CMAN
DOXA
EDITORIAL
Sin representación política
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La sociedad en Chiapas se encuentra muy dividida, pero además existe una actitud de indiferencia para la búsqueda en la construcción de acuerdos, lo que hace difícil gobernar la entidad.
El gobernador exhorta y exige a los funcionarios del gobierno de mantenerse al margen en las elecciones internas de MORENA. ¿Este llamado también aplica para el secretario de gobierno Ismael Brito? Porque este funcionario tiene las manos y sus deseos puestos en esas elecciones.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Martes 8 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1748
PETICIÓN
ACCIONES
Comunidades chiapaneca solicitan a la CNDH y SEGOB emisión de medidas cautelares
Asimismo, acusaron al presidente municipal, Gildardo Zenteno Moreno como responsable de los hechos toda vez que constantemente se ha cerrado al dialogo y a la atención de la problemática reflejando incapacidad para atender a las demandas sociales del lugar.
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Cerca de 2 Toneladas de Desechos Fueron Recolectados en Playa Linda
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RESOLUCIÓN
Sentencia el Poder Judicial a Homicida y Pederasta
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Juez aplaza la resolución de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía
EN LA MIRA Héctor Estrada
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CORRUPTOS, CRIMINALES Y BENEFICIADOS POR EL SAT Arturo Rodríguez
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MANIFESTACIÓN
Transportistas de Chiapas protestan en Tuxtla contra al pirataje
HOY ESCRIBEN
SIEMPRE TENDREMOS BERLÍN Fabrizio Mejía Madrid
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PARA BUSCARLOS CON MÉTODO José Ramón Cossío Díaz
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UNA SEMANA EN LOS TIEMPOS DE LA 4T John M. Ackerman
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¿MI CUERPO ES MÍO? Marta Lamas PAG. 5
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Martes 8 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL Sin representación política
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a sociedad en Chiapas se encuentra muy dividida, pero además existe una actitud de indiferencia para la búsqueda en la construcción de acuerdos, lo que hace difícil gobernar la entidad. Sabiamente Jan de Vos escribió que Chiapas se escribe en plural, en virtud de que son muchos y diferentes Chiapas. Las condiciones sociales y los procesos históricos no son los mismos en los Altos que en la Sierra, o en el Soconusco que en la Frailesca, o en la Selva que en el Centro. Esta heterogeneidad, contiene varios significados políticos, que resulta conveniente intentar esclarecer, con el fin de generar diferentes interpretaciones que nos ayude a entender la cultura y los comportamientos de la población en relación a la política. La Región de los Altos siempre ha sido un territorio pobre, en donde las características geográficas de su suelo no lo hacen apto para la agricultura; situación que se agudiza porque históricamente ha sido un espacio con una alta tasa de población indígena. La sociedad de los Altos ha sido desde su creación profundamente excluyente y la principal fuente de la riqueza se extrajo de la explotación de la mano de obra indígena y esta ca-
racterística permaneció durante siglos, lo que constituyó fuertes sentimientos de polarización. No por algo esa región ha sido testigo de diferentes levantamientos armados y conflictos indígenas. Erróneamente se ha creado un discurso fantasioso de sumisión de los indios, a pesar de que la historia refleja varios movimientos de indios insumisos: el levantamiento tseltal de 1712; el movimiento tsotsil de 1868-1869; la participación decidida de Jacinto Pérez Chixtot “Pajarito”, en el conflicto por la disputa de la ciudad capital entre Tuxtla y San Cristóbal en 1911; y el más reciente, el levantamiento armado de 1994, que modificó las condiciones políticas nacionales, al producir una reforma electoral que le quitó al estado la organización y calificación de los procesos electorales, lo que posibilitó el gobierno de la alternancia en el año 2000. Esta polarización mantiene una vigencia plena, en virtud de que no se han resuelto un conjunto carencias estructurales, lo que genera una repetición de conflictos en la región. La frailesca fue una sociedad emergente en donde sus principales poblados se crearon en 1873 y 20 años después, durante el gobierno de Emilio Rabasa, adquirieron los nombres actuales de Villa Corzo y Villa Flores. En la frailesca se
mantiene una tradición histórica de cacicazgos políticos: así fue con Ángel Albino Corzo y continuó con Julián Grajales, posteriormente se consolida la dominación de Tiburcio Fernández Ruíz y la “Ruizada” y hacia los años 80 surge el liderazgo del profesor Germán Jiménez, con el movimiento de los maizeros. Hoy día existe en la región una disputa por la construcción de nuevos liderazgos, ligado a los cargos de elección popular, en la que existe la intención de crear entre los grupos nuevos cacicazgos. En el Soconusco, Tapachula es marcada por la huella de la inmigración de alemanes, ingleses, chinos y japoneses, quienes poseían una mentalidad de origen de países imperiales, en donde se encerraron en su círculo de connacionales, constituyendo élites económicas pero no políticas. Tapachula es una sociedad excluyente y elitista, que nunca pudo conformar una clase política. De allí una razón importante, sobre por qué no ha podido impulsar de manera exitosa a un tapachulteco a la gubernatura del Estado. La clase política tuxtleca se formó desde el poder, durante los 20 años de gobierno rabasista en Chiapas. En ese período Tuxtla se convirtió no sólo en la capital política de Chiapas, sino también en el centro de los negocios y del co-
mercio, que la convirtió en el nuevo centro del poder hegemónico en la entidad. En los primeros años, Rabasa gobernó con oaxaqueños, pero al final del período los cargos públicos fueron desempeñados principalmente por tuxtlecos, que constituidos en clase política, se enfrentaron en contra de San Cristóbal para impedir el retorno de la capital del Estado a esa ciudad, esto le permitió a personas de este grupo continuar en el poder a pesar de los cambios políticos. Hoy día Chiapas se encuentra dividida y en algunas partes del territorio esta polarización produce problemas de gobernabilidad. El gobierno actual, que ignora las características regionales, practica una política de exclusión y de ausencia de representación política. Partió, de una premisa equivocada al considerar que los acuerdos unánimes muestran la fortaleza del gobernante, cuando en realidad la unanimidad significa la falta de representación y el autoritarismo. Con ello se cierran los espacios para que otras voces se manifiesten y se limitan las posibilidades de prácticas democráticas. De allí se puede explicar gran parte de la crisis actual de Chiapas, en la que prevalece una ausencia real de representación política, en donde el Congreso del Estado, no representa a nadie.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24
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Comunidades chiapaneca solicitan a la CNDH y SEGOB emisión de medidas cautelares Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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omunidades del municipio de Bochil sostuvieron este fin de semana para analizar los hechos violentos registrados en el municipio, en especial los del pasado 26 de septiembre donde un elementos de la Guardia Nacional resultara herido y luego muerto a manos de grupos delincuenciales. Asimismo, acusaron al presidente municipal, Gildardo Zenteno Moreno como responsable de los hechos toda vez que constantemente se ha cerrado al dialogo y a la atención de la problemática reflejando incapacidad para atender a las demandas sociales del lugar. A la reunión asistieron las comunidades de El Copal, Venustiano Carranza, Cañadas para urgir a las autoridades estatales y federales buscar los caminos y mecanismos necesarios para acabar con la violencia en la región, en bienestar de sus habitantes. Por lo que solicitaron un dialogo con el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el Dialogo con los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como con el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, ya que consideraron que la criminalización de la protesta social se ha complicado y temen que la vida de mujeres, hombres y niños se encuentre en riesgo. José Luis Díaz Pérez, del Paraje Venustiano Carranza, en uso de la palabra dijo: “Por lo que hoy, solicitamos de manera conjunta para solicitar medidas cautelares a todos los habitantes, mujeres hombres y niños que no han podido salir de esta comunidad de
“Fuimos sorprendidos por la policía municipal, la policía estatal, la guardia nacional e infiltrados financiados por el presidente municipal, con disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos, en donde resultamos tres de nosotros gravemente heridos y así como también resultó gravemente herido de un proyectil de arma de fuego un elemento de la guardia nacional, que posteriormente nos enteramos que perdió la vida. Por lo anterior nos deslindamos de toda responsabilidad penal y civil, toda vez que nosotros fuimos a manifestarnos pacíficamente y ninguno de nosotros portábamos armas de fuego”
El Copal, porque han sido aterrorizados, porque han sido hostigados y solicitamos una reunión con la SEGOB para que se tomen cartas en el asunto. Así como los compañeros viven atemorizados porque no pueden salir de esta comunidad, no pueden ir a comprar a la cabecera municipal de Bochil porque temen que sean reprimidos, por lo que es importante que se emitan medidas cautelares de manera conjunta, porque también le han negado el derecho a la salud, les han negado los derechos de los servicios necesarios que debe de dar el municipio”. En tal virtud los representantes comunitarios solicitaron a las autoridades la emisión de medidas cautelares para salvaguardar la vida y se detengan los hostigamientos contra
dichas comunidades. “La gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad y vivir en orden porque hay niños que no reciben clases, hay niños que no pueden ir a un centro médico para que sean atendidos y hay mujeres y ancianos que viven atemorizados”. En un comunicado explica además que tras los hechos ocurridos el jueves veintiséis de septiembre en la cabecera municipal cuando una comisión de estas comunidades ingresaba caminando a la cabecera municipal para solicitar de manera pacífica la solución a sus demandas colectivas que ya eran compromisos del ciudadano Gildardo Zenteno Moreno, Presidente Municipal quien no los ha atendido y los ha venido engañando. “Fuimos sorprendidos por la po-
licía municipal, la policía estatal, la guardia nacional e infiltrados financiados por el presidente municipal, con disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos, en donde resultamos tres de nosotros gravemente heridos y así como también resultó gravemente herido de un proyectil de arma de fuego un elemento de la guardia nacional, que posteriormente nos enteramos que perdió la vida. Por lo anterior nos deslindamos de toda responsabilidad penal y civil, toda vez que nosotros fuimos a manifestarnos pacíficamente y ninguno de nosotros portábamos armas de fuego”. Este comunicado está debidamente firmado y sellado por Jesús Orvelín Santos Girón del Patronato General del Proyecto Integral, Mario Díaz Sánchez, Agente Municipal de El Copal, Nestor Pérez Pérez, Patronato de El Copal, Oscar Pérez Pérez, Agente Municipal de Congregación Venustiano Carranza, Cesario Hernández Girón, Patronato La Cañada, Antonio Pérez Sánchez, Agente Municipal de Venustiano Carranza y Joaquín Sánchez Girón, Agente Municipal de la Cañada, entre otros.
Piden lacandones ayuda para delimitar Selva Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
Autoridades de bienes comunales de la Selva Lacandona dieron a conocer que urge cerrar el polígono mayor de este sitió, para primeramente saber el número de hectáreas de la superficie y posteriormente ejecutar acciones de conservación. En conferencia de prensa, Daniel Chankin dio a conocer que desde hace varios años comenzaron a hacer el “brecheo”, que en la actualidad se encuentra al 85 por ciento, pero necesitan el apoyo del gobierno del estado
y federal, para concluir unos 50 kilómetros más. “El objetivo es saber cuántas hectáreas quedan de Selva Lacandona, de forma conjunta con la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en el decreto presidencial se habla 614 mil 321 hectáreas que se entregó a tres etnias choles, lacandones y tseltales que están trabajando conjuntamente”. Daniel Chankin dijo que es necesario cerrar el polígono de la Selva Lacandona de lo contrario va seguir entrando gente a habitar un lugar que debe conservarse, ya que es un importante “pulmón”, para el país y no se está conservando adecuadamente.
“También es importante llegar a acuerdos con comunidades cercanas para evitar conflictos, pero hay mucho espacio que es de conservación y puede ser habitado; muy aparte son las áreas
visitadas como Bonampak, Yaxchilán, ahí todas las personas son bienvenidas, se trata de evitar más invasiones, porque nosotros no estamos vendiendo ni regalando tierras”, concluyó.
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Cerca de 2 Toneladas de Desechos Fueron Recolectados en Playa Linda René R. Coca. Tapachula, Chis; (interMEDIOS)
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n un esfuerzo colectivo entre asociación civil, iniciativa privada y dependencias gubernamentales, se logró la captación de casi dos toneladas de desechos inorgánicos en Playa Linda, misma basura que es el resultado de la carente cultura ecológica que se tiene de gran parte de la población, quien la tira en la calle y en los ríos para ser arrastrada por los afluentes y desembocar en los esteros y el mar, además de la que se acumula por la misma gente que la tira sin remordimiento en la playa aun al haber botes y contenedores de basura. En un evento organizado por la asociación civil Costas Limpias de Chiapas, más de 200 participantes entre estudiantes, grupos ecologistas y población civil se dio cita desde temprana hora para sumarse a las labores de recolección, donde de manera previa se diseñó un plan de trabajo para cubrir una extensión de casi tres kilómetros de playa, y con el apoyo de la cooperativa de lancheros, se pudo entrar a los esteros para captar la basura flotante del lugar y llevarla a la zona de descarga donde camiones del municipio y de la iniciativa privada pudieron trasladarla hasta el centro de acopio. Una de las integrantes de la asociación civil, Marissa Schell informó que se captaron casi 200 toneladas
Más de 200 participantes acudieron a la campaña de limpieza. Lo ideal sería tener cero cantidad de basura en playas, pero se carece de cultura ambiental: A.C.
de residuos inorgánicos, en su mayoría pet y no reciclable, mientras que el vidrio y el aluminio fue separado para su reciclaje; “Sin embargo, pese a la participación y el entusiasmo de la gente que acudió al llamado, es muy triste ver las condiciones de la zona costera debido a la nula educación ambiental con que contamos la mayoría de personas” citó. Los integrantes de Costas Limpias Chiapas lanzaron un llamado para
que la gente tome una responsabilidad seria ante la grave contaminación que se le ha hecho al planeta, ya que no solo el cambio climático y la desaparición de flora y fauna es el impacto mayor, sino los desastres naturales y el atentar contra nuestro entorno natural, habla de la falta de conciencia que nos arrastra a tener un mundo con mayores afectaciones, sin que aprendamos de nuestros errores.
Al finalizar la jornada de trabajo, los organizadores entregaron reconocimientos y los premios que empresas socialmente responsables otorgaron como una manera de incentivar a la gente que lucha a diario por el planeta; asimismo, se tuvo una charla sobre el Reciclado, la Reducción y la Reutilización de materiales para evitar mayores contaminantes que van a parar al entorno natural. (iM-rrc).
México: “Hay muert@s que no callan nunca”, presentan plataforma virtual del caso Narvarte De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Pozol Colectivo)
“Hay muert@s que no callan nunca”, asegura la señora Mirtha Luz Pérez, madre de la joven luchadora social Nadia Vera, asesinada junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y sus compañeras de casa Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz, la noche del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, de la ciudad de México. En conferencia de prensa y en el marco de la presentación en Tuxtla, de la plataforma multimedia del “Caso Narvarte”, junto con los organismos de Derechos Humanos Artículo 19 y fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pérez Roblero, agradece las diferentes muestras de solidaridad para que el crimen de su hija y sus compañer@s, no quede en la impunidad. Pedro Faro, director del Frayba,
hace énfasis en que desde la sociedad civil debe persistir la exigencia de justicia, verdad y memoria, y la no repetición de tales actos. Por ello este día se presenta esta nueva plataforma, comparte Faro Navarro, al iniciar la rueda de prensa en el Mu Por su parte el abogado de la organización Artículo 19, Luis Eduardo Knapp, califica como un “camino tortuoso”, las diferentes acciones que las familias han tenido que emprender en su búsqueda de justicia. La fiscalía de homicidios ha actuado sin ver las particularidades del caso; sin analizar el contexto; sin tomar en cuenta las amenazas que denunciaron las víctimas por parte del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, expone Knapp Moreno. Las familias no están de acuerdo en que todo se arregle con una “disculpa pública”, primero la investigación debe satisfacer a las familias para que
luego se logre la justicia, puntualizó el abogado. La también integrante de Artículo 19, María de Vecchi, indicó que la plataforma creada del caso Narvarte, se da en el marco del derecho a la información, del derecho a la verdad. ¿Por qué no sabemos la verdad?;
¿cuál fue el móvil?; ¿quiénes son los autores intelectuales?. Para que no se repitan tales crímenes se tienen que saber quiénes son los responsables, afirma Vecchi Gerli. Plataforma de memoria del caso Narvarte: https://casonarvarte.articulo19.org/
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Transportistas de Chiapas protestan en Tuxtla contra al pirataje Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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omo parte del “Movimiento Nacional Taxista” decenas de transportistas de diferentes regiones del estado realizaron una protesta en la capital chiapaneca, emulando a 18 entidades donde se realizó esta jornada. Los concesionados de Chiapas acompañados de taxis y colectivos marcharon desde la Diana Cazadora hacia el parque central, donde exigieron un combate verdadero al pirataje en la entidad, ya que de acuerdo a los propios transportistas son 20 mil unidades irregulares las que actualmente circulan libremente. Con lonas, pancartas y de manera enérgica reclamaron a las autoridades del transporte la falta de resultados contundentes para frenar el avance de este cáncer que se ha infiltrado en este sector para mal. En este sentido Jorge Antonio Aguilar Limón vicepresidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas precisó que además de Tuxtla, los transportistas se movilizan en dos municipios más incluida la movilización de la región Sierra y Tapachula sin embargo señaló que en todo el estado el pirataje tiene presencia. De estas 20 mil unidades piratas, en Tuxtla podría haber tres mil taxis en esta misma condición, sin contar las de transporte colectivo que representan un grave peligro para la población. Los manifestantes expresaron
Los concesionados de Chiapas acompañados de taxis y colectivos marcharon desde la Diana Cazadora hacia el parque central, donde exigieron un combate verdadero al pirataje en la entidad, ya que de acuerdo a los propios transportistas son 20 mil unidades irregulares las que actualmente circulan libremente
que también las plataformas como Uber y otras han estado desplazando a los verdaderos transportistas del país, por ello la insistencia en la instalación de Consejos Técnicos Municipales para tener un mejor control del sector. Aguilar Limón precisó que otras de las peticiones es la no modifi-
cación de la Ley de Transporte, ya que los transportistas han sido los más golpeados en cuanto a competencia desleal. Recordó que en la capital chiapaneca hay unidades clonadas, otras con placas sobrepuestas o particulares, sin que las autoridades las retiren de circulación, a
pesar de que infringen gravemente la ley. Este grupo, arribó al Congreso del Estado cerca del mediodía, para solicitar a los legisladores su pronta intervención en este tema que se ha salido completamente del control tanto de los concesionados como del estado.
Sentencia el Poder Judicial a Homicida y Pederasta De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Jueces adscritos al Poder Judicial del Estado de Chiapas continúan emitiendo sentencias relevantes con perspectiva social dentro del marco de la Ley, es el caso de penas privativas de 25 y 20 años de prisión contra los responsables de delitos de Homicidio y Pederastia, respectivamente. El primer caso ocurrió en Huitiupan donde Pascual “N” fue acusado del homicidio de Marco “N”, por lo que luego del ejercicio concurrente para el caso, el cuatro de octubre del 2019 se llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Alegatos de Clausura y se dictó la Sentencia Condenatoria imponiendo la Pena Privativa de Libertad de 25 años de prisión al inculpado.
En otro caso, un juez del Poder Judicial encontró responsable del Delito de Pederastia a Adalberto “N”, quien en la Colonia Campestre de Tapachula en 2018 habría atacado a una menor de entonces 13 años de edad. Ante esta situación y siguiendo los procedimientos pertinentes, el 4 de octubre del 2019 se llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Alegatos de Clausura y se dictó la Sentencia Definitiva Condenatoria con pena privativa por 20 años de prisión Con estas acciones y en completa coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado de Chiapas ratifica su compromiso con la impartición de justicia en beneficio de las y los chiapanecos.
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Localizan en el Edomex a cinco menores de una casa hogar que fueron reportados desaparecidos Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)
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os cinco menores reportados como desaparecidos por directivos de una casa hogar de Iztacalco fueron localizados en el Estado de México, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJC-DMX). El sábado por la mañana, el representante social de la casa hogar ubicada en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, denunció ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), la ausencia de cinco menores que habitaban en el lugar. De inmediato, las autoridades capitalinas emitieron la alerta Amber para localizar a Mía Kaory Carrasco Ibarra, de 13 años; Dorian Molina Granados, de 14; Luis Ángel Sánchez Ramírez y Óscar Daniel Hernández Velázquez, ambos de 15, así como a Mariana Itzel Orihuela López, de 16 años, quienes habitan en el lugar desde hace dos semanas. Tras el reporte, tres de los adolescentes fueron localizados ayer en el Estado de México por autoridades locales y del DIF, mismos que decidieron reintegrarse a la casa hogar. Los dos menores restantes, identificados con los nombres de Mariana Itzel Orihuela López y
Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal cifró en 6 mil 107 casos el número de personas confirmadas con dengue y 15 defunciones por este virus en Veracruz hasta el 30 de septiembre. La entidad ocupa el primer lugar nacional de casos confirmados por dengue, seguido de Jalisco (5,042); Chiapas (1,939), y Oaxaca (1,193). En el mismo periodo de 2018, Veracruz registraba solo 1,115 casos confirmados, es decir, que este año se han registrado 4,992 personas más con esta enfermedad. A nivel nacional, la cifra de casos confirmados pasó de 5,885 en 2018 a 20,914 en el presente año. De igual manera, la entidad costera es la segunda a nivel nacional de “probables casos” de personas con este virus, con 29 mil 742, solo atrás de Jalisco, con 32,414. El fin de semana se dio a conocer que el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes
El sábado por la mañana, el representante social de la casa hogar ubicada en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, denunció ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), la ausencia de cinco menores que habitaban en el lugar
Dorian Molina Granados, fueron ubicados hoy también en el Estado de México. A diferencia de sus compañeros, ellos no quisieron retornar a la casa
hogar, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. A través de un comunicado, la
PGJ-CDMX informó que los menores recibieron atención médica y psicológica, con lo que se descartó que hubieran sido víctimas de algún delito durante su ausencia.
Veracruz: 15 defunciones por dengue y lidera casos confirmados en todo el país Larios, fue hospitalizado de emergencia por esta enfermedad. Aunque el gobierno de Veracruz habría dicho hace un par de meses que no gastarían en comprar larvicida para fumigar en municipios veracruzanos, pues “se mataban a las abejas”, este fin de semana comenzaron una intensa fumigación en varias colonias de ayuntamientos, donde el dengue ha ocasionado estragos. Tan sólo del 23 al 29 de septiembre, un funcionario de la Secretaria de Salud admitió -previa garantía del anonimato- la proliferación-confirmación de mil nuevos casos de dengue en tan solo una semana. Soslayó que la responsabilidad recaía sobre mandos de la jurisdicción sanitaria quienes “pretextaron” la falta de recursos para echar a andar a los vectores sanitarios. Los municipios con más casos re-
gistrados son Chicontepec, Tempoal, Rafael Delgado y Jilotepec, así como una alta incidencia de la enfermedad en Xalapa, ciudad con clima templado y tan ajena a epidemias como el dengue. En la entidad veracruzana, uno de los talones de Aquiles del actual gabine-
te conformado por servidores públicos extraídos de Morena es el sector salud, aunado a la epidemia de dengue, también hay escasez de retrovirales para el VIH, nulo abasto de insumos para intervenciones quirúrgicas y desabasto de medicamentos oncológicos.
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Arturo Herrera: debemos estar preparados para una crisis global Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
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l secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que México acumula 33 meses consecutivos sin recesión económica, con crecimientos “muy mediocres”, por lo que advirtió que la economía “debe estar preparada” para enfrentar una crisis económica global. “Tenemos 33 trimestres sin una recesión, con crecimientos muy mediocres, porque ha sido muy mediocre en los últimos años... Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Para nadie es un secreto las tensiones internacionales y el proceso de desaceleración”, señaló el encargado de las finanzas públicas la participar en el Foro Forbes Latam. De acuerdo con el funcionario federal, el actual gobierno ya actúa de cara al peor escenario que podría enfrentar la economía mexicana. De entrada, señaló que la SHCP es “extraordinariamente prudente” con las finanzas públicas; también que impulsa una serie de programas para empujar la demanda agregada, que tiene un impacto contracíclico; al tiempo que hay “mucho cuidado” en el proceso de ratificación del acuerdo de libre comercio. Arturo Herrera acotó: “Aun en un entorno muy complejo como el qué hay, si nosotros lográramos que el tratado se ratificara en las próximas semanas, esto cambiaría totalmente las condiciones de México, es decir, tendríamos un entorno
Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
La Inversión Fija Bruta continuó en caída libre por tercer mes consecutivo al registrar un retroceso de 0.7% en julio pasado, respecto al mes precedente y de acuerdo con cifra ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el organismo, la Inversión Fija Bruta, integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad, muestra cómo una gran parte del valor agregado bruto en la economía se invierte en lugar de ser consumida. Sin embargo, los gastos en construcción se redujeron 1.5% y los efectuados en maquinaria y equipo total retrocedieron 0.7% en el séptimo mes de 2019 respecto al mes junio pasado. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta se desplomó 9.1% en términos reales en el mes en cues-
“Tenemos 33 trimestres sin una recesión, con crecimientos muy mediocres, porque ha sido muy mediocre en los últimos años... Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Para nadie es un secreto las tensiones internacionales y el proceso de desaceleración”, señaló el encargado de las finanzas públicas la participar en el Foro Forbes Latam
internacional muy incierto, con una vía de certeza casi única para México, Canadá y Estados Unidos”. En materia de finanzas públicas, el titular de la SHCP aclaró que para que México cuente con una “protección económica”, debería ahorrar al menos el 2% del PIB, sin embargo, reconoció que por el momento “no se puede dar ese lujo”, por lo que las medidas propuestas en materia fiscal son indispensables para mantener un
equilibrio “Parte de lo que empezamos a hacer ahora es asegurarnos que lo que estemos autorizados para cobrar, lo podamos cobrar, algunas de las medidas que estamos poniendo en la miscelánea fiscal, para poder retener impuestos, van orientadas en ese sentido”, explicó.
Y abundó. “Después tenemos que cambiar
la estructura tributaria, de tal forma que no nada más nosotros tengamos mayores recursos, sino también los estados y municipios; la falta de recursos no es nada más para la federación pero hay un tema que va a ser muy importante… es que si nosotros vamos a recaudar más, vamos a tener que ser conscientes de dos cosas: de que recaudamos poco, que no todos pagamos y que todos vamos a tener que contribuir a ello”, advirtió.
La Inversión Fija Bruta cae 0.7% en julio; es el tercer mes a la baja tión. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total descendieron 12.8%, mientras que los destinados a la construcción lo hicieron en 6.9% con relación a julio del 2018. De acuerdo con el análisis del Grupo Financiero Monex, a inicios del tercer trimestre del presente año, la inversión complementa el escenario de un crecimiento económico que sigue enfrentando presiones importantes. “El indicador suma solo un periodo de avance en los últimos nueve meses, con una variación negativa anual acumulada de 4.6% en lo que va de este año”, explicó. Sin embargo, matizó, durante septiembre la inversión extranjera podría beneficiarse de la depreciación que tuvo el tipo de cambio, ade-
más de que, en el frente nacional, la construcción se vería apoyada por la reactivación de obras en la Ciudad de
México, así como el inicio de algunos proyectos de infraestructura a nivel nacional.
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Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
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l presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar en que se declaren improcedentes los amparos que han frenado el inicio de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía pues, incluso, ya hay maquinaria y trabajadores listos para iniciar las obras. “Esperamos que se diga que no proceden los amparos y al día siguiente decir ¡vámonos! Literalmente vámonos a dar el banderazo para Santa Lucía”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este lunes. Desde su campaña electoral, López Obrador fue persistente en plantear la cancelación del aeropuerto que la pasada administración realizaba en el vaso del Lago de Texcoco, provocando diferentes polémicas que lo llevaron a proponer una consulta. Dicha consulta se realizó en septiembre de 2018, durante el período de transición, sin metodología convincente ni carácter vinculante, que devino en la cancelación de la megaobra. Su proyecto de construir dos pistas en la base área militar de Santa Lucía en el Estado de México, para sumarlas a la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, forman parte de un plan que pretende crear un sistema aeroportuario
Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
Los costos de operación, la inseguridad y criminalidad, el costo del financiamiento y la falta de este último son los factores que más obstaculizan la operación de las empresas en el país, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2018 (ENAFIN 2018), el Inegi y la CNBV también señalaron que de los factores que más afectaron el crecimiento de las empresas fueron los siguientes: La situación económica del país con un 26.7%, la inseguridad y la criminalidad con 23.3%, la falta de apoyos del gobierno con un 21.2%, la competencia intensa o desleal con un 18.7% y la falta de financiamiento con un 18.2% de las compañías consultadas. No solo eso, las empresas más grandes son las que obtienen más ganancias después del pago de impuestos, mientras que las más pequeñas pierden. La ENAFIN arrojó que un 92.4% de las empresas grandes obtuvo ganancia y 3.5% tuvo pérdidas después de pagar impuestos; de las medianas, el 88.9% obtuvo ganancia y el 7.7% perdió; asimismo, el 87.2% de las pequeñas generó ganancias mientras que un 9.3% obtuvo pérdida; mientras que el 88.5% de las microempresas tuvo ganancia mientras que el 8.7% generó pérdidas.
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Maquinaria y trabajadores están listos para iniciar obras en Santa Lucía, dice AMLO “Esperamos que se diga que no proceden los amparos y al día siguiente decir ¡vámonos! Literalmente vámonos a dar el banderazo para Santa Lucía”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este lunes
vinculando las operaciones de diferentes ciudades en el centro del país. En los últimos meses, el arranque de la obra se ha visto frenado debido a más de un centenar de amparos
interpuestos, por una parte, por las comunidades aledañas a la base militar y, por otra, por los promovidos por el colectivo “No más derroches” que agrupa a organizaciones cercanas a la
cúpula empresarial. A estos últimos, el presidente López Obrador los acusa de “sabotaje legal”. A poco más de 10 meses de iniciada su administración, los amparos y la oposición que ha surgido a sus proyectos emblemáticos de infraestructura, mantuvieron detenidos los trabajos, no sólo en Santa Lucía, también en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y la construcción del Tren Maya. Hoy, el mandatario dijo que ya empezaron los trabajos en Dos Bocas y que su gobierno licitó ya la ingeniería básica para el Tren Maya, entre otras acciones que, consideró, están avanzando, como la creación de la entidad gubernamental para el desarrollo del Istmo y la licitación para la ampliación de puertos.
Economía e inseguridad, los mayores obstáculos de las empresas en México: Inegi Financiamiento: el desdén a microempresas En cuanto al financiamiento, el ejercicio estadístico dio cuenta que más de la mitad de las empresas consultadas no acudieron a solicitar créditos. De esta forma, solo un 23.7% de las empresas realizó alguna solicitud de crédito, sobresaliendo las empresas medianas con un 42.1%, seguidas por las empresas grandes con un 36% y por las pequeñas con un 26.7%. Finalmente se tiene a las microempresas de las cuales un 18.1% solicitó crédito en 2017. Así, nueve de cada 10 créditos solicitados les fueron aprobados a las empresas en 2017, sobresaliendo las empresas grandes a las que se les otorgó el 97.4% de los créditos solicitados, a las medianas, un 93.9%, a las pequeñas un 89.8% y a las microempresas el 87.1% de los créditos solicitados le fueron aprobados. En contraste, de las empresas que tuvieron solicitudes de crédito rechazadas en 2018, el 27.8% señala que el rechazo se debió a que no cuentan con historial crediticio. Para un 39.9% de las empresas grandes, el rechazo del crédito se debió a que cuentan con baja capacidad de pago, situación que es señalada por un 28.8% de las empresas medianas y un 22.4% de las pequeñas. Para las microempresas, el principal motivo del rechazo del crédito fue la
falta de un historial crediticio, lo cual es señalado por un 47.3% de estas empresas. En 2018, poco más de la quinta parte de las empresas tuvo financiamiento para solventar sus operaciones, para pagar transacciones o para realizar otras actividades de la empresa, de las cuales, un 75.4% lo obtuvo de la banca comercial, un 30.4% de los proveedores, el 11.7% de familiares o amigos, un 7.4% de las instituciones financieras no bancarias y un 5.4% lo obtuvo de otras fuentes. La tercera parte de las empresas con solicitudes de crédito rechazadas en 2018 no volvió a solicitar ningún crédito después del rechazo, un 32.8% buscó y encontró financiamiento mientras que un 34.1% volvió a solicitar, pero no encontró. Sobresale el 69.5% de las empresas grandes que buscaron y encontraron financiamiento después del rechazo, sin embargo, el 38.7% de las microempresas volvió a solicitar, pero no encontró. Por otra parte, cinco de cada 10 empresas consideran que el principal factor que limita el acceso al financiamiento es el alto interés que se cobra, seguido por los muchos requisitos que piden las instituciones, factor que es mencionado por el 23.9% de las empresas. Para un 10% de las empresas el acceso al financiamiento no tiene limitantes.
Seguros son caros: empresas En cuanto a la contratación de seguros del total de empresas, el 70.8% contrató alguna póliza de seguro, sobresaliendo las empresas dedicadas a la construcción, sector en el que prácticamente nueve de cada 10 empresas contaron con alguna póliza de seguro. El 85% adquirió un seguro de daños a los activos fijos, el 33.6% adquirió seguros de responsabilidad civil y un 15.8% de gastos médicos mayores. Estas proporciones se comportan de manera similar en los diferentes sectores de actividad económica. En contraste, el 39.3% de las empresas que no contrataron pólizas de seguro en 2017, opina que se debió a que son caros, siendo el motivo más mencionado por las empresas, seguido por un 26.5% que considera que no los necesitan, sin embargo, este último fue el motivo más mencionado en las empresas grandes con un 52.9%.
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Juez aplaza la resolución de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
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l juez Juan Carlos Guzmán Rosas, a quien le fue asignada la tarea de revisar los 147 amparos en contra de la construcción del aeropuerto civilmilitar Felipe Ángeles, en Santa Lucía, aplazó la resolución de uno de los recursos interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches para resolver la viabilidad de la obra. El sábado, el Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Cuidad de México celebró la audiencia en la que comparecieron el abogado Gerardo Carrasco Chávez, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, así como Elena Abigail Díaz Calvo, subteniente y representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto tras dos semanas de mantener en vilo la comparecencia en la que se analizará si con la suspensión se ha dañado el “interés nacional”, al considerar a Santa Lucía “instalaciones estratégicas”, lo que podría de manifiesto los criterios expuestos por la Sedena para pedir la negativa a las medidas precautorias. Carrasco Chávez presentó el testimonio del actuario de la Sedena, en el que manifestó que “durante el tiempo de espera para las respectivas autorizaciones por parte de las autoridades militares a la 37/a Zona Militar en Santa Lucía, y al efectuar el recorrido por la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, para llevar a cabo el desahogo del medio de convicción ofrecido, el suscrito advierte en el espacio aéreo de tales
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
El ministro Eduardo Medina Mora rechazó ampliar los motivos de su renuncia ante el Senado, aseguró Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. El senador dijo que tuvo comunicación de manera “indirecta”, a través de un amigo en común, con Medina Mora, quien no desea ni ampliar sus motivos, ni menos asistir o comparecer al Senado. “Ha comentado que él ha agotado su petición, ha agotado su interés en seguir en la Corte, y ha presentado su renuncia con carácter definitivo e irrevocable, y que desea no participar en el Senado y concluir su trámite de renuncia”, reveló el líder de la bancada morenista. El senador reiteró que este martes el pleno del Senado avalará la solicitud de dimisión del ministro a la Suprema Corte de Justicia de la
El sábado, el Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Cuidad de México celebró la audiencia en la que comparecieron el abogado Gerardo Carrasco Chávez, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, así como Elena Abigail Díaz Calvo, subteniente y representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
bases transitan naves aéreas (helicópteros), así como actividades de paracaidismo”. Con este argumento, la iniciativa #NoMásDerroches busca desacreditar que la medida precautoria mantenga cerrada Santa Lucía y que se pongan en riesgo el despegue y descenso de aeronaves militares. La declaratoria de “instalación estratégica” a la base aérea de Santa Lucía y otros aeropuertos del Ejército, apareció el pasado 20 de agosto cuando #NoMasDerroches, encabezado por el empresario Claudio X González, ganó una suspensión definitiva ante dicho juzgado para
detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Nueve días después, la Sedena solicitó al Consejo de Seguridad Nacional que declarara como instalaciones estratégicas todos los bienes del Ejército y la Fuerza Aérea, con el pretexto de que los amparos ponen en riesgo “la protección y seguridad de todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E. El pasado 2 de octubre, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinó atraer el caso, tras presentarse un recurso de contradicción de tesis derivado de dos criterios divergentes emitidos
por tribunales. Al analizar la contradicción de tesis 283/2019, en la que se le solicitó “determinar si es improcedente otorgar (la suspensión) en virtud de la afectación al interés social previsto en el artículo 128 de la ley de amparo”, los ministros votaron a favor de declarar que no existió tal contradicción, pues ambos pertenecen a “hechos diferentes”. Con esta decisión, los ministros dejaron en manos de Guzmán Rosas la resolución sobre la constitucionalidad de varios amparos que obtuvieron suspensión definitiva contra Santa Lucía.
Medina Mora rechazó ampliar los motivos de su renuncia: Monreal Nación y comunicarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que puede enviar la terna para ocupar la vacante para un periodo de 15 años y no por los 11 que le restaban a Medina Mora. “Y aclaro una cosa, de acuerdo con los antecedentes que ha habido varios, algunos por muerte, de ausencias de ministros, se eligen por los 15 años”, dijo Monreal. El político zacatecano dijo que López Obrador podría enviar la terna para la SCJN esta misma semana. “Seguramente estará pensando enviarlo de inmediato para no dejar la Corte con diez de sus ministros solamente, sino que esté completa la Corte con los once ministros de la Suprema Corte de Justicia”, explicó.
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Conavim rechaza participación de sociedad civil en seguimiento de AVG para la Ciudad Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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a Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aseguró que no está en contra de la orden judicial de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, lo que reclama, es que las organizaciones de la sociedad civil participen en el proceso de implementación y seguimiento de las acciones derivadas de este mecanismo. Cimacnoticias consultó el documento de revisión de amparo que interpuso la Conavim el pasado 30 de septiembre contra la orden del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de decretar en estado de Alerta de Violencia de Género a la capital de México. En éste, la Comisión señala que no se opone a la declaratoria de la AVG en la ciudad, pero reclama que el Juez se extralimitó en sus atribuciones y ordenó una serie de acciones que no están previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) ni en el Reglamento de ésta, específicamente respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. El pasado 13 de septiembre el Juzgado Tercero amparó a las organizaciones
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) a quien responsabilizó de ser omiso, negligente y por su mala actuación médica al atender a una niña guatemalteca de 10 años de edad, quien murió como consecuencia de haber caído de una litera mientras se encontraba detenida, conjuntamente con su madre en las instalaciones de la Estación migratoria “Las Agujas”. De acuerdo con la CNDH la niña y su madre, ambas provenientes de Guatemala, ingresaron a dicho recinto migratorio ubicado en la alcaldía Iztapalapa el 15 de mayo de 2019 y durante su estancia la niña cayó de la parte superior de la litera que se le asignó y se golpeó en el costado izquierdo del abdomen con la placa de concreto de la cama de abajo, por lo que su mamá la llevó al servicio médico del recinto, donde el doctor en turno se limitó a darle una pastilla para el dolor. La recomendación señala que conforme su estado de salud se deterioraba, el médico de la estación migratoria dijo que “seguramente la niña quiere llamar la atención” , pero la niña continuaba con molestias; sin embargo, tuvieron que pasar casi 8 horas y tras la exigencia de varias mujeres que se encontraban en la Estación, para que fuera trasla-
peticionarias de la AVG en la Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Justicia Pro Personas AC., y ordenó que se les diera participación activa dentro del proceso a fin de “tomar en cuenta elementos que fortalezcan el análisis de la implementación de las medidas y el seguimiento de la declaratoria de AVG en la Ciudad de México”. También te puede interesar: Juez ordena decretar Alerta de Género en Ciudad de México Por tal determinación la Conavim, bajo la dirección de la doctora Candelaria Ochoa Ávalos, solicitó una revisión del amparo, que, aunque retrasa la protección de las mujeres y niñas frente a la violencia feminicida, manifiesta que la participación de las organizaciones de la sociedad civil se reduce al trámite de petición de Alerta, como consta en el Reglamento de la LGAMVLV. La Conavim argumentó que si bien el Reglamento permite que el Grupo
de Trabajo, que es el organismo conformado por académicas para dar seguimiento a las solicitudes de AVG, puedan invitar a expertos independientes, así como observadores de organismos internacionales de Derechos Humanos, no contempla a las solicitantes o peticionarias de la Alerta, ni por otras organizaciones de la sociedad civil. “Es importante resaltar que las organizaciones peticionarias de una Alerta de Violencia de Género u otras organizaciones civiles, podrían ser conocedoras del contexto de violencia contra mujeres, pero no se pueden calificar como expertas independientes”, se indica en la revisión al amparo firmada por Nadia Sierra Campos, directora adjunta de Conavim. Asimismo señala que conviene tomar en cuenta los conflictos de intereses que pueden existir por parte de las organizaciones de la sociedad civil al ser peticionarias. Conavim ejemplifica que en el am-
paro que se otorgó a las organizaciones civiles en Puebla para decretarse la Alerta de Género. A pesar de amparar a la sociedad civil, en su resolución el Tribunal Colegiado determinó que no existe obligación por parte del gobierno Federal para darles información sobre el seguimiento dado al procedimiento. Esto porque no lo prevé el Reglamento del mecanismo. La discusión respecto a la participación de la sociedad civil en los procedimientos de la Alerta de Género no es nueva. A pesar de que se les otorga el papel protagónico inicial en el mecanismo, como solicitantes, su participación en las siguientes fases no está regulada en el Reglamento de la LGAMLVL. Sólo en algunos estados se les ha permitido que se integren a mesas de trabajo, pero sin derecho al voto u opinión. En las mesas de discusiones en la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Alerta de Violencia de Género, también se ha puesto el tema sobre la mesa, pero la tendencia es mantener a las organizaciones civiles únicamente como peticionarias. Una de la propuestas de la titular de la Conavim es la creación de las “contralorías de las Alertas de Género” en las que podría participar una representante de la sociedad civil, más no las organizaciones peticionarias.
CNDH emite recomendación al INM por muerte de niña en sus instalaciones dada de forma urgente a un hospital pediátrico. La Comisión señala que fue alrededor de las 21:50 horas cuando la llevaron en un auto particular acompañada de su madre, el conductor y un agente federal del Instituto Nacional de Migración (INM), sin ningún médico a bordo, por lo que la niña murió durante el trayecto. Por lo anterior el organismo realizó investigaciones para determinar la violación a los Derechos Humanos de la menor de edad y mediante su recomendación 77/2019 señaló que hubo violaciones a los derechos a la vida, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez, que determina se debe tomar la mejor decisión para proteger y garantizar el desarrollo integral de los menores de edad, en los casos donde esté de por medio su bienestar físico y emocional. Por todo ello, la CNDH recomendó al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, localizar a la madre y padre de la niña para que en Coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se les reparare de manera integral por los daños causados, inclu-
yendo compensación justa y suficiente, además de atención psicológica, e informarles el derecho que les asiste a contar con una condición de estancia en territorio nacional. Asimismo, la Comisión le solicitó al INM garantizar alternativas a la detención de la niñez migrante -acompañada y no acompañada- alojada en la estación migratoria “Las Agujas”de la Ciudad de México, por lo que llamó a suscribir los acuerdos de colaboración correspondientes con los Sistemas DIF Federal, Estatal y Municipal así como elaborar un protocolo para la atención de urgencias médicas, integrar el expediente clínico de las personas migrantes que reciben atención en ese recinto y contar con un vehículo tipo ambulancia para atender situaciones de emergencia. En este contexto, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Fundación Cristosal y la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) entre otras que protegen los derechos de la niñez, denunciaron -desde el pasado 26 de septiembreante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) el daño que se ocasiona a los menores de edad que son detenidos en recintos migratorios de México y otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos Estos, dijeron, operan al doble de su capacidad y tienen tratos discriminatorios por parte de las y los funcionarios públicos que trabajan ahí, lo que muestra que carecen de capacitación y experiencia para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Por esa razón, la CNDH llamó también a capacitar a las personas servidoras públicas adscritas a la estación migratoria “Las Agujas” debido a que por lo menos cuatro funcionarios omitieron las facultades de sus cargos para la atención oportuna de la menor de 10 años que se lesionó al interior del recinto.
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¿MI CUERPO ES MÍO? Marta Lamas
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na reivindicación feminista de larga data es “mi cuerpo es mío”, frase que resume el derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma. Inicialmente utilizada en la lucha por la despenalización del aborto y su legalización como un servicio de salud, esta demanda hoy se escucha en boca de muchas trabajadoras sexuales. Y aunque en el caso del aborto existe un consenso entre los diferentes feminismos acerca de este reclamo, cuando las trabajadoras sexuales la enuncian para defender su decisión de comerciar servicios sexuales, produce duras confrontaciones entre las feministas. El conflicto se debe a que muchas consideran que el trabajo sexual, al que siguen llamando “prostitución”, es una forma de violencia de género mientras que, por otra parte, hay feministas que las apoyamos en su lucha para que se respeten sus derechos laborales. ¿Qué significa que entre feministas el mismo reclamo acerca de la autonomía corporal tenga una recepción distinta si se trata del aborto o del comercio sexual? ¿Por qué darle diferentes interpretaciones a “mi cuerpo es mío”? La polarización actual entre feministas en relación con esta cuestión comenzó a finales de los ochenta en Estados Unidos y luego se extendió mundialmente, tanto entre las propias activistas feministas como entre legisladores y funcionarios de gobierno. El punto de disenso, que no ha cesado, fue cómo se concibe a la prostitución: ¿es un trabajo o es violencia? Dicha conceptualización es crucial, porque de ella se desprenden las políticas públicas y los marcos regulatorios. Un vistazo alrededor del mundo muestra que ciertos países prohíben totalmente su práctica mientras en otros es absolutamente legal. En México la prostitución no está
prohibida; lo que se penaliza es el lenocinio, o sea sacar provecho del trabajo sexual de otra persona. Esta formulación impide que las propias trabajadoras desarrollen mejores formas de organización de su trabajo, pues dado el riesgo que conlleva trabajar en solitario, tienen necesidad de que alguien esté cerca; el problema es que esa persona podría ser acusada de lenocinio. En la Ciudad de México se piensa actualizar el marco jurídico acerca del comercio sexual y el intenso debate acerca de reformar la ley vuelve a exhibir la discrepancia de posiciones. El debate es intenso, pues se da en un contexto en el que domina la mezcla conceptual que se ha ido haciendo entre comercio sexual y trata. Esta mezcla proviene de la campaña antitrata estadunidense, donde la perspectiva de las feministas de la dominación, también llamadas feministas radicales, difundió la creencia acerca de que el comercio sexual siempre es violencia. Así el nuevo abolicionismo, que pretende erradicar (abolir) toda forma de comercio sexual, se arraigó en México. Nadie niega que existe la trata con fines de explotación sexual, pero lo que muchas personas no quieren ver es la existencia de trabajadoras sexuales autónomas. Esta ceguera lleva a la desubicada intención de “salvar” a las trabajadoras sexuales de sus decisiones. Más valdría que concentren sus energías en lo que debería ser un verdadero rescate de las mujeres secuestradas por tratantes. Es necesario analizar esa narrativa y mostrar el indudable papel que ha jugado el feminismo radical estadunidense en caracterizar “la prostitución” como una expresión de la violencia de género. La perspectiva neoabolicionista no respeta las decisiones de muchas trabajadoras y las considera a todas “víctimas”. Tampoco ve la creciente
politización de las organizaciones de trabajadoras sexuales y desconoce la existencia de la resolución judicial respecto a considerar el trabajo sexual en la calle como una forma de trabajo no asalariado. Las dificultades político-ideológicas de muchas personas para aceptar la compleja realidad del trabajo sexual tienen mucho que ver con la doble moral de la tradición judeocristiana. Esta doble moral, que califica de manera distinta la actividad sexual si la lleva a cabo un hombre o una mujer, deposita una valoración negativa en las mujeres que tienen muchas relaciones sexuales, aunque no cobren. Desde tal consideración se clasifica a las mujeres como “decentes” o “putas”. Curiosamente no estigmatiza a los varones por lo mismo. Lo que prestigia a los hombres, desprestigia a las mujeres. En el debate político acerca de una mejor manera de regular el comercio sexual se cuelan creencias de la doble moral, que transmiten la creencia de que vender servicios sexuales es “degradante” o “abyecto”. En otras ocasiones he escrito acerca de la variedad de formas en las que se llevan a cabo las transacciones de sexo. Aquí insisto en dos cosas: la primera, que en el debate acerca de una nueva regulación es imprescindible escuchar las voces y demandas de las trabajadoras sexuales autónomas. La segunda es que no hay que mezclar trata y comercio sexual. Se puede estar en contra de la trata y, al mismo tiempo, estar a favor de los derechos de las personas que se dedican de manera autónoma al trabajo sexual. No son posturas excluyentes. Ojalá la nueva ley se centre en regular formas de organización del trabajo que beneficien a las trabajadoras más vulnerables y les permitan trabajar más seguras y con una mayor reapropiación de lo que cobran.
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UNA SEMANA EN LOS TIEMPOS DE LA 4T John M. Ackerman
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l primer año de gestión es la prueba de fuego para cualquier nuevo gobierno. Es durante los primeros meses que la nueva coalición gobernante tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo y marcar el rumbo de la nación o, en su caso, empieza a perderse entre confusiones políticas y grillas internas. A pesar de la intensa guerra sucia y los ataques despiadados de parte de los voceros y los intereses del viejo régimen, existen claras señales de que la Cuarta Transformación ya empieza a despegar con fuerza. Una mirada a los logros sólo durante la última semana da una idea clara de la velocidad y la contundencia con la que se están transformando las políticas públicas en el México actual. Tres ejemplos del Poder Legislativo. Primero, el Senado de la República aprobó una nueva Ley Federal para la Protección y Fomento del Maíz Nativo, que obliga al Estado mexicano a preservar esta semilla frente a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Segundo, el Congreso del estado de Oaxaca, de mayoría morenista, impulsó una reforma al Código Penal que despenaliza la suspensión del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Tercero, la Cámara de Diputados avaló una modificación al artículo 28 de la Constitución para prohibir expresamente la posibilidad de condonar impuestos a las grandes empresas nacionales e internacionales. Tres ejemplos del Poder Ejecutivo. Primero, la Secretaría de Salud federal concretó la exitosa importación de 38 mil 200 unidades del medicamento Metotrexato desde Francia, rompiendo así con los chantajes de los fabricantes nacionales de esta medicina que insistían en venderla a precios inflados y habían generado un desabasto artificial. Segundo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que ya había reclutado a 15 mil nuevos integrantes de la Guardia Nacional y que estaba en camino para cumplir con el compromiso de incorporar 60 mil más antes de que terminara
2021. Tercero, la Secretaría de la Función Pública anunció que la confianza ciudadana en las estrategias gubernamentales de combate a la corrupción había aumentado 37 puntos, de 24% en 2017 con Enrique Peña Nieto a 61% en 2019, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un nuevo estudio de Transparencia Internacional. El cambio es profundo. Con la nueva ley de maíz se protegen los 64 tipos nativos de esta semilla –como parte del patrimonio, la cultura y la identidad de México– de la manipulación transgénica y la explotación para fines comerciales de parte de los grandes especuladores trasnacionales. De acuerdo con la senadora Jesusa Rodríguez, se busca “que los tesoros de México se protejan para que nunca más los gobiernos entregados al extranjero amenacen con políticas antipopulares el patrimonio de los pueblos”. Con la despenalización del aborto, Oaxaca se convierte en la segunda entidad federativa en dar plenas garantías a las mujeres en su decisión autónoma sobre su cuerpo durante las primeras 12 semanas del embarazo. Así, este estado se reivindica una vez más como una entidad líder con respecto a la transformación social y política de la nación. Y al poner fin a la condonación de impuestos, el Estado mexicano ahora ahorrará enormes cantidades de recursos que podrán ser invertidos en escuelas, hospitales y carreteras. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del SAT, entre 2007 y 2018 los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto condonaron 400 mil 901 millones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes, con sólo 108 empresas concentrando 53% de este monto. Algunas de las empresas favorecidas incluyen a Pfizer, Liverpool, Chedraui, El Palacio de Hierro, 7 Eleven, Cinépolis, HewlettPackard, Grupo Carso, General Motors, Volkswagen, Cemex, Industrias Peñoles, AT&T y Grupo Cargill. Con la importación de Metotrexato, López Obrador envía un mensaje fuerte y cla-
ro a favor del estado de derecho y la salud pública. El gobierno federal ha revelado que el motivo de los problemas de distribución de este medicamento –necesario en el tratamiento del cáncer– fue la rebeldía de uno de los grandes laboratorios nacionales, Pisa, contra el renovado activismo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La nueva Cofepris ha insistido en una vigilancia estricta de los procesos de fabricación de los medicamentos y empezado a suspender permisos para los laboratorios que incumplen la ley. Las empresas han respondido con chantajes y la generación de un desabasto artificial. Pero en vez de ceder a las presiones, la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Jorge Alcocer, ha respondido con la adquisición de los medicamentos en el extranjero. Los avances en la integración de la Guardia Nacional también son sumamente importantes. En una conferencia impartida la semana pasada en El Colegio de México, Alfonso Durazo anunció que mientras los gobiernos anteriores solamente habían podido reclutar unos cuantos miles de nuevos elementos para sus proyectos de la Policía Federal y la Gendarmería, el gobierno actual está logrando una amplia convocatoria a la ciudadanía para la Guardia Nacional. Ello implica que si bien la Guardia hoy depende en gran parte de los elementos tomados de las Fuerzas Armadas, en el corto plazo la mayoría de los integrantes serán nuevos reclutas de la sociedad civil y con capacitación especializada, algo que transformará radicalmente la lógica de esta nueva fuerza del orden. Y el salto con respecto a la confianza ciudadana en las estrategias de combate a la corrupción del nuevo gobierno federal abre una enorme ventana de oportunidad para construir una inédita sinergia Estado-sociedad a favor de la honestidad. Antes, los ciudadanos veían a las instituciones gubernamentales como sus principales adversarios en la lucha contra la corrupción, pero hoy son sus grandes aliadas.
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PARA BUSCARLOS CON MÉTODO José Ramón Cossío Díaz
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a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 2017. Entre otras muchas determinaciones, en la ley se previó que la comisión nacional y las locales de búsqueda, deben realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda. La importancia del protocolo es manifiesta. Al estar contemplado en una ley de carácter general, se pretende que su aplicación se lleve a cabo por todas las autoridades del país en sus respectivos ámbitos de competencia. Es decir que con independencia de si la desaparición forzada o por particulares tiene carácter federal (Fuerzas Armadas, servidores públicos federales o delincuencia organizada, por ejemplo) o local (policías locales o delincuencia no organizada, por ejemplo), se aplique en todo el país a fin de generar una adecuada coordinación y datos homogéneos. Es evidente que sin un protocolo capaz de generar condiciones estandarizadas de búsqueda y localización resultará difícil constituir la red de actuación que permita, dentro de la enorme tragedia que supone el hecho, realizar las búsquedas de manera eficiente, identificar paraderos y avanzar en la definición de la situación del amplio y creciente número de personas que están desaparecidas o no localizadas. El problema que se está presentando es que, y más allá de la importancia de este instrumento, el mismo no se ha expedido. Sin dejar de reconocer los importantes esfuerzos desplegados por numerosas autoridades y familiares de las personas desaparecidas, es evidente que se carece de método en muchas de las acciones tomadas en lo que es, sin duda, uno de los más serios problemas de la crisis humanitaria que vive nuestro país. Asimismo, para comprender su importancia y urgente necesidad, consideremos que el Protocolo Homologado de Búsqueda debe prever las autoridades que recibirán el reporte, denuncia o noticia de las personas desaparecidas o no localizadas, los diversos tipos de procedimientos atendiendo a las causas y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo, los procesos para
definir las áreas de búsqueda y los medios de actuación de las autoridades bajo el principio de vida. También debería establecer las diferentes maneras de investigación ministerial, pericial y policial y las que particularmente deban desplegarse respecto de niñas, niños y adolescentes, personas vinculadas con movimientos políticos o en situación migratoria. Por último, los procedimientos forenses y sus requisitos mínimos (localización, identificación, actuación en antropología y odontología forense y autopsia médico legal, entre otros), así como los medios de notificación a familiares y de averiguación en caso de haberse localizado con vida o sin ella a una persona desaparecida o no localizada. En un plano más institucional, el protocolo homologado debe contemplar los mecanismos de coordinación entre autoridades para la búsqueda y la investigación; los modos de recabar la información que contribuya a la búsqueda, localización e identificación; los medios para consultar información en registros y bases de datos; los mecanismos para conseguir que las personas ingresen a los programas de protección y para lograr colaboración; las medidas para atender a personas vulnerables y mantener a los familiares informados; los plazos y procedimientos de búsqueda y los procedimientos de participación de familiares en la búsqueda e investigación. La competencia para emitir este ordenamiento de complejo contenido corresponde al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entidad integrada por los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores; el fiscal general de la República; los titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, de la hasta hace poco Policía Federal, ahora Guardia Nacional; y de las Comisiones Locales de Búsqueda; tres representantes del Consejo Ciudadano y la persona designada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Este órgano, desafortunadamente, no ha sido capaz de generar el instrumento que el país requiere. Ello contrasta con el hecho de que, y sin juzgar acerca de su eficiencia, en el Diario Oficial del 16 de julio de 2018 se publicó el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. De esta manera, una parte de lo ordenado por la Ley de Desaparición ya se encuentra en vigor y otra, igual de importante jurídicamente, pero tal vez más apremiante humanamente, sigue sin aparecer. Para efectos de su elaboración y validez, conviene precisar que además de los elementos materiales ya señalados, el protocolo homologado tiene que generarse en unas condiciones técnicas muy específicas. No cualquier cosa que se denomine protocolo homologado tendrá la suficiencia para poder pasar por él. Atendiendo a lo dispuesto en la propia Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la elaboración de este instrumento deberá llevarse a cabo con la participación de expertos, organizaciones de la sociedad civil y familiares, atendiendo a estándares internacionales. También que al hacerlo deberán considerarse instrumentos de investigación, consultas, análisis de actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas y evaluaciones de impacto; mapas de denuncias,
victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial; estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales; la situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico; el uso de herramientas tecnológicas; el análisis de datos para comprender las tendencias históricas y las evaluaciones participativas para determinar la percepción o la eficacia de las medidas y procedimientos y mejores prácticas internacionales, entre otros. Casi diariamente y creo que con sinceridad, nuestras autoridades se pronuncian empáticamente en favor de las personas desaparecidas. A sus familiares se les ofrecen apoyos, instrumentos y soluciones. Se habla de aumentar presupuestos y desmarcar a tan imperativo quehacer de la austeridad que todo lo abarca. Eso suena bien y es loable. Sin embargo, siguen sin aparecer las soluciones, para cargar las tintas diré que reales, a la gravedad de los problemas identificados y bien diagnosticados. Mientras las soluciones no lleguen, las cosas deberán seguirse suavizando con palabras y éstas, ya se sabe, suelen irse desgastando. En el país hay muchas cosas que hacer para combatir la corrupción y la impunidad. Otras más, también muchas, para restablecer la paz o, al menos, disminuir la violencia. También las hay para restablecer los tan rotos tejidos sociales. De entre todo ello, la existencia de personas desaparecidas es uno de los más lacerantes, cotidianos y desesperantes hechos que cualquiera pueda sobrellevar. Mientras eso no se repare, no podrá haber paz social ni, en mucho, recuperaciones individuales. Es paradójico que habiendo un discurso que parece comprender la dimensión de estos hechos, no tenga la capacidad de incidir en las prácticas que él mismo, el discurso, puede establecer y tal vez remediar. Buscar personas desaparecidas sin método es tanto como buscarlas en la oscuridad, iluminándose por las tinieblas. Mientras no haya un protocolo, no por exigencia de una ley sino por un principio de orden y congruencia en las tareas a realizar, los familiares trabajarán solos y con dolor. Establecer el método común a todos no es su tarea. Es, exclusivamente ahí, del Estado, cuya legitimidad básica descansa en su capacidad de proteger a su población. Más allá de votos, afinidades, ideologías, pertenencias o entusiasmos.
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Martes 8 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
SIEMPRE TENDREMOS BERLÍN
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sta historia comienza de una forma intempestiva: en abril pasado, Guillermo Sheridan firma un texto en la revista Letras Libres en el que me acusa de plagio por una columna mía sobre los intelectuales, donde resumí el punto de vista de Antonio Gramsci y de Julien Benda (Proceso 2212). La acusación era extraña al menos en tres sentidos: era contra alguien que cita –y a ustedes les consta– un promedio de tres autores por texto –unos 647 autores en estos cuatro años, citados de buena fe–; cuyas novelas tienen bibliografía (Disparos en la oscuridad, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra); y que entiende que el papel de escribir en medios para el gran público es alentar la lectura de libros, acercarse a ideas que están en ellos y ver qué nos dicen ahora. Cuando uno leía la acusación, ésta caía por su propio peso: el autor “plagiado” –Edward- Said– estaba citado y lo que el acusador suponía apropiación indebida se llama, en realidad, paráfrasis, resumen. No hay plagio donde se cita al autor, porque el plagio es un uso oculto de una fuente original, es decir, alguna que no esté basada en otra preexistente. Para que haya plagio debe existir la intención de presentar una obra de otro como propia, no citarla, es decir, rodearla de las coquetas comillas, como lo hice y lo he hecho con todos, porque no quiero lucir sino mis lecturas, no mis ideas. Edward Said transcribió con otras palabras lo escrito en la cárcel por Antonio Gramsci, al que también cito varias veces. ¿Se puede acusar a Said, que en paz descanse, de “plagiar” a Gramsci por hacer un resumen de sus ideas? Absurdo. Como el atacado era un texto sobre el papel de los intelectuales y el penoso caso de la Operación Berlín, donde el dueño de Letras Libres, Enrique Krauze, resultaba haber vendido su opinión instalando una fábrica de mentiras contra el candidato de la izquierda, López Obrador, lo justo era pensar que la acusación era esa forma de la refutación que consiste en desprestigiar a quien dice, para alejar la discusión de lo que dice. En todo caso, eran otras fuentes a las que Letras Libres podía refutar, por ejemplo a Tatiana Clouthier, que lo escribió en un libro, o a Ricardo Sevilla, que trabajó para la Operación Berlín y fue entrevistado por Carmen Aristegui. No respondí el texto de Sheridan porque supuse que mis lectores sabrían las diferencias entre plagio y paráfrasis, columna de revista y tesis de licenciatura, y que tomarían la acusación como un desvío de otras que se hicieron por esos días: un mismo artículo contra López Obrador apareció firmado, una vez, por Fernando García Ramí-
Fabrizio Mejía Madrid
rez (El Financiero, 21 de mayo 2018), otra por Gabriel Zaid (Reforma, 24 de junio); una acusación de Sabina Berman contra el mismo Krauze por robarle un texto sobre la judeidad; una investigación penal sobre el documental El populismo en América Latina, que terminó en una multa por delitos electorales. Mi opinión era el menor de los problemas para Letras Libres. Tampoco lo respondí porque se destilaba en él la venganza, la rabia, los deseos de rebajar al otro, no por lo que dice, sino por instaurarse como un sinodal de los textos ajenos. Recordé, además, que en 2004 se equivocó al confundir a Inti Muñoz con otro líder estudiantil, Higinio Muñoz. A pesar de que se le aclaró su confusión, jamás la reconoció ni pidió una disculpa, como se debe hacer si se descubre que una aseveración sobre una persona es falsa. Entonces, ¿para qué responderle? Acusar de plagio a un autor que tiene más de 20 libros y que vive de escribir desde los 15 años es un tanto temerario. Según nuestras leyes federales se habla de “originalidad” sólo cuando la obra es “primigenia”, es decir, no está basada en una preexistente, o cuando “sus características permiten afirmar su originalidad”. Esta vaguedad puede ser entendida como una especie de “rango de novedad”, donde lo aportado sea mayor que lo prestado. Además de la cita, las paráfrasis, las alusiones, las semejanzas, los homenajes, las parodias, los pastiches (imitación de un estilo), las evocaciones y reminiscencias no son plagios, son “originales”, en el criterio de nuestra ley de derechos de autor. Si todo fuera plagio, nada sería plagio. Cosa muy distinta es la academia, donde existe un código de citas que debe cumplirse –la más vieja es la más “verdadera”–, pero la cultura no es un campus grandote. En la escuela, los códigos para apropiarse e imitar otras obras son parte del desarrollo intelectual y de aprender a comportarse en un ámbito académico. En el mundo ancho y ajeno eso no funciona así, donde aprendemos y socializamos mediante la imitación, nos regodeamos en el placer de entender una alusión, una parodia, una reminiscencia, una semejanza, una
asociación, un sampleo, un collage, entre obras. Lo que pensé fue que, si yo le aplicara sus propios criterios, de que el plagio existe a pesar de que cites al autor, el mismo Sheridan habría plagiado a Jorge Ibargüengoitia, al menos en su imitación del estilo. Pero no lo hice porque no creo en ello. No creo que haya que acusar de plagio a Shakespeare por tomar Romeo y Julieta de Píramo y Tisbe de Ovidio ni por reproducir, palabra por palabra, la descripción de Cleopatra que hizo Plutarco, que después terminaría en La tierra baldía de T.S. Elliot. Ni condenar a Montaigne por reproducir, él sí sin citarlo, 400 párrafos de Plutarco en sus Ensayos. Y, para el caso, tampoco a Octavio Paz, que fue acusado por Edmundo O’Gorman y Emmanuel Carballo de haberse apropiado indebidamente de ideas de Rubén Salazar Mallén y Samuel Ramos. La cultura no necesita un Sinodal de la Nación que no pueda distinguir la apropiación ilegítima de la legítima. Desde que el 22 de febrero de 1969 Michel Foucault plantea ante la Sociedad Francesa de Filosofía que el autor no es ni el propietario ni el inventor de sus textos, pasando por Anthony Graffton y la historia de los pies de página, hasta propuestas más políticas como Los bienes comunes del conocimiento de Hess y Ostrom, la crítica a la “propiedad privada” en los textos y formas del discurso es el fondo del debate. En México, sin embargo, ese debate casi no existe porque los que acusan utilizan la terrible palabra “plagio” –que en su origen romano era secuestro de un hijo– para humillar al contrario, obligándolo a explicarse en un terreno muy vago de “originalidad” y apropiaciones, de un robo. Equipararlo a un robo es excesivo si consideramos lo que escribe Jonathan Lethem en Contra la originalidad: “Un auto o una bolsa, una vez robados, dejan de estar disponibles para sus dueños, mientras que la apropiación de un artículo cultural deja al original intacto”. Por ello las acusaciones de plagio rara vez provienen de los autores, sino del sistema de distribución de sus obras, que es el que pierde dine-
ro. Esa misma era la idea de Voltaire cuando defendió a la Enciclopedia de las acusaciones de la derecha de estar resumiendo ideas no necesariamente “primigenias”: “Los espíritus más originales se piden prestado unos a otros. Los libros son como el fuego de nuestros hogares: lo tomamos de la casa de nuestro vecino, lo encendemos en la nuestra, lo compartimos con los demás y, entonces, pertenece a todos”. De la Ilustración al concepto de “bienes comunes del conocimiento”, hay cientos de perspectivas que la estrechez del debate entre mafias literarias, artísticas, monopolios de distribución reduce al control sobre la copia. Es como si, frente al desplome de los circuitos tradicionales de consagración y reconocimientos culturales en México, la respuesta al desnudo de las cofradías de antaño fuera acusar, calumniar, para tratar de recuperar cierta relevancia ya ida. Pero, ¿cómo seguir usando el argumento del robo en un mundo que discute bienes comunes del conocimiento, donde una carretera, la capa de ozono y los archivos de las bibliotecas del mundo se piensan como responsabilidad compartida, global, de libre acceso? Patentes, derechos de autor, marcas registradas, la imitación como afianzadora del sujeto, el intercambio como forma de sociabilidad, la libertad de expresión contra la exclusividad sobre la reproducción, los estímulos legales a la creación e innovación, son temas de este debate que lleva medio siglo en otros países. Por ejemplo, la sentencia aprobada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en la que “una mejora de una obra patentada no viola la ley de patentes”, merecería debatirse acá. Resumo todo esto para decir lo que creo, no por defenderme de un infundio que no aguanta la mínima verificación: ahí donde dice Sheridan que plagio a Corbin, a Agamben, a Zizek, ahí está citada la fuente. El asunto no soy yo, sino entender que el debate público tiene que cumplir un requisito mínimo: no fabricar mentiras para ganar. Y un objetivo: ayudar a la reflexión, a tomar diversos puntos de vista. La falsificación no es un punto de vista, lo siento. La historia dio, después, un giro siniestro. Unos días después, el artículo de Letras Libres apareció como parte de lo que Wikipedia dice sobre mí. Bajo el título de “acusasiones” (sic) se reproducía casi íntegro, salvo por decir que el autor “plagiado” había sido citado. Traté de editarla poniendo en claro el asunto pero, unos minutos después, la página volvió a su forma original. Le pedí a un amigo que sabe de tecnología que me ayudara y, tras unos días, me respondió: –Hay un equipo de personas vigilando que esa página no se pueda editar.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
L
as protestas de concesionarios de taxis a nivel nacional, que también incluyeron algunas movilizaciones en la capital chiapaneca, han abierto el debate sobre la libre competencia que implica la participación de nuevas plataformas como Uber y el apabullante rechazo social ante el monopolio que aún mantienen los antiguos sistemas transportistas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez. Chiapas es uno de los ejemplos más claros del grave daño provocado por el secuestro permanente de los denominados “pulpos del autotransporte”. Esos cacicazgos perfectamente identificables que durante décadas han usado al transporte público como medio de presión e intercambio de favores políticos. Operando como delincuencia organizada de “cuello blanco”, los caciques del autotransporte se han engordado los bolsillos con cuotas de concesiones sexenales que esconden bajo redes de prestanombres, a veces llenas de cinismos. Amagan con advertencias escandalosas sobre paros periódicos que termina resolviéndose mediante acuerdos de conveniencia para los mismos líderes de siempre. Así han permanecido durante décadas, negociando incrementos o beneficios discrecionales donde el principal perdedor siempre ha sido el usuario. Porque, para ser honestos, las mejoras a las unidades y la calidad del servicio se han convertido en prácticas ausentes, al menos en las últimas década. Todo pese a los
Martes 8 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN LA MIRA Héctor Estrada
Llegó el momento de arrancar el control a los pulpos del transporte en Chiapas
incrementos y lo establecido por la propia ley del autotransporte en la entidad chiapaneca. En Chiapas el último intento formal de ingreso que tuvieron plataformas como Uber se dio en el año de 2016. Varios inversionistas que se habían organizado desde varios meses de anticipación para entrar al mercado, con todas las características que la plataforma ya ofrece en al menos 50 ciudades de México, se encontraban listos para poner en marcha el servicios de sus unidades. Se había iniciado la campaña de publicidad preventiva en redes sociales para arrancar en Tuxtla como primer ciudad en la entidad. El proyecto tenía previsto expandirse inmediatamente a San Cristóbal de las Casas y Comitán. Pero la noticia no cayó nada en gracia a los líderes
transportistas de la entidad. Fueron ellos que de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades estatales para impedir la entrada de Uber. Pero no había argumento legal para obstaculizar la puesta en marcha de la aplicación en Chiapas. La Ley Federal de Competencia Económica y la propia Ley de Transportes del Estado de Chiapas lo permiten. Se trata de un servicio regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el pago de los respectivos impuestos, que ya ha dado buenos resultados en otras entidades del país. Plataformas como Uber, Cabify y Didi han desplazado a los viejos sistemas transportistas en las ciudades mexicanas. Con servicios menos costosos, modernos, eficientes y seguros han comenzado a apoderarse
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del mercado, obteniendo las mejores evaluaciones de aprobación y confiabilidad por parte de los usuarios. Por eso la multitudinaria manifestación de este lunes en la Ciudad de México y la movilización de réplica en Tuxtla Gutiérrez para impedir su ingreso a Chiapas. Las protestas y exigencias de este lunes no lograron empatía ciudadana. Y no por el caos generado, sino por los argumentos de fondo. No tienen nada que ver con la exigencia de mismas condiciones tributarias o de regulaciones. Están relacionadas con la permanencia de privilegios monopólicos, sin mayores esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios en favor de los usuarios. El éxito de las nuevas plataformas en México ha sido potencializada por la misma indiferencia de los concesionarios para mejorar o modernizar sus servicios durante décadas. Se trata la libre competencia, de poner al usuario como pieza central posibilitándolo a elegir lo que considere mejor y, con ello, impulsar una mejora integral de la oferta en todos los competidores. Por eso las autoridades de México, y estados como Chiapas, no pueden seguirse prestando a los chantajes y manipulaciones de transportistas que, en su mayoría, se han enriquecido de manera ilegal con varias concesiones concentradas en una sola persona. Se debe cambiar de una vez por todas la visión, para poner al usuario por encima de cualquier otro interés y comenzar a cambiar al sistema transportista en Chiapas bastante obsoleto… así las cosas.
CORRUPTOS, CRIMINALES Y BENEFICIADOS POR EL SAT
L
a desclasificación de una lista parcial de beneficiarios de condonaciones fiscales es uno de los escándalos que en días pasados inició el señalamiento, no por ilegalidad hasta donde puede verse, pero sí por la inmoralidad de saber que un empleado promedio jamás podría evitar el pago de impuestos mientras los grandes capitalistas mexicanos han sido capaces de evadir sus obligaciones. No hablamos de cualquier empresa ni empresario, sino de las peores personas de este país, responsables en muchos casos de muertes, enfermedades y destrucciones a gran escala. Porque el trabajo realizado por la organización civil, Fundar, nos lleva a ver que aquellas personas morales, inclusive causantes de tragedias espantosas en el país, pudieron no sólo mantenerse impunes sino conseguir millonarios beneficios del gobierno. Cuando se ha visto el llagado y las póstulas, la manifestación visible tras la que se ocultan terribles decadencias renales, cardiovasculares
Arturo Rodríguez y neurológicas, como en la Región Lagunera, es inevitable pensar en la sobreexplotación de acuíferos por la industria lechera, lo mismo que en las filtraciones de la fundición metalúrgica a gran escala. Empero, como suele ocurrir con la gran industria, el impacto ambiental de sus operaciones ha hecho crisis por las que suele atenuarse temporalmente el impacto, sólo para que la corrupción e impunidad posibiliten el incremento de la extracción de agua, así como aquellas filtraciones contaminantes que, en esa región del norte del país, se asocia con dos gigantes: el lechero Grupo Lala y la siderúrgica Met Mex Peñoles. Entre 2015 y 2019, Grupo Lala tuvo condonaciones por 2 mil 429 millones de pesos, de acuerdo al listado obtenido, aunque hasta ahora es imposible saber cuánto se condonó a Industrias Peñoles. Están amparados, de acuerdo al informe de Fundar. Tanto Peñoles como Minera México, son dos de las empresas que tienen enormes pasivos ambientales y gozan de impunidad. La primera, no
sólo impactó con arsénico, también con plomo y cadmio en suspensión de partículas que provocó un enorme daño ambiental y a la salud de niños, ancianos y mujeres embarazadas de Torreón. Minera México, subsidiaria de Grupo México, contaminó en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y en dos megadesastres ambientales en Sonora en apenas los pasados seis años. Ambos impactaron Monterrey. Dichas empresas pertenecen a algunos de los magnates más acaudalados del país: Lala, que preside Eduardo Tricio Haro; Peñoles, de Alberto Bailleres y Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco. Grupo México, es responsable de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos en 2006, un desastre industrial por el que ha conseguido impunidad al grado de que, hasta esta administración, ni siquiera se había hecho investigación sobre lo ocurrido, mientras los deudos, viudas e hijos, quedaron en la miseria con pensiones miserables. Por cierto, en Pasta de Conchos, 36 de los 65 trabajadores muertos eran
trabajadores de la contratista General de Hulla. Hoy sabemos que entre 2008 y 2009, el SAT le condonó a esa empresa cerca de 5 millones de pesos y en 2011 le condonaron el adeudo por 104 millones de pesos. En la lista aparece también Corporación Geo, la constructora de precariedades, que edificó casas en zona de hundimiento en Chalco, esas que quedaron hechas añicos en el sismo de 2017; la misma responsable de contaminar hasta la destrucción el río Pacú en Chiapas y las tierras de cultivo en San Salvador Atenco en el Estado de México. Esa empresa, es también la que vendió casas sin servicios básicos, construidas con materiales de pésima calidad, defraudó a cientos de miles de familias y se retiró en “quiebra”, no sin antes obtener la condonación de casi 5 mil millones de pesos. Ricos, poderosos y moralmente criminales, se han enriquecido a costa de la pobreza, la ignorancia, la corrupción. Influyentes como han sido, han mantenido su fortuna y prestigio. Son los millonarios de México y el mundo, que ni siquiera pagan impuestos.
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Martes 8 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1747 INFORME
Localizan en el Edomex a cinco menores de una casa hogar que fueron reportados desaparecidos
SOLICITUD
Piden lacandones ayuda para delimitar Selva
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CONFERENCIA
Maquinaria y trabajadores están listos para iniciar obras en Santa Lucía, dice AMLO
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ACCIONES
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DECLARACIÓN
Medina Mora rechazó ampliar los motivos de su renuncia: Monreal
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México: “Hay muert@s que no callan nunca”, presentan plataforma virtual del caso Narvarte “Hay muert@s que no callan nunca”, asegura la señora Mirtha Luz Pérez, madre de la joven luchadora social Nadia Vera, asesinada junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y sus compañeras de casa Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz, la noche del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, de la ciudad de México.
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Economía e inseguridad, los mayores obstáculos de las empresas en México: Inegi