CMAN
DOXA
EDITORIAL
Que no se repita la masacre
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En Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo aquilatada en la justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento en la población con gravísimas consecuencias.
En el servicio de taxis hay un desorden generalizado. El cobro de este servicio está sujeto a la arbitrariedad del chofer. Y prevalece un clima de inseguridad en su uso. En el que nadie está a salvo de los atracos.
DIARIO
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EN CHIAPAS
Viernes 29 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1786
RECLAMO
INICIATIVA
Complicidad entre delincuentes y autoridades, el mayor reto que enfrentan familiares de desaparecidos
Gabriela Amores Moya, litigante de la Unión Nacional de Abogadas de la Ciudad de México, dio a conocer la respuesta que le dio un agente del Ministerio Público (MP) a una madre de familia que perdió a su hija, cuando le exigió que se esclareciera el feminicidio
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DECLARACIÓN
Se harán dos consultas por el Tren Maya con una sola pregunta: ¿va el Tren Maya, sí o no? PAG. 9
Realizan IEPC e INPI: Foro de consulta y elaboración de la Propuesta de Reglamento para atender solicitudes de Consultas Indígenas en materia electoral PAG. 4
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HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
Ruperto Portela Alvarado
CÓDIGO NUCÚ
DICTAMEN
Reinstalan docentes que habían sido cesados en Chiapas
Diputados analizarán Ley de Adopción para el estado de Chiapas
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César Trujillo
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
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SABOTAJE A LA CNDH John M. Ackerman
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DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS: LECCIONES DEL CASO COAHUILA Laurence Pantin y Alejandra Quezada PAG. 3
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Viernes 29 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Que no se repita la masacre
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n Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo aquilatada en la justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento en la población con gravísimas consecuencias. En diciembre de 1997, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro. Al respecto, son muchos los avisos de violencia que se han presentado en el último año en Chenalhó y el gobierno continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre
los grupos paramilitares que actúan en este municipio, la CNDH emitió a principios del año dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación. Sobre la masacre de Acteal, se ha señalado que ésta formó parte de una estrategia de los gobiernos federal y estatal para desarticular al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito mexicano. Todos los inculpados de estos sucesos fueron liberados por resolución de la suprema corte hace diez años, lo que mantiene en la impunidad esta barbarie y los afectados continúan en la espera de que se les haga justicia. Un camino que los afectados
señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre. Hay muchas señales que indican que los problemas pasados y presentes en Chenalhó se vienen agudizando, a tal punto, que se prevén mayores enfrentamientos en la región. Lo delicado de esta situación, es que la administración de Rutilio Escandón parece ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, en el que no se descarta la pérdida de la gubernatura como le sucedió a Ruíz Ferro, lo que significa que este gobierno está más preocupado por responder por los responsables del conflicto que el de atender a las víctimas.
DIRECTOR GENERAL
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Instalan módulos de vacunación contra la influenza en SCLC De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis.
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a Jurisdicción Sanitaria número dos ha instalado al menos tres módulos de vacunación contra la influenza, campaña que empezó desde este 27 de noviembre y concluirá hasta el 6 de enero. Al respecto, Isela Pérez Zárate de la Jurisdicción, señaló que los módulos se han colocado en puntos estratégicos de la ciudad, como los pasillos del Museo en el Centro, otro en Santo Domingo y un tercero en la Plaza San Crsitóbal. “Arrancamos la campaña este 27 de noviembre y esperamos concluir el 6 de enero de 2020, estamos atendiendo en los tres módulos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y para los fines de semana estamos por definir los horarios”, comentó. En entrevista, dijo que lo que más se encuentran atendiendo es a los turistas, ya que la gente de San Cristóbal comúnmente acude al Centro de Salud más cercano para aplicarse la vacuna contra la influenza. “La vacuna se aplica a todos, a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, aun no tenemos una meta definida de cuántas va-
Al respecto, Isela Pérez Zárate de la Jurisdicción, señaló que los módulos se han colocado en puntos estratégicos de la ciudad, como los pasillos del Museo en el Centro, otro en Santo Domingo y un tercero en la Plaza San Crsitóbal
cunas se van a aplicar, incluso en los Centro de Salud se ha avanzado desde el mes pasado, sobre todo con la población vulnerable”. Pérez Zárate señaló que muchas personas aún se rehúsan a aplicarse la vacuna, ya que tienen temor de la
reacción, “tal vez ya se la aplicaron alguna vez y tuvieron reacciones, y por eso muchas personas ya no están dispuestas a ponérsela, aunque la respuesta siempre es positiva”. Finalmente, mencionó que las vacunas también se están aplican-
do en las zonas indígenas, “desde el mes pasado iniciamos con este proyecto, hay muchos compañeros que se encuentran en brigadas y visitan puntos estratégicos, el objetivo es proteger a la población en esta temporada invernal”.
Reinstalan docentes que habían sido cesados en Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Este jueves Ángel Paulino Canul Pacab, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo entrega de los dictámenes de reinstalación de docentes cesados, gestionado ante la Secretaria de Educación del Estado, y resuelto después de una larga y compleja labor. “Es una realidad el compromiso de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40, que en este caso, a través del Alfredo Nuriulú Moscoso, Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, da cumplimiento al acompañamiento y respaldo a los trabajadores de la educación y que fortalece la unidad y el servicio al magisterio en Chiapas; fortaleciendo acciones que cumplen con resultados concretos”, indicó. Pedro Gaudencio Martínez Esquinca, Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la SEP quien hizo la entrega resaltó que el sindicato hace una labor social loable, que lucha por el respeto de los derechos de los trabajadores de
la educación y que bajo este lineamiento. «Todos somos compañeros y debemos actuar con compañerismo, solidaridad y sin arbitrariedades, haciendo las gestiones más accesibles porque como servidores públicos estamos para servir». Canul Pacab, se pronunció que el SNTE está abierto a recibir a todos, escuchar, debatir y discutir de manera respetuosa, haciendo la tarea para la que existe compromiso. Ante ello exhortó a que: «Somos trabajadores de la educación y debemos ser el ejemplo en la sociedad y en la vida, además invita a maestros y maestras a servir al pueblo con Unidad y Orgullo. El derecho al trabajador debe ser respetado, pero también las obligaciones del trabajador se deben cumplir puntualmente». Indicó que la Sección 40 se están realizado acciones que aterrizan directamente en favor de las y los agremiados; el caso de los ceses que fueron de manera injustificada; logrando por parte de la coordinación general de asuntos jurídicos y laborales a través de Martínez Esquinca de la Secretaria de Educación; que con disposición se
concedió el dictamen de reconsideración a los profesores Patricia Maldonado García y Rosendo Vásquez Hernández; docentes del nivel de Telesecundaria y el Profesor Carlos Iván Montesinos Pimentel, maestro de música del estado. «Los docentes hemos aprendido a querer y a respetar a nuestro Sindicato, a nuestra representación sindical, que es patrimonio de todos los trabajadores de la educación y no de unos cuantos», expuso. Destacó que
en Chiapas la Comisión Ejecutiva a través del área jurídica enfatizó que los resultados se obtuvieron de la negociación y de la defensa jurídica para apoyar a sus agremiados en la solución de conflictos que afectaban sus derechos laborales. En este escenario agradecieron a Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Titular de la Secretaria de Educación quien ha tenido a bien corresponder a las gestiones que la Sección 40 en la defensa de la Educación.
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a Universidad Tecnológica de la Selva en el municipio de Ocosingo, fue sede del “Foro de consulta y elaboración de la Propuesta de Reglamento para atender solicitudes de Consultas Indígenas en materia electoral”, con la participación de representantes de pueblos y comunidades indígenas del estado de Chiapas, evento organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El acto inaugural estuvo encabezado por el consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano, Presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana; Verónica Ramírez Barrientos, Directora del Centro Coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el municipio de Las Margaritas; Fulgencia Ruiz Toledo, Visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas, Lisandro Montesinos Salazar, Rector de la Universidad Tecnológica de La Selva, así como representantes de diferentes pueblos indígenas tsotsiles, tseltales, choles y lacandones. En su intervención, el consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano, explicó que el objetivo del foro, es escuchar y recoger la palabra de los pueblos originarios de Chiapas. Dijo que el IEPC busca facilitar el camino hacia el reconocimiento pleno de los derechos que tienen como personas y como integrantes de pueblos con una cultura propia, que juntos, debemos hacer respetar. México tiene una deuda con los pueblos indígenas, durante muchos años se intentó integrarlos sin respetar su cultura, sin tomar en cuenta que esa cultura guarda muchas enseñanzas. “Reconocer, respetar y garantizar el derecho a su libre determinación en todos los asuntos que les afectan es una tarea que debemos asumir de manera inmediata”, reite-
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Realizan IEPC e INPI: Foro de consulta y elaboración de la Propuesta de Reglamento para atender solicitudes de Consultas Indígenas en materia electoral Reconocer, respetar y garantizar el derecho a su libre determinación en todos los asuntos que les afectan es una tarea que debemos asumir de manera inmediata: Consejero Edmundo Henríquez
ró el consejero Henríquez Arellano. En su participación, Verónica Ramírez Barrientos representante del INPI, enfatizó que es muy grato para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas participar en estos foros, en el marco de coordinación que existen entre las dos dependencias. “Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas por más de 500 años y que hasta el momento siguen reclamando ser escuchados. El día de hoy, es una oportunidad para que se puedan construir indicadores que permitan al IEPC, elaborar un reglamento que pueda atender todas las solicitudes que llegan de las diferentes localidades de los diferentes
municipios de la entidad”. Durante el encuentro estuvieron presentes las consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Martínez De Castro León, integrantes de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana; la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez y el Secretario Ejecutivo Ismael Sánchez Ruiz. El foro se desarrolló en tres Mesas Temáticas, donde se abordaron temas como: La solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales; Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de sistema de elección de autoridades municipales y Estrategias de integración de las
mujeres indígenas a los sistemas de cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. Como parte del acto inaugural, indígenas tzeltales de la localidad La Libertad, municipio de Huixtán, realizaron una Ceremonia Tradicional, para desear que los trabajos se realizaran en armonía y para bien de los pueblos originarios. El siguiente foro se llevará cabo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, el día 5 de diciembre en las instalaciones de La Albarrada, en un horario de 8:00 a 17:00 horas. Para mayores informes consulta la página: www.iepc-chiapas. org.mx.
Diputados analizarán Ley de Adopción para el estado de Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La Mesa Directiva de la Sexagésima Séptima Legislatura turnó a las Comisiones de Atención a la Mujer y la Niñez, de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables -para su análisis y dictamen- la iniciativa de Ley de Adopción para el Estado de Chiapas presentada por la diputada Tania Guadalupe Martínez Forsland. Durante la sesión ordinaria, la diputada Martínez Forsland abordó tribuna para exponer sus argumentos a favor de dicha iniciativa, donde señaló que la presente Iniciativa constituye el resultado del trabajo coordinado con diferentes actores en la que se pugnó por la construcción de una legislación adecuada, armonizada con la realidad que se vive en
el estado y de común acuerdo con las leyes internacionales. En Chiapas, subrayó la legisladora del PVEM los tiempos para otorgar una adopción pueden disminuir considerablemente, si los solicitantes están dispuestos a adoptar a niñas o niños con un rango de edad superior a los 6 años o con alguna discapacidad, entre otros aspectos, así como la instauración de la figura de familias de acogida. Durante la sesión presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, se atendió y se turnó a la Comisión de Hacienda .para su estudio y dictamen el oficio del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 6 unidades vehiculares por encontrarse en estado inservible.
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Al viejo estilo del PRI, el gobierno de Veracruz “acarrea” a empleados al mitin de AMLO en el Zócalo Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
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ecretarios de Despacho del gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, dispusieron de una aceitada estrategia para acarrear empleados estatales y simpatizantes de Morena al mitin del próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un mensaje con motivo de su primer año de gobierno. Tan sólo del gobierno estatal se dispondrán de 38 autobuses para el traslado de más de mil 600 personas, confió al reportero un directivo menor de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien aseguró que los municipios gobernados por Morena y la Coordinación Federal tendrán su propia flotilla de autobuses para trasladar a sus simpatizantes. Al viejo estilo del PRI, a cada secretario (de Educación, Gobierno, Finanzas, Infraestructura y Obras Públicas, Seguridad Pública, entre otros) le fue asignada la encomienda de llenar de 2 a 5 autobuses. En el caso de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), su titular, Zenyazen Escobar, incrementó la cuota de empleados y simpatizantes de Morena que irán, pues dispuso también de personal de los Institutos Tecnológicos de
Rosa Santana Mérida, Yuc. (apro)
Activistas de los derechos de las mujeres acusaron al gobierno de Mauricio Vila Dosal de criminalizar las protestas feministas, y reprocharon la pasividad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). En conferencia de prensa, representantes de diversas agrupaciones expusieron el caso de las mujeres que fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el pasado lunes 25, antes de iniciar la marcha feminista, porque portaban “objetos peligrosos” (palos y aerosoles de pintura). De acuerdo con las activistas, una de las detenidas está embarazada y otra es menor de edad. En su momento la SSP informó que detuvieron a seis mujeres en las inmediaciones del parque de Santa Ana, sin embargo, en una carta
Al viejo estilo del PRI, a cada secretario (de Educación, Gobierno, Finanzas, Infraestructura y Obras Públicas, Seguridad Pública, entre otros) le fue asignada la encomienda de llenar de 2 a 5 autobuses
Veracruz, Colegio de Bachilleres de Xalapa y de los Conalep. En Sefiplan, empleados señalaron que la movilización y contratación de una decena de autobuses está siendo supervisada por “el primo Eleazar”, en alusión al Subsecretario de Ingresos, Eleazar
Guerrero, primo en segundo grado del gobernador, Cuitláhuac García. El aparatoso dispositivo para “acarrear” empleados estatales y simpatizantes de Morena para el próximo domingo ya generó críticas en redes sociales. Ante la lluvia de reproches ci-
bernéticos, empleados del gobierno dé Cuitláhuac García “justificaron” que la renta de autobuses corrió a cargo del “bolsillo” de los altos funcionarios del gobierno de Veracruz y que, además, a los asistentes no se les darán recursos para alimentos.
Acusan al gobierno de Yucatán de criminalizar protestas feministas que circularon ayer, las afectadas detallaron que fueron 11 las retenidas arbitrariamente, sin motivo, y durante tres horas las mantuvieron incomunicadas. Después de su liberación, las mujeres denunciaron que han sido objeto de acoso policiaco en sus respectivos domicilios y, además, son blanco de una campaña de odio en las redes sociales. Sin la presencia de las mujeres que fueron aprehendidas, las activistas reclamaron la postura de la Codhey, que –subrayaron-- ha sido omisa ante las violaciones a los derechos humanos de las detenidas, a quienes se les impidió su derecho a expresarse.
También criticaron el proceder del gobierno de Mauricio Vila Dosal, pues si bien Yucatán está en el umbral de la alerta de género por
feminicidios, optó por criminalizar las protestas, lo que atizó el linchamiento en las redes sociales contra el movimiento feminista.
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Diputados aprueban dictamen para tipificar como delito electoral la violencia política de género De la redacción Ciudad de México (apro)
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l pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años de prisión. El documento, que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fue aprobado por unanimidad, con 417 votos. Posteriormente la Cámara Alta lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. En un comunicado se dio a conocer que el dictamen surgió de dos iniciativas --una presentada por la priista Lucero Saldaña Pérez y otra por diputados integrantes de las bancadas de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el pasado 30 de abril-- que fueron dictaminadas por la Comisión de Justicia, que preside la panista María del Pilar Ortega. El nuevo precepto estipula que se impondrá de 100 a 400 días de multa y prisión de uno a tres años al que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticoelectorales de una o varias mujeres. Si se empleara violencia física, violencia sexual o amenazas, se im-
Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó un acuerdo para que la dependencia participe en el Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de Salud (OPS), lo que asegurará la compra de medicamentos, vacunas y productos médicos de calidad a precios competitivos. El representante de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Cristian Morales Fuhrimann, fue testigo del acuerdo que también signará la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, en Washington, Estados Unidos. “El ingreso formal de México a estos fondos constituye un hito para organizar el derecho a la salud, a fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos y vacunas para toda la población”, indicó Alcocer Varela. En el auditorio “Miguel Bustamante” de la Secretaría de Salud, donde se realizó el evento, el funcionario federal agregó que este día
El documento, que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fue aprobado por unanimidad, con 417 votos. Posteriormente la Cámara Alta lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación
pondrá pena de cuatro a siete años de prisión. También establece sanción de seis meses a tres años de prisión a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar. En caso de que quien cometa el ilícito sea un candidato, precandidatos o funcionario partidista, la pena se
incrementará hasta en un tercio de la que se imponga. En sus artículos transitorios se ordena a los congresos estatales a armonizar su respectiva legislación conforme a lo establecido en el decreto, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la reforma. La Comisión de Justicia refirió que en el proceso electoral de 20172018 hubo una ola de violencia focalizada hacia las mujeres en política. Y refirió que, de acuerdo con el
segundo informe de violencia política contra las mujeres en México 2019, de la consultora Etellekt, el año pasado se contabilizaron 237 agresiones contra personas del sexo femenino que ejercen actividades políticas o servidoras públicas, de los cuales 23 fueron asesinatos; 10, tentativas de homicidio; 12, secuestros; siete, lesiones con armas de fuego; 29, lesiones sin arma; 127, amenazas; 10, robo con o sin violencia, y 19 atentados contra familiares.
La Secretaría de Salud firma acuerdo con OPS para la compra de medicamentos ejemplifica la perseverancia en la tarea de avanzar en la disponibilidad de medicamentos y vacunas para la población mexicana. “Representa un ejemplo más de la voluntad política para superar las barreras que impedían la participación de México en estos mecanismos”, puntualizó. Lo anterior, añadió, se realizará con un apego irrestricto a la normatividad, permitiendo la compra de insumos que cumplen con las normas nacionales e internacionales, a precios bajos. A su vez, el representante de la OPS/OMS en México, Cristian Morales Fuhrimann, celebró la firma de este acuerdo que, dijo, permitirá el acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, con transparencia, eficiencia, calidad y sin discriminar a nadie.
“Los mecanismos de estos fondos están a disposición de los países de la región, a fin de proteger a la población de enfermedades, así como para adquirir medicamentos esenciales, generando ahorro para los países al entrar en los procesos de las compras consolidadas”, indicó.
Por ejemplo, explicó, el Fondo Estratégico ofrece más de 250 productos, incluidos los medicamentos para el tratamiento del VIH, tuberculosos, malaria, hepatitis, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como equipos médicos.
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Los LeBarón y Margarita Zavala se suman a la marcha antiAMLO el 1 de diciembre Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)
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Le vamos a demostrar que no somos una oposición moralmente derrotada”, advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador integrantes de organizaciones civiles y políticas convocantes a la marcha nacional por el “primer aniversario de gobierno fallido” que se realizará el próximo domingo. En conferencia de prensa, Alejandra Moran, presidenta de Nosotros Somos Chalecos México, rechazó que la oposición al gobierno se encuentre “moralmente derrotada”, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que las cinco manifestaciones anteriores en contra de las políticas del actual gobierno, orquestadas por su organización, fueron meros “ensayos” para decirle a la gente que había que salir, por lo que confió en que la marcha del domingo marcará un parteaguas para el país. La actriz precisó que la nueva movilización abanderará seis demandas puntuales: respeto al Estado de derecho, a las instituciones, a la democracia y a la constitución; seguridad para todos los mexicanos y combate eficaz al crimen organizado; salud de calidad, y la preservación y reactivación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco. “No queremos a nuestros niños en manos de la CNTE, queremos cultura, ciencia, tecnología, energías renovables. No queremos Tren Maya, refinería de Dos Bocas”, sentenció. Además, la activista condenó que el gobierno federal este manteniendo a un “dictador” como Evo Morales, mientras los mexicanos no tienen empleo. A su vez, la exlegisladora priista Beatriz Pagés indicó que a un año de gobierno no sólo se está incumpliendo con lo
prometido, sino que se está traicionado lo ofrecido y acusó al titular del Ejecutivo de implementar un presidencialismo crónico, mantener índices elevados de criminalidad, pobreza, desempleo, inseguridad y recursos en el país, así como de mantener a la economía en crisis. La directora de la revista Siempre mostró su preocupación de que se utilice la mayoría de Morena en el Congreso para someter al poder presidencial instituciones tan importantes para la democracia como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE). “Queremos evidenciar que la 4T no quita bozales, sino que por el contrario pone y reparte censura veta y castigo a los periodistas y a los medios d comunicación que se atreven a ejercer la libertad de expresión. Ahí comienza todo, después nos van a prohibir pensar y otro tipo de libertades como la manifestación”, aseveró. Además, indicó que la manifestación del 1º de diciembre es un acto de solidaridad con las víctimas del crimen organizado, pues sostener que se va a combatir a los delincuentes “con abrazos, no balazos” es una burla a la inteligencia de los mexicanos y un acto de complicidad con los criminales. La también periodista señaló que es el gobierno federal y no la familia LeBarón quien pone en riesgo la soberanía nacional al negarse a diseñar una estrategia de seguridad seria y sustentada, e hizo un llamado a la oposición
para que cumpla con su deber político e histórico. “Si los partidos de oposición estuvieran cumpliendo con su obligación de serlo, la ciudadanía, nosotros y los que van a marchar en el resto de la república no tendríamos la necesidad de salir a las calles para llenar ese vacío que están dejando los partidos”, reprochó Pagés que en junio de 2019 anunció su salida del PRI, al considerar que el partido había sido entregado a Morena. Fernanda Betancourt, de las Hijas de la MX; Benjamín Palma, de Observatorio Ciudadano; Ofelia Rubio de Voces de Contrapeso y David Herrera de Rescate Urbano Coapa también invitaron a los ciudadanos a asistir a la manifestación convocada el 1de diciembre, con motivo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La movilización también contará con la presencia de la familia LeBarón y figuras como Marko Cortés, presidente del PAN; Ángel Ávila Romero, líder nacional del PRD; y Margarita Zavala, de la plataforma México Libre; así como el perredista Fernando Belaunzarán, quienes invitaron a sus militantes a unirse a la marcha en su carácter de mexicanos. Las organizaciones convocantes aclararon que la manifestación partirá desde el Ángel de la Independencia con dirección al Monumento a la Revolución en punto de las 11:00 de la mañana, a fin de evitar confrontaciones con
los simpatizantes de López Obrador, además invitaron a los asistentes a vestirse de blanco para impedir a grupos de encapuchados infiltrase en el recorrido que insistieron será pacifico. Además, pidieron respetar a las personalidades de la política que pudieran asistir para evitar lo sucedido con el ex presidente Vicente Fox, quien en la movilización del pasado 5 de mayo fue expulsado del contingente en León, Guanajuato. A la conferencia de prensa también asistió la actriz Laura Zapata quien acusó al presidente de no asistir al teatro ni al cine y de ser un revoltoso. “Lo suyo es quemar pozos y castigar a los mexicanos”, dijo. Zapata, quien fue tundida en redes por referirse a la senadora Citlalli Hernández como “gorda traicionera” luego de que la funcionaria le dio la bienvenida en el país a Evo Morales, se dijo cansada de ser llamada fifí y de que una horda de “idiotas mal pagados y descerebrados” haga hashtags para atacar a cualquiera. PRD se suma a marcha antiAMLO A través de un comunicado, el presidente de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), Ángel Ávila Romero, anunció que la militancia de este partido marchará el domingo para defender la democracia y la soberanía de las instituciones que han sido pisoteadas por el López Obrador y sus secuaces. Asimismo, demandó un gobierno capaz y eficaz, “que deje a lado las ocurrencias y los datos falsos y las descalificaciones para sus detractores” y se pronunció en contra de la captura del INE en beneficio del mandatario y de la actual estrategia de seguridad, por lo que llamó a la ciudadanía a salir a las calles este 1º de diciembre. Aparte del PRD, el PAN ya anunció que se sumará a la marcha del domingo, igual que Julián LeBarón y otros grupos y personas afines a la derecha del país.
Ciudad de México (apro)
El INM ha cesado 382 servidores por corrupción
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha separado del cargo a 382 servidores públicos por casos de corrupción, informó el comisionado de dicho organismo, Francisco Garduño Yáñez. Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Garduño Yáñez también reveló que solo ha habido 14 quejas relacionadas con presuntas extorsiones a connacionales que regresan de Estados Unidos. De ese total, nueve corresponden al INM; mientras otras dos corresponden a policías municipales, “pero inmediatamente se han separado del cargo a estos servidores públicos” aseguró.
El funcionario dio un panorama de cómo se encuentran distribuidos los elementos en la ruta que viene del norte del país al centro. Detalló que hay 616 elementos desplegados en poco más de 964 kilómetros que cubren la ruta de Nuevo Laredo a Querétaro. “En el caso del personal desplegado en la zona norte del país, en la ruta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sería una ruta de 219 kilómetros, tenemos desplegados 180 elementos entre agentes de migración y Guardia Nacional; en la ruta de Monterrey a Saltillo, hay 86.6 kilómetros, con un despliegue de 58 elementos”, explicó. Añadió que “el otro tramo que también es muy delicado entre Sal-
Juan Carlos Cruz Vargas
tillo a San Luis Potosí, son 447 kilómetros, tenemos a 158 elementos y el ultimo tramos de San Luis PotosíQuerétaro, 512 kilómetros con un despliegue de 133 elementos”. En total, concluyó, es un despliegue de 616 elementos, cubriendo 960 kilómetros de carreteras. En ese tema, López Obrador reconoció: “donde tenemos más problemas es en Nuevo Laredo, y en el caso de Tamaulipas, en los últimos tiempos hemos tenido más violencia y enfrentamientos. Afortunadamente ha bajado la incidencia delictiva”.
Remató: “Es un objetivo, una prioridad, acabar con la corrupción en las adua-
nas y en la migración, que ha sido dos focos constantes de corrupción. Nosotros estamos muy contentos con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, desde que está él, a cargo de migración van bien las cosas, le tenemos confianza, es una gente profesional, trabajadora y honesta”.
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Se harán dos consultas por el Tren Maya con una sola pregunta: ¿va el Tren Maya, sí o no? De la redacción Ciudad de México (apro)
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l gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizará dos consultas sobre la construcción del Tren Maya: una a ciudadanos en general y otra a comunidades indígenas. No obstante, en ambos procesos la única pregunta será “¿va el tren Maya, sí o no”, según las propias palabras del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. Sin embargo, las autoridades mencionaron que las comunidades indígenas podrán emitir su voto en ambas consultas: una en sus roles de ciudadanos y en la otra como grupos étnicos. Las consultas ciudadanas se realizarán los próximos 14 y 15 de diciembre en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. No obstante, a partir del 30 de noviembre y hasta el 13 de diciembre se realizarán asambleas consultivas entre autoridades y representantes
De la redacción Ciudad de México (apro)
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia en la Cámara de Diputados aprobaron este jueves un juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, conocido como “estafa maestra”. Luego de que las comisiones dieron luz verde a la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, en la cuenta de Twitter de la exfuncionaria federal (@Rosario¬_Robles_) apareció el mensaje: “Tiempo de Canallas. Tiempo de cobardes”. Ayer, desde esa misma cuenta, Mariana Moguel, consejera política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que la decisión “fast track” confirma que quieren a su madre fuera de la escena política. “La decisión “fast track” de iniciar juicio político a mi mamá @Rosario_ Robles_ confirma la venganza política en su contra. Sin una condena judicial de por medio, la @Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa político#JusticiaSiVenganzaNo”, escribió. De acuerdo con la determinación votada este jueves, integrada por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019, es oportuno incoar el proceso de juicio político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos
No obstante, en ambos procesos la única pregunta será “¿va el tren Maya, sí o no”, según las propias palabras del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons
indígenas para que estos, posteriormente, informen a los integrantes de sus comunidades los pormenores de la consulta, detalló Anabel López, representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) durante la presentación de estos procesos en Tulum, Quintana Roo.
De acuerdo con la funcionaria, el presidente López Obrador fue quien dio la instrucción de hacer dos procesos de consulta con el fin de recoger las voces de las comunidades indígenas, dado que han sido excluidas de los grandes proyectos. De acuerdo con un comunicado
del Fonatur, el objetivo de la consulta es escuchar a la ciudadanía. “Tenemos un compromiso con los habitantes, estamos convencidos de las grandes ventajas que generará el proyecto pero sino (sic) lo quieren no va”, declaró Jiménez Pons durante el recorrido por los cinco estados en donde se realizará la consulta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que su gobierno apoyará el trabajo de las consultas que se hará en los próximos días, pues el Tren Mata es un proyecto de inversión y transporte muy importante. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, expresó que el proyecto va a detonar y generar desarrollo económico y social en la entidad. En tanto, el secretario de gobierno de Campeche, Pedro Armentía, afirmó que el proyecto será un factor clave para la actividad agropecuaria y lograr que sea agroindustrial.
En comisiones, aprueban juicio político contra Robles; “tiempo de canallas”, responde la exsecretaria en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión. En un comunicado se dio a conocer que el documento se aprobó con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra de la Comisión de Gobernación y Población. De inmediato se turnó a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El documento destaca que, de los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos “tiene la convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III, Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.
En los posicionamientos, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sobre la “estafa maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”. Agregó que los integrantes de las comisiones pueden consultar los expedientes sobre las denuncias en contra de funcionarios, que hay dentro de la subcomisión. “Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios, porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”. A su vez, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, resaltó que esta legislatura quiere entregar mejores resultados. “Las dos anteriores no habían movido nada”, dijo. Añadió: “Si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional,
estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”. El diputado Rubén Cayetano García, de Morena, subrayó que el juicio político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución. “Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”. Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró imperante actuar contra la corrupción. Sin embargo, apuntó, en este caso las únicas sanciones posibles ya no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones simbólicas”.
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Complicidad entre delincuentes y autoridades, el mayor reto que enfrentan familiares de desaparecidos De la redacción Ciudad de México (apro)
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l Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue receptáculo del vía crucis que día a día viven las familias que buscan a sus desaparecidos en distintos puntos del país. Invitados al Coloquio Internacional sobre Experiencias de Búsqueda en Vida, las y los participantes expusieron los problemas que regularmente enfrentan con las propias autoridades, incluso para desarrollar su nada fácil tarea, pues de acuerdo con los registros oficiales, en el país hay cerca de 40 mil desaparecidos. Gabriela Amores Moya, litigante de la Unión Nacional de Abogadas de la Ciudad de México, dio a conocer la respuesta que le dio un agente del Ministerio Público (MP) a una madre de familia que perdió a su hija, cuando le exigió que se esclareciera el feminicidio. “Su hija tuvo mala suerte, porque casi no matan a las mujeres así”, dijo el agente. La abogada resaltó que el desconocimiento del marco jurídico empodera a las autoridades, y al no denunciar las desapariciones o abusos –subrayó-- se seguirá pensando que la vida de las mujeres en México y Latinoamérica es segura. Destacó que los comentarios prejuiciosos de las autoridades --“su hi-
De la redacción Ciudad de México (apro)
A través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Cámara de Diputados expresó su preocupación ante una eventual clasificación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, por parte del gobierno de Estados Unidos. El pleno de la Cámara abordó las consecuencias que acarrearía la aplicación de “una política intervencionista que intente usar la amenaza o la fuerza en la relación entre ambos países”. El órgano señaló que busca preservar la relación bilateral por lo que dijo partidario de un diálogo diplomático de alto nivel entre los líderes del poder Ejecutivo y Legislativo de ambos países. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1200170096599146496 Finalmente, la Cámara de Diputados llamó a discutir la agenda binacional en materia de prevención del delito y tráfico de armas. A continuación, se reproduce el
Gabriela Amores Moya, litigante de la Unión Nacional de Abogadas de la Ciudad de México, dio a conocer la respuesta que le dio un agente del Ministerio Público (MP) a una madre de familia que perdió a su hija, cuando le exigió que se esclareciera el feminicidio
ja no desapareció, está con el novio, vuelva luego, espere 72 horas”– deben denunciarse, porque representan un delito que debe ser castigado. De acuerdo con Amores Moya, el MP debe estar al lado de la víctima, no del victimario, y ese tipo de comentarios, recalcó, abonan al dolor y la angustia de las familias. A su vez, Elvira Madrid Romero, de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, lamentó que las autoridades esperen 72 horas para reconocer la desaparición de una
persona, cuando la búsqueda debe ser inmediata. “Una vez descubrimos un camión lleno de jovencitas que se las estaban llevando del sur de Cancún (Quintana Roo) hacia Estados Unidos. El (policía) federal que nos echaba la mano dijo que eran militares y que les echarían el golpe para detenerlos. Cuando mostró la imagen a sus superiores, éstos dijeron: ‘alto, lo del Ejército ya es algo más arriba’”, refirió. Madrid Romero sostuvo que el principal problema al que se enfren-
tan en la búsqueda de personas es al etiquetado del delito y a la complicidad de delincuentes y autoridades. En una ocasión, al intervenir en el reporte de dos secuestros en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), abundó, la fiscal de Trata la amenazó y la criticó por saber tanto del caso. Rosa Nelly Santos, una mujer hondureña que hace 17 años encontró a su sobrino durante una caravana, lanzó un grito de aliento a las familias mexicanas en el Coloquio Internacional. “Una madre no se cansa de esperar, no nos cansemos hasta encontrar al último que nos falta”. Santos, formadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), coincidió con sus compañeras en que el reto más grave al que se enfrentan las y los buscadores es cuando el crimen organizado, los militares y la policía están involucrados. El problema de desaparecidos, apuntó, se agrava para los migrantes de Centroamérica, quienes además de cargar con la angustia de buscar a su familiar, deben enfrentar la negligencia y la burocracia en la frontera mexicana. (Manuel Alejandro Godínez)
Diputados rechazan eventual clasificación de EU de cárteles mexicanos como grupos terroristas pronunciamiento de la Jucopo: “La Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por las implicaciones de la intención del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, y su posible consecuencia en la aplicación de una política intervencionista que intente usar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones entre los dos países. La Cámara de Diputados manifiesta su intención, por el contrario, de atender conjuntamente las amenazas comunes, entre las que se encuentran el tráfico ilegal de estupefacientes y el grave problema del poder de fuego que se ha incrementado por el tráfico de armas y contrabando proveniente de la Unión Americana. La Cámara de Diputados refrenda el interés por mantener la buena relación entre los dos países y se
pronuncia por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones, con el fin de atender la agenda binacional conjunta en materia de prevención del delito y se-
guridad ciudadana, tráfico de armas y financiamiento ilícito, y sobre todo para poner en marcha estrategias y acciones encaminadas a la cooperación para el desarrollo regional sostenible, basado en la cultura para la paz y el respeto y promoción de los derechos humanos”.
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Denuncian ataques contra periodista de Coahuila, Jaqueline Campbell De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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a Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y Artículo 19 , expresaron su preocupación por los ataques de difamación e invasión a la privacidad contra la periodista y defensora de Derechos Humanos en Coahuila, Jaqueline Campbell Dávila. Mediante una un misiva dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, este grupo de organizaciones civiles lo llamó a entablar acciones para garantizar el derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión a partir de las agresiones que ha enfrentado la periodista durante octubre a las primeras semanas de noviembre. El 28 de octubre de 2019, Jaqueline Campbell fue grabada en un espacio público sin consentimiento ni conocimiento junto al obispo Fray Raúl Vera López y otras personas. El material se difundió al día siguiente en medios de comunicación locales del municipio de Saltillo, con encabezados como: “Exhiben al obispo Vera en un bar, acompañado por su asistente, Jaqueline Campbell”, “¿Una cerveza? Captan al Obispo Vera de fiesta en un bar”, “El obispo Vera; niños, vicios y mujeres”. Entre estas publicaciones se distribuyó en “El Heraldo de Saltillo” una opinión firmada por el periodista Francisco de la Peña de León, quien dio a conocer el domicilio particular de Campbell. Esta última acción, señalan las agrupaciones en la carta pública, representa una clara violación
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Diferentes agrupaciones antiderechos asistieron hoy al Congreso local de Hidalgo para rezar por las y los diputados “y sacar la maldad del recinto” que busca aprobar la iniciativa para permitir la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Durante la mañana, mientras adentro transcurría la sesión, un grupo de personas que no se identificó con ninguna asociación comenzó sus rezos y se hincó fuera de la Torre Legislativa para “pedir que el mal saliera”. Ellos están en contra de que las mujeres tomen la decisión de interrumpir un embarazo. También te puede interesar: Conservadores protestan contra aborto en congreso de Hidalgo, amenazan cerrar carreteras Cabe señalar que en próximas fe-
Mediante una un misiva dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, este grupo de organizaciones civiles lo llamó a entablar acciones para garantizar el derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión a partir de las agresiones que ha enfrentado la periodista durante octubre a las primeras semanas de noviembre
al derecho a la privacidad y la carga dolosa de este dato pone en riesgo la seguridad e integridad física y emocional de la defensora Campbell Dávila. La periodista Campbell tiene una amplia y reconocida trayectoria en el estado de Coahuila. Desde hace años asesora en temas de Derechos Humanos al obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López. Actualmente acompaña el trabajo de defensa de la tierra y territorio en los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente, en relación al basurero tóxico instalado en el ejido Noria de la Sabina, el proyecto de Ciudad Modelo Derramadero y la privatización del agua, además de otros proyectos en el área de Derechos Humanos. CIMAC.org @prensacimac 🔵🔵🔵🔵🔵🔵a Pública a @mrikelme, @ GobDeCoahuila:@RedDefensorasMx @IM_Defensoras @article-
19mex y #CIMAC30Años expresamos nuestra preocupación por los ataques de difamación, desprestigio e invasión a la privacidad a Jaqueline Campbell Dávila, periodista y defensora en #Coahuila Las agrupaciones exhibieron que no es la primera ocasión que la periodista coahuilense se enfrenta a agresiones por su labor periodística y en defensa de Derechos Humanos. Los ataques se han venido documentado desde 2007, provenientes tanto de autoridades, como de particulares. Ya en el año 2016, por ejemplo, la RNDDHM interpeló al entonces gobernador del estado por la seguridad e integridad física y psicológica de la defensora, debido a la divulgación, nuevamente, de notas periodísticas que la calumniaban, fomentando la burla y el descrédito a su labor de defensa y promoción de derechos. “Ellas -periodistas y defensoras-
no sólo enfrentan riesgos físicos, sino también campañas de desprestigio y difamación, donde uno de los objetivos es quebrar su estado emocional y aislarlas de sus redes de apoyo, dado que los señalamientos se centran en aspectos de su vida privada que las someten al escrutinio público”. Las agresiones contra defensoras y periodistas tienen un componente de género ya visibilizado por el Relator Especial de Naciones Unidas, Michael Forst, en el informe de febrero de 2018 sobre la situación de las y los defensores relativo a su misión a México, donde expresó su preocupación por el número de campañas difamatorias que tienen como objetivo menoscabar su labor y aislarlas. En consecuencia las organizaciones no sólo pidieron acciones al gobernador estatal, a la vez llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección a favor de la periodista; y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a tomar nota de los hechos y generar medidas de reparación del daño por los hechos de difamación y hostigamiento que ha vivido la periodista. Tan sólo este año el Programa de Libertad de Expresión y Género de la organización CIMAC ha documentado 141 ataques a comunicadoras.
Grupos religiosos “rezan por diputados” afuera del Congreso de Hidalgo chas el Congreso deberá votar para avalar la iniciativa que busca reducir las penas que son imputadas a las mujeres cuando deciden no continuar con su embarazo, bajo diversas causales. También te puede interesar: Dictaminará congreso de Hidalgo a puerta cerrada sobre aborto; transmitirá en vivo Cabe mencionar que esta acción viola lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de México que dicta: “Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Las demás au-
toridades obrarán como auxiliares de la Federación. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera… “ “La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias”. “Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”. Recientemente las y los legisladores
que han hecho público su apoyo a la iniciativa, han recibido amenazas y hostigamiento en sus oficinas y sus casas, por lo que consideraron iniciar la denuncia correspondiente.
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DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS: LECCIONES DEL CASO COAHUILA
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l pasado 31 de octubre, con 22 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Congreso local de Coahuila aprobó la designación de seis nuevos magistrados por parte del Ejecutivo, con base en propuestas del mismo Poder Judicial. Ese voto casi unánime certificó un proceso que fue objeto de cuestionamientos y parece reflejar una tendencia a la opacidad, la falta de rigor, el riesgo de conflicto de interés y las dudas sobre la idoneidad de los perfiles profesionales elegidos, que marca los procesos de nombramientos de magistrados en muchos estados. Entre los nombramientos más polémicos la prensa local reporta el caso de un académico que, además de ocupar varios altos cargos en el gobierno estatal, llegó a ser director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cargo al que tuvo que renunciar después de que alumnos lo acusaran de deficiente manejo de los recursos. Y ahí está un exdirector de Inspección y Verificación de Torreón, que al no aprobar los exámenes de control y confianza fue readscrito a otra dirección del gobierno municipal. O la extitular de la Consejería Jurídica del estado, que quizá tenga que excusarse de resolver asuntos en los que esté involucrado el Ejecutivo estatal y que haya defendido en su anterior cargo. Como lo vemos, dos de estos nuevos magistrados son personas de confianza del Ejecutivo estatal (de extracción priista) y uno lo es del alcalde de la capital del estado (del PAN), por lo que su nombramiento, que parece haber sido resultado de una negociación política entre las dos principales fuerzas políticas del Congreso local[1], también podría implicar riesgos a la independencia del Tribunal Superior de Justicia. La preocupación frente al proceso de selección de los magistrados de Coahuila se hizo patente unos días antes de las designaciones, cuando el Presidente de la Asociación de Jueces del Coahuila se manifestó a favor de que se consideraran perfiles internos al Poder Judicial, señalando que existen jueces que cuentan con antigüedad, honestidad y capacidad probada, en contraste con algunos perfiles de candidatos externos. Ahora bien, no es extraño que los jueces prefieran que los magistrados provengan de la carrera judicial, pues representa, para ellos, la única forma de escalar. Menos común es que los abogados se pronuncien en este sentido, como lo hizo el vicepresidente de la Federación de Barras, Asociaciones y Colegios de Aboga-
Laurence Pantin y Alejandra Quezada
dos de Coahuila, quien recomendó que se legislara para evitar que personas que no cuentan con los méritos y experiencia necesarios sean magistrados y refirió que algunos perfiles podían cuestionarse frente a los de jueces con varios años en el ejercicio del encargo. Por supuesto, de acuerdo a la normatividad estatal, le corresponde al Legislativo analizar los perfiles de los magistrados para ver si cumplen con el requisito para obtener el cargo, establecido en la Constitución del estado, de haberse “distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica” y valorar su idoneidad. Sin embargo, en Coahuila no parece ser el caso. Llama la atención que, en referencia a los nombramientos aprobados, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local haya declarado: “Fue una amplia discusión, el propio Tribunal Superior de Justicia emite sus propuestas al Ejecutivo, éste a su vez envía la terna al legislativo que tiene la facultad de votarlo. Yo confío en que los 6 perfiles que fueron analizados cumplen con el requisito, quiero decir que las 16 propuestas que hizo el Poder Judicial todas merecen nuestro reconocimiento”. El legislador parece reconocer que el Poder Legislativo no se cercioró de que cada aspirante realmente cubriera los requisitos y que además su perfil haya destacado por su idoneidad con el puesto, sino que confió en que el Judicial y el Ejecutivo lo hayan hecho. Quizás por ello, unos días después de las designaciones, legisladores del PAN presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local para modificar este proceso. Plantea que el Consejo de la Judicatura proponga al Ejecutivo una terna por cada puesto vacante, integrada a partir del análisis de propuestas que presenten instituciones académicas de alto nivel y de asociaciones de juristas de reconocido prestigio.
Concursos de oposición, ¿en el horizonte?
Pero esta preocupación no es propia de Coahuila. Vale la pena recordar que también existe en el Senado de la República una iniciativa de
reforma a la Constitución federal, enfocada a homologar y fortalecer el proceso de selección de los magistrados a nivel estatal. Prevé que se realice mediante un concurso de oposición abierto tanto a integrantes del Poder Judicial como a externos. Con base en este concurso, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá someter a consideración del Congreso una terna de candidatos y, previa comparecencia pública de sus integrantes, el Congreso elegirá al magistrado que deba cubrir la vacante[2]. La idea esencial detrás de esta propuesta es que con base en este proceso se garantizaría una selección basada en méritos y transparencia, lo cual contribuiría a la independencia judicial. Si bien no es ideal que los legisladores federales modifiquen la regulación del proceso de designación de los magistrados locales –pues al siempre latente riesgo de interferencia entre poderes se añade la sospecha de intervención ‘centralista’– , es cierto que esto representaría un avance en los 25 estados, donde hoy los magistrados son nombrados por el Legislativo y/o el Ejecutivo sin que los aspirantes se sometan a un concurso de oposición[3]. Además, ello permitiría evitar que los procesos de nombramiento de estos juzgadores a nivel local estén sujetos a modificaciones cada vez que haya un cambio en el contexto político de las entidades federativas, como se ha observado en algunas entidades. Más allá de esta propuesta, y cualquiera que sea el mecanismo de selección de los magistrados, sería deseable que en todos los estados estos procesos se desarrollaran con mayor transparencia y publicidad. Además de la publicación de los perfiles y trayectoria de los aspirantes, se deberían abrir espacios para que los ciudadanos puedan opinar sobre los mismos. Cuando existen concursos, es importante publicar los resultados de todos los exámenes aplicados, pues brinda mayor certeza –tanto a los concursantes como a los ciudadanos– sobre la imparcialidad de los mismos. Éstas son solamente algunas medidas que podrían mejorar la confianza ciudadana en los nombramientos de magistrados, quienes
tienen funciones estratégicas, ya que no solamente son la última instancia para resolver un asunto a nivel local, sino que también eligen, de entre sus pares, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Es decir, son ellos quienes determinan quién está a la cabeza del órgano jurisdiccional y de la instancia encargada de la administración de los recursos materiales y financieros del Poder Judicial, así como de la vigilancia, formación y disciplina de todos sus funcionarios. De esta situación da cuenta la designación como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de un ex diputado local de reconocida cercanía con el actual gobernador, quien fue nombrado magistrado a principios del año. Su elección a la cabeza del Poder Judicial, que ocurrió el mismo día en que tomaron protesta los magistrados, fue avalada por los seis nuevos integrantes del Pleno de 16 magistrados. Como lo demuestra el caso de Coahuila, no es ideal que los nombramientos en un Poder Judicial tengan un tinte político. Si el presidente del Poder Judicial tiene que garantizar la independencia del órgano, él mismo tiene que ser independiente, y también los magistrados. Por ello es urgente que se transparenten y se precisen los criterios a partir de los cuales se realizan sus nombramientos. Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García. mlv [1] El PRI cuenta con 10 de los 25 diputados estatales, mientras que el PAN tiene 9. [2] Si bien es generalmente positiva esta iniciativa, representaría un proceso en el Estado de México, donde el nombramiento se realiza por el Consejo de la Judicatura, con base en los resultados de un concurso de oposición, y luego es aprobado por el Congreso. Por ello, sería bueno considerar la posibilidad de que el nombramiento no se realice mediante una terna, sino que dependa del resultado del concurso de oposición. [3] Los siete estados donde el proceso de designación de magistrados contempla un concurso de oposición son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Oaxaca. En los 25 estados restantes, el nombramiento de magistrados depende del Legislativo y/o del Ejecutivo, a veces con base en propuestas del Judicial,
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SABOTAJE A LA CNDH John M. Ackerman
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l comportamiento del PAN durante el proceso de nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirma el talante autoritario de este partido político. Las masacres y los constantes abusos a los derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ya habían arrancado la máscara de un instituto político que nació originalmente con el propósito de luchar por la democracia. Pero hoy este partido se evidencia como una organización que milita abiertamente en contra de las instituciones públicas de derechos humanos. El visceral rechazo del PAN a la candidatura de Rosario Piedra Ibarra lo llevó primero a intentar sabotear el proceso de selección y después a desconocer abiertamente a la nueva titular por medio de la Asociación Nacional de Gobernadores y la Asociación Nacional de Alcaldes, ambas pertenecientes al blanquiazul. El odio de la derecha hacia Piedra Ibarra proviene del hecho de que ella y su madre, Rosario Ibarra de Piedra, pertenecen a una corriente de defensores de derechos humanos comprometida con la transformación social y la revolución de las conciencias. El Comité ¡Eureka!, que ambas fundaron y dirigen, no es una organización típica de la “sociedad civil” creada con el fin de recibir jugosas donaciones de fundaciones internacionales como la Ford, McArthur o Hewlett, o de organismos internacionales como la USAID o el Banco Mundial. Al contrario, esta asociación originalmente tuvo el nombre de Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos de México y ha tenido una clara convicción política y social de izquierda desde el inicio. El Comité ¡Eureka! se creó originalmente con el fin de articular los esfuerzos alrededor de la búsqueda y exigencia de aparición con vida de Jesús Piedra Ibarra, hijo y hermano de las fundadoras. Jesús pertenecía a la Liga Comunista 23 de Septiembre hasta que fue detenido el 18 de abril de 1975 para después ser torturado, llevado a un campo militar y finalmente desaparecido para nunca ver más a sus amigos, a sus familiares. Los panistas tienen una profunda intolerancia hacia cualquier asunto relacionado con el “comunismo”, el “socialismo” o el bienestar general de la población. Recordemos, por ejemplo, cómo destacados integrantes de este partido montaron en cólera cuando el extitular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México (INEHRM), Pedro Salmerón, se atrevió a considerar que los jóvenes precisamente de la Liga Comunista 23 de Septiembre podrían ser considerados “valientes” por sus ideas utópicas y su disposición a combatir frontalmente al Estado mexicano tan autoritario y despótico durante la época de la Guerra Sucia. Así que frente a la imposibilidad de frenar la candidatura de Piedra Ibarra vía el método democrático de votación, el bloque panista en el Senado de la República tomó la decisión de torpedear y ensuciar el proceso de selección en su conjunto a partir de la fabricación de un supuesto “fraude” y la difusión de noticias falsas. Primero circularon un video
en que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, supuestamente había depositado dos papeletas en la urna de votación. Pero un análisis cuidadoso del video viralizado en redes demuestra claramente que lo único que ocurrió fue que la cédula de papel depositado por el senador se había desdoblado al caer dentro de la urna. Después se difundió la vil mentira de que la Mesa Directiva del Senado de la República supuestamente hubiera “desaparecido” dos votos. Lo que ocurrió en realidad es que dos senadores, panistas con toda probabilidad, habían introducido papeletas simples en la urna precisamente con el fin de generar dudas y reventar el proceso. La Mesa Directiva está integrada por representantes de todos los partidos políticos y cualquier material que no sea una cédula oficial de votación simplemente no cuenta como un sufragio. Finalmente se buscó argumentar que Piedra Ibarra sería inelegible por su cercanía con López Obrador y su pertenencia al Partido Morena. El “pequeño detalle” con este argumento es que la ley no dice nada con respecto a la militancia política de los candidatos, sino que solamente prohíbe el nombramiento de alguien que haya ocupado algún “cargo de dirección” en un partido durante el año anterior al nombramiento, situación que no aplica a Piedra Ibarra ya que había culminado su responsabilidad como directiva local en materia de derechos humanos del partido desde 2015. Al final del día, en la sesión del pasado 7 de noviembre se emitieron 108 votos válidos para la elección de la nueva titular de la
CNDH. 76 de ellos fueron para Piedra Ibarra, 70% de los votos válidos. O si tomamos en cuenta los seis votos oficialmente nulos, equivalen 66% de los votos emitidos con cédula. Es decir, la elección de Piedra Ibarra fue perfectamente legal y legítima ya que se alcanzó sin problema la mayoría calificada requerida por la Constitución y la ley. Ahora bien, otro factor que enturbió el proceso fue el errático comportamiento de Monreal. En primer lugar, por alguna extraña razón que sólo conoce el coordinador de la bancada de Morena, no se tomó la protesta de ley a Piedra Ibarra el mismo día de su elección, el 7 de noviembre, sino que se esperó hasta el martes 12 de noviembre. Segundo, antes de la toma de protesta, Monreal remitió una carta a la Junta de Coordinación Política donde hace propia las mentiras y los cuestionamientos hacia el procedimiento al solicitar una nueva votación con el fin de dotar “de la más amplia legitimidad” y “restablecer la confianza en el trabajo que desarrolla el Senado de la República”. Finalmente, frente al rechazo de su propia bancada a esta propuesta traicionera, Monreal finalmente se echa para atrás de su propia iniciativa, generando la ira de la bancada panista. El resultado fue el triste espectáculo que todos atestiguamos cuando Piedra Ibarra finalmente pudo tomar la protesta de ley, culpa del doble sabotaje, interno y externo, a su proceso de selección. Pero a pesar de todo, la buena noticia es que la CNDH hoy por fin cuenta con una titular cercana a la sociedad y plenamente comprometida con las víctimas. Enhorabuena.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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a subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados aprobó con 12 votos a favor y uno en contra, promover un juicio político a Rosario Robles Berlanga e inhabilitarla para poder desempeñar un cargo público hasta 2040, por “graves omisiones” que dieron un cauce incorrecto a programas de desarrollo social, acceso ineficiente a los servicios de salud, incomunicación de comunidades, repercusiones en la protección de los migrantes nacionales y extranjeros. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia en la Cámara de Diputados aprobaron este jueves un juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, conocido como “estafa maestra”. Luego de que las comisiones dieron luz verde a la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, en la cuenta de twitter de la exfuncionaria federal Rosario Robles apareció el mensaje: “Tiempo de Canallas. Tiempo de cobardes”. López Obrador no tuvo más ojos para elegir al chivo expiatorio de la “cuatrote”, pudo haber sido otro, incluso Peña Nieto, pero le gustó para sus perversos fines de venganza. Detrás de la detención de Robles Berlanga, sin duda aparece aquí la mano de un presidente vengativo y rencoroso, como es López Obrador, quien de esa manera cobraba una añeja deuda personal, pasando por encima de la ley, de la división de poderes y del respeto a los derechos humanos de la ex fundadora del PRD. Y es que según el abogado de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República habría utilizado documentos falsos para conseguir la prisión preventiva contra la ex secretaria de Estado. Es decir, existe la presunción que en la detención de la ex fundadora del PRD, que se trata no sólo de una persecución política y una venganza desde el poder sino a una auténtica “chicanada” legal, orquestada por dos instituciones que debieran ser independientes y ajenas al poder presidencial. Ellas son la Fiscalía General de la República, por un lado y, por el otro, al Poder Judicial, supuestamente órganos autónomos, pero que actúan bajo la línea de su jefe, el presidente que utilizaba de manera ilegal y para sus venganzas personales. A ciencia cierta, no sabemos si Rosario Robles es culpable o inocente de los presuntos delitos por los que se le persigue; no sabemos si sus colaboradores son parte de un supuesto defalco o si fue traicionada por ellos mismos. Pero lo que no tenemos la menor duda, -porque las pruebas están a la vista de todos-, es que Rosario Robles es víctima de una conspiración de Estado; una venganza política y una monstruosidad jurídica. Coincidimos con Rosario Robles al tuitear que los tiempos que vivimos son: “tiempos de canallas. Tiempos de cobardes”. El alcahuete del güero Velasco, AMLO
Viernes 29 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Rosario Robles el chivo expiatorio que López Obrador requería • El que si merece “juicio político”, es Manuel Velasco • Rosario Piedra proclive de pisar la cárcel A pesar de que al presidente promovió como prioridad acabar con la corrupción durante su gobierno, a un año de distancia esto no ha sido así, porque miembros cercanos a él y de Morena ya se han visto envueltos en muchos escándalos de corrupción y que el propio López solapa. Son muchos casos, pero nos avocaremos en el caso del protegido de López, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, hoy senador de la república con la complicidad del propio presidente. Muchos chiapanecos hemos denunciado la escandalosa corrupción que se vivió con el güero Velasco, sin embargo gracias a las argucias de del ex gobernador, se metió hasta la cocina en su relación con el también líder moral de MORENA, que hoy es su gran tapadera para que no vaya a la cárcel o se le haga juicio político, porque lo merece más que la misma Rosario Robles. Sabemos que con dinero del pueblo chiapaneco Manuel Velasco financió la campaña presidencial de López Obrador. Dinero robado, dinero desviado, dinero ajeno que saqueó Velasco de las arcas públicas, de ahí la gran crisis que hoy se vive en Chiapas. AMLO lo sabe pero finge demencia, porque sabe que el güero, su cómplice robó dinero para su campaña electoral. Recordamos que en una de sus últimas giras al estado en el aeropuerto lo esperaron varios ciudadanos que le hicieron una petición referente al exgobernador, Manuel Velasco. Y es que durante su gobierno, Velasco enfrentó varias polémicas relacionadas con temas de corrupción, además de dejar al 77 por ciento de la población en la pobreza. Exigen castigo El presidente escuchó como un grupo de personas le exigieron juicio político, además de comparar a Velasco con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. -“¡’El Güero’ es más corrupto que Duarte!”, “¡Votamos por ti, pero no queremos al ‘Güero’!”, “¡Juicio político al ‘Güero’!”, fueron las consignas lanzadas-, pero López como siempre las ignoró. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de Morena ha sido crítico con el gobernador de Chiapas y cómo maneja los recursos públicos. El ex diputado de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez durante una gira que hizo por todo el estado, a la que le denominó como “La Gran Robadera”, encontró el cochinero de Velasco, por lo que promovió un juicio político contra el
ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco a quien acusó a de actos vergonzosos de corrupción en el que se involucraron familiares como su abuelo Fernando Coello y su madre Leticia Coello, además de la mayoría de sus colaboradores. Por ejemplo: existen irregularidades en la compra de una planta de tratamiento de aguas residuales, con un costo de 100 millones de pesos, que se encuentra totalmente abandonada. Forma parte de la documentación que será presentada en la Secretaría General de la Cámara de diputados, para respaldar el juicio político”. Según el ex legislador y actual director general del Instituto Mexicano de la Juventud, en 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “hizo observaciones al gobierno estatal de Chiapas por más de mil millones de pesos, cuyo destino no se pudo comprobar”. Con Manuel Velasco tuvimos en Chiapas un gobierno fallido, plagado de corrupción y saqueo de las arcas públicas, así como el desvío de recursos del erario que han sumido al estado en una severa crisis financiera, por lo que fue calificado como el peor gobernador haya tenido el estado en toda su historia. Lo chiapanecos seguimos pidiendo que se no haga justicia, pero el presidente ha puesto oídos sordos, finge demencia y protege a unos de los que con dinero sucia le financiaron su campaña, sin embargo, a pesar de esa indiferencia presidencial, los chiapanecos no claudicaremos para que se juzgue y lleve a prisión no solo a Velasco Coello sino al abuelo, a su madre y todos sus colaboradores que se hicieron millonarios con el dinero del pueblo. El estigma de presidenta espuria de la CNDH, nadie se lo quita Es de todos sabidos el desaseo que senadores de MORENA se valieron en el procedimiento legislativo para imponer a Rosario Piedra, al frente de la CNDH, pero la espuria presidenta es propensa de ir a la cárcel por haber cometido un delito federal grave. Aunque la protege quien ordenó su imposición, López, en el supuesto que llegara a restablecerse el estado de derecho en México, pues a esta usurpadora
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no la salva nadie. Porque la Ley de derechos humanos establece, en el artículo 9º, que para su elección los aspirantes a la CNDH deben reunir los siguientes requisitos tales como no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación. Pero resulta que la señora Piedra renunció al cargo de consejera nacional de Morena, después de haber tomado posesión como presidenta de la CNDH. De esta forma, Rosario Piedra cometió un delito federal, paradójicamente el mismo delito por el que está en prisión su tocaya Rosario Robles. De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal señala que “Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales”. A que se hace acreedora la señora Piedra, a la pena corporal de uno a ocho años de prisión; de cincuenta hasta trecientos días de multa, destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. Se trata del mismo delito por el que está en prisión Rosario Robles, lo que nos lleva a conformar que se trata de una acción facciosa del presidente vengador contra la ex funcionaria de la Sedesol. Del Montón La única obligación del que cobra como fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca es madrugar para estar presente en las reuniones de gabinete a las que convoca todos los días el gobernador del estado para medir el grado de la inseguridad que registra la entidad. Cumplido a regañadientes su compromiso se da a la tarea de promover su persona hacia lo que para él se ha convertido en una obsesión, ser candidato al gobierno de Chiapas para el 2024. Tenga o no las aptitudes para llegar, es lo que menos importa, está confiado que ser leal, servil y obediente a su antiguo jefe, la rata de Manuel Velasco, está del otro lado pues sabe que en la sucesión decidirá el que robó a los chiapanecos. Por ello, se da a la tarea de llevar a cabo firmas de convenios de colaboración con instituciones educativas y no educativas, entrega de dádivas, para promover su pésima imagen, pues tiene fama de torturador y violador de derechos humanos, es por ello, que Jorge Luis Llaven ande por todos el estado, gastando dinero público haciendo proselitismo político, aunque sea un ignorante e incapaz de ser un buen funcionario, está atento a las mañaneras de López Obrador para repetir el discurso de cero tolerancia, aun cuando es sabedor que en Chiapas la justicia no existe, el derecho se aplica discriminadamente, en donde es un experto en inventar pruebas para encarcelar a muchos a inocentes, si no que se lo pregunten al luchador social y activista político Horacio Culebro Borrayas, que a capricho de otros colaboradores corruptos, lo mantienen tras las rejas por casi cinco meses. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Violencia digital
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l 26 de noviembre, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (con 400 votos a favor) aprobó por unanimidad y remitió al Senado una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. En ella, ojo, se incluye la violencia digital a diversas actitudes de acoso al sexo femenino. Y no es para menos, porque como bien expuso la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión arriba citada, desde hace rato que el espacio digital ha mostrado nuevas conductas delictivas que con la masificación de usuarios permite que el acoso, el hostigamiento y la violencia sexual se reproduzcan. La ley es muy clara cuando dice que violencia digital se entiende como: “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos o información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas o cualquier otra acción, que sea cometida a través de las tecnologías de información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”. Bajo este precepto se debería tener cuidado en la forma en que se tocan algunos temas. Por ejemplo, el caso de la señora María del Rosario Villagómez Moreno, directora de la Casa de la Cultura de Yajalón, a quien han golpeado en su integridad reviviendo con morbo
(en algunos muros) los problemas emocionales que presenta tras las agresiones sufridas en 2018 y que es un caso que debe dirimirse ante las autoridades competentes y no en las redes sociales en donde se lastima su dignidad con la polarización del tema. Y es de esto de donde se desglosa otro problema: la descalificación y los señalamientos a la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Cecilia Flores, a quien atacan de forma personal, desviándose del supuesto problema. Curiosamente, en cuanto a la solución del supuesto conflicto entre el Coneculta y la directora de la Casa de la Cultura de Yajalón, la Junta Especial número 3 de Conciliación y Arbitraje ha señalado que el Consejo reconoce como parte patronal cualquier relación laboral o contractual que exista con la demandante. Es decir, el Coneculta reconoce a la señora María del Rosario Villagómez Moreno como trabajadora con todos sus derechos inherentes: antigüedad, condiciones salariales, condiciones contractuales de horarios, salarios, y demás prestaciones incluyendo vacaciones, primas quinquenales, entre otros. Es más, ya hubo una reunión entre ambas partes y acordaron que a la afectada le harán válida la incapacidad que solicita (podrá gozar de su sueldo y sus prestaciones sin presentarse a su centro de trabajo) y los pagos que se habían frenado por “regularizaciones administrativas” se normalizaron. Bien ahí. Hay documentos (publicado uno en redes sociales), incluso, que muestran que no se ha negado la relación laboral y que el Coneculta ha dado el seguimiento puntual desde esta nueva administración a un caso que fue ignorado en el sexenio pasado.
Sin embargo, la descalificación y los señalamientos dolosos en contra de la directora de Coneculta no han cesado. Siguen ahí como una medida de acoso a su persona. Y es acá donde el tema de la violencia digital cobra sentido. No se vale que algunos instiguen a las masas con mensajes de odio e insultos; no es la vía que se debe tomar en ninguno de los casos. Sobre todo cuando Chiapas es un estado con una alerta por feminicidios. Es más, el Poder Legislativo ya analiza la aprobación de una Comisión Especial de Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres derivado de un sinnúmero de casos que se han documentado. La maestra María del Rosario y la maestra Cecilia Flores merecen respeto. Tengo el gusto de conocer a ambas. A la primera desde mis 14 años, cuando llegaba y nos atendía de forma profesional y con mucho respeto en la Casa de la Cultura de mi pueblo y que seguramente ahora ya no se acuerda, pero yo sí la recuerdo con cariño. A la segunda, desde antes que fuese presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, y con quien mantengo una relación cordial y de amistad en la que nos han hecho cómplices los libros y el arte, y las charlas sobre nuestros autores favoritos y que platicamos largo y tendido cuando coincidimos en algún evento. Lo cierto es que a estas alturas no debe seguir usándose la violencia en ninguna de sus formas. Porque violenta quien utiliza el dolor de una persona para canalizar sus propios resentimientos, quien manipula y exhibe a alguien que está pasando por una crisis. Violenta quien agrede con palabras, insulta, hace comentarios dolosos y usa adjetivos lacerantes en contra de otra persona; violenta quien motivado por intereses aviesos, sean estos cuales sean, se
presta a la denostación y la infamia. Aguas con esto. La violencia digital es un lastre para todos. Celebro que se empiece por reconocer, visibilizar y definir este tipo de violencia. Bien lo señalan las expertas en el tema: “ésta se comete en la más absoluta impunidad. Las mujeres quedan en la indefensión total al no poder frenar y denunciar contenidos que abarcan toda clase de discriminación”. #Manjar ¿Qué pasaría con la lista negra de los alcaldes que estaban con un pie casi en El Amate por incumplir la cuenta pública? Recuerdo que el auditor pasado la hizo pública y corrió como pólvora en las redes. Sin embargo, parece que a la Auditoría Superior del Estado, con José Uriel Estrada Martínez ahora al frente, se le borró ese dato o simplemente no es de relevancia para él. ¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que algunos políticos no han cumplido y siguen bajo esa protección que nadie se explica por qué se da. En lugar de obligarlos a cumplir, se empecinan en taparles sus fechorías y dejarlos que sigan enquistados haciendo de las suyas. Lo bueno es que Estrada Martínez cuando no quiere hablar del tema siempre señala que es secrecía, aunque los mismos implicados presuman su buena relación con él. Hay de secretos a secretos, ¿no? #AguasAhí // “Estar solo no tiene nada que ver con cuantas personas hay alrededor”. Richard Yates. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro La construcción de la izquierda de Carlos Camacho Alfaro y el disco de Rubber Soul de The Beatles. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.
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PERSISTE CORRUPCIÓN EN EL TRANSPORTE…
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i bien las instancias procuradoras y administradoras de justicia están en la clasificación de corruptas, uno de los sectores oficiales que mantienen y persisten en ese negativo calificativo es la Secretaria de Transporte, donde sus titulares –y hasta la servidumbres—se han convertido en millonarios, lo que nunca ha sido un secreto. Desde el gobierno de JUAN SABINES GUERRERO (noviembre 29-1979 – 1 de diciembre—1982) y con el doctor ENOCH CANCINO CASAHONDA en la Secretaría General de Gobierno, se lanzó una iniciativa para “regularizar” el servicio de transporte de pasaje, de alto y bajo tonelaje, porque desde entonces ya las concesiones se habían concentrado en unas cuantas personas y empezaban a surgir los conflictos por el pirataje. Fue en el gobierno del general ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ que la “mafia del transporte” se consolidó con gentes como ELIECER OZUNA BORRAZ, quien de candidato perdedor a la alcaldía de Huixtla pasó a Subsecretario de Gobierno con todo el control de la Comisión del Autotransporte, donde también se desempeñó ALEJANDRO RUIZ GARCÍA (ex secretario del Transporte Ejidal de la CNC, de la que fue también su dirigente), quienes hicieron “su agosto” y consiguieron sus sustanciosos ahorritos para un futuro halagador, con todos los indicios de corrupción. El historial de las “mafias del transporte” y la corrupción institucionalizada desde la respectiva secretaria se fueron escribiendo y potencializando a cada gobierno y sexenio. Con el “Camello” JULIO CÉSAR RUIZ FERRO de Gobernador y ERACLIO ZEPEDA RAMOS en la Secretaria General de Gobierno donde lo había nombrado el anterior Gobernador de 69 días, EDUARDO ROBLEDO RINCÓN, se le dejó el manejo del autotransporte al “sobrino incómodo”, ARIEL GRAJALES, quien de simple empleado del último escritorio, pasó a ser el ganón en el “negocio sucio” del autotransporte. Y así podemos mencionar –como lo consigné en mi columna ÍNDICE… del 24 de agosto de 2015, titulada: “Transporte, Lacra y Corrupción”) como han pasado Secretarios de Transporte que se han comprometido a detener la corrupción, pero caen en la misma trampa de la mafia de los transportistas y el “canto de las sirenas” de los millones de pesos que se juegan para su beneficio. Entre estos que “no han perdido el tiempo en honestidades”, podemos mencionar a JORGE ANTONIO MORALES MESSNER,
Viernes 29 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• AQUILES ESPINOSA; MAFIA DEL TRANSPORTE. • Más de 90 mil vehículos de transporte piratas… • Persisten las cuotas para circular sin problemas… • Regularización del transporte, una farsa… • El Secretario de Transporte comprometido…
ALEJANDRO NAVA SÁNCHEZ, CARLOS RAYMUNDO TOLEDO, FABIÁN ESTRADA DE COSS y el mismo MARIANO ROSALES ZUARTH, actual alcalde de Villaflores. Pero los que no se pueden escapar a esta rebatinga en el “Año de Hidalgo” en el gobierno de la “Cuija Verde”, MANUEL VELASCO COELLO, fueron “El Cochinito Valiente”, MARIO CARLOS CULEBRO VELASCO, que de Subsecretario de gobierno pasó a la Secretaria del Transporte y al final de la administración titular de la Secretaría General de Gobierno. Para cuidar la “mina de oro” del autotransporte, MARIO CARLOS dejó a su “cuije”, que también se presume le metió mano a la caja fuerte de la dependencia, ALVARO ROBLES CAMERAS.
AQUILES ESPINOSA SE SACÓ LA LOTERÍA…
En la nueva era de “Pejelandia”, las cosas no tendrían por qué ser diferentes en la Secretaria del Transporte con un “connotado” priísta vestido de Morena y la 4T, AQUILES ESPINOSA GARCÍA, quien por cierto, siempre se ha distinguido por su “honestidad valiente”, pero, al parecer, ahora con la cercanía de la mafia del autotransporte, “se están poniendo de acuerdo y van por la del Puebla”. Para empezar, AQUILES ESPINOSA no es un perito en la
materia de autotransporte y en segundo lugar, la mafia en ese sector es tan vieja y fuerte que, seguramente optaría por unirse al enemigo y sacar ventajas que no ha tenido en otros cargos donde ha demostrado recato y mucha vergüenza para conducirse. Conste, este Gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS va a cumplir el próximo domingo 8 de diciembre su primer año de gestión, igual que AQUILES en la titularidad de la Secretaria del Transporte y, las quejas, demandas y exigencias, son las mismas que antaño: combate al pirataje y la corrupción; erradicar los negocios sucios con la venta de concesiones y la regularización del transporte fuera de la ley. El 15 de diciembre de 2018, cuando apenas cobraba su primera quincena como Secretario de Movilidad y Transporte, AQUILES ESPINOSA GARCÍA se comprometió a combatir la corrupción en el autotransporte. Y en esa misma reunión con dos representantes de la mafia del autotransporte y pulpos de las concesiones, MARIO BUSTAMANTE GRAJALES, Presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas y FRANCISCO PALACIOS BURGUETE, Presidente de la Unión de Camioneros de Cintalapa, se comprometieron a “trabajar con un plan meditado e inteligente”. En tanto que el Secretario asu-
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mió la responsabilidad de “trabajar fuerte en temas de rutas, concesiones, conflictos y combate al pirataje en base a la ley, sin que ninguna autoridad se beneficie a costa del transporte y la sociedad”. Pero pasado el tiempo –a un casi un año de distancia—las cosas siguen igual o peor en este sector, pues en palabras del propio Secretario, “en Chiapas hay 37 mil vehículos concesionados y 90 mil en calidad de irregulares, en todas las modalidades”. En “otros datos”, como dijera el clásico, se estiman más de 20 mil unidades piratas que operan sobre una cuota de 3 mil o 5 mil pesos mensuales –según sea el sapo la pedrada--, “el gran negocio” estaría redituando 60 millones de pesos al mes, a los que AQUILES “el de la barba”, seguramente no se ha podido resistir. Aunque hay otros negocios más, con sustanciosas ganacias. Por lo tanto, es un compromiso y obligación de los funcionarios de la Secretaria de Movilidad y Transporte encabezadas por AQUILES ESPINOSA GARCÍA, revisar quienes tienen acaparadas las concesiones violando la ley respectiva; cómo están operando las mafias del transporte pirata; dónde está el negocio del transporte irregular y hasta donde los antecesores secretarios del autotransporte contribuyeron y se beneficiaron con los actos de corrupción que ahí están enraizados. Porque como dijo el titular de la ST en Chiapas a los transportistas de la costa y particularmente en Tapachula: “se dará prioridad a los trabajadores del volante y con más antigüedad en sus solicitudes, en la entrega de concesiones, conforme a la ley”. Y aclaró que los servicios de transporte UBER, --lo que diga mi dedito, señaló, moviendo su índice, como “ya saben quién”— en Chiapas no van a entrar. Bueno pues, el Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, AQUILES ESPINOSA GARCÍA, está comprometido, más, eso no quiere decir que va a cumplir su palabra. Bissnes son bissnes… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Viernes 29 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1786 PRONUNCIAMIENTO
Diputados rechazan eventual clasificación de EU de cárteles mexicanos como grupos terroristas
CAMPAÑA
Instalan módulos de vacunación contra la influenza en SCLC
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RECHAZO
Los LeBarón y Margarita Zavala se suman a la marcha antiAMLO el 1 de diciembre PAG. 3
ACUSACIÓN
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INFORME
El INM ha cesado 382 servidores por corrupción
PAG. 7
Al viejo estilo del PRI, el gobierno de Veracruz “acarrea” a empleados al mitin de AMLO en el Zócalo Secretarios de Despacho del gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, dispusieron de una aceitada estrategia para acarrear empleados estatales y simpatizantes de Morena al mitin del próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un mensaje con motivo de su primer año de gobierno.
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En comisiones, aprueban juicio político contra Robles; “tiempo de canallas”, responde la exsecretaria