CONTRAPODER EDICIÓN 1768

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El uso de la violencia

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Chiapas es una sociedad con un futuro incierto, desgastado, paralizado, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza

Chiapas vive una recesión económica con violencia política. En donde no hay rumbo simplemente porque no hay gobierno. Rutilio Escandón está desaprovechando su oportunidad como gobernante. Y al paso que lleva, va a sufrir un estigma mayor que el de Sabines y Velasco.

DIARIO

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EN CHIAPAS

Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1768

INFORME

CONFERENCIA

La población infantil se encuentra en estado de alta vulnerabilidad en los albergues: CNDH La opacidad sobre el número y situación jurídica de miles de niñas, niños y adolescentes ingresados en los Centros de Asistencia Social (CAS) y en los albergues públicos y privados mantiene a esa población en estado de alta vulnerabilidad, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

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ESTUDIO

Chiapas presenta una deuda “sostenible”: CEFP

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Aseguran normalistas que no han recibido dinero del gobierno

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HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA

Alfonso Carbonell Chávez

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado

PUNTO Y COMA;

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Roger Laid

DENUNCIA

Policía se retira de la comunidad 2 de Noviembre, pero deja destruido el poblado

AMLO aclara sobre sus alusiones a un golpe de Estado: “No hay condiciones”

EL DIVAN

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Sergio Stahl

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SI AMLO HUBIERA SIDO PRESIDENTE... Agustín Basave

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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL CASO DE LOS PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO Marco Appel PAG. 5

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Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL El uso de la violencia

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hiapas es una sociedad con un futuro incierto, desgastado, paralizado, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de mínimos cumplimientos a sus derechos sociales y económicos. En los últimos 30 años Chiapas ha recibido los mayores recursos de la federación en política social y la brecha de pobreza y desigualdad social no solo no se redujo sino que continuó creciendo, a punto tal que 8 de cada 10 niños y jóvenes viven en la pobreza. La duda es cómo se invirtieron esos recursos que no tuvieron el impacto esperado, que era el de mejorar las condiciones de vida de la población en la entidad. Lo más fácil es señalar la culpa de la corrupción, pero el fondo del problema es por qué no se realizaron las investigaciones correspondientes y la sanción de los responsables de ese desvío y despilfarro. En estos 30 años Chiapas amplió su cobertura educativa al 100%, pero lo hizo con escuelas de mala calidad, en donde el

mayor número de ellas son escuelas multigrado atendidas por un solo maestro. En este sentido Chiapas vive la terrible realidad, en que las zonas de mayor pobreza es donde se imparte la educación de peor calidad educativa. Estos simples datos debieran despertar la indignación y provocar la exigibilidad al gobierno de que se cumpla con la eficacia adecuada en el ejercicio del gasto público, y que cada peso que se invierta en la entidad sea útil, para que la corrupción no sea lo que prevalezca en la realización de las obras ni en la distribución de los apoyos sociales. Pero eso no se realiza, no hay una vigilancia ciudadana y en contrasentido, se ha desarrollado un sentimiento que respalda las políticas represivas de las autoridades, como se viene haciendo con los jóvenes de la escuela normal de Mactumatzá, que representan a una generación de futuro incierto, y que ahora se les criminaliza. En Chiapas el desorden social lo provocó y lo toleró el propio gobierno, en condiciones de gran generosidad presupuestal. Hoy día amplios sectores de la población reclaman el restablecimiento

del orden y aplauden al gobierno sus actuaciones violentas en contra de la población que protesta, lo grave es que se considera que esta represión es necesaria para el bienestar social cuando este bienestar es el que está afectado y destruido para el 78 % de la población chiapaneca que vive en la pobreza. En efecto hay que reclamar un orden, pero no represivo, el orden debe ser en el gasto público, en el saneamiento de las finanzas, en la inversión pública. El orden que se le debe exigir al gobierno debe ser el de la legalidad, que los funcionarios no tomen decisiones en la ilicitud y que los daños ocasionados a las finanzas públicas no queden en la impunidad. Las acciones represivas son promovidas, validadas y avaladas por el propio gobierno y filtradas a la sociedad a través de medios y voceros con el fin de construir consensos y reproducir estigmas a sujetos o acciones políticas que deben de ser castigadas. En Chiapas esté ejercicio ha sido exitoso a punto tal que la violencia del estado en contra de la protesta se considera necesaria y se le aplaude y se deja de lado que Chiapas es una sociedad sin futuro.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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orales Vázquez se pronuncia en contra de recorte del 50% para Chiapas en este rubro 4 de noviembre del 2019. Al fijar su posicionamiento durante la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el diputado federal independiente, Carlos Alberto Morales Vázquez, aseguró que la situación en materia de infraestructura en el país es alarmante y el presupuesto planteado en el PEF 2020 raquítico (equivalente a 2.4% del PIB), similar al recurso destiando hace más de 12 años, un “retroceso que afecta la modernización de carreteras, puertos y aeropuertos del país”, aseveró. En este mismo tenor, el diputado sin partido, habló de forma específica del presupuesto destinado en materia de comunicaciones y tranportes para Chiapas, el que afirmó registra una diminución del 50 por ciento y señaló como ejemplo el caso de la ampliación y modernización de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, afirmando que los 109 millones de pesos contemplados serán insuficientes, señalando que solo el libramiento que se requiere en municipios como Oxchuc, está calcuado en un monto similar, por lo que cuestionó al funcionario federal, en cuántos años proyectan terminar la obra de la vía SCLC-Palenque, un compromiso presidencial. Asimismo indicó que es urgente se verifique el cumplimiento de las rampas de emergencia en carreteras de México, al señalar el caso de la súper-carretera Tuxtla-San

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Cerca de 500 normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumatzá acompañados de estudiantes de las normales de Puebla, Guerrero y Zacatecas realizaron una jornada de movilizaciones en Tuxtla para reclamar la falta de maestros, el cumplimiento de los pliegos petitorios y el cese a los desalojos violentos. En esta ocasión los estudiantes comenzaron la jornada sacando tres unidades Omnibus Cristóbal Colón en la zona Norte Tuxtla en los que se trasladaron para realizar una marcha de la Exfuente Mactumatzá al parque central. Esta movilización estuvo acompañada por un grupo de desplazados de Chenalhó y una comisión del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA MN), así como diferentes organizaciones campesinas. Los manifestantes dieron a conocer que los señalamientos realizados en diferentes medios de comunicación sobre el otorgamiento de más de 20 millones de pesos, son falsos ya que no han recibido recursos para la

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PEF 2020 en materia de comunicaciones y transportes recorta el presupuesto para Chiapas En este mismo tenor, el diputado sin partido, habló de forma específica del presupuesto destinado en materia de comunicaciones y tranportes para Chiapas, el que afirmó registra una diminución del 50 por ciento y señaló como ejemplo el caso de la ampliación y modernización de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque

Cristóbal, la que dijo ha demostrado ser insuficiente su gran aforo vehicular, y altamente peligrosa por

el elevado número de accidentes se registran en ella, (al menos 26 en los últimos cuatro meses).

Pidió asimismo al titular de SCT un informe de cómo se ha ejercido el recurso destinado a caminos que conducen a cabeceras rurales, dinero entregado a las autoridades elegidas por usos y costumbres y solicitando que en este programa se considere a las MIPyMES, para incentivar al sector, que sólo durante este año ha sufrido afectaciones en más de un 20 por ciento del padrón de constructoras, ante la falta de inversión. Morales Vázquez se pronunció además en contra de la militarización de industria productivas civiles, luego de la iniciativa presentada en octubre pasada por diputados de Morena, afirmando que es una flagrante violación al artículo 129 de la Constitución, posicionamiento en el que el titular de la SCT se manifestó en coincidencia.

Aseguran normalistas que no han recibido dinero del gobierno manutención de la escuela, además de que no cuentan con maestros desde hace casi un semestre. Ante esta jornada de movilizaciones sobre la Avenida Central y en otros puntos del centro de la ciudad diferentes comercios bajaron sus cortinas antes y durante la marcha, así como los Oxxos. Cabe recordar que en las últimas dos semanas los normalistas han protagonizado tres fuertes enfrentamientos con elementos de la Policía Estatal, acciones que han sido aprobadas y rechazadas por diferentes sectores de la población. El mismo obispo de Tuxtla ha solicitado que este conflicto sea atendido y resuelto a la brevedad, ya que ha afectado a la población de la zona Poniente Norte sobre todo de Plan de Ayala. En el trayecto los normalistas no realizaron ninguna acción radical como en otras ocasio-

nes lo han realizado, sin embargo se espera que en las próximas horas

continúen las acciones de este grupo de estudiantes.

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Distinguen a chiapaneco egresado de la UNACH con la medalla “Alfonso Caso” De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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as oportunidades existen para todos y también la voluntad para lograr nuestras metas, aseveró el egresado y docente de la Facultad de Arquitectura y actual director General del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Enoc Gordillo Argüello, al presentarle al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa la medalla “Alfonso Caso”, otorgada por la UNAM a las mejores tesis de nivel posgrado. Para hacerse acreedor a este premio, el trabajo doctoral Políticas Públicas y Localización Urbana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: alternativas de crecimiento de equipamientos de salud a nivel regional Tuxtla Gutiérrez - Berriozábal 2001 – 2024, cumplió con las exigencias académicas y administrativas que aseguran la calidad de dicho proyecto. Tuvo además el aval de los cinco sinodales que intervinieron para la obtención de una mención honorífica por parte del estudiante, así como el haber cubierto con una asistencia perfecta, no contar con ninguna deuda en el tema administrativo, entre otras. Durante su visita a las instalaciones de rectoría, Enoc Gordillo Argüello, comentó que se siente muy agradecido con la institución, no solamente por el apoyo que la UNACH le dio durante su formación como doctor, sino también por el soporte académico y de calidad con el cual se formó durante sus estudios.

Para hacerse acreedor a este premio, el trabajo doctoral Políticas Públicas y Localización Urbana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: alternativas de crecimiento de equipamientos de salud a nivel regional Tuxtla Gutiérrez - Berriozábal 2001 – 2024, cumplió con las exigencias académicas y administrativas que aseguran la calidad de dicho proyecto

Acompañado de su esposa, también egresada de la institución, Maritza Campos, explicó que esté es un logro que comparte no solamente para su familia, sino con todas las personas que lo han impulsado a continuar con su formación y que le han dado palabras de aliento durante la misma. En este sentido, el rector Carlos F. Natarén Nandayapa aseguró que este es un logro que enorgullece a la comunidad universitaria y nos deja ver qué de entre cientos de estudiantes de nivel posgrado que se forman

en la Máxima Casa de Estudios de México, un chiapaneco es quien obtiene el reconocimiento a un trabajo bien hecho. Indicó también que este es un claro ejemplo de como la UNACH busca formar a sus alumnos, buscando crear en ellos un orgullo por ser chiapanecos, con las herramientas necesarias para destacar en el ámbito profesional y con el compromiso social que les permita dar un nuevo sentido al lema universitario, Por la conciencia de la necesidad de servir. Enoc Gordillo Argüello es Ar-

quitecto de profesión, Maestro en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión y Doctor en Urbanismo; ha laborado en la administración pública estatal, ocupando diversos cargos; actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura y es catedrático a nivel Posgrado en la Universidad Mesoamericana e Instituto de Estudios Universitarios; adicionalmente desarrolla proyectos y consultorías en temas arquitectónicos y urbanos, planeación regional y de factibilidad de proyectos de inversión.

Chiapas presenta una deuda “sostenible”: CEFP A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

A pesar de que el ex gobernador Manuel Velasco Coello, dejó una deuda pública millonaria y con ello una recisión económica para Chiapas durante los últimos tres años de su administración, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reconoció que las finanzas del estado han mejorado. De acuerdo al estudio “Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al Segundo Trimestre de 2019” del CEFP, indica que Chiapas presenta un nivel de endeudamiento sostenible, donde la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición se mantiene en un rango bajo con 67.7 por ciento. El Congreso expone que en este indicador se contabilizó el saldo de aquellos créditos contratados por el

ente público, emisiones bursátiles, deuda en la cual el ente público otorga su respaldo mediante una fuente de pago propia, obligaciones derivadas de Asociaciones Público-Privadas (contabilizando únicamente la parte de la inversión), y cualquier otra obligación que implique pagos financieros programados. Asimismo, señala que el indicador por servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición Chiapas presenta un rango bajo con 6.3 por ciento, mientras que por obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales también se mantiene en un rango bajo con -3.5 por ciento. Sin embargo, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó durante la última semana que Chiapas sumó por cuatro trimestres consecutivos un déficit de crecimien-

to económico con -1.8 por ciento. En este sentido, la dependencia expone son ocho estados los que atraviesan por unas finanzas críti-

cas por no tener avances, cuales son: Sinaloa, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Yucatán.

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Socoltenango, Chiapas. A la opinión pública

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Boletín Informativo #1.-

l día de hoy 4 de Noviembre se llevó a cabo una incursión policiaca en la comunidad 2 de Noviembre en el municipio de Socoltenango, Chiapas, con el objetivo de reprimir a nuestros compañeros, despojarle sus tierras y desplazarlos de manera forzada. Este acto forma parte de la ofensiva represiva del Estado contra el FNLS, busca a toda costa detener arbitrariamente a compañeros y quitarles sus tierras para entregárselas a caciques de la región. A las 7 de la mañana llegan más de 600 elementos policiacos armados con lanza gases lacrimógenos, una tanqueta, y armas largas, así como retroexcavadoras y volteos, ante el temor de que los policías dispararan a matar como lo acostumbran a hacer en contra de la población inerme, los habitantes de la comunidad 2 de Noviembre, se resguardaron en las cercanías de la comunidad. Las corporaciones que participaron en este hecho deleznable son: Policía municipal, Estatal, Judiciales, elementos de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional. De 7 a 9 de la mañana estos elementos policiacos comenzaron a entrar a las casas a robar las pertenencias de nuestros compañeros, posteriormente destruyeron las viviendas y prendieron fuego a las cosas que no se pudieron llevar. Los policías se llevaron láminas con las que estaban construidos las viviendas, animales de corral como gallinas, conejos, becerros, ovejas, así como el maíz y frijol que nuestros compañeros tienen para comer y poder sobrevivir. También se robaron electrodo-

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Policía se retira de la comunidad 2 de Noviembre, pero deja destruido el poblado De acuerdo al estudio “Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al Segundo Trimestre de 2019” del CEFP, indica que Chiapas presenta un nivel de endeudamiento sostenible, donde la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición se mantiene en un rango bajo con 67.7 por ciento

mésticos (refrigeradores, estufas, planchas), herramientas de trabajo (machetes, palas, picos) muebles, camas, colchones, molinos, cunas de bebes, dinero y ropa, todo esto fue llevado en más de 80 unidades de la policía. Alrededor de las 11 am, los policías se fueron retirando del lugar, sin embargo un pequeño número de elementos policiacos permanece a unos kilómetros. Nuestros com-

pañeros poco a poco regresan a su comunidad pero existe el riesgo de que la policía regrese para cometer crímenes de lesa humanidad. Hay sobrevuelos de helicópteros, el riesgo de que se lleven a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales es latente. Lo sucedido el día de hoy en la comunidad 2 de Noviembre ilustra bien el carácter pro fascista del gobierno

chiapaneco, su vocación represiva y demuestra su odio al pueblo, a las comunidades pobres y campesinas. Repudiamos estos actos que ponen en peligro la vida de nuestros compañeros y exigimos el inmediato retiro de la policía y el juicio y castigo a los responsables de esta destrucción. Nuestros compañeros de la comunidad ahora se quedan sin provisiones para comer, queda claro que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas busca matar de hambre al campesino pobre que lucha por su tierra. Seguiremos informado y denunciando las acciones represivas del gobierno chiapaneco. ¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular! Frente Nacional de Lucha por el Socialismo Fotografías de los destrozos hechos por la policía por el mandato del gobierno de Rutilio Escandon Cadenas.

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Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

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n muerto y al menos nueve detenidos fue el saldo de un operativo policiaco que desalojó a balazos a un grupo de hombres y mujeres que, con palos y machetes, tomaron la caseta de peaje “Malpasito” para cobrar cuotas en la carretera federal Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)-Las Choapas (Veracruz), en el tramo de Huimanguillo, Tabasco. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, pero por las festividades del día de muertos y el hermetismo de los gobiernos de Tabasco y Chiapas, no se tenía certeza sobre el número de víctimas. Este lunes, el gobernador Adán Augusto López Hernández se refirió al hecho e informó que el operativo fue una acción coordinada de policías federales y estatales de Tabasco y Chiapas, con el aval del gobierno de Veracruz, y el saldo –dijo– fue de un muerto “en la reyerta”, así como “dos o tres detenidos” del lado de Chiapas y “cinco o seis” de parte de Tabasco. Para el mandatario morenista, “lo importante es que se respete el estado de derecho y se restablezca el orden público”, pues no se puede, “con cualquier pretexto, estar bloqueando caminos, tomando casetas y afectando a la ciudadanía”. Añadió: “Es nuestra obligación que haya respeto al estado de derecho; respetamos la libertad de expresión y de manifestación, pero tiene un límite, y el límite es que no se afecte a terceros. Aquí en Tabasco, vengan de donde vengan, tienen que

Gloria Reza M. Guadalajara, Jal. (apro)

El Contralor Ciudadano Independiente de Jalisco, Jorge Carlos Ruiz Romero, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por negligencia contra la Secretaría de Salud estatal (SSJ), por la simulación en la lucha contra el dengue. Ruiz Romero informó, con base en facturas entregadas vía transparencia por la SSJ, el gobierno del estado aplicó insecticida caduco a principios de este año, y que fue hasta el 24 de abril pasado cuando adquirió más químicos para combatir al mosquito transmisor del dengue. Recordó que el gobierno del estado afirmó que invirtió en este año más de 116 millones de pesos para combatir el mosquito transmisor del dengue, pero vía transparencia sólo le dieron dos facturas que suman poco más 56 millones de pesos por la compra de insecticida, que caduca en los próximos dos años, un lote en 2020 y otro en 2021. El Contralor Ciudadano solicitó el 1 de octubre a la SSJ “las facturas de los 116 millones de pesos que se están invirtiendo en Salud contra el dengue en este año, como dijo el día de

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Desalojo de caseta en Huimanguillo, Tabasco, deja un muerto y nueve detenidos Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, pero por las festividades del día de muertos y el hermetismo de los gobiernos de Tabasco y Chiapas, no se tenía certeza sobre el número de víctimas

respetar el estado de derecho”. Por su lado, la Fiscalía del estado de Chiapas informó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas –cuñado del gobernador Adán Augusto– refrendó “su absoluto apoyo a la Mesa de Seguridad del estado de Tabasco que llevó a cabo un operativo para desalojar a un grupo de delincuentes en la caseta de cobro número 181, denominada Malpasito, ubicada en el municipio de Huimanguillo,

Tabasco”. Esa fiscalía, explicó, coordina una fuerza de seguridad junto con la de Tabasco, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Policía Federal, “para garantizar los derechos y libertades en esa importante vía de comunicación que une la entidad con Tabasco y Veracruz”, y no permitir “que grupos de manifestantes violentos sigan delinquiendo en esa región”.

Con palos y machetes, y algunos encapuchados, alrededor de 30 hombres y mujeres tomaron la caseta de peaje y durante varias horas cobraron cuotas de entre 200, 300 y 500 pesos a choferes de automóviles y camiones para que continuaran su recorrido. Usuarios de la vía denunciaron el hecho y se realizó el operativo de desalojo. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que la policía, con armas largas, dispara ráfagas de balas y mata a un hombre que les hacía frente, junto con otros individuos armados con machetes y palos. Sofy Valdivia @sofyvaldivia Civiles tomaron caseta de cobro #Malpasito en #Huimanguillo; #Tabasco, Amenazaban a conductores y les cobraban hasta 500 pesos. Llegó Guardia Nacional y Federales, los recibieron a balazos, Fuerzas del orden repelieron la agresión, 3 muertos y 9 heridos reportan.

Gobierno de Jalisco compró tarde el insecticida contra el dengue: Contralor hoy, el gobernador Enrique Alfaro”. En respuesta, le dieron dos copias de facturas consecutivas, la 674 y la 675, con la misma fecha, 24 de abril de 2019, que se pagaron a la empresa Codequim, S.A. de C.V. que en conjunto suman 56 millones 126 mil 406 pesos por la compra de insecticidas. “Sin dejar de mencionar que este monto no es el total de lo invertido contra dengue en el año en curso”, precisa la respuesta de la dependencia estatal, dentro del expediente 1398/2019. Según Ruiz Romero, “hay un engaño, hay una simulación de lo que se está haciendo por parte del proveedor, pero también por parte de Adquisiciones en esta Secretaría”, y anunció que presentará una querella ante la Fiscalía Anticorrupción por negligencia. El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, reconoció que durante enero y febrero de este año se aplicó un insecticida que se compró en la pasada administración y

que caducaba en 2015. En ese sentido, el líder de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez mencionó que “con documentación oficial sabemos que se invirtieron más de 56 millones y que el material tiene vigencia hasta el 2020 (…) El problema es que construyen una información a la sociedad, en la cual están mintiendo, ese es el problema y existe negligencia de carácter de salud pública. No fumigaron a tiempo”. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud federal, una

semana antes de concluir marzo pasado, Jalisco ocupaba el tercer lugar en casos de dengue a nivel nacional, con 130 casos confirmados. A la fecha, la entidad está en primer sitio con 7 mil 622, con lo que superó a Veracruz, que había estado a la cabeza durante todo el año. En su reporte, la Secretaría de Salud federal también informó que desde hace tres semanas Jalisco tiene el mayor número de muerte confirmadas por dengue, con 20, y que hay 84 casos sospechosos en estudio.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, a reparar el daño a dos personas, un hombre y una mujer, detenidas y torturadas en 2014 por efectivos de la Policía Federal (PF) en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A través de la recomendación 26VG/2019 por violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH expuso que en hechos registrados el 9 de agosto de 2014, agentes de la PF ingresaron a un domicilio, sin orden de aprehensión, para llevarse a dos personas, y le provocaron un aborto a la mujer. En ese evento, subrayó, se acreditaron “violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de dos personas, su detención arbitraria y retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura contra dichas personas”. De acuerdo con la recomendación, la CNDH tuvo conocimiento del caso el 25 de mayo de 2015, tras ser turnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas. Según la notificación del organismo local, aquel 9 de agosto varios policías federales ingresaron al domicilio de las dos víctimas, un hombre de 30 años y una mujer de 35, a quienes detuvieron

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CNDH emite recomendación a Durazo para reparar el daño a dos personas torturadas en 2014

de manera ilegal y posteriormente los sometieron a tortura física y psicológica, “provocando que ella sufriera la pérdida del producto de la gestación”, con nueve semanas de embarazo. La documentación precisa que la tortura infligida tuvo como objeto obligar a las víctimas a “declararse culpables de delitos de delincuencia organizada y contra la salud”, aunado a que se les retuvo más de un día antes de ponerlos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. Como parte de las recomendaciones dirigidas a Durazo Montaño, la

CNDH instruyó a “reparar el daño a los dos agraviados, que incluya compensación en términos de la Ley General de Víctimas, se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”. El organismo también pidió la colaboración del funcionario en la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, “contra el personal involucrado en los hechos, incluyendo a otros elementos de la corporación

que por acción u omisión hayan permitido esa actuación”. La CNDH urgió a “capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos, específicamente sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos” mencionados en el documento recomendatorio, “relacionados con los derechos a la integridad, seguridad jurídica y libertad personal, así como con la prohibición de la tortura”. A los agentes de la PF, la dependencia deberá proporcionarles “equipos de videograbación, audio y geolocalización satelital que permitan confirmar, a través de su uso permanente, que en las acciones llevadas a cabo durante los operativos respetan los derechos humanos”. Finalmente, sugirió a Durazo Montaño “realizar las gestiones conducentes para reformar el artículo 14 primer párrafo del ‘Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza’, con el fin de que el uso de esos elementos de grabación sea obligatorio y atienda estándares internacionales en materia de rendición de cuentas”.

Javier Duarte se ampara de vinculación a proceso por peculado José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

Avances de Santa Lucía y Dos Bocas se darán semanalmente, dice AMLO Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

Los avances en las obras del aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se darán a conocer semanalmente, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el mandatario adelantó que en cuanto inicien las obras de los trenes Maya y Transístmico también se informará de sus avances semana a semana. También, durante su conferen-

cia matutina de este lunes, López Obrador proyectó un par de videos en donde mostró los avances de las obras en Santa Lucía y Dos Bocas. El tabasqueño aprovechó para “desmentir” que el terreno en donde se construye la refinería no se inundó, pero resaltó que “está de moda exagerar un poco y mentir”. El aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas y los trenes Maya y Transístmico son las más grandes obras de infraestructura con las que el mandatario pretende marcar su gobierno.

Un tribunal colegiado otorgó un amparo al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien apeló la sentencia dictada el 26 de marzo de 2019 por el delito de peculado, así como la medida cautelar que se le impuso luego de ser vinculado a proceso. Con esta sentencia se le ordenó una nueva resolución que funde su estancia en prisión. Tras ser apresado en Guatemala y remitido al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Veracruz fundó la acusación contra el ex gobernador por el delito peculado, cuando ordenó que se desviaran 220 millones de la Comisión de Agua para obras que jamás se entregaron. Tras ser vinculado a proceso, el 20 de mayo del 2018, por dicho delito se le impuso prisión preventiva justificada, pero apeló la sentencia. Luego de un año y medio de litigio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, según el amparo en revisión 106/2019, le concedió la reposición de proceso tras recibir una negativa a la protección constitucional por un juez federal. “Primero. Se revoca la sentencia recurrida de veintiséis de marzo de

dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 518/2018-i-a del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, promovido por el quejoso Javier Duarte de Ochoa”, señaló una notificación del Consejo de la Judicatura Federal. “Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege al referido quejoso, contra el auto de vinculación a proceso dictado por el delito peculado en la audiencia celebrada el veinte de mayo de dos mil dieciocho, y contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta en virtud del dictado de dicho auto de vinculación”, añadió. El 8 de junio de 2018, Duarte de Ochoa presentó el trámite de amparo 518/2018, ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en contra de “el auto de vinculación a proceso de veinte de mayo de dos mil dieciocho”, y “la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en la misma fecha”. Dicha sentencia, según la resolución del juicio, fue impuesta por Júpiter López Ruiz, juez de control del Sistema Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Ocho, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

AMLO aclara sobre sus alusiones a un golpe de Estado: “No hay condiciones” Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

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n el quinto día desde que desató la polémica por sus diversas referencias al “golpe de Estado” contra Francisco I Madero, así como a otros casos de golpismo militar en diferentes países, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó dar por zanjado el asunto. Desde ayer, en un mensaje de video transmitido a través de sus redes sociales, López Obrador expuso que no había condiciones para un golpe, pero lo consideró apropiado ante las expresiones “imprudentes” del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. En la edición 2243 del semanario Proceso, se recuperó parte de los dichos del general Gaytán, el 22 de octubre, en un desayuno de la cúpula militar en retiro al que asistió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Tras esas declaraciones, abordadas el jueves 31 durante la conferencia de prensa presidencial matutina, López Obrador indujo el tema, particularmente, por la conducta de los medios de comunicación. Y es que, la reseña de dicho desayuno publicado el miércoles por el diario La Jornada, sumó un segundo día de reclamos el jueves 31, y en un contexto de malestar evidente del mandatario contra la prensa, recordó que previo al golpe contra Francisco I Madero, la prensa creó un ambiente para que ocurriera, por lo que Gustavo Madero habría dicho “le muerden la mano al que les quitó el bozal”. López Obrador expuso esa mañana

De la redacción Ciudad de México (apro)

El expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, reaccionaron ante la revelación que hizo esta mañana el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la investigación de los ataques a la prensa que se hicieron virales el jueves pasado y en los que presuntamente estaría involucrado su hijo, Luis Felipe Calderón Zavala. Ambos respondieron a través de sus cuentas de Twitter. Calderón acusó que López Obrador utiliza el poder del Estado para deslizar una mentira sobre su hijo, exponiéndolo, lo que calificó como “una cobardía inadmisible” y le pidió “distraer” a la opinión pública de sus fracasos de otra manera. Más escueta, Margarita Zavala se limitó a pedir al mandatario que no utilice a su hijo para “esconder su fracaso”. Margarita Zavala @Mzavalagc Señor Presidente @lopezobrador_

Desde ayer, en un mensaje de video transmitido a través de sus redes sociales, López Obrador expuso que no había condiciones para un golpe, pero lo consideró apropiado ante las expresiones “imprudentes” del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.

en la conferencia de aquel día por primera vez la idea del golpismo, con esa historia, al decir “ayuda a entender”, y para el sábado 2 emitiría una serie de tuits en los que básicamente planteó que no hay condiciones para un golpe, en un mensaje dirigido a “los conservadores y sus halcones”, luego, ayer domingo, emitió un video desde su casa en Palenque, Chiapas, donde pasó el puente por el Día de Muertos, en el que reiteró que no había condiciones. En su conferencia de prensa de hoy, una vez más, el tema fue objeto de atención y para precisar lo dicho, el mandatario pidió que se expusieran los mensajes que venía emitiendo a través de las redes sociales desde el jueves. Hoy llamó a no tener temor de un golpe, porque insistió no hay condiciones. “Nada de indefiniciones, en políti-

ca la comunicación debe ser honesta. Hay que tener mucha claridad y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de estado. No existen condiciones, no hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación”, expuso. Luego se refirió a las expresiones del general Gaytán –a quien consideró en días pasados “un general calderonista”– como motivación de sus mensajes: “Y surge esto también porque la declaración del general es pues… imprudente. Tienen todo su derecho a expresarse, pero si leen ustedes el texto hay una actitud poco mesurada. Recuerdo algo que dice: hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante conservador” El mandatario expuso que ese ti-

po de expresiones ocurren porque el operativo de Culiacán, ocurrido el 17 de octubre “sacó a flote muchas cosas”, y añadió: “Por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán, y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaban pantalones y eso entendido o interpretado como una ofensa al ejército…” Todo lo anterior, de acuerdo con la valoración presidencial, ocurre porque hay una nueva política que en lugar de eliminar intenta respetar derechos humanos y cuidar la vida, lo que sostuvo, lleva tiempo. “Afortunadamente, la mayoría de la gente nos está apoyando y respaldando, desde luego que incluyo a los soldados que son pueblo uniformado. Sin embargo, se creó ese pensamiento, autoritario reaccionario, durante el período neoliberal, además arriba de los que dan órdenes no de los que iban a terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente”. En su alocución, el mandatario hizo amplias referencias históricas, destacadamente al período maderista, para insistir en que no hay condiciones para un golpe en la actualidad pues aseguró, su gobierno cuenta con respaldo popular.

“Cobardía inadmisible” exponer a mi hijo; no lo utilice para esconder su fracaso: Calderón y Zavala a AMLO : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. Y desde la cuenta “Tumbaburros” que se asume como una cuenta de sátira política y cuya creación se ha atribuido al hijo de la pareja Calderón Zavala, lo que fue desmentido por el propio usuario, se publicaron dos tuis en alusión a las revelaciones hechas esta mañana en la conferencia de prensa presidencial en los que el usuario se burla de López Obrador y lo responsabiliza de lo que le pueda pasar a él y a su familia. Y es que, en el análisis presentado en la conferencia por Alejandro Mendoza Álvarez de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la SSPC, se reveló la identidad del usuario. “Del análisis de redes de vínculos, se encontró que las granjas de bots asociadas al ataque y propagación

de un sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal, se identificó la cuenta “moher bot” asociada a la cuenta #TumbaBurros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszco, a través de la cual se identifica importante actividad “child bot” de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala”, se lee en el informe. Al respecto, el usuario de la cuenta @tumbaburross respondió: tumbaburross® @tumbaburross Primero se inventa un golpe de estado, y como vió que todos nos reímos de eso. Ahora va contra mi. Pobre Presidente, un hombre moralmente derrotado porque su proyecto de la 4Ta transformación es un absoluto fracaso. A ver a qué hora se pone a pone a trabajar.

En un segundo tuit indicó: tumbaburross® @tumbaburross 1- Soy mexicano 100%. 2- No soy LuisFe Calderón. 3- No tengo granjas de bots. 4- La empresa que contrató el Presidente para investigarme es una basura. 5- López le sigue mintiendo a todos los mexicanos. Hago responsable a @lopezobrador_ por mi seguridad y la de mi familia.

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La población infantil se encuentra en estado de alta vulnerabilidad en los albergues: CNDH Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a opacidad sobre el número y situación jurídica de miles de niñas, niños y adolescentes ingresados en los Centros de Asistencia Social (CAS) y en los albergues públicos y privados mantiene a esa población en estado de alta vulnerabilidad, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, existen 877 establecimientos donde “prevalece la ausencia de políticas públicas e integrales para la atención de la población menor de edad, y se carece de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están y cuál es la situación jurídica” de esas personas. De los 877 establecimientos, 119 son públicos y 562 privados, registrándose la mayor concentración de CAS y albergues en Chihuahua (193), Baja California (96) y Tamaulipas (55). Sobre la falta de información, la CNDH señaló que del periodo del 1 de enero al 10 de febrero de 2016 --actualizados los datos al 31 de enero de 2019-- “los sistemas DIF de Chihuahua, Jalisco y Colima no refirieron la naturaleza jurídica de 196 (instalaciones), 21 sistemas DIF no remitieron información de los CAS, y el DIF nacional informó que en 2019 cuenta con información de 95 CAS a nivel nacional, reportados sólo en nueve entidades federativas. “Los estados de Hidalgo, Michoacán y Yucatán no informaron si cuentan con base de datos de las personas menores de edad residentes en sus centros, y sólo 15 entidades aportaron información sobre los motivos de ingreso a los CAS, en tanto que Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán no proporcionaron datos sobre denuncias por delitos contra personas menores de edad albergadas”. Según la información a la que tuvo acceso la CNDH, a través de solicitudes explícitas a gobiernos de las 32 entidades federativas y el gobierno federal, habría en el país 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de los CAS y albergues, de los cuales sólo se tendría información de 16 mil 620 menores (7 mil 988 son varones y 8 mil 682 mujeres). El documento agrega que se desconoce la situación jurídica de 19 mil 126 niñas, niños y adolescentes, siendo los únicos datos obtenidos de “mil 959 personas con posibilidades de reintegración familiar, 627 candidatas a adopción, mil 858 con necesidad de regulación de su situación jurídica y cero candidatos de acogimiento

familiar”. Presentado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, el texto advierte sobre la inexistencia de una política de “prevención de las causas de los ingresos de niñas, niños y adolescentes a los CAS”, en tanto que las instancias de procuración de justicia “no cuentan con registros adecuados sobre la incidencia de delitos cometidos contra la población residente en CAS y albergues, ni de las personas menores de edad que se canalizan a ellos”. El organismo resaltó que de las solicitudes de información que formuló sobre los motivos de ingreso a los CAS y a los albergues, sólo 15 entidades respondieron, siendo la causa más frecuente la de “protección y resguardo” con 2 mil 451; migración, mil 837; ser víctima de violencia, abandono, abuso sexual o violación, mil 699; por omisión de cuidados, mil 673; ingreso voluntario, 792, y por carecer de cuidados parentales, dos. “La falta de información sobre los CAS y albergues públicos y privados es obstáculo para la toma de decisiones de las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño o adolescente que se canaliza a ellos, así como origen de varias recomendaciones emitidas por este organismo nacional” --al menos siete--, entre las que resalta la 18/2018 sobre el albergue “La Gran Familia” en Michoacán, abundó. Entre los temas de preocupación, la CNDH sostiene que “son frecuentes las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que residen en esos lugares, donde falta personal especializado, suficiente y con capacitación periódica e idónea”, de ahí la urgencia de que se destinen presupuestos que cubran los requerimientos de su operación, que varía según la entidad federativa. El documento precisa que, aun cuando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a todas las autoridades a actuar en favor de la infancia, “sólo los sistemas DIF están encargados de los programas para la población en CAS y albergues, sin embargo, no se enfocan a las causas de ingreso a los mismos, sino que brindan cuidados básicos, lo que ocurre de forma fragmentada y no transversal”. Durante la presentación del infor-

me, el primer visitador de la CNDH consideró que el Estado mexicano “debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia” en las instalaciones señaladas, ya que “la política pública dirigida a esa población debe incluir acciones de prevención de violencia, la mejora de los procesos de atención, la restitución de sus derechos, la reparación de daño, garantías de no repetición, y propiciar que quienes se encuentran en ellos tengan la oportunidad de reintegrarse con su familia o integrarse a un nuevo grupo familiar en el menor tiempo posible”. La recomendación está dirigida a las secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Cultura y de Bienestar, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de las entidades federativas y a los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A las secretarías federales, la CNDH recomendó “incorporar en sus planes, programas y estrategias a la población menor de edad residente en CAS y albergues públicos y privados del país, adoptando medidas diferenciadas para garantizar el acceso a todos sus derechos en condición de igualdad respecto de otros grupos de la población menor de edad”. A los gobiernos estatales y sus congresos se les requirió “destinar recursos suficientes para fortalecer las instalaciones de procuración de justicia y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando la necesidad de atención especializada por personal experto y contar con infraestructura material y técnica de calidad para garantizar la seguridad, integridad y cumplimiento de sus derechos”. A los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se les urgió a “recopilar datos a nivel federal, estatal y municipal sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en CAS y albergues; incorporar en sus planes de trabajo acciones, programas y políticas públicas para su protección; identificar, prevenir y atender las causas que generan la separación familiar de las personas menores de edad,

e implementar políticas de desinstitucionalización progresiva, someter a discusión de integrantes de los SIPINNA federal y locales la situación de macroinstituciones operadas por el sector privado, fundaciones y organizaciones civiles, y diseñar políticas públicas para que su personal respete y cumpla los derechos de la niñez y adolescencia, y existan mecanismos de denuncia amigables y se privilegie la comunicación permanente con sus familias y comunidades para asegurarles un desarrollo integral”. La CNDH también solicitó al Congreso de la Unión reformar el artículo 107 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de “ampliar las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la vigilancia y supervisión de centros de asistencia social y/o albergues en que los menores están bajo modalidad de internamiento y no necesariamente carecen de cuidados parentales, modificar dicha ley para establecer la prohibición expresa del castigo corporal y armonizar leyes en la materia relacionadas con el cuidado temporal a la población menor de edad”. El documento también hace recomendaciones a los congresos locales para que impulsen “que leyes y normas regulen la autorización, registro y supervisión de los CAS y albergues públicos y privados que atienden a población menor de edad”, así como a fiscalías y procuradurías locales, que “deberán establecer lineamientos para regular la canalización de personas menores de edad a CAS y albergues públicos o privados autorizados por las Procuradurías federal y locales de Protección”. El informe pide al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) mantener actualizado su Censo de Alojamientos; al Sistema DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se les requirió realizar acciones para que los CAS y los albergues “presten servicios en condiciones seguras y dignas, consoliden y actualicen el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y proporcionen orientación a las Procuradurías de Protección locales en materia de recopilación de datos”. A los sistemas DIF estatales y municipales y las procuradurías de protección se les solicita capacitar y evaluar a su personal en materia de derechos humanos y derechos de niñez y adolescencia, así como elaborar protocoles de prevención y atención en casos de violencia. Por último, a los titulares de las procuradurías y fiscalías se les recomienda mejorar los sistemas de registros sobre denuncias y delitos contra la población infantil, y capacitar a su personal en derechos humanos y derechos de menores de edad y adolescencia.

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Reformar Ley de Víctimas para niñez en orfandad por feminicidio en BC Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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n Baja California se presentó una propuesta de reforma a la Ley de Víctimas local para que en el Registro Estatal de Víctimas se contemple la integración de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. La propuesta la presentó en el Congreso local la diputada independiente María Trinidad Vaca Chacón, con el objetivo de modificar la fracción IV al artículo 103 de la Ley de Víctimas de Baja California. Se busca que en el registro de víctimas, diversas instancias en el ámbito estatal, municipal, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estén obligadas a documentar y entregar información respecto a las niñez y adolescencia que esté en situación de orfandad por el feminicidio de sus progenitoras. También contempla reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes estatal, para que las autoridades de

Silvia Núñez Esquer Hermosillo, Son. (Cimacnoticias)

Por segunda ocasión una académica integrante del Grupo de Trabajo para investigar la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora (AVGM) renunció por irregularidades detectadas en el proceso, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim. La Doctora Raquel Güereca Torres, coordinadora de Bienestar Universitario y Género, de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, denunció que fue blanco de exclusión y violencia institucional por parte de la Conavim, pues el Grupo de Trabajo publicó falsedades sobre ella en la minuta de la tercera reunión del colegiado. La académica dijo que fue injuriada y difamada, pues en el sitio de transparencia de la Conavim se incluye un párrafo donde se muestra inconformidad por su supuesta inasistencia a las más recientes reuniones, aún cuando ella avisó que no podría estar presente y envió documentos con sus comentarios vía drive creado exprofeso para el GT de Sonora. Esta renuncia se suma a la de Mercedes Zúñiga Elizalde, quien en el proceso de solicitud de AVGM para el municipio de Cajeme, Sonora de 2015, denunció irregularidades en el proceso e intromisión del Gobierno del estado de Sonora para influir en la decisión del GT para que no se declarara la AVGM en dicha entidad.

la entidad y sus municipios, adopten “medidas de protección especial para las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio”. Así como “medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación” de la que puedan ser víctimas. La orfandad por feminicidio se asienta en la iniciativa turnada a la Comisión de Justicia, “viven con un alto grado de vulnerabilidad, esto en razón de que persiste un contexto de violencia e impunidad, que se agrava por una incapacidad del Estado mexicano para brindar las condiciones mínimas necesarias para proteger a las víctimas indirectas de los casos de feminicidio”.

Impulsar un registro sobre la orfandad por feminicidio no es único del estado de Baja California. A través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se ha solicitado a los estados información para contar con el primer registro de la niñez y adolescencia que queda desprotegida por el asesinato de sus madres. Como parte del “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México”, que presentó en marzo de 2019 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Inmujeres, ha estimado que 3 mil 400 niños y niñas quedaron en orfan-

dad sólo de diciembre de 2018 a abril de 2019. La cifra es una proyección por la falta de documentación. Se obtuvo a partir de multiplicar los asesinatos de mujeres del mismo periodo, mil 500 casos en total, por la tasa de natalidad, de 2.21 hijos por mujer, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid). Contar con este padrón permitiría dimensionar la profundidad del daño que ha causado el feminicidio no sólo a las mujeres, también a las víctimas indirectas. Sin embargo, una investigación periodística de Cimacnoticias, evidenció que en las entidades no existe registro de la niñez y adolescencia que queda en orfandad como consecuencia del asesinato de sus madres. Asimismo que a partir de la visibilización del problema, la atención ha caído a cuentagotas a estas víctimas indirectas. Algunos estados como Jalisco y el Estado de México, cuentan con programas de apoyo económico para la niñez y adolescencia en esta situación, pero hasta ahora se desconoce la cifra de víctimas indirectas y el resultado que han tenido estos programas.

Renuncia integrante del Grupo de Trabajo sobre Alerta de Género para Sonora Con fecha 31 de octubre de 2019, Raquel Güereca presentó su renuncia al GT, dos días antes de haber solicitado una réplica al Acta publicada sin haberla contactado para preguntar qué había sucedido. La renuncia fue dirigida a la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, a la directora adjunta de Conavim, Nadia Sierra Campos; y al Secretario Técnico del GT, Javier Contreras Arreaga. En el documento, la profesora investigadora de la UAM Lerma, integrante del SNI nivel 1, acusó al GT de sostener un sesgo consistente en un rechazo hacia las Alertas de Género. Señaló que todas las veces que se expresó ese sesgo en las sesiones del GT, ella manifestó que las AVGM no son entidades con vida propia, y que su eficacia depende del funcionariado responsable de su implementación y seguimiento. La académica expuso que el sesgo referido tiene un efecto negativo en los diagnósticos a realizar al revelar falta de capacidad institucional y voluntad de mejorar la implementación del mecanismo de Alerta por Violencia de Género. Advirtió que hay diferencias de fondo entre su postura y la del resto del GT acerca del uso de la perspectiva de género en el análisis de la solicitud de AVGM en seis municipios de Sonora; así como en su consideración expresa

de dar mayor cabida a la voz de las peticionarias en el proceso de análisis y contraste de la información.

Maltrato institucional La ahora ex integrante del GT denunció que ha sido objeto de maltrato institucional por parte de la Conavim, así como de exclusión deliberada por parte del GT, pues no se consideraron sus aportaciones en el borrador enviado el día 30 de octubre para ser discutido en las sesiones del 31 de octubre y el 1 de noviembre a realizarse en Sonora. El agravio “no sólo lesiona mi honorabilidad y el prestigio de mi trabajo académico y compromiso social con la justicia y libertad de las mujeres que realizo en la institución que dignamente represento en el GT: la Universidad Autónoma Metropolitana”, expresó en su renuncia. De acuerdo con la académica, su renuncia se basó en que no existen condiciones de confianza, diálogo y buena fe necesarios para continuar con sus labores bajo el respeto y reconocimiento de su experiencia en la temática. Con relación al panorama que encontró en la visita in situ al estado de Sonora, en el mismo oficio de renuncia lamentó que al entrevistar a jueces de control y otros funcionarios todavía prevalecen los estereotipos de género, así como la comprensión errónea de

algunos conceptos sobre la perspectiva de género, que conducen a omisiones en el acceso diligente a la justicia en casos de violencia feminicida. Como ejemplo citó la dilación en las denuncias de violencia familiar por parte de los Ministerios Públicos bajo la creencia de que “las mujeres no van a continuar con los trámites” y por ello retrasan los procesos. “Algunos agentes entrevistados de las policías municipales señalaron que la perspectiva de género implica “entender cómo las mujeres provocan la violencia en su contra pues están muy empoderadas”, “que no les den de cenar ¿no es violencia?”. Se identificó que no existen condiciones para que tanto el poder ejecutivo como el judicial impidan y sancionen la violencia contra las mujeres, lo que genera un contexto feminicida. Los bandos municipales no tienen perspectiva de género y sólo cuentan con faltas asociadas a la alteración del orden público, especificó.

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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL CASO DE LOS PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO

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on argumentos legales que, al menos en otro caso, ya fueron descartados por la Corte Penal Internacional (CPI), la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó a ese tribunal basado en La Haya, Holanda, que intervenga en México para investigar los asesinatos de periodistas cometidos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que no han sido esclarecidos. El pasado 23 de septiembre, RSF informó en un comunicado de prensa que su secretario general, Christophe Deloire, se había reunido el 12 de marzo con el subsecretario mexicano de derechos humanos, Alejandro Encinas, para informarle que ese organismo defensor de la libertad de expresión e información había acudido a la CPI “para que interviniera en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018”. El documento legal (“comunicación” en el argot de la CPI), que RSF entregó un día antes de su encuentro con Encinas y que fue elaborado en equipo con la ONG mexicana Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, contempla 102 casos de asesinato y 14 desapariciones forzadas de periodistas mexicanos. Aunque ya habían advertido a principios de marzo que interpondrían una acción legal ante la CPI, su entrega formal sólo fue anunciada públicamente, y el documento compartido, hasta seis meses después. RSF y su aliado explicaron que así lo habían decidido “para reiterar nuestro llamado al gobierno mexicano de cumplir con sus obligaciones de prevención, respeto y garantía, así como hacer uso de todos los recursos que disponen las autoridades para investigar de manera eficaz los crímenes cometidos contra periodistas”. El 20 de septiembre, es decir tres días antes de que RSF confirmara su acusación, se habían reunido en La Haya representantes de esa organización gremial, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con Emeric Rogier, jefe de la Sección de Análisis de Situaciones de la Oficina de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. El comunicado de RSF explica que en esa reunión las organizaciones “exhortaron” a la fiscalía a que solicite la apertura de una investigación en México y “colabore con urgencia en la lucha contra la impunidad” que rodea los crímenes de periodistas en el país. Pero también preguntaron a Rogier cómo avanzaba el “examen

Marco Appel

preliminar” de la comunicación de RSF, así como de aquellas que ha presentado la FIDH en alianza con la CMDPDH (casos en Baja California, Chihuahua y Coahuila). Cabe precisar que el “examen preliminar” es la fase en que la fiscalía de la CPI debe evaluar si la situación en México cumple con los criterios jurídicos estipulados en el Estatuto de Roma para iniciar, “si existe una base razonable”, una investigación ya en forma. En su boletín de prensa, RSF guarda silencio sobre lo que respondió Rogier. Para saberlo, este columnista intentó comunicarse con Paul Coppin, jefe del área jurídica de la organización en París y quien aparece como el único representante de RSF que asistió a aquella reunión. Pero Coppin no ha respondido al correo electrónico enviado el 17 de octubre ni a la llamada telefónica realizada la misma fecha. Tampoco devolvió la comunicación por correo Emmanuel Colombié, el director para América Latina, con sede en Brasil, a quien se le escribió el 29 de octubre. La FIDH prefirió no dar información al respecto. La fiscalía de la CPI, por su parte, no está facultada a proporcionar detalles en torno a la evaluación de las comunicaciones a actores externos a las partes. Quien sí respondió fue la CMDPDH a través de su directora de incidencia, Olga Guzmán Vergara, presente en aquel encuentro en la sede de la CPI. El funcionario Rogier, comentó la activista, declaró que la fiscalía sigue analizando ésas y otras comunicaciones sobre México, algunas de ellas entregadas recientemente. Además, Rogier reiteró que “siguen de cerca” el caso mexicano y que “pronto darán una respuesta si será posible o no abrir una investigación”, una referencia ambigua que, en los tiempos que maneja la CPI, podría ser el año en curso o en 2020, pero en todo caso antes de que termine el mandato de la fiscal Bensouda en junio de 2021, espera Guzmán. En ausencia de un planteamiento nuevo expresado por Rogier, todo parece apuntar a que la causa de RSF por obtener justicia para los periodistas mexicanos asesinados o desaparecidos se topará con un muro

muy difícil de franquear en la CPI. Ese ha sido el destino de al menos una decena más de comunicaciones que se conocen porque las han hecho públicas las partes “demandantes” (la CPI no lo puede hacer) y que involucran acusaciones contra los presidentes Calderón y Peña Nieto y funcionarios de alto nivel, así como el narcotraficante preso en Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán. La primera de ellas fue presentada en noviembre de 2011 por el abogado Netzaí Sandoval —hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval—, que acusó al entonces presidente Calderón de más 400 casos de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad y el ejército en su cruzada contra el narcotráfico. Visto desde afuera, hay dos razones para pensar que el expediente mexicano de RSF afrontará el mismo desenlace en lo inmediato. La primera, de ámbito político, es que al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya descartó dar su apoyo a una implicación de la CPI en el país, tal como se lo “recomendó” en su comunicación RSF, que pidió al presidente “remitir la situación” al tribunal de La Haya para que éste “colabore en poner fin a la impunidad” de los crímenes contra periodistas. De hecho, dos días antes de que iniciara el actual gobierno el 1 de diciembre pasado, seis organizaciones que han entregado comunicaciones a la CPI “celebraron” las declaraciones de López Obrador en el sentido de que remitiría a ese tribunal los crímenes atroces ocurridos en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en una discreta visita que realizó a la CPI el pasado 12 de septiembre, la subsecretaria de Asuntos multilaterales y derechos humanos de AMLO, Martha Delgado, declaró escuetamente a la agencia española EFE que el gobierno permitiría la visita de investigadores de la CPI si así lo solicitaran; pero acotó —anulando en la práctica la utilidad de tal ofrecimiento— que “hay instituciones suficientes hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada en México”. Según el conteo de la organiza-

ción Artículo 19, durante el corto gobierno de AMLO han sido asesinados 12 periodistas, quienes no están comprendidos en la acusación de RSF. El Estatuto de Roma, que en México entró en vigor en enero de 2006, establece en su artículo primero que la CPI se rige por el principio de “complementaridad”, lo cual significa que las jurisdicciones penales nacionales de los Estados signatarios, en este caso los tribunales mexicanos, tienen primacía formal para resolver las acusaciones de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad. La segunda dificultad tiene que ver con la argumentación jurídica que desarrolla la denuncia de RSF, que se asemeja a otra que la fiscalía de la CPI desechó unos hace años. En una carta fechada el 22 de octubre de 2015, la fiscalía comunicó que había decidido no abrir un examen preliminar en el caso de presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado en Baja California durante la administración de Felipe Calderón, y que fueron denunciados en una comunicación común por la FIDH, la CMDPDH y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste en septiembre de 2014. La explicación legal de esas ONG, contenido en un documento de 25 páginas y que refiere 30 casos con 95 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, está resumida en el primer párrafo de sus conclusiones. Aseguran que la información de su documento, que incluye jurisprudencia de otros litigios juzgados por la corte, ofrece “una base razonable” para creer que en Baja California “se han cometido crímenes de asesinato, tortura y privación grave de la libertad, como parte de un ataque sistemático, y muy probablemente generalizado, contra la población civil”. Lo anterior, señalan, “como parte de una estrategia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado” “con el fin de mostrar resultados para asegurarse la legitimidad de la política de seguridad y la `guerra´ contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Firmada por M.P. Dillon, la mencionada carta de la oficina de la fiscalía —que esta columna hizo pública el 14 de diciembre de 2017— desmontó ese análisis legal. En resumen, explica la fiscalía, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” las violaciones a los derechos humanos, por más graves que sean, no pueden ser consideradas por la CPI crímenes de guerra (porque en México, se apunta, no hay tal en términos del derecho internacional) o de lesa humanidad.

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l Patronato del Agua Potable en el fraccionamiento Real del Bosque surgió de buena fe como una respuesta al problema del suministro del vital líquido en esa demarcación del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Muchas personas participaron en la construcción de dicho patronato, pero unos cuantos sedicentes personajes se apropiaron de la estructura; convirtieron al patronato en una Asociación Civil; comenzaron a lucrar con la necesidad social del servicio de agua potable y terminaron usurpando la responsabilidad institucional de solucionar el problema, la cual corresponde al Ayuntamiento tuxtleco. El profesor ( jubilado ) Misael Nuñez López ( quien por cierto en sus años mozos participaba en la lucha magisterial como militante de Línea Proletaria ) se hizo del liderazgo del grupúsculo de ambiciosos personajes que comandan el Patronato del Agua Potable en Real del Bosque. En esa tesitura, Misael Nuñez López es el único resposable -en el plano jurídico - por la estafa cometida por dicho Patronato en agravio de la comunidad de vecinos de Real del Bosque, los cuales no sólo han sido esquilmados con altísimas tarifas, sino también

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EL DIVAN Sergio Stahl

** Misael Nuñez López, artífice de la estafa con el agua potable en Real del Bosque ** ( Primera de dos partes )

han sufrido infinidad de actos arbitrarios e ilegales a manos de

Misael y sus compinches. Más temprano que tarde, el

maoista Misael Nuñez López tendrá que enfrentar a la justicia por los presuntos delitos de fraude y usurpación de funciones públicas y los que resulten. La cama ya está tendida, sólo es cuestión que las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado den curso a las denuncias penales que ya existen en contra de Misael Ñuñez López, para que el profesor jubilado termine durmiendo en una celda del penal de El Amate. Mañana, el recuento de los daños cometidos por Misael Nuñez López ( esto es: los actos ilegales y las arbitrariedades ) en agravio de la comunidad de vecinos del fraccionamiento Real del Bosque. BALCON. Desde el momento mismo de su nombramiento como Secretario de Transporte del Estado, Aquiles Espinosa García recibió una instrucción muy clara por parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas: Limpiar la corrupción en esa dependencia y atender a la gente común- y no a los “pulpos” del transporte público- en sus peticiones de nuevas concesiones. Y en esa tarea está inmerso el alto funcionario, quien dicho sea de paso goza de la fama pública de ser un político honesto y persona decente...Eso es todo.

SI AMLO HUBIERA SIDO PRESIDENTE...

S

iempre me han atraído los ensayos de historia contrafactual. Se pueden abrir disquisiciones fascinantes: ¿qué habría sucedido si los girondinos hubieran ganado la revolución francesa, o los mencheviques la rusa?; ¿cómo habría sido el siglo XX mexicano si Porfirio Díaz no hubiera buscado su última reelección en 1910 y su sucesor hubiera sido Bernardo Reyes? Permítaseme, pues, hacer aquí una especulación sobre nuestro pasado reciente en torno a una pregunta: ¿qué habría ocurrido si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente del 2006 al 2012? Van mis conjeturas. Para empezar, estoy seguro de que AMLO no habría emprendido la “guerra contra el narcotráfico” que declaró Felipe Calderón y que tanto daño le ha hecho a México (una estrategia que, dicho sea de paso, critiqué en su momento en varios de mis artículos). Ni cree en ella ni la habría necesitado para legitimarse. Y es probable que la actual política de seguridad de AMLO, que a mi juicio es inadecuada para contrarrestar la violencia epidémica que nos desangra, habría dado mejores resultados

Agustín Basave

en las condiciones de entonces. Es lógico pensar que el antídoto de becas y programas sociales contra la cooptación de jóvenes y de familias enteras por parte del crimen organizado, que hoy parece tardío e insuficiente, habría sido más eficaz cuando la base social de la delincuencia no estaba aún tan extendida y enraizada. De hecho, no es aventurado afirmar que una pacificación con un mínimo uso de la fuerza habría sido más viable an-

tes que ahora. Por eso creo que en este y otros sentidos AMLO llegó tarde a la Presidencia. Huelga explicar que, salvo un par de errores que cometió, la culpa no es suya: lo pararon a la mala. He aquí lo más relevante. En términos anímicos, AMLO habría podido ser un mejor presidente entre 2006 y 2012. Habría ejercido el poder sin la acritud que hoy destila, incubada justamente en la guerra sucia de que fue víctima, en

la turbiedad de un proceso electoral que en sus conferencias mañaneras evoca con enojo y repudia con razón. Su rencor es comprensible, pero el efecto que provoca socava su capacidad de gobernar para todos. Al final de su periodo como jefe de gobierno del DF, cuyo saldo fue más que positivo, había logrado apaciguar su antiguo instinto de luchador. Meses después, sin embargo, tras de la contienda presidencial, experimentó una regresión temperamental que ahora propicia la polarización del país. El revanchismo es mal consejero. Por ejemplo, a menudo da la impresión de que, si bien se investiga y enjuicia a corruptos, la lista de prioridades se elabora en función de afrentas o respaldos. Y tengo para mí que nada de esto habría sucedido, como no sucedió cuando fue titular del Ejecutivo en la capital, si hubiera asumido la Presidencia sin enconos. (Cartas sobre la mesa: colaboré en su campaña de ese año y comparto su convicción de que debió haber sido presidente; deploro su recién adquirida obsesión de pelearse constantemente con el pasado mientras dice que quiere dar vuelta a la página y ver al futuro).

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PUNTO Y COMA; Roger Laid

¡YA VALIÓ MADRE!

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espués del operativo en Culiacán, ya nada es igual e inicia la aparición de varios frentes que el presidente de México ha provocado, si bien es cierto tiene a muchos entusiasmados por el desarrollo que dice en sus mañaneras haber logrado para el país, pero también tiene a muchos inconformes. La retórica es un escudo que el mandatario federal utiliza constantemente para desviar la atención en temas en materia de seguridad pública y economía, bien pareciera, provoca pantallas hábilmente para escurrirse de las críticas por la mala política de su gobierno. ¿Un golpe de Estado? Para nada, así lo considero y más bien –insisto- es una cortina que le sirve al gobierno para suavizar el clima incómodo a nivel nacional. Es atrevido escribirlo pero, eso se observa y la sociedad, sino en su mayoría, si lo demanda. ¿Usted considera que hay inseguridad? Al menos en Chiapas, como otros estados del sureste ha incrementado considerablemente. ¿Una revolución? En la imaginaria, bien parece que es lo que buscan promover desde el centro del país, dejar escrito su nombre en el libro de la historia, y así es, hay una serie de errores en el gobierno a un año de esa “fiesta democrática” que llevo a más de 30 millones de electores a elegir al actual mandatario federal, hoy en día no hemos tenido una revolución, no hay grupos armados y disidentes como el que constituían los verdaderos zapatistas, ni un Plan como el de Ayala, Lo que hoy tenemos es un gobierno que acumula desaciertos, críticas, desesperanza y desilusiones, un gobierno sin verdadera voluntad para reconocer una contraparte que también opina y con la que se debe de gobernar, pero la confunde con

adversarios. Los enemigos están afuera señor presidente, son el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia dispersa pero con control en cada región del país, los que evaden impuestos, los que saquearon en sus gobierno a los estados (como Manuel Velasco Coello con observaciones por parte de la Auditoria Superior de la federación) y los que usted guste, le celebro le haya retirado los contratos millonarios a periodistas, pero no todos deben de ser “fifis” o “deshonestos” ponga en su lugar a quien deba, a los demás respételos, en conclusión no se debe ir en contra de periodistas y medios de comunicación que se aventuran a cuestionarlo.

La referencia

El 24 de Septiembre el reportero del Sol de México Alejandro Jiménez público: El 75 por ciento de los periodistas del país se siente vulnerable ante agresiones de criminales y políticos en México, de acuerdo con una encuesta presentada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), quien además detectó tres grandes problemas para el ejercicio periodístico en el país: ineficacia de las instituciones para resolver ataques a los periodistas; la persistencia y crecimiento del número de agresiones; y la ampliación de las zonas de silencio, donde los medios de comunicación ya no reportan informaciones de inseguridad, derechos humanos y violencia por miedo a represalias. Al presentar el “Informe 2019 Libertad de Expresión en México”, el director de Proyectos de Casede, Armando Rodríguez Luna señaló que la incertidumbre que viven los comunicadores va de la mano con el aumento de la percepción de inseguridad en población abierta que reportan para todo el país entidades

como el INEGI, asociada a su vez con un fenómeno de impunidad por el cual la mayor parte de los delitos nunca son resueltos. ¿Toma en cuenta eso el mandatario federal al sumarse a esas estadísticas? Se observa que durante varias semanas no ha tenido una sola expresión de reclamo contra los capos del narcotráfico que a diario son responsables de numerosos crímenes y señalados por los de muchos periodistas. No es parejo. El mandatario dio a conocer hace cuatro meses que, si estuviera en sus manos, “desparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional”. Ahora habla de golpe de Estado, circunstancia absolutamente indeseable que sólo se podría intentar en un quebrantamiento de la disciplina militar y de la legalidad. Hay que estar pendientes.

Puntos Suspensivos …

Una vez desalojada la caseta de la autopista de “malpasito” (Entre Chiapas y Tabasco) con saldo de 3 muertos misma que tenían en su control “los cara de trapo” hay paz en ese tramo que por años de forma intermitente era presa del secuestro y asalto…Las quejas por falta de pago por algunas obras en el parque recién remodelado de Villaflores evidencian solo al alcalde Mariano Rosales ¿Lo sabe? O ¿En realidad mandaros a realizar obras para quedar a deber?.. ¿Le alcanza la Inseguridad a los municipios de San Fernando, Berriozábal y Chiapa de Corzo? ¿Cuál es su plan de seguridad? Les informaremos estimado lector, ya que la incidencia delictiva ha incrementado en esos municipios... La mayoría de los municipios de Chiapas carece de rellenos sanitarios ¿A eso le apunta VeoliaProactiva? ¿Quiénes podrían ser los beneficiarios? ampliaremos

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Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

GRUPOS DELINCUENCIALES…

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yer hacía el comentarios “sobre el chiste” que se apuntaron los prestadores de servicios turísticos (hoteleros y restauranteros) para autorizar al Ayuntamiento de Tuxtla el cobro de un nuevo impuesto del 1% a los visitantes a la capital de Chiapas. Digo que es de chiste porque esta ciudad en caos, no tiene perspectiva turística por muchas razones. Dejemos que hay un desorden administrativo municipal, que la ciudad está en ruinas, desde las calles hasta la seguridad pública. En muchas zonas la pestilencia de las cañerías es insoportable que hasta de las tuberías de los lavabos sale el olor nauseabundo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública es un chamaco sin capacidad ni experiencia para el cargo, por no decir un inútil. La ciudad está repleta de vendedores ambulantes que la misma autoridad municipal tutela con la finalidad de obtener ganancias que la más de las veces no llegan a la tesorería del Ayuntamiento, lo que refleja opacidad y actos de corrupción.

VANDALISMO A LA EDUCACIÓN…

Pero por otro lado, Tuxtla Gutiérrez no puede ser un destino turístico –a más que quisieran y de buena fe— porque es el centro neurálgico de la política y de las manifestaciones; la caja de resonancia del descontento local y estatal, con razón o sin razón de las “organizaciones sociales” o grupos políticos que exigen a punta de violencia. Antes, el sector que más se manifestaba eran los campesinos alentados por la misma oficialidad y dirigentes de una central campesina –la CNC—que era pilar del partido en el poder –el PRI--, misma que promovía descontentos para que el gobernador en turno resolviera y quedara bien ante la sociedad. Hoy en día, las huestes del magisterio disidente, de la mal llamada “Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” –porque solo coordinan vandalismo; no son de extensión nacional y tampoco de la educación, porque no se han dedicado a educar—han tenido a la capital y muchas regiones del Estado como rehén de sus manifestaciones, bloqueos, toma de calles y casetas de cobro; secuestro y quema de camiones de reparto, de pasajes y particulares, así como en el miedo y la intimidación a la ciudadanía. Este tema de la CNTE ya lo he tratado muchas veces con la sentencia de que ninguna autoridad se ha preocupado por poner un alto a estos actos delincuenciales del magisterio disidente y de sus nefastos dirigentes que se han convertido en millonarios a través del negocio de la movilización.

LA MACTUMATZÁ Y JACINTO CANEK…

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• NORMALISTAS RURALES, IMPUNIDAD TOTAL. • Delitos graves que cometen y no se les cuentan… • Las autoridades ¿cómplices y responsables?... • ¿Qué les detiene aplicar el estado de derecho?... • Comentarios al Margen…

chicos malos” es más dinero; total impunidad y plazas de maestros de manera directa. A eso ya la titular de la Secretaria de Educación, ROSA AIDÉ DOMINGUEZ OCHOA ha revelado que solo en este año 2019, a la Normal Mactumatzá se le han entregado más de 20 millones de pesos. La respuesta sigue siendo el vandalismo como el reiterado del pasado jueves 31 de octubre cuando provocaron un zafarrancho en la zona norte poniente de Tuxtla, secuestrando dos camiones, quemando uno. ¿Esos son los maestros que queremos para las futuras generaciones?. ¿Eso, eso es lo que está creando el propio gobierno Federal y Estatal en una perversa relación con estos delincuentes callejeros? Así, meramente con esas actitudes de la oficialidad y el vandalismo de estos delincuentes contra el sector educativo, no vamos a ir a ninguna parte…

COMENTARIOS AL MARGEN…

De entrada una pregunta: ¿quién tiene la culpa de que la CNTE y los alumnos de las normales rurales hayan crecido tanto en manifestaciones y vandalismo?. La respuesta sería, sin lugar a dudas, las autoridades del Estado y en mucho la Federación. Claro, este no es un mal de hoy ni de ayer, sino desde hace varias décadas gestadas por maestros que luego enseñaron el camino de la exigencia a través de la violencia a sus alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, principalmente, pero también a las otras como la Jacinto Canek. “Mactumatzá, Impunidad Total” es un título de la obra que se vine escribiendo desde hace mucho tiempo, mientras que la autoridad apacible, los deja hacer y deshacer. Entonces, ¿a qué obedece que la autoridad Federal y Estatal de Chiapas no aplique la ley a los “alumnos” de las normales rurales como en el caso particular de la Mactumatzá que es la más rijosa y violenta?. ¿Debe negociar el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS con los dirigentes de la CNTE y los “alumnos” de la Normal Rural Mactumatzá y en su caso la Jacinto Canek para que no sean cerradas definitivamente como ya se ha intentado y en esta administración una vez más?. Preguntas sin respuestas y negociaciones tibias del Subsecretario de Gobernación RICARDO PERALTA SAUCEDO y el Secretario General del Gobierno de Chiapas, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS ante las consignas del Presidente LÓPEZ OBRADOR de “atender” las demandas de estos dos grupos vinculados con el proceso educativo. Se trata de “acordar” impunidad y beneficios para estos delincuentes que por muchas razones y delitos graves, debieran estar en la cárcel. Entiendo que ISMAEL BRITO

MAZARIEGOS, el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, tiene que acatar las órdenes superiores, pero también tienen que cumplir con sus respectivas responsabilidades como los obliga la ley de imponer el orden, proveer seguridad a la ciudadanía y aplicar la ley, en toda su dimensión. Digo pues, ¿qué secretos esconden estas tibiezas o perversas relaciones del Gobierno –Federal o Estatal—con éstos vándalos del “magisterio revolucionario” de la CNTE y/o delincuentes estudiantiles de las normales rurales?. ¿Qué no es un delito secuestrar camiones, quemarlos, robarles sus productos; tapar calles y avenidas o poner en riesgo la estabilidad y vida de los ciudadanos?. ¿Está bien lo que hacen estos mozalbetes delincuentes disfrazados de estudiantes a los que nunca se les ha responsabilizado judicialmente de sus graves delitos?. Estos actos de vandalismo y comisiones de delito no son de reciente manufactura, sino cotidianos, consuetudinarios al punto que el entonces Gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO ordenó el cierre de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, como también lo intentó en su gobierno, PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA. La última escaramuza fue la declaración de la Secretaria de Educación del Gobierno de Chiapas, ROSA AIDÉ DOMINGUEZ OCHOA de que se cerrara la Escuela Normal Jacinto Canek, pero movilizaciones y negociaciones con el Presidente ANDRÉS MANUEL, revirtió el intento, ordenando dialogar con los “estudiantes” y llegar a un “acuerdo”. Eso también es complicidad del Presidente. Los acuerdos que desean “los

CORRUPCIÓN EN CONECULTA…

No es un secreto que en los gobiernos del nuevo milenio: PABLO, JUAN y MANUEL, la corrupción se extralimitó y fue de la manera más escandalosa. En cada paso, en cada esquina nos encontramos con un acto de corrupción que va quedando en el olvido a través del tiempo. No fue una excepción el Consejo Estatal para las Ciencias y las Artes en la dirección de JUAN CARLOS CAL Y MAYOR FRANCO. “Dicen que cuando “Caquymayor” pagaba las pedas, nadie decía nada”. Así lo manifiestan los mismos que tuvieron o no beneficios con su antecesor MARIO UVENCE ROJAS, quien no está exento de señalamientos de corrupción en su gestión de CONECULTA. Es un grito de ahogado el que ahora hacen en contra de CAL Y MAYOR FRANCO por cuanto a que: “publicó más de una docena de libros con costo de más de un millón de pesos cada uno y que sus lacayos viajaron hasta Japón y no dijeron nada”. Hay la percepción de que JUAN CARLOS se escondió en sus imágenes de “Bombón” –como le llaman-para ocultar lo que estaba haciendo en CONECULTA donde le alegan que “a sus supuestos artistas que le alegraron las pedas, los volvieron Premios Chiapas”. Se dicen tantas cosas que la verdad, muchas son de creerse como que compró residencia en Mérida y puso escuela en Berriozábal, pero lo más grave de que se le acusa es que “se asume como periodista” como otros muchos de la cofradía de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO de la que CAL Y MAYOR fue Secretario de Turismo y MANUEL VELASCO COELLO, como lo hace ahora –para blindarse—el famoso “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ. Queda para la historia… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

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Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez

La guerra que viene

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adie con tres dedos de frente, puede sostener que el arranque de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sufrido serios descalabros en temas sustantivos como se evidencia en seguridad y no menor, en la economía con un crecimiento acumulado en 2019 de 0.1 por ciento. Sin embargo y he ahí el punto, como nunca un puñado de analistas y especialistas en estos temas o simplemente opinadores ligados al viejo régimen, al señalar yerros en el tema de seguridad por ejemplo, nunca antes ni siquiera con medida vehemencia y lo pueden checar, habrían señalado, también por ejemplo a Felipe Calderón en su momento, que al declararle la guerra al narcotráfico específicamente a los cárteles más sanguinarios y económicamente poderosos, en su accionar e insisto ahí están las cifras, uno a uno que sumaron miles de civiles, que nada debían y que producto del fuego cruzado entre elementos del ejército, marina y policías federales, fueron cayendo producto de las balas asesinas de los sicarios pero también posible de los propios efectivos, en eso que el propio Calderón llamó como “daños colaterales”. Si les refiero que fueron cerca de 250 mil las víctimas de dicha guerra que se extendió con virulencia con la estrategia de exterminio, por el gobierno de Enrique Peña. Así deberíamos entonces, por mínima congruencia, analizar el fenómeno de la violencia actual, partiendo de la existencia de una guerra tal que se insiste, arrojó la muerte de decenas de miles como de otros mínimo 20 mil desaparecidos, como la causa principal de esta inercia perversa y creciente en la violencia

en el país. No es justificar los yerros que, incluso, han sido reconocidos por los responsables de la seguridad nacional y por el propio presidente. Empero sí considero resulta relevante, que conjuntamente con la nueva estrategia de combate a la delincuencia y violencia en el país, la creación de la guardia nacional conformada mayoritariamente con efectivos de las fuerzas armadas soldados y marinos- con cerca de 75 mil efectivos en su primera fase y diseminados en 150 bases regionales a lo largo de la república mexicana, se espera que a mediano plazo, empiecen a ser factor de seguridad y paz, y que ciertamente hasta hoy no se ha logrado. Así eventos como el de Culiacán, Sinaloa, evidenció fallas de fondo y de forma en el operativo que incluso, lo informó el General Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, la Fiscalía militar está llevando a cabo las investigaciones que le permitan conocer y en su caso de haber, se finquen responsabilidades a quienes estuvieron al mando de dicha operación de captura de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, líder y fundador del Cartel de Sinaloa. Así entonces y ciertamente con los ánimos encendidos entre los adversarios del presidente, que se entiende aunque no se justifica están molestos al perder prebendas y privilegios; más duro aún, poner a la clase política del viejo régimen como un espectador en primera fila del fin de sus redes de corrupción, ahora decía que en un intento de reagrupamiento de lo más prolijo del conservadurismo, están en la línea de hacerle frente al gobierno de López Obrador incluso como ya consignaron las redes, aliándose con una facción -se entiende- de altos rangos mili-

tares o al menos, de uno de esos de apellido Gaytán de quien incluso el presidente, le concedió su derecho a decir lo que piensa aunque fue claro en no compartir su punto de vista, dejando en claro que tal militar, no podía pensar distinto al haber sido en pasados gobiernos un alto mando militar y que en tiempos de la presidencia del famoso “tomandante” Borolas, llegó a ser subsecretario de Defensa y a un paso de ser secretario con Peña. Así o más claro. Ahora de que Marko Cortés dirigente nacional del PAN ausente de calidad moral la quiera suplir con un protagonismo excesivo y absurdo en las redes sociales, haya salido a criticar la decisión presidencial de parar el operativo de Culiacán evitando así un derramamiento de sangre, insista en que el presidente y jefe supremo de las fuerzas armadas hubiera dado la instrucción de “matarlos en caliente”, al tiempo de llamarlo “cobarde” pide excitado que Andrés Manuel ¡renuncie! Así pues, las cartas están echadas sobre la mesa y en este juego de póker político, tanto la oposición como el gobierno estimo, deben traen un as (o varios) bajo la manga. Por lo pronto y para que no se los mande a decir con terceros, el presidente ya les dijo a sus opositores hasta de que se van a morir 8como los quemados de ardor), y que si bien están en todo su derecho de opinar y pensar diferente, igual él en pleno uso de su libertad de expresión y derecho de réplica, les saldrá al paso a las calumnias y falsedades que desde los medios afines y claro desde sus posiciones políticas y de gobierno, quieran urdir para desinformar al pueblo. Así entonces, la guerra que viene se antoja descarnada por lo que los tiros de precisión informativa ma-

yormente, tendrán que venir del propio gobierno ya que será en los medios y en las benditas redes sociales que con todo y pese a todo, serán escenario de batallas cruciales porque está visto que entre la clase política opositora incluso la que gobierna, no son precisamente las voces autorizadas para salir a fijarlas posturas que los puedan avalar. Es decir no creo que desde las dirigencias del PAN, PRI o PRD, salgan pronunciamientos que encuentren eco entre los ciudadanos. Bueno ni entre sus propios correligionarios. Están sí y de hecho lo hacen, desde sus posiciones legislativas donde existen voces con definidos posicionamientos, al menos creíbles para su respectiva grey. Es más y concluyo; al presidente Andrés Manuel lo culpan de polarizar al país pero no son capaces de reconocerse en el espejo, de que son precisamente quienes lo acusan, los principales sujetos en atizar la hoguera al polemizar con base a cálculos perversos, que será, precisamente, la gota sobre la cabeza del tabasqueño la que termine por hacerle un hoyo a la cuatro T. Nada más que se olvidan en su cálculo con el ídem, que la gota tardará en lograr su cometido; en tanto por parte del gobierno de la república, en cuanto abra las compuertas del combate a la corrupción e impunidad aun contenidas, arrasará a su paso con quienes hoy con fines aviesos y de claro predominio de clase, quieren derrocarlo incluso con un golpe de estado que el propio presidente ha descartado. Por cierto un vejete general el tal Gaytán, ya salió a dar un mensaje en las redes sociales que sin duda da pena ajena a los propios generales y tropa. A lo que sólo agregaría; ¡quiere su cocol! ¡Me queda claro!

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 5 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1768

RECORTE

RECONOCIMIENTO

Distinguen a chiapaneco egresado de la UNACH con la medalla “Alfonso Caso”

PEF 2020 en materia de comunicaciones y transportes recorta el presupuesto para Chiapas

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DELITO

Javier Duarte se ampara de vinculación a proceso por peculado

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ENFRENTAMIENTO

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LLAMADO

CNDH emite recomendación a Durazo para reparar el daño a dos personas torturadas en 2014

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Desalojo de caseta en Huimanguillo, Tabasco, deja un muerto y nueve detenidos Un muerto y al menos nueve detenidos fue el saldo de un operativo policiaco que desalojó a balazos a un grupo de hombres y mujeres que, con palos y machetes, tomaron la caseta de peaje “Malpasito” para cobrar cuotas en la carretera federal Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)-Las Choapas (Veracruz), en el tramo de Huimanguillo, Tabasco.

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“Cobardía inadmisible” exponer a mi hijo; no lo utilice para esconder su fracaso: Calderón y Zavala a AMLO