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DOXA
EDITORIAL
Complicidad y encubrimiento en Simojovel
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Después de los acontecimientos violentos de Bochil, San Juan Chamula, Las Margaritas y Simojovel, lo deseable es que la administración de Rutilio Escandón presentara un programa de pacificación
Las prácticas delincuenciales para afectar la vida democrática en Chiapas, aplicadas por Amador Rodríguez Lozano hicieron crisis en Baja California Sur. Ahí a través de la simulación del referéndum se quiere legalizar lo que es ilegal. Este tipo de violaciones se vivieron en Chiapas en los últimos 18 años. En donde Rodríguez Lozano fue el gurú político de los últimos gobernadores.
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EN CHIAPAS
Miércoles 16 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1754
ACUSACIÓN
DENUNCIA
Activista denuncia ataque contra migrantes hondureños en Tapachula
El activista de Pueblos Sin Fronteras, organismo defensor de los derechos de los migrantes, dio a conocer los hechos esta noche. Precisó que el martes 8, entre las 19:30 y 20 horas, hombres armados y encapuchados arribaron en taxi hasta su domicilio, ubicado en la colonia Los Llanos, de la ciudad de Tapachula, donde renta una casa
Taxis no están en condiciones para aumentar el pasaje: usuarios
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BLOQUEO
FNLS realiza boteo en San Cristóbal
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Estado mexicano abierto al escrutinio internacional, pero incumple recomendaciones: ONG a la ONU
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
CÓDIGO NUCÚ
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César Trujillo
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
EXIGENCIA
Ejidatarios de Pueblo Nuevo Sitalá, mantienen retenidos a dos funcionarios del Ayuntamiento de Simojovel
HOY ESCRIBEN
EL DIVÁN
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Sergio Stahl
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CUANDO ESPINO COMBATÍA EN EUROPA A “POPULISTAS PELIGROSOS” COMO AMLO Marco Appel
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FONDEN, EL NEGOCIO DEL DESASTRE Arturo Rodríguez PAG. 4
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL Complicidad y encubrimiento en Simojovel
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espués de los acontecimientos violentos de Bochil, San Juan Chamula, Las Margaritas y Simojovel, lo deseable es que la administración de Rutilio Escandón presentara un programa de pacificación y de construcción de acuerdos para la mejora de la gobernabilidad democrática, pero eso no sucede debido a la falta de ideas y de conocimientos en los funcionarios públicos, que no dimensionan la responsabilidad que tienen en cada uno de esos lamentables sucesos. La respuesta gubernamental sigue estando de parte de la fiscalía, que se circunscribe a la integración de la carpeta de investigación y a la falsa promesa de que los hechos delictuosos no quedarán impunes. La inacción política continúa estimulando a las reacciones violentas de la población, que en lugar de disminuir se prevé que se incrementen, por la falta de respuestas y de atención. La secretaría de gobierno no ha identificado los más de quinientos puntos de conflictividad en el Estado y carece de un mapa de actores. Y sobre los casos de los conflictos del que tiene conocimiento, es porque ya estallaron y no se implementa una estrategia de solución, pues sólo se dedica a la administración de los problemas.
Por eso no es gratuito que el mal de la violencia recorra gran parte de los municipios, debido a la falta de interés gubernamental para la construcción de soluciones. Todo esto se denota a partir de la ausencia de capacitación entre los funcionarios de la secretaría de gobierno y de la fiscalía general, sobre mecanismos de mediación y de solución de conflictos, algo básico que se debiera tener en la administración gubernamental, en el que prevalece la confusión y la falta de ideas. El mayor error en esta administración es la reproducción de mecanismos de complicidad entre funcionarios estatales y municipales, donde algunos participan en la definición de obras y contratación de empresas constructoras y otros sólo se conforman en recibir prebendas de las presidencias municipales. Pero lo que sí es un hecho, es que todos los delegados de gobierno actúan en contubernio con las autoridades municipales, de allí que los problemas no tengan solución y la población tenga que llegar a actos de violencia en la búsqueda de soluciones. Pero la fiscalía general también actúa privilegiando el ejercicio del poder de las propias autoridades, sobre todo porque siempre busca encontrar a los culpables entre la población afectada y jamás hace señalamientos sobre los actos de omisión
de los funcionarios, como si la omisión no fuera un delito en sí mismo. Ejemplo de lo anterior se vive actualmente con las personas heridas del conflicto de Simojovel, que se encuentran hospitalizadas en Tuxtla Gutiérrez, en donde la fiscalía las viene criminalizando, junto con sus familiares, cuando ellos en realidad son los afectados. Con ello la fiscalía busca eximir de responsabilidad a la presidenta municipal y al síndico del ayuntamiento –que son matrimonio aunque hayan simulado un divorcio-, quienes deben de explicar sobre la existencia del grupo armado que tienen contratado para su seguridad personal y que fueron los que dispararon en contra de la población. Aquí la fiscalía está actuando omisa en virtud de que las armas con que se hicieron los disparos pertenecen a un grupo armado al servicio del síndico municipal, que utiliza de manera sistemática a estos sicarios para reprimir la protesta social. No es la primera vez que este grupo ha sido denunciado por los habitantes de Simojovel y la secretaría de gobierno y la fiscalía general conocen de estos antecedentes y continúan encubriendo el funcionamiento de estas prácticas y con ello se evidencia la protección que existe hacia el síndico municipal.
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Activista denuncia ataque contra migrantes hondureños en Tapachula Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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n grupo de hombres armados y encapuchados ingresó el pasado martes 8 al domicilio del activista Irineo Mujica, ubicada en uno de los barrios de Tapachula, donde golpearon a varios migrantes centroamericanos. El activista de Pueblos Sin Fronteras, organismo defensor de los derechos de los migrantes, dio a conocer los hechos esta noche. Precisó que el martes 8, entre las 19:30 y 20 horas, hombres armados y encapuchados arribaron en taxi hasta su domicilio, ubicado en la colonia Los Llanos, de la ciudad de Tapachula, donde renta una casa. En ese momento había un grupo de migrantes hondureños a quienes les dio albergue, porque a uno de ellos le habían realizado recientemente una operación por apendicitis. Los tres sujetos desconocidos ingresaron violentamente a la casa y empezaron a golpear a dos de los migrantes que se encontraban ahí. Los agresores llevaban navaja, arma de fuego y un tubo con el que golpearon a Pablo, uno de los indocumentados. Otro de los agresores apuntó con el arma de fuego al otro joven e hizo que se arrodillara, mientras le daba patadas en todo el cuerpo. “Les decían que eso les pasaba por andar de ‘sapos’ y que ni se les ocurriera llamar a la policía o poner otra denuncia, por lo que en ese momento estaba ocurriendo. En la casa había
El activista de Pueblos Sin Fronteras, organismo defensor de los derechos de los migrantes, dio a conocer los hechos esta noche
otras dos personas, un joven que está en recuperación después de que hace unos tres días fue dado de alta del hospital después de una cirugía de apéndice y la hermana de Pablo, pero estas dos personas no fueron golpeadas, solo amenazadas para que no gritaran o pidieran ayuda. Al retirarse, los tres sujetos se llevaron los celulares y pertenencias de las personas migrantes”, sostuvo el activista. Recordó que esto se da en un contexto de criminalización hacia los migrantes y una campaña de linchamiento mediático en su contra. Mujica recalcó que una semana antes de esa agresión, el pasado jue-
ves 3, los migrantes agredidos fueron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia por fraude y extorsión, en contra de una red de presuntos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les habían prometido regularizar su estancia legal en México, pero nunca lo hicieron y sólo les quitaron el dinero. Había “la promesa de que se les conseguiría visas humanitarias por una cantidad cercana a los 5 mil pesos por cada documento”, precisó. Añadió: “Después de la denuncia, Pablo y otros tres migrantes fueron al domicilio de la persona que les había quitado el dinero y lo sometieron y
exigían les devolviera su dinero. Al tener una negativa llamaron a una patrulla de la policía municipal y retuvieron el teléfono del estafador para asegurar el chip y los mensajes, para guardarlos como prueba de la comunicación mantenida y del fraude cometido; al llegar los policías, solicitaron a los migrantes que dejaran en libertad al estafador y le entregaron el teléfono y chip, pues de los contrario se volvería la acusaciones en contra de los migrantes… Pablo y los otros jóvenes migrantes se retiraron y vieron que el estafador también era liberado por los policías después de haber estado hablando con este sujeto”. Pablo cree que el estafador pudo haber reconocido a alguno de los jóvenes del grupo que interpusieron la denuncia en la FGE y fue obligado a revelar la dirección en donde estaba viviendo con los otros migrantes, “que es el domicilio a donde fueron el día de ayer esos tres desconocidos a golpearlos y robarles sus pertenencias”. El activista dijo que este ataque no paró ahí, porque han continuado los ataques y acosos mediáticos hacia su persona y los migrantes que denunciaron ante la FGR. Por ello, pidió al gobierno federal garantice su seguridad y la de los migrantes hondureños que no pueden ser deportados en tanto mantengan una denuncia penal en contra de sus agresores que los estafaron.
No cesan protestas para exigir espacios en normales de Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Desde hace un mes no han cesado en la capital chiapaneca las protestas de aspirantes a normalistas, así como de los propios egresados de estas escuelas, quienes por un lado exigen espacios en las escuelas y por el otro plazas para laborar. Este mismo martes arribaron y se plantaron dos grupos de aspirantes a normalistas en la entrada del palacio de gobierno para exigir más de cien espacios en escuelas normales de Cintalapa y Tuxtla Chico. Las jóvenes aspirantes a la Escuela Normal Experimental Ignacio Manuel Altamirano de Tuxtla Chico dieron a conocer que en esta institución se otorgaron únicamente 25 espacios, por lo que se quedaron fuera 45 jóvenes que pretenden cursar la licenciatura en
educación primaria. “Somos alumnos que no alcanzamos los porcentajes para ingresar, sin embargo no tienen más alternativas ya que son hijos de campesinos o trabajadores humildes, de los ejidos cercanos a la cabecera municipal. Nos merecemos una oportunidad para prepararnos académicamente, ya que en otros casos sí se han ampliado los espacios para que nadie quede fuera, si no tenemos respuesta acá nos vamos a quedar en plantón”, expresaron. Samuel Flores Álvarez, padre de familia que acompaña esta movilización, dio a conocer que en esta escuela se imparten dos licenciaturas, en educación primaria y preescolar. “La demanda de esta escuela es muy grande ya que los jóvenes egresados del nivel preparatoria de toda la franja fronteriza buscan
ingresar en estas carreras, por ello la importancia del otorgamiento de más lugares. En este año son 50 matrículas que se requieren, demanda que han llevado a la ciudad
de México, de la que instaló una mesa de diálogo con el gobierno del estado, sin embargo no hay respuesta por parte de las autoridades educativas”, expuso.
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Ejidatarios de Pueblo Nuevo Sitalá, mantienen retenidos a dos funcionarios del Ayuntamiento de Simojovel De la Redacción Simojovel e Allende, Chis. (Tribuna)
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jidatarios de Pueblo Nuevo Sitalá en el municipio de Simojovel, localizado en la región V Norte del Estado, cumplieron dos días de mantener retenidos a la regidora, Manuela Cruz Pérez y al secretario del Ayuntamiento, César Hernández Pérez. De acuerdo con boletines de prensa del gobierno estatal, hasta este momento las autoridades estatales mantienen un proceso de negociación para liberar a los funcionarios. Cabe mencionar que la alcaldesa, Viridiana Hernández, así como el síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, fueron rescatados por la Policía Municipal luego de que un grupo de alrededor de 300 personas intentaran retenerlos y llevarlos a la comunidad Pueblo Nuevo Sitalá. Sin embargo, los otros dos funcionarios no tuvieron la misma suerte y fueron alcanzados por la turba enardecida y fueron llevados por la fuerza para negociar sus exigencias con autoridades municipales como estatales. Ayer mismo el síndico municipal de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, responsabilizó al dirigente local del partido Podemos Mover a
Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
Integrantes del Frente Regional Luz Social realizaron un bloqueoboteo sobre el tramo carretero de esta ciudad a Comitán de Domínguez, justo a la altura de la comunidad El Carmelito, con la finalidad de recaudar dinero y apoyar a uno de sus compañeros enfermo. Y es que Roberto Espinosa Sántiz desde hace varios meses presenta problemas de salud, le han solicitado ayuda a las autoridades municipales de Villa Las Rosas, el cual ha sido nulo, por lo que decidieron realizar un boteo. “Nuestro compañero de tan solo 22 años se enfrenta a la enfermedad de dengue hemorrágico, no fue atendido en nuestro municipio, nos vimos obligados a trasladarlo a la ciudad de San Cristóbal, hoy precisamente se está cumpliendo un mes y medio con esa enfermedad”. Aseguraron que en diversas ocasiones se acercaron al presidente municipal de Villa Las Rosas para
Cabe mencionar que la alcaldesa, Viridiana Hernández, así como el síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, fueron rescatados por la Policía Municipal luego de que un grupo de alrededor de 300 personas intentaran retenerlos y llevarlos a la comunidad Pueblo Nuevo Sitalá
Chiapas, Roberto Gordillo -excandidato a presidente municipal-, de ser el autor intelectual de los hechos ocurridos el pasado lunes en la cabecera municipal. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) como en todos los casos en donde los pobladores les ganan la partida, anunció que
inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Simojovel, donde fueron retenidos los dos funcionarios y hubo cuatro personas heridas. Asimismo, detalló que inició la coordinación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con la Policía Municipal, la Policía Estatal y la
Guardia Nacional, para realizar operativos disuasivos que garanticen el orden y la paz en la región. Según el boletín de prensa señala que un grupo especial de la Fiscalía ya fue enviado al municipio para integrar la carpeta de investigación, a efecto de deslindar responsabilidades y que no haya impunidad.
FNLS realiza boteo en San Cristóbal solicitarle a su apoyo, “pero vemos tiene la mala costumbre de no apoyar”, según citan en uno de los escritos entregados a los conductores. Lamentan que el alcalde Rodolfo Rigoberto Robles Díaz, no tenga el carácter “moral” de apoyar a un habitante de su municipio y más aun cuando se trata de un enfermo, donde se confirman las mentiras de los funcionarios de gobierno de los diferentes niveles por el apoyo en materia de salud. Los miembros de la organización iniciaron sus actividades desde las 7 de la mañana y concluyeron pasada las 2 de la tarde, cobrando de 20 a 50 pesos según el modelo y tamaño de la unidad, buscando reunir una cantidad considerable, pues los gastos de la familia de Roberto Espinosa “son fuertes”. Adelantaron presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para exhibir la falta de atención media en Las Rosas, además para que le
llegue el mensaje al gobernador del estado, y tome cartas en el asunto. En dicho escrito piden también el pago o devolución de una unidad “moto taxi” propiedad de Edi Arbey Hernández Pérez, que fue destrozado por un grupo de personas encabezadas por Victoria Tamayo alias la Víbora, del cual tienen conocimiento las autoridades de gobierno que no
han dado la atención. Advierten que de no haber solución, tomarán medidas por sus propios medios, y el gobierno será el culpable por no dar solución, por lo que exigen atención inmediata a su compañero enfermo y al dueño de la unidad dañada que era el medio de obtener recursos para el sustento de sus familias.
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Taxis no están en condiciones para aumentar el pasaje: usuarios René R. Coca. Tapachula, Chis; (interMEDIOS)
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nte el incremento arbitrario en los cobros del servicio de taxi en las últimas tres semanas, usuarios de Tapachula exigen a la Secretaría del Transporte emita sanciones para aquellos sitios y taxistas que se valen de la necesidad de la gente para aumentar la tarifa desde cinco hasta 15 pesos más de lo permitido oficialmente; además dijeron de estar de acuerdo en la entrada del servicio por aplicaciones como Uber, que haría que los actuales concesionarios pusieran mayor atención en sus unidades y calidad de servicio de los conductores. Ante la queja generalizada de usuarios de taxis, los entrevistados coincidieron en que la gente aborda una unidad por la necesidad de llegar a tiempo, por las fuertes y constantes lluvias, o bien porque el sistema de transporte colectivo funciona hasta determinada hora y el taxi es la única opción para trasladarse; sin embargo, en los últimos días han resentido el aumento de la corrida desde cinco y hasta 15 pesos más de lo que se pagaba, lo que ha ocasionado inconformidad y hasta conatos de golpes al negarse a pagar una cantidad no autorizado oficialmente por parte de
Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Jorge Antonio Hernández Martínez, habitante de Pueblo Nuevo Sitalá del municipio de Simojovel de Allende, negó categóricamente que durante la protesta que realizaron ellos en la presidencia municipal definitivamente no usaron armas porque no las tienen y si las hubieran tenido y usado se habrían defendido mejor de los sicarios del síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, quienes utilizaron armas de fuego e hirieron a varios de sus compañeros. En entrevista para esta casa editorial en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo: “no tengo ningún cargo, no pertenezco a ningún partido político, ni pertenezco a ninguna organización, nosotros habíamos bajado pacíficamente a las entradas de Simojovel e incluso les estuvimos explicando que nuestra protesta se debía a la serie de mentiras que estábamos siendo objeto por parte de la presidenta municipal Viridiana Hernández Sánchez, entre ellas la desatención a nuestras demandas del COPLADEM”. Hernández Martínez sostuvo además que les ha hecho firmar
“Ahora la corrida mínima es de 45 pesos, y es seguro que todos los sitios y taxis independientes se hayan puesto de acuerdo puesto que ninguno cobra lo que oficialmente marca la autoridad que era de 35 pesos; y ni se diga si se trata de distancias mayores porque le suben hasta 15 pesos
la Secretaría del Transporte. “Ahora la corrida mínima es de 45 pesos, y es seguro que todos los sitios y taxis independientes se hayan puesto de acuerdo puesto que ninguno cobra lo que oficialmente marca la autoridad que era de 35 pesos; y ni se diga si se trata de distancias mayores porque le suben hasta 15 pesos. Lo peor de todo es que a veces nos subimos confiados y al bajar nos dejan
caer el cobro sin ningún argumento más que el de su voluntad, y si no se les paga, ya quieren golpearle a uno o mandan pedir refuerzos por radio como si los que robamos somos nosotros y no ellos” narró don Francisco Alcantar. Por otra parte, los usuarios expresaron que la mayoría de las unidades están viejas y en malas condiciones; “usted cree que voy a pagar más cuan-
do los asientos están rotos, las puertas apenas y cierran, los cristales no suben ni bajan, el carro está sucio, el taxista anda de mal humor y ya ni le comento que el clima no les sirve cuando estamos en una región de altas temperaturas la mayor parte del año” expresó la estudiante Mónica “N”. Al tratar de entrevistar a los conductores de taxis, estos no quisieron comentar nada ante micrófonos, solo se concretaron en decir que fue una instrucción que les dio el patrón y que también les han aumentado los costos de llantas, refacciones y otros servicios para que la unidad funcione, aunque admitieron que no han visto ningún aumento oficial por parte de las autoridades. Finalmente, la población indicó que es necesario que el servicio de taxis se modernice y ofrezca unidades dignas para el usuario, y que ante la renuencia de los actuales concesionarios, le apuestan sin chistar a la utilización de Uber y otras aplicaciones que ya funcionan en otras partes del país. (iM-rrc).
Grupo de inconformes que protestaba contra alcaldesa rechaza haber usado armas de fuego muchos documentos los cuales aparentemente amparan la solicitud de los habitantes de Sitalá para el mejoramiento de vivienda y que del ofrecimiento de beneficios sociales a cambio de firmas tiene aproximadamente como siete meses. “Ella nos hizo firmar a casi toda la comunidad a cambio de recibir cuatro pacas de láminas y nosotros firmamos y al final de cuenta ni sabemos para qué o con qué fin fueron usadas nuestras firmas porque desconocemos que justificaron con esto y tiene como quince o vente días que volvimos a firmar y que ahora solamente nos darían diez o quince láminas”. Y que ante tantas mentiras por parte de la autoridad municipal decidieron bajar de su comunidad, pues ya estaban muy cansados de tantas mentiras, y que incluso hasta la misma Secretaría General de Gobierno conoce de esos hechos pues la alcaldesa ha sido llamada a la Secretaría General de Gobierno, pero no ha acudido.
A pregunta expresa sobre quienes hicieron los disparos categóricamente respondió: “la pura verdad ellos empezaron primero con los guarda espaldas que tiene el síndico municipal, y los que hicieron los disparos no fueron policías municipales, porque los policías municipales tienen prohibido usar armas, y quienes hicieron los disparos fueron los guarda espaldas del síndico y nosotros tuvimos cinco compañeros heridos entre los cuales uno de ellos tiene un balazo en el pecho pero por fortuna
no paso a mayores”. Al tiempo que denuncio que elementos de la Fiscalía General del Estado en efecto amenazaron a los familiares de los heridos que se encuentran hospitalizados en el Gómez Maza y que su estancia en esta capital no es segura porque les han dicho que tienen órdenes de aprehensión por lo que solicitó al Fiscal General del Estado para que las diligencias se hagan conforme a derecho y se castigue a quienes abrieron fuego contra los manifestantes, finalizo.
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Tras 27 días en huelga de hambre dan libertad absolutoria al activista Miguel Ángel Peralta Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
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urante la madrugada de este martes 15 de octubre, el activista oaxaqueño, Miguel Ángel Peralta Betanzos, logró su “libertad absolutoria”, después de 4 años, 5 meses, 14 días que estuvo preso y tras 27 días en huelga de hambre, acusado por homicidio calificado y sentenciado a 50 años de prisión y la reparación del daño por 154 mil pesos. Peralta Betanzos aceptó hablar con Apro, a unas horas de su liberación, pese a sentirse cansado y mareado por la huelga de hambre. Aun con a su mermado estado de salud, el activista no dejó de recordar a sus compañeros que todavía siguen presos por este caso, en la prisión de Santa María Ixcotel, Oaxaca, “la peor cárcel de todo el estado”, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “En todo este tiempo el proceso fue irregular, las autoridades que administran la justicia en nuestro estado pues siempre se comportaron de manera omisa ¿no? y pues nunca hubo acceso real a la justicia ¿no? De hecho, en el mismo proceso se alargaron los interrogatorios, no se presentaban los testigos a declarar,
Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
Unos 168 migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nepal han sido rescatados en los últimos tres días por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en territorio veracruzano. Ayer, 98 migrantes –65 adultos y 33 menores– fueron auxiliados en el municipio montañoso de Nogales, luego de ser abandonados en dos autobuses turísticos por parte de traficantes de ilegales, quienes detectaron una importante presencia policiaca, razón por la cual abandonaron al casi centenar de personas a su suerte. Durante un recorrido, oficiales observaron las unidades con placas 054-HU-2 y UVK-948-E, respectivamente, que estaban mal estacionadas; dentro encontraron a 17 menores y 41 adultos de Guatemala, 12 menores y nueve adultos de El Salvador, cuatro menores y 10 adultos de Honduras; así como una persona de Ecuador y cuatro de Nepal. “Fueron trasladados a la Delegación de la Policía Estatal de Ciudad
el Ministerio Público presentó a destiempo sus primeras conclusiones, cuando me sentenciaron, en 2018, a 50 años”, contó. Sumó que, aunado a estas irregularidades, en el expediente no se anotó su nombre sino el de otro de sus compañeros coacusados. “Después de eso no fui presentado a la audiencia final y pues si se llevó a cabo mi audiencia. Yo presenté mis alegatos de manera telefónica y se fue esa resolución, de 2018, y salió negativa para nosotros, en ese año, fue cuando me sentenció el juez Juan León Montiel a 50 años de prisión”, agregó. Consideró que, en ese entonces, consideró que sería una audiencia muy complicada porque Eliza Zepeda Lagunas se convirtió en diputada local por Morena, aunque desde
mayo le suspendieron sus derechos partidarios por seis meses por falta de honestidad. “Ella justo tenía las manos metidas directamente en este expediente penal 02/2015. Después de eso nos fuimos a la apelación que duró, más o menos, un año, en el que se llevaran los expedientes al tribunal superior de alzada”, mencionó. Después de eso, dijo, los magistrados resolvieron que se había violado un derecho fundamental que era estar en la audiencia final y lo que hicieron fue volver a señalar fecha para la audiencia final que fue este año. Esa audiencia se celebró el 12 de septiembre, pero no se llevó a cabo por pretextos de las autoridades, pero al final, se logró que se realizará el
19 de septiembre. “En ese momento, justo pues saliendo del juzgado pues me declaré en huelga de hambre. Antes de esta situación yo le presenté mis alegatos al juez donde les exponía todas estas irregularidades y donde también le decía que todos los testimonios habían sido controvertidos y que los interrogatorios no tenían un valor legalmente justificado porque magistrados de alzada ya habían señalado que los testimonios no cumplían con este requisito y además se habían logrado amparos y una libertad absolutoria en el juzgado mixto de Huautla”, señaló. Para Peralta Betanzos fue muy importante declararse en huelga de hambre, a lo que se sumó la solidaridad de muchas personas a nivel nacional e internacional. “Logramos nuestra libertad absolutoria porque no existen pruebas en el expediente penal que nos señalen. Son señalamientos generalizados. Y también yo exijo la libertad de mis compañeros que siguen presos en Ixcotel, ahora tienen el delito de tentativa de homicidio, ya lograron detener la acusación por delito de homicidio calificado y ahora están esperando su audiencia”, indicó y agradeció la solidaridad de la sociedad que lo apoyó.
Suman 168 migrantes asegurados en territorio veracruzano en últimos tres días Mendoza, donde les brindaron atención médica y alimentos; más tarde, canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM), con sede en Acayucan, en tanto que los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Orizaba”, indicó la SSP. El fin de semana, la SSP resguardó a 15 migrantes originarios de Honduras y El Salvador; además, capturó a seis sujetos por presunto tráfico de personas y aseguró cuatro automóviles. “Sobre la carretera CuichapaNanchital, a la altura de la localidad El Túnel, policías estatales le marcaron el alto a cuatro unidades conducidas de forma sospechosa; tras una inspección intervinieron a David “N”, Miguel Ángel “N”, Santo “N”, Arcos “N”, Lauro Jesús “N” y Erick Armando “N”, quienes trasladaban a 10 hondureños, entre ellos tres menores, y cinco salvadoreños”, informó la SSP en un comunicado.
Autoridades policiacas incautaron un Chevrolet Aveo gris, placas DSM004-A de Chiapas; un Toyota blanco, láminas RUT-842-A; un Chevrolet Cavalier azul, placas SEB-992-A; y un Volkswagen Vento rojo, láminas RMH-631-A. Los detenidos y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto que los centroamericanos fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM), en Acayucan, para determinar su situación. En Lerdo de Tejada, en la región del sotavento veracruzano, 55 migrantes fueron rescatados. Los hechos ocurrieron en la Carretera Federal 180 a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, donde las fuerzas del orden han colocado un puesto de control, cuando se le marcó el alto a un autobús color blanco. Tras una inspección, los oficiales aprehendieron a Eduardo “N”, Car-
los Eduardo “N” y Edgar Ulises “N”, quienes trasladaban a 35 adultos y 20 menores de edad, de los cuales 41 son guatemaltecos, 12 hondureños y dos salvadoreños. La unidad fue asegurada, los detenidos puestos a disposición de la autoridad y los centroamericanos canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM), con sede en Acayucan, para que se defina su estancia en el país. Para el traslado de migrantes a la central migratoria de Acayucan, fuerzas policiacas del Estado solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional.
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CNDH envía recomendación por abusos contra 130 migrantes en septiembre de 2018 Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en evidencia la mano dura de la política migratoria durante el operativo “Contención de Flujos Migratorios”, al formular una recomendación por abusos cometidos contra unas 130 personas en Veracruz, dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Los hechos a los que se refiere la recomendación 78/2019 ocurrieron durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 9 de septiembre de 2018, en que de forma coordinada elementos de la Policía Federal, del INM y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz actuaron en contra de migrantes en las inmediaciones del poblado Los Tigres, del municipio de Juan Rodríguez Clara. En su investigación, la CNDH identificó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal y protección de la salud, en agravio de 130 personas en contexto de migración. El primer indicio de lo que ocurrió el 9 de septiembre, lo tuvo el organismo cuatro días después, que le fue presentada una queja firmada por 98 personas en contexto de migración, quienes denunciaron que alrededor de las 11:30 horas del aquel día, “viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía ‘Ferrosur’, cuando a la altura de Los Tigres escucharon disparos de arma de fuego y al percatarse que en el lugar
Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó las expresiones y conductas de funcionarios públicos y legisladores que en días recientes han denostado u ofendido a las mujeres desde los espacios de poder, y expresó su solidaridad con las agraviadas. En un comunicado, el organismo recordó a los funcionarios que la igualdad y paridad de género en los cargos públicos y de representación política están garantizadas en la Constitución General, por lo que sus expresiones denigrantes –subrayó– vulneran no sólo el marco jurídico nacional vigente, sino instrumentos internacionales, consensos y la agenda global general en que está plasmada dicha garantía. La igualdad y paridad de género, agregó, da respuesta a la exigencia de participación equilibrada de las mujeres y hombres, representa una ruptura de estereotipos sociales y roles de
se encontraban agentes del INM, de la PF y de Seguridad Pública de Veracruz”. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los agentes “les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, y por temor tuvieron que ‘tirarse’ del tren en movimiento y ‘comenzaron a correr’, lo que ocasionó que algunos resultaran lesionados”. Agregaron que cuando el tren se detuvo, los funcionarios del INM, de la PF y policías estatales “los maltrataron y jalaron de diversas partes del cuerpo” a los migrantes que permanecían en el tren para bajarlos y “asegurarlos”. Para la CNDH los funcionarios del INM “vulneraron los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, ya que una persona servidora pública de dicha dependencia sin tener facultares legales solicitó la colaboración de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, para realizar dicho operativo el 9 de septiembre de 2018, además suscribió las órdenes de revisión migratoria y otros oficios de comisión respectivos de 27 agentes del INM que participaron en los hechos, actuación que, a pesar de estar fuera del marco legal, fue avalada por tres servidores públicos más del referido instituto”. La investigación concluyó que cua-
tro servidores públicos del INM “vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 63 personas migrantes, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento administrativo migratorio, pues se acreditó que hicieron constar que en cinco minutos y de forma simultánea realizaron las comparecencias de cada una de esas personas y, en el mismo periodo de tiempo les hicieron de su conocimiento los derechos que les asistían y el motivo de la puesta a disposición ante la autoridad migratoria”. CNDH en México @CNDH Dirigimos #RecomendaciónCNDH a @SSPCMexico, @INAMI_mx y @GobiernoVer por violaciones a #DDHH en agravio de 130 personas #Migrantes derivadas del operativo “Contención de Flujos Migratorios” en el Municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. 👉👉👉 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉5 En cuanto a la actuación de la PF, el organismo constató que el responsable de los elementos de la PF y tres mandos de policías estatales “vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 24 personas migrantes, por permitir que efectivos de dichas corporaciones realizaran labores de supervisión migratoria, y las detuvieran sin tener facultades para ello”.
Se comprobó que ocho funcionarios del INM, la PF y Seguridad Pública estatal, “vulneraron el derecho a la integridad personal de diez víctimas, al ser omisos de supervisar las acciones de elementos que participaron en el operativo”, al registrarse lesiones a las víctimas, sin que se hubiese notificado con antelación a autoridades sanitarias, “a pesar del riesgo que implicaba el operativo en un tren en movimiento, con lo que vulneró el derecho a la protección de la salud de las 130 personas migrantes, en especial 12 de ellas, quienes recibieron atención médica un día después de haber sido lesionada en el operativo”. La CNDH recomendó a los titulares de la SSyPC y del INM, así como al gobernador de la entidad, a “localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas hasta su recuperación física y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. De manera particular, el organismo pidió a Durazo Montaño su colaboración en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF “contra el servidor público involucrado y anexar copia de esta recomendación en su expediente laborar, capacitar al personal de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Veracruz en derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal en los operativos migratorios en que colaboren con el INM”. Al comisionado Francisco Garduño se le recomendó “diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios que se considere que las personas en contexto de migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo”.
La CNDH reprueba expresiones y conductas misóginas de funcionarios públicos y legisladores género, pues coloca a las mujeres en el espacio público, así como en el acceso al poder, y hace justicia a décadas de lucha para superar el déficit democrático por razón de género. La CNDH remarcó que hasta ahora las mujeres mantienen una participación marginal en la toma de decisiones de mando y poder que definen el destino de México, dado que menos del 25% de ellas ocupan puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal (APF). Esta situación, abundó, contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los que ocupan cerca del 47% de las plazas, de acuerdo con el “Estudio sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017”, elaborado por el organismo.
También indicó que uno de los ámbitos donde se percibe mayor desigualdad entre mujeres y hombres es el político, con un porcentaje de 28.3%, según la Encuesta de Igualdad 2018 realizada por la CNDH, y en la que 61.6% de las personas encuestadas consideró que se ha trabajado poco en el país para promover la participación de las mujeres en la política. Por ello, la CNDH subrayó la necesidad de generar un entorno de respeto al derecho a disentir, así como evitar discursos de odio y polarizantes que dividan y propicien la mentira, el encono, el insulto y la descalificación infundada como moneda de cambio en la vida pública del país. Además, recordó que desde hace 12 años la igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso del Estado mexicano, plasmado en la Ley General
de Igualdad, mismo que se amplió en 2014, cuando la paridad quedó inscrita en la Constitución Mexicana y siguió creciendo en junio pasado, con la entrada en vigor de la reforma constitucional que garantiza la paridad de género en los cargos públicos y en la representación política. “Respetar la presencia de las mujeres en los espacios públicos, en los Congresos y en la toma de decisiones es cumplir con la ley”, reiteró la CNDH.
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Córdova truena contra consulta en BC: son las peores prácticas antidemocráticas Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)
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l consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que no tiene ningún fundamento legal la consulta ciudadana realizada ayer en Baja California para ampliar a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo de esa entidad. En el marco de la clausura del evento “México a Debate”, Córdova dijo que cuando las consultas son amañadas con preguntas inducidas “no estamos ante un ejercicio democrático, como lo hemos visto en las últimas horas, no tienen fundamento legal”. También aseguró que el 1 de julio de 2018 no se creó la democracia en México, como aseguran algunos que dogmáticamente pretenden borrar la historia de la democracia en México “falseando el discurso y haciendo suposiciones de que de la noche a la mañana nació la democracia como producto de un evento electoral”.
José Gil Olmos Ciudad de México (Apro)
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno no intervendrá en la renuncia de Carlos Romero Deschamps al sindicato petrolero, pero consideró que debería hacerlo para enfrentar las denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía, todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter. Eso también es un cambio”, dijo el mandatario en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Ante las versiones de la salida del líder sindical, el jefe del ejecutivo indicó que será decisión de Romero Deschamps renunciar, pero que sería lo mejor para que atienda las denuncias en su contra. “Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo, y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, o es un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y que
En el marco de la clausura del evento “México a Debate”, Córdova dijo que cuando las consultas son amañadas con preguntas inducidas “no estamos ante un ejercicio democrático, como lo hemos visto en las últimas horas, no tienen fundamento legal”
De paso, recordó a algunos políticos que forjaron la democracia en el país, como Cuauhtémoc Cárdenas,
Heberto Castillo, Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo. En su cuenta de Twitter, Córdova
volvió a reiterar su postura sobre la consulta de ayer en Baja California, señalando que ese estado en un tiempo fue el “laboratorio de la democracia”, porque fue el primero donde se utilizó un padrón electoral autónomo y se expidió la credencial para votar con fotografía. En cambio hoy, lamentó, ahí “se están expresando las peores prácticas antidemocráticas que vulneran el Estado constitucional de derecho”. Lorenzo Córdova V. @lorenzocordovav Hace 30 años, #BajaCalifornia fue laboratorio de virtuosas prácticas democráticas, como la lista nominal, la credencial para votar con fotografía y la alternancia. Hoy, lamentablemente, es laboratorio de prácticas antidemocráticas que no deben prosperar.
Hay denuncias contra Romero Deschamps, lo mejor es que renuncie: López Obrador se resuelva”, subrayó. Recordó que así lo hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, quien también enfrenta investigaciones en la fiscalía. Y añadió que, en caso de que se confirme la renuncia del líder del sindicato petrolero, su gobierno no intervendrá para definir a un sustituto. “Nosotros no podemos actuar de esa manera, no es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el ministro Medina Mora, igual. “Hay ahora un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes, entonces vamos a esperar a ver qué sucede sobre este caso. López obrador precisó que serán los propios trabajadores de Pemex los que decidan con voto libre y secreto quién será su dirigente en caso de que Romero Deschamps presente
su renuncia, al tiempo que garantizó que el líder petrolero podrá enfrentar las denuncias en su contra sin que haya persecución. “Poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el sindicato y él (Romero Deschamps) sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya presunción, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero él va a resolverlo. “No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro, eso no
nos corresponde, ese es un asunto que deben resolver los trabajadores”, agregó. El líder del sindicato petrolero tiene denuncias de parte de trabajadores ante la Fiscalía por robo de combustible. Según publicó el diario Reforma, Romero Deschamps ya informó al gobierno federal sobre su salida del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a pesar de que el nuevo periodo para el que fue electo concluye hasta 2024.
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Estado mexicano abierto al escrutinio internacional, pero incumple recomendaciones: ONG a la ONU Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)
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n víspera de la sustentación del informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil mexicana entregaron a los expertos del Comité informes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército en sexenios pasados , cuestión a la que tendrá que responder el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El llamado “informe sombra” realizado en conjunto por la FIFDH, CMDPDH e I(DH)EAS, afirma que “las graves violaciones en México siguen patrones que dan cuenta de un actuar criminal repetido, esas violaciones a derechos humanos se cometen de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil, bajo una política que permite y no castiga estos crímenes, por lo tanto argumentamos que constituyen crímenes de lesa humanidad”. El informe analiza el carácter sistemático de diversos crímenes de lesa humanidad, principalmente tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y su vínculo con la obstrucción de justicia e impunidad, en donde se comprueba el “carácter organizado de los actos de violencia cometidos y la improbabilidad de su carácter fortuito”. “Este carácter sistemático se traduce en la repetición deliberada y regular de comportamientos criminales similares, en donde existe un patrón de crímenes cuya similitud no es accidental y en donde hay elementos que desarrollan su carácter organizado, su patrón regular, su ejecución con base en una política común o con los recursos públicos o privados utilizados”, sostiene. El día de mañana la delegación de México liderada por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería Martha Delgado tendrá que responder a cuestionamientos de los expertos del Comité sobre el tema y se espera que se le exhorte a establecer una hoja de ruta sobre cómo solucionará el gobierno este patrón estructural de graves violaciones de derechos humanos heredado del pasado, cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la ONU y cómo se abatirá la violencia generalizada que se vive en el país que no ha disminuido desde que entró en funciones el actual gobierno. El informe observa que, de los casos conocidos por instancias nacionales e internacionales, “las víctimas de los crímenes de lesa humanidad son civiles, quienes al momento de su de-
tención y posterior tortura se les acusó falsamente de algún delito relacionado con delincuencia organizada, tráfico de drogas, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre los más comunes. “Estos civiles son, en la mayoría de los casos, víctimas durante operativos en los que se les detiene de forma arbitraria en las llamadas ‘cacerías’, los cuales son presentados como miembros o colaboradores de cárteles. Los casos documentados por la CMDPDH muestran un escenario claro de crímenes cuyos patrones se repiten, es decir, se trata de casos similares que denotan la improbabilidad de su carácter fortuito”, recalca el informe.
Militarización de la seguridad En el tema de las fuerzas armadas el informe destaca que en el caso de México la militarización de la seguridad pública no ha sido ni excepcional ni temporal, ni tampoco ha argumentado el Estado que la situación amerita proclamar un estado de excepción para justificar la militarización. “Por el contrario, pareciera existir un estado de excepción de facto desde el 2006”, afirma el informe. El informe menciona que la Guardia Nacional (GN) nace en la norma como una institución de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero “de facto es un cuerpo de seguridad militarizado, ya que no establece salvaguardias suficientes para poder asegurarse que la composición de la GN esté completamente depurada de fuerzas armadas”. Agrega que la reforma Constitucional cuenta con varios artículos transitorios que autorizan al ejecutivo federal disponer de la fuerza armada permanente (Ejército y Marina) para hacer tareas de seguridad pública, “de la misma forma en la que se ha llevado a cabo por más de 12 años”. Detalla que el 12 de agosto, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, exmilitar y exgeneral de brigada del Estado Mayor de México, informó que 58 mil 602 elementos fueron desplegados en el territorio mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que 56 mil 191 de ellos provienen de la Policía Militar, la Policía Naval y la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos mil 411 se han incorporado de la Policía Federal.
Cuestión que “impide tener verdaderas salvaguardias para conservar el carácter civil de una fuerza de seguridad pública. Por ello argumentamos que no se cumplen con los criterios de excepcionalidad y temporalidad, lo cual resulta contrario al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte. Por otro lado, acusan que, en el mes de marzo de 2019, fueron aprobadas tres leyes secundarias como consecuencia de la reforma constitucional que tuvo como objetivo la creación de la GN. Estas fueron: la Ley de Registro de Detenciones, Ley de Guardia Nacional y Ley de Uso de la Fuerza, las cuales en su análisis “resultan incompatibles con dicho Pacto y otros estándares internacionales”.
Feminicidios y violencia de género El informe presentado al Comité refiere cifras sobre desapariciones, torturas, ejecuciones, asesinatos dolosos y otras graves violaciones de derechos humanos, con especial preocupación en la violencia contra la mujer y las niñas, discriminación, violencia de género y los feminicidios. Refiere que el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW) expresó al respecto profunda preocupación por la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en México, “incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.” Respecto del número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, el “informe sombra” reconoce que si bien el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dejó de alimentarse desde abril de 2018 ya en esa fecha se reportaba un total de 37 mil 435 personas desaparecidas en el territorio mexicano (36 mil 265 en el fuero común y mil 170 en el fuero federal), de las cuales nueve mil 522 eran mujeres, incluidas cuatro mol192 niñas y adolescentes.
Más de tres mil recomendaciones de la ONU El pasado 9 de octubre la sociedad
civil tuvo una reunión con la subsecretaria Delgado en la que le plantearon su preocupación por “la falta de un diálogo con dicha Secretaría en torno a las prioridades de la política exterior en materia de derechos humanos”, dijo a Apro Olga Guzmán de la CMDPDH. Detalló que tan solo durante los últimos dos años, siete de los nueve órganos de tratados de las Naciones Unidas han examinado el cumplimiento del Estado mexicano de los tratados relacionados a los trabajadores migratorios, los derechos económicos, sociales y culturales, la eliminación de la discriminación contra la mujer, a la desaparición forzada, a la tortura y recientemente, a la discriminación racial. “Pese a que durante estas revisiones el Estado mexicano se ha mostrado aparentemente dispuesto y abierto al escrutinio internacional, ha fallado rotundamente en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de dichas revisiones y en el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que contemple la participación de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, resaltó Guzmán. Es así que el Estado mexicano, después de constantes revisiones de órganos de tratados, e incluso de 24 visitas de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como de ser recién examinado en el marco del Mecanismo del Examen Periódico Universal, México va acumulando recomendaciones, incluso se estima que el Estado mexicano ha recibido más de tres mil. A su modo de ver “el principal desafío, es que dichos diagnósticos y recomendaciones sean incorporados en el desarrollo y construcción de políticas públicas y marcos normativos en el ámbito nacional”. Por ello, “le solicitamos a la Cancillería implemente un mecanismo de seguimiento, adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil, para la correcta implementación de las recomendaciones emitidas por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos”. “Hasta el momento, reveló Guzmán, desconocemos cómo se cumplirá dicha solicitud, dado que la Secretaría de Gobernación se encuentra ya trabajando en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sin que la SRE estuviera involucrada en el diseño del mismo y, por lo tanto, nos preocupa que las recomendaciones internacionales no estén siendo contempladas en dicho PNDH”. Por último, Guzmán lamentó que en el encuentro con Delgado “no vimos con claridad la ruta de trabajo con la cual participaremos en el Mecanismo de Seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones”.
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OSC deben participar en seguimiento de AVG de CDMX: integrante del Grupo de Trabajo Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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n los procesos de solicitudes de las Alertas de Violencia de Género (AVG) la participación de las organizaciones de la sociedad civil debería garantizarse porque son las principales interesadas en accionar una intervención del Estado frente a la violencia feminicida contra mujeres y niñas. Así lo consideró la integrante del Grupo de Trabajo que atendió la petición de la sociedad civil de activar el mecanismo de AVG en la Ciudad de México, la doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes. Cimacnoticias consultó a la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM) quien habló en entrevista sobre el proceso judicial que enfrenta el mecanismo de Alerta en la Ciudad de México y el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en éste. Hernández Cervantes fue una de las que votó a favor de activar la AVG en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, pero su opinión así como la del resto de integrantes del Grupo de Trabajo, no fue considerada por la Conavim. El organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó el 7 de junio de 2019 que la declaratoria de AVG para la capital del país no procedía pues consideró suficientes las medidas que impulsaba la jefa de Gobierno en turno, Claudia Sheinbaum Pardo. Las organizaciones civiles peticionarias (Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria) interpusieron un amparo contra la resolución y consiguieron que un Juez de Distrito ordenara a la Conavim activar el mecanismo el pasado 11 de septiembre pero la Comisión se inconformó con la medida de “otorgar participación activa a las organizaciones peticionarias” que consideró el Juez dentro de su sentencia, estancando así la activación de protección para las capitalinas. También te puede interesar: Conavim rechaza participación de la sociedad civil en seguimiento de AVG para la Ciudad La doctora en derecho puntualizó que la Conavim al cerrarse a la participación de las organizaciones civiles en el seguimiento de la AVG está haciendo una interpretación
Cimacnoticias consultó a la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM) quien habló en entrevista sobre el proceso judicial que enfrenta el mecanismo de Alerta en la Ciudad de México y el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en éste
restrictiva del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) toda vez que la Ley y su reglamento aunque sólo consideran a las organizaciones de la sociedad civil para plantear una petición de AVG, sí tienen un interés legítimo de conocer el proceso, al ser ellas las representantes de las mujeres afectadas por la violencia feminicida, tal como lo tiene la parte señalada, que son los gobiernos estatales. Por ejemplo, señaló Hernández Cervantes, el gobierno de la Ciudad de México sí tiene participación en el proceso de AVG por medio de la Secretaría de las Mujeres, quien lo representa dentro del Grupo de Trabajo, el equipo encargado de investigar los hechos denunciados en las peticiones de AVG, emitir recomendaciones a las autoridades y estudiar si las cumplieron. Cabe recordar que el artículo 36 del Reglamento, señala que el Grupo de Trabajo para cada solicitud de Alerta admitida debe constituirse por cuatro representantes de las instituciones: la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa de la que se trate, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Así como cuatro académicas (dos a nivel nacional y dos de la entidad federativa en la que se pidió la AVG). La profesora en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que el Reglamento que regula el proceso de AVG no restringe
explícitamente la participación en el proceso de la sociedad civil, incluso el Grupo de Trabajo tiene la facultad de invitar a organizaciones y organismos internacionales. De ahí que se podría permitir a las agrupaciones civiles seguir “momentos clave”, con voz, pero sin voto, como vigilar las acciones que emprenden los gobiernos locales, escuchar el informe que emite el Grupo de Trabajo y cuando este informe se presente a las autoridades correspondientes, propuso. De fondo, dijo la doctora Aleida Hernández, “la Conavim no debería litigar si las organizaciones civiles deben estar en el proceso o no, sino en estar pendientes de que otras instituciones de procuración e impartición de justicia, así como de atención a la violencia contra las mujeres, estén cumpliendo su deber. Concentrarse en ese tipo de detalles es obstrucción para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia”, aseveró.
Las organizaciones y su participación en procesos de AVG Aunque no está clara su intervención en la normativa, las organizaciones civiles han formado parte activa en las distintas fases de los procedimientos de AVG dependiendo la apertura de los gobiernos estatales. Por ejemplo, acercan información relevante a los Grupos de Trabajo sobre los contextos locales de violencia; les facilitan el contacto con víctimas directas e indirectas de esta violencia; participan en las mesas
de seguimiento a las acciones; o son consultadas por las autoridades estatales. Para las organizaciones de la sociedad civil el mecanismo de AVG ha sido una herramienta de presión política para que los gobiernos estatales corrijan marcos normativos violatorios de los Derechos Humanos de las mujeres y situaciones de violencia feminicida que están desatendidas. De acuerdo con el diagnóstico al instrumento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 90 por ciento de las peticiones de AVG las han presentado organizaciones civiles. Inclusive, han sido las agrupaciones civiles quienes han motivado los ajustes al mecanismo para sus mejores resultados. Antes de la reforma del Reglamento de la LGAMVLV, en 2013, el procedimiento establecido no permitió que las solicitudes de Alerta presentadas fuesen admitidas porque dependían de la opinión de las 32 entidades federativas. Las únicas solicitudes que prosperaron fueron mediante recursos de amparo interpuestos por las organizaciones civiles, tal es el caso emblemático del Estado de México que evidenció las barreras políticas que enfrentaba el mecanismo. “Lo que veo es una cerrazón para activar un mecanismo que fue producto de luchas de demandas historias de las mujeres desde Ciudad Juárez hasta ahora que sigue el problema de feminicidio”. Aleida Hernández, integrante del Grupo de Trabajo de la AVG en Ciudad de México Actualmente en 18 entidades federativas está activo el mecanismo de Alerta de Género, desde la Secretaría de Gobernación se ha dicho que se está evaluando pues no ha tenido los resultados deseados. El mismo argumento utilizó la jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo, para insistir que no se necesita el instrumento de protección para las mujeres en la Ciudad de México. En tanto, será un Tribunal Colegiado quien determiné si la Conavim tiene razón en sus argumentos de no aceptar la participación de las organizaciones civiles.
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FONDEN, EL NEGOCIO DEL DESASTRE Arturo Rodríguez
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a primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Un día después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Las lluvias por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24 horas. El Fonden se convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en
los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo. Se trata más que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron almacenados con presuntos fines electorales. Esa es apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas, cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de que se trataba. Además, está aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra. Por el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de manera injustificada. Aun peor. La ASF concluyó que la forma en que se entregaban sub-
sidios y apoyos para la atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño institucional débil. Aunque hasta ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34 declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en contraste con las 112 de 2018. Esas declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante 2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de 2018. El instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces menos de lo pedido por El Bronco. Aunque el resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que ofende como pocos—no siga quedando impune.
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CUANDO ESPINO COMBATÍA EN EUROPA A “POPULISTAS PELIGROSOS” COMO AMLO Marco Appel
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l expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos –quien en septiembre anunció su incorporación al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador– fue el operador de la campaña internacional que emprendió Vicente Fox en 2007 en contra de los “populistas latinoamericanos” de izquierda, entre los que estaba incluido el político tabasqueño. Luego de que en diciembre de 2006 lo sucediera Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República –tras una elección que el entonces candidato perredista López Obrador impugnó ante los tribunales por considerarla fraudulenta–, Fox decidió “no bajarse del caballo” y transformarse en el paladín regional de la democracia. Espino orquestó una robusta operación de cabildeo en Europa, cuyo objetivo fue posicionar al expresidente mexicano como el único líder latinoamericano capaz de articular una ofensiva política de las fuerzas de oposición contra los seguidores ideológicos de los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, para sacarlos del poder o “frenarlos”, como lo había hecho con su enemigo ideológico mexicano. Fox había ganado renombre entre la derecha extranjera por haber impulsado, entre 2004 y 2005 y a través de la Procuraduría General de la República, el proceso de desafuero contra el jefe de gobierno del Distrito Federal para sacarlo de la contienda presidencial de 2006, según lo reconoció el propio Fox en diciembre de 2010. El gobierno foxista se desistió de la acción penal, tras un amplio rechazo popular y el ascenso de la figura de López Obrador. Como nuevo presidente del PAN, Espino participó directamente en la última fase de esta guerra sucia contra el jefe de gobierno del DF, que incluyó una intensa campaña para situarlo como “un peligro para México”. Envalentonado, en abril de 2005 Espino declaró que su partido asumiría los costos políticos que generara el desafuero, ya que, dijo, “es parte de la congruencia con que se defiende el Estado de Derecho”. Aunque en octubre de 2006 declaró que no había estado de
acuerdo con el desafuero, ese procedimiento penal y la victoria de Calderón sobre López Obrador fueron ejes importantes de la estrategia de posicionamiento de Fox cuando en 2007 viajó con el exmandatario a Francia e Italia. Espino, además de presidente del blanquiazul, era desde noviembre de 2006 presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), una rama de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) que asocia a los partidos demócrata-cristianos de diversos países, principalmente de Europa y América Latina. El PAN, junto con el Partido Popular (PP) de España –presidido en ese momento por Mariano Rajoy, quien después fue presidente de gobierno de su país–, el Partido Demócrata Cristiano de Chile y la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, eran las fuerzas políticas más fuertes de la IDC. El 23 y 24 de abril de 2007, Espino asistió al Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia, para cabildear el apoyo de la derecha europea a la postulación de Fox como presidente de la IDC, desconociendo el acuerdo al que había llegado la ODCA para que la peruana Lourdes Flores fuera postulada “candidata de unidad” a ese organismo. Los aliados europeos se desbordaron en halagos al expresidente mexicano, que viajó con Espino. El francés Joseph Daul, presidente del Partido Popular Europeo (PPE) lo consideró “el hombre ideal para coordinar la lucha contra el populismo”; el secretario general de la IDC desde entonces, el eurodiputado español Antonio López-Isturiz, lo describió como “el capitán del portaaviones mexicano de la libertad”. Espino y Fox cenaron la prime-
ra noche en el hotel Hilton de Estrasburgo con una veintena de influyentes eurodiputados del PPE, la mayoría españoles. Ese partido regional y la IDC –cuyos dirigentes acusaban a López Obrador de ser un “populista peligroso”– fueron las primeras organizaciones internacionales en felicitar el triunfo electoral de Calderón sin esperar los resultados definitivos. Espino y el exmandatario se reunieron también con responsables de las fundaciones europeas Konrad Adenauer, Robert Schuman y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida hasta la fecha por el expresidente español José María Aznar, cerebro de la doctrina del “área de prosperidad”, la cual consiste en “erradicar” el populismo en América Latina y asociar la región a un “área única de prosperidad”, “occidental y cristiana”, conformada también por Estados Unidos y la Unión Europea y defendida por la OTAN. Dos meses después de ese viaje a Estrasburgo, Aznar visitó a Fox en su rancho de San Cristóbal y, posteriormente en Madrid, ambos exmandatarios se reunieron con López-Isturiz y el italiano Pier Ferdinando Casini, el presidente temporal de la IDC y candidato a continuar en el puesto, con el propósito de llegar a su congreso de septiembre con un candidato de consenso. Pero ello no fue posible a causa de las divisiones creadas por Espino al seno de la ODCA. Los chilenos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) –y otros partidos de la ODCA– le reclamaban a Espino que incumpliera el compromiso común de apoyar la candidatura de Flores. Además, los chilenos lo acusaban de sostener lazos con los
partidos pinochetistas Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, y le reprochaban que los criticara por participar en el gobierno socialista de Michelle Bachelet. Espino estaba decidido a imponer la candidatura de Fox durante la cumbre de la IDC en Roma el 19 y 20 de septiembre de 2007. Después de que fracasara una reunión organizada por los demócratacristianos alemanes entre Espino y el representante del PDC, el presidente del PAN llamó por teléfono a la presidenta de ese partido chileno, Soledad Alvear, para proponerle que él reconsideraría su apoyo a los pinochetistas si ella abandonaba su oposición a Fox. Alvear no aceptó. Espino entonces convocó a sólo algunos delegados de la ODCA a una “cena”, en el restaurante del Hotel Valadier, donde les pidió el apoyo en bloque al expresidente mexicano. Los delegados de Argentina, Colombia o Venezuela que no fueron invitados acusaron a Espino de haberlos excluido de las negociaciones finales. Sin poder lograr un acuerdo sobre la candidatura de Fox entre los miembros de la ODCA, Casini presentó al día siguiente al Comité Ejecutivo de la IDC una “fórmula de solución” en la que él y Fox compartieran la presidencia. A puerta cerrada, esa solución fue aprobada “por aclamación”, y no por votación, por los 88 delegados. Uno de ellos, el expresidente Andrés Pastrana, expresó durante la discusión su repudio a esa propuesta, ya que, opinó, debilitaba a la organización. Molesto, Pastrana denunció que los partidos de “centro”, como el suyo, no estaban siendo bien representados por Espino en la ODCA. En 2015, Pastrana fue electo presidente de la IDC. Fox nunca destacó en su cargo internacional y lo abandonó antes de que comenzaran sus problemas con el PAN en 2012 y fuera expulsado del partido el año siguiente. Espino –expulsado del PAN en 2011, un año después de acabar su presidencia en la ODCA– anunció el pasado 27 de septiembre que se integraría al gobierno de la llamada Cuarta Transformación por invitación de Andrés Manuel López Obrador, a quien combatió en foros internacionales a lado de Vicente Fox.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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a crisis migratoria que hoy tiene a decenas de africanos detenidos en las estaciones migratorias de Chiapas se agudiza con el paso de los días. Los prolongados tiempos de espera para resolver las solicitudes de refugio o pases de salida han complicado la situación, abriendo y fomentando nuevas rutas aún más peligrosas que ya han dejado nuevas víctimas fatales. Las imágenes de hace unos días sobre los cuerpos de migrantes cameruneses en las costas chiapanecas, debido al naufragio de una embarcación llena de africanos en busca del “sueño americano”, reavivaron en los medios de comunicación un tema que parece transcurrir entre la apatía de las autoridades y xenofobia que todavía es palpable en el sentir de muchos mexicanos. Irineo Mújica, presidente de la asociación civil “Pueblo Sin Fronteras”, aseguró que en los últimos días alrededor de 300 migrantes africanos fueron detenidos y encerrados de manera arbitraria en la estación migratoria Siglo XXI; otros 280 en un complejo de Tuxtla Gutiérrez y un pequeño grupo de 90 en el municipio de Huixtla. La mayoría de ellos han solicitado asilo pero las respuestas se han demorado demasiado. La desesperación de los migrantes llevó a uno de los africanos a tratar de suicidarse el pasado domingo en la estación Siglo XXI. La noticia se extendió rápidamente entre las cientos de
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as políticas de austeridad implementadas por los gobiernos –federal y estatal- de la llamada #CuartaTransformación han tenido un impacto sumamente negativo en el rubro de la salud. En Chiapas, el sistema de salud pública se encuentra literalmente en vilo; las nuevas políticas públicas han provocado crisis institucionales por doquier y el nuevo orden de cosas prometido no termina de surgir. A guisa de ejemplo, ahora le ha tocado el turno de sufrir una severa crisis institucional al banco de sangre “Doctor Domingo Chanona” de Tuxtla Gutiérrez. Trabajadores de esa institución del sector Salud revelaron ayer al autor de #ElDiván que en el banco de sangre no hay equipos de aféresis para plaquetas para los infantes ni para quien las necesite. Los empleados se quejan de que “estamos en plena crisis del dengue y no podemos hacer nada para atender a la gente, ya que no tenemos ni siquiera bolsas de extracción y ya no hay más material para trabajar”.
Miércoles 16 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN LA MIRA Héctor Estrada
La crisis humanitaria en la frontera de Chiapas y Guatemala
personas que permanecen acampadas en el exterior del centro de detención y fue confirmada por varios hondureños y salvadoreños que recuperaron la libertad en la tarde. “Al parecer, el hombre, del que no ha trascendido el nombre ni la nacionalidad, fue detenido el sábado en la caravana. Los agentes lo separaron de su esposa y sus dos hijos. Según diversos testimonios de personas que estuvieron encerradas con él, el migrante pidió, sin éxito, una llamada. Finalmente, el domingo trató de ahorcarse con
una venda que le habían colocado después de que un agente le dañase la mano en su arresto”, precisa un reporte del portal Animal Político. Hoy, cientos de migrantes africanos permanecen en el exterior de Siglo XXI desde hace más de tres meses. Como sus países no les reconocen, no pueden ser deportados y México los considera “apátridas”. Hasta el mes de julio, los miembros de este colectivo recibían un oficio de salida que aprovechaban para atravesar México. No obstante, a partir de julio, un oficio del INM limitó la salida del país a la fron-
EL DIVÁN Sergio Stahl
** Crisis en el banco de sangre “Doctor Domingo Chanona “ **
Al exponer la situación ante las autoridades de Salud estatal, los empleados del banco de
sangre han obtenido como respuesta el estribillo oficial de la #CuartaTransformación: No hay
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tera sur, hacia Guatemala. Desde entonces, cientos permanecen varados, durmiendo a la intemperie y sin empleo. De acuerdo con datos de la Comar, Chiapas ocupa el primer lugar en solicitudes de refugio recibidas, ya que de enero a julio un total 25 mil 819 migrantes hicieron la petición de refugio para transitar por México. La entidad chiapaneca es seguida por la Ciudad de México con 7 mil 607 peticiones, Tabasco con 3 mil 414, y Veracruz con 3 mil 143. Se estima que las cifras a finales de año lleguen a más de 80 mil personas. La condición de refugiado en México se otorga a cualquier extranjero que, encontrándose en territorio nacional, realice la petición. Para ello, debe presentar una solicitud ante la Comar o el INM. La respuesta debe emitirse en un plazo de 45 días hábiles. Sin embargo, aunque la Comar reportó más de 20 mil solicitudes pendientes, este año la Comisión sufrió una importante reducción presupuestal, al pasar de 55.7 a 20.8 millones de pesos anuales. La situación se ha convertido en un verdadera complicación para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración (INM) que se han visto rebasados en sus capacidades de atención a una problemática que sigue agudizándose pese al silencio intencional para minimizar la evidente crisis humanitaria que afecta a la frontera sur mexicana... así las cosas.
presupuesto. Mientras tanto, la crisis se agrava en el banco de sangre “Doctor Domingo Chanona” y es una incognita lo que va a pasar cuando surja la demanda de una transfusión para alguna cirugía programada para los próximos días. Así las cosas, pues, en el sector Salud de Chiapas. En fin. BALCON. En la pasada administración, la nómina del Ayuntamiento tuxtleco se convirtió en “pista de aterrizaje” para multitud de “aviadores”.Y unos cien de esos “aviadores” eran posiciones de políticos y de periodistas.Por ejemplo, un fugaz ex gobernador tenía en la nómina capitalina a 20 “aviadores”; de los confines de un columnista político provenían 10 “aviadores” y del feudo educativo de un diputado local del PVEM venían 12 “aviadores”. Esos “aviadores” de políticos y de periodistas fueron dados de baja- junto con todos los demás “aviadores” comunes y corrientes- al entrar en funciones el nuevo Ayuntamiento que encabeza Carlos Morales Vázquez.
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Miércoles 16 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Morir lejos de casa
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u at r o m i g ra n t e s africanos perdieron la vida. La embarcación en la que viajaban naufragó. El canto del mar los arrulló para la eternidad. En la sal de las costas de Chiapas y Oaxaca quedaron sus anhelos. Así han quedado, desde hace varios años ya, los de cientos de centroamericanos que salen de sus casas, también, buscando otra vida: una lejos del hambre y la violencia, fuera de la frivolidad que los ha llevado al éxodo. Más no siempre lo logran. Cientos se extravían en los brazos paralelos de La Bestia, en los ilícitos que los acechan y ahora, incluso, en las crestas de la sal. Mueren africanos migrantes, dice un diario. Se los tragó el mar, señala otro. Más tarde una foto: un cuerpo recostado, como dormido, como tomando el sol, como mirando de frente al cielo para interrogarlo, yace en la húmeda playa. Al fondo el mar: la arena que se humedece el rostro para no llorar por la tristeza que deja a su paso la muerte. Nadie les dijo, pienso, que las aguas del mar en la entidad también gustan de torcer las barcas y volcarlas. Que en el choque de las corrientes uno puede perder el control. Que hay partes que juegan con las lanchas, que se ahondan o bajan, y se necesita conocerlas para montarse en ellas. Pensaron, tal vez, que sólo en las aguas del Estrecho de Gibraltar, rumbo a Ceuta, del otro lado, donde también se pierden decenas de migrantes africanos, donde les tiran balas de goma
para que nunca arriben, tienen esa costumbre de saciar a la sal con cuerpos ante la mirada displicente de los gendarmes que custodian la zona. Si les hubieran contado que en ocasiones acá el mar gusta de perder a los propios pescadores: los de la espalda dorada por las lenguas del sol. Si les hubieran dicho que hay veces los mete en las tormentas y los deja ahí: perdidos y extraviados como un acertijo en la inmensidad de su cuerpo esperando que su tiempo no se agote. Pero no. Nadie les contó nada. El anuncio del éxodo seguro les llegó por las redes sociales, por la televisión, por el susurro de la misma desesperanza. Leyeron, quizá, que cientos de migrantes avanzan en caravanas, solos o acompañados, a paso firme, esperando llegar al otro lado, exigiendo al gobierno federal les dé las garantías del tránsito libre. Y se dejaron llevar por la desesperación. Los arrojó al mar el deseo de buscar una oportunidad de mejorar su vida y la de los suyos. Se arrojaron aun cuando le temen al agua, cuando no saben de su negro canto, cuando no comprenden que en su grandiosa soledad busca compañía y hay veces que se lleva los cuerpos y jamás los regresa. Veo la foto una y otra vez. Podemos ser nosotros. Puedo ser yo. Puede ser cualquiera con una familia muriéndose de hambre, con una familia huyendo de la sangre, de la voracidad, del punto de quiebre en el que se encuentra el mundo entero y el
capitalismo que lo ha roto todo. Es lo que somos, pienso. Tan solo un cuerpo inerte detenido en el tiempo, un simple punto, un número para las gráficas y cifras que dan a conocer desde el poder algunos. Y no todo se detiene ahí. No. Junto a los migrantes que recorren la entidad, se encuentran también los desplazados de los pueblos originarios. Los que fueron arrojados de su hogar de madrugada, expulsados por la apatía e intereses de gobiernos anteriores que trastocaron los usos y costumbres. Niños, mujeres y hombres a los que les arrebataron la tierra, a los que tiró lejos de casa la intolerancia religiosa, a los que un color partidista sentenció a muerte tan sólo por el hambre de poder. Son ellos que hoy exigen justicia y siguen en el desamparo al no existir “garantías” para su retorno en paz, los que duermen en laderas, bajo la lluvia; los que azota la furia del viento y el frío les cala los huesos en plena madrugada. Y espero, de verdad que sí, que la voluntad política llegue y les regrese la paz que todos anhelamos. Veo la fotografía antes de terminar de escribir esto. Pienso en lo frágil que es todo. Ahora les tocó a ellos, los que salieron de África, los que cruzaron el salado abrazo del mar pensando en el mañana. Les tocó a ellos replicar la desgracia que vive el mundo que está inmerso en una terrible crisis humanitaria. Les tocó a ellos, me digo con el corazón apachurrado, morir lejos
de casa. #Manjar Me llega un mensaje vía WhatsApp. Lo abro. Una imagen con el hashtag Morena somos todos abajo sobre sale: al centro un círculo. Y una frase que señala que “no es de izquierda el que hace trampa, el oportunista, el acomodaticio, el trepador, el corrupto que compra votos”. Sí, coincido aunque el término esté rebasado. Luego, otro hashtag que invita a no vender el voto. Creo que se necesita más que eso para creer que las elecciones serán limpias y sin trucos baratos. Reciclar políticos es reciclar mañas y prácticas. señores. Va más allá de buenas voluntades y lo he dicho siempre. Tras las declaraciones de Yeidkol Polevnsky Gurwitz los ojos de todos están ahí. Hablar es lo más fácil. Pero estar en el ruedo es otra cosa. Estaremos pendientes de que las prácticas que tanto se criticaron no aparezcan y empañen el cambio prometido. #LaTienenComplicada // “En griego antiguo la palabra que se usa para designar al huésped, al invitado, y la palabra que se usa para designar al extranjero, son el mismo término: xénos”. George Steiner. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Casquillos negros de Diego Petersen Farah y el disco de Brothers in Arms de Dire Straits. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.
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onducir la política interior del Ejecutivo federal, no es cosa sencilla, pues el responsable del área debe tener la capacidad política para el buen manejo de las instituciones democráticas, la formación cívica y la participación ciudadana; lograr acuerdos políticos y consensos sociales; mantener las condiciones de unidad nacional y cohesión social; la coordinación de los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo federal. Lamentable es que la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ha sido desplazada de sus funciones nada menos por el hombre orquesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubon; también conocido como el “mil usos de la administración de la 4ª Transformación. Dice el dicho que el que mucho aprieta poco abarca, de ahí que México se haya convertido la “república del payaso”, porque es una caricatura, porque ya nos cargó, por la obsesión de representar una obra el presidente en donde a 10 meses de su gobierno no ha podido ocultar su ofensiva ambición por el poder. De ahí la situación que vive el país es una muestra clara de que México no se mueve en la dirección correcta y lo peor es que el Poder Ejecutivo no lo reconoce y pretende engañar a los mexicanos con un discurso trillado en el que no caben la voz, las exigencias, los anhelos y los sueños que hizo forjar a millones de mexicanos. Durante esta administración hemos sido testigos de cómo la política de la simulación, de las redes de complicidad y de la frivolidad han conducido al fracaso a la vida pública de nuestro país. Para enderezar el rumbo del barco, primero el presidente no tiene que pensar en él, sino en el pueblo que decidió gobernar para que de ahí iniciar la reconstrucción del Estado de Derecho y reconozca que México atraviesa por una grave crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones, producto de una fallida visión de la política interior y de una fallida visión del papel del Estado. Pero también vemos con tristeza que ese cambio de timón que requiera la república del payaso no será posible y menos cuando el presidente sigue ambicionando el poder eterno, a través de su ley “la revocación del mandato” y la consulta popular, un traje a la medida de López Obrador para su reelección en el 2024, premio que se extenderá a los gobernadores, sobre todo los de su partido. Pero como dice el dicho, “el horno no está para bollos solo basta ver la reacción de millones de mexicanos con la consulta realizada el pasado domingo, donde a los habitantes de Baja California se le hizo ira a la con-
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• La república del “payaso” • En Chiapas, no cantamos mal las rancheras y Brito como si nada • “Los delincuentes no entienden consejos, dice Silvano Aureoles sulta “patito”, para ver si estaban de acuerdo con la extensión de mandato, de dos a cinco años La consulta resultó ser un fraude, pues el único interesado y beneficiado es el gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, y obviamente López Obrador, que utilizó al estado como un laboratorio. La pregunta surge aquí, la inconformidad social por la fallida forma de gobernar, el país está hecho un caos, masacres casi a diario, la sociedad abandonada a sus suerte por este gobierno, a merced de los narcos y delincuentes de todo tipo y de cuello blanco, sicarios, etc., aguantará López Obrador a que el pueblo confirme su mandato o antes del 2022, cansados de tantos fracasos, el pueblo con las mismas armas del presidente: la revocación del mandato o a través de una consulta le digan que antes de incendiar la nación, es tiempo que dejen en cargo. Rutilio debe pensar en el pueblo y no en sus estultos e ineficaces funcionarios La ausencia de un Estado de Derecho, la incapacidad de un secretario de Gobierno, como es Ismael Brito Mazariegos, más atinado en las transas oficiales que aplicar las ley, sin necesidad de violar los derechos humanos ha dado al traste con los buenos oficios de un funcionario para hacer justicia y hacer prevalecer e4l imperio de la ley, pero no, la ambición por la extensión de un mandato hacia el 2024, hace que también Chiapas este convertido en un caos social y se fomente la ingobernabilidad. Sé que al gobernador Rutilio Escandón quisiera ver un Chiapas en paz, tranquilo, gobernable, justo y trabajador. Pero a que le tiras cuando sueñas mexicano, cuando te reúnes en la Ciudad de México para recibir línea de un senador que se aprovechó del poder para seguir pegado como parasito a la “teta gubernamental”, servirse del sistema y servirse de los chiapanecos como lo es Eduardo Ramírez Aguilar. Desde ahí Brito Mazariegos muestra su incapacidad para permanecer en el cargo, pues lo que quiere es estar en la pasarela de la política y seguir saltando como chapulín hacia otros cargos público para también ser un mantenido por el pueblo. Debido a su estulticia, Brito tiene al estado convertido en un caos, pues se evidencia la ausencia de gobierno en Chiapas lo que ha generado la crisis
de gobernabilidad al interior del estado, y para muestra un botón: Amatán, Aldama, Chenalhó, Pijijiapan, Oxchuc, San Juan Chamula, Bochil, Las Margaritas, Escuintla y ahora en Simojovel. La pregunta salta aquí, que municipios sigue, pues cualquier puede ser, como la desatención, el engaño, la burla, el incumplimiento de las promesas de campaña no solo son los municipios en donde los “focos rojos” están encendidos, sino en todos, que son la mayoría, a los que se le han engañado solo con promesas incumplidas. El gobernador debe darse cuenta para que no lo engañen, que la entidad atraviesa por una grave crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones, producto de una fallida visión de la política interior y de una fallida visión del papel del Estado. Por el bien del gobierno, se debe tomar decisiones sabias y elementales para un buen gobierno, y que se debe de hacer, pues correr a los que han fallado anteponiendo sus intereses y ambiciones personales, caso contrario, el estado antes de este año será difícil frenar la violencia. Al tiempo.
A los delincuentes hay que aplicarles toda la fuerza del Estado
A estas alturas de la administración de López Obrador es de todos sabido que impuso su peculiar estilo de represión ejemplar, en sus constantes recorridos por los estados del país, cual si estuviera en campaña política, y con su acostumbrada espada desenvainada se dedica a reprimir a gobernadores sobre a todos aquellos que no le hacen fiesta, al igual que a sus opositores locales mediante abucheos y silbatinas que pretendían someterlos; reprimenda organizada por el brazo represor del gobierno, llamado Morena. A ello no escapó el gobernador de Guerrero, o el de Michoacán, o el de Tamaulipas o Querétaro, en donde en las próximas elecciones que al menos tendrán 10 entidades, meterá la ma-
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no para que sus incondicionales de Morena, se queden con las plazas y de esta forma, hacer para López Obrador más tersa su reelección. Sin mencionar nombres, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles advirtió que los delincuentes no entienden de “consejos” y hay que aplicarles toda la fuerza de la ley, toda la fuerza del Estado. Durante el homenaje a los 13 policías estatales emboscados el lunes en el poblado El Aguaje del municipio Aguililla, Silvano Aureoles reiteró su llamado al gobierno de la República, al presidente: Ellos delincuentes no entienden, requieren la respuesta y la determinación del Estado mexicano, de todas las instituciones y de todas las fuerzas armadas, no entienden de consejos”. Es decir a los delincuentes no vale decirles “guacala”, “fuchi”, o acusarlos con sus mamacitas o abuelitas, sino aplicarles la ley como debe de ser, sin consentimientos, sin miramientos, porque por perdónales la vida, los delincuentes tienen sometidos, secuestrados a la sociedad mexicana, que al no actuar contra ellos, incluso al presidente se le podría hacer un juicio político, porque solo de esta forma, y como dice el dicho, “muerto el perro se acabó la rabia”. Lamentablemente el presidente ni sufre ni se acongoja, simplemente el que sufra el pueblo le “vale madre”.
Del Montón
El peor gobernador que haya tenido Chiapas, Manuel Velasco Coello, ese que robó los recursos públicos de los chiapanecos y que dejó en quiebra total al estado y en la pobreza a millones de sus habitantes ahora afirma que la revocación de mandato y la consulta popular impulsan la democracia directa Reconoció la voluntad política del Gobierno de la República para poder hacer los cambios democráticos que venían posponiéndose al paso de los años. Arrastrado, servil y oportunista que se echa a los pies y se lo besa al presidente López Obrador y al abordar la reforma constitucional que crea la figura de revocación de mandato, dijo que –ellos- no el pueblo “estamos frente a la posibilidad de colocar a la democracia mexicana en posibilidad de abrirle las puertas a los ciudadanos para que decidan el rumbo de nuestro país”. Caray, esta delincuente de “cuello blanco”, no tiene memoria, es un cínico y sinvergüenza y por ello los chiapanecos siempre exigirán justicia y eso será cuando ya lo veamos tras las rejas de El Amate. * * * Es increíble que no reconozcamos las virtudes de algunos diputados locales, bueno de casi todos, como es el caso de Omar Molina Zenteno, que al parecer ha descubierto el “hilo negro” al decir que los conflictos sociales no deben dirimirse con violencia, pues a su manera de ver “siempre se debe privilegiar el diálogo para buscar las alternativas de solución a sus problemas”. Bueno hay tienen un próximo candidato a un “premio Nobel”, aunque sea “patito”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 16 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1754
EXIGENCIA
RESOLUCIÓN
Tras 27 días en huelga de hambre dan libertad absolutoria al activista Miguel Ángel Peralta
No cesan protestas para exigir espacios en normales de Chiapas
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DECLARACIÓN
Córdova truena contra consulta en BC: son las peores prácticas antidemocráticas PAG. 3
DECLARACIÓN
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LLAMADO
CNDH envía recomendación por abusos contra 130 migrantes en septiembre de 2018
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Grupo de inconformes que protestaba contra alcaldesa rechaza haber usado armas de fuego Jorge Antonio Hernández Martínez, habitante de Pueblo Nuevo Sitalá del municipio de Simojovel de Allende, negó categóricamente que durante la protesta que realizaron ellos en la presidencia municipal definitivamente no usaron armas porque no las tienen y si las hubieran tenido y usado se habrían defendido mejor de los sicarios del síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, quienes utilizaron armas de fuego e hirieron a varios de sus compañeros.
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Hay denuncias contra Romero Deschamps, lo mejor es que renuncie: López Obrador