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EDITORIAL

¿Quién es el responsable de la violencia en Bochil y en San Juan Chamula?

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La ausencia de gobierno en Chiapas está provocando que exista mayor violencia en la entidad, tal y como viene sucediendo en varios municipios indígenas

En los conflictos sociales siempre hay decisiones que generan impunidad. Pero la peor impunidad se reproduce en la ineptitud de los funcionarios. Quienes cometen errores una y otra vez sin ser sancionados o despedidos. A punto tal que ocasionan desorden social y dañan la convivencia pública.

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EN CHIAPAS

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1741

CONFLICTO

DECLARACIÓN

Un elemento de la GN resulta herido en enfrentamiento con campesinos en Chiapas Alrededor de las 8:00 de la mañana inició bloqueo total a la altura de la desviación a la comunidad San Vicente, en el tramo Bochil-Soyalo, donde aproximadamente se congregaron unas 200 personas de las comunidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal

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EDUCACIÓN

La UNAM lanza la convocatoria para elegir rector para el 2019-2023

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Peña será llamado a declarar, si es necesario, en caso Ayotzinapa: Fiscal

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HOY ESCRIBEN ENTRE POLÍTICOS

David Martínez Hernández

EN LA MIRA Héctor Estrada

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MI DESCONFIANZA EN NUESTRA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

PREOCUPACIÓN

Ambulantaje en Tuxtla sigue activo pese a operativos

Suspenden la entrega de tarjetones para personas con discapacidad en SC

Luis Miguel Cano López

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¿DE QUÉ LAS VAN A PERDONAR? Lucía Melgar Palacios

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DESDE LA BARRERA Fabrizio Mejía Madrid

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LA APUESTA DE LOS APÓSTOLES Agustín Basave PAG. 4

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL ¿Quién es el responsable de la violencia en Bochil y en San Juan Chamula?

a ausencia de gobierno en Chiapas está provocando que exista mayor violencia en la entidad, tal y como viene sucediendo en varios municipios indígenas, pero también en la costa chiapaneca, en donde en donde no se atienden ni resuelven los problemas sociales. A la vez, se ha desarrollado un falso discurso que parte de la idea que con el uso de la fuerza policíaca se construye el Estado de derecho, y ahora se quiere utilizar a la policía en contra de la población para encubrir la incapacidad en la negociación política y la falta de acuerdos. La violencia en las últimas horas en Bochil y San Juan Chamula ha sido administrada desde el palacio de gobierno, en la que con profunda irresponsabilidad se ha manoseado a los distintos grupos. Hay antecedentes de como la secretaría de gobierno ha hecho creer a sectores de la población de los municipios de Bochil y de San Juan Chamula, que la renuncia del presidente municipal era un hecho. Inclusive, al ayuntamiento de Bochil se le obligó a poner la renuncia en las instalaciones de la presidencia municipal de Ixtapa, en un acto vergonzante que fue filmado y difundido en las redes sociales. Desde ese momento el gobernador

del Estado debió de haber pedido la renuncia del secretario de gobierno, pues resultaba un exceso la intromisión de esa secretaría en los gobiernos municipales, en la que sin tener facultades para hacerlo se había presionado a los regidores a poner la renuncia como también se hizo en el municipio de Arriaga, en donde tuvo que intervenir ek Tribunal Federal Electoral para ordenar la reinstalación de los regidores. En el caso de San Juan Chamula están documentadas las ocasiones en que el secretario de gobierno se reunía con los inconformes y que inclusive otorgaba el trato de presidente del consejo municipal a Juan Chilón, hoy detenido en el Amate, lo que desató la violencia en ese municipio. En ambos municipios los presidentes no despachan en la cabecera municipal, por el temor a que sean detenidos por la comunidad, situación que ha generado el desorden social que se están viviendo en las últimas horas. El gobernador del Estado, Rutilio Escandón, requiere realizar una minuciosa valoración de los resultados de su administración y la debe hacer con los pies sobre el piso, atento a las distintas voces pues la situación de Chiapas se complica cada vez más, debido a que no hay pro-

grama de gobierno, no existe una agenda política, no hay gabinete y el secretario de gobierno y el fiscal general, han utilizado los cargos y el presupuesto para realizar proselitismo, en donde realizan actos de campaña anticipada y en el que adelantaron los tiempos políticos. Son muchas decisiones equivocadas de la administración de Rutilio Escandón, pero la más delicada, por los peligros que entraña, es la de haber permitido que se gobernara de la mano de la fiscalía, pues eso generó violencia institucional, fortalecimiento de actitudes delincuenciales de las policías, violaciones de derechos humanos, lo que conlleva a un clima de terror contrario a cualquier proyecto de vida democrática. El uso reiterado de la fuerza policíaca hizo evidente el peor síntoma de la administración de Rutilio Escandón: la incapacidad del diálogo y de la construcción de acuerdos armoniosos. Lo peligroso de esta situación es que los brotes de inconformidad no se van a detener con la amenaza de los cuerpos policíacos y las movilizaciones van a estar acompañadas por personas armadas dispuestas a enfrentar a la Guardia Nacional, la policía de lujo de la presidencia de la república, que en Chiapas ya fue enfrentada por la población.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un elemento de la GN resulta herido en enfrentamiento con campesinos en Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

n elemento de la Guardia Nacional fue herido de gravedad luego de recibir un impacto de bala en la pierna y otro en el cráneo tras el enfrentamiento de miembros de esa corporación, policías estatales y municipales contra campesinos de comunidades que, con un bloqueo, exigían recursos públicos para obra pública. Alrededor de las 8:00 de la mañana inició bloqueo total a la altura de la desviación a la comunidad San Vicente, en el tramo Bochil-Soyalo, donde aproximadamente se congregaron unas 200 personas de las comunidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal. Los indígenas empezaron el bloqueo hoy para exigir al presidente municipal de Bochil la construcción de obra pública como caminos y una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero lo que quieren es el recurso público en efectivo, unos dos millones de pesos aproximadamente. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional, quienes esperaban la orden para proceder al desalojo. Sin embargo, algunos campesinos que participaban en el bloqueo

Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

El programa de reparto de tarjetones para personas con movilidad reducida se ha detenido por causas desconocidas, aseguró el presidente de la Asociación Civil Sí Podemos, Homer Sevilla, quien solo ha recibido respuesta por parte de Tránsito Municipal: “hay cositas”, pero que es un hecho este proyecto se eche a andar lo antes posible. En entrevista, dijo que llevan más de dos meses que iniciaron el proceso, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal realizaron una credencialización que serviría como el pase para los tarjetones, “pero creo en el DIF estatal no hay tinta y se detuvo, eso ha hecho que el tarjetón aún no esté operando”. Explicó que el tarjetón permitirá a las personas con movilidad reducida tener acceso a estacionamientos

Alrededor de las 8:00 de la mañana inició bloqueo total a la altura de la desviación a la comunidad San Vicente, en el tramo Bochil-Soyalo, donde aproximadamente se congregaron unas 200 personas de las comunidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal

ingresaron al centro de la cabecera municipal con la finalidad de retener vehículos de transporte y ahí fue donde toparon con los uniformados y empezaron a dispararles, por lo que estos repelieron la agresión. En el operativo resultó lesionado con arma de fuego un elemento de Guardia Nacional a quien le dispara-

ron en la pierna y en el cráneo. Aunque los testigos señalaron que falleció en el instante, ninguna autoridad oficial ha reconocido la baja del elemento. En un video del incidente se ve cómo sus compañeros lo levantan para llevarlo a una unidad y sacarlo de la zona.

En el lugar donde cayó el elemento quedó un charco de sangre. Bochil es un municipio donde los pobladores de la cabecera municipal presencian continuamente los ataques de campesinos e indígenas que bajan de sus comunidades para exigir con bloqueos, marchas y protestas recursos para la obra pública.

Suspenden la entrega de tarjetones para personas con discapacidad en SC especiales en plazas comerciales y otros espacios públicos, “ya deberían haber pintado las islas, haber hecho los convenios con empresas privadas que tienen estacionamientos, no me han informado, me dicen que hay cositas, pero yo lo veo muy sencillo”. “Realmente no sé qué está pasando, no se coordinan entre ellos, nosotros les propusimos, llevamos el proyecto casi completo, pero desconocemos qué ha pasado, según para el 21, 22 de septiembre iniciaba, pero no vemos nada”. Homer Sevilla comentó que no existe un censo real con personas de movilidad reducida, según algunos datos podrían representar entre el 12 y 14 por ciento de la población de San Cristóbal, “justo este proceso serviría para hacer un censo rápido,

además de que con ello las autoridades procurarían estacionamientos para ellos que es parte del proyecto de Sí Podemos”. “Según la Ley General de Inclusión maneja que todos los lugares públicos, aunque su origen sea privado, deben contar con espacios y áreas para

personas con discapacidad, como las tiendas de convivencia que tienen su rampa y espacio para discapacitados, pero por el momento es para estacionamientos, teniendo un censo real las autoridades deben ver qué otras acciones van a hacer para las personas con discapacidad”, concluyó.

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Ambulantaje en Tuxtla sigue activo pese a operativos A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

l ambulantaje en el centro de Tuxtla Gutiérrez se volvió a reactivar pese a los operativos implementados por el ayuntamiento capitalino. A cinco días de que elementos de la Guardia Nacional (GN) apoyaran a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), para desalojar a vendedores ambulantes de la vía pública, el comercio irregular volvió a salir a las calles sin que se les aplique la ley. Tras las acciones implementadas el pasado 20 de septiembre por los elementos de las SSPyTM en coordinación de los inspectores de Política Fiscal y GN, comerciantes establecidos en la calle central y 4 sur, lamentaron que la promesa de erradicar el pirataje quedará en como un acto pasajero, ya que se prometió la extinción del comercio irregular para lo que resta del año. A esto, Romeo Estrada, empresario en la zona centro, manifestó su preocupación por el resurgimiento del comercio irregular en la principal zona de comercialización de Tuxtla Gutiérrez. Con base al trabajo interinstitucional e intermunicipal para la recuperación del espacio público y con el retiro de comerciantes irregulares, repudió que el objetivo dado a cono-

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Se puso en marcha el Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración, que organiza la Facultad de Contaduría y Administración, Campus l de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través del Cuerpo Académico Gestión y Administración de las Organizaciones, teniendo como escenario el auditorio “Los Constituyentes”. El rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa, estuvo presente en el acto inaugural, acompañando en la mesa del presídium al director encargado de la Facultad de Contaduría y Administración, Pablo Albores López, quien dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes. “Este congreso reúne conferencias magistrales y mesas de trabajo, de donde surgirán propuestas y alternativas de solución a problemas específicos en el contexto regional, nacional e internacional”, dijo el encargado de la Facultad de Contaduría y Administración Pablo Albores.

A cinco días de que elementos de la Guardia Nacional (GN) apoyaran a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), para desalojar a vendedores ambulantes de la vía pública, el comercio irregular volvió a salir a las calles sin que se les aplique la ley

cer solo quedará en una promesa de un día, cual fuera utilizado a favor del alcalde Carlos Morales Vázquez, previo a su primer informe de gobierno. “Nos lo pintaron muy bien, que ya iba a terminar el comercio irregular con el desalojo definitivo del ambulantaje, pero una vez más eso fue una mentira, ese día operaron de una forma que no la habían hecho todo el

año, hasta el vendedor ambulante se prestó para la fotografía”, dijo. Además, refirió que el objetivo principal de esta acción quedó como una mentira más, ya que el libre el tránsito del peatón en la vía pública sigue siendo un obstáculo por quienes venden en las banquetas y calle, ya que el retiro delos vendedores ambulantes de la zona comercial del centro

solo fue un acto político de un día. De acuerdo a la comunicación del ayuntamiento, para el operativo de ese día se requirió del refuerzo de vigilancia, seguridad y prevención de 198 elementos de las diferentes corporaciones que participaron en la actividad, sin embargo, este operativo no se mantiene firme por la autoridad.

Inauguran Congreso Internacional de Contaduría y Administración en la UNACH Detalló que el evento a desarrollarse por dos días consecutivos, contará con personalidades de la talla de Leticia Centurión, de Paraguay, quien es conferencista internacional, experta en Marketing Estratégico. En las mesas de trabajo se desarrollarán temas como: Gestión y Administración de las organizaciones; Prácticas Innovadoras Organizacionales y Empresas Familiares; Entorno fiscal y Estudio de las Mipymes; Evaluación de Procesos Organizacionales y Aplicaciones con TIC’s, así como Desarrollo Turístico y Comportamiento Ambiental. Se espera que para esta edición, la participación de 54 ponentes, los cuales podrán ser apreciados por 500 asistentes entre los cuales se encuentran docentes, estudiantes, empresarios y público en general. En este sentido, el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa invitó a los estudiantes que

estuvieron en la inauguración, para que aprovechen estos eventos, que son pensados para una mejor calidad en su preparación académica. “Esta es su Universidad, asúmanla como tal, disfruten experiencias como hoy que genera, realmente vida universitaria, que un congreso como éste sea una experiencia que los ayude a formarse mejor y ser mejores ciudadanos”, subrayó. La mesa del presídium de este encuentro contó con la presencia la

secretaria General de la UNACH, María Eugenia Culebro Mandujano; el secretario Administrativo, Roberto Cárdenas De León; la directora General de Investigación y Posgrado, María Guadalupe Rodríguez Galván; el director de Desarrollo Académica, Felipe Zavala Parada y la Coordinadora General del Congreso, Investigadora y Docente de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I, Magali Mafud Toledo.

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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

on una serie de representaciones visuales, estudiantes del estado de Chiapas se pronunciaron este jueves afuera de la sede del Poder Ejecutivo local para exigir la aparición con vida de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. A cinco años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, normales y facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), exigieron al Estado mexicano el paradero de los jóvenes de la Rural Raúl Isidro Burgos, quienes se presume fueron plagiados por elementos de seguridad pública y crimen organizado. José Luis, estudiante de la Escuela Rural Normal Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez, informó que durante este 26 de septiembre estarán llevando varias actividades en la capital del estado, concluyendo con una marcha a las 5 de la tarde. Indicó que unas de las demandas por este caso, es que las autoridades mantengan las líneas de investigación que han iniciado a un lustro de la desaparición de los 43 estudiantes. El normalista agregó que además de la exigencia del proceso jurídico e indagatorias del caso, es necesario que funcionarios estatales y federales que conocieron del plagio de los estudiantes sean llamados para comparecer, acto que debe apresurarse por la lentitud de lo que hasta ahora se conoce. “Ahora en petición, los asientos son 43 estudiantes que abandonaron sueños, tenían esperanza de seguir estudiando, como saben las normales rurales tienen el propósito de brindar estudio y educación a las personas de bajos recursos… los es-

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Demandan estudiantes chiapanecos aparición de 43 normalistas A cinco años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, normales y facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), exigieron al Estado mexicano el paradero de los jóvenes de la Rural Raúl Isidro Burgos, quienes se presume fueron plagiados por elementos de seguridad pública y crimen organizado

tudiantes son emboscados por fuerzas policiacos donde simplemente los reprimieron, hubo asesinados, Julio César Mondragón y 43 estudiantes desaparecidos”, detalló. Cabe hacer mención, que durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió a los fami-

liares de los estudiantes que no habrá limitantes en el caso, esto tras usar una playera con la leyenda “Ayotzinapa: Cinco años, yo con la verdad”. Además, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofertó una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien entregue información fidedigna y verificable

sobre el paradero de los jóvenes, más otros 10 millones de pesos para localizar a Alejandro Tenescalco, presunto involucrado en la desaparición de los normalistas. El funcionario declaró que actualmente el caso está clasificado como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.

Realizarán eventos sobre tipos de maíz en SC Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

A unos días de que el Senado de la República aprobara, instaurar el 29 de septiembre como Día Internacional del Maíz y la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) organizó una serie de actividades para celebrar a lo que consideran una importante decisión de las autoridades legislativas. Al respecto, el encargado de Medio Ambiente en la Coordinación de Extensión Universitaria, Jorge Luis de León González, dio a conocer que se realizó la proyección de la película “El Maíz en Tiempos de Guerra” y la conferencia “Resilencia de los Maíces Criollos de México”, en la Sala Virtual de la Facultad de Ciencias Sociales.

De León González dijo que es necesario defender la producción de maíces criollos y no se permita que transnacionales introduzcan al mercado los productos transgénicos, mientras que los biotecnólogos determinan si hacen daño a la salud humana. “Celebramos la decisión durante mucho tiempo hicimos eventos, y por fin sabemos que el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz y también se aprobó, la Ley Federal de Protección a los Maíces Nativos”. Por último, dijo que hay que evitar los productos transgénicos en lo que se demuestra que no perjudica a la salud humana, “porque hasta ahora han experimentado solo con roedores, pero de mientras vamos a proteger al maíz nativo, lo que acaba de pasar en el Senado se debe traducir también en más apoyo para la producción de maíces criollos en nuestro país”.

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Congreso de Jalisco elimina el haber de retiro de magistrados Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

on 27 votos a favor y ocho en contra, el Congreso local aprobó modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que se elimina el haber de retiro de los magistrados. Además, se cambió el mecanismo para nombrar a jueces y magistrados quienes deberán someterse a exámenes de control y confianza. El bono que ya no recibirán los magistrados equivale a 12 meses de su sueldo íntegro, más 14 días por cada año laborado, por lo que en promedio se les entregaba casi 5 millones de pesos. Los jueces sí podrán recibir una indemnización al dejar su cargo, que sería de seis meses de sueldo más 14 días por año laborado, bajo la condición de que cumplan 65 años de edad, o tengan 30 años cotizando ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro indicó que la eliminación del haber de retiro será retroactivo, pero comentó que los afectados podrían interponer un amparo o un recurso de controversia contra la reforma.

Luciano Campos Garza Monterrey, N. L. (apro)

Al menos nueve de cada 10 regiomontanos consideran que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, carece de compromiso para resolver los problemas de seguridad en la entidad, según los resultados del Pulsómetro Metropolitano. Con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, la medición incluyó a 2 mil 500 ciudadanos y se hizo vía telefónica, del 17 de junio al 31 de agosto último. La información representa un desplome en la credibilidad del mandatario nuevoleonés, que al inicio de su administración –en marzo de 2016– arrojó un 25% favorable en el mismo rubro, pero en abril de 2018 la estadística cayó a 11.2%, hasta llegar a la que ahora es presentada. Los organismos que dieron a conocer las cifras, en esta edición 18 del Pulsómetro, señalaron que en la entidad se han incrementado los homicidios y delitos sexuales en un 53% respecto de los primeros meses de 2018, de acuerdo con datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Esta situación es alarmante para el estado y exige del titular del Eje-

Los jueces sí podrán recibir una indemnización al dejar su cargo, que sería de seis meses de sueldo más 14 días por año laborado, bajo la condición de que cumplan 65 años de edad, o tengan 30 años cotizando ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

En los últimos tres años, se destinaron 52.4 millones de pesos para el pago de haber de retiro de jueces y magistrados. Otro punto de la reforma, es que

los jueces y magistrados deberán someterse a pruebas de control y confianza cada cuatro años; y cada seis meses deberán emitir un reporte con el número de asuntos turnados

y resueltos. En caso de no aprobar los exámenes de control y confianza, recibirán amonestación, una multa por 844 mil pesos, la destitución e inhabilitación.

En Nuevo León, 9 de cada 10 desconfía de El Bronco en materia de seguridad cutivo un mayor compromiso para acabar con la inseguridad”, concluyeron en su análisis las representaciones de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) en Nuevo León, Consejo Cívico, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) y Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). Las muestras fueron obtenidas en los municipios de Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina, Juárez y García. La ciudadanía también perdió confianza en la policía estatal Fuerza Civil (FC). De acuerdo con la medición, en 2015 los nuevoleoneses le tenían “mucha confianza”, pero esa percepción se desvaneció al obtener 12.8% en esta última medición. En sus conclusiones, los organismos consideraron preocupante la decepción ciudadana hacia ‘El

Bronco’ y FC. “La caída en la percepción del compromiso del gobernador y la menor confianza de la ciudadanía hacia Fuerza Civil son fuente de preocupación para la implementación en la estrategia de seguridad. Si bien hay esfuerzos de coordinación y evaluación de la seguridad, la ciudadanía no lo percibe de la misma forma, lo cual merma la capacidad de acción y confianza del Poder Ejecutivo. “Es urgente establecer un plan que revierta el incremento de los homicidios dolosos en la entidad, lo cual es una tarea pendiente para las au-

toridades. Este plan debe contar con estrategias, indicadores tangibles y plazos para alcanzar las metas. Además, se debe hacer transparente en el uso eficiente y eficaz de los recursos destinados a la seguridad pública”, puntualizaron. Esta baja en la aceptación de Jaime Rodríguez ocurre precisamente cuando enfrenta una sanción que le impondrá el Congreso local por haber desviado recursos del estado para su fallida campaña como candidato presidencial, en 2018. El castigo puede ser desde amonestación hasta destitución.

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con el gobierno de AMLO se abre esperanza, pero se mantendrá viva la movilización: padres de los 43 Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

omo cada día 26 de mes, desde hace cinco años, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon por las calles de la Ciudad de México, con la exigencia de verdad y justicia, pero en esta ocasión hubo un matiz, porque reconocieron las acciones que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de sus hijos. La jornada por el quinto aniversario, en calles de la capital, arrancó con una celebración religiosa en el Ángel de la Independencia, en la que ministros de distintas denominaciones coincidieron en que la pacificación empieza por la justicia, y señalaron que al gobierno se le ha dado un voto de confianza para que esclarezca lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Los padres y madres de los 43 partieron del Ángel arropados por miles de estudiantes de normales rurales de todo el país y de distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras escuelas y universidades, así como organizaciones sindicales y de la sociedad civil. La copiosa marcha, una fuerte demostración de que la indignación social sigue vigente, recordó las movilizaciones del primer año en que ocurrió la desaparición forzada, atribuida de forma directa a agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, coludidos con miembros de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos), presuntamente con la complacencia de corporaciones policiacas estatales y federales, así como miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Previo al pase de lista de los 43 estudiantes, en el espacio conocido como “Antimonumento”, Carmelita Cruz y Estanislao Mendoza reconocieron el cambio de actitud del actual gobierno de México frente al de Enrique Peña Nieto, cuya administración sería responsable de la fabricación de la “verdad histórica”, sobre torturas y pruebas ilícitas. Con palabras sencillas y claras, Carmelita y Estanislao advirtieron que pese al cambo de trato y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en los 10 meses del gobierno de López Obrador aún no ven resultados tangibles. “Este gobierno que tenemos creo que tiene la disponibilidad, pero

La jornada por el quinto aniversario, en calles de la capital, arrancó con una celebración religiosa en el Ángel de la Independencia, en la que ministros de distintas denominaciones coincidieron en que la pacificación empieza por la justicia, y señalaron que al gobierno se le ha dado un voto de confianza para que esclarezca lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014

sólo han sido palabras y palabras, porque no ha caminado mucho el caso como quisiéramos, que ya hubieran regresado nuestros hijos; han sido cinco años de tormento y hoy es como si fuera el primer día, no sabemos nada de nuestros hijos, qué pasó con ellos”, dijo la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Estanislao, padre de Miguel Ángel, resaltó que ya no son los mismos, que se cansaron de “tantas mentiras del gobierno pasado, pero con este gobierno se abre una esperanza, esperemos que sí nos cumpla lo que nos ha prometido de seguir buscando a nuestros hijos, esclarecer las cosas, y sí lo hace todos los mexicanos vamos a confiar en él, y si no, vamos a seguir en lo mismo”. En la plancha del Zócalo capitalino, la tónica de los discursos de los padres y madres fue la misma: la advertencia de que no han firmado un cheque en blanco al gobierno de López Obrador y que mantendrán viva su movilización por la búsqueda de los estudiantes. Joaquina García y María Elena Guerrero, madres de Martín Getsemaní Sánchez y Jesús Giovani Galíndez, respectivamente, pidieron no sólo la presentación de sus hijos, sino que se sancione a los responsables de la “verdad histórica”, así como que se llame a cuentas a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que pudieron tener algún tipo de participación en los hechos. “No es posible que a cinco años

no sepamos la verdad, nos quitaron todo, hasta el miedo”, dijo Guerrero, tras admitir que a diferencia de años anteriores “hoy no tenemos que abrir las puertas a patadas, pero no nos confiamos hasta no ver que los hechos hablen por sí mismos”. García pidió juicio para el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, al ser señalado de fabricar una versión que no se apega a la verdad de los hechos, y que se investigue a los militares “que los estuvieron vigilando todo el tiempo”. Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió al gobierno actual “que agilice las investigaciones”, que se llame a declarar a personas que obstaculizaron la investigación y que forman parte de una larga lista de elementos policiacos, castrenses. Que se llame a Zerón y al exprocurador Jesús Murillo Karam, “para que tengan bases bien cimentadas y no pasé lo que en el anterior gobierno”, que se cayó la investigación. Navarrete puntualizó que como familiares de los estudiantes desaparecidos van a mantener el diálogo con el actual gobierno, hasta ver “que los hechos nos digan la verdad si es realmente un gobierno comprometido con llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa o solamente es tratar de sobrellevarnos”. Insistió en que las movilizaciones para exigir la presentación de sus hijos van a continuar, y advirtió que “no por tener ya una mesa de trabajo

con el nuevo gobierno nos vamos a limitar de seguir haciendo nuestras actividades, de seguir evidenciando lo ocurrido de hace cinco años, porque no existe verdad ni justicia”. Mario César González, padre de César Manuel, señaló que la palabra de López Obrador debe ser cumplida para que tengan confianza en su gobierno, “no sólo tener esperanza”, por lo que consideró que es el momento de “ser más duro con aquellas dependencias que no quieren dar información, (porque) no nada más con los buenos deseos y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad”. González aprovechó su intervención para deslindar al movimiento de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, del vandalismo que se registró en calles aledañas al Zócalo, encabezado por personas encapuchadas que se colaron en los últimos contingentes de la marcha. “Nosotros también hemos llevado a cabo acciones fuertes, pero este no era el momento de hacer desmanes, era el momento de oír a los 43 padres y madres, que después de cinco años no nos hemos cansado de exigir verdad y justicia”, puntualizó. Las acciones para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de los jóvenes continuarán mañana en la ciudad de Iguala, donde los padres colocarán una ofrenda floral en el sitio donde sus hijos fueron emboscados por policías municipales.

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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La UNAM lanza la convocatoria para elegir rector para el 2019-2023 De la redacción Ciudad de México (apro)

a Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó este jueves la convocatoria para la elección del Rector para el periodo 2019-2023. De acuerdo con los términos de la convocatoria, las personas interesadas en registrarse deberán ser mexicanos por nacimiento, contar con más de 35 años y menos de 70, poseer grado superior al de bachiller, tener cuando menos 10 años de servicio docente o de investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente, así como no ser miembro de esta Junta de Gobierno ni haberlo sido durante los dos últimos años. Además, la Junta de Gobierno explorará la opinión de la comunidad universitaria, por lo que convocó a que ésta exprese libre y responsablemente los nombres de las personas que considere idóneas para ocupar la rectoría y las razones de sus propuestas. El Rector de la UNAM para los próximos cuatro años deberá ser elegido, a más tardar, el próximo domingo 17 de noviembre, fecha en que termina el periodo de Enrique Graue Wiechers. Aunque no han manifestado públicamente su intención de buscar la rectoría, en las últimas semanas se han colado a la opinión pública nombre como el de Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; así como el propio Enrique

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) emita un dictamen sobre un nuevo contrato por 142.8 millones que el empresario Miguel Rincón, su compadre, ganó en la Secretaría de Educación Pública (SEP). “Que lo vea la Secretaría de la Función Pública, que ellos determinen”, dijo ante la pregunta de la prensa en su conferencia matutina. Apenas en abril pasado, Rincón había ganado un primer contrato por 221.6 millones de pesos al que luego, a petición de López Obrador, renunció. “La empresa ganó legalmente”, le dijo una reportera este jueves en su conferencia matutina. “Sí pero, de todas maneras, que emita un dictamen la Secretaría de la

El Rector de la UNAM para los próximos cuatro años deberá ser elegido, a más tardar, el próximo domingo 17 de noviembre, fecha en que termina el periodo de Enrique Graue Wiechers

Graue, que buscaría reelegirse para un nuevo cuatrienio como lo permite la legislación universitaria. De acuerdo con la legislación universitaria, el procedimiento para el nombramiento del rector se conducirá conforme a los siguientes tiempos y consideraciones: - La Junta de Gobierno formará cinco comisiones para explorar presencialmente la opinión de la comunidad. Durante el periodo del 27 de septiembre al 31 de octubre, las comisiones atenderán a las personas que estén interesadas en expresar sus opiniones sobre la Universidad o sobre algún(a) universitario/a distinguido/a y las comunicarán al pleno de la Junta. De acuerdo con su adscripción institucional, las personas interesadas deberán expresar su opinión ante la comisión y en el lugar indicados en la lista disponible en la página web de la Junta. Adicionalmente, cada comisión podrá recibir a quien o quienes tengan interés de expresarse frente a una comisión distinta a la que les fue asignada a su entidad o dependencia. Las

citas deberán solicitarse a los teléfonos o el correo abajo indicados. - La Junta de Gobierno recibirá también las opiniones de quienes deseen expresarse por escrito. Las cartas deberán estar preferentemente en PDF e indicar el o los nombres de quienes la suscriben y la relación que mantienen con la Universidad, así como estar debidamente firmadas. Las cartas deberán ser enviadas a: juntadegobierno@unam.mx y se recibirán hasta el 31 de octubre próximo. La Junta podrá adoptar cualesquiera otras formas que estime procedentes con el propósito de conocer la opinión y propiciar la participación de la comunidad universitaria. - Las personas que estimen cumplir con los requisitos establecidos en la legislación universitaria y se encuentren interesadas en ser consideradas entre aquellas que entrevistará la Junta de Gobierno para los fines de este procedimiento, deberán entregar los siguientes documentos: currículum vitae, semblanza profesional, proyecto de trabajo para el periodo 2019-2023 y una síntesis del mismo. Los documen-

tos deberán entregarse entre la fecha de publicación de esta convocatoria y el próximo 7 de octubre y estarán a disposición de la comunidad en la página Web de la Junta a partir del 8 del mismo mes. - El 24 de octubre la Junta de Gobierno dará a conocer públicamente los nombres de las personas que, a su juicio, cumplan de mejor manera con los requisitos establecidos en la legislación universitaria y las invitará a ser entrevistadas por el pleno de la Junta en sesiones que se realizarán a partir del 4 de noviembre. - Una vez integrada la lista de las personas que serán entrevistadas, se solicitará a las autoridades de esta casa de estudios que los medios de comunicación universitarios (radio y TV) les otorguen espacio para presentar sus programas de trabajo. La Junta continuará recibiendo la opinión de la comunidad. - Al concluir las entrevistas y la deliberación correspondiente, la Junta de Gobierno nombrará a la persona que llevará las riendas de la UNAM durante el periodo 2019-2023. La Junta de Gobierno la integran: Juan Alberto Adam Siade, Ana Rosa Barahona Echeverría, Eduardo Bárzana García, Óscar de Buen Richkarday, Gerardo Jorge Cadena Roa, Patricia Elena Clark Peralta, Teresita Corona Vázquez, Javier Garciadiego Dantán, Rocío Jáuregui Renaud, Rafael Lira Saade, José de Jesús Orozco Henríquez, Vicente Quirarte Castañeda, Francisco Xavier Soberón Mainero, Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi y Gina Zabludovsky Kuper.

Otorga SEP nuevo contrato a compadre de AMLO; el mandatario pide que la SFP lo revise Función Pública”, contestó el jefe del Ejecutivo. Este jueves, el periódico Reforma publicó que la empresa Bio Pappel Scribe, propiedad de Miguel Rincón, volvió a ganar un contrato en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) por 142.8 millones de pesos. “Que no haya ni siquiera la sospecha, ser y parecer. Que se aclare todo todo todo, trátese de quien se trate, y que la Función Pública emita un dictamen”, dijo el tabasqueño al ser cuestionado al respecto. López Obrador dijo que no sabía de ese nuevo contrato ganado por su compadre. “Apenas me enteré”, dijo, para lue-

go reiterar su conocida frase: “cero corrupción, cero impunidad, todos a portarnos bien”. El pasado 26 de abril, también en su conferencia de prensa, el mandatario federal anunció que cancelaría el contrato adjudicado a una empresa de Rincón para la compra de papel destinado a elaborar los libros de texto del gobierno federal. Dijo que pediría personalmente a su “amigo” que le ayudara y se retirara del contrato, pues afirmó: “no quiero dar ninguna oportunidad a la prensa conservadora”. Entonces, insistió en que, aunque la empresa de Rincón ganó la licitación de manera limpia y “legalmente”, se cancelaría el contrato porque en su go-

bierno “no se va a tolerar la corrupción” ni la “impunidad”, el “influyentismo”, el “compadrazgo” o el “nepotismo”, “ninguna de estas lacras de la política”. Desde marzo, apenas tres meses después de iniciar su gobierno, López Obrador es padrino de bautizo de la hija de Miguel Rincón quien, además, forma parte del Consejo Asesor Empresarial del mandatario.

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Peña será llamado a declarar, si es necesario, en caso Ayotzinapa: Fiscal Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

l fiscal especial del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, aseguró que, si es necesario en la investigación, llamará a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, y adelantó que la próxima semana enviará un citatorio al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, “quien ha manifestado disponibilidad para rendir su declaración”. En la conferencia matutina del presidente Andrés López Obrador, el fiscal aseguró que “todas las autoridades que en su momento tuvieron una función, serán llamados a cuenta… Vamos a dar cumplimiento, a tomar todos y cada uno de los indicios y pruebas que salgan de las declaraciones y así se va a determinar si son o no responsables ante la justicia”. --¿Llamarán a Peña Nieto?—le preguntaron --Ya señalamos que todas las autoridades que tenían un cargo en ese momento, si es necesario, cualquier persona será llamada ante la justicia. El funcionario agregó que la próxima semana el exgobernador, Ángel Aguirre, y el exprocurador estatal, Iñaki Blanco, acudirán a ampliar sus declaraciones; además de que también deberán presentarse “las autoridades locales que tuvieron un primer contacto con los hechos en el 2014”. Desaparición forzada por agentes del Estado Al cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, rin-

En la conferencia matutina del presidente Andrés López Obrador, el fiscal aseguró que “todas las autoridades que en su momento tuvieron una función, serán llamados a cuenta… Vamos a dar cumplimiento, a tomar todos y cada uno de los indicios y pruebas que salgan de las declaraciones y así se va a determinar si son o no responsables ante la justicia”

dió un informe de las acciones realizadas desde que comenzó el actual gobierno y calificó el caso como una “desaparición forzada por agentes del Estado”. Dijo que existen dos líneas de investigación: “la búsqueda en vida, que es una demanda fundamental, y la búsqueda del destino final”. El exlegislador aseguró que, durante ocho operativos realizados en 48 días de búsqueda de los 43 jóvenes en 180 puntos en distintas regiones, no ha habido “hallazgos positivos”. Explicó que dichas acciones se han concentrado en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Tepecoacuilco; en este último actualmente se realizan acciones de búsqueda. Además, se ha hecho el análisis

de todas las redes de telefonía involucradas el día de los hechos y de los días posteriores, pues está comprobado que los agresores usaron los teléfonos de los estudiantes. Detalló que revisaron 80 millones de registros, de los cuales hallaron 206 mil llamadas de interés y de éstas sacaron 84 mil líneas prioritarias, de las cuales ubicaron 116 números telefónicos a los que les han dado seguimiento minuto a minuto. “Sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo y que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo ni sus integrantes”, aseguró.

Sin obstáculos El exjefe de gobierno del Distrito Federal, agregó que el gobierno fede-

ral se ha desistido de los más de 200 amparos interpuestos por la administración anterior para no crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala. También destacó que la incorporación del Grupo de Asesoría Técnica (GAT); al que llamó “el GIEI renovado”, cuyos integrantes participarán en la indagatoria “sin ninguna limitación”. Incluso, subrayó que, a diferencia de la pasada gestión, se han tenido reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “sin restricciones de ninguna naturaleza”, lo que ha llevado a la apertura del 27 batallón y la puesta a disposición de todos sus elementos que estuvieron ese día en las instalaciones. Además, dijo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “por primera vez” da información de la policía preventiva y la indagatoria del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), “porque a pesar de que hubo deslinde de responsabilidades y acusaciones de elementos que estaban en la nómina del crimen organizado, nunca se incorporaron en la investigación y ahora han sido integrados a la Fiscalía”. Encinas Rodríguez aclaró que, pese a estos avances, “la única verdad es que no hay verdad alguna”. Y agregó que aún no tienen una fecha calculada para resolver el crimen. “Cuando la tengamos”, aseguró.

El TEPJF desmiente fallo sobre ampliación de mandato en BC Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, negó que la dependencia a su cargo hubiera resuelto la ampliación del mandato, de dos a cinco años, del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. “En relación con el caso Baja California, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto. Esa desinformación, desde luego, queremos combatirla con la posibilidad de que el

ciudadano consulte directamente nuestras sentencias”, aclaró Fuentes Barrera. Durante la inauguración de la 7ª Feria Internacional del Libro del TEPJF, Fuentes Barrera abundó: “Hemos visto en los últimos días, en diversos medios de comunicación, la emisión de diversas notas que no son exactas y, precisamente, si la ciudadanía accede a nuestras sentencias a través de las redes, se podrá dar cuenta de las verdaderas sentencias que emite este tribunal”. Con ello, el magistrado desmintió la versión periodística de que el TEPJF ya avaló el periodo de cinco años de Jaime Bonilla.

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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En todo momento autoridades son omisas en casos de feminicidio César Martínez López Ciudad de México. (Cimacnoticias)

a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) llamó a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) a no persistir en la pasividad y romper las inercias estructurales que perpetúan la violencia contra las mujeres. Así lo expresó la presidenta de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Hernández, quien la mañana de este 26 de septiembre presentó el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México y emitió las Recomendaciones 06, 07, 08 y 09 de 2019, todas por casos de violencia contra las mujeres. Presentación del informe sobre violencias de género | Cortesía CDHCDMX Tanto en las recomendaciones como en el informe, el organismo defensor identificó las acciones y omisiones de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en casos de acoso y hostigamiento sexual, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio. Por ejemplo, el organismo indicó que la PGJ filtra 30 por ciento de las quejas que llegan a la CDHCDMX por feminicidio; en cuatro de cada 10 casos omiten hacer una investigación, y en el resto (seis de cada 10 casos) hay negligencia; es decir, no hay un sólo momento donde no haya omisiones. Las cuatro Recomendaciones concentran un total de 131 víctimas directas y 44 víctimas indirectas, dentro de las cuales se encuentran 19 niñas y adolescentes y, de acuerdo con la ombudsperson, los hechos documentados no aislados, prueban el contexto de violencia de género sistemática y de discriminación estructural contra las mujeres. Recomendación 6/2019: Por los delitos de acoso y hostigamiento sexual en ámbitos laborales y educativos. Se revisaron 21 expedientes de queja, donde se encontraron 28 víctimas directas y 6 víctimas indirectas. Recomendación 7/ 2019 : Por falta de debida diligencia alrededor de casos de violencia familiar. Se revisaron 20 expedientes, donde se encontraron 30 víctimas directas, 6 víctimas indirectas. Se documentó maltrato a quienes fueron a denunciar y la falta de investigación del contexto y ausencia de un enfoque de género. Recomendación 8/2019: Por delitos de violencia sexual. Se revisaron 18 expedientes, donde se encontraron 17 víctimas directas, 5 víctimas indirectas. Se documentaron patrones de

Así lo expresó la presidenta de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Hernández, quien la mañana de este 26 de septiembre presentó el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México y emitió las Recomendaciones 06, 07, 08 y 09 de 2019, todas por casos de violencia contra las mujeres

maltrato y descrédito de la palabra de las víctimas, mal manejo de pruebas periciales y negación de la justicia. Recomendación 9/2019: Por falta de investigación y filtración de información en casos de posible feminicidio. Se revisaron 20 expedientes de queja, donde se encontraron 17 víctimas directas y 5 víctimas indirectas. Se documentó filtración de información, violencia institucional a familiares y falta de análisis sobre sucesos previos para esclarecer si se trató de un feminicidio. El organismo comenzó la investigación de casos de violencia de género en mayo pasado después de emitir la Recomendación 1/2018 por la falta de debida diligencia en la investigación del asesinato de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada sin vida cerca del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo de 2017. Hace dos años, la PGJDF filtró información del caso a los medios de comunicación y en redes sociales publicó información personal de la víctima y supuestas adicciones para luego reforzar la hipótesis de que Lesvy se suicidó enredando a su cuello el cable de teléfono de una caseta pública. Esto desató criticas de agrupaciones y colectivas feministas. Tras la revisión, el organismo emitió cuatro instrumentos recomendatorios y un informe en el que hace un recuento de patrones y prácticas de las autoridades en casos donde debe investigar y esclarecer violencia ejercida contra las mujeres. Al hacer un recuento de las leyes nacionales y locales a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y de las resoluciones de organismos internacionales, la presidenta de la CDHCDMX se preguntó: ¿Qué es entonces lo que hace falta para que las mujeres accedan a una Vida Libre de Violencia sexual, feminicida, psicológica, económica, patrimonial, tanto en los espacios privados como en los públicos? En noviembre de este 2019, recordó, se cumple una década de la emi-

sión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero”, sobre tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez y a la fecha las autoridades son incapaces de realizar un análisis de contexto que permita atender a las víctimas. En 10 años, la debida diligencia sigue sin cobrar sentido en la práctica. “Las diferentes caras de la violencia de género hacia las mujeres siguen manifestándose, y muestra de ello son las Recomendaciones que hoy estamos presentando y que ejemplifican la violencia cotidiana hacia las mujeres con, incluso, un impacto letal”. Al hablar del informe, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la violencia contra las mujeres no es una problemática nueva ni coyuntural; tampoco es obra de unas cuantas personas, sino que deriva de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Explicó que, por medio de este informe, se observa que las prácticas discriminatorias y violentas que enfrentan las mujeres; la falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de los casos, contribuyen a que la violencia institucional y su negligencia omisa mantengan la impunidad. La ombusdperson aseguró que se identificaron 25 formas en las que los Derechos Humanos de las víctimas fueron vulnerados por actos u omisiones de las autoridades de procuración de justicia y se constató, además, que cada caso registra más de una práctica de violencia institucional. Entre las prácticas identificadas por la CDHCDMX están: Omisión para investigar con la debida diligencia Negativa de ordenar medidas de protección a las víctimas en los casos más urgentes Falta de perspectiva de género en la calificación de los delitos Negativa para determinar una forma de terminación de la investigación que garantice los derechos de las víctimas

Inacción de la autoridad administrativa responsable para investigar y sancionar actos de hostigamiento Violencia contra mujeres policías por compañeros o superiores. Negativa, restricción u obstaculización para iniciar investigación Peritajes realizados de manera negligente o incorrecta Falta de aplicación de los protocolos de feminicidio Negativa de brindar asesoría jurídica victimal con afectación directa al proceso judicial. Ramírez Hernández aseguró que los resultados son alarmantes y sostienen con cifras los reclamos sociales. Aseguró que en 30 por ciento de los casos de feminicidio existe filtración de información. En cuatro de cada 10 casos, se acredita la absoluta omisión de investigar con diligencia; sin embargo, en el resto de ellos la debida diligencia es negligente. Por ejemplo, otro caso filtrado por la PGJ fue el del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, donde fueron asesinadas Alejandra Negrete Áviles, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. O bien, la filtración de un caso de violación sexual, cometido por policías capitalinos en la alcaldía de Azcapotzalco, el pasado 3 de agosto. En los casos que requerían la activación de medidas urgentes de protección, según dijo, porque la consecuencia de no brindarlas podía ser letal, sólo se proporcionaron en dos de cada 10 casos. “Existe un serio problema en los órganos procuradores de justicia, respecto de las atenciones encaminadas a la garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares, pues dichas acciones no se llevan a cabo de manera diligente e inmediata, y comprometen la seguridad y los derechos de las víctimas”. La defensora dijo que es necesario fortalecer la atención inicial, asistencia jurídica, atención psicológica, medidas de protección, las fiscalías desconcentradas y coordinaciones territoriales, las fiscalías para la atención especializada, policía de investigación, peritos y procedimientos y sanciones. La presidenta de la CDHDCDMX dijo que este Informe debe servir para hacer un reconocimiento a las luchas de las mujeres, organizaciones y colectivas que han impulsado transformaciones en la defensa de los derechos de las mujeres, y en contra de las violencias de género.

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LA APUESTA DE LOS APÓSTOLES Agustín Basave

l nexo es muy antiguo. Delincuencia y altruismo, en ese orden: primero el beneficio del truhan y luego el de los demás. No me refiero, pues, al guerrillero que subvierte el orden establecido en un afán justiciero, sino al maleante que busca enriquecerse y, para obtener ayudantía, para proteger sus menesteres ilícitos y acaso para demostrar una tangencial conciencia de clase, ayuda a colectividades marginadas. No es Robin Hood: no es el héroe acusado de villano, es la villanía que se esconde tras el disfraz del falso heroísmo. Los capos del crimen organizado requieren del respaldo de muchas personas. Por eso, porque la criminalidad a gran escala opera con una extensa base social, es sumamente difícil combatirla. Su poderío reside en su apoyo popular tanto o más que en su poder de fuego. Los cárteles mexicanos lo saben y lo aprovechan con destreza: un país con miseria y corrupción, con un Estado débil y una subcultura de desprecio a la autoridad es campo fértil para sus actividades delincuenciales. Lo que hacían en su época de traficantes de drogas lo realizan ahora, en plena diversificación, con mayor refinamiento. Dan empleo a comunidades enteras, mejoran su situación económica y reciben a cambio esfuerzo laboral e incondicionalidad sociopolítica. A veces llegan a construir lealtades familiares o incluso fidelidades de corte religioso. Eso ocurre en el México del huachicol y demás giros negros. Gente “humilde” sale a cuidar estos “negocios” cuando efectivos de la Secretaría de la Defensa llegan a aplicar la ley. Se enfrenta con ellos a golpes o a tiros, dispuesta a hacer lo que sea para defender a la “población”. Recientemente, debido a las órdenes presidenciales de no usar la violencia – aunque sea la del monopolio legítimo–, se han suscitado hechos vergonzosos en que soldados y oficiales han sido vejados y humillados por quienes ostensible-

mente representan intereses delictivos. Es decir, con el argumento de que nunca usará a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo, AMLO cae en el juego de capos que se disfrazan de Chucho el Roto y permite otra represión, la de una facción del pueblo sin uniforme contra el pueblo uniformado. Estoy convencido de que la razón por la que AMLO quiso militarizar la seguridad fue por la lealtad –no la letalidad– de los militares. Son el orden y la disciplina castrenses lo que a sus ojos los hace confiables, y por eso les encarga tantas tareas. El problema es que aun el orden y la disciplina marciales están limitados por otro valor igualmente caro para la milicia, que es la dignidad. Entiendo que los altos mandos ya se lo dijeron al presidente y que él ha cambiado sus instrucciones. Si es así, enhorabuena. Y es que es plausible que AMLO declare que los delincuentes son seres humanos y tienen derechos, pero también lo sería que aceptara que los abrazos no se pueden dar cuando se están recibiendo balazos –o palazos– y que el uso de la fuerza pública es en ocasiones indeclinable y válido siempre que se ejerza bajo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. El Ejército es la última línea de defensa del Estado; si se tolera que los pillos lo desarmen todo estará perdido. AMLO acierta en ir a una de las raíces de la violencia que padecemos los mexicanos. Si bien las transferencias de efectivo y en particular las becas ayudan a que los jóvenes no sean reclutados por los malhechores, eso no basta para revertir una descomposición tan avanzada del tejido social como la que hay en México. Si no se encarece la participación en esas redes delictuosas, si no se castiga a los participantes, la estrategia será disfuncional. Para competir con los jugosos sueldos que los cárteles pueden pagar se requiere que quien tiene la alternativa de volverse becario o sicario sepa que en el segundo caso correrá un alto

riesgo de ser detenido, y que es mejor para él estudiar o trabajar honradamente aunque gane menos porque de hacerlo tendrá, además, tranquilidad para él y su familia. Mientras se sepa que no solo hay más dinero sino también más seguridad en las organizaciones criminales, porque ahí se obtiene más protección de las autoridades corruptas –o permisivas–, serán pocos los que opten por seguir el camino de la ley. La moral se arraiga como guía para alcanzar la paz y justicia. No se da mediante exhortos paternales –o maternales– a portarse bien que, de no atenderse, no generan consecuencias negativas a los mal portados. Por cierto, lejos de indignarme, a mí me dio gusto que AMLO dijera que los malandros también son pueblo, porque reconocerlo contribuye a desmontar la falacia del “pueblo bueno”. Toda sociedad está conformada por mujeres y hombres de carne y hueso, quienes suelen corromperse cuando existen condiciones para que el que no transe no avance. El bandidaje se va a desprestigiar cuando veamos a sus jefes tras las rejas y no al frente de sus comunidades. Lo reitero: en la medida en que se premie la corrupción y se castigue la rectitud, solo una minoría se portará bien y la criminalidad nos seguirá carcomiendo. Al apelar a la bondad de un pueblo que subsiste entre incentivos perversos, AMLO se proyecta y apuesta por un apostolado mexicano. El apóstol es venturosamente irracional en el sentido convencional de la palabra –vive la honestidad cuéstele lo que le cueste–, pero la mayoría de los seres humanos actúa racionalmente la mayor parte del tiempo. Y en un país de impunidad sistemática como México, donde la ética es cotidianamente abofeteada por la realidad, solo un puñado de apóstoles rechazará las enormes ventajas racionales de la ilegalidad. Este análisis se publicó el 22 de septiembre de 2019 en la edición 2238 de la revista Proceso.

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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DESDE LA BARRERA Fabrizio Mejía Madrid

hora que se realizará una consulta sobre la prohibición de las corridas de toros en México vale recordar lo escrito sobre el tema. De entrada, ¿Relajados o reprimidos?, el ensayo de Juan Pedro Viqueira sobre las diversiones callejeras en nuestro Siglo de las Luces. Ahí, el historiador propone una lectura política del espectácu-lo de los toros que me resulta a la vez brillante y de acuerdo a mi propia experiencia en las corridas de la Plaza México: el hecho de que se trata de un espectáculo de la jerarquía estamental, donde todo está dividido en plebeyos –los de a pie–, nobles a caballo y el papel del torero como un aristócrata que salva a los indefensos del toro. Las jerarquías dentro de la plaza son obvias: los palcos para los de linaje, la sombra para los que tienen dinero, el resto a callar por “no saber”. Los entusiastas del espectáculo de sangre siempre van a argumentar que en el toro de Minos o en el laberinto de Creta ya existían tales rituales, pero lo cierto es que, en México, se trata de un espectáculo de dominación, por donde se le vea. La primera corrida novohispana se realiza hace casi 500 años, el 13 de agosto de 1529, y tiene como objetivo, cita Viqueira: “Que le entre por los ojos al pueblo el respeto y reconocimiento que es debido, para que forme concepto de autoridad y para que la venere”. Como presiden la corrida las autoridades virreinales, muchas veces incluyendo a los obispos, la esce-nificación es para que “el pueblo sepa obedecer al Jefe Supremo del Reino”. No es casual la fecha escogida: la conmemoración de la caída del imperio mexica. La corrida, organizada en la Plaza del Volador, expone cómo debe ser la sociedad novohispana, dividida en estamentos, castas, dividida entre los ungidos por el poder ultramarino y los desposeídos de estas tierras arrasadas. Los palcos correspondieron a las corporaciones más poderosas y, sin duda, no se permitió que se mezclaran las autoridades peninsulares con el populacho indígena recién sometido. Pero, como muchas cosas más en el virreinato, las corridas comenzaron a ser practicadas por caporales de las haciendas, briagos entusiasmados por la repentina pérdida del miedo y que se despojaron del glamour aristocrático, por lo que la “nobleza” novohispana decidió practicar la lidia escondiendo su rostro con un antifaz. De ahí el primer término, no priista, del “tapado”. Ya soltados los amarres agachupinados, los criollos, deleitándose en sus nuevas riquezas desde los palcos, combinaron todo

tipo de diversiones con motivo de la corrida de siete toros: mujeres toreras, cómicos que se dejaban embestir en un tonel de metal, peleas de gallos, de perros de presa, y hasta carreras de liebres. Inventaron para reafirmar su propia jerarquía espectáculos para burlarse de la pobreza y de la injusticia: que los pobres pelearan entre sí por ropa o que se enfrentaran al palo encebado a cambio de comida. Para los ilustrados del siglo XVIII y XIX mexicanos aquello representaba una vergüenza, por el maltrato animal y por la idea de circo romano que invocaba, con gladiadores que eran los pobres de la ciudad, pulqueros, vendedores de fruta y teporochos de esquina. En España también se empezó a cuestionar la idea de que fuera “una fiesta nacional”. Jovellanos, por ejemplo, pone en duda que más de 10% de los españoles haya asistido a una corrida, que considera, por supuesto, signo de inhumanidad. La lista de los escritores españoles que argumentaron en contra de la tauromaquia es enorme: Quevedo, Clarín, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Antonio Machado, Unamuno. Escribe Quevedo en 1613 sobre lo ridículo de enfrentar a un toro en vez de a un ejército enemigo: Pretende el alentado joven gloria / Por dejar la vacada sin marido, / Y de Ceres ofende la memoria. / Un animal a la labor nacido / De paciencia preciosa a los mortales, / Que a Jove fue disfraz y fue vestido; / Que un tiempo endureció manos reales, / Y detrás de él los cónsules gimieron, / Y rumia luz en campos celestiales, / ¿Por cuál enemistad se persuadieron / A que su apocamiento fuese hazaña, / Y a mieses tan grande ofensa hicieron? / Que la niñez al gallo le acometa / Con semejante munición apruebo; / Que a la edad madura y perfecta / Ejercite sus fuerzas el mancebo / En frentes de escuadrones, no en la frente / Del padre hermoso del

armento nuevo. “Armento”, palabra hoy en desuso, se refiere a los animales criados para producir carne. El punto de Quevedo es retomado por casi todos los escritores, con excepción de Hemingway, quien asocia cacería, guerra civil, fiesta y embriaguez, y que se resumiría en la frase de “la insensibilidad extranjera hacia nuestra ignorancia”, atribuida a Luis Cernuda. No así Miguel de Unamuno, quien embiste desde las páginas del Mercantil Valenciano, el 21 de mayo de 1920, a partir de la muerte de un torero llamado “Joselito”: “En una de esas salvajadas llamada ‘fiesta nacional’, murió el torero. No puede considerarse que el hecho sea una fatalidad, sino que es justo preverla. Sería mejor llamarle suicidio probable. Peor que el bárbaro espectáculo mismo es la estultificación, el atontamiento que trae a las inteligencias el ocuparse de comentarlo”. Introduce, entonces, de nuevo la visión política de las corridas taurinas: “A un aldeano gallego que vive de sus vaquillas le molesta ver atormentar a un toro. Mientras que los poderosos ganaderos terratenientes, que además de pagar jornales misérrimos a los obreros de campo, no requieren de ningún tipo de conocimiento, es decir, que para eso no hace falta más inteligencia que para ser ‘inteligente’ en toros”. En efecto, los antitaurinos se han asociado, desde el Siglo de las Luces, a las causas más enaltecedoras de la idea de “diversión”. En el México que retrata Viqueira, los independentistas arremeten contra las corridas por considerarlas una parte del relato colonial y, con razón: cuando se alcanza a restaurar el poder imperial en la Nueva España, en 1813, se decide convocar a una corrida “para llamar la atención del pueblo a objetos indiferentes y evitar que su imaginación se corrompa en la subversión”. Más tarde, otros escritores españoles condenarán ese espectáculo

de sangre. Escribe Antonio Machado en 1910: “(Las corridas de toros) no son un juego, un simulacro, más o menos alegre, más o menos estúpido, que responda a una actividad de lujo, como los juegos de los niños o los deportes de los adultos; tampoco un ejercicio utilitario, como el de abatir reses mayores en el matadero; menos un arte, puesto que nada hay en ellas de ficticio o de imaginado. Son esencialmente un sacrificio. Con el toro no se juega, puesto que se le mata, sin utilidad aparente, como si dijéramos de un modo religioso, en holocausto a un dios desconocido. Por esto las corridas de toros, que, a mi juicio, no divierten a nadie, interesan y apasionan a muchos. La afición taurina es, en el fondo, pasión taurina; mejor diré fervor taurino, porque la pasión propiamente dicha es la del toro”. Unos años después Pío Baroja publica una novela, La busca, en la que su personaje central cree en la épica de la tauromaquia pero pronto se encontrará con la barbarie: “Él suponía que los toros era una cosa completamente distinta a lo que acababa de ver; pensaba que se advertiría siempre el dominio del hombre sobre la fiera, que las estocadas serían como rayos y que en todos los momentos de la lidia habría algo interesante y sugestivo; y en vez de un espectáculo como él soñaba, en vez de una apoteosis sangrienta del valor y de la fuerza, veía una cosa mezquina y sucia, de cobardía y de intestinos; una fiesta en donde no se notaba más que el miedo del torero y la crueldad cobarde del público recreándose en sentir la pulsación de aquel miedo”. Ramón Gómez de la Serna, en 1926, termina su texto sobre el tema, El torero Caracho: “La verdad es que todos asistían siempre a una fiesta y a una ejecución. No había, pues, que extrañarse tanto. Aquel público que iba a ver quemar herejes y que era coro innumerable de las ejecuciones y fusilamientos, iba con la misma curiosidad a la plaza, cadalso disimulado del torero borracho”. En la tradición intelectual antitaurina la matanza no se relaciona con supuestos rituales de la prehistoria griega, sino con el orden jerárquico, las castas, la barbarie y la desigualdad entre hombre armado y animal asustado, campesino pobre y terrateniente ganadero. Por ello, cuando la Independencia mexicana se consolida, en 1821, la plaza de San Pablo, erigida para las corridas de toros, es consumida por las llamas. Era el tiempo de abrir las puertas al viento fresco del pastizal. Esta columna se publicó el 15 de septiembre de 2019 en la edición 2237 de la revista Proceso

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿DE QUÉ LAS VAN A PERDONAR? Lucía Melgar Palacios

a propuesta de Ley de Amnistía enviada por el presidente de la república al congreso reconoce hasta cierto punto que el sistema de justicia en México está plagado de irregularidades, negligencia y arbitrariedad. Por ello busca liberar a personas que cometieron delitos menores por necesidad o fueron involucradas en ellos por pobreza o algún tipo de coerción. Tal es el caso de mujeres acusadas de delitos contra la salud, obligadas a transportar narcóticos, o empujadas a ello por sus parejas, con las que el sistema se ha ensañado. Esta propuesta también incluye a las mujeres presas por aborto y a las y los médicos y parteras que hayan intervenido, siempre y cuando haya sido con consentimiento de ellas y sin violencia (art.1). Con esto se da por hecho que el aborto es un delito y se supone que, al otorgar el perdón, el Estado hace justicia. Esto resulta por demás problemático desde la perspectiva de los derechos humanos y del sentido mismo de la justicia. En primer lugar, habría que preguntarse por qué, pese a las recomendaciones del Comité de la CEDAW, el Estado sigue resistiéndose a reconocer el aborto inseguro como un problema de salud pública y el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Fuera de la Ciudad de México, se penaliza el ejercicio de una libertad que debe respetarse. Contra los argumentos confe-

sionales y conservadores, conviene recordar que según el derecho y la bioética (apegados a la laicidad y la ciencia), no se puede equiparar no nacido y persona. Lo procedente sería eliminar este “delito” de los códigos penales. En segundo lugar, como explica la abogada Martha Guadalupe Figueroa Mier, experimentada defensora de los derechos de las mujeres en Chiapas, esta ley es tramposa en cuanto elude los casos de mujeres que tuvieron un aborto espontáneo, un malparto por su condición de pobreza y salud (o incluso, añado, un aborto provocado por ellas) pero fueron acusadas de homicidio agravado en razón de parentesco, no de aborto. Ellas no serán amnistiadas ya que esta iniciativa excluye a quien haya “privado de la vida” a otro. Entrevistada para esta columna, Figueroa refiere el caso de 20 mujeres de los Altos de Chiapas presas por ese delito grave. Una revisión de sus casos mostró que 18 de ellas en realidad habían tenido algún tipo de aborto y sobre todo malparto, por sus condiciones de vida y por el pésimo servicio de salud en ese estado, pero aún en zonas marginadas e indígenas. Como no habían tenido debido proceso ni acceso a traductor, se logró su liberación. Éste es sólo un ejemplo de las injusticias que se cometen en nombre de la “defensa de la vida” del embrión y por prejuicios contra las mujeres, criminalizadas en ése y otros es-

tados a raíz de las reformas constitucionales de origen confesional que “protegen” “la vida desde la concepción” y han favorecido esta forma de negación de los derechos humanos de las mujeres. La realidad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero es tanto más grave, añade la directora de Mujeres Libres-COLEM, cuanto que ahí las mujeres, además de pobreza y marginación, viven una intensa violencia machista. Chiapas, por ejemplo, ocupa el primer lugar en embarazo adolescente, debido sobre todo a violencia sexual, incestuosa en muchos casos, que no se castiga. El abuso sexual infantil es también el más alto en el país. Para colmo, la NOM-046 no se aplica. Al ignorar esta realidad, el Estado elude su propia responsabilidad: ni previene la violencia, ni hace efectivo el derecho a la salud. En cambio, ejerce violencia institucional al condenar por delito grave, con largas penas de prisión, a cientos de mujeres que abortaron o no contaron con condiciones de salud y atención adecuadas durante su vida, su embarazo o el parto. Lo coherente, afirma Figueroa, sería revisar los casos de mujeres presas por “homicidio agravado en razón de parentesco” y eliminar el delito de aborto de los códigos. Si de verdad se quiere hacer justicia, el Estado debería pedir perdón a estas mujeres, repararles el daño y asegurar que estas arbitrariedades no se repitan.

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

MI DESCONFIANZA EN NUESTRA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Luis Miguel Cano López

oncluidas las votaciones de 2006 colaboré con Proceso para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de ese año. Menciono ese recuerdo porque me marcó: a partir de entonces dejé de creer en el debido funcionamiento de nuestro sistema electoral cuando la competencia es cerrada. Me rehusé a consentir que el más esencial elemento del sistema tuviera como garantía de origen, un salto de fe. Otra anécdota más añeja también me impactó: hace quince años la primera causa de derechos humanos que litigué trataba sobre el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese caso me permitió constatar el empleo a conveniencia de las consultas a la ciudadanía y el imperio de los acuerdos políticos por encima de designaciones con legitimidad de origen. La semana pasada pensé en eso a causa de la invitación de una antigua colega para participar en un espacio nombrado “Diálogos hacia una política en materia de designaciones”. Constaté lo poco que han variado las cosas y por eso me quedé meditando en lo lejano que me resulta encontrarme representado en esta época del año, cuando se deciden las maneras de ingresar e invertir los dineros públicos. Por el contrario, en torno a la crisis climática me siento bastante representado por voces como las que en la semana se escucha-

ron en Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso me atrevo a escribir, si se me permite, que celebro lo acontecido en Oaxaca. Obvio, no tengo que conocer en persona a quienes participaron, ni tengo que ser parte de los movimientos a los que pertenecen, no necesito de invitaciones para presumir mi anónimo trabajo, ni tengo que tener ningún rasgo en común con tales personas; porque al final, los mensajes y las exigencias son las adecuadas, y lo que es vital es lo que nos une. Así que de vuelta con el tema de nuestra ineficiente representación en las sedes de las instituciones que nos gobiernan o a veces hasta en las que salvaguardan nuestros derechos, lo que quiero resaltar este día es lo complejo que resulta demandar exitosamente ante el poder judicial, por vía del amparo, que se cumplan los mandatos de nuestra Constitución, tanto por lo que hace a las designaciones de quienes tendrían que servirnos, como por lo que toca a nuestro dinero público. Para mí, es sin duda una deuda pendiente de nuestro sistema de justicia. Ojalá que no hubiera razón para demandarlo. De verdad, mucha gente disfrutamos hacer cosas diferentes con nuestro tiempo. Igual ahora que se renueve la cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habrá un procedimiento de consulta pública transparente y quedará con esa responsabilidad alguna mujer defensora de derechos humanos de toda la vida

–honrando la orden de paridad–. Pero si sucediera que prevalece la voluntad política de quienes integran el Senado y designan a alguien sin la suficiente legitimidad, el camino litigioso resulta del todo engorroso. No tengo conocimiento de que se haya llevado la exigencia de respeto al derecho de consulta pública transparente reconocido en el artículo 102 constitucional, pero sí de que los precedentes de la Suprema Corte la complican. Y por lo que hace a la justiciabilidad de los recursos públicos, otra odisea. Incidir en el proyecto de presupuestos, pues imagino que solamente si se tiene cercanía con el presidente. Influir en lo que al final apruebe la Cámara de Diputados, tarea también dependiente de la voluntad política o labor muy especializada lejana del común de las personas. Y por lo que toca a los ingresos, algo semejante –ojalá con la novedad de la prohibición de condonaciones de impuestos–. Complejísimo y distante participar efectivamente en la determinación de los casos para recaudar. Llevar a tribunales esas exigencias, una travesía llena de obstáculos procesales. Si cuestionas el presupuesto, por ejemplo, pues o te resuelven el amparo en un año o fracasas. Y si el tiempo te brinda oportunidad, otros pretextos: imposibilidad de concreción de la sentencia o abstracción de la demanda. Mi conclusión: no tenemos cómo asegurar una representatividad funcional. De ahí mi desconfianza.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

iversos analistas confirman que Chiapas será tratado preferentemente en este sexenio, por ser el estado que en 28 años no creció, y sus exgobernadores no hicieron nada por apuntalarlo en su economía y en su desarrollo social. La pobreza sigue carcomiendo las arcas públicas, pero la situación de pobreza persiste como un cáncer que no se detiene; al contrario, va en áuge. En 2019 la Federación le asignó un total de 45 mil 419 millones de pesos y se espera que para el 2020 Chiapas reciba 46 mil 826 millones de pesos del gobierno federal, mil 407 millones más de los que se le asignó el presente año. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su COMUNICADO DE PRENSA No. 10 del 5 de agosto de 2019, dio a conocer la situación actual de la pobreza en Chiapas. Esto lo publica luego de 10 años de medición (2008-2018) en el país y para las 32 entidades federativas) de pobreza en México, avances y retos de política social Chiapas

an sido incentivados, financiados y armados durante años por las mafias de la política estatal y la delincuencia organizada; se trata de los grupos paramilitares y organizaciones violentas que hoy mantienen secuestrados a municipios y regiones enteras de la entidad chiapaneca donde la anarquía impera y la “ley del más fuerte” se ha impuesto a costa de innumerables víctimas. Lo sucedido este jueves en el municipio de Bochil, donde un elemento de la Guardia Nacional fue herido de muerte tras el desalojo de un bloqueo carretero, es sólo la muestra más reciente y mediática de lo que sucede todos los días en lugares como San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, El Bosque, Chenalhó, Chalchihuitán, Rincón Chamula, Carranza y otros tantos más donde los grupos armados se han apoderado de la paz y la tranquilidad. La versiones sobre lo ocurrido este jueves todavía son confusas e imprecisas. Si las balas emanaron primero de la Guardia Nacional, si fue un grupo de “sicarios” quienes sólo llegaron a reventar el desalojo o fueron los propios manifestantes quienes comenzaron la agresión, la gravedad del hecho resulta la misma. La nueva insurgencia violenta ha sobrepasado, por mucho, sus más graves antecedentes en Chiapas. Episodios caracterizados por balaceras o ejecuciones, suceden prácticamente todas las semanas en alguno de los rincones de la en-

Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ENTRE POLÍTICOS David Martínez Hernández

La pobreza carcome las arcas de Chiapas y sigue igual en 28 años

El reporte arroja los siguientes datos: El número de personas en situación de pobreza en el estado de Chiapas pasó de 4 millones 113,950 personas a 4 millones 174,596 personas entre

2016-2018. El porcentaje de la población en situación de pobreza en el estado de Chiapas pasó de 77.1% a 76.4% entre 2016-2018. El número de personas en si-

EN LA MIRA Héctor Estrada

Herencia de violencia y anarquía sigue sangrando a Chiapas

tidad chiapaneca, considerados focos rojos. Sin embargo, la gran mayoría se quedan en el anonimato, fuera de las ocho columnas en los medios de comunicación nacionales. Sin víctimas castrenses que eleven su notoriedad y muertos “menos relevantes”. Se trata de la herencia más sangrienta dejada por los gobiernos pasados. Para nadie es un secreto los nombres de los partidos y figuras de la política estatal que han estado detrás del financiamiento, impulso y complicidad a favor de dichas agrupaciones armadas. Se convirtieron durante años en los

brazos ejecutores para arrebatar el control político, desplazar a los opositores y asegurar la continuidad de las mafias políticas a costa del miedo. Se les acostumbró al control irregular de presupuestos federales y estatales, como la entrega en efectivo de recursos para obras públicas y beneficios de poder desproporcionados que al paso del tiempo los volvieron “monstruos” incontrolables. Y los ejemplos sobran. Los casos más recientes tienen que ver con los municipios de Chenalhó y Aldama donde la confrontación entre grupos armados del Partido

tuación de pobreza extrema en el estado de Chiapas pasó de 1.4 millones de personas a 1.6 millones de personas entre 2016-2018. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en el estado de Chiapas pasó de 28.1% a 29.7% entre 2016-2018. Entre 2016 y 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza en Chiapas disminuyó 0.7 puntos porcentuales; sin embargo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema aumentó 1.6 puntos porcentuales. Entre 2016 y 2018, en Chiapas se redujo la carencia por calidad y espacios de la vivienda en 0.9 puntos porcentuales, debido a la disminución en el porcentaje de población en viviendas que contaban con muros endebles y pisos de tierra. Entre 2016 y 2018, el porcentaje de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en Chiapas disminuyó 0.9 puntos porcentuales; sin embargo, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó en 0.8 puntos porcentuales, es decir, un menor porcentaje de personas cuentan con un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Verde Ecologista de México y viejos cacicazgos dejaron un ola de muerte y cientos de familias expulsadas. Durante los últimos años, los linchamientos, casas quemadas, ejecutados, desapariciones y episodios de violencia armada se convirtieron en una constante que ha arrebatado a los pueblos indígenas de Chiapas la tranquilidad de las manos para convertirlos en territorios sin ley. Son sitios que los grupos delincuenciales han ocupado, bajo la complicidad y omisión conveniente de las autoridades. De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), la entidad chiapaneca contabilizó un total de cinco mil 35 personas que se sumaron en 2018 a la cifras de desplazados internos. El estado concentró más del 45 por ciento de la incidencia total a nivel nacional. Como los desplazados, muchas familias más en Chiapas se han quedado sin alternativa, obligados a normalizar la violencia. No ha quedado de otra que ver morir lentamente la paz y tranquilidad dentro sus pueblos o comunidades, esperando a que la gobernabilidad y Estado de Derecho regrese. Por eso la presencia de la Guardia Nacional se ha vuelto necesaria, pero se requerirán de acciones más contundentes para desarticular finalmente a las viejas estructuras violentas del pasado que ahora se niegan a perder el control de sus bastiones… así las cosas.

CMAN

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Viernes 27 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1741

PRONUNCIAMIENTO

ACTIVIDADES

Realizarán eventos sobre tipos de maíz en SC

Demandan estudiantes chiapanecos aparición de 43 normalistas

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DECLARACIÓN

El TEPJF desmiente fallo sobre ampliación de mandato en BC

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EDUCACIÓN

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REFORMA

Congreso de Jalisco elimina el haber de retiro de magistrados

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Inauguran Congreso Internacional de Contaduría y Administración en la UNACH Se puso en marcha el Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración, que organiza la Facultad de Contaduría y Administración, Campus l de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través del Cuerpo Académico Gestión y Administración de las Organizaciones, teniendo como escenario el auditorio “Los Constituyentes”.

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Otorga SEP nuevo contrato a compadre de AMLO; el mandatario pide que la SFP lo revise