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CONTRAPODER EDICIÓN 1715

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

La delincuencia organizada en la fiscalía

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Es una historia común que elementos de los cuerpos de seguridad participen en bandas de asaltantes con una impunidad escalofriante. Estos sucesos nada nuevos, fueron narrados en el siglo XIX por el escritor Manuel Payno

La violencia en contra de las mujeres resulta inaceptable. Sobre todo porque ante los agravios prevalece la impunidad. En Chiapas a los agresores incluso se les libera. Como el caso del violador liberado por la mesa de reconciliación.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Miércoles 21 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1715

LLAMADO

DECLARACIÓN

Expertos de la ONU emplazan al gobierno de AMLO a impugnar la “Ley garrote”

Alcalde de Chamula no renunciará, advierte

Fechado el 8 de agosto, el emplazamiento para que el gobierno mexicano se pronuncie en torno a las reformas al Código Penal de Tabasco está contenido en una carta firmada por los relatores especiales de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión de Expresión

Iniciativa de Ley General de Educación es “regresiva” y debe ser rechazada “tajantemente”: UNPF

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EXIGENCIA

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Presentan en CECH proyecto de gasoducto Salina Cruz-Tapachula

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE

Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 14

DEMANDA

A casi 10 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia sigue apelando en tribunales de México y Canadá

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DE TABASCO: ¡AY DE LOS VENCIDOS! Elisur Arteaga Nava

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LA SENTENCIA A FAVOR DE BUITRAGO QUE EXHIBE A LOS ENEMIGOS DEL GIEI Rafael Croda PAG. 3

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Miércoles 21 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La delincuencia organizada en la fiscalía

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s una historia común que elementos de los cuerpos de seguridad participen en bandas de asaltantes con una impunidad escalofriante. Estos sucesos nada nuevos, fueron narrados en el siglo XIX por el escritor Manuel Payno, en su novela histórica Los Bandidos de Río Frío. Este comentario viene a cuenta, debido a que en las redes sociales se exhibe un video, donde se observa un asalto en el que participan presuntos miembros de la fiscalía de alto impacto. De ser ciertos estos hechos, la situación del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca se hace insostenible, pues quedaría demostrado que la fiscalía no protege a la delincuencia organizada sino que de adentro de la fiscalía opera la delincuencia organizada. Las irregularidades en la que están involucrados elementos de la fiscalía de alto impacto son muchas. Aquí se han narrado más de una vez, el montaje orquestado por el propio fiscal de alto impacto para imputar responsabilidad a un inocente, que fue sacado por la fuerza

de su casa por elementos de la fiscalía y después inventaron que había sido detenido en flagrancia en un asalto a una gasolinera. El caso se vino abajo porque los familiares presentaron un video que muestra que el imputado fue sacado de su casa, en donde se observa la participación del propio fiscal de alto impacto. Ante esas evidencias el juez de control dictó la no vinculación a proceso y ordenó a la fiscalía la investigación por alegada tortura, sin que el fiscal general haya realizado investigación alguna y los elementos participantes en esa violación a derechos humanos continúan laborando en esa dependencia. El asalto en el que se denuncia la participación de elementos de la fiscalía fue perpetrado a un trabajador, quien llevaba más de un millón de pesos de una empresa gasolinera, que iba a ser depositado y que pese a la denuncia en la fiscalía general se guarda un sepulcral silencio y se encubre a los presuntos responsables. Lo paradójico de esta situación, es que el fiscal Llaven Abarca mantiene una campaña mediática en la

que se promociona como el funcionario de mayor eficiencia de la actual administración y guarda mutis sobre este caso. Inclusive en su campaña de promoción, presume que en los delitos relevantes cometidos en la entidad se han aprehendido a los responsables, mismos que se encuentran confesos en el reclusorio y en los boletines, en el que se celebran sus “éxitos” concluyen con la redacción siguiente: “La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune”. Este escándalo en ciernes no es un asunto menor, pues golpea directamente a la credibilidad de la campaña anticorrupción emprendida por la presidencia de la república y replicada por el gobierno de Chiapas, en la que el fiscal Llaven Abarca juega un papel relevante y en la que se espera, que la conducta antisocial con la que se comporta los funcionarios de la fiscalía de alto impacto no quede impune.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Regresa violencia a Pueblo Nuevo, balean a hombre a plena luz del día Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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ste martes de nueva cuenta se desató la violencia en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán cuando a plena luz del día fue asesinado un hombre en un enfrentamiento entre grupos armados. De acuerdo a los reportes oficiales cerca de las 18 horas se registró este hecho de sangre cuando hombres armados intercambiaron balazos en plena calle de la cabecera municipal, causando el temor de toda la población de este municipio. Los datos de fuentes extraoficiales dan a conocer que este enfrentamiento duró cerca de 20 minutos entre dos presuntas bandas delincuenciales que se disputan este territorio de la zona Norte del estado. El saldo preliminar de este enfrentamiento que duro casi 20 minutos fue de un muerto y al menos tres heridos. Uno de los vehículos

De acuerdo a los reportes oficiales cerca de las 18 horas se registró este hecho de sangre cuando hombres armados intercambiaron balazos en plena calle de la cabecera municipal, causando el temor de toda la población de este municipio

un VW tipo pointer donde quedó el cuerpo de la víctima literalmente convertido en una coladera. Increíblemente esta unidad que-

dó con al menos cien impactos de armas largas, lo que ocasionó en la población corriera a buscar refugio. Al lugar arribaron elementos

de diferentes corporaciones para realizar las primeras indagatorias y montar un operativo en el municipio.

A casi 10 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia sigue apelando en tribunales de México y Canadá Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

A pocos meses de cumplirse los 10 años del crimen del Mariano Abarca Roblero, el líder del movimiento antiminero en la Sierra Madre de Chiapas, sus familiares y amigos reiteraron que no cejarán hasta alcanzar justicia en la Corte de Canadá, en contra de la diplomacia de ese país en México y la empresa minera Blackfire. En 2009, Abarca Roblero fue asesinado en Chicomuselo por oponerse a la explotación de la empresa canadiense de una mina de barita en ese municipio. En conferencia, José Luis Abarca Montejo y Uriel Abarca Roblero, hijo y hermano de Mariano Abarca, respectivamente, así como Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), informaron sobre la apelación de una decisión judicial sobre el caso en la Corte Federal de Canadá. El juez de la Corte Federal de ese país, Keith Bowell, admitió en julio pasado la posibilidad de que el dirigente “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México hubiera “actuado de otra manera”, y aún así rechazó ordenar una investigación. El 22 de julio del 2009, Mariano

Abarca y miembros de la REMA, estuvieron frente a la embajada de ese país en la Ciudad de México, donde denunciaron abusos y evidenciaron la contaminación que Blackfire hacía en sus minas ubicadas en Chicomuselo, donde el activista encabezó un movimiento de resistencia civil por la contaminación ambiental. El 17 de agosto del 2009, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, vía la Fiscalía General del Estado, ordenó detenerlo y arraigarlo luego de una denuncia de la empresa minera en su contra. Tras la presión social, Abarca fue liberado. Mariano había responsabilizado a la minera de varias amenazas de muerte que había recibido a lo largo de varios días. Incluso interpuso recursos penales por cada amenaza, sin embargo nunca se le garantizó su seguridad, de acuerdo con la versión de su familia. El viernes 27 de noviembre del 2009 por la tarde, un par de sicarios llegó hasta el domicilio de Abarco y le disparó a quemarropa. “Mariano Abarca acudió hace 10 años a la embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera BlackFire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después, la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá

para exigir justicia”, dijo su hermano Uriel. Recordó que Mariano Abarca Roblero fue precursor en la lucha por la conservación del medio ambiente, cuando en Chiapas iniciaba el avance del Modelo Extractivo Minero. Dijo que con engaños, la canadiense Blackfire entró al ejido Grecia, en el municipio Chicomuselo, para extraer barita e intentó someter a la población mientras contaminaba sus ríos y tierras. La respuesta al activismo de Mariano tuvo lugar el 17 de agosto de 2009, hace 10 años, cuando fue arrestado. Blackfire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Señalaron que la falta de pruebas y la solidaridad nacional e internacional hicieron que el 24 de agosto del año 2009 Mariano Abarca Robledo fuera liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre, Mariano presentó una queja ante la policía, en la que manifestaba que dos empleados de la Blackfire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado.

La familia y las organizaciones que los acompañan han pedido durante los 10 años que han pasado desde entonces, que se investigue y detenga a los culpables de su asesinato, que la embajada de Canadá en México asuma su responsabilidad por haber protegido a la empresa que violó los derechos humanos de los habitantes de Chicomuselo, y que puso en riesgo la vida de Mariano, hasta llegar a su muerte. El 66 de febrero de 2018 la familia de Mariano presento una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México, cuya petición fue negada por lo que se interpuso un recurso de revisión frente al Tribunal canadiense. La petición fue negada, pero la corte asume que si la embajada hubiera actuado de una determinada manera, Mariano seguiría vivo.


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Presentan en CECH proyecto de gasoducto Salina Cruz-Tapachula De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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ntegrantes de la mesa directiva y afiliados al Centro Empresarial de Chiapas, encabezados por su presidente, Isaías Alfaro Castellanos, recibieron en las instalaciones del organismo a miembros del Clúster de Infraestructura Energía Chiapas, cuyo presidente, Oscar Alejandro Figueroa Gutiérrez, presentó los avances, características y retos del proyecto de construcción del gasoducto Salina Cruz-Tapachula, que impulsará el crecimiento económico y social de la región. Figueroa Gutiérrez, destacó que el Clúster de Infraestructura tiene como objetivo “identificar el potencial del estado en materia energética, para crear y realizar los proyectos de infraestructura y las opciones de negocio que impulsen el desarrollo sustentable para la sociedad”.“El gasoducto es un proyecto estratégico para Chiapas, que se ha buscado desarrollar durante décadas y que, gracias a las condiciones naturales del estado, se convierte en una excelente alternativa de generación de energía limpia y de bajo costo, que además puede impulsar la industria, el comercio y la generación de empleos”, aseguró. El gasoducto proyectado cuenta con 400 kilómetros de longitud e inicia en Salina Cruz, Oaxaca, para continuar con una ruta ya predeterminada hasta la ciudad de Tapachula, permitiendo aprovechar el potencial de Chiapas “como plataforma logística geográfica, para la atracción de industria; la transferencia de cono-

Figueroa Gutiérrez, destacó que el Clúster de Infraestructura tiene como objetivo “identificar el potencial del estado en materia energética, para crear y realizar los proyectos de infraestructura y las opciones de negocio que impulsen el desarrollo sustentable para la sociedad”

cimientos; el desarrollo sustentable y el crecimiento económico”, además de garantizar la posibilidad de surtir de gas natural a Centroamérica e, incluso, ampliar su infraestructura hacia dichos países. Por su parte, Isaías Alfaro Castellanos, agradeció la presentación sobre el tema y recalcó la importancia de que empresarios, especialistas y la sociedad en general, se sumen al

apoyo a un proyecto de estas características, pensado para impulsar benéficamente al estado. “En el Centro Empresarial de Chiapas estamos completamente comprometidos con el proyecto del gasoducto y con cualquier otra estrategia que busque fomentar la inversión que genera desarrollo económico y social. Hace unos días, durante la firma del Pacto Oaxaca,

pudimos atestiguar que hay buena disposición del gobierno federal y estatal para apoyar este y todos los proyectos de desarrollo regional, por lo que seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el Clúster de Infraestructura Energía Chiapas, seguros de que el trabajo coordinado y la suma de recursos y voluntades, siempre permitirá alcanzar cualquier objetivo”, finalizó.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Alcalde de Chamula no renunciará, advierte

Pese a la presión que han ejercido desde hace un par de meses en su contra, el alcalde del municipio tsotsil de San Juan Chamula advirtió que no renunciará al cargo. Este día al sostener una reunión con autoridades de gobierno dio a conocer que no existe delito alguno para que se le acuse, además de que asegura, no será presa de intereses personales además de ser un presidente legítimo ya que ganó con 21 mil votos la elección. En este escenario señaló directamente al diputado Mario Sántiz Gómez por andar orquestando esta jugada que pretenden sacarlo del cargo con el único propósito de no entregar cuentas al municipio dejando una deuda de 45 millones de pesos que pretender culpar a su persona.

Indicó que el diputado por el PRI-VERDE debería de estar buscando recursos, proyectos ya que dejó esta deuda grande, por ello será necesario que se realice una auditoría a Sántiz Gómez, quien es su antecesor. “El pueblo me respalda, el diputado manda sus títeres para que hagan este nombramiento del Concejo Municipal el cual no tiene ninguna validez, por ello no se respetará una decisión arbitraria en un municipio donde manda la comunidad”, dejó en claro Gómez Gómez. Agregó que es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en el municipio para garantizar la seguridad de las autoridades ya que, dijo, se puede repetir un nuevo episodio de violencia y por ello espera regresar a la presidencia con las

Rodolfo Flores

medidas de seguridad pertinentes. “No es que el cabildo no quiera trabajar están alborotando a la gente, queremos trabajar y regre-

saremos con las medidas de seguridad necesarias, no renunciaré al cargo, soy el alcalde de Chamula”, remarcó.


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“Aberrante retroceso” fusión de secretaría ambiental con la de Economía en BC: ambientalistas Javier Cruz Aguirre Ensenada, B.C. (apro)

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na decena de organizaciones ambientalistas de Baja California calificaron de “aberrante retroceso” y “dispendio irresponsable de energía política y administrativa”, el anuncio del próximo gobierno estatal de fusionar en la Secretaría Economía Sustentable, de nueva creación, a la Secretaría de Protección del Ambiente (SPA). En una carta que entregaron hoy al gobernador electo del estado, Jaime Bonilla Valdez, las organizaciones civiles reprueban “enérgicamente” que la SPA pretenda ser reducida a una dependencia de segundo nivel bajo la misma autoridad que rige a dependencias promotoras del sector productivo. Esto “frente a las cuales a menudo se requiere ejercer autoridad política de manera autónoma, sobre todo cuando el interés privado se opone o resiste a la observancia de lo establecido por la legislación ambiental.” Subrayan que “es un dispendio irresponsable de energía política y administrativa, la enorme inversión de esfuerzos que requeriría la transformación del actual estatus administrativo de la Secretaría de Protección al Ambiente.” Ello porque implicaría llevar a cabo modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, así como al menos

Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

En el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), 10 de 15 delitos de alto impacto bajaron en Tabasco, pero la entidad sigue liderando el primer lugar nacional en abigeato o sustracción de ganado y robo con violencia. De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Tabasco (OCT), el secuestro se redujo más del 86% respecto al mismo periodo de 2018, el feminicidio 50% y 39% robo de vehículos, entre otros delitos. En contraste, la violación creció 45.16%, el homicidio culposo 17.92% y el homicidio doloso más feminicidio 11.04%, la violencia familiar 9.97% y la extorsión 1.27%. Asimismo, Tabasco sigue al cabeza en el ranking nacional en robo con violencia y abigeato, aunque éste último se redujo 22.71%. Sin embargo, el secuestro disminuyó 86.67%, al pasar de 30 casos registrados en el segundo trimestre de 2018 a cuatro en el mismo periodo de 2019. También bajó 33.11% el robo a

En una carta que entregaron hoy al gobernador electo del estado, Jaime Bonilla Valdez, las organizaciones civiles reprueban “enérgicamente” que la SPA pretenda ser reducida a una dependencia de segundo nivel bajo la misma autoridad que rige a dependencias promotoras del sector productivo.

seis diversas leyes y reglamentos ambientales que norman al sector ambientalista, incluida la de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático, la de Protección al Ambiente y la de Prevención y Gestión Integral de Residuos. “Consideramos una afrenta la pretensión de restarle autoridad a la dependencia encargada de medio ambiente del estado, pues ello niega tanto los avances logrados con gran esfuerzo durante dos décadas, como la urgente necesidad de fortalecer aún más los alcances y la autonomía de acción de esta dependencia, en el contexto esta-

tal y transfronterizo, en tránsito a un desarrollo cada vez más sostenible y armónico con el medio ambiente que es la base del sustento económico y social en el largo plazo para nuestro estado.” Igualmente reflexionan que, gracias a la creación de la SPA, aunque siguieron las carencias presupuestarias, se logró posicionar a la protección del ambiente como un factor de desarrollo en la cultura política del estado, con una mayor presencia y autonomía para atender la problemática ambiental en el estado. “Con el estatus de Secretaría, la dependencia adquirió la capacidad para

dar continuidad a importantes instrumentos de planeación ambiental, programas regionales para prevenir daños irreversibles al medio ambiente y promover medidas.” Por ello resaltan que, estando supeditada a una misma cabeza de sector, la autoridad ambiental carecerá del peso político necesario para actuar en el interés ambiental que le compete, siempre que los intereses del desarrollo económico desafíen el cumplimiento con la normatividad ambiental, como ha ocurrido históricamente. Invitan finalmente a Bonilla Valdez a crear un espacio de diálogo “incluyente y abierto”, para explorar la oportunidades y alternativas para el fortalecimiento de la SPA, junto con actores de la sociedad civil organizada y demás actores expertos en esta materia “que, afortunadamente, abundan en nuestro estado.” Entre las organizaciones firmantes están el Colectivo de Salud y Justicia Ambiental, el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Tijuana Calidad de Vida, Sociedad de Plantas Nativas, Baja California Chapter, Desembólsate BC y Remexmar BC.

Tabasco, primer lugar nacional en robo con violencia y sustracción de ganado negocios, 19.23% narcomenudeo, 10.57% robo a transeúnte y 9.63% a casa habitación. Si bien existe una tendencia decreciente en la mayoría de los delitos, esto no es sinónimo de mejora pues Tabasco continúa liderando las primeras diez posiciones del ranking nacional en once delitos, resalta el OCT. “El hecho de que la entidad continúe liderando las primeras diez posiciones del ranking nacional en once delitos muestra la urgencia de ser atendido de forma prioritaria por la autoridad”, señala. Y urge al gobierno contar con un plan integral de seguridad, “donde se definan las estrategias y objetivos concretos y medibles en el corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar las condiciones de seguridad”. Menciona que el municipio de Centro (cabecera de Villahermosa)

se mantiene como foco rojo ya que en catorce delitos supera la del país y el estado y en ocho ocupa la primera posición del ranking estatal. El documento destaca también que las violaciones crecieron en once de los 17 municipios de la entidad, mientras que la violencia familiar y el robo a casa habitación en nueve. Asimismo, se registraron 199 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 25 fueron mujeres, entre ellas, seis

feminicidios. “Preocupa los niveles de violencia que muestra el crecimiento en las armas de fuego, pues durante estos tres meses ocho de cada diez víctimas fueron asesinadas con este tipo de arma por lo que insistimos en la urgencia de generar políticas públicas que reduzcan el ingreso y la comercialización ilegal al tiempo que se trabaje para el decomiso de las que ya se encuentran circulando en las calles”, recomienda el OCT.


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Fundar llama al gobierno de AMLO a superar el modelo extractivista De la redacción Ciudad de México (apro)

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l centro de análisis e investigación Fundar presentó hoy el Anuario 2018: Actividades extractivas en México. Retos para la cuarta transformación, en el que analiza la participación de la minería y la extracción de hidrocarburos en las finanzas públicas y la economía del país. En sus conclusiones, llama de manera urgente a prohibir el fracking, superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos. La minería, señala, no ha sido un motor de desarrollo local ni de empleo, y por ello considera fundamental retirar el carácter de utilidad pública y, por lo tanto, preferente que tiene esta actividad. En materia de hidrocarburos, el Anuario indaga sobre la riesgosa práctica del fracking, la cual se encuentra prohibida en varias partes del mundo como Francia y Bulgaria, por los graves efectos que provoca en la salud y el medio ambiente. El documento analiza las seis propuestas legislativas presentadas durante el pasado periodo de sesiones por diferentes grupos parlamentarios y cuyo objetivo es prohibir esta práctica. “Además, realiza un recuento de los compromisos asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del fracking, aunque esta práctica en los

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el pasado mes de julio se registraron nueve casos de homicidios dolosos menos que en junio, considerado el mes más violento en lo que va del sexenio, puesto que se reportaron 2 mil 556 casos. En poco más de ocho meses que lleva esta administración federal, suman 19 mil 542 asesinatos dolosos. Esta cifra es significativamente más alta, si tomamos en cuenta que en los primeros siete meses de 2018 se reportaron 16 mil 625 homicidios dolosos, o sea más de tres mil asesinatos. De enero a julio de este año se han iniciado 17 mil 164 carpetas de investigación por este tipo de delito. La estadística también revela que de los 17 mil 164 homicidios dolosos reportados en los primeros siete

En sus conclusiones, llama de manera urgente a prohibir el fracking, superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos

hechos se sigue permitiendo”, destaca Fundar en su comunicado. En cuanto a la Reforma Energética, señala que no ha dado los resultados esperados, puesto que los ingresos petroleros disminuyeron de 33% en 2013 a 19% en 2018 a raíz de un declive de 28% en la producción petrolera al finalizar el sexenio pasado. Respecto a la actividad minera, se documentó que, de 2013 a 2018 los proyectos mineros aumentaron un 77%, y para finales del 2018, el 92% de las empresas que realizaban exploración de recursos metálicos eran extranjeras, principalmente canadienses dedicadas a explorar oro y plata. Señala como preocupante que

75% de las nuevas minas en construcción serán a cielo abierto, técnica altamente contaminante y con severos impactos socioambientales. La investigación de Fundar explica que la minería no es un motor de desarrollo local para las comunidades donde se realiza. Encontró que, en el caso de los centros productores de plata, casi el 60% de la población está en pobreza; 30% no cuenta con servicios básicos en la vivienda; 25% tiene rezago educativo; y una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria. “Los fondos, creados con los recursos que las empresas deben pagar al Estado, deberían destinarse a pro-

yectos de desarrollo que beneficien a las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos. Sin embargo, se utilizan sin la participación de las comunidades y en la opacidad. “En el caso del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se destinaron más de 186 millones de pesos a 24 municipios que no son productores de hidrocarburos; y, en el caso del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, se desconoce el destino de 3 mil 017 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio”, detalla. Finalmente, Fundar realizó un llamado urgente para prohibir el fracking en la próxima legislatura, y retirar el carácter de preferente a la actividad minera. “Frente a este contexto de opacidad y violaciones a derechos en el que han operado las actividades extractivas, al amparo de la Reforma Energética y del marco legal minero, resulta imperioso revertir este tipo de prácticas, superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos”, concluye el comunicado. En la presentación del anuario estuvo presente el cantante del grupo de rock mexicano Café Tacvba, Rubén Albarrán.

Julio, el segundo mes más violento en lo que va de la administración de AMLO meses de este año, en 12 mil 79 se utilizaron armas de fuego. En lo que respecta a los casos de homicidio, las cifras del secretariado revelan que en los primeros siete meses de este año se han integrado 540 carpetas de investigación por casos de feminicidio, y de acuerdo con estos reportes el número de víctimas se incrementó de 81 a 85, de junio a julio. En el caso del delito de secuestro, los registros del SESNSP señalan que se han reportado 834 casos de secuestro, existiendo un incremento de junio a julio, de 91 a 117 expedientes iniciados. Sin embargo, hay duda en cuanto a la veracidad de los datos sobre este delito, ya que el secretariado “movió”

cifras sobre este delito, cifras que no arrojan la realidad, señalaba Isabel

Miranda de la organización Alto al secuestro.


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Coparmex aboga por la CNDH Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

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a Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó las descalificaciones constantes que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Mediante un comunicado, el organismo encabezado por Gustavo de Hoyos Walther soltó: “Es preocupante que desde el Ejecutivo se lancen amenazas y descalificaciones constantes contra el trabajo de la CNDH. Al cuestionar su ‘idoneidad moral y sus recomendaciones, o al no recibir y escuchar el Informe Anual de Actividades de la Comisión por primera vez desde su creación, el presidente de la república atenta contra una institución clave para nuestro país, en materia de justicia y democracia”. Abundó que las acciones y la retórica bajo esa línea amenazan la defensa de los derechos humanos, no sólo de la comisión, sino también de quienes decididamente han luchado por esta causa tan importante y necesaria. Gustavo de Hoyos W

Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, exigió el rescate económico de las universidades públicas con problemas financieros y presupuestales, aunque advirtió que dichos recursos deben transparentarse y usarse con responsabilidad. “Entendemos y nos comprometemos con la responsabilidad social que implica el ejercicio transparente de los recursos del Estado y de su fiscalización”, afirmó al ser galardonado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con motivo de los 90 años de la autonomía universitaria. En relación con la Estafa Maestra, en la que cuatro de las 10 universidades en crisis se encuentran implicadas, el funcionario universitario se pronunció por el esclarecimiento de los hechos. “Reclamamos el esclarecimiento de ilícitos presupuestales para que la sociedad mexicana tenga la certeza de que las instituciones de educación superior usamos esos recursos con pulcritud y transparencia”, manifestó. Las universidades autónomas de los estados de Morelos, México, Tabasco y Zacatecas son las instituciones que entre 2013 y 2015 participaron en el desvío de recursos públicos con dependencias federales y que hoy atraviesan por una grave crisis financiera.

De acuerdo con el organismo patronal, lejos de mermar sus capacidades, México necesita una CNDH más fuerte. Para eso, acotó, su autonomía constitucional debe ser preservada y ampliada

@gdehoyoswalther Lejos de mermar sus capacidades, México necesita una @CNDH más fuerte. Para eso, su autonomía constitucional debe ser preservada y ampliada. Sobre ello nuestra #SeñalCoparmex de la semana https:// cpmx.me/2KLV4h0 De acuerdo con el organismo patronal, lejos de mermar sus capacidades, México necesita una CNDH más fuerte. Para eso, acotó, su autonomía constitucional debe ser preservada y

ampliada. La Coparmex recordó que tan sólo en el último año, de acuerdo con el Informe anual de la Comisión, las grandes problemáticas en materia de derechos humanos fueron de diversa índole, desde personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, la explotación y el abuso a personas migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, y hasta los ataques y homicidios en

contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. De Hoyos Walther señaló que en cuanto a la recomendación que la CNDH emitió sobre el programa de Estancias Infantiles, ésta evidenció que podría haber afectaciones a padres y madres de familia, niños y niñas, y personas encargadas de las estancias por las modificaciones a las reglas de operación del programa. Atizó: “La presidencia catalogó la recomendación como ‘inaceptable’ y como una ‘vergüenza’, mostrando una postura de intolerancia ante las observaciones que buscan orientar el actuar del gobierno en beneficio de todas las personas, en particular de niñas y niños”. El sector patronal exhortó, ante la inminente renovación de su titular, así como ante los cambios anuales de consejeros, que el Senado elija con base exclusivamente en experiencia probada, profesionalismo, independencia de los poderes y sólida formación en materia de derechos humanos.

Graue demanda esclarecer ilícitos presupuestales en universidades Entrevistado tras la ceremonia de premiación, Enrique Graue hizo un llamado a las autoridades para que investiguen la forma en que se usaron estos recursos, sobre todo, si existen dudas al respecto, a fin de dar certeza a la sociedad. “Es un llamado a todas las autoridades competentes al respecto. Tiene que establecerse quien fue el responsable. Todos los responsables de malos manejos -rectores o quien haya sidodeben ser castigados”, expresó. Durante el acto realizado en el salón Jesús Reyes Heroles del Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, el rector de la Universidad Nacional subrayó la necesidad de una juventud educada con calidad para detonar el futuro del país. Para ello, consideró indispensable contar con una suficiencia presupuestaria que permita a las universidades crecer, innovar, superar brechas y enseñar en ambientes educativos adecuados, y actualizados tecnológicamente. En nombre de las 200 instituciones que integran la ANUIES, Graue reconoció el inmenso valor de investigar y generar nuevos conocimientos, de invertir en ciencia, tecnología e innovación y afirmó que “en esto, en forma

respetuosa, pero decidida, seguiremos insistiendo”. Asimismo, advirtió que las autoridades hacendarias deben encontrar una solución para que los jóvenes ejerzan su derecho de seguir estudiando, y advirtió que no se puede ahorcar financieramente a las instituciones de educación superior. El rector de la UNAM agradeció la distinción realizada por la ANUIES, a la que pertenece desde su fundación hace 70 años. “Lo tomo como un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México que ha acompañado, desde su fundación, a esta asociación. Lo asumo también como un compromiso

con ustedes porque, sin importar la magnitud de los retos, seguiremos trabajando con libertad y firmeza por la educación superior en nuestra nación”, sentenció. El presidente del Consejo Nacional de la ANUIES, Emilio José Baños Ardavín, fue el encargado de entregar el reconocimiento al rector Enrique Graue Wiechers “por su liderazgo como promotor de la universidad pública, su amplia defensa de las prerrogativas y responsabilidades que entraña la autonomía universitaria, su excelente gestión al frente de la máxima casa de estudios y su activa participación en el consejo nacional de la asociación durante el periodo 2015-2019”.


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Iniciativa de Ley General de Educación es “regresiva” y debe ser rechazada “tajantemente”: UNPF De la redacción Ciudad de México (apro)

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a Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió a los legisladores federales “rechazar tajantemente” la iniciativa de Ley General de Educación –presentada el 17 de julio por el grupo parlamentario de Morena–, “por regresiva, estatista, excluyente y atentar contra los derechos de los mexicanos”. En un comunicado, la organización argumentó que la iniciativa es regresiva porque impone condiciones que no se habían registrado hace un siglo; estatista, porque concede privilegios de exclusividad al Estado sobre los contenidos, y además excluye a los padres de familia del derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones. También, abundó, atenta contra los mexicanos porque amenaza con desaparecer los colegios particulares. Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, advirtió que de aprobarse la iniciativa se atentaría contra la libertad educativa, “regresando a los tiempos de hace 40 años”, en los que –subrayó– la educación

Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió a los medios de comunicación no difundir los mensajes de las “narcomantas” que usan los grupos criminales para defender sus propios intereses. “No deja de sorprenderme que (las narcomantas) merezcan un espacio preferente en prácticamente todos los medios de comunicación. Yo hago un llamado a los medios a que nos ayuden a no caer en el juego de la difusión que buscan grupos criminales que actúan solo en defensa de sus propios intereses”, dijo el funcionario federal. Señaló que debido a que los mensajes provienen del crimen organizado, la federación desestima “completamente el contenido de esas mantas, videos, y publicaciones porque no requiere recurrir a ellos como fuente de información. El estado mexicano cuenta con instancias de inteligencia particularmente el Centro Nacional de Inteligencia”. La semana pasada circuló un video que presuntamente grabó el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera El Mencho, en que acusaba al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, de supuestamente traicionarlo y de negociar la

particular era tratada con sospecha y amenazas. Asimismo, mostró su preocupación ante la posibilidad de que la distribución de materiales no aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) quede prohibida, pues “una ley así acabaría con la libertad de enseñanza y la libertad de educación, impuesta por un sistema totalitario”. El presidente de la UNPF aseguró que el proyecto contrasta con las declaraciones emitidas por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes desmintieron las versiones de “que venían leyes que iban a prohibir la educación privada, la educación católica, que se iban a confiscar los bienes de las escuelas, que se iba a prohibir el inglés

en las escuelas”. También contrasta con lo expresado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien –sostuvo– descartó la posibilidad de que los de colegios e institutos pasen a formar parte del Estado, pues refirió que “no existe intención alguna de eliminar las prerrogativas para impartir materias como educación en la fe, entre otras”. García Camarena confió en las palabras de los funcionarios y pidió a los legisladores eliminar “de inmediato” cualquier propuesta de ley que lastime los derechos fundamentales de los padres de familia o el libre y sano desarrollo de los colegios y escuelas particulares para ejercer su labor educativa. De igual manera, advirtió que san-

cionar a los colegios y tener un marco de control curricular definido exclusivamente por la SEP, regular las colegiaturas, pedir informes anuales o someterlos a un régimen de rendición de cuentas, “atenta y desincentiva” la educación privada, que representa más del 10% de la matrícula en educación básica y más del 30% en la Educación Media Superior y Superior. “Se debe desechar toda iniciativa que atente contra la libertad de enseñanza y de educación, y que no permita la participación de los padres de familia en la generación de contenidos, pues ellos tienen el derecho natural de educar a sus propios hijos conforme a sus principios y convicciones”, recalcó. La UNPF hizo un llamado a todos los colegios y escuelas particulares del país para defender juntos el derecho a la libertad de enseñanza y de educación, y configurar las condiciones propicias para ejercer su labor educativa. Finalmente, exhortó a los padres de familia a involucrarse en las escuelas públicas del país “para que la educación popular que reciban sus hijos quede libre de ideologías y responda a los niveles de calidad que los estudiantes mexicanos merecen”.

Durazo a la prensa: no difundan mensajes de mantas y videos de grupos criminales plaza con el Cártel Sinaloa. Al respecto, Durazo dijo que la dependencia determinó, en tres días, que la voz no corresponde a la de El Mencho, como aseguró la periodista Anabel Hernández, en entrevista con Carmen Aristegui. Sin mencionar al CJNG, el secretario de seguridad advirtió que “no vamos a permitir que ningún grupo criminal reivindique para sí, el nombre de una entidad federativa tan importante y relevante como Jalisco”. “Ningún grupo criminal es más fuerte que el estado, y ningún valor es más importante que el de la justicia de derecho que lo vamos a hacer prevalecer en la entidad”. Hace unos días también fue hackeada la cuenta de Twitter de la Fiscalía del Estado, desde la cual se lanzaron amenazas al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo hackeo se replicó con autoridades de otros países de Europa y América Latina. Al preguntarle sobre si el gobierno federal tiene en la mira capturar a El Mencho, Durazo mencionó que la estrategia de seguridad de la actual admi-

nistración no es trabajar “por objetivos, ni por operativos”, sino que la Guardia Nacional se diseñó para laborar en despliegues permanentes. Promete cerrar ciclo de violencia Luego de tomarle protesta a Arturo González García, como nuevo comisario de la Policía Metropolitana de Guadalajara, Durazo Montaño prometió que con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, se cerrará “un ciclo de violencia” en la entidad, provocado por el crimen organizado. “Hoy venimos a Jalisco quienes integramos el gabinete de seguridad (federal) a decirle a la gente del estado que con este trabajo conjunto entre federación, estado y los (nueve) ayuntamientos hoy concertantes, vamos a cerrar este ciclo de violencia que ha vivido por sexenios la entidad”, apuntó Durazo. Por su parte, el general retirado de la Brigada del Estado Mayor, Arturo García anunció que su primer tarea será elaborar el modelo operativo policial, “el cual será diseñado a través de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas externas e internas en materia de

seguridad en el área metropolitana”. Dijo que su propuesta atenderá los “lineamientos del modelo nacional de policía y justicia cívica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Mexicano, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales” y su coordinación con la Guardia Nacional, para prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de inseguridad, y aumentar la confianza en las instituciones de seguridad. El comisario de la Policía Metropolitana tendrá un plazo de 30 días para presentar su plan operativo, financiero y administrativo ante la Junta de Coordinación Política de la Agencia Metropolitana de Seguridad.


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Expertos de la ONU emplazan al gobierno de AMLO a impugnar la “Ley garrote” Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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n grupo de relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada “Ley garrote”, aprobada en Tabasco, al considerar que violenta el derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Fechado el 8 de agosto, el emplazamiento para que el gobierno mexicano se pronuncie en torno a las reformas al Código Penal de Tabasco está contenido en una carta firmada por los relatores especiales de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión de Expresión, David Kaye; sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletosossi Voule, y sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst. Luego de destacar que la respuesta formará parte del informe que presenten al Consejo de Derechos Humanos, los relatores especiales pidieron a López Obrador “proporcionar información relativa a la voluntad del Gobierno de su Excelencia de iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y, en caso de que no exista, explicar por qué y cómo proponen garantizar que la legislación no se aplique en violación de derechos humanos”. En el emplazamiento, los relatores hacen una amplia exposición sobre las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por México en marzo de 1981, y de otros instrumentos internacionales, ante la entrada en vigor del decreto 115 –el pasado 1 de agosto– por el que se modifica el Código Penal de Tabasco y “mediante el cual se estarían penalizando conductas que podrían ser una expresión

De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en su gobierno se viole la laicidad del Estado por tener tres pastores evangélicos que cobran como “Servidores de la nación” de la Secretaría de Bienestar promoviendo programas sociales. Durante su conferencia mañanera de este martes, AMLO dijo que cualquier persona puede trabajar en el gobierno sin importar su religión. “Se puede trabajar en el gobierno teniendo cualquier religión, siempre y cuando no se haga una función que tenga que ver con lo religioso que afecte al estado laico”, señaló. El mandatario dijo lo anterior luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

legítima a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos humanos”. De igual manera, analizan el nuevo tipo penal denominado “impedimento de ejecución de trabajos u obras”, para el que se contempla una punibilidad de 10 a 20 años de prisión y una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el incremento de penas para el delito de “oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas”, y para el de “interrupción o dificultar el servicio público de comunicación”. Desde el punto de vista de los expertos, las disposiciones legislativas serían contrarias a los artículos 19, 21 y 22 del PIDCP, relacionados con la protección a la libertad de expresión y expresión, y a la reunión pacífica y de asociación, en los que se establece que, de haber restricciones a esos derechos, el Estado debe demostrar que tiene la finalidad de “perseguir un fin legítimo y debe cumplir pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad”. Al recordar que en su visita de 2017 a México el relator Michel Forst recomendó evitar legislaciones restrictivas de esos derechos, los relatores especiales enlistan una serie de preocupaciones en torno a la llamada “Ley garrote”, empezando por el corto tiempo en que se concretó, “lo cual impidió llevar a cabo consultas previas” de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales y del público en general. “La gravedad de las consecuencias de una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica exige un

examen exhaustivo y completo. Dichas consultas proporcionan una fuente de información importante que permite a las autoridades tomar en cuenta los efectos que la legislación podría tener en el disfrute de los derechos humanos”, puntualizan los expertos en su carta. Asimismo, resaltan que, de acuerdo al PIDCP, sólo se consideran como “objetivos legítimos” para restringir derechos a libertad de expresión, “el respeto a los derechos o a la reputación de otros”, y en el caso del derecho a reunión, sólo es admisible la restricción por la protección de la seguridad nacional, protección del orden público, protección de la salud y de la moral. Tras señalar que, por lo dispuesto en la reforma legislativa, el objetivo es “reducir la corrupción y la criminalidad relativa a proyectos que ayudarían a aumentar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la inversión privada”, los relatores reconocen como importante sancionar “la extorsión relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras, lo cual contribuiría a garantizar y proteger el orden público”. Sin embargo, llaman a “reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales”, dado que la reforma podría poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica. En su misiva, los relatores exponen lo preocupante que resulta que la reforma penal de Tabasco menciona

sanciones a quienes impidan trabajos u obras por “cualquier medio”, lo que deja abierta la posibilidad a que sea castigado “el derecho a imponer un recurso administrativo contra la decisión de llevar a cabo un trabajo u obra”, al igual que resulta un agravante la presencia de dos o más personas. “El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte para regular la protesta social de una manera general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta 20 años de encarcelamiento, es excesivo”, sostienen los expertos, quienes consideran que, “al ser una restricción tan general, es intrínsecamente desproporcionada y no es lo suficientemente precisa para permitir un análisis individual”. Aunado a ello, alertan que en “comunidades indígenas afectadas por construcciones que no fueron consultadas de manera previa, libre e informada con apego a estándares internacionales, personas defensoras de derechos humanos que desean ejercer su derecho de reunirse pacíficamente para protestar podrían estar sancionadas con penas de prisión”. En ese sentido, los expertos piden al gobierno de López Obrador que exprese si tiene “voluntad” para iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra las reformas legislativas en Tabasco, y, si no es así, explicar cómo va a garantizar que no se violen los derechos humanos. Además, solicitan “proporcionar información y cualquier comentario” sobre el planteamiento hecho en la carta, así como referir las medidas “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones federales o estatales adoptadas, respeten el derecho y los estándares internacionales de los derechos humanos”. Luego de manifestar que toda respuesta que envíe el gobierno mexicano se hará pública en el sitio web, en un plazo de 48 horas, anunciaron que también será parte de informe que presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos.

AMLO rechaza violación de laicidad por tener a evangélicos como “Servidores de la nación” revelara que Josué Farela Pacheco, hijo de Arturo Farela, líder y fundador de la asociación evangélica Confraternice, es coordinador regional del programa “Servidores de la nación” de la Secretaría de Bienestar -antes Sedesol- en donde cobra 73 mil pesos brutos. Además de ese puesto, Farela Pacheco, quien en sus redes sociales difunde su trabajo religioso por el país al tiempo que publica fotos de eventos públicos del presidente López Obrador, es asesor jurídico de la organización fundada por su padre. Además de Farela Pacheco, el pastor y miembro del consejo de Confraternice, Roberto Vital Pineda, y Ricardo Camarero Salcedo, conocido como Pastor Rick e

hijo del también líder de la misma organización, Ricardo Camarero Viniegra, perciben sueldos de 10 mil 217 pesos brutos como servidores de la nación. Tras la publicación de MCCI, Arturo Farela dijo que su hijo fue invitado a participar en la Secretaría de Bienestar por su trabajo humanitario y no como ministro de culto. Asimismo, afirmó que Camarero Salcedo y Vital Pineda renunciaron a los cargos de la Secretaría de Bienestar a principios de agosto. No obstante, ambos personajes aún aparecen en la nómina de “Servidores de la nación”. En los casi nueve meses del actual gobierno, Arturo Farela se ha reunido

o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador por lo menos en seis ocasiones, en dos de las cuales su hijo aparece en las fotografías. Cabe destacar, la organización Confraternice hizo un acuerdo con el gobierno lopezobradorista para repartir la llamada “Cartilla moral” en sus cerca de siete mil templos.


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Samantha Páez Guzmán, corresponsal Puebla, Pue. (Cimacnoticias)

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ientos de mujeres se congregaron el viernes 16 de agosto en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, ubicada en el bulevar Héroes de 5 del Mayo. Con brillantina, pintura y mucha rabia exigieron justicia por los casos de violencia sexual, las desapariciones y los casos de feminicidio que se han quedado impunes en el estado. Después, un grupo más reducido se dirigió a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, en la calle 10 Oriente 414, donde denunciaron la falta de perspectiva de género de los agentes del Ministerio Público, la negativa a dictar órdenes de protección a las víctimas de violencia y la dilación en las investigaciones. De esta forma las poblanas se sumaron a la movilización nacional convocada después de la violación sexual de una menor de edad por cuatro policías en la Ciudad de México, y cuya investigación se vería comprometida por la filtración de datos por parte de la Procuraduría capitalina. También como una respuesta a la apertura de carpetas de investigación contra las feministas que irrumpieron la misma semana en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) y arrojaron brillantina al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

DIGAN RABIA Al filo de las 16:00 horas del viernes 16 de agosto, unas 300 mujeres arribaron a la Fiscalía de Puebla. En

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Varias colectivas de feministas de otros países han puesto atención sobre las protestas de mujeres en la Ciudad de México y las reacciones a ellas, en las redes sociales con el hashtag #AmamosLaFuriaMexicana, han respaldado la manifestación del viernes 16 de agosto por las violaciones sexuales cometidas por policías del gobierno. Desde España el colectivo “Mujeres por la abolición” elaboró una imagen en la que se lee: ‘Mientras no nos escuchen, que se rompa lo que se tenga que romper, que se queme lo que se tenga que quemar”. Mujeres por la abolición Cataluña escribió en su página Facebook: “Las hermanas mexicanas se juegan la vida, literalmente. Las violan y las matan a diario y si protestan, las criminalizan y persiguen. El país con las más altas tasas de feminicidios, también es el primer país en distribución de pornografía infantil.” En la red social Twitter, la plataforma abolicionista expresó su “solidaridad con nuestras hermanas mexicanas ¡Somos un sólo latido!”, mientras que el proyecto Equo en la región de

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Protestan con brillantina ante la impunidad en Puebla en sus propias casas. “Las mujeres estamos hartas de ser humilladas, menospreciadas y violentadas por cuanto hombre o institución se le plazca. Por eso estamos aquí, para gritarle al mundo que no permitiremos una agresión más en nuestra contra”, fue parte del mensaje que dio la colectiva. Las Hijas de Xochiquetzalli terminaron con un grito de: ¡Justicia!.

DENUNCIAN FALLAS

redes sociales y en mensajes telefónicos se pidió a las asistentes que fueran vestidas de negro, que se cubrieran el rostro y que no llevaran mochilas grandes de las que las pudieran jalar, en caso de una probable detención. Para evitar que se infiltraran personas ajenas al movimiento, contingente formó un círculo alrededor de las mujeres que arrojaron brillantina e hicieron pintas en el edificio de la Fiscalía. Las manifestantes mostraron su coraje y su rechazo a la violencia policiaca pintando e interviniendo una patrulla de tránsito municipal, pues lo casos de violación por policías no son únicos en la Ciudad de México, a finales de enero de este año en Puebla un policía muni-

cipal violó a una joven. La víctima y sus amistades estaban bebiendo en la vía pública, cuando fueron detectados por policías municipales. Los agentes aceptaron que les hicieran un pago para no remitirlos al juzgado calificador, para lo cual se trasladarían a un domicilio por el dinero. A ella un agente la subió a otra patrulla y la abusó sexualmente. Actualmente el policía se encuentra detenido y enfrentará cargos por violación; mientras que sus compañeros lo harán por cohecho. La colectiva Hijas de Xochiquetzalli leyó un pronunciamiento, en el cual señalaron que las mujeres en Puebla, México y el mundo viven con temor de ser violentadas en las calles, en las escuelas, en los trabajos y hasta

Después de las 18:00 horas, las feministas impidieron que se cerraran las puertas de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y desde el interior del recito la organización civil “El Taller” dio un mensaje. “Se necesita mucho valor para denunciar una agresión sexual y el procedimiento es duro, es revictimizante. Al hacer público el caso, la víctima no sólo se enfrenta a la descalificación de las autoridades, sino también al escarnio de la sociedad (…) Ésta y otras instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres han sido ineficaces y han carecido de perspectiva de género”, dijo la vocera de la agrupación. Las feministas tocaron tambores, gritaron consignas e invitaron a quienes transitaban por la calle a solidarizarse, porque los crímenes contra las mujeres afectan a toda la sociedad, señalaron.

“Amamos la furia mexicana”: respaldo internacional a mujeres que marcharon en CDMX Murcia también en España demostró su apoyo. En tanto en América Latina la colectiva Feminismo Bolivia siguió muy de cerca la reunión que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo con feministas y activistas el domingo 18 de agosto después de la manifestación. “Las compañeras mejicanas fueron liberadas de acusaciones, se verificará si los casos de violencia contra periodistas fueron iniciados por hombres infiltrados, nadie levantará cargos contra la movilización de protesta (…) Y no lo lograron ni calladitas ni obedientes ni sumisas!”, celebraron en un mensaje en Facebook. Al mismo tiempo, el grupo publicó el análisis de un compañero: “Ninguno de ustedes, tibios pusilánimes, ha logrado nada parecido en tan corto tiempo. Funcionaron los cristales rotos. Sí fue la forma correcta”, refirió ante los cuestionamientos de los métodos de protesta y pintas a los monumentos históricos de la ciudad.

Desde Perú, la colectiva Feminista Universitaria en Arequipa, Ankalli Kallpa, compartió el hashtag #AmamosLaFuriaMexicana, mientras el Frente Feminista Radical Perú sostuvo en Twitter que “La furia de nuestras hermanas mexicanas es también la nuestra”. Desde Mar del Plata, Argentina, el grupo Libre diversidad compartió la consigna “No nos cuidan, nos violan. Me cuidan mis hermanas.” Además de las redes sociales que han servido para que mujeres del mundo respalden a las mexicanas, la protesta social del viernes en la capital del país, no sólo acaparó los titulares de los periódicos nacionales, también atrajo la mira de los medios internacionales quienes han reportado las violaciones sexuales perpetradas por policías de la urbe. Cabe recordar que el movimiento #NoMeCuidanMeViolan se dio por la presunta violación sexual de una adolescente de 17 años, cometida por cuatro policías, el 3 de agosto en la colonia San Sebastián, en la alcaldía

Azcapotzalco. Así como otros dos casos; uno ocurrió el 8 de agosto cuando un elemento de la Policía Bancaria e Industrial fue acusado de violar a una adolescente de 16 años en el Museo de Archivo de la Fotografía, localizado en el Centro Histórico de la capital; y el del 10 de julio, cuando dos policías fueron detenidos acusados de violar a una mujer en situación de calle en un hotel de la colonia Tabacalera, también en la alcaldía Cuauhtémoc.


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LA SENTENCIA A FAVOR DE BUITRAGO QUE EXHIBE A LOS ENEMIGOS DEL GIEI Rafael Croda

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COLUMNA / EJE SUR

a exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hoy colabora con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, acaba de ganar en su país un caso judicial que deja muy mal parados a ciertos personajes de la ultraderecha mexicana y a ciertos defensores de la “verdad histórica” de la Noche de Iguala. Y es que, en una sentencia conocida este mes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió precluir (extinguir la acción penal por ausencia de mérito) una causa que el coronel Alfonso Plazas Vega, un aliado del ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, había presentado contra Buitrago por supuestamente haberle inventado pruebas para incriminarlo en una causa de desaparición forzada. Plazas Vega pasó siete años en prisión como responsable por la desaparición de personas en el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, que él comandó, pero el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto. Al día siguiente de su liberación, el militar viajó a México y fue presentado por el ultraconservador abogado José Antonio Ortega, quien dirige el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como una víctima de Buitrago, a quien llamó “mentirosa, prevaricadora, criminal”. Esas acusaciones se produjeron en el marco de una campaña de desprestigio contra el GIEI, y en especial contra Buitrago, la cual se desató luego de que la exfiscal y sus colegas pidieran al Ejército mexicano proporcionar la información que tenía sobre la Noche de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De esa campaña hicieron eco varios medios y columnistas mexicanos que reprodujeron, sin verificar, las acusaciones de Ortega –un admirador del expresidente Uribe que presentó a Buitrago como enemiga de los militares– y del propio Plazas Vega. En las “conferencias” y entrevistas que concedió Plazas Vega a varios medios de comunicación en México, dijo que Buitrago “fabricó” un testimonio que resultaría determinante en el juicio contra el militar, en el cual fue hallado culpable de desaparición forzada.

Por su propio peso

Buitrago, una doctora en derecho que goza de prestigio en los

círculos judiciales y académicos de Colombia, está habituada a las campañas en su contra. La década pasada, cuando como fiscal tuvo la valentía de llevar a juicio a militares responsables de la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el centro de Bogotá, supo lo que era tocar intereses que por lo regular nadie toca. Generales del Ejército la acusaron de buscar el desprestigio de la institución, la derecha colombiana la tildó de “comunista” y el entonces presidente Uribe deploró en forma pública su actuación como fiscal. Las investigaciones de Buitrago llevaron a la cárcel al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega por la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la operación militar para retomar el recinto, que había sido asaltado por un comando de la guerrilla del M-19, y de las cuales nunca se volvió a saber su paradero. Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión. Y en 2010, Plazas Vega recibió una condena a 30 años de cárcel. La sentencia contra Plazas Vega fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, pero el coronel, a quien Uribe, el presidente de la época, y otros prominentes dirigentes de la extrema derecha colombiana defendieron al considerar que sólo cumplía con su deber y que el militar era víctima de un “complot del comunismo”. El diciembre de 2015, en una decisión que tres magistrados se abstuvieron de respaldar, la Corte Suprema de Justicia consideró insuficientes las pruebas contra Plazas Vega y ordenó su liberación. El tribunal nunca determinó que el militar era inocente de los cargos de desaparición forzada. Sólo consideró que las evidencias en su contra no eran lo suficientemente contundentes. Pero en ese proceso judicial había una sentencia pendiente sobre una demanda que había presentado el coronel contra Buitrago poco después de que fuera condenado a 30 años de prisión. En esa acusación, el militar y

su abogado Jaime Granados –un costoso penalista muy cercano al expresidente Uribe– señalaron que, durante la investigación en su contra, Buitrago había incurrido en prevaricato (actuación de un funcionario público contraria a la ley), fraude procesal (inducir a error a un juez para obtener una sentencia) y falsedad ideológica (falsear un documento probatorio). Pero una decisión adoptada el pasado 24 de julio y conocida el pasado 8 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le dio la razón a Buitrago y declaró la preclusión del caso, lo que significa dar por concluido el procedimiento por falta de mérito. Con esta resolución, el máximo tribunal de Colombia desacredita la reiterada acusación de Plazas Vega de que Buitrago lo llevó a juicio con un testimonio falso y prefabricado. Y descredita, de paso, a quienes se hicieron eco de esa imputación, como el abogado mexicano José Antonio Ortega. Buitrago considera que los medios de comunicación mexicanos que aceptaron como verdad las acusaciones de Plazas Vega deberían, al menos, darle a ella los mismos espacios que le dieron al militar para defenderse de los infundios y explicar el fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia. La exfiscal y actual coadyuvante en la nueva investigación del caso Ayotzinapa, que desarrolla la fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo, destaca que la decisión del tribunal fue “categórica” al señalar que no cometió ninguna conducta ilícita y que se probó que el presunto testimonio “fabricado” sí existió. “La verdad siempre sale a flote”, dice a Proceso la exintegrante del GIEI. Y señala que algunos de los que siguen defendiendo en México la “insostenible verdad histórica” que construyó la PGR de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón sobre el caso Ayotzinapa, son los mismos que dieron total credibilidad a las acusaciones del coronel Plazas Vega. A principios de 2016, en plena campaña contra el GIEI, José Antonio Ortega acusó al GIEI de responder a una agenda de “radicales

de izquierda” en el portal del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ortega era amigo del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado en la Ciudad de México el 20 de abril de 2012, y fue abogado del también general retirado Tomás Ángeles Dauahare cuando este permaneció 11 meses detenido por presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva. Es decir, era un hombre muy cercano a la cúpula militar de esa época y es un rabioso opositor a la despenalización del aborto y del consumo de mariguana La campaña de desprestigio contra el GIEI comenzó tras la presentación del primer informe de ese grupo sobre el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2015. Ese reporte refutó, por inconsistente, la investigación que había realizado hasta entonces la PGR, y señaló la importancia de entrevistar a los militares del Batallón 27 de Iguala que habían sido testigos o tuvieron conocimiento pormenorizado de la violenta acción contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El año pasado, Buitrago ya había sido favorecida con un fallo que echaba por tierra varias de las acusaciones que le hicieron sus enemigos, y los del GIEI, durante su estancia en México. El mayo de 2018, un juzgado penal de Bogotá condenó a 20 meses de prisión por los delitos de injuria y calumnia al ultraderechista bloguero colombiano Ricardo Puentes, quien acusó a Buitrago de prevaricato y de usar falsos testigos cuando ella era fiscal, en 2010. La sentencia contra Puentes sostiene que las afirmaciones que el bloguero hizo contra Buitrago “no se basan en pruebas o evidencias y, por consiguiente, son totalmente falsas”. Buitrago recuerda que algunas de las afirmaciones de Puentes, al igual que las de Plazas Vega, fueron usadas para atacarla en medios mexicanos. Considera que las decisiones judiciales que dejan al descubierto los “infundios” de Plazas Vega y Puentes en su contra le hacen justicia por partida doble. Por un lado, afirma, desacreditan la campaña de desprestigio que desató en su contra la ultraderecha colombiana y, por otro, aunque no tienen efecto legal en México, “exhiben las falsedades” que personajes como Ortega y algunos medios publicaron contra ella “para intentar desprestigiar la investigación del GIEI” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DE TABASCO: ¡AY DE LOS VENCIDOS! Elisur Arteaga Nava

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as autoridades estatales “se han curado en salud”. Anticipándose a los problemas que pudiera traer aparejado el descontento popular por la realización de algunas obras públicas, modificaron el Código Penal del Estado de Tabasco. Pretendieron crear nuevos tipos penales pero no lo lograron, sólo les alcanzó para incorporar fórmulas arbitrarias y discrecionales, algo ajeno a ese tipo de normas. Se incorporaron o modificaron los artículos 196 bis, 299, 306, 308 y 308 bis del Código Penal local; de ellos, por ser un ejemplo de mal oficio legislativo, sólo haré referencia a cuatro (196 bis, 299, 308 y 308 bis): “Artículo 196 bis. Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.” “Artículo 299. Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que se hace mención el párrafo anterior.” “Artículo 308. Se aplicará prisión de uno a ocho años y multa de ochenta o doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación;

“I. Obstaculizando alguna vía local de comunicación;”

“Artículo 308 bis. Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. “La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.” En principio, en derecho constitucional el término “facultad” únicamente es atribuible a un poder público; ciertamente es frecuente que quienes escriben de derecho, en forma impropia, hagan extensible el uso del concepto a otro tipo de autoridades. De esa manera se habla de que un presidente municipal o un policía tiene facultad para hacer tal o cual cosa. Los particulares, frente al Estado, tenemos derechos, libertades y obligaciones. En su actuación no tenemos facultades ni atribuciones; éstas son propias de las autoridades que no tienen el rango de poder público. Por la deficiente redacción de los nuevos preceptos, se castigará por igual a quien en forma deliberada impida el libre tránsito de personas, como a aquel que lo haga accidentalmente; de esa manera incurrirá en el supuesto previsto en el Código Penal tanto quien por

un accidente o descompostura de su automóvil impida parcialmente el paso de personas y vehículos, como quienes lo hagan deliberadamente. La situación del presunto delincuente se agravará cuando en el automóvil descompuesto tenga la desgracia de llevar a su familia. En este caso, como se dice ahora, “no se la va a acabar”. Para los efectos penales, obstaculizar el libre tránsito debería ser un acto deliberado, no involuntario o accidental. Quienes salen de una iglesia o de una escuela, necesariamente –de forma transitoria– impiden el libre tránsito de personas y vehículos. Ese simple hecho, de aplicarse en forma estricta los preceptos, pudiera dar lugar a que quienes involuntariamente obstruyan la circulación sean llevados a juicio con el riesgo de que se les impongan como pena de seis a 13 años de prisión. A partir de la entrada en vigor de esos preceptos, los sacerdotes, ministros de culto y el personal docente deberán organizar las salidas de los templos o escuelas de forma ordenada y escalonada. Con mayor razón deberán hacerlo tomando en consideración que quienes salen de las iglesias y escuelas lo hacen acompañados de menores de edad. Lo mismo pudiera pasar con la salida de los cines, teatros y centros recreativos. Los preceptos, dada su redacción, son más propios de un Estado totalitario que de una sociedad libre y democrática. A principios del siglo XX en la Rusia zarista los comunistas organizaron huelgas y paros con el fin de debilitar a las autoridades imperiales y a los industriales que las apoyaban. Tan pronto accedieron al poder, con el pretexto de que los obreros y campesinos habían accedido a éste y de que ellos eran los

patrones, prohibieron las huelgas y paros; castigaron con la pena de muerte a quienes los promovieran. Con las reformas al Código Penal de Tabasco hay algo que me recuerda ese pasaje de la historia. Nosotros, los que luchamos para que Morena y su líder llegaran al poder, tuvimos como forma de lucha los paros, el cierre de calles, carreteras y otras acciones. En su oportunidad cuestionamos a las autoridades o nos enfrentábamos a ellas. Intentamos que un presidente electo, a quien calificamos de espurio, no tomara posesión; para ese efecto bloqueamos calles y accesos. Ya olvidamos que tomamos Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo para protestar por el fraude electoral. Dado que en las manifestaciones multitudinarias de 2006, con las que impedíamos el libre tránsito de personas y vehículos, llevábamos a nuestros hijos menores de edad, de haber existido una norma parecida habríamos salido de la cárcel apenas este año de 2019. Nuestros adversarios políticos fueron menos perversos y más benignos. Fuimos afortunados. A los legisladores de Morena en Tabasco les falta dar un paso: crear tipos penales por virtud de los cuales se impidan las manifestaciones, salvo aquellas que sean de apoyo al gobierno. De prosperar ese intento de coartar las libertades en el nivel local, no sería remoto que el ejemplo cunda en otros estados y que, finalmente, se imponga en el nivel federal como regla general. Debemos impedirlo. Como dijo el jefe galo a los romanos: “Vae victis” (¡Ay de los vencidos!) No me gustaría ser oposición en tiempos de la Cuarta Transformación.


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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Línea directa con el presidente

S

i alguien podía decir que tenía línea directa con el presidente de México esa era la maestra Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por algo las leyendas que la encumbraron aún la persiguen. Fueron años que la vimos caminar altiva y cobijada por los sexenios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del propio Partido Acción Nacional (PAN) y la alternancia. Sin embargo, eso no valió cuando el Estado consideró que se estaba saliendo de la “tangente”. Porque, nos guste o no, nada ni nadie se mueve fuera de sistema. Por ello me llama la atención que algunos docentes hagan énfasis en el tema del profesor Pedro Gómez Bámaca, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, y digan que se debe tener cuidado con él porque “tiene línea directa con el presidente” Andrés Manuel López Obrador. De entrada me pregunto, ¿qué significado tiene eso? Tener línea directa con el presidente, pienso, es poder llamarle por cualquier motivo, a cualquier hora. Dicen que Elba lo hacía. También Pablo Escobar lo hizo en Colombia y El Chapo en México. Pienso en tomar el teléfono y, con el ceño fruncido, buscar el contacto. Marcar. Escuchar uno o dos timbres, tal vez tres o cuatro por si está algo ocupado, y recibir respuesta. Tutear. Acusar. Señalar. Acordar. Recibir respuesta. Sonreír triunfante. Colgar. Sí.

Asunto arreglado. Digo, si la línea que dicen (existe) es la de la impunidad y la sobreprotección, caramba, entonces apúntele una equis a mi absurdo de estar equivocado y súmenle puntos y fecha de caducidad, porque es así. De lo contrario, pregúntese ¿qué es tener línea y a qué se refieren cuando lo usan de argumento? Porque si algo nos ha enseñado la historia es que hay una línea demasiado delgada entre lo que se dice y lo que realmente es. Una línea que se repite y se repite en lo cíclico que termina siendo todo. O casi todo. Tener línea directa puede ser, incluso, la forma más fácil de sacar un boleto a un lugar no deseado. Y es que algo ha pasado ahora con el papel que desempeña Gómez Bámaca y que ondea la bandera del desencanto, incluso, lo digo con conocimiento de causa, dentro de las mismas bases (muchos casos hay) que están cansadas del comportamiento y su dirigente que sigue cometiendo errores. Quizá, me atrevo a decir, lo hace bajo esa presunción del “tener línea”. Puede ser y aunque no lo sé de cierto, todo indica que es así. Él mismo debe saber que los errores pesan y se pagan muy caro. Así pasa con la deslealtad también. “Tener línea”, entonces, no es un derecho a sentirse intocable, a manejarse fuera de la ley y menos a estar escudado bajo el sindicalismo que debería ocuparse en la defensa real de los trabajadores del magisterio y no en intereses aviesos y personales. Bámaca sabe que sus tiempos

de bonanza acabaron. Cuando dice que el malestar es que “no se les ha tomado en cuenta en algunas decisiones como el proceso de cambios de adscripción y de ascensos”, lo que quiere decir es que les quitaron una jugosa negociación que le dejaba buenos pesos a él y sus secuaces. Siempre voy a estar del lado de los maestros en la lucha. Siempre voy a replicar el eco de sus voces y defenderé sus derechos, y les daré espacio porque es una de las profesiones más nobles que existen. Los admiro. Pero creo que Bámaca perdió el rumbo desde hace mucho y se quedó enclavado en un discurso viejo. Es inadmisible que mientras se convoque a un Pacto por la Educación desde el proyecto de la nueva escuela mexicana, desde la parte oficial a la que se suma la sociedad civil, sí, a Bámaca se le ocurra apostar a lo mismo de siempre, a lo predecible, lo fácil y responder con un paro de labores y romper con el inicio del ciclo escolar. Grave error. Lo repito, se está equivocando. Sobre todo porque la sociedad responde con animadversión a cada llamado del líder de la Sección 7 que no acaba de entender que se encuentra en un punto de quiebre. Tuvo su clímax en aquella multitudinaria marcha en donde los padres de familia se sumaron, en donde el pueblo estaba dispuesto a todo y lo tiró por la borda. Hoy, ojo, es distinto. Una mirada al pasado, a la historia inmediata, le permitiría ver el significado de “tener línea” cuando del sistema se trata. Que no olvide que Elba tuvo línea y

Rosario Robles también. Lo dicho, dicho está. #MANJAR.- Gobernar un municipio conlleva una gran responsabilidad. Es algo que sabemos todos y que incluso el abuelo de Peter Parker le dijo, con otras palabras, antes de morir. Por eso llama la atención que pese a que son reiterados los señalamientos al ayuntamiento de Ocozocoautla y a su presidente Alfonso Estrada, quien sigue con la bandera de la cerrazón y los oídos sordos, y rodeado de aduladores que en nada le están ayudando, se niegue a trabajar bien, sin cortapisas. Ojalá las cosas cambien por el bien de los coitecos. No merecen más gobiernos frívolos e inoperantes. Por cierto, ya les contaré en breve sobre las aspiraciones de la “primera dama” (así le gusta que le digan) y del partido que dicen los cobijará, luego de que el sol azteca los deje huérfanos por traidores. #SeValeSoñar // “El lenguaje es, como saben, el murmullo de todo lo que se pronuncia, y es al mismo tiempo ese sistema transparente que hace que, cuando hablamos, se nos comprenda; en pocas palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de las hablas acumuladas en la historia y además el sistema mismo de la lengua”. Michel Foucault. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Itinerario de Octavio Paz y el disco de Here Comes the Sun de Nina Simone. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.


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CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE Guillermo J. R. Garduño Valero

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o hay día que no se llegue, ni deuda que no se pague, según reza el viejo refrán español. En efecto, la cita con el crecimiento de la población, la elevación de la esperanza de vida al nacimiento y la nueva dinámica laboral hoy concurren y coinciden sobre nuestras vidas y reclaman ya de respuestas en el presente, pues la cita ha llegado y es el momento de enfrentar una realidad que por décadas se había planteado como un futuro, pero que hoy es presente y corresponde al porvenir de los millones de ancianos que hoy en día saben que vivirán más que sus padres y por tanto tendrán que reconocer que no podrán vivir sus últimos días con su descendencia, sino que deberán asumir una autonomía y asistencia pública para lo cual requieren recursos de todo tipo. En México al igual que en el mundo esta preocupación existe para lo cual hay en México al menos cuatro propuestas: la que proporciona el IMSS para los trabajadores asalariados; la del ISSSTE para los trabajadores del Estado a nivel federal; los sistemas de pensiones estatales y municipales y los que corresponden a empresas del Estado y por último el programa de asistencia para adultos mayores. Ahora bien, el costo para la federación del IMSS y el ISSSTE ha llegado ya para este año a una cifra estimada en poco más de un billón de pesos, que es el equivalente a casi el 20 % el presupuesto nacional y si a esta cifra le añadimos los 150,606 millones de pesos para el programa de pensiones para adultos mayores tendremos un panorama de necesidades crecientes y recursos limitados, lo cual vuelve esta situación explosiva en medio de una enorme desigualdad. En efecto, cuando en 1942 se creó el IMSS la resistencia patronal e incluso de los sindicatos fue enorme, sin embargo los hechos

hablaron, pues entonces se requerían 25 años de trabajo para obtener la jubilación, pero la esperanza de vida oscilaba entre 30 a 35 años por lo que la posibilidad de jubilación se veía como algo lejano e inalcanzable. Sin embargo, el auge de la posguerra, la etapa del desarrollismo crearon nuevas expectativas y la esperanza de vida se incrementó, junto a un esquema de prestaciones sociales y de atención medica desde el nacimiento, no hablamos de un sistema perfecto, pero si de una serie de factores que contribuyeron, sin lugar a dudas, a crear modificaciones estructurales que coincidieron en su tiempo con el crecimiento urbano y la industrialización de país lo que se reflejó también en su crecimiento demográfico y su esperanza de vida. Para los años 70´s el país encontró la necesidad de romper con la vieja política del llamado desarrollo estabilizador, pues pese al evidente crecimiento económico no había condiciones para crear mecanismos de redistribución de la riqueza, lo que sin duda modificó las políticas estatales, proyectando formulas populistas que en su tiempo cubrieron al menos las presiones de la población. Es en ese tiempo en que se auguraban ya las proyecciones del Club de Roma en torno a lo que después seria la visión de un futuro apocalíptico resultado de la destrucción irreversible del ambiente y de un crecimiento desordenado y concentrador del ingreso en muy pocas manos. Pasada la década de los años 70´s con su crisis de energéticos, crecimiento de población y la petrolización de la economía que nos auguraba la administración de la abundancia y su posterior crisis, el problema de la jubilación fue encarada desde 1973 con la reforma a la ley de pensiones bajo un enfoque que reconocía 500 semanas de trabajo y un sistema de subsidios

que permitía la jubilación y el apoyo vitalicio, más allá del tiempo de las cotizaciones del trabajador, pero que fueron desestimadas al no reconocer la tendencia hacia una esperanza de vida más allá de los 50 años. El problema comienza a volverse crítico a fines del siglo pasado y es en 1997 cuando se modifica el sistema de pensiones y se introduce el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con lo cual el Estado se libera de los subsidios y generó un sistema de cuentas individuales privatizándolo mediante el sistema AFORES para su administración. Sin embargo, estas acciones no resolvieron el problema de fondo que subsiste en todo el mundo: el de garantizar la existencia de un fondo de respaldo donde las nuevas generaciones continuaran aportando y de esta manera el sistema se mantuviera en equilibrio y con suficiencia de recursos. Un nuevo problema ha emergido y es la modificación de los sistemas de trabajo con el predominio de la automatización en todos los sectores y por tanto con la descalificación de los sistemas de trabajo tradicionales, junto con la emergencia de nuevas actividades que día con día prescinden de la mano de obra anterior integrada por los viejos oficios que ya no encuentran demanda en el actual mercado de trabajo. Sin embargo el problema es que en la mentalidad gubernamental sigue dominando el viejo esquema y se pretenden seguir manteniendo las viejas promesas del llamado Estado del bienestar propios de los años 60´s, hoy insostenibles. Al problema anterior se une el hecho de que el modelo educativo sigue de cara al pasado en medio de una revolución científico técnica que desplaza saberes, anula la experiencia y la sustituye con propuestas tecnológicas innovadoras que reclaman educación perma-

nente para su adecuada aplicación y desplazamiento de los medios de producción que son sustituidos por nuevos reclamos del mercado que ya no puede operar en los estrechos marcos de las economías nacionales, sino que inevitablemente tienen como referencia el de la economía mundial hoy flagelada por la existencia de bloques económicos irreconciliables. El punto de más critico desde un ángulo cuantitativo sigue siendo el de la mayoría de la población que muestra en el mundo baja escolaridad; con lo que queda descalificada para las nuevas actividades con usos tecnológicos complejos y en permanente actualización; para lo cual el nuevo régimen ha creado dos programas, el de adultos mayores para la población mayor de 68 años y el conocido como programa de ninis que pretende integrar como mano de obra a personas descalificadas y sin experiencia y preparación suficientes a nivel empírico, tal como se hacia en siglos anteriores en los viejos gremios artesanales hoy en extinción. Lo cual lejos de alentar una alternativa frente al futuro, muestra su debilidad de origen al pretender restaurar un mundo ajeno a la modernidad y sobre todo sin un fondo de respaldo para garantizarlo en el futuro. No cabe duda que el porvenir nos alcanzó pero la mentalidad anterior se mantiene aferrada: los jóvenes no piensan que algún día llegarán a viejos y piensan heredar los bienes de los padres sin construir los propios; los viejos no tienen idea del mundo en que viven y se refugian en el pasado; los adultos evaden su realidad, que tarde o temprano les llegará y una situación es real el ser humano sin distinción de genero ignora en el presente la visión del mundo que hoy les rodea y se vuelve por tanto ajeno al mismo, pues mira en el otro una realidad ajena y no el reflejo de su propia existencia.


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H

oy 21 de agosto se cumple un mes de uno de los casos más aberrantes perpetrados por el gobierno local de caricatura, adherido a la 4ª Transformación, la injusta y censurable detención del luchador social Horacio Culebro Borrayas y recluido de manera absurda en el penal El Amate. Esa es la nueva cultura judicial puesta en práctica en el estado, poner a su servicio, intereses y disposición para con toda la impunidad y corrupción que según el presidente López Obrador “pasó a mejor vida”. Las fuerza del estado, todo el poder en contra los ciudadanos que buscan nuevos horizontes para Chiapas, secuestrado desde hace 19 años por los gobernadores más corruptos que para mala fortuna del estado, se vinieron a recrear con los recursos públicos a sus familias, funcionarios y amigos. El caso del defensor de los derechos humanos y activista político de Horacio Culebro Borrayas ha aboyado la corona del actual gobierno, porque se sabe que es un abuso de poder, contra un ciudadano que dio satisfacciones a políticos como es el caso del también ladrón, el ex gobernador y senador con licencia, Manuel Velasco Coello, quien agradeció en su oportunidad al hoy preso político, por haber denunciado al también saqueador de los recursos de los chiapanecos, Juan Sabines Guerrero de pretender extender su mandato, como hoy quiere Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Pues bien el “Estado de Chueco” comandado por la banda de facinerosos de la 4ª encabezados por –como lo denunció en su oportunidad Horacio Culebro-, Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno; Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado y Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal de Justicia, no sirven al nuevo gobierno, sino a intereses aviesos, sino a emisarios del pasado que no obstante de haberse servido del estado pretenden volver para seguir corrompiéndose, como lo es Juan José Sabines Guerrero. Los delitos falsos inventados por esta tercia de reyes no han cuajado, es decir no han surtido efecto pues las inconsistencias en el caso que el juez no valoró, hacen que Horacio Culebro esté más cerca de ser libertado, pues tenerlo encerrado representa para el gobierno una “bola de nieve”, que con el apoyo de organismos defensores de derechos humanos, los efectos se le pueden revertir. Además surge otro actor que mostró el cobre, su incapacidad y su novatez, como el consejero jurídico del estado, César Amín Tejada, quien para afianzar el encierro de su víctima intentó sembrar en la casa de este un cadáver, hecho que no fue consumado por el jalón de orejas que le dio su jefe por no poder hacer las cosas “dentro de la ley”.

Miércoles 21 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA

nismo zapatista ha crecido y se han hecho más fuertes”.

Del Montón Leonel Durante López

• Los lacayos del “Estado de Chueco”, no pueden con Borrayas • El Congreso local sin ninguna calidad oral para seleccionar al SAE • En 2019, regresa el EZLN con más fuerza Es lamentable que el poder del estado se utilice en contra luchadores sociales, que representan una “piedra en el zapato” para este gobierno, que no quiere someterse al cambio de la 4T y citando a López Obrador, son conservadores, neoliberales que quieren vivir como en el pasado, en el “estado de chueco”.

Sistema Anticorrupción una comparsa del estado

Según la Comisión de Vigilancia del Congreso local será la encargada de integrar a los elementos que formarán parte del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. Según las malas lenguas, los diputados locales no tienen calidad moral para seleccionar a la comisión que se espera sea una comparsa del gobierno, que sirva al poder menos a la Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, pues conociendo sus antecedentes y de cómo fueron elegidos para ocupar el cargo de “representantes populares”, a lo mucho que pueden participar en un desfile de modas, pues hasta ahora, la actual legislatura se ha destacado por ser la de más opacidad y arribista al poder ejecutivo. De tal suerte, podemos adelantar que los elegidos a representar a ese nuevo órgano anticorrupción estarán plagado de cuates, amigos, amigas cómplices del poder, que servirán a este, menos a la ciudadanía. Porque digo lo anterior, simple y sencillamente porque no hay poder legislativos en los estados del país, menos en Chiapas, ya conocemos su historia, es decir, no hay contrapesos, no hay división de poderes, sabemos que los diputados, todos, veneran al ejecutivo. Para acabar pronto, la comedia representada por la actriz y presidenta de la Comisión de Vigilancia, Ana Laura Romero Basurto, es totalmente una farsa, pues la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, es una falacia que para todo servirá, menos para el combate a la corrupción. ¡O no!

Acepta AMLO la expansión de los territorios zapatistas

En la última semana varios comunicados del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional reafirma la posición crítica del EZLN hacia

el gobierno de la 4T, que van a la yugular de los programas y megaproyectos y políticas que pretende imponer en la región el presidente López Obrador. El fondo de los últimos comunicados el subcomandante insurgente Moisés dio a conocer el importante avance organizativo del EZLN, al señalar los nuevos centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista. En la mayoría de los casos, estos centros serán también sede de caracoles, juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez). Ahora serán 12 caracoles con sus juntas de buen gobierno”. Los municipios oficiales de Chiapas con nuevas zonas zapatistas son Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo. De tal suerte, son 11 centros nuevos, más los cinco caracoles originales 16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros zapatistas son 43. Tras los comunicados emitidos por los subcomandantes zapatistas, Galeano y Moisés, el presidente Andrés Manuel López Obrador sin mayor preámbulo dio la bienvenida a la expansión de los territorios zapatistas en la figura de municipios autónomos. “Zacatito pal conejo”, pero López Obrador vuelve a su discurso de paz y amor, nada que ver con la violencia, todo con la razón, como si el presidente les estuviera dando el avión a los zapatistas o el mismo discurso que hasta ahora ha decepcionado a los mexicanos con su homólogo norteamericano. De ahí que es muy certera la crítica del EZLN, al decir que desde el 2019, “después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, de las campañas de mentiras, de las difamaciones, de los patrullajes militares, de la Guardia Nacional, de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, del olvido y el desprecio, el indige-

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¿Es falso o no que el gobierno de AMLO se reúne con grupos delictivos para pacificar al país? A través de su cuenta de Twitter, la Segob aclaró que todo se trató de un problema de edición, ya que la administración de AMLO nunca ha tenido relación con bandas del crimen organizado. Después que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, supuestamente declaró que el gobierno federal mantiene pláticas con el crimen organizado, para pacificar al país, la información se viralizó y generó polémica en redes sociales. * * * López Obrador adelantó que para 2020 no se incrementarán impuestos ni habrá tenencia general para automóviles. Aseguró que el presupuesto que se pedirá alcanzará para su gobierno. Luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), insistió en proponer la tenencia como forma de recaudar más para evitar el uso de los fondos de estabilización, el mandatario respondió: “no habrá ninguna reforma fiscal y nos va a alcanzar”. Sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación “rinde, porque no hay corrupción y hay austeridad”. Consideró que la recaudación tributaria es suficiente para financiar el gasto, principalmente por la política de austeridad. Antes, dijo, para sostener el aparato burocrático, los gobiernos decretaron gasolinazos y dispararon la deuda pública, a pesar de que -ejemplificó- los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron altos ingresos por los excedentes del precio del barril de petróleo. * * * Como último recurso el senador Martí Batres va a impugnar la decisión del grupo parlamentario de Morena, esto después de que no fue reelegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado, y en su lugar fuera elegida Mónica Fernández. “Voy a presentar, tengo preparada ya después del trabajo de abogados, un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que atestiguó el proceso que se llevó a cabo el día de ayer, planteando las irregularidades que se cometieron en este proceso interno”, explicó Batres Guadarrama. El todavía presidente de la Cámara Alta comentó que cuenta con los argumentos necesarios para presentar dicha impugnación, como el hecho de que la convocatoria fue firmada por Ricardo Monreal, a quien acusa de no haber respetado el pacto de que solo senadores de Morena podrían votar, pues éste también incluyó a los del PES. Martí Batres tiene planeado presentar dicho recurso entre este martes y el jueves. * * * Después de unja merecidas vacaciones regresamos con nuevos bríos. Gracias por su comprensión. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.


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Miércoles 21 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1715 INCONFORMIDAD

“Aberrante retroceso” fusión de secretaría ambiental con la de Economía en BC: ambientalistas

INFORME

Regresa violencia a Pueblo Nuevo, balean a hombre a plena luz del día

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EXIGENCIA

Graue demanda esclarecer ilícitos presupuestales en universidades

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CONFERENCIA

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SOLICITUD

Fundar llama al gobierno de AMLO a superar el modelo extractivista

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AMLO rechaza violación de laicidad por tener a evangélicos como “Servidores de la nación” El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en su gobierno se viole la laicidad del Estado por tener tres pastores evangélicos que cobran como “Servidores de la nación” de la Secretaría de Bienestar promoviendo programas sociales. Durante su conferencia mañanera de este martes, AMLO dijo que cualquier persona puede trabajar en el gobierno sin importar su religión.

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Durazo a la prensa: no difundan mensajes de mantas y videos de grupos criminales


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