CMAN
DOXA
EDITORIAL
El discurso de la 4T en Chiapas
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En la lectura del discurso de los más importantes funcionarios de Chiapas así como de los boletines que publicitan sus acciones, se puede ver las inconsistencias
Se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Y aún no hay una respuesta veraz del Estado sobre qué es lo que ocurrió. Lo que en sí no hay duda es en la participación de los cuerpos de seguridad. Lo grave es que los estudiantes son las víctimas y aún hay voces que los criminaliza.
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EN CHIAPAS
Jueves 26 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1740
EXHORTO
SALUD
No es razonable que a cinco años del caso Ayotzinapa no haya resultados concretos: CIDH y ONU-DH
La CIDH urgió al Estado mexicano “a avanzar con celeridad en la búsqueda de los jóvenes normalistas, así como juzgar y sancionar a las personas responsables” de la desaparición forzada, al tiempo que manifestó “su profunda preocupación porque, después de un tiempo significativo, no hay respuestas sobre lo ocurrido”.
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Inicia Congreso de medicina en SC
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ACUSACIÓN
Lydia Cacho denuncia inoperancia del Estado para defender a periodistas y actuar contra Marín
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HOY ESCRIBEN
Cumplimenta FGE orden de
COMENTANDO LA NOTICIA
aprehensión en contra de persona que
ENTRE POLÍTICOS
vandalizó alcaldía de San Juan Chamula
EL DIVAN
Alfonso Carbonell Chávez
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Sergio Stahl
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COLEGIO RÉBSAMEN, JUSTICIA A MEDIAS
VIOLENCIA
Civiles armados levantan a un regidor y dos policías en San Juan Chamula
David Martínez Hernández
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Ricardo Raphael
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CIERRE DE OFICINAS COMERCIALES EN EUROPA: LA OPCIÓN MEXICANA Marco Appel
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TRATADO BILATERAL EU-GUATEMALA: UNA ADVERTENCIA PARA MÉXICO Evy Peña PAG. 4
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Jueves 26 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL El discurso de la 4T en Chiapas
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n la lectura del discurso de los más importantes funcionarios de Chiapas así como de los boletines que publicitan sus acciones, se puede ver las inconsistencias que tiene ese discurso y se puede entender porqué las cosas no funcionan en la entidad. En un proyecto político que busca la transformación se tienen que cambiar el discurso y las prácticas, pero eso no lo entienden los funcionarios de esta administración que mantienen las mismas prácticas y el mismo discurso que combina la demagogia y la ficción. Veamos algunos ejemplos. En la reunión de la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, presidida por el gobernador Rutilio Escandón y el Secretario Ejecutivo del SNSP, Leonel Cota Montaño, el ejecutivo chiapaneco manifestó: “En Chiapas no hay impunidad ni tregua para delincuentes”. Esta frase que pudiera presumir buena estructura retórica no tiene fondo, en virtud de que en Chiapas la impunidad en el combate a los delitos es del 99% y la delincuencia goza de cabal salud. En ese mismo evento el gobernador señaló sobre la se-
guridad: “No vamos a dar un paso atrás en la consecución de esta importante tarea porque el esfuerzo que se ha hecho ha dado resultados. Las cifras no se maquillan, las enviamos todos los días a través de la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad a la Federación”. El comentario no puede ser más desafortunado, porque no hay correspondencia entre el número de delitos denunciados en la fiscalía con los que esta dependencia reporta al Sistema nacional, en virtud de que la incidencia delictiva es maquillada desde el momento en que en la fiscalía levantan un registro administrativo y no una carpeta de investigación, lo que viola la ley de procedimiento penal y lo que genera que no se reporte como delito. En su primer informe el presidente municipal de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez “reconoció y agradeció el trabajo eficaz de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar el Estado de derecho y la seguridad en la capital chiapaneca”. Con esta frase lo que se busca es ocultar el mayor reclamo que hace la población de Tuxtla al presidente municipal, que es la falta de seguridad, en donde la responsabilidad y la ineficacia es
del propio fiscal que recibe un reconocimiento. Lo que si no tiene parangón en los comentarios del presidente municipal es encabezado del boletín de prensa que expresa “HOY TUXTLA TIENE UN GOBIERNO DE SOLUCIONES”, sin comentarios porque el chiste se entiende solo. El secretario de gobierno también sufre deslices en su discurso. En una reunión para explicar la Alerta de la Violencia de Género a las autoridades de San Juan Chamula, Ismael Brito Mazariegos expresó: “En este gobierno lo que queremos es que no queden impunes las cosas, y un buen paso que podemos hacer es castigar todos los casos de violencia para que no se repitan estas prácticas, porque no es posible que se siga tolerando las muertes de mujeres en las comunidades chiapanecas”. En esta frase se perciben dos inconsistencias; una, que se propone castigar todos los casos de violencia, que es un ideal, pero lo fundamental no es castigar sino que ya no haya violencia de género y entonces lo fundamental es el diseño de políticas públicas con el propósito de prevenir y diseñar mecanismos de no repetición de estas prácticas; la otra inconsis-
tencia, que además contradice el discurso del gobernador, es cuando señala “no es posible que se siga tolerando las muertes de mujeres en las comunidades chiapanecas”, lo que significa un reconocimiento a la impunidad que prevalece en Chiapas. El fiscal Jorge Luis Llaven también forma parte de este manejo del discurso sin fondo e incongruente. En Cintalapa, en la feria de seguridad y justicia en ese municipio expresó: “que ninguna conducta delictiva quedará impune”, algo irreal porque es imposible castigar todos los delitos que se cometen. En los países nórdicos, que tienen los sistemas de justicia más eficaces, no se llega al 80% de efectividad, lo que significa que el 20% de los delitos que se denuncia quedan en la impunidad. Solo que en Chiapas es del 99% de impunidad, de allí que las declaraciones del fiscal general formen parte del discurso de la ficción. El discurso de los funcionarios de la 4 T en Chiapas mantiene la misma falsedad y demagogia de los gobiernos anteriores, situación que hace evidente que esa transformación que pregonan no se presenta en el discurso, que continúa siendo fantasioso.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
E
l administrador único de la Cooperativa de Consumo Tablajeros La Unión SC de RL de C. V., empresa comodataria del Rastro Regional de Tapachula, reconoció la importancia de la campaña de alertamiento del gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Salud, dirigida a carniceros y consumidores, sobre los riesgos del uso de clembuterol para la engorda de ganado. Resaltó que el compromiso de su representada es garantizar la sanidad de los productos cárnicos, por lo que el Rastro de Tapachula cumple con todas las normas oficiales, y cuenta con médicos certificados para realizar los estudios al ganado, antes y después de ser sacrificados, impidiendo que el ganado enfermo o contaminado salga a la venta por representar un riesgo latente para los consumidores. Dijo que la campaña de alertamiento del gobierno de Chiapas, recomienda a los carniceros solicitar documentos originales que acrediten la compra de productos cárnicos en Rastros o Engordadoras, conservar la factura original, guía de tránsito y certificado sanitario para presentarlo a los verificadores acreditados, ya que la adulteración y contaminación de carne con clembuterol es ilegal y se castiga con sanciones económicas y cárcel, por lo que todo animal sacrificado en el Rastro de Tapachula cuenta con un certificado de calidad expedido por el Rastro, para tranquilidad de los consumidores. Por otra parte a los consumidores se les recomienda adquirir sus productos cárnicos en lugares reconocidos por su control en materia de salud e higiene, por ejemplo aquellas carnicerías que cuenten con el certificado de calidad expedido por el
Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
Inició el Quinto Congreso Nacional de Hospitales Regionales de Alta Especialidad en esta ciudad, el cual durará 3 días, lo cual forma parte de las actividades de la transformación del sistema nacional de salud. Asimismo, tendrá lugar la Cuarta Reunión Institucional de Auditorías Clínicas y Mejoría de la Calidad de Atención Médico. La inauguración contó con la presencia de Manuel de la Llanta Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad, quien en entrevista comentó que la finalidad es dar a conocer los últimos avances en medicina, “y nos interesa poner sobre la mesa los avances que hemos tenido en los hospitales de alta especialidad”. “Los que componen el sistema de hospitales de alta especialidad van a
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Consumo de carne contaminada por clembuterol podría ser mortal: Jorge Ortiz Resaltó que el compromiso de su representada es garantizar la sanidad de los productos cárnicos, por lo que el Rastro de Tapachula cumple con todas las normas oficiales, y cuenta con médicos certificados para realizar los estudios al ganado, antes y después de ser sacrificados, impidiendo que el ganado enfermo o contaminado salga a la venta por representar un riesgo latente para los consumidores
Rastro de Tapachula. “Sí después de comer carne o hígado de res, presenta síntomas como dolor de cabeza, mareos, respiración agitada, dolor de pecho, boca seca, calambres musculares y taquicardia, probablemente se trate de intoxicación por carne contaminada por clembuterol, por lo que de manera inmediata se debe trasladar a la unidad médica más cercana para realizar un diagnóstico, ya que po-
dría ser mortal”. Resaltó que por su condición de Frontera, Tapachula es una ciudad importante para la comercialización de diversos productos del centro de la república y del vecino país de Guatemala, sin embargo el problema radica en que existe gente sin escrúpulos que trabaja de manera ilegal, “y con tal de llenarse los bolsillos de dinero no les importa poner en riesgo la salud de las familias”, resaltó,
Ortíz Arévalo. Y agregó que es urgente la instalación de un cerco sanitario, para que todos los productos cárnicos y sus derivados que ingresen a Tapachula sean supervisados por las instancias correspondientes, exigiendo la documentación necesaria, con lo cual además de proteger la salud de la ciudadanía, se estaría frenando otros delitos como el abigeato y la evasión de impuestos.
Inicia Congreso de medicina en SC presentar sus avances, sus ponencias sobre lo que están haciendo y habrá un intercambio entre la comunidad médica”. Destacó que Chiapas es el único Estado de la República Mexicana que cuenta con dos hospitales de alta especialidad, uno en la capital Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula y han aportado para la comunidad médica nacional e internacional, interesantes publicaciones con información de enfermedades como las transmitidas por el dengue y zika. Asimismo, dijo que la supervisión a los hospitales de alta especialidad es constante, “nos reunimos con los directivos por lo menos una vez al mes, y en este Congreso veremos cómo funcionan el sistema, vamos a revisar procesos y adelantos con el resto del sistema de hospitales alta seguridad del país”.
“Estos hospitales son caros, desde hace muchos años, ningún país del mundo puede tener tantos hospitales de alta especialidad, en México los que hay atienden una región, en
varios estados como en la Península hay solo uno, en el Bajío hay uno solo, el personal es tan especializado que no se puede tener, salvo en regiones”, finalizó.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Civiles armados levantan a un regidor y dos policías en San Juan Chamula Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
U
n grupo de hombres fuertemente armados, encapuchados, y vestidos con de corte militar “levantaron” este miércoles a un regidor municipal y a dos policías del municipio de San Juan Chamula para exigir la liberación del líder indígena Juan Shilón Gómez, quien se había auto proclamado presidente concejal de ese municipio. Luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaran hoy una orden de aprehensión en contra del líder indígena, sus seguidores se movilizaron en el municipio de Chamula a bordo de varias camionetas. Los encapuchados llegaron hasta el domicilio del segundo regidor, Mariano Santiz Gómez, y se lo llevaron por la fuerza. Lo mismo hicieron con dos policías municipales, quienes ostentan el cargo conocido en ese pueblo indígena como “mayoles”, vigilantes responsables de la seguridad del pueblo. El líder indígena que encabezó al grupo fue identificado como Sebastián Gómez Sánchez. Juan Shilón Gómez se había autonombrado presidente concejal con el apoyo de un sector del pueblo de San Juan Chamula y desconocieron al presidente concejal, Ponciano Gómez Gómez, reconocido por el Congreso del Estado.
Luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaran hoy una orden de aprehensión en contra del líder indígena, sus seguidores se movilizaron en el municipio de Chamula a bordo de varias camionetas
Shilón Gómez fue detenido por la FGE por usurpar funciones. El segundo regidor del concejo municipal, Mariano Sántiz Méndez, y los dos “mayoles” o policías, fueron exhibidos en una fotografía donde aparecen hincados mientras cuatro hombres apuntan con sus armas a la cabeza.
Durante la noche se difundió el video donde habla Mariano Sántiz Méndez, quien le pide al presidente concejal reconocido por el gobierno estatal, Ponciano Gómez Gómez, que libere a Juan Shilón Gómez, para que ellos puedan ser liberados. En indígena tsotsil dice estar en
una montaña donde están pasando hambre y frío, y que quieren regresar con sus familiares. “Ponciano, presidente, estamos en un lugar que no sabemos dónde es, pedimos que liberen a Juan Shilon, para que a nosotros nos liberen también”, dice.
Invita UNACH a la Sexta Feria Internacional del Libro De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Del próximo 30 de septiembre al cuatro de octubre, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) será sede de la Sexta Feria Internacional del Libro 2019, teniendo como invitado de honor a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ríos Piedras. Conferencias, foros, presentaciones de libros, pabellón infantil, talleres, congresos, exposiciones, actividades culturales y artísticas, serán parte del abanico de opciones que ofrece este magno evento, mismo que se desarrollará en distintos espacios de la institución. “La institución realiza, por sexta ocasión, la Feria Internacional del Libro UNACH 2019, que se llevará a cabo en coordinación con el Fondo de Cultura Económica y teniendo como invitada de honor a la Universidad de Puerto Rico, cuya presencia promoverá la labor editorial de esa Casa de Estudios, así como la producción que
en materia de ciencia, arte y cultura existen en el país, con quien además nos unen lazos de hermandad”, señaló el rector Carlos Natarén Nandayapa. Detalló que la inauguración será el 30 de septiembre a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, donde también estarán presentes autoridades de los distintos órdenes de gobierno y el rector de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao Delgado, entre otras personalidades. “Esta feria del libro es uno de los eventos culturales más importantes de la región, no solo porque reúne a las principales editoriales del país en un mismo espacio, sino porque ofrece una diversidad de actividades pensadas en acercarnos a la lectura”, matizó. Agregó que entre los eventos destacan, las Conferencias Magistrales: Las fronteras del Sur de México, a cargo de Andrés Fábregas Puig, Moderado por Fernando Aguilar Aguilar y “México y Puerto Rico, un vínculo cultural perdurable”, por el rector de
la Universidad de Puerto Rico, Luis Ángel Ferrao Delgado. “Organizar esta importante feria nos distingue como universitarios, pues nos permite generar espacios adecuados para que las editoriales oferten su producción editorial, cumpliendo nuestra misión de forjar nuevos lectores, estrategia con la que se pretende además fortalecer los diversos programas de licenciaturas y posgrados”, puntualizó el rector a unos días del inicio de la feria. Cabe señalar que para los eventos culturales, se prevé que entre otras ac-
tividades, la presentación la Marimba Infantil Indígena de Rayón, así como el Bombazo Dance & Licenciatura en Danza CEUNACH y el Sexteto de Voces Chiapanecas, impulsando el talento universitario. Finalmente, el rector mencionó que “la sexta edición de la FIL UNACH busca consolidarse como el lugar apropiado para que las distintas expresiones culturales y académicas de nuestro estado converjan, al mismo tiempo que permitan a los asistentes conocer las raíces que dan origen a nuestra identidad”.
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Afectador por el zapatismo exigen restitución de tierras Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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o que es marcado como un hecho histórico que marco un precedente y puso al estado en el ojo del mundo a Chiapas fue el levantamiento zapatista en 1994, sin embargo también dejo perjuicios para los propietarios de tierras de la zona Selva del estado. Este miércoles un grupo de representantes de al menos 5 mil propietarios que fueron despojados de ranchos y propiedades de los municipios de Ocosingo y Altamirano, arribaron a la capital chiapaneca donde realizaron una marcha para pedir la reparación de los perjuicios dejados a 25 años del surgimiento del EZLN. Los manifestantes dieron a conocer que el 1 de enero de 1994, campesinos en las zona Selva y de rancherías miles de hombres y mujeres fueron despojados de las tierras que les daba un sustento, no eran ricos terratenientes como se ha hecho creer todo este tiempo. Indicaron que este hecho desplazo a familias enteras al quedarse sin sustento alguno, por ello alzaron la voz para dar a conocer este hecho del que muy poco se ha hablado “incluso hubo casos de personas que murieron de la impresión al ver que les quitaban sus propiedades”. En uno de estos casos Lucero Núñez propietaria de 400 hectáreas en los municipios de Ocosingo-Altamirano dio a conocer
Este miércoles un grupo de representantes de al menos 5 mil propietarios que fueron despojados de ranchos y propiedades de los municipios de Ocosingo y Altamirano, arribaron a la capital chiapaneca donde realizaron una marcha para pedir la reparación de los perjuicios dejados a 25 años del surgimiento del EZLN
que los insurgentes le arrebataron tierras, ganado, implementos, maquinaria y su casa. “No eran cosas caras, era un oficio de toda la vida, casas de madera era un rancho que producía para comer y el resto para vender era el trabajo de toda la familia, mi esposo se esforzó
por todo eso ahora ya está muerto, nunca vio recuperado el terreno”, explicó. Si bien es cierto, dijo, que el levantamiento armado en contra del gobierno mexicano puede ser justo, el despojo del que fueron objetos los rancheros y campesi-
nos no lo fue. “La población piensa que eran tierras que se talaban, pero no es así estábamos bajo un régimen que lo prohibía, ahora con el despojo todas estas tierras han sido taladas, la Selva la han acabado, es mentira que la estén cuidando”, aseguró.
Cumplimenta FGE orden de aprehensión en contra de persona que vandalizó alcaldía de San Juan Chamula De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, en las últimas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como Juan “N”, por los delitos de motín y robo ejecutado con violencia agravado, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de San Juan Chamula. El imputado fue detenido por la orden de aprehensión en su contra dentro de la Causa Penal 100/2019 del Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, cuyas conductas
delictivas se investigan en la Carpeta de Investigación 532-078-1001-2019. A Juan “N” se le atribuye que a las 15:30 horas del 04 de agosto del año en curso, lideró a un grupo de personas que vandalizó el edificio de la Presidencia Municipal de San Juan Chamula e ingresó de manera violenta a dichas instalaciones, rompiendo el candado del portón de acceso y apoderándose de objetos y equipo de cómputo propiedad del Ayuntamiento. Esta Fiscalía asevera que continúa con las diligencias de investigación al haber más personas presuntamente con responsabilidad en estas comisiones de delitos. Asimismo, reitera que no habrá
impunidad a conductas antisociales y refrenda su compromiso para ga-
rantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco.
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En el último año de Yunes, el Orfis detecta daño patrimonial por 4 mil 500 mdp en Veracruz Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
E
l Órgano de Fiscalización (Orfis) de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por 4 mil 500 millones de pesos en el último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. “Encontramos inconsistencias en la aplicación de los recursos públicos respecto de las obras, adquisiciones, pagos a prestadores de servicios, obras no terminadas y obras pagadas no ejecutadas”, puntualizó en entrevista el titular del Orfis, Lorenzo Portilla Bonilla. En su explicación a diputados locales, expuso que en el último año de gobierno de Yunes también hubo inconsistencias en volúmenes pagados en exceso, expedientes de obras no completos, expedientes sin su proyecto original y obras asignadas sin cumplir con lo que marca la ley. Tras advertir que tiene más de mil observaciones, tanto administrativas como de presunto daño patrimonial, abundó: “Hay observaciones que van entrar en la etapa de investigación, hay fideicomisos, municipios, organismos autónomos, auditorías de desempeño o legalidad”. De acuerdo con Portilla, se detectó un presunto daño patrimonial por 330 millones de pesos en 125 ayuntamientos, así como en 46 entes estatales. El funcionario estatal detalló que se realizaron revisiones a las cuentas
“Encontramos inconsistencias en la aplicación de los recursos públicos respecto de las obras, adquisiciones, pagos a prestadores de servicios, obras no terminadas y obras pagadas no ejecutadas”, puntualizó en entrevista el titular del Orfis, Lorenzo Portilla Bonilla
públicas de 328 entes fiscalizables, públicos y autónomos, así como a municipios y organismos paramunicipales, y al sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, el daño patrimonial por dependencias no fue desglosado por el auditor general. “Mención aparte, y es un tema que continúa, es la auditoría realizada a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) por el sistema de videovigilancia”, explicó Lorenzo Portilla. La SSP en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes gastó mil 116 millones de pesos para la compra,
instalación y operación de seis mil cámaras de seguridad en seis regiones del estado. Sin embargo, una auditoría técnica y financiera realizada al cien por ciento por el Órgano de Fiscalización de Veracruz reveló que las cámaras no cumplen con los estándares de calidad exigidos, por lo que el bienio de Yunes incurrió en daño patrimonial por más de mil 100 millones de pesos. El auditor general mencionó que el 7 de diciembre de 2017 la SSP firmó un contrato con la empresa Comtelsat S.A. de C.V., para realizar en dos etapas la instalación de seis
mil cámaras de videovigilancia en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz. La instalación de las mismas se haría durante 2017 y 2018. En un trabajo de campo de seis meses, los auditores del Orfis concluyeron que ni una sola cámara cumple con los requerimientos establecidos en el contrato que el gobierno de Yunes y Comtelsat rubricaron. “Fue un trabajo de seis meses. Se concluyó que el Sistema Estatal de Videovigilancia no cumple con los objetivos para los que fue creado, ni con lo señalado en el anexo técnico del contrato, pues las irregularidades son que las cámaras no realizan lecturas de placas de vehículos, las cámaras no operan con los estándares de video que venían estipulados en el contrato, se pixelean las imagines (sic), los radio enlaces no están enlazados, entre otras especificaciones”. En lo que respecta al Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, Lorenzo Portilla dio a conocer que se realizó un informe complementario de ingresos en la Secretaría de Educación de Veracruz sobre la deuda pública y sobre la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres.
Oaxaca, la segunda entidad en México en despenalizar el aborto Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
Oaxaca se convirtió este miércoles en la segunda entidad del país en despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. Con 24 votos a favor y 12 en contra, el Congreso local aprobó el dictamen que reforma el Código Penal, lo que generó euforia entre organizaciones feministas y desilusión en grupos religiosos que coreaban la palabra ¡asesinos! De esta forma, Oaxaca es ahora el segundo estado del país en permitir el aborto antes de la semana 13 de gestación. La primera fue la Ciudad de México quien aprobó la medida desde 2007. Los votos a favor fueron de la bancada de Morena, salvo los diputados
Ángel Domínguez y Ericel Gómez -quienes votaron en contra-, así como las del PT y Mujeres Independientes. PRI, PAN, Partido Verde y Encuentro Social se opusieron. De acuerdo con la diputada morenista Hilda Graciela Pérez Luis, con esta ley se busca resarcir la deuda histórica que la democracia tiene con las mujeres, quienes reclaman “soberanía sobre sus cuerpos”. Asimismo, la legisladora señaló que el aborto existe en la entidad, y muestra de ello son las cerca de 9 mil 200 mujeres que, según los servicios de salud de Oaxaca, cada año se practican un aborto, poniendo en riesgo su salud y su vida. En tanto, grupos religiosos mostraban su desaprobación de la eventual ley y, con gritos, exigían la “sa-
lida” de Morena del Congreso local. Desde antes de iniciar la sesión, tanto los grupos feministas adscritos al movimiento “Marea Verde” como los opositores lanzaban consignas en
torno a la discusión de la legalización del aborto en Oaxaca. Con rezos e imágenes de figuras santificadas, los religiosos mostraban su rechazo.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
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l presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, ante un supuesto intento de sabotaje contra la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, se recurrió a abordar este caso como un asunto de seguridad nacional para seguir con el proyecto. “Lo de seguridad nacional […] porque si no, no nos permitirían, imagínense, cuánto tiempo llevamos ya perdido, que no hemos podido iniciar porque estos señores están saboteando la obra, abusando de un instrumento que es fundamental para garantizar la libertad (el amparo)”, criticó el primer mandatario. Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador criticó que sus adversarios no hayan promovido amparos para la construcción del proyecto aeroportuario en Texcoco. “En eso no presentaron amparos. Acabaron con cerros, devastaron la zona para el relleno, destruyeron cerros completos y no hubo un amparo”, añadió. En ese mismo tenor, el tabasqueño condenó que con el argumento de seguridad nacional el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó gastos excesivos, y puso el ejemplo de una
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Se recurrió al argumento de “seguridad nacional” para seguir con Santa Lucía, dice AMLO Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador criticó que sus adversarios no hayan promovido amparos para la construcción del proyecto aeroportuario en Texcoco
factura de 7 millones de pesos. “En un vuelo que se hizo el año pasado, un solo vuelo, en el avión presidencial se cobró una factura de 7 millones de pesos nada más por servicio de internet”, reveló. Sobre la probable construcción
del aeropuerto en Santa Lucía, el morenista prometió “total transparencia” en los gastos, aunque se trate de un tema de seguridad nacional. “Incluso el aeropuerto de Santa Lucía, aunque se plantea que es un asunto de seguridad nacional, se es-
tablece la obligación de transparentar los gastos”, dijo esta mañana en Palacio Nacional. El pasado lunes, el colectivo #NoMasDerroches, del magnate Claudio X. González, que promueve unos 147 amparos para detener la construcción de Santa Lucía, acusó al gobierno federal de declarar como “instalaciones estratégicas” a todos los inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para revertir sus recursos legales. La declaración de “instalaciones estratégicas” a la base aérea de Santa Lucía y otros aeropuertos del Ejército apareció después de que el pasado 20 de agosto el colectivo ganó ante el Juzgado Quinto una suspensión definitiva para detener la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
#NoMásDerroches advierte: seguiremos litigando porque es nuestro derecho y obligación De la redacción Ciudad de México (apro)
No asesoro en litigios vinculados con los aeropuertos: Cossío Díaz a AMLO José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, negó que se encuentre detrás del presunto asesoramiento jurídico al colectivo #NoMásDerroches que promueven 147 amparos contra la construcción del aeropuerto civilmilitar de Santa Lucía. Mediante su cuenta de Twitter, Cossío Díaz señaló como una “confusión” la acusación vertida por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina que ofreció esta mañana en Palacio Nacional. “Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”, dijo. Esta mañana, el presidente López
Obrador volvió a arremeter en contra del #NoMasDerroches, y señaló al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz de asesorar a sus adversarios y evitar que se construya el aeropuerto. “Tengo información y ojalá se aclare, que no sea cierto, yo no tengo un sistema de espionaje… pero la gente me informa y me dicen que hay un exministro de la Corte asesorando a quienes promueven los amparos en nuestra contra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno y que son 16 despachos de abogados”, expuso durante su conferencia de prensa matutina. El hecho que fue desmentido minutos después por el ministro en retiro y el mandatario fue informado antes de que concluyera su rueda de prensa. “Qué bien, ya lo aclaró, está muy bien. Yo lo quería saber, ya no existe el CISEN, pero como mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Qué bueno que no está involucrado”, dijo.
Ante la decisión del gobierno de catalogar el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía como una instalación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, el amasijo de agrupaciones que conforman la organización #NoMásDerroches y que han promovido a la fecha más de 147 juicio de amparo contra esa obra tras la cancelación del NAIM advirtieron que seguirán litigando el caso porque “es nuestro derecho y nuestra obligación”. Además, pidió al mandatario no polarizar más al país. “Un país que se polariza políticamente es una nación condenada a retrasarse económicamente”, subrayó. En un desplegado publicado en los principales diarios de circulación nacional, el colectivo conformado por Causa en Común, Impunidad Cero, MCCI y Más Ciudadanía, entre otras agrupaciones, lamentó que el presidente López Obrador los tilde de “corruptos”, “torpes”, “saboteadores legales” y que lo único que los mueve son los intereses económicos y el afán de oponerse a su gobierno. Sin embargo, la agrupación aclaró que lo único que los mueve es el interés ciudadano de que se cumpla
la ley, y de que se utilicen de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente los recursos. Asimismo, dejó en claro que lo único que hacen es ejercer una prorrogativa legal para hacer valer el estado de derecho como condición necesaria del bienestar y de la prosperidad. “Si hubo funcionarios o individuos que se beneficiaron de actos de corrupción en la construcción del NAIM, se deben aplicar los castigos que establece la ley. Si algún día se llega a reactivar la construcción del NAIM, demandaremos que se haga con absoluta transparencia y probidad”, puntualizó. Ayer, el colectivo dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió que sean revocados los amparos que impiden continuar con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía al invocar un argumento de seguridad nacional. Sin embargo, un juez federal aplazó la audiencia en la que debía resolver si acepta o no la invocación del criterio de “instalaciones estratégicas” y el “interés nacional”, con el que se definirá si se cancela o no la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, actualmente paralizado por orden judicial.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Lydia Cacho denuncia inoperancia del Estado para defender a periodistas y actuar contra Marín J. Jesús Esquivel Washington (apro)
L
a periodista mexicana Lydia Cacho denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la inoperancia del Estado mexicano para defender a los periodistas y actuar contra el exgobernador Mario Marín. “No ha cambiado absolutamente nada con respecto a delincuentes que han cometido actos de pornografía infantil, explotación sexual comercial, trata de niñas y niños”, dice Cacho, víctima de ataques y persecución política por hacer tales denuncias. En entrevista con Proceso, la escritora asegura que los perpetradores de los delitos contra menores de edad, quienes además la siguen acosando, “son los mismos” que también actuaron en su contra cuando sufrió un secuestro y ataque físico ordenado por el exgobernador priista del estado de Puebla, Mario Marín, actualmente fugitivo de la ley. “Son los mismos los que una y otra vez han contratado (gente) para atacarme por seguir siendo parte del equipo de abogados y ser testigo principal contra todos ellos”, resalta la autora de ‘Los demonios del Edén’ y ‘Esclavas del poder’, donde denuncia la pederastia y explotación sexual
Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)
Las universidades del país demandaron una ampliación presupuestal de 17 mil millones de pesos para el próximo año, de los cuales 7 mil serían para garantizar la gratuidad que fija la reforma educativa. Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), arrancó hoy con las pasarelas en San Lázaro, en demanda de mayores recursos para 2020. “Lo que la propia Constitución señala en su reforma y en sus transitorios es que se necesitan recursos para la gratuidad de manera gradual. Nosotros estamos solicitando esos 7 mil, pero lo importante es que se tiene que iniciar y se necesitan fondos”. Añadió: “Coincidimos con el presidente en que ningún joven se tiene que quedar fuera de la educación, y para esto pues se necesitan recursos”. Valls Esponda alertó sobre el déficit en que trabajan algunas universidades que han tenido problemas con el
en México. En su queja ante el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cacho destaca que “sigue la venganza”, de parte de los intereses afectados, sobre los periodistas e investigadores que denuncian los delitos de horror contra menores de edad, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo. Ella y quienes denuncian esos crímenes, agrega, han estado en contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entregando información de los casos pendientes y las acciones que en su contra han realizado los afectados como resultado de su trabajo. Precisa que han estado en contacto con la Fiscalía para la Protección y Defensa de Periodistas, y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, pero no se comunican
entre las mismas entidades y otras no responden. “Dentro del gobierno y las instituciones hay una división impresionante entre los grupos de poder que están peleando por el poder, y en eso estamos atrapados no solamente yo, sino miles y miles de mexicanos”, se queja la reportera. La falta de atención a sus denuncias –añade-- implica, por ejemplo, que la justicia mexicana no le eche el guante al exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, pese a que su orden de aprehensión fue girada por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de abril. “Nunca tienen explicación clara de por qué no pueden ir por ellos y, por otro lado, tenemos información de la propia Interpol que nos dice que, aunque hay ficha roja, no han recibido los documentos adecuados
por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para poder actuar al interior de México”. El sentir de la periodista e investigadora es que en las entrañas del Estado mexicano no hay interés por encontrar a Marín y a quienes protegen y colaboran con el político priista. “Tenemos ya la evidencia y los datos claros y contundentes que también tiene la Fiscalía, sobre el hecho de que el exdirector de la Policía de Puebla está vinculado y es propietario de cuatro empresas de seguridad privada en las que tiene a expolicías expulsados de la propia policía poblana, que están trabajando con el gobierno del estado”, abunda. Al ser cuestionada sobre quién o quienes protegen a Marín y dónde se encuentra el exgobernador fugitivo, la periodista responde sin el menor titubeo: “Ahorita, hasta la última vez que supe, la semana pasada, fue que Marín seguía en Puebla, que se está moviendo de un lugar a otro, y quien lo está protegiendo es el expresidente del Poder Judicial de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, que estuvo a punto de ser parte del gobierno de (Miguel) Barbosa, entre todo un grupo importante de jueces y juezas a quienes benefició durante su gobierno, y todo eso se lo hemos entregado a la Fiscalía”.
Universidades piden en San Lázaro 17 mil mdp más de presupuesto para 2020 pago de nómina, lo que ha generado una baja en la matrícula universitaria desde 2016. En la reunión de este miércoles, encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, éste adelantó que se creará una comisión especial de diputados para atender las demandas de las universidades. “Hemos tomado con mucha seriedad el problema universitario. Tenemos obligaciones constitucionales y legales, primero, para constituir un Fondo de acuerdo con el artículo Tercero de nuestra Constitución, de tal manera que hagamos realidad, en forma gradual y progresiva, la educación gratuita, obligatoria y universal en todo el sistema de educación superior”, abundó. El diputado de Morena recordó que en la propuesta del Ejecutivo federal no
se contempla dicho fondo, además de que está la necesidad de incrementar la matrícula, así como resolver el problema pensionario y las condiciones de trabajo, tanto del personal académico como administrativo. Por lo anterior, los diputados se reunirán con la Auditoría Superior de la Federación para establecer un acuerdo de fiscalización y de revisión de los recursos públicos. “Y que ya se cierren los expedientes que puedan existir sobre la Estafa Maestra, desviaciones, etcétera, pero ya que cerremos ese capítulo”, apuntó. De igual manera, recordó que muchos gobernadores, de acuerdo con lo denunciado por los propios rectores, no han entregado los recursos que les corresponden, metiendo en problemas a las universidades. Para tratar de solucionarlo, la Comisión de Presupuesto se reunirá con
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el subsecretario de Educación Superior, la Secretaría de Hacienda, los sindicatos y los rectores, “porque queremos inaugurar una nueva forma de discusión del presupuesto donde la corresponsabilidad sea la divisa con la que trabajemos en la asignación de recursos sobre la base de políticas públicas claras”, concluyó Ramírez Cuéllar.
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No es razonable que a cinco años del caso Ayotzinapa no haya resultados concretos: CIDH y ONU-DH Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron que, a cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aún no se haya esclarecido el caso, pese a los esfuerzos mostrados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encaminados en ese sentido. Tras considerar que “no es razonable que a cinco años no haya resultados concretos”, la CIDH destacó que en todo este tiempo han persistido problemas institucionales para esclarecer el caso, como “una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”. La entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntó que sigue faltando una investigación a fondo “sobre los miembros del 27 Batallón (de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero); la determinación de la posible participación de varios cuerpos de policías municipales, policías estatales y policías federales”, así como avances en las indagatorias sobre las “presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, y la importancia de realizar investigaciones más profundas al momento de presentar consignaciones y acusaciones”. La CIDH urgió al Estado mexicano “a avanzar con celeridad en la búsqueda de los jóvenes normalistas, así como juzgar y sancionar a las personas responsables” de la desaparición forzada, al tiempo que manifestó “su profunda preocupación porque, después de un tiempo significativo, no hay respuestas sobre lo ocurrido”. Apuntó que hasta ahora “no hay personas condenadas por el tipo delictivo de desaparición forzada, ni se han esclarecido las denunciadas irregularidades en la investigación”. De igual manera, expresó su preocupación por “las decisiones judiciales que condujeron a las recientes liberaciones de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”. Luego de lamentar el tiempo perdido, por sostener en el gobierno de Enrique Peña Nieto “la persistencia de la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula o su llamada ‘verdad histórica”, a pesar de diversos seña-
lamientos en contra, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, puntualizó: “Ahora más que nunca las autoridades deben reconstruir la teoría de caso”, para lo cual –dijo-- tienen que agotarse “todas las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y en particular para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”. A su vez, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva recomendó al Estado mexicano “agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia”. Tras reconocer las acciones gubernamentales en la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la atención a los normalistas sobrevivientes Edgar Vargas y Aldo Gutiérrez, y a los familiares de los desaparecidos, la CIDH insistió en “acelerar estos esfuerzos con el concurso y cooperación de las diferentes entidades del gobierno”. El organismo hizo un recuento de su intervención en el caso, que data desde los primeros días en que se informó la desaparición forzada y que dio origen a la medida cautelar 409-14, pasando por la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA), para supervisar “el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, además de que emitió dos informes con recomendaciones al Estado mexicano. A partir de 2019, con el nuevo gobierno y a petición de los familiares, el MESA “fue reforzado y fortalecido para brindar acompañamiento técnico”, convirtiéndose en el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica, y cuenta con personal de la CIDH en México. “Ha acompañado las investigaciones, acciones de búsqueda y atención a las víctimas”, y cuenta con un Grupo de Asesoría Técnica en el que se encuentran
miembros del GIEI, para asesorar “en asuntos puntuales de la investigación criminal”, abundó. Arosamena y Vargas, así como el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, reconocieron “la resiliencia y la fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia”, y advirtieron que el organismo “no olvida a los 43 estudiantes”, por lo que seguirán acompañando el caso “conforme a nuestras competencias y mandato”. La ONU-DH se sumó al reconocimiento por las acciones que ha emprendido el gobierno de López Obrador para el esclarecimiento del caso, sobre todo por la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, que ha abierto “espacios de diálogo” con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena). También que “haya escuchado a importantes exfuncionarios del estado de Guerrero; que haya buscado romper el silencio de testigos y presuntos responsables dentro de los márgenes de la ley, y que hiciera posible la visita al Batallón militar de Iguala”, apuntó el representante de ONU-DH, Jan Jarab. De igual manera, destacó que, si bien se han llevado a cabo acciones de búsqueda de los 43 normalistas, “no se han logrado resultados que merecen las familias”. Reconoció que la Comisión presidencial “ha significado un verdadero cambio de rumbo” en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, destacó que las nuevas autoridades también han podido advertir de “los enormes desafíos que enfrentan quienes intentan alcanzar la verdad y la justicia”. La investigación “sigue dañada por los años de irregularidades y acciones de encubrimiento cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ‘verdad histórica’”, sostuvo. Para el representante de la ONUDH “resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables
con estricto apego al debido proceso”. Por ello, hizo un particular reconocimiento por “el diálogo establecido entre el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) y las familias de los estudiantes, así como el compromiso de la FGR de relanzar la investigación penal de manera seria y respetuosa de los derechos humanos”, por lo que exhortó a “generar una nueva teoría del caso”. Sobre las recientes liberaciones que ponen en evidencia actos de tortura durante la investigación oficial, y ante “la falta de elementos de convicción lícitos”, la ONU-DH llamó a “investigar las graves trasgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados por la ONU-DH en el informe ‘Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa’”. El organismo recordó que “es una obligación del Estado mexicano excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos”, toda vez que “la tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio de manera lícita”. La ONU-DH llamó al Estado mexicano a impulsar, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser perfectamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa. “Conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto”, insistió el responsable de la ONU-DH. El organismo se solidarizó con las familias de las víctimas de los hechos violentos ocurridos la noche del 26 de septiembre, y reconoció la labor de las organizaciones que las han acompañado: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios para la Asesoría y la Paz. Finalmente, destacó que continuará promoviendo la asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, “sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019”. Y expresó su disposición para “profundizar dicha cooperación internacional de la forma que más convenga a los actores interesados en la consecución de la verdad, materialización de la justicia y la reparación integral de las víctimas”.
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Jueves 26 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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el 5 de diciembre de 2018 al 5 de mayo de 2019, la Procuraduría de Justicia capitalina abrió 564 carpetas de investigación por el delito de violación, 91.73 por ciento de las víctimas fueron mujeres, y en 94.5 por ciento de los casos hubo violencia física, por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de Ley para la creación de un Banco de ADN o Perfiles Genéticos de uso forense que permita tener información de los indiciados, procesados y sentenciados por este y otros delitos, y mejorar el acceso a la justicia. En su exposición de motivos, la mandataria capitalina señaló que dicha iniciativa pretende sentar las bases normativas para la creación de este Banco de ADN o de Perfiles Genéticos que permita eficientar las investigaciones por los delitos de violación, secuestro, estupro y feminicidio, “romper la cadena de impunidad ante la ausencia de herramientas que permitan investigaciones sólidas y se evite dejar libre al delincuente, así como garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia”. La propuesta de Ley no sólo está destinada para quienes cometan estos delitos, sino también establece la obligación de servidores públicos adscritos a las instituciones de seguridad ciudadana y procuración de justicia, a la persona que desempeñe el cargo de Jefatura de gobierno, a las personas responsables de la persecución de delitos y procuración de justicia, así como a los prestadores de servicios de seguridad privada, para que registren su información genética en este Banco de datos. La propuesta de Ley contempla 8 capítulos: Capítulo I se establece el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación, las autoridades responsables, su marco de atribuciones y competencia, así como
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Organizaciones civiles de México, El Salvador, Guatemala y Honduras que protegen los derechos de la infancia, pedirán durante la audiencia que se realizará el día de mañana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los gobiernos de estos países supervisen el trato que se le da a la niñez y adolescencia en situación de migración. La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Gretchen Kuhner, señaló que en la audiencia con la CIDH programada para este jueves 26 de septiembre pedirán que se tomen cuatro acciones para proteger los derechos de las familias y los menores de edad migrantes. Destacan entre éstas la transparencia de información y datos estadísticos de la niñez migrante, monitoreo y visitas continuas a las fronteras por parte de la CIDH; fortalecimiento de
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Presentan iniciativa de Ley para crear Banco de ADN para violación y feminicidio
las bases de datos que lo componen Capítulo II se establecen los aspectos relativos a la administración y operación del Banco de Perfiles Genéticos y autoridades competentes Capítulo III se desarrolla el tema de la obtención y procesamiento de muestras, mismas que se realizarán mediante métodos no invasivos de la intimidad de la persona, respetando los Derechos Humanos del individuo Capítulo IV relativo al uso de la Información, parte del principio de que la información del Banco de Perfiles Genéticos sólo podrá ser utilizada para fines de identificación de agresores sexuales y por el delito de secuestro, por lo que podrán realizarse búsquedas de perfiles genéticos o de sus equivalentes en dicho Banco, previa solicitud oficial de las Fiscalías de las entidades federativas o de la Federación, cuando lo anterior sea necesario para esclarecer investigaciones criminales. Capítulo V establece lo relativo al almacenamiento y cancelación de la información Capítulo VI se desarrolla el tema de la seguridad del Banco de Perfiles Genéticos, poniendo énfasis en que las medidas de seguridad deberán ser de
nivel alto, y bajo estándares internacionales, para garantizar la inviolabilidad de la información, a fin de salvaguardar la integridad, conservación, disponibilidad y confidencialidad de los registros, y a su vez proteger la información y datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, o el uso, acceso o tratamiento no autorizado Capítulo VII se establece lo relativo a la vinculación y convenios de colaboración, con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Federación y otras entidades federativas a efecto de consultar, actualizar, intercambiar y transferir información con los bancos de datos de perfiles genéticos Capítulo VIII se establecen las responsabilidades y sanciones en caso de que se contravenga lo estipulado en la presente Ley. En su exposición de motivos, la mandataria capitalina señaló que el primer registro de ADN forense fue el UK National Criminal Intelligence DNA Database (NDNAD) creado por el gobierno del Reino Unido en 1995 y a partir de allí, fueron cada vez más los países europeos que crearon un banco
nacional de ADN forense como fue el caso de Francia, que creó el Fichier National Automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en 1998, mismo año en que el FBI organizó su sistema CODIS (Combined DNA Index System) que inicialmente pretendía incluir solo el perfil de los delincuentes sexuales y luego se expandió para añadir los datos genéticos de casi todos los individuos involucrados en algún delito. En el caso de América Latina, Sheinbaum Pardo, agregó que sólo Uruguay, Chile y Brasil manejan información de este tipo. Brasil promulgó en 2012 la ley nacional 12.654 que autoriza la colecta compulsiva de material genético para la investigación criminal y regula la creación de un banco de perfiles genéticos a nivel nacional; Chile, mediante la Ley 19.970, creo el Sistema Nacional de Registros de ADN y en Uruguay, existe el Registro Nacional de Huellas Genéticas creado por ley en 2011, para colaborar en investigaciones criminales, ubicar personas extraviadas o desaparecidas y a pedido de la Justicia uruguaya se cotejan todos los casos que aún están pendientes de resolución judicial con los perfiles genéticos almacenados. La iniciativa fue entregada esta mañana por la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez y recibida por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad, la diputada morenista Isabela Rosales Herrera y se turnó a la Comisión de Procuración de Justicia, según informó su titular, el diputado Eduardo Santillán Pérez para su posterior evaluación y discusión por parte de los legisladores locales.
Organizaciones civiles pedirán a CIDH vigilar situación de niñez migrante los sistemas de asilo y erradicar la detención de niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Según datos de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante el primer semestre del año fueron detenidos 32 mil 500 menores de edad, de los cuales 19 mil 220 tenían menos de 12 años y otros 8 mil viajaban sin acompañante. El IMUMI destacó que la respuesta gubernamental, especialmente de México y EU, ha sido la detención y activación de un proceso expedito para la devolución o repatriación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, omitiendo su obligación de velar por el interés superior de la niñez además de identificar y brindar la protección
internacional que necesitan. En ese sentido, la titular de la Fundación Cristosal que trabaja en Guatemala y El Salvador. Celia Medrano, aseguró que a pesar de que el número de infancia y adolescentes deportados ha incrementado cerca de un 300 por ciento y las medidas de cuidado y protección no se han modificad, por el contrario, se ha presionado a firmar acuerdos para contener el flujo migratorio con estructuras militares y policiales que han dado como resultado el asesinato de la joven salvadoreña Zenaida, de 19 años ocurrido en junio pasado a su paso por el estado de Veracruz en México. “Su padre esta pidiendo a la cancillería salvadoreña que requiera al gobierno mexicano que este hecho no quede en la impunidad” dijo.
Estas organizaciones en conjunto junto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) entre otras, coincidieron que se deben generar políticas que fomenten el libre desarrollo y cuidado de la infancia migrante mientras se reintegran con sus familiares además de no ser privados y privadas de su libertad por incumplir alguna disposición de índole migratoria.
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TRATADO BILATERAL EU-GUATEMALA: UNA ADVERTENCIA PARA MÉXICO Evy Peña
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l 10 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard rechazó en la Casa Blanca la posibilidad que México se convirtiera en tercer país seguro. La semana pasada, en anticipación a la reunión, Ebrard declaró que “aceptar ese tratado sería injusto, inequitativo”. México lleva negando tal acuerdo desde hace meses, a pesar de la presión de Estados Unidos, alegando que usaría la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur. Su estrategia ha disminuido la entrada de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos por un 56% en 90 días. Al rechazar la propuesta como “inequitativa”, Ebrard se desvía del punto fundamental: acercarse a las fronteras para pedir asilo es un derecho bajo las leyes estadunidenses e internacionales, representando el consenso sobre la importancia de proteger a las personas de las peores atrocidades. Estas negociaciones se asemejan a un tratado reciente. En julio, Guatemala firmó un acuerdo bilateral — y controversial — con Estados Unidos. El documento establece que todas las personas migrantes de Honduras y El Salvador tendrían que tramitar su proceso de asilo para Estados Unidos en Guatemala; en otras palabras, Guatemala se convertiría en un tercer país seguro. Como una clase de trueque, Estados Unidos prometió triplicar el número de visas de trabajo temporal agrícola a Guatemala. No resulta sorprendente que la administración del presidente Donald Trump, cuya retórica se distingue por un tono antimigrante, se ha enfocado en presionar a países centroamericanos a controlar la migración desde países de origen y de tránsito. Con este tipo de acuerdos, Estados Unidos busca deslindarse de sus obligaciones bajo tratados internacionales negándose a que personas tramiten asilo al llegar a sus fronteras y en lugar vivan en un limbo en países de tránsito que son notablemente inseguros. En medio de estas negociaciones, vale la pena usar el acuerdo bilateral entre Guatemala y Estados Unidos como una advertencia; México no debe convertirse en tercer país seguro y debe descalificar las visas de trabajo temporal como una concesión
de parte del gobierno de Trump. Estas visas no son una alternativa al asilo; son una receta para la explotación laboral. ====== Recién comienza la temporada de cosecha, y como integrantes de una organización binacional que se dedica a defender los derechos laborales de personas migrantes, nos dirigimos a un destino poco intuitivo: Monterrey. A pesar de su clima perversamente árido, Monterrey juega un rol fundamental en la migración laboral; es la ciudad que procesa el mayor número de visas de trabajo temporal a nivel mundial. En tan solo tres días en Monterrey, conocimos a mil 172 trabajadores que se dirigían a Estados Unidos con una visa H-2A para trabajo temporal agrícola. Iban a piscar manzana en NY, tabaco en Louisiana, calabaza en Pennsylvania, el chile en Michigan y camote en Florida. Muchos no sabían qué harían o en qué estado trabajarían; la mayoría iba a Estados Unidos por primera vez. El programa de visa H-2A, un legado del afamado programa Bracero, permite a personas de distintos países trabajar en Estados Unidos por temporada. Actualmente, más de 200 mil personas procesan su visa H2A cada año; aproximadamente el 94% de estas personas son mexicanas. Y aunque el uso del programa se ha triplicado en los últimos 10 años, las protecciones laborales están más que estancadas. A nosotras nos toca contestar sus llamadas y atender sus preocupaciones a lo largo de su camino. Hablan a nuestra oficina para verificar ofertas de trabajo cuando reclutadores llegan a sus comunidades cobrando cifras extremadamente altas — de $500 a $70 mil pesos — a cambio de trabajo en Estados Unidos. Aun-
que las cuotas de reclutamiento son ilegales en México y en Estados Unidos, en un sistema de migración laboral que beneficia a empleadores y reclutadores y que pone toda carga económica sobre el trabajador, estas leyes no suelen ser más que espejismos de justicia. No es raro que estas ofertas sean falsas. El proceso de reclutamiento es un espacio oscuro. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene un portal con certificaciones de empleo que causa más problemas que beneficios; defraudadores en México lo utilizan para sacar partido de buscadores de empleo en todo el país. El año pasado, publicamos un informe sobre la problemática de fraude en el que documentamos que falsas ofertas de trabajo para a Estados Unidos costaron más de $60 millones de pesos a buscadores de empleo en México desde el 2005. Los abusos pasan, aunque las ofertas sean verdaderas. Como confirmamos en Monterrey, es común que los trabajadores H-2A nunca vean su contrato y desconozcan sus salarios, horas y lugar de trabajo designados. Aunque es requisito que los empleadores bajo el programa proporcionen una vivienda digna y gratuita a los trabajadores, nos llegan incontables reportes de tráileres infestados con pestes y sin servicios básicos donde se alojan decenas de trabajadores. Sus documentos son retenidos y sus salarios robados. Como los trabajadores llegan endeudados tras pagar cuotas de reclutamiento, dejar el trabajo no es una opción. Y como la contratación está en las manos de empleadores en Estados Unidos, es prácticamente imposible que una persona bajo el programa cambie de trabajo si enfrenta abusos. Las visas de trabajo tempo-
ral agrícola no son una opción viable ante el asilo. Sin importar cuántas temporadas trabaje en Estados Unidos, una persona con visa H-2A nunca tendrá acceso a un camino a la ciudadanía, ni a prestaciones justas, ni a protecciones laborales fuertes. De hecho, entre más vulnerable sea la persona que toma la visa, más propensa será a sufrir violaciones a sus derechos laborales. Aun con las pocas protecciones con las que cuentan las y los trabajadores bajo el programa H-2A, México no está haciendo lo que le corresponde. La falta de rendimiento de cuentas en el proceso de reclutamiento, que comienza en México, desencadena una serie de abusos: trata de personas, explotación y acoso. El sistema está diseñado para tener una mano de obra desechable. ====== Se aproxima otro plazo importante; hace un par de años, México jugó una parte importante en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Organización de las Naciones Unidas. En las negociaciones mostró un compromiso a subscribirse a un enfoque en derechos humanos al abordar el tema de migración. Las noticias relatando a la Guardia Nacional atacando a personas defensoras y migrantes en albergues, así como el incremento en detenciones en la frontera sur, muestran justamente lo contrario. El peligro a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos parecido al de Guatemala sería dar dos pasos hacia atrás — pondría en riesgo a personas migrantes al negarles su derecho a asilo bajo leyes federales e internacionales y abriría las puertas a explotación laboral legítima de personas mexicanas por medio de la expansión del programa H-2A. Le toca al gobierno mexicano reivindicarse — no expandiendo programas laborales fallidos, ni apoyando a Estados Unidos al socavar sus obligaciones a proveer asilo — si no cumpliendo con sus ciudadanos y sometiéndose al pacto enfocado en todas las personas migrantes que orgullosamente lideró. Evy Peña es directora de comunicaciones en el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), una organización binacional con sede en CDMX
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CIERRE DE OFICINAS COMERCIALES EN EUROPA: LA OPCIÓN MEXICANA Marco Appel
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omo parte de su política de austeridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar, a más tardar el 31 de octubre, seis de sus ocho representaciones comerciales en el extranjero, que dependen de la Secretaría de Economía. Son las de Japón, China, Canadá, Uruguay, y en Europa, Bélgica y Francia. Sólo mantendrá en servicio las de Washington y Ginebra, sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por conducto de sus voceros, la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asentadas en Bruselas y París, respectivamente, aseguraron a este columnista que su relación con México no se verá afectada por los recortes y seguirán trabajando “con normalidad”. La UE dispone de una “sección económica y comercial” en su delegación en México, mientras que la OCDE tiene una oficina regional para Latinoamérica en la capital mexicana. Tal medida de austeridad del gobierno lopezobradorista ha sido muy cuestionada por empresarios y expertos en el ámbito del comercio mundial. El pasado 29 de agosto, por ejemplo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, opinó en un tuit que el cierre de las oficinas comerciales en el exterior “debilita la posición competitiva de las empresas mexicanas”. El experto en litigios comerciales internacionales y exconsultor jurídico de negociaciones dentro de la Secretaría de Economía, Ricardo Ramírez, ha estimado que México “perderá experiencia, presencia y liderazgo” y “se generarán problemas en la operación del comercio internacional”. Las representaciones comerciales que cerrarán en Europa son de carácter bilateral, pero también internacionales y conectadas a redes globales con poder de decisión. La agregaduría de la Secretaría de Economía en Bruselas se ocupa de las relaciones comerciales con Bélgica y Luxemburgo, pero principalmente con la UE. Con este bloque de 28 Estados, nuestro país tiene desde 2000 un tratado de libre mercado, cuya modernización está en su etapa final y viene acompañada de un apartado político y otro de cooperación. La Comisión Europea, y en con-
creto su Dirección General de Comercio, es la institución encargada de gestionar el cumplimiento de tal acuerdo, por mandato del conjunto de los países asociados a la UE, que es el tercer socio comercial de México y su segunda fuente de inversión extranjera directa. El cerebro administrador del comercio con Europa está en Bruselas. Desde 2008, además, México y la UE tienen una “asociación estratégica”, un estatus diplomático de valor político, pero igualmente de alianza comercial, cuya existencia, por cierto, acaban de “celebrar” el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la saliente Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, durante un encuentro que tuvieron en la Ciudad de México, el pasado miércoles 11. La representación de la Secretaría de Economía está o estaba compuesta por cinco personas, de acuerdo con el directorio oficial de la embajada. Aparece como su titular el ministro César Guerra Guerrero, un cuadro técnico especializado. En 1994 Guerra ingresó a la Secretaría de Economía en el área de negociaciones comerciales internacionales. Fue consejero económico en la representación ante la OMC en Ginebra entre 2002 y 2007. Después se desempeñó, hasta 2016, como director general de comercio internacional de bienes, periodo en el que fue jefe negociador de acceso a mercados del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la Alianza del Pacífico y de otros tratados, entre ellos con Japón, Uruguay y los países centroamericanos. Guerra fue el jefe negociador en el proceso de modernización del tratado comercial con la UE y del acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Elena Curzio, jefa de prensa de la embajada mexicana, explica que
la representación de la Secretaría de Economía en Bruselas “manejaba temas sensibles” con la UE, como la mencionada renegociación del tratado de libre comercio, la imposición estadunidense de aranceles al acero o la obtención del reconocimiento de la denominación de origen del tequila en los mercados europeos. Quedará abierta una sección de “asuntos económicos” y “promoción comercial” que atienden dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una traductora local. La medida del gobierno mexicano supone una anomalía diplomática en Bruselas: las embajadas ante la UE de otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil o Colombia, acogen secciones comerciales. Para esos países, la UE es su segundo socio comercial. Consultada, una diplomática colombiana comentó que hasta ahora su gobierno no se ha planteado eliminar esa oficina. Chile, como México, tiene un acuerdo comercial bilateral con la UE, que también es su tercer socio comercial. Chile cuenta en la capital belga con una agregaduría económica que da seguimiento a los “compromisos” del acuerdo con los europeos en materia de acceso a mercados, propiedad intelectual o barreras no arancelarias. Pero también hay en su embajada una representación comercial de ProChile, una importante agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores “encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir al desarrollo del país, mediante la internacionalización de las empresas chilenas, la promoción de la imagen país, de la inversión extranjera y del turismo”. El gobierno de López Obrador eliminará igualmente los dos pues-
tos que quedan en la agregaduría de la Secretaría de Economía en la embajada mexicana en París. Durante su gobierno ya fueron cesados otros dos empleados. Contrario a lo que algunos medios han publicado, una funcionaria mexicana informó que no se reducirá el personal de la Misión permanente ante la OCDE, cuya titular, Helena Sybel Galván Gómez, fue nombrada por la nueva administración. No obstante, la misma fuente explicó a este columnista que la representación comercial de la embajada bilateral trabajaba “coordinadamente” con la Misión, e incluso compartían oficinas en el mismo edificio parisino de la Rue de Barri. Señaló que tal representación “llevaba todos los temas de economía, comercio e inversión, así como los temas principales con la OCDE, que es un organismo económico donde se llega a acuerdos importantes en términos de principios y convenciones que son muy significativos para México”. Desde 2006, el secretario general de la OCDE es el mexicano José Ángel Gurría, un rival ideológico de López Obrador. Durante una visita a México, el 2 de mayo pasado, Gurría opinó negativamente sobre el plan financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y declaró que los megaproyectos programados ponen en riesgo los compromisos mexicanos contra el cambio climático. AMLO le contestó que no tenía autoridad moral para criticar a su gobierno, y lo acusó de haber llevado a la bancarrota al país, al aprobar el Fobaproa cuando fue secretario de Economía con el presidente Ernesto Zedillo. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, México ingresó a la OCDE, que es un organismo de cooperación internacional que promueve políticas públicas “que mejoren el bienestar económico y social” en sus actuales 36 Estados miembros. Esa institución apoyó el paquete de las llamadas “reformas estructurales” (educativa, energética o laboral) emprendidas por Enrique Peña Nieto, al considerar que prometía “cambios profundos” que “habían esperado décadas”. En diciembre de 2017, la OCDE dijo “estar lista para seguir acompañando a México en ese camino”. López Obrador decretó el fin del neoliberalismo en México; es probable que también por esa razón su gobierno haya dejado de cuidar ciertas formas o prácticas diplomáticas que, por lo visto, resultan útiles a otros países.
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COLEGIO RÉBSAMEN, JUSTICIA A MEDIAS Ricardo Raphael
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ernando Flores Castillo es profesor de secundaria. Hace dos años daba clases en la escuela donde perdió la vida su hijo, Santiago Flores Mora. El miércoles 19 de septiembre de 2017, poco después de la una de la tarde, tuvo una larga conversación con su esposa Verónica. Hablaron de los preparativos para la fiesta de Santi, que estaba a punto cumplir los siete años. Esa comunicación fue interrumpida por el movimiento de la tierra. Verónica, que también es maestra de secundaria, se aseguró que sus alumnos se concentraran en el patio de la escuela pública donde aún trabaja. Cuando no hubo más peligro, fue a buscar a Leonardo, su hijo más pequeño, que por aquel entonces estaba inscrito en una guardería. Con él se dirigió después al colegio Rébsamen, porque ahí trabajaba Fernando y ahí también estudiaba su hijo Santiago. En el camino cruzó frente al Tecnológico de Monterrey, plantel Villa Coapa. Al ver los restos caídos de esa universidad su corazón resbaló dentro del barranco de la angustia. Minutos más tarde, por la radio se enteró que también se había desplomado el edificio del colegio Rébsamen. Aned Romero Gutiérrez ya había cumplido siete años el día del terremoto. Era una niña alta y con personalidad fuerte. Su madre, Ana Lilia, dice que tenía un sentido muy práctico de la vida. “¡Nada se le atoraba!”. Nació bondadosa y un poco adulta. Cuando el salón de clase comenzó a moverse, Aned y otras dos compañeras corrieron hacia el cubo de las escaleras. Nadie supo decirles que lo mejor es quedarse quieto, una vez que el terremoto empieza a sentirse. Perdió la vida por estar donde no debía: corriendo cuesta abajo las
escaleras del colegio Rébsamen. Eduardo tuvo dos hermanos, uno mayor y otro menor. Narra su madre, Ana Velázquez, que, a diferencia de muchos otros niños, Edi no se puso celoso cuando perdió el lugar del menor y más consentido. Dos años después de su partida la memoria de los suyos lo trae de vuelta como un niño muy generoso. En casa ya no se pone sobre la mesa un plato para él, pero aún continúan intocados su ropa y sus juguetes, en la misma recámara. Leonardo, el hermano menor de Santi Flores, asegura que de tiempo en tiempo su hermano le mete cosas en la cabeza. Quizá porque se le ocurrió, o porque lo escuchó de alguien más, Leo cree que Santi se sacrificó para que ningún otro niño vuelva a morir así. En total fueron 19 menores los que dejaron un vacío enorme aquel miércoles 19 de septiembre de 2017, a las 13 horas con 40 minutos, cuando se desplomó parte de la construcción que albergaba al colegio Rébsamen. No es a la madre tierra que puede reclamársele, en primer lugar, esa tragedia. Las niñas y los niños de esa escuela murieron porque sus padres fueron engañados con respecto a la seguridad de aquellas instalaciones. Para Mónica García Villegas, dueña del colegio, el negocio siempre fue lo primero; esto lo afirma el profesor Fernando Flores. De su lado, para los funcionarios que ocultaron los vicios estructurales de esa construcción, también los pesos fueron más importantes que las vidas. Miguel Ángel Guerrero López fue el director jurídico y de gobierno de la alcaldía de Tlalpan que por acción o por omisión, y más seguramente por corrupción, permitió que la señora García Villegas pusiera en riesgo a sus estudiantes. Hoy la administradora y dueña del colegio Rébsamen está siendo vinculada a proceso, pero la justicia
no se ha aproximado a la puerta de los funcionarios públicos que participaron de aquel acto fatal de corrupción, cuando en el año 2014 se hicieron de la vista gorda con respecto a una edificación muy peligrosa. Las madres y los padres del colegio Rébsamen se han reunido en un par de ocasiones con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La última vez ella propuso firmar un convenio cuyo objeto sería la reparación del daño. Sin embargo, sólo dos de las 17 familias víctimas pusieron su nombre en ese documento. Explican Fernando, Verónica, Ana y Ana Lilia que se les pidió una condición imposible de cumplir. Quiso la nueva autoridad que renunciaran a su derecho de denunciar judicialmente a las personas responsables de la tragedia. “Si queremos justicia para nuestros hijos –afirma Ana Lilia– no nos parece aceptable tomar distancia de los tribunales.” Fernando Flores argumenta que su caso está emparentado con otros donde tampoco ha habido resarcimiento: el de los menores de la guardería ABC, en Hermosillo, y el de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “¿Cómo es posible que la corrupción en nuestro país esté matando así a nuestros hijos?”, se pregunta en voz alta el padre de Santiago. Conmemorar significa visitar la memoria, resignificarla, reinterpretarla, sacar de ella la energía para trascender la tragedia. Mientras hablaba con las madres y padres del colegio Rébsamen hice lo posible por no quebrarme. Lo logré mal. Como diría Leonardo, el hermano de Santi, esas personas y sus hijos metieron en mi cabeza frases y causas que nadie debería olvidar. Este análisis se publicó el 22 de septiembre de 2019 en la edición 2238 de la revista Proceso
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e impide, entre otras cosas, que un mandatario solicite licencia para asumir otro cargo de elección popular y luego regrese como gobernador, como lo hizo recientemente Manuel Velasco Coello. La burla al pueblo de Chiapas se consumó con una reforma hecha por la legislatura anterior, el 30 de agosto del 2018, al artículo 52 de la Constitución local, para permitir que Velasco Coello solicitara licencia y rindiera protesta como senador, y luego de unos días retomara el Poder Ejecutivo. Manuel Velasco, un gobernador ilegal, oportunista y lleno de corruptelas las que últimamente están apareciendo en el sector salud, y las que pronto se acumularán en breves días, es el centro de esta reforma y señalado como el farsante que emuló ser senador para regresar como gobernador, hecho nunca antes visto en la historia de Chiapas. Las modificaciones aprobadas establecen un plazo de al menos 120 días antes del día de una elección para que los aspirantes renuncien o se separen de cualquier empleo, cargo o comisión en los gobiernos federal, estatal o municipal; y en los casos de cargos de elección popular, deberán de obtener la licencia respectiva en el plazo señalado. Asimismo indican que un mandatario por elección popular, sin excepción, no podrá dejar el cargo y ocuparlo nuevamente en el mismo periodo por el cual fue electo.
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a semana pasada Indra Ruth Toledo Coutiño y Ariosto de los Santos Cruz, convocaron a un paro de labores de 48 horas entre el 18 y el 19 de septiembre. La respuesta evidenció la falta de apoyo a esta pareja que ha pretendido mantener el control del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH). Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal repudiaron la intención de la dupla de continuar como dueños de un sindicato, conducido con sentido patrimonialista, cuando que la representación sindical pertenece a los verdaderos académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla fue la primera derrota de la mafia Ariosto-Indra. De 250 maestros convocados apenas hicieron acto de presencia 20 docentes. Tapachula fue el segundo gran fracaso. Apenas concurrieron una docena de maestros para apoyar las pretensiones dinásticas de la ya cadente pareja infernal. El fracaso total culminó en la facultad de Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas, cuando docentes de la institución se
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ENTRE POLÍTICOS David Martínez Hernández
Se retorna a la legalidad para frenar agravios
Que quede claro ahora que “los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho”. No hay que olvidar que Velasco Coello tomó posesión como senador el pasado 5 de este mes, después de un año de solicitar licencia para concluir su período como goberna-
dor el 7 de diciembre anterior. El agravio se consumó y no se puede borrar de la mente de los chiapanecos, aunque ahora los legisladores del PT digan que la reforma se hizo “para retomar la confianza del pueblo chiapaneco que fue agraviado mediante la reforma al artículo 52, que daba garantías para violentar los derechos electorales”. Muy tarde para esas declaraciones del Partido del Trabajo, cuyos líderes cerraron la boca en su tiempo.
EL DIVAN Sergio Stahl
Indra Ruth Toledo Y Ariosto De Los Santos sin representación sindical
opusieron a las pretensiones de la usurpadora Indra Toledo y su patrocinador favorito Ariosto de los Santos. De los 100 agremiados en activo, apenas 20 acudieron
a la toma de las instalaciones sin mayor apoyo gremial. Con esa respuesta, Ariosto de los Santos Cruz y su inseparable Indra Ruth Toledo Coutiño termi-
CHIAPAS DEMANDA TARIFA 1F COMO TABASCO
Los grupos sociales organizados han demandado, en los últimos meses al gobierno federal, la aplicación de la tarifa 1F de la Comisión Federal de Electricidad para la población de Chiapas. Ven injusto que Chiapas sea generador de electricidad con las grandes presas Chicoasén, Malpaso y Peñitas y tenga una tarifa al consumidor muy elevada; en cambio Tabasco que no genera ni un kilowat, ahora fue favorecido con la tarifa más baja de la CFE. A la par de esta demanda, está un fenómeno que no es privativo de Chiapas, sino de todo el país: el robo de luz. Y es que de acuerdo con información de la CFE, en Chiapas, se tienen reportadas 5 mil 123 tomas clandestina en domicilios particulares, empresas, comercios y servicios. A nivel nacional se han detectado alrededor de 69 mil 515 tomas clandestinas. Según informes, en San Cristóbal de Las Casas reportan 668; Tuxtla Gutiérrez, con 611 y Tapachula 568 tomas clandestinas, por lo que estos tres municipios concentran al menos, mil 847 ilícitos. El pasado 9 de septiembre, indígenas de Chiapas le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la condonación de adeudos con la CFE, así como también, beneficiarlos con tarifas preferenciales en las comunidades más pobres y marginadas de la entidad, tal como sucedió en Tabasco.
naron en el ostracismo sindical. Como puede observarse el paro de labores no prosperó y los pretensos manipuladores sindicales terminaron por exhibir su debilidad ante años de control férreo al patrimonio del Sindicato. Así lo evidencian la ilegal manipulación de los recursos que son patrimonio de todos los docentes y no de una camarilla acostumbrada a apropiarse de lo que no les pertenece. Ahora es obligación del rector Carlos Natarén Nandayapa y de la Junta de Gobierno, verificar a dónde se fueron las cuotas sindicales durante el paso de la corrupción Ariosto-Indra. Las condiciones de los préstamos a docentes, el uso de la caja de ahorro, los dineros destinados a los deudos de los maestros, pero sobre todo comprobar si los medios tiempos y los tiempos completos de las horas de clases, fueron destinados a catedráticos con los méritos suficientes para tener acceso a más horas, o sólo fue para beneficiar a incondicionales y favoritos. De una auditoría a fondo a estos dos célebres personajes sindicales, Indra y Ariosto terminarían como reos sujetos a responsabilidad penal.
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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez
Palo dado ni dios lo quita
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ues, recurriendo a la sabiduría popular y con respecto a la iniciativa de reforma constitucional enviada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas relativa a modificar el artículo 52 de la constitución local, éste referido a los requisitos para ser gobernador y que fuera modificado en la legislatura pasada, fue aprobada por unanimidad por las diputadas y diputados integrantes de la LXVII legislatura, aunque; palo dado ni dios lo quita. Me queda claro. En dicho artículo 52 y en concordancia con lo que establece la Carta Magna en su numeral 116, no se permite a quien haya ocupado dicho cargo –gobernador- ya por elección popular o alguna otra modalidad constitucional, volver a ocupar el cargo en el periodo inmediato (no reelección) ni mucho menos, como fue la ignominiosa reforma operada en agosto de 2018 por el inefable de Manuel Velasco, ocupar en el ¡mismo periodo constitucional!, que claramente estipula seis años y a Manuel y al congreso les valió ¡madres! Es decir, con la reciente iniciativa enviada por el gobernador y aprobada por el Congreso, se repara el agravio aunque sea en la letra constitucional, que resultó una verdadera afrenta contra la dignidad de los chiapanecos y a ver si se entiende, mancillado la “H” que presumen muchas veces sin hacerla valer, los que transitan trianualmente por el poder legislativo. Así entonces, el daño infligido por la pasada LXVI legislatura, con la aprobación de esta nueva iniciativa, en la letra se repara pero la mancha en el muro del congreso, quedará indeleble en la memoria histórica de la entidad. Porque el acto legislativo consumado en agosto del año pasado, cierto y no peco de inocencia instruido por el perverso de Manuel, ya sea por dinero, privilegios, canonjías u amenazas o todas juntas, no les quita a ningún
legislador hombre o mujer llevar en sus conciencias por el resto de sus días (¡ajá!), su actuar indigno propio de un vil vasallo al servicio del poder y no del pueblo. Así y como la más deleznable de sus escenificaciones de política sexenal, se nombró un gobernador títere por ¡siete días coño!, para permitirle, “constitucionalmente” a Manuel, operar, vía su propia sustitución, su regreso que según su publicidad pagada en medios igual indignos acabar –literal-, su ¡gran obra sexenal! ¡Sí la del gran saqueo operado por su cercanos y camarilla rapaz! Pero este episodio de terrible daño al orden constitucional por lo que implicó y que ahora bien se quiere subsanar, no sólo alcanza al pasado congreso local sino que ¡raspa!, de manera importante, al actual Senado de la República de mayoría morenista. Porque al aceptar, primero; se haya roto el precepto constitucional en Chiapas a través de una modificación a todas luces improcedente ocupar dos cargos a la vez, no sólo porque violaba lo establecido por la constitución local que como ya se dijo, requirió se ajustará para beneficio en este caso del gobernador en funciones. Es decir con el claro sometimiento del congreso local, mandarse a confeccionar “constitucionalmente” a la medida, un traje de clara reelección. Pero igual decía, no solo alcanza al gobierno chiapaneco sino que mancha al Senado cuando, sí cuando éste en un silencio que ofende a la institución, haber permitido tal farsa y desacato a la ley y que, como sostiene el marciano de Maussan; nadie dijo nada. Cierto es que cuando se presentó en primera instancia se aprobará la licencia del senador Velasco y la vez gobernador con licencia, para separarse del cargo y convertirse así nuevamente en gobernador sustituto de sí mismo (¡qué desmadre me cae!) convirtiéndose todo ello en una verdadera burla al pueblo de Chiapas, pero igual a la nación, con el actuar de los senadores
se pudo final y felizmente para Manuel, ver consumados todos sus más caros propósitos que fueron y son; ser gobernador, ser candidato al senado, ganar la senaduría, modificar la constitución, solicitar licencia a gobernador, poner a un títere por 7 días de gobernador, tomar posesión como senador, pedir licencia como senador, regresar a ser su propio sustituto, concluir su gestión de gobernador y finalmente decía, regresar al senado en calidad de coordinador de su bancada del Verde-Morena. ¡Más mezcla maistro o le remojo los adobes! Decía el buen Tin Tán. Así entonces y sin mucho más que abundar, el que mal gobernó seis años con la complicidad del gobierno de Peña Nieto y alcahuetería de las autoridades electorales como ahora la permisividad del gobierno de la 4T, posibilitaron, de nueva cuenta, que Velasco sea senador y que haya sido, como ya dije, gobernador, gobernador-senador, senador ¡uf! y de ahí toda esta enredada y vergonzante narrativa. Por lo pronto y con eso me quedo, la iniciativa propuesta por el gobernador Escandón Cadenas y aprobada por la LXVII legislatura, debe ser reconocido y no diría aplaudida porque creo que de menos, nos la debían a los chiapanecos. Aunque en verdad creo que sí y en ello nadie había reparado, que ni opositores políticos (me refiero a partidos si existieran), ni grupo social alguno, ni estudiosos del derecho constitucional, bueno ni esos agudos y recalcitrantes críticos de la cuarta transformación considero y concluyo, habían reparado en este asunto. Que este hecho por lo que corrige y lo que representa, es digno de comentar e insisto reconocer que sea, desde el propio gobierno del estado es decir del gobernador, se haya dado como compromiso estimo, resarcir el daño constitucional, democrático, político y moral al pueblo de Chiapas. Aun así; palo dado ni dios lo quita. Me queda claro.
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CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 26 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1740
ALERTA
EVENTO
Invita UNACH a la Sexta Feria Internacional del Libro
Consumo de carne contaminada por clembuterol podría ser mortal: Jorge Ortiz
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SOLICITUD
Universidades piden en San Lázaro 17 mil mdp más de presupuesto para 2020
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PROTESTA
Afectador por el zapatismo exigen restitución de tierras PAG. 8
REFORMA
Oaxaca, la segunda entidad en México en despenalizar el aborto
PAG. 6
Lo que es marcado como un hecho histórico que marco un precedente y puso al estado en el ojo del mundo a Chiapas fue el levantamiento zapatista en 1994, sin embargo también dejo perjuicios para los propietarios de tierras de la zona Selva del estado.
PAG. 5
PAG. 7
Se recurrió al argumento de “seguridad nacional” para seguir con Santa Lucía, dice AMLO