo, toman calles de Tuxtla

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AUDIENCIA

Genaro García Luna será trasladado a NY; rechaza apoyo diplomático de México

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INCONFORMIDAD

Gastará ayuntamiento millones para pintar una flor en el Parque Central PAG. 9

INFORME

AMLO sigue los pasos de Peña al reprimir a migrantes, advierte la WOLA

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El cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas encabezado por el alcalde MORENA, Carlos Orsoé Morales Vázquez aprobó la pinta del parque central por un monto millonario, una superficie de unos 6 mil 400 metros cuadrados, lo que causó indignación y molestia en amplios sectores de la población que se encuentra asolada por la creciente inseguridad.

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Pobladores de Chiná piden reubicar vías férreas del Tren Maya… o “se cometerá un atropello”