CMAN
DOXA
EDITORIAL
La ilegal liberación de presos con sentencia
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La mejor oferta política que el gobierno le puede ofrecer a la sociedad chiapaneca es la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estén apegados al marco la ley.
El Colegio de Bachilleres se encuentra en el ojo del huracán. Decisiones equivocadas rebasaron con mucho la incompetencia en la institución. En donde la dirección general y el sindicato arrastran el estigma de la corrupción. Y en donde el cambio de funcionarios parece inevitable, después del informe.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Miércoles 4 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1789
MANDATO
DENUNCIA
Juez ordena al gobierno de Chiapas brinde protección y vivienda a tres familias indígenas desplazadas Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, refirieron que el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales emplazó al gobierno estatal para que provea de cobijo, alojamientos básicos y de asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado, a las víctimas de desplazamiento forzado
Acusan a ex alcalde de estafador
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INFORME
Cierra Chiapas con 23% de déficit de lluvias
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El OCNF exige sancionar a jueces “que ponen en riesgo la vida de las mujeres” en México
COMENTANDO LA NOTICIA
Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
EN LA MIRA
PROTESTA
Pobladores del Escalón bloquean acceso a la alcaldía coleta y la vialidad del eje 1
HOY ESCRIBEN
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Héctor Estrada
EL DIVAN
PAG. 13
Sergio Stahl
PAG. 13
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, A LA INTEMPERIE Edna Jaime
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DESDÉN, SU RASERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA María Del Carmen Pardo PAG. 4
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Miércoles 4 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL La ilegal liberación de presos con sentencia
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a mejor oferta política que el gobierno le puede ofrecer a la sociedad chiapaneca es la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estén apegados al marco la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es puro discurso demagógico. En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional. Este adefesio ilegal sólo funciona en Chiapas, porque solo en esta entidad se pueden cometer aberraciones jurídicas y acciones criminales promovidas por
los gobernadores. Esta mesa de reconciliación, ha permitido liberar en los últimos años a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, a través de un mecanismo en el que se presume que existen negociaciones económicas para procurar la liberación de presos sentenciados en el que la sentencia fue confirmada por los tribunales federales. En reiteradas ocasiones se ha señalado que esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado. En el actual gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de la mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, que se liberaron a 12 sentenciados, pero se viene preparando una tercera liberación de presos sentenciados para este mes de diciembre. El gobernador en ambos eventos expresó que la liberación de los presos era un acto de justicia, de humanidad y de
derechos humanos, discurso que frente a la inseguridad que hay en Chiapas resulta inentendible e incongruente. Inentendible porque un acto de justicia sería la liberación de inocentes, a quienes la fiscalía los incriminó y fueron enjuiciados con fabricación y la alteración de pruebas. Pero además es incongruente, porque después de la liberación de aproximadamente 2 mil sentenciados a través de ese mecanismo, el compromiso del gobierno debiera ser garantizar justicia, la aplicación estricta a la ley y se debiera de implementar los mecanismos más eficaces de no repetición en la detención y vinculación a procesos a personas inocentes. Para ello se debiera de realizar una investigación para sancionar a policías, ministerios públicos, fiscales, jueces y magistrados, que han incurrido en violación a derechos humanos en la participación de imponer castigos de privación de la libertad mediante maniobras de fabricación de pruebas y uso de la tortura para la incriminación de culpables. En Chiapas la legalidad no es un compromiso del gobierno de Rutilio Escandón y por consiguiente tampoco es creíble un discurso que busca favorecer el respeto a los derechos humanos.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Juez ordena al gobierno de Chiapas brinde protección y vivienda a tres familias indígenas desplazadas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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n juez federal ordenó a las autoridades estatales garantizar todas las medidas de seguridad y protección, y dotar de vivienda, salud, educación y otros servicios de asistencia humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado en la entidad, luego de varios meses de estar en el desamparo, dieron a conocer abogados del Centro de Derechos Humanos Ku’untik. Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, refirieron que el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales emplazó al gobierno estatal para que provea de cobijo, alojamientos básicos y de asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado, a las víctimas de desplazamiento forzado. Después de 16 meses de litigio bajo el expediente de amparo 833/2018, tres familias indígenas demandaron omisiones del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, por no atender de manera oportuna el desplazamiento forzado de 16 personas del Paraje Shulvó, Zinacantán. Fue así como el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, amparó y protegió a los quejosos y ordenó al gobierno de Chiapas otorgar asistencia humanitaria satisfactoria consistente en
Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, refirieron que el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales emplazó al gobierno estatal para que provea de cobijo, alojamientos básicos y de asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado, a las víctimas de desplazamiento forzado
cobijo, alojamiento básico y vestido adecuado. Cadenas destacó que la relevancia de esta sentencia radica en que por primera vez un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado en Chiapas, fenómeno que ha afectado a miles de familias indígenas principalmente en las zonas de los Altos y la región selva de Chiapas, donde durante años las administraciones no han accionado
los mecanismos idóneos para la prevención y la atención del desplazamiento forzado. Ambos abogados refirieron que estas acciones son parte del litigio estratégico y acompañamiento en la defensa de derechos humanos que implementa Ku’untik a favor de las familias en situación de desplazamiento. Un total de 16 personas pertenecientes a tres familias del paraje
Shulvó, del municipio de Zinacantán, son las beneficiarias de este amparo, tras haber sido obligadas a dejar sus hogares en diciembre del 2015. “De estos actos reclamados así también se demandó la facultad la omisión de ejercer la facultad para retornarlos a su comunidad de origen y para garantizar el uso y disfrute de su propiedad en este caso comunal”, dijeron los defensores de derechos humanos.
Con bloqueo carretero, pescadores de Chiapas exigen que gobierno libere recursos para gasolinas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Pescadores de seis cooperativas, que exigen el pago de subsidios para gasolina, bloquearon durante más de diez horas la carretera Panamericana, que comunica la capital de Chiapas con la frontera con Guatemala. Martín Ruiz Ovando, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Paredón, explicó que en lo que va del año la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), les ha negado el Programa Gasolina Ribereña, que consiste en el subsidio de dos pesos por cada litro de gasolina para la actividad pesquera, misma que tiene un tope de 10 mil litros por embarcación.
Este subsidio se hace efectivo en las empresas gasolineras, sin embargo, de acuerdo a Ruiz Ovando, las gasolineras les informaron que no pueden hacer efectivos los vales que les entrega Conapesca a los beneficiarios, “porque dicen que el gobierno federal no les ha pagado a ellos”. Detalló que, en el caso de la Bahía Paredón, los afectados son 800 pescadores; a estos se suman afectados de otras bahías. Por ello, durante más de diez horas, pescadores de las cooperativas Camaroneros de la Bahía, Bahía de Mar Muerto, Pescadores de Paredón, Pescadores de la Bahía, Playa Paredón y Pescadores del Barrio, bloquearon la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Tonalá.
Al lugar acudieron representantes de Conapesca, quienes acordaron que el pago de gasolina sería liberado este martes. Los pescadores levan-
taron el bloqueo, pero advirtieron: “si no hay la transferencia en este día, nos manifestaremos una vez más mañana miércoles 4 de diciembre”.
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Pobladores del Escalón bloquean acceso a la alcaldía coleta y la vialidad del eje 1 Beristáin Javier San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)
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abitantes de la Comunidad el Escalón, del municipio de San Cristóbal de Las Casas bloquearon el eje uno al mismo tiempo que tomaron las oficinas de la presidencia municipal en demanda de la liberación de Salvador Gómez Méndez quien se encuentra preso por delitos prefabricados, así como también exigen la cancelación de órdenes de aprehensiones en contra de sus compañeros. Los manifestantes, refieren que como medida de presión y para ser escuchadas sus demandadas por parte de las autoridades gubernamentales y municipales decidieron bloquear el acceso al eje uno, así como la alcaldía municipal, esto en demanda de la liberación de su compañero quien encuentra purgando una condena por delitos no cometidos afirman. Advirtieron que hasta que el síndico municipal y abogado de profesión, Miguel Ángel de los Santos Cruz, de la cara para interceder y lograr la liberación de Gómez Méndez, privado de su libertad desde hace 6/meses en el cereso número 5 por delitos que no cometió no liberaran los accesos tanto del eje uno como de la presidencia municipal. Además exigen la cancelación de
Los manifestantes, refieren que como medida de presión y para ser escuchadas sus demandadas por parte de las autoridades gubernamentales y municipales decidieron bloquear el acceso al eje uno, así como la alcaldía municipal, esto en demanda de la liberación de su compañero quien encuentra purgando una condena por delitos no cometidos afirman
órdenes de aprehensión que pesan en contra de varios de sus compañeros, mismos que sufren el hostigamiento por parte de los malos funcionarios impartidores de justicia. Juana Hernández Gómez, espo-
sa del hoy recluido, refiere que tiene 4 hijos que mantener y darles estudio y sin el sostén de su marido la vida se le hace difícil para conseguir vestido y alimento, por lo que pide a las autoridades de la impartición
de justicia y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, su intervención ya que son gentes humildes que se ganan el sustento diario a través de lo que la madre tierra les proporciona.
Cierra Chiapas con 23% de déficit de lluvias A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Las expectativas de lluvia para Chiapas en el 2019, no han mejorado en el último lustro, indicó Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de Hidrometereología de la Cuenca Frontera Sur de la Conagua. Mencionó que a pesar de concluir de manera formal la temporada de lluvias en el país, donde el déficit por precipitaciones superó el 23.5 por ciento en Chiapas, son cinco años con falta de lluvias, -el cual ha sido un fenómeno histórico- ocasionando una sequía extrema que causó una serie de eventos, como incendios forestales y disminución de agua en afluentes. Sin embargo, apuntó que este
panorama podría cambiar para el 2020, ya que a través de monitorios en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén que las condiciones oceánicas se están normalizando, exista más del 50 por ciento de probabilidades de que el próximo año, la temporada de lluvias tenga condiciones más favorables en cuanto a precipitaciones. “Se observa que las condiciones oceánicas se están normalizando ya no hay esa anomalía positiva de temperatura en el mar, sino, está con una tendencia a normalizarse, hay menos de .5 grados por arriba de la media, desde septiembre da una condición neutra y se mantiene hasta finales de la primavera del siguiente año”, puntualizó.
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De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis.
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os abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregaron la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en favor de Juan de la Cruz Ruiz, quien sufrió una serie de violaciones al debido proceso legal y actualmente se encuentra privado de su libertad arbitrariamente. Juan de la Cruz Ruiz inició junto a otros presos una huelga de hambre desde marzo pasado, protesta que se ha vuelto ayuno, para pedir la revisión de sus expedientes, se corrobore hubo violación al debido proceso y así poder obtener su libertad, de la que se encuentra privada desde 2007 por un delito que no cometió. En el amparo indirecto los abogados del Frayba solicitan la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos. “Se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas”. Señalan que el oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios expesidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación. “Esta recomendación fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de
A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
El ex presidente de Berriozábal, Jorge Castañón Marroquín, defraudó presuntamente a 300 familias de la colonia Nueva Jerusalén Paraíso Terán, con la venta de escrituras falsas, denunció Omar Cruz Morales, presidente de la Asamblea de la localidad. En conferencia de prensa, acusó a Castañón Marroquín y a su cónyuge del presunto robo de 20 hectáreas escrituradas de la colonia; documento que fuese falsificado por el notario número 47, Fernando Narváez, en el año 2010. Recordó que en el 2010 se hizo una escritura en Tonalá, Chiapas con el notario, Fernando Narváez, donde se acreditaba al sobrino de Noé Castañón León, ex secretario de Gobierno, como propietario, pese que Raúl De Coss Ruiz, apo-
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Se ampara preso político en Chiapas, violaron su debido proceso Juan de la Cruz Ruiz inició junto a otros presos una huelga de hambre desde marzo pasado, protesta que se ha vuelto ayuno, para pedir la revisión de sus expedientes, se corrobore hubo violación al debido proceso y así poder obtener su libertad, de la que se encuentra privada desde 2007 por un delito que no cometió
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad. El Frayba conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan”. El Frayba ha documentado que el
28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal. “La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por ello desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una
huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas”, asegura el Frayba. Por lo anterior llamaron al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. “Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz”.
Acusan a ex alcalde de estafador derado legal de Nueva Jerusalén, no intervino en la transacción. “Jorge Castañón Marroquín es la persona que ha falsificado escrituras para robarse estás propiedades”, comentó. Por ello, resaltó que en ese año el apoderado legal se le negó amparo alguno, para no ser escuchado, problema que repercute actualmente a 300 familias que habitan el poblado. Agregó que los señalados han hecho de la falsificación de documentos su modus Vivendi en Chiapas, sorprendiendo principalmente a personas de escasos recursos para despojarlos de sus predios. “Estas personas se están robando estas 20 hectáreas, pues pasaron por encima de las leyes con ese abuso de poder que los caracteriza,
la verdad porque se escuchan muchas cosas”, dijo. De esta forma, señaló que tenían un convenio de finiquito para arreglarse con De Coss Ruiz, sin
embargo, Jorge Castañón Marroquín y su esposa Josefina Antonio Caña, buscan desalojarlos pese a que la colonia fue fundada hace 20 años.
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Noé Zavaleta Orizaba, Ver. (apro)
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el lado de los servidores públicos del gobierno de Veracruz hay caras adustas, sonrisas descompuestas que se traducen en muecas y fruncir de bocas, revisan y revisan WhatsApp en los teléfonos celulares. Los pestañean cada dos minutos. Esperan -haciendo una valla humana en la entrada principal del Holiday Inn de Orizaba-, una orden del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la Fiscal General del Estado, Verónica Giadáns, para que les den luz verde y dejar pasar a un salón del hotel a medio centenar de familiares de desaparecidos en las altas montañas de Veracruz. En la explanada del lujoso hotel están familiares de los 7 desaparecidos del 26 de octubre; de 3 varones del día 8 en Ixtaczoquitlan; familiares de desaparecidos en Carriles en Córdoba, de Orizaba y de Nogales; así como de “desapariciones rezagadas” de 2018, 2017, 2014 y 2012. En la tortuosa espera todo es gritos, desconciertos e insultos. Recriminaciones y llanto, mucho llanto y sollozos silenciosos. “Que salga el gobernador, a él nunca se la ha desaparecido un hijo. No sabe lo que se siente”, le gritan con impotencia familiares que cuelgan al cuello fotografías de sus desaparecidos. “Me estoy muriendo de hambre, pero más de tristeza de tener dos años sin saber nada de mi hijo”, grita Rosa Valiente mientras sostiene con ambos manos una lona de su hijo, Héctor Olvera Valiente, desaparecido desde el día 3 de septiembre del 2017 en la congregación de Carriles, en Córdoba, luego de ser intervenidos por policías estatales afuera de una cantina. Afuera, con el “Jesús en la boca”, también están, desconcertados y desesperados, familiares de Ciro Álvarez, José Fernando Trejo y Martín Flores “desaparecidos” luego de ser detenidos en un retén policiaco el pasado 8 de
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Cuitláhuac García y la fiscal de Veracruz “huyen” de reunión con familiares de desaparecidos
octubre. La camioneta Durango 2012 en la que viajaban apareció cinco días después con manchas de sangre en el municipio de Atzacan. Todos quieren entrar y exponer su caso, quejas y lamentaciones al gobernador y a la fiscal. Pero en la valla humana de servidores públicos, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV,) es clara, “por instrucción superior” la reunión solo será con familiares de los últimos siete desaparecidos el pasado 26 de octubre en las afueras de la comandancia municipal de Ixtaczoquitlan. “Posteriormente -ataja un funcionario menor de la Dirección de Política Regional- se podría agendar una mesa de trabajo una mesa regional de los demás desaparecidos con la voluntad -insiste- del gobernador y del presidente, Andrés Manuel López Obrador”. Lluvia de gritos e insultos: “¿hay desaparecidos de primera y de segunda? ¡Nos están agarrando de pendejos! ¡Llevamos años esperando resultados de nuestros hijos, tengan misericordia! Ustedes qué saben de lo que estamos pasando”, claman los
familiares de los otros desaparecidos. Junto a una fuente de fina piedra se encuentran familiares de los últimos siete desaparecidos el 26 de octubre. Se niegan a entrar al hotel a hablar con el gobernador, sino entran todos: “no queremos división”, cuentan, pero están tan desesperados que rompen en llanto una y otra vez al ver que la reunión con el gobernador será abortada, porque éste ya busca una salida alterna del hotel Holiday Inn. “Quieren fragmentar y dividir a familiares de los desaparecidos. Debilitarlos”, se rumora en las afueras del hotel. Los minutos pasan y en la respuesta de los funcionarios de la oficina del gobernador, un representante de la Fiscalía y de la dirección de Política Regional ya no hallan qué hacer. Piden “pasar” a la reunión, pero “sólo” a familiares de los siete. A los empleados estatales la lluvia de fotografía les irrita, los reclamos de las familias les hace dar la espalda. La presencia de Aracely Salcedo, vocera del Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, molesta aún más a la Dirección de Política Regional pues le hacen “hincapié” en que no aceptarán “intermediarios” ni “mediadores”
en los problemas de Veracruz, que es “instrucción” de López Obrador de dar el “apoyo inmediato”, de forma directa. Con sinónimos suaves le han colocado la etiqueta de “coyote” de la tragedia. Salcedo estalla y encara a los funcionarios, les recuerda que desde septiembre del 2012 busca a su hija, Fernanda Rubí “levantada” por un comando armado de Los Zetas en una discoteca de Orizaba. “Qué cobardes son, qué lamentable que me digan esto, cuando llevo más de siete años buscando a mi hija. ¿Soy o no soy víctima?”, recrimina. Los minutos pasan lentamente. Los empleados del Holiday Inn ven con preocupación cómo los comensales y huéspedes tienen dificultades para acceder al hotel. El estacionamiento se encuentra lleno de familiares de desaparecidos. De tanto caminar de la congregación rural al hotel, Rosa Valiente ya se cansó, extiende en las escalinatas del hotel la lona con el rostro de Héctor Olvera y se sienta a sobarse los tobillos y las rodillas; sus chancletas del Mercado municipal ya lucen gastadas y su falda está toda arrugada del trajín en espera de ser atendida. “Para las autoridades somos unos perros mijo, para ellos siempre seremos los jodidos, los de abajo. Llevo dos años buscando a mi Héctor. ¿Sabes cuál fue su único pecado?, fue estar tragando mierda (alcohol) en una cantina el día que la Policía salió de cacería”, lamenta Rosa, al tiempo que cuenta que ya fue a Xalapa, a Veracruz, a Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca y Ciudad de México en busca de su hijo, y que los gobiernos del PRI, PAN y Morena son “todos iguales”.
Acusan corrupción del superdelegado en Jalisco y los despiden Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)
A mediados de septiembre, cuatro subdelegados regionales de desarrollo en Jalisco, denunciaron uso electoral de Programas de Bienestar, nepotismo y operaciones políticas en las que estaría incurriendo el superdelegado en la entidad, Armando Zazueta. La consecuencia fue que, el pasado 14 de noviembre, fueron despedidos. No les dieron ni aguinaldo ni finiquito; los convocaron a una reunión en Guadalajara y ahí se les comunicó que su contrato estaba vencido y ya no se podría renovar. Aunque faltaban 15 días para el término de su contrato. Los hoy exsubdelegados regionales son Olaf Guzmán Flores, quien se desempeñaba en Tequila; Blanca Olivia
Vargas Mendoza, en Zapopan; Luis Armando Vargas Prado, de Mascota y, María de Jesús Padilla Romo, en Tepatitlán. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los superdelegados tenían prohibido inmiscuirse en elecciones constitucionales y política interna de partidos, señaladamente de Morena, y a quien se le sorprendiera haciéndolo se le denunciaría directamente ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. El grupo de despedidos, remitió una carta el pasado 13 de septiembre acusando a Armando Zazueta de estar construyendo una estructura con fines electorales y pidieron una “investigación formal”. La Coordinación Estatal de Desa-
rrollo en Jalisco, se ha visto envuelta en la polémica desde que su primer funcionario, Carlos Lomelí, fue acusado de tener tratos privilegiados y posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias, en beneficio de sus empresas de proveeduría médica. Ante el escándalo, se sometió a una investigación de la Secretaría de la Función Pública que podría resolver en breve el asunto. En su lugar fue designado Armando Zazueta, colaborador cercano al coordinador nacional de los superdelegados, Gabriel García quien, al arribar al cargo en agosto pasado, se vio expuesto por sus subordinados, debido a los excesos en que se le sorprendió en el primer mes. En su edición 2240, correspondiente al 6 de octubre, el semanario Proceso acreditó los diferentes casos de
nepotismo, aviadurías y presunto uso político de los programas de Bienestar. También en esa edición se informó también sobre las denuncias de los cuatro subdelegados que fueron remitidas al presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; a la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, entre otros, sin que hasta ahora se haya informado si existe o no investigación sobre el caso.
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Frente a la CEAV, familiares de desaparecidos denuncian las “malas prácticas” de las autoridades Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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amiliares de desaparecidos protestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como parte de las acciones de Búsqueda Nacional en Vida, donde están reunidos colectivos de diversos estados del país. Para evidenciar las “malas prácticas” de las autoridades, los participantes en la manifestación –con palas y otros materiales con los que siempre van “armados” para buscar a sus seres queridos– colocaron a la entrada de la CEAV cráneos de papel con las palabras “revictimización, “omisión”, “falta de ética”, “insensibilidad”, “impunidad”, “ineficiencia” y “corrupción”, y los cubrieron con tierra. Lucy López Castruita, coordinadora de Búsqueda Nacional, explicó que la presencia de familiares de distintos colectivos en las instalaciones de la Comisión tenía el objetivo de “llevar compromisos ya firmados” para que les brinden apoyos económicos y puedan desplazarse mientras buscan a sus seres queridos. El día anterior la activista dio a conocer que al menos un centenar de familias de distintos estados del país se congregaron en esta capital para dirigirse a Jalisco, donde consiguieron citas para visitar centros
Patricia Dávila Ciudad de México (apro)
Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que se logrará pacificar al país sobre bases democráticas, sin usar la fuerza para reprimir, ni utilizar la inteligencia del Estado para perseguir adversarios. “No van a conocer en el sexenio ustedes a ningún líder de organización criminal, por más relevante que sea en términos criminales. Nosotros (no lo) presentemos ante los medios de comunicación, porque no queremos convertirlos en figuras mediáticas”, afirmó Durazo. Después de cumplirse el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño participó en la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz.
Lucy López Castruita, coordinadora de Búsqueda Nacional, explicó que la presencia de familiares de distintos colectivos en las instalaciones de la Comisión tenía el objetivo de “llevar compromisos ya firmados” para que les brinden apoyos económicos y puedan desplazarse mientras buscan a sus seres queridos
penitenciarios, hospitales psiquiátricos y servicios médicos forenses. Sin embargo, la jornada de búsqueda de sus familiares se suspendió ante la falta de garantías de seguridad para desplazarse hacia el occidente del país, situación de la que responsabilizaron a la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Este martes acudieron a la CEAV
para denunciar el maltrato y, sobre todo, la revictimización. “A veces hasta nos hacen llorar por lo mal que nos hacen sentir”, destacó López Castruita. Beatriz López Zuleta, de Xalapa, Veracruz, sostuvo que la presencia de los familiares en la dependencia gubernamental es para “exigir que nos devuelvan a nuestros seres queridos. Ellos tienen obligación
de velar por la comunidad”. La mujer pidió a las autoridades acabar con la “indiferencia”, y exigió capacitación para los trabajadores que las atienden, para que “sepan tratar con nuestro dolor, que no sean burlones con nosotros porque buscamos en fosas clandestinas”. Al insistir en su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que respalde a los colectivos de víctimas de desaparición en la búsqueda de sus familiares, los manifestantes también demandaron asesoría jurídica, ayuda psicológica, viáticos y apoyo para desplazarse. Para las familias de víctimas de desaparición, subrayaron, es importante que el personal de la CEAV tenga “sensibilidad” para tratarlos. Aseguran que en ocasiones no se comprende la importancia que tiene para ellas realizar búsquedas en vida, y pidieron un mecanismo administrativo para que las apoye. Finalmente, demandaron que con la participación de las familias se nombre lo más pronto posible a la titular en la CEAV y se alcancen acuerdos para financiar búsquedas con vida en el país.
Se pacificará al país sin usar la fuerza para reprimir, afirma Durazo Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico Pacificaremos a México bajo la idea motriz de que la #PazYSeguridad son fruto de la justicia: @AlfonsoDurazo #PazYSeguridad Conoció el funcionamiento, avances y retos a enfrentar de las mesas estatales y regionales, como uno de los ejes operativos de la Estrategia de Seguridad Pública. En ese sentido, destacó que esta estrategia no se basa en el uso exclusivo de la fuerza, por lo que resaltó el combate al crimen organizado como un ente económico, lo que ha permitido el bloqueo de cuentas por 5 mil 160 millones de pesos y mil 992 personas vinculadas a proceso en el
transcurso de un año. Destacó el despliegue de 72 mil elementos de la Guardia Nacional,
que se verá fortalecido con el reclutamiento de 21 mil 170 nuevos integrantes al concluir el año.
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De la redacción Ciudad de México (apro)
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l primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más cruento en la historia reciente del país, por encima incluso que el último de su predecesor, el priista Enrique Peña Nieto. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros 10 meses de la presente administración se perpetraron 31 mil 632 homicidios dolosos en el territorio nacional, apenas mil 889 menos que los registrados en el mismo periodo del sexenio anterior, cuando se contabilizaron 33 mil 521 defunciones. En conferencia de prensa, el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, de la iniciativa Impunidad Cero, señaló que existe un grave estancamiento en la capacidad de los sistemas de justicia, pues tan sólo de 2015 a 2018 la impunidad en homicidio doloso pasó de 81.3% a 89 por ciento. Impunidad Cero @ImpunidadCeroMx En México, sólo 1 de cada 10 homicidios se resuelve. La coordinación entre las autoridades y la mejora en las capacidades de investigación deben ser prioridad de todos los gobiernos para combatir la #impunidad. Conoce nuestro estudio en http:// www.impunidadcero.org Aunque el gobierno de López Obrador aumentó la cantidad de carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso de
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
Horas después de que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Estudios Legislativos y Segunda del Senado aprobaran el dictamen que busca regular el outsourcing, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal pidió suspender la discusión de este tema para que primero sea analizado en Parlamento Abierto. En un documento enviado por el líder de Morena en la Cámara alta, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, pide que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social sea pospuesto en el pleno del Senado. “Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objetivo de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, se lee en el documento.
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Señalan impunidad de 89% en homicidio doloso; sólo se resuelve 1 de cada 10 asesinatos Al dar a conocer la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a noviembre, el banco central también informó que los especialistas también ven una menor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020, al situarlo en 1.07% desde el 1.20% de la encuesta anterior
13.06% a 49%, aún no rebasa las 4 mil 803 sentencias condenatorias logradas en el año 2005. Predomina arma de fuego De acuerdo con el reporte Impunidad en homicidio doloso en México, que contiene datos a 2018, 43.8 % de las muertes en el país ocurrieron por homicidios o agresiones, siendo
el uso de arma de fuego el más recurrente con 71 por ciento. Además, coincide el aumento de homicidios con la impunidad registrada en los estados de Colima, Morelos, Baja California y Nayarit, con 95%, por encima de países como El Salvador, Jamaica y Honduras. Solamente los estados de Yucatán
y Aguascalientes mantuvieron los niveles de impunidad por debajo de la mitad, con 27.1% y 45.5%, respectivamente. Si se considera solo a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2018, México se ubicó con como la tasa más alta (24.8%). (Manuel Alejandro Godínez López) Impunidad Cero @ImpunidadCeroMx #EnVivo Presentación del estudio “Impunidad en homicidio doloso: reporte 2019”. https://www.pscp.tv/w/cLaJkjFsWktwb3dQTFdvUW58MUx5eEJMeVBNZWtHTvEEPO0hpMTydjS3Cza_8P9110svAdkaCpDS6NEH2ss … Impunidad Cero @ImpunidadCer0 #EnVivo 🎥🎥🎥 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥n del estudio “Impunidad en homicidio doloso: reporte 2019”.
Monreal pide frenar reforma al outsourcing, ya aprobada en comisiones “Por lo que, al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados, antes de ser tratada por esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento Abierto”, añadió Monreal. Horas antes, el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, celebró la aprobación en comisiones de estas reformas que él mismo había promovido. En conferencia de prensa, Gómez Urrutia señaló que se había acordado, por unanimidad, presentar ante el pleno el proyecto de decreto. Napoleón Gómez Urrutia @NapoleonGomezUr Aprobamos por unanimidad la iniciativa en materia de #Subcontratación en la reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y de Estudios Legislativos, Segunda. Es un paso histórico a favor de la #ClaseTrabajadora, las finanzas públicas nacionales y las instituciones de seguridad social
En reunión extraordinaria, sin la presencia de los miembros del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, y pese al rechazo del sector empresarial, Morena y sus aliados en las comisiones aprobaron el dictamen que busca regular la subcontratación para eliminar los esquemas de outsourcing ilegales y obligar a las empresas subcontratistas a pagar cuotas al IMSS e Infonavit. Frente a las críticas, el líder minero dijo que el dictamen pretende regular la subcontratación para que
deje de ser ilegal, y aseguró que no se trata de la eliminación del outsourcing. El morenista dijo que alrededor de 8 millones de trabajadores están en un esquema de contratación ilegal, lo que representa una pérdida de 50 mil millones de pesos al Seguro Social. “Es un paso trascendental en la justicia laboral y en restituir al país a un método de evasión fiscal que se ha constituido un cáncer a la sociedad mexicana, sobre otros derechos que les han sido negados”, dijo.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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l Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió sanciones administrativas y penales contra todos aquellos funcionarios “que ponen en riesgo la vida de las mujeres en México”, y exigió implementar la perspectiva de género en el análisis de casos de violencia contra personas del sexo femenino. Ello, luego de los errores cometidos por las autoridades de procuración y administración de justicia de la Ciudad de México, que derivaron en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el pasado 25 de noviembre. El OCNF, integrado por 43 organizaciones de 23 estados del país, consideró que las omisiones en el caso señalado “es sólo una muestra de lo que viven cientos de mujeres en México”. La red de organizaciones de defensa de las mujeres recordó que en enero pasado la pareja de Abril fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio, pero un juez de Control reclasificó la acusación por lesiones y violencia familiar, lo que permitió que se retirara la medida cautelar de prisión preventiva y Juan Carlos García salió libre. Tras destacar que en los acontecimientos de violencia contra las mujeres es necesaria la prisión oficiosa, el caso de Abril –subrayó-- evidencia que el sistema de justicia en México “es ineficiente y la impunidad generalizada, por lo que es necesario que las procuradurías y las fiscalías de todos los estados de la República in-
José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la pasada administración federal, retó al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a presentar pruebas que demuestren que la doble licencia de conducir por la cual se le dictó prisión justificada, es verdadera y vivió en ese domicilio. De hacerlo, prometió, “yo me declaro culpable”. Mediante una misiva escrita desde prisión, Robles Berlanga acusó a funcionarios de la FGR de “fabricar pruebas” en su contra: Rosario Robles @Rosario_Robles_ Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 “Pero hasta para fabricar pruebas son malos: pues la dirección que asientan no existe en la CDMX. El asunto es que el declarante quien firma el oficio de la CENAPI pide al Ministerio Público que corrobore la
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El OCNF exige sancionar a jueces “que ponen en riesgo la vida de las mujeres” en México El OCNF, integrado por 43 organizaciones de 23 estados del país, consideró que las omisiones en el caso señalado “es sólo una muestra de lo que viven cientos de mujeres en México”
vestiguen y los tribunales de justicia juzguen con perspectiva de género”, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima Buendía. De igual manera, exigió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos “una investigación pronta y efectiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales” del crimen de Abril, donde se considere como principales líneas de investigación la violencia
que vivió con su expareja. La red de organizaciones también demandó una investigación sobre “las omisiones, negligencia y, en su caso, si hubo actos de corrupción que obstaculizaron el acceso a la justicia para la víctima y que derivaron en su feminicidio”. En ese sentido, pidió iniciar procedimientos administrativos y penales “contra las y los operadores de justicia, como consecuencia del actuar y la omisión de juzgar con perspectiva de género, revictimizar a las víctimas y poner en alto riesgo
su vida e integridad”. Es de suma importancia la realización de investigaciones “con debida diligencia reforzada y con perspectiva de género”, por lo que deben tomar en cuenta “los antecedentes de violencia que viven las mujeres y que pueden derivar en delitos graves como el feminicidio”, resaltó. Ante la gravedad de dicha omisión, el OCNF pidió a los titulares de la PGJ y del TSJ que “establezcan sanciones para las y los juzgadores que no incorporen en su actuar la perspectiva de género”. A las autoridades federales y locales les solicitó incorporar en la Alerta de Violencia de Género de la Ciudad de México “acciones del Poder Judicial para que garanticen de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Tras solidarizarse con la familia de Abril Pérez, el OCNF reconoció que el caso “ha puesto en la mira” a los operadores de justicia, “quienes le han quedado a deber a nuestro país, y les advertimos que, si no pueden, renuncien”.
Rosario Robles reta a Gertz Manero: comprueben duplicidad de licencia y “me declaro culpable” información, cuestión que evidentemente no hizo por lo que le he pedido a mis abogados que procedan legalmente”, señaló en la carta. “Estoy segura de que usted desconocía esto por eso le mando la copia de la famosa prueba y de mi verdadera licencia. Tan estoy segura de que no miento que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí: si la fiscalía a su cargo que la dirección de la supuesta fake (sic) licencia existe y que ahí he vivido y yo me declaro culpable”, retó. Tras una accidentada audiencia de reposición de proceso celebrada el pasado 14 de octubre, un juez federal otorgó una prórroga de dos meses para continuar con sus diligencias de investigación complementaria. Rosario Robles @Rosario_Robles_ Aquí el complemento de los anexos 2/2 Con ello la FGR y la defensa de la extitular de la Sedatu tendrán hasta el viernes 13 de diciembre –cuando continúe el proceso– la oportunidad de refrendar o rebatir las pruebas que
la vincularon a proceso o la condujeron a que se le dictaran medidas cautelares en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Entre la estrategia que seguirá su defensa legal, encabezada por Julio Hernández Barros y el abogado Epigmenio Mendieta, anexó parte de las pruebas que presentará ante el juez de control para desahogar la siguiente parte del proceso. Por ejemplo, Robles Berlanga descalificó el testimonio de José Antolino Orozco Martínez, quien fue titular de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de beneficiarios de la Sedesol, y quien se acogió a la protección de la FGR como “testigo protegido” para declarar sobre el móvil de los desvíos de recursos que suman 5 mil 017 millones de pesos. Sobre éste acusó que se trata de una “delación premiada a cambio de no aplicar la ley”, pues Orozco Martínez no sólo sabía del desvío de recursos desde el 2014, sino también participó en él. Dicho episodio se produjo en el mismo tiempo en que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) co-
menzó a detectar el esquema. “El testimonio sin pruebas de un excolaborador en el que señala que me advirtió desde el 2014 de un modus operandi que implicaba firmar convenios con universidades y que él se rehusó a realizar tal acción. Obviamente no adelantaré pruebas, sólo le mando una muestra: la primera página de un acta de finiquito de un convenio (el que dijo desconocer tal persona) en el que aparece como representante de Sedesol para recibir los trabajos acordados por la universidad de Morelos”. “La delación premiada a cambio de no aplicar la ley no creo que sea de su estilo y menos cuando se trata de una mentira”, apremió a Gertz Manero.
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Inexistente, atención psicológica para pacientes con VIH Carolina Huerta García Ciudad de México.
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as políticas del gobierno mexicano en torno al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) se han enfocado principalmente en la detección y acceso al tratamiento para pacientes sin seguridad social mediante el programa de acceso universal que maneja actualmente el Seguro Popular, pero han dejado fuera la atención psicológica, reprochó la directora de Programas de “La Casa de la Sal”, María del Socorro García Estrada . García Estrada señaló en entrevista con Cimacnoticias que la atención psicoemocional de las personas con VIH es uno de los aspectos donde el cuidado se ha minimizado con estas políticas, por lo que la organización de la que forma parte, impulsó un modelo de intervención psicológico mismo que ha sido un éxito desde hace 33 años y ha servido como referente incluso para profesionales de la salud de otros países. “Todo es infectólogo, epidemiólogo, médicos, enfermeras, hay lugares donde ni siquiera existe un solo psicólogo o psicóloga para dar atención ya que
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Las candidatas para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecerán ante el Senado de la República este 4 de diciembre para verificar si cumplen con los requisitos para ejercer el cargo para el que fueron propuestas. Para ello, el pleno de la Cámara alta, aprobó un acuerdo el 28 de noviembre pasado donde se estableció el procedimiento a seguir, mismo que comenzó por la distribución de los expedientes de las candidatas entre el conjunto de senadores por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa. Por su parte, la Comisión de Justicia del Senado convocó a la reunión de comparecencia para el 4 de diciembre a las 12 del día en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, donde las candidatas responderán una serie de preguntas ante las y los senadores para verificar si cumplen con los requisitos que marca el Artículo 95 de la Constitución para ser electas como ministras. Te puede interesar: Exigen candidaturas de mujeres para magistraturas y Suprema Corte Cabe recordar que la terna se presenta para sustituir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, propuesto en
cerca de 40 por ciento de las personas que viven con VIH tienen afectaciones de leves a muy severas” y agregó que con este modelo se manejan desde las situaciones de duelo hasta la depresión o ansiedad. Te puede interesar: Se incrementa VIH/Sida en adolescentes de 15 a 24 años El informe de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/Sida en México, que el Censida actualizó a noviembre de 2019, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, señala que cerca de 210 mil 369 personas en México viven con este padecimiento, de las cuales 37 mil 337 son mujeres. En el caso de las mujeres que viven con VIH, la directora de Programas de la Casa de la Sal dijo que muchas de ellas postergan la atención, tanto psicológica como física, debido a que en ellas recae
el cuidado de sus hijos e hijas, además de las labores domésticas que se requieren en casa junto con los prejuicios que se tienen sobre la enfermedad. “No saben como decirle a sus familiares, es difícil para ellas porque muchas veces debido a las prácticas sexuales de sus parejas ellas adquieren la infección por VIH. En este caso les explicamos que la fidelidad no es sinónimo de prevención” indicó la directora de Programas de La Casa de la Sal. También puedes leer: Se debe garantizar que mujeres no abandonen tratamiento de VIH En cuanto a la situación de las y los jóvenes, García Estrada comentó que las prácticas sexuales de alto riesgo -principalmente el no usar condónha sido la principal causa para que cerca de 6 mil mujeres entre 15 y 24 años contraigan la infección por VIH,
conforme a datos de Censida a noviembre de 2019. “Tenemos que hacer algo, porque en efecto son menores de edad pero con riesgos y prácticas de adultos, eso es realmente preocupante… Tendríamos que romper una serie de cosas que socialmente en una cultura de doble moral no se permiten” indicó María del Socorro García. Las acciones de intervención psicológica de “La casa de la Sal” además de enfocarse en brindar apoyo emocional se dirigen también a la parte de autoestima y cuidado personal para que las personas que se acercan a la organización continúen con su vida y que también disfruten de su sexualidad. “Trabajamos esa parte psicoeducativa, porque sabemos que cuando una persona trabaja en su autoestima, se quiere y se cuida. Por lo que no tendrá relaciones tóxicas. Sabemos que es una acción más lenta pero nosotros a eso le apostamos ” finalizó María del Socorro García. De acuerdo con el Registro de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/Sida en México, a noviembre de este año, la tasa de mortalidad por VIH en mujeres fue de 1.3 por cada 100 mil habitantes. Los estados con más casos son Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y el Estado de México.
Candidatas a ministras de la Suprema Corte comparecerán ante el Senado 2015 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y quien fungiría en el cargo por 15 años, pero que renunció en octubre pasado. El Artículo 95 constitucional establece que las candidatas requieren tener, entre otras cosas, ciudadanía mexicana por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación y poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, un título profesional en Derecho. La Red de Mujeres en Plural consideró que en la vacante en la Suprema Corte se deberá privilegiar la designación de mujeres a fin de reducir las profundas brechas de desigualdad y adaptarse a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de igualdad sustantiva y los Derechos Humanos de las mujeres. Actualmente, la SCJN está compuesta por 10 ministros, de los cuales, 8 son hombres y dos mujeres. ¿Quiénes son las candidatas? El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó al enviar la terna
de candidatas a ministras de la Corte, que se trataba de tres mujeres de amplio perfil. “Con experiencia profesional y académica y cualquiera de ellas estará a la altura de los desafíos que debe enfrentar la SCJN”. La primer candidata es Diana Álvarez Maury, egresada de la licenciatura en Derecho por el Instituto Autónomo de México (ITAM), actual subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la secretaría de Gobernación (Segob). La abogada Ana Laura Magaloni Kerpel, es otra de las candidatas, también licenciada en derecho por el ITAM, con doctorado en esa misma especialidad por parte de la Universidad Autónoma de Madrid y estudios en especialización judicial por el Instituto de Especialización de la SCJN. Actualmente, Magaloni Kerpel, es presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ana Laura Magaloni K @magalonik Me siento honrada y emocionada por ser parte de la terna para la @
SCJN. La justicia es el vehículo para lograr la paz y acabar con la desigualdad. Esa es y será mi convicción y compromiso desde cualquier responsabilidad. ¡Gracias por tantas muestras de apoyo! Finalmente, Ana Margarita Ríos Farjat, cuenta con licenciatura en derecho y ciencias sociales. Es maestra en derecho con especialidad en materia fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y cuenta con doctorado en política pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la actualidad funge como Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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DESDÉN, SU RASERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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l análisis del desempeño de la administración pública en el tiempo que lleva el actual gobierno es una tarea difícil, no sólo porque no hay información que permita saber si está o no cumpliendo con sus responsabilidades, sino porque se ha empeñado en sostener una apuesta riesgosa: desdeñar –sobre todo el presidente de la República– a ese entramado de estructuras y funcionarios que hacen que los gobiernos aquí y en el mundo funcionen. Llama la atención que el gobierno, al que parece preocuparle de manera muy sentida el bienestar de la sociedad, no reconoce a la administración pública como el recurso y espacio privilegiados de interacción entre gobierno y sociedad, en la que se formulan e implementan políticas públicas que buscan justamente recortar las distancias sociales y favorecer a los sectores con menos recursos y menos capacidad de organización. Basta pensar, como un ejemplo, en el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social o en de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social que concilia posiciones extremas entre los intereses de la clase trabajadora y los del sector empresarial, logrando un equilibrio que impide rupturas sociales que pudieran tener graves consecuencias. Este texto hace un recorrido breve por algunas de las propuestas del nuevo gobierno para tratar de entender su “desdén” por la administración pública y advertir sobre los potenciales riesgos que esto podría acarrear al prescindir de una buena parte de las estructuras de gobierno y al llevar a cabo un recambio de funcionarios hecho más sobre bases clientelares que sobre experiencia y mérito. Para el presidente, la administración pública es un conjunto de estructuras y funcionarios casi prescindibles, particularmente los cuerpos intermedios de las burocracias. De manera muy generalizada señala a las primeras de ineficaces y a los segundos de ineptos y hasta corruptos; señalamientos ambos que hasta el momento no se sostienen en ningún tipo de evidencia. Los únicos funcionarios que se “salvan” de esos calificativos negativos son los que acaban de tomar posesión de sus cargos y que llegaron con el nuevo gobierno que él encabeza. De cara a un número importante de decisiones intencionalmente encaminadas a desdeñar la administración pública como recurso privilegiado de gobierno, el detalle del análisis se hará sobre los siguientes temas:
Plan anticorrupción y austeridad
Una parte sustantiva de este plan se convirtió en el sesgo distintivo de
María Del Carmen Pardo la campaña electoral y lo es también del gobierno en el poder. El propósito es tener un gobierno austero a partir de una reorganización administrativa que busca en última instancia reducir la administración pública –fideicomisos y oficinas de prensa de los secretarios, subsecretarías, oficinas de asesores, entre los primeros recortes ocurridos– a la que el gobierno le endosa prácticamente todos los problemas de corrupción, sin considerar, por un lado, que la corrupción implica complicidad entre varios actores – por ejemplo, debido a coaliciones, colisiones y capturas público/privadas– y, por el otro, que la corrupción también puede ser falta de capacidades y experiencia para manejar asuntos de trascendencia pública. El centro del “ataque” está en la búsqueda casi obsesiva de reducir costos para utilizar estos recursos en, sobre todo, las obras de infraestructura decididas de manera unilateral por el presidente y en los programas de ayuda directa, rompiendo también de manera poco reflexiva esquemas de intermediación. El reto para las administraciones públicas es enfrentar esta andanada de críticas en medio de escenarios contradictorios: búsqueda de mayor eficiencia con funcionarios de escasa formación y experiencia, mayor eficiencia enfrentado la reducción de programas y dependencias, sin un claro diagnóstico de sus desempeños, mayor eficiencia de cara a la supresión de un alto porcentaje de puestos de confianza (70%), mayor eficiencia al mismo tiempo que se propone una alta concentración de funciones en, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá bajo su responsabilidad los padrones de los programas gubernamentales, la concentración de los procesos de contratación y el área responsable de consolidar los procedimientos de compra, entre algunas de sus muchas atribuciones. Los datos con los que cuenta el gobierno para la toma de decisiones en general y, en particular las que debe tomar Hacienda, no se sustentan en las tradicionales fuentes “oficiales”. Por ejemplo, el llamado Censo de Bienestar no fue levantado por la institución dedicada a estas tareas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino por los llamados Servidores de la Nación que forman parte del partido político en el poder: Morena.
Ajustes equivalentes a recortes
La llegada de un nuevo gobierno siempre implica ajustes en las plazas laborales consideradas de confianza. En el caso del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, despidió a funcionarios en prácticamente todas las dependencias federales.
“Durante los primeros 100 días del actual gobierno federal, 8 mil 331 burócratas dejaron de ocupar sus plazas, lo que representa un promedio de 83 personas diarias que fueron despedidas en esta administración, la cual, desde el cambio de poderes, anunció el adelgazamiento de la burocracia como parte de su política de austeridad”, según una investigación de los reporteros Blanca Valadez y Daniel Venegas, publicada por Milenio Diario el 27 de marzo último. Estos recortes no han tenido como base ningún tipo de información que permita afirmar que son necesarios para un mejor desempeño de la administración y el gobierno. Se han hecho bajo la lógica de que se requiere, por un lado, combatir la corrupción sin mediar ningún tipo de diagnóstico que demostrara que las áreas en las que se han hecho los ajustes existían vicios y corrupción. Y, por el otro, obviar estructuras y funcionarios con capacidades y experiencia, a partir del señalamiento que ha hecho el gobierno; esto es, como intermediarios perniciosos. Por otra parte, aunque se ha dicho de manera aislada que se insistirá en la profesionalización, incluso respecto del fortalecimiento de un esquema de carrera, en el lapso transcurrido no se ha materializado ninguna decisión en ese sentido. Creación de las delegaciones de programas para el desarrollo Con el propósito de suprimir 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias federales que existían en los estados, el actual gobierno propuso la creación de unidades administrativas llamadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” y que están adscritas a la Secretaría de Bienestar, pero reportan sus actividades a la también recién creada “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, que quedará bajo el mando directo del presidente de la República y cuyas facultades aparecerán establecidas en el Reglamento de la Oficina del Presidente. Los propósitos de estas unidades, que convierten a sus titulares en lo que la crítica ha identificado como “superdelegados”, son de manera resumida los siguientes: reorganizar las delegaciones de la administración pública federal en los estados, imprimir eficiencia administrativa en los procesos del Registro Federal
de Trámites y Servicios, y reducir intermediarios entre el gobierno federal y los destinatarios de los programas sociales, planes y proyectos. Para ello, realizarán actividades como: verificar las acciones estratégicas en materias prioritarias, coordinar las acciones entre los tres poderes de gobierno, supervisar el cumplimiento de las funciones de atención ciudadana, promocionar los planes y programas del gobierno federal y supervisar los programas que otorguen algún beneficio directo a la población. Las materias prioritarias, hasta donde la información lo ha permitido, se puede suponer que serán las que decida el propio presidente de le República. Ello implica retos importantes para la administración pública. Primero, los gobiernos estatales y sus administraciones parecen quedar subordinadas a un mando unipersonal. Segundo, los beneficios y ayudas sociales se entregarán de manera directa a la población, suprimiendo lo que el nuevo gobierno considera como intermediarios perniciosos, pero obviando estructuras, procesos y funciones del servicio público, que si bien en algunas situaciones límite propiciaron inercias perversas y hasta corrupción, la mayoría otorgaba certidumbre y respuestas institucionales, evitando lo que se convirtió en una de las muchas demandas del partido que llevó al presidente al poder; esto es, que no se les diera a estas ayudas un uso político-electoral. Hasta hoy no se tiene claridad sobre lo que deben cumplir las dependencias responsables de la ejecución de los programas que entregarán beneficios directos –padrones de beneficiarios por entidad, municipio y localidad; lugar desde donde se operarán los programas, calendarios de entrega también por entidad, municipio y localidad y ajustes presupuestarios, además de realizar acciones de orientación y difusión–, puesto que, primero, se suprimen programas sociales o se modifican otros, como Prospera. Segundo, porque los programas ya no contarán con reglas de operación. Un tema ausente y que también contradice la propuesta de combate a la corrupción es que, dado que los programas ya no estarán operados bajo reglas, tampoco aparece ningún elemento que permita saber qué cuentas se rendirán sobre estos recursos y a quién. Es previsible que estas ayudas directas generarán más problemas de los muchos que ya tienen los grupos más vulnerables (de manera destacada en los casos de estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas), cuando la insistencia en el discurso es favorecer a estos sectores y grupos mas desfavorecidos.
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LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, A LA INTEMPERIE Edna Jaime
La corrupción en el corral de las percepciones
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omienzo con la corrupción porque fue el mayor exceso del gobierno de Peña. Y ha sido el tema alrededor del cual el presidente López Obrador procura articular su discurso de contraste. Él es el presidente de la honestidad valiente y sus gestos cotidianos refuerzan esta identidad. Pero esta identidad que ha construido alrededor de su persona necesita de instrumentos. Porque es la cabeza de un aparato administrativo que gestiona miles de transacciones en las que se presentan oportunidades de corrupción. El presidente tiene distintos recursos a su alcance para controlar la corrupción. Por lo pronto, un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que articula las tareas de los distintos órganos que cumplen alguna función de control de actos indebidos en la función pública. El SNA ahora se encuentra en un limbo, cumpliendo con lo que la norma le establece, pero lejos de ser el factótum contra la corrupción que esperábamos cuando se concibió su diseño. Ese factótum es el presidente. López Obrador desestima al sistema. No conozco las razones. Prefiere los recursos punitivos que están a su alcance y utilizarlos de manera selectiva. La letra del refrán “A mis amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas” tiene mucha resonancia en las primeras acciones de nuestro presidente en estos primeros 12 meses de gobierno. Y esa parece ser su política anticorrupción. Este aspecto punitivo descansa de manera prominente en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las reformas legales que hoy hacen que la corrupción se tipifique como delito grave y, por tanto, meritorio de prisión automática, así como en la ley de extinción de dominio que permite que se incauten bienes antes de que concluya un juicio. La verdad es que tenemos una combinación peligrosa de normas e instrumentos que puede derivar fácilmente en arbitrariedad. Si la intención es amedrentar y no hacer justicia, creo que el presidente lo está logrando. Pero actuando así no podrá sostener el aserto de que el suyo es un cambio de modelo, y menos de régimen. “La impunidad se acabó en mi administración”, dice el presidente. En lo que a delitos de corrupción corresponde, tenemos casos abiertos, cuentas congeladas y descongeladas, pero justicia todavía no. Y hacer justicia en casos de corrupción requiere de capacidades de Estado, de las que carecemos. La Fiscalía anticorrupción de reciente creación es en realidad un cascarón que alberga penurias. Insuficiencia de recursos, de profesionales que puedan llevar con
éxito una investigación, de peritos entrenados. Nada nuevo cuando nos referimos a las destrezas y capacidades en la investigación criminal en el país, igual en delitos de corrupción que en los de alto impacto en materia de seguridad. Estos temas son un punto ciego en la agenda del presidente. Tenemos reformas en marcha porque se plantearon antes de la llegada de este gobierno. Es el caso de la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que conforme a la ley orgánica que le dio vida tiene que transitar por un cambio complejo para renovarse. Una reingeniería que implica replantear sus modelos de gestión, de investigación y de priorización en la persecución penal. Pero también de la profesionalización de sus cuadros. Todos estos procesos de cambio necesitan recursos que van a llegar mediante el gotero de la austeridad y puede que sean insuficientes. El presidente es honesto, sí. Pero la corrupción no se combate con atributos personales, sino con instituciones de Estado que puedan prevenirla, detectarla y sancionarla. Y el presidente no encuentra un terreno descampado sino un entramado de instituciones que podrían funcionar de manera alineada con sus objetivos, si se lo propusiera. De cualquier forma, hay magia en la manera con la cual el presidente se comunica con los mexicanos. En la más reciente medición de Transparencia Internacional, México escala algunos puntos en la medición. En el campo de las percepciones el presidente ya se apuntó una primera victoria: los mexicanos consideran que hay menos corrupción. En el campo de la realidad, es posible que sigamos viendo las prácticas de antaño. Sin buenos mecanismos de prevención, control y de sanción seguirán existiendo incentivos para abusar de la función pública, para el enriquecimiento personal y para el tráfico de influencias, entre un amplio catálogo de delitos que asociamos con el fenómeno.
El tiempo dirá.
Peligro de derrumbe de su sistema de creencias Si la corrupción como agravio pesó en los mexicanos al momento de votar en la pasada elección presidencial, la inseguridad y la violencia influyeron, pienso yo, de manera decisiva. Dos administraciones que acumularon fracasos en contenerla permitieron que la promesa de un viraje en la aproximación al fenómeno resultara atractiva. Además de entonar rítmicamente “becarios, no sicarios” y “abrazos, no balazos”, eran anuncios de algo distinto: la atención de las causas, el acceso a la justicia como manera de redimir a las víctimas y la creación de alternativas a la creciente militarización
de la seguridad. Pero en este tema, AMLO candidato no se parece al AMLO presidente. Alabo de su enfoque de seguridad su pretensión de ir al origen. El tratar de explicar qué sucedió en este país que quebró los mecanismos de control social y su tejido. El presidente tiene intuiciones y mucha información de terreno, pero el arrebato de culpar de todo al neoliberalismo obstruye su capacidad de hacer un diagnóstico más informado y profundo. Por eso confunde su política social con política de prevención. Y no son lo mismo. La prevención del delito y la violencia busca atender factores de riesgo, es focalizada y parte de diagnósticos muy precisos. Su política social consiste primordialmente en la transferencia de subsidios, con un carácter más universal que dirigido, y carece de la precisión que requieren las intervenciones y acciones preventivas. Las intersecciones tal vez ocurran en un nivel muy básico; más allá de eso, se bifurcan. Son cosas distintas. La política de prevención social y policiaca deben tomarse en serio. Y para ello hay que construir capacidades desde lo local. Para que desde ahí se entiendan las dinámicas de violencia y crimen, se identifiquen los factores de riesgo y se atiendan correctamente. No se puede “ir a las causas” de la violencia, como aspira el presidente, con instrumentos centralizados y reactivos para atender el fenómeno. Es hasta disonante. La intuición original del presidente es correcta; la elección de sus recursos, totalmente incompatible. Y esto me da pie para hablar de lo que me parecen errores de su estrategia de seguridad. La visión centralista que en ella impera y su desdén por construir los mecanismos que permitan una buena gobernanza de la seguridad a nivel nacional. Con esto me refiero a definir correctamente las responsabilidades, pero también la distribución de recursos, entre ámbitos de gobierno y entre instituciones y actores que tienen responsabilidades en la seguridad. El presidente ha sido distante en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el espacio que debería prestarse a la toma de decisiones compartidas y a la coordinación. En este tema el presidente sigue las mismas pulsiones que en otros asuntos: si no le gusta lo que hay, le da la vuelta, lo ignora o debilita en
lugar de arreglarlo. Éste es el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sustituye a este mecanismo con uno propio en donde su ascendente es más claro: las 266 regiones en las que se dividió el territorio y en las que tiene a un representante suyo. En éstos operan mecanismos ad hoc de coordinación, donde queda claro quién manda. En cada región hay despliegue de la Guardia Nacional, sin que me quede claro cuál es su diferenciación funcional respecto de las corporaciones policiacas de los estados y municipios. Quién hace qué y si están haciendo algo distinto respecto del pasado. En cuanto a las víctimas, todas las expectativas de justicia se han apagado, como en su momento se cerró la cortina de los foros en los que tuvieron oportunidad de expresarse durante los meses de transición. La justicia, además, requiere de instituciones que la procesen, y el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia no aparece en la agenda de prioridades de este presidente. Los resultados en este primer año no son halagüeños. Es posible que cerremos 2019 con una nueva cifra récord de asesinatos. Y con algunos delitos de alto impacto en ascenso. El gobierno presume que los homicidios se han estabilizado, pero lo han hecho, en todo caso, en un nivel muy alto. El modelo está a prueba y veremos si se sostiene y es efectivo. Pero más que la realidad del dato duro, están –de nuevo– las percepciones. Y el presidente gana la partida en esta dimensión. Por la llegada de López Obrador a la presidencia la gente se siente un poco mejor, como se asienta en las encuestas de percepción de inseguridad. A diferencia de otros temas de nuestra atribulada realidad, ese es particularmente tramposo. Puede descarrilar a un gobierno, como Ayotzinapa lo hizo con la administración de Peña. Hasta ahora los dos eventos aparatosos, el de Ovidio en Culiacán y los LeBaron en los límites entre Chihuahua y Sonora, sacaron al presidente de la comodidad de sus certezas, pero no le ‘pegaron’ en sus niveles de aprobación de manera proporcional a la gravedad de los sucesos. ¿Superaremos nuestro equilibrio triste, ese que repudiamos en la elección anterior? Sólo si el presidente aprende a ajustarse a las realidades. Si deja las certezas que le da su entendimiento de las cosas y se dispone a entender la complejidad de este país y de su entorno. Si el presidente no tiene esa capacidad para evaluar y corregir, nuestro equilibrio triste puede convertirse en depresión. l *La autora de este análisis es fundadora y directora general de la organización México Evalúa, institución dedicada a generar análisis, evidencia y propuestas para mejorar la política pública en el país.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
E
l conflicto limítrofe entre Chiapas y Oaxaca, por la presencia de constantes invasiones y disputas de tierras en la región de los Chimalapas, ha dejado una devastación de más de 160 mil hectáreas de selvas y bosques cuyo impacto ambiental no parece importar a ninguna de las autoridades involucradas en el tema. De acuerdo a los datos hecho públicos este martes por el Foro Ecológico Juchiteco, las afectaciones ambientales en la reserva ecológica mesoamericana se han agudizado durante los últimos años debido al aumento del número de talamontes y ganaderos que han ingresado a la zona, solapados por las comunidades invasoras, provocando un daño severo a la masa forestal. Apenas el pasado mes de agosto el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) presentó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una audiencia al ministro José Fernando Franco González Salas, ponente en la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca, para dar a conocer la destrucción de 50 mil hectáreas de selva alta y bosque de niebla, ante nuevas invasiones. Han pasado más de seis años de iniciado el juicio de controversia constitucional 121/2012 y de haberse emitido una suspensión de
A
l combatir la corrupción, se amplía el horizonte de la ayuda guberna mental para la gente que más requiere ser asistida por la justicia social de la #CuartaTransformación. Gente con capacidades diferentes y personas de la tercera edad del medio rural integran los sectores de la sociedad chiapaneca a los que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas busca atender con honestidad, transparencia y decoro. Rutilio Escandón Cadenas ha recalcado a sus colaboradores que deben actuar con justeza y asimismo el mandatario estatal ha sido enfático en subrayar que los recursos financieros de los programas sociales del régimen deben utilizarse con apego a la normatividad y sin simulaciones fastuosas. Con el combate a la corrupción y la aplicación de medidas de austeridad en la maquinaria institucional, el régimen de Rutilio Escandón Cadenas avanza por la ruta correcta y se consiguen mejores resultados que benefician a mucha gente pobre y necesitada de la ayuda gubernamental. En los primeros 12 meses de la administración estatal en boga, se ha logrado abatir el rezago en ma-
Miércoles 4 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN LA MIRA Héctor Estrada
Anarquía en los Chimapalas arrasa con 160 mil hectáreas de bosques y selvas
plano por parte de la propia SCJN, y la situación sigue complicándose. A decir de las organizaciones ambientalistas, el “limbo jurídico” ha permitido que la destrucción impune e irreversible de miles hectáreas de selva alta y bosques de niebla dentro del territorio comu-
nal continúe ante la inacción de las autoridades omisas. De acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria (PA), actualmente existen 126 supuestas pequeñas propiedades ilegales dentro de territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa, sin
EL DIVAN Sergio Stahl
** Combate a la corrupción en Chiapas ** ( Segunda parte )
teria de políticas sociales y lo más notable es que se ha hecho mucho a pesar de lo exiguo del presupuesto ejercido este año. Mañana, una descripción de los caminos del mal que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les
señala cada quince días a sus colaboradores de primer nivel como prohibidos porque tienen como destino final una celda en la carcel. BALCON. La independencia de criterio y el discurso crítico que enarboló ayer en la tribuna del
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embargo el CNDyCCh acusa que dicha dependencia se ha negado a entregar los expedientes sobre las invasiones. La mayoría de estos predios (ranchos ganaderos) se encuentran al sur de la zona Cal y Mayor, y una porción menor está en la zona Hondonada, Quebrachal y San Marcos, en San Miguel Chimalapa. Mientras tanto, el saqueo masivo de madera y el cambio de uso de suelo para la crianza de ganado no se detiene. Y es que el impacto ambiental no es menos. El territorio en disputa desde hace 50 años alberga por lo menos 146 especies de mamíferos, 140 de reptiles y anfibios, 316 de aves y 900 de mariposas, muchas endémicas. Además, esta bioregión de casi 600 mil hectáreas es un territorio ancestral del pueblo indígena zoque, pues lo ha habitado, poseído, usufructuado y defendido durante siglos. El silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el letargo de la SCJN para definir el conflicto limítrofe han provocado un estado de anarquía en la región que no sólo ha dejado como saldo constantes enfrentamientos violentos y muerte, también ha desencadenado un daño ambiental a gran escala difícil de resarcir a corto o mediano plazo. Urge ya la atención a dicha problemática para finalmente poner orden al desastre ecológico que avanza sin freno alguno… así l
Congreso local el diputado Juan Salvador Camacho (Morena), estuvo a punto de sacar de quicio a la atildada Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura estatal, diputada Rosa Bonilla Hidalgo (Morena), quien ya no veía la hora de que #Juanito terminara su perorata, al grado de que le marcó el alto reglamentario varias veces, pero el representante popular por San Cristóbal de Las Casas eludía con elegancia las llamadas de atención y siguió echando su rollo. La molestia de la guapa diputada Rosa Bonilla Hidalgo se debió al hecho de que #Juanito no sólo argumentó su voto en contra de la aprobación de la Iniciativa de Decreto de Ley -enviada por el Poder Ejecutivo estatal al Poder Legislativo localrelativa al Programa Sectorial de Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad 2018-2014, sino que también se ocupó de señalar las deficiencias en la técnica parlamentaria con que se trabajaron en Comisiones los temas contenidos en ese Programa. Sin estridencias verbales y con aplomo intelectual, #Juanito le enmendó la plana a la responsable de que la mecánica parlamentaria funcione correctamente y eso sí que no le gustó nada a la diputada Bonilla Hidalgo... Eso es todo.
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No quiero hablar de López Obrador porque no me conviene. Tengo que respetar la casa donde estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que ¡vaya que tiene problemas!, para que yo venga a tirarle más problemas todavía sin ayudarlo a solucionar ninguno”, se limitó a declarar el ex presidente uruguayo, José Mujica en la Universidad Iberoamericana. Pero Pepe Mújica, un exguerrillero de profunda formación ideológica, nada que se le parezca al tirano que tenemos como presidente fue más allá al señalar que sería “estúpido de mi parte no ser dueño de mi silencio. Me formé una idea, pero no voy a incidir en el destino de la política mexicana. Permítanme reservar mi opinión”, pidió. Pero Mujica sabe bien de que pie cojea López, y aunque en México hay libertad de expresión-siempre y cuando no se hable mal del presidente, no hay consecuencias. Hace unos días el azote de los priistas, el escritor peruano Mario Vargas Llosa en la época del PRI, vino a México en septiembre de 1990 y le tomó la palabra a Octavio Paz y al resto de los organizadores del encuentro de intelectuales europeos y americanos y como pez en el agua, como si estuviera en su casa, con total libertad habló largo y tendido sobre el gubernamental PRI y su permanencia en el poder, como otro ejemplo de las dictaduras latinoamericanas. En cierto momento consideró a México “una dictadura perfecta”. Regresó a México y Vargas Llosa volvió hacer de las suyas y más claro no pudo ser: “Veo muy mal a México”, al asegurar que el populismo del presidente Andrés Manuel López Obrador podría conducir a una dictadura. El escritor y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, afirmó que López Obrador “representa el regreso de México a la dictadura perfecta”. En el retiro de su vida política, a Pepe Mujica se le atribuye la siguiente declaración: “Andrés Manuel López Obrador hace una política basada en sueños y utopías. El verdadero hombre de izquierda es acción. Él sólo desea cumplir su aspiración presidencial a como dé lugar. En la izquierda se piensa a nombre de todos y no a nombre de sí mismo”. Le saben algo o le hablan al tanteo, sin embargo tal declaración no fue confirmada y se dijo que se trataba de un fake news que cobró fuerza en temporada electoral del 2018 en México. En su frase expresada en dicha Universidad, “No quiero hablar de López Obrador porque no me conviene, lo cual es muy cierto, aunque hay una buena relación, Mujica piensa diferente, por ello, en el mensaje parece haber dicho: “interpreten mi silencio”. Pero la diferencia entre López y el exmandatario es que este no tiene rancho, ni departamentos, ni sus hijos viajan en camionetas caras y blindadas, ni mucho menos se pasean en
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Interpreta mi silencio • Gallina que come huevo… • Ley Bonilla, inconstitucional
lujosos yates o visten ropa de marca. Además la calidad moral de Pepe Mujica es reconocida por líderes mundiales y jóvenes por la ética con que se manejó como presidente del Uruguay, sin lucrar del puesto, ni mucho menos para vivir de la función pública. Esa es la realidad. La directora del Cobach tiene fama de acosadora En el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas existen colaboradores que trascienden pero no por sus buenas acciones, sino por sus complejos, sus desaciertos y escándalos. No es uno ni dos, son muchos que han puesto en mal al gobierno, no sabemos porque el gobernador no actúa y los pone de patitas en la calles, pues lejos de ser productivos, son lesivos para su administración. No creo que Escandón desconozca los casos de corrupción de los hombres y mujeres de su gabinete que con periodicidad son señalados por los medios de comunicación, las redes sociales o la vox populi. Tendrá algún compromiso con ellos que se tiene que hacer de la vista gorda, hay tolerancia o compromiso con la desastrosa administración encabezada por el peor gobernador que ha tenido Chiapas. Si es así, esperamos que para los primeros meses del 2020 Rutilio Escandón realice una purga al interior de su gobierno y que asuma con mano firme su gobierno, además que hizo el compromiso de cero tolerancia, a la corrupción y a la impunidad y que sus colaboradores que están al servicio de los chiapanecos se pongan a trabajar como Dios manda. El comentario anterior es por el escándalo que se trae su empleada que cobra como directora general del Cobach, Nancy Leticia Hernández Reyes, que debido a sus inclinaciones hacia la mujeres se ha convertido en el azote de ellas, al grado que quien no accede a sus más perversos y bajos instintos, simplemente son despedidas de manera injustificada y sin ningún derecho laboral. Es pues de mencionar a una de sus víctimas, Jazmín Leyva perseguida y
acosada y humillada por la “marimacha”, quien sin miramientos la despidió, por lo que para hacerse oír a partir de este lunes se puso en huelga de hambre y le exige al gobernador Rutilio Escandón sea reinstalada. Como cuando las cosas no están a tu favor, la afectada presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por acoso sexual, pero el “florero” y bueno para nada, servil y “lamebotas”, Juan José Zepeda Bermúdez, no la aceptada. Se sabe que Escandón Cadenas sabe del problema, pero la acosadora ha de ser influyente porque sigue en el cargo, pues sus instrucciones no han sido acatadas, se las han pasado por el “arco del triunfo”. Jazmín Leyva quiso encontrar protección de su sindicato, pero debido a que Víctor Manuel Pinot del Suicobach es un corrupto y prefiere abandonar a sus representados que perder sus canonjías con la dirección. Rutilio no tiene por qué tolerar este tipo de situaciones porque dejan mal parado a su gobierno, por lo que es necesario deshacerse de los elementos malos, que solo llegaron a beneficiarse del cargo. Ah se me olvida que también la quejosa denunció al director de Vinculación de la escuela, Jaime Antonio Guillén Albores (a) la tony, que además de no trabajar, la hace de “padrote”, pues para tener satisfecha a su jefa, es quien le consigue la “carne para el asador”. La acción fue declarada por el Tribunal Electoral La polémica Ley Bonilla en la que el gobernador morenista de Baja California intenta alargar su periodo de gobierno de dos a cinco años, finalmente parece que se hará justicia. En algo que se podía prever, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que la reforma que avaló el Congreso de aquella entidad y permite extender el mandato gubernamental de dos a cinco año fue declarada como inconstitucional. Tal decisión provino de una opinión que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al
Tribunal, ahí los siete magistrados coincidieron en que la modificación a la Carta Magna de dicha entidad se aleja “de la regularidad constitucional”. No es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al gobernador por voluntad de los electores para un periodo determinado de dos años, pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema. De tal suerte que el Tribunal rechazó varios recursos que interpusieron distintos actores políticos, pues desde su análisis escapaban del ámbito electoral no obstante en tres ocasiones señaló que el periodo de elección donde salió triunfador Jaime Bonilla de MORENA, solo comprendió dos años.
Del Montón
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en las primeras horas del pasado domingo 1 de diciembre que detuvieron a tres sujetos presuntamente implicados en la muerte de nueve integrantes de la familia LeBarón. La dependencia detalló que dicha detención se logró tras varias órdenes de cateo, por lo cual elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia montaron un operativo para detener a los presuntos responsables de dicho acribillamiento en contra de la familia mormona. Lo raro de este caso es que esto ocurrió previo a que el presidente López Obrador celebrara en el Zócalo Capitalino su primer año de gobierno con un informe en el cual le informó a los mexicanos las “cosas buenas” que ha hecho durante su administración. Pero como dice el refrán “en la política no hay coincidencias” y es que pareciera ser que con esta detención da argumentos al mandatario tabasqueño para decirles a los ciudadanos que su gobierno “sí cumple”. Empero, resulta que los presuntos responsables de la masacre a la familia LeBarón podrían ser inocentes. Es decir son “chivos expiatorios”. Así lo señaló el periodista Pascal Beltrán Del Río quien en su cuenta de Twitter señaló que los presuntos atacantes llamados Mario, Luis Manuel y Cipriano son inocentes; esto al señalar que los habitantes de la zona Janos, en Chihuahua, aseguran que ellos llevan una vida modesta y que no están involucrados con el crimen organizado. * * * Eso me hace recordar que la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a cargo del “florero” Jorge Luis Llaven Abarca utiliza las mismas formas para inventar delitos y meter a la cárcel a inocentes, como es el caso del activista político y es diputado perredista Horacio Culebro Borrayas, quien el próximo 21 de diciembre cumplirá cinco meses de estar encarcelado de manera injusta en el penal de El Amate, lo que lo convierte en el primer preso político de la actual administración estatal. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez
Claro oscuros de una transformación
A
un año de iniciar el gobierno de la Cuarta Transformación, muchas cosas son hoy temas obligados para la reflexión colectiva, porque ni todo han sido aciertos y es bueno que así se reconozca, como tampoco es cierto la opinión maniquea de varios sectores de opinión, muchos incluso que hasta podrían considerarse como ilustrados o de menos letrados. Pero no perderé tiempo en insistir en quienes por consigna, mala fe incluso ignorancia, con todo y los claro oscuros que se han tenido en el primer año de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como de su equipo de gobierno, los saldos en la sumatoria general de avances de los programas en distintos ámbitos de la vida nacional, sobre todo en bienestar social y estabilidad macroeconómica del país, están a la vista de claro, quienes lo quieran ver. Los que no, pues no. Y como aquí lo he venido sosteniendo, sólo es cuestión de tiempo para que la consolidación de este gobierno, ponga a cada quién en su lugar. Así y de manera enunciativa por el momento, haré un rápido recuento de lo que a mi parecer y que comparten millones de mexicanos, han sido los principales avances durante estos 12 meses de un nuevo régimen y no sólo, de un gobierno con más de lo mismo. Sin un orden de importancia porque la verdad, en un país en las condiciones como lo dejaron 36 años de gobiernos neoliberales, resultaba prioritario como de urgente y obvia resolución todas las áreas del complejo entramado institucional. Así el combate frontal a la corrupción empezando por la oficina presidencial, era requisito indispensable para hacer valer y dejar constancia, que el principal problema de México era la corrupción. Así la variable corrupción que no calificaban las “Calificadoras”, abríase convertido en principal causa que hizo que todo un país, alcanzara niveles de desigual y pobreza acumulada nunca antes vistos y con ello, la inseguridad y la violencia crecientes. Porque más allá del cálculo somero de montos pecuniarios que se robaban del erario nacional vía la corrupción, estaba por principio y principios la voluntad política de barrer la corrupción como se barren las escaleras. Otros logros resultan sin duda
el de definir, con justa medida, el funcionamiento de un gobierno austero sin goce de privilegios y altos sueldos que ofendían a los mexicanos, al mostrar opulencia de un gobierno rico con un pueblo pobre. Y en ambos casos del combate a la corrupción y la austeridad, ya cuentan con un marco constitucional en el que se consideran los actos de corrupción, como delitos graves incluso sin derecho a fianza; en tanto la austeridad republicana ya establece, por ejemplo, que ningún servidor público del gobierno federal podrá ganar más que el propio presidente y quien desde iniciado su mandato, para poner el ejemplo, se rebajó el sueldo. Así también; no asesores, no viáticos y viajes al extranjero, ni pago de celulares ni de chofer; mucho menos de cajas de ahorro y cirugías con cargo al presupuesto. Sin duda de los programas más criticados en materia de bienestar social que ejecuta la secretaría del mismo nombre, están los de adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro habiendo quienes sostienen, que además de ser un programa asistencialista e incluso con tintes electoreros, eso de darles dinero a los viejos es como tirar a la basura “sus impuestos” (ajá); en tanto el encaminado a darle oportunidades a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que fueran etiquetados por pasados gobiernos como “ninis”, igual exponen es mantener a una pléyade de huevones además de propiciar la corrupción en contubernio con sus mentores. Es más los hay también, que con respecto a las becas que reciben los adolescentes de secundaria y los jóvenes prepara-
torianos, afirman echando espuma por la boca, que dichas becas la usan para irse a las maquinitas cuando no, para comprar licor y hasta droga. Y así por el estilo y en general, todos los programas de bienestar y otros de tipo productivos como sembrando vida, insisten ser programas asistencialistas condenados al fracaso. ¡No hay crecimiento! (doble ajá) Por ello mismo y amén de su muy respetable opinión, quienes sostienen que los recursos que se destinan a procurarles un poco de dignidad a millones de ancianos en su vejez, o que generalizan que los jóvenes que fueron abandonados a su suerte históricamente son unos irresponsables, huevones, corruptos, borrachos y adictos, resultan ser los mismos entes que, con su silencio cómplice y cobardía, y que a falta de conciencia clase, se sienten o quieren hacerse pasar de una clase social burguesa que los excluye, por lo que gimen cual plañideras y se ciegan a reconocer, de menos, que por fin este país tenga un presidente que voltea a ver a los más jodidos y no estar ya nunca más, al servicio de una minoría rapaz, hipócrita, sin escrúpulos pero sobre todo corrupta. Pero pese a ellos y otros, el país a cada día que pasa empieza a dar muestras de consolidación de sus políticas públicas. Si no, que les pregunten a los señores del dinero. Es cierto y por contrario lo advertía, nada se gana cerrarse de ojos ante lo evidente y que en materia de seguridad, la brecha entre lo prometido y lo registrado, lejos de descender el grado de criminalidad y violencia se han notado preocupantes incrementos por lo
que sin duda nos quedan mucho a deber. Pero no será apretando el gatillo como la violencia y ya se comprobó en el pasado reciente, que este sensible problema de inseguridad se va a resolver. Habrá eso sí y de alguna manera reconocido el propio gobierno, que si bien la estrategia integral de combate a la delincuencia no habrá de recurrir al uso de la fuerza por sobre la vida humana, es decir combatir la violencia con la violencia, seguirá como se ha planteado de ir a las causas que la alimentan como la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Pero sí en el tema específico del combate a la delincuencia organizada y carteles de la droga, habrán de implementarse nuevas estrategias para hacer más efectivo su combate. Es más como ahora se está ensayando, de una mejor y más amplia colaboración con el vecino gobierno del norte sobre todo a raíz del caso Culiacán y el tristísimo asesinato de mujeres y menores miembros de las familias LeBarón y Langford, que ostentan la doble nacionalidad tanto la mexicana como la estadounidense. Porque a diferencia y contrario a lo que sostiene el gobierno de la república de actuar en colaboración respetuosa entre ambos países para resolver este flagelo, ante las amenazas veladas del presidente Trump de declarar terroristas a los carteles mexicanos de la droga y de lo que ello implicaría, se alzan voces y que resultan ser las mismas que califican a los mexicanos de huevones y corruptos, para que de una vez - elevando oraciones al cielo de los traidoreslos americanos nos intervengan y nuestro país (como han de ser sus sueños más húmedos) y de plano, se convierta en una estrella más de la bandera de las barras y las estrellas-, es decir ¡nos invadan! Y aunque suene exagerado y lo es claro, pero podría compartirles audios y videos de varios periodistas de esas cadenas afines a los regímenes pasados, imbéciles que sueltan al aire como mal chiste y sin sonrojo alguno que sí ¡que vengan! ¡Culeros y estópidos! Incluso los mismos insisto que ven al presidente y al gobierno de la 4T como sus enemigos comunes y a vencer. Así y aclaré lo haría de manera enunciativa, aquí algunos claro oscuros de la cuarta transformación y que están a la vista de quienes los quieran ver. ¡Me queda claro! (P.D.- Ah y lo mejor está por venir)
CMAN
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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 4 de Diciembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1789
MANIFESTACIÓN
MENSAJE
Rosario Robles reta a Gertz Manero: comprueben duplicidad de licencia y “me declaro culpable”
Con bloqueo carretero, pescadores de Chiapas exigen que gobierno libere recursos para gasolinas
PAG. 9
REPORTE
Señalan impunidad de 89% en homicidio doloso; sólo se resuelve 1 de cada 10 asesinatos PAG. 3
DENUNCIA
Se ampara preso político en Chiapas, violaron su debido proceso PAG. 8
SOLICITUD
Monreal pide frenar reforma al outsourcing, ya aprobada en comisiones
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Los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregaron la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en favor de Juan de la Cruz Ruiz, quien sufrió una serie de violaciones al debido proceso legal y actualmente se encuentra privado de su libertad arbitrariamente.
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Cuitláhuac García y la fiscal de Veracruz “huyen” de reunión con familiares de desaparecidos