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CMAN EDITORIAL

La inseguridad

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La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

DOXA En las redes circulan muchas notas falsas y otras que son infamantes. En parte esto se genera desde oficinas del gobierno que desinforman. Como lo hace la fiscalía que viola con frecuencia la presunción de inocencia. Pero también lo hace para publicitar detenciones que son falsas.

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EN CHIAPAS

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1711

PRONUNCIAMIENTO

Advierte CNTE que no iniciarán ciclo escolar El también dirigente de la CNTE en Chiapas, señaló que con los actos de violencia y represión en contra de los integrantes del Magisterio y de diferentes organizaciones, se decidió parar labores en los centros educativos, por lo que no habrá “marcha atrás”.

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Cambio climático incide en sistema lagunar que se secó en la selva lacandona: CONANP

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PROGRAMA

La Segob retoma proyecto para capacitar en derechos humanos a funcionarios de frontera sur

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Representante de la ONU-DH se reúne con opositores a la termoeléctrica de Huexca

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HOY ESCRIBEN NO ES VIOLENCIA, ES AGRESIVIDAD Argentina Casanova

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LOS COSTOS DE ADMINISTRAR EL CAOS

COMUNICADO

EZLN atiza de nuevo contra la 4T y su “amado y supremo líder”

REPORTE

Jorge Carrasco Araizaga

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OCCIDENTE BAJO LA METRALLA DEL CJNG Ricardo Raphael

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LAS AMBICIONES DE ROSARIO José Gil Olmos

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ROSARIO ROBLES, LA APUESTA DE LA FISCALÍA Arturo Rodríguez PAG. 5

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL La inseguridad

a inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme. La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control. La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es falsa. Lo que sucede es que hay un Chiapas imaginario en la cabeza del gobernante y sus colaboradores, que cada mañana se reúnen con el fin de mejorar la seguridad, pero hasta ahora no ha habido el éxito que se pregona. Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que sufre una desigualdad social, que padece una pobreza que tiende a incrementarse, que está aterrada por la falta de circulante y de

una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar está a la espera de que una chispa incendie la pradera. La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan un plan que es violatorio a los derechos humanos. Buscan instalar retenes policíacos con el fin de realizar operativos de revisión a vehículos para evitar la comisión de delitos. Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar a los motociclistas y así abrir la posibilidad para que se recrudezca la arbitrariedad policíaca, que de años atrás se caracteriza por la implementación de retenes para atracar a la población. Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos

con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas, a las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país. La violencia y la inseguridad va a ir en aumento con la presencia de la Guardia Nacional, hasta el momento en que los distintos grupos delictivos acuerden las reglas de trabajo y el pago de cuotas con este nuevo organismo policíaco. Rutilio Escandón estaba obligado a mantener los niveles delincuenciales y los acuerdos con los mismos, pero sus rencores y soberbia lo condujo a tomar decisiones en materia de seguridad, que se convirtió en su principal dolor de cabeza, sin tener los elementos y las condiciones para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a su administración en una amenaza para los derechos humanos.

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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Advierte CNTE que no iniciarán ciclo escolar A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

aestros integrantes de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no iniciarán clases en el próximo ciclo escolar por diversas demandas no resueltas. Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección VII del SNTE, expuso en rueda de prensa que de acuerdo a un conceso de varios días con las bases, se determinó que el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas estará dando a conocer este 15 de agosto las acciones y rutas del próximo para de labores, esto en vísperas del nuevo ciclo escolar. El también dirigente de la CNTE en Chiapas, señaló que con los actos de violencia y represión en contra de los integrantes del Magisterio y de diferentes organizaciones, se decidió parar labores en los centros educativos, por lo que no habrá “marcha atrás”. “Exhorto a mis compañeros trabajadores de la educación que nos sigamos manteniendo a esta altura del llamado… tengan las posibilidades que mañana jueves en el pleno del Comité Ejecutivo de la Sección

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

La Secretaría de Salud del estado de Chiapas informa que derivado de la investigación administrativa realizada para esclarecer los hechos ocurridos en el Hospital General de Palenque, donde se hizo entrega de un ataúd vacío, se determinó el incumplimiento de la normatividad aplicable al manejo de cadáveres, por lo que procedió al cese de directivos y personal del nosocomio. En este sentido, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que por la falta de apego a la normatividad del proceso, fueron objeto de cese total la directora del Hospital General de Palenque, Judith Ortega Corona; el coordinador médico de la guardia de fin de semana, Jesús Martínez Ramírez; la trabajadora social en turno, Patricia Rodríguez Noriega; y el guardia, Luis Argeo Camacho Camas. “Hay un proceso normativo y administrativo que se debe seguir para la entrega de un féretro en cualquier hospital de la República, y es ahí donde está la falla del hospital de

Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección VII del SNTE, expuso en rueda de prensa que de acuerdo a un conceso de varios días con las bases, se determinó que el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas estará dando a conocer este 15 de agosto las acciones y rutas del próximo para de labores, esto en vísperas del nuevo ciclo escolar

VII al que estoy convocando, podamos ya mirar exactamente para cuándo, el cómo, el dónde iniciamos el paro de labores. No hay marcha atrás”, reviró. A lo anterior, Gómez Bámaca recordó que la Sección VII ha sostenido en varias reuniones y conferencias

que no es berrinche, ni capricho las decisiones determinadas por la organización, “sino es una decisión de las bases estar en esta ruta”. Puntualizó que durante el 8 de agosto, en un acto pacífico donde fueron notificados que se estaba llevando a cabo el proceso de Cade-

na de Cambios por la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) en la Preparatoria número de 7 de Tuxtla Gutiérrez, hubo ataques con piedras por parte de elementos de la policía, aparte de las embistas con gas lacrimógeno hacía los docentes que se manifestaron por tal acción. Por ello, repudió las acciones emprendidas por el Estado, que en vez de buscar una solución pacifica opto por el hostigamiento en contra de los trabajadores de la educación. “Que está decisión se sustenta que no encontramos en este gobierno sensibilidad… lejos de buscar una salida es calificación de terror, es calificación de miedo”, dijo. De hacerse efectivo este nuevo paro de labores por el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, más de un millón de niños, niñas y adolescentes matriculados del nivel –público– preescolar, básico y medio superior se verían afectados en sus actividades académicas.

Cesan a personal del Hospital de Palenque por negligencia en aplicación de protocolos Palenque; estos protocolos existen en todos los hospitales de Chiapas, deben de aplicarse de manera efectiva y nosotros, como autoridad responsable, lo hacemos y lo seguiremos haciendo para que todos estemos listos en cuanto a los procesos que se deben llevar a cabo en las unidades médicas”, puntualizó. Respecto al punto de la atención médica, el secretario de Salud señaló que el personal cumplió con la normatividad, ya que el recién nacido ingresó a la unidad hospitalaria en estado grave, con diagnóstico de asfixia neonatal severa y colapso pulmonar, por lo que las posibilidades de restablecerlo eran nulas y lamentablemente falleció. En ese sentido, descartó que se haya negado la atención o que ésta no fue la oportuna. Asimismo, indicó que el cuerpo del bebé ya fue entregado a los familiares. Finalmente, el funcionario estatal

hizo un llamado a toda la base trabajadora de la Secretaría de Salud que labora en las unidades médicas, para que cumpla puntualmente con los protocolos establecidos en la Ley

General de Salud, porque en sus manos están las vidas e integridad de las y los chiapanecos, y es además un derecho el garantizar la protección de la salud.

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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El Tema Migratorio, la Crisis Económica e Inseguridad, Factores que Impactaron en el Flujo Turístico para el Soconusco René R. Coca. Tapachula, Chis; (interMEDIOS)

unos días de la culminación de las vacaciones de verano, prestadores de servicios turísticos y empresas de transporte público del Soconusco, coincidieron en que se tuvo un ligero repunte en las actividades e ingresos dentro de esta actividad, sin embargo fue inferior al número de visitantes con relación al año pasado debido a tres factores como el tema migratorio, la misma crisis económica y la inseguridad que permea en todo el país; por lo que elevaron la voz a la federación a tener una mejor planeación y brindar alternativas para la frontera sur, además de hacer efectivos los programas de seguridad integral. Luego del Foro Turístico del Soconusco donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, prestadores de servicios, cámaras empresariales, universitarios, asesores e inversionistas; el común denominador de las ponencias fueron las bellezas y potencialidades que tiene la región para detonar la “industria sin chimeneas”, sin embargo, también fue enfático los temas de preocupación de los oriundos del lugar sobre los tres factores que se percibe redujeron el número de visitantes a esta parte de la entidad, al menos en este periodo vacacional.

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) precisó que los bajos niveles de agua en el sistema lagunario de Metzabok en el corazón de la Selva Lacandona se deben a las escasas lluvias, como un fenómeno derivado del cambio climático que podría causar los mismos efectos en otra laguna cercana. El bajo nivel de agua en uno de los 21 lagos del sistema lagunario de Metzabok, no ha sufrido ninguna filtración hacia el subsuelo por alguna ruptura en el suelo cárstico como se ha pretendido creer, afirmaron en conferencia el biólogo Adrián Méndez Barrera, director regional Frontera Sur Istmo y Pacifico Sur, la bióloga Paola Vera Méndez, encargada de la Unidad técnica Regional y el ingeniero José Velázquez Martínez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos. Explicaron que la laguna bajó un 85% su nivel de capacidad de agua y carece de una vertiente natural de la cual alimentarse de forma permanente, por lo que únicamente se nutre de filtracio-

Líneas de autobuses tuvieron un ligero incremento del 25% en sus corridas veraniegas. Prestadores de servicios solicitaron a la federación mayor atención a los factores contraproducentes para el turismo

Los restauranteros, hoteleros, comerciantes, transportistas y demás prestadores de servicios dejaron en claro que el tema migratorio es el que más incidió para que la gente pensara su estancia en la región Soconusco ante los acontecimientos de los últimos meses con las caravanas, la población flotante y flujo no controlado de quienes buscan mejores condiciones de vida “por ejemplo, quienes se hospedan para hacer turismo, temen

encontrarse con migrantes que viven prácticamente en algunos hoteles, y no por xenofobia, sino porque se ha vinculado la estancia de estos -los migrantes- con riñas o la misma delincuencia” dijo el empresario hotelero que solicitó omitir su nombre por aspectos de seguridad. Mientras tanto, los gerentes de las líneas camioneras concentradas en Tapachula, coincidieron en que si hubo un repunte de venta de boletos en

un 25 a 30 por ciento en este periodo vacacional, pero no fue como en los dos o tres últimos años en este mismo periodo, y al igual que los hoteleros, sindicaron que el factor migratorio si influyó pues corrió la noticia de que muchos migrantes ocupan este medio de transporte para viajar del Soconusco hacia el centro del país, con muchas interrupciones en las revisiones que realiza el Instituto Nacional de Migración y otras instancias de seguridad. El tema de asaltos y la inseguridad en las carreteras del país, aunado al factor de crisis económica también fue fundamental, según los prestadores de servicios, ya que se tuvieron reservaciones canceladas con el argumento de falta de circulante y que la gente prefiere viajar en avión ya que las carreteras son inseguras a pesar del esfuerzo de las autoridades para evitar robos y hasta secuestros. “Al no tener recursos para viajar en avión hacia esta frontera sur, los posibles turistas rechazan usar camión o hasta vehículo particular por lo caro del combustible, desgaste del automotor ante carreteras en malas condiciones y el pago de casetas, que al final si impacta en la decisión de vacacionar” dijeron algunos touroperadores. (iM-rrc).

Cambio climático incide en sistema lagunar que se secó en la selva lacandona: CONANP nes y escurrimientos superficiales. Esto quiere decir, que su nivel de agua varia o depende de la cantidad de lluvia que caiga año con año en la región. Méndez Barrera expuso que Metzabok es la laguna más alta de todo el conjunto de 21 lagos en un territorio de 296 hectáreas, y que por eso ha sido la primera en presentar este bajo nivel en su capacidad, que ahora únicamente alcanza el 15 de su capacidad. Agregó que podría haber un segundo lago, llamado El Ocotalito, cercano al poblado lacandón Nahá que podría presentar el mismo descenso, pues depende también de las precipitaciones pluviales. Señaló que el descenso de las lluvias no es un fenómeno exclusivo de la región, y de Chiapas, sino de todo el país y en el planeta, y que a la par que bajan las lluvias, sube la temperatura. El investigador agregó que de acuerdo con testimonios de los lugareños, no es la primera vez que esta

laguna se seca, pues en la década de los cincuenta se observó el mismo fenómeno y tardó alrededor de siete años en recuperarse, derivado de las precipitaciones pluviales. Lo mismo se espera actualmente, que sean las lluvias próximas o de los próximos años, las que vayan recuperando su nivel de agua. Al menos seis cocodrilos y miles de peces que han sido rescatados de los lodazales en la laguna seca, han sido llevados a otras lagunas vecinas, con ayuda de todos los pobladores, que

una de sus principales medios de subsistencia es la pesca. En Metzabok, el complejo lagunar está conformado por tres lagos principales: T´zi Ba Na, Hoton Kák y Metzabok, todos ellos interrelacionados entre sí. El río alimentador, llega a Tzibajna, del cual se transfiere el agua a tres lagos restantes mediante canales temporales. En dicho territorio se encuentra alrededor del 30 % de la biodiversidad de especies de flora y fauna representativas del país.

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EZLN atiza de nuevo contra la 4T y su “amado y supremo líder” De la redacción Ciudad de México (apro)

l Ejército Zapatista de L i b e ra c i ó n Na c i o n a l (EZLN) cuestionó una vez más al gobierno federal -autodenominado “cuarta transformación (4T)”-- y a su “amado líder”, “el supremo” e “iluminado”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. En un nuevo comunicado escrito en su particular analogía para hablar sobre el gobierno lopezobradorista, el EZLN criticó la creación de una ley que sostiene que nadie debe ganar más que el Ejecutivo federal ni superar el “coeficiente intelectual”, o de lo contrario, serán “confinado en una cárcel o desterrado del país”. Tupido en descalificaciones hacia la persona de López Obrador y la 4T, el Ejército critica desencuentros entre el “SupGaleano” y el gobierno federal, así como ese “faro de luz cuasi divina” que son las mañaneras, que habitualmente hace el mandatario. Incluso, recordó que “el jefe máximo”, en alguna ocasión, dijo que quienes se presentan como de izquierda radical no eran sino unos radicales de derecha “que se escondían tras un pasamontañas y sólo mantenían su movimiento en 4 municipios del suroriental estado mexicano de Chiapas”. En la misiva, el EZLN atizó tam-

En un nuevo comunicado escrito en su particular analogía para hablar sobre el gobierno lopezobradorista, el EZLN criticó la creación de una ley que sostiene que nadie debe ganar más que el Ejecutivo federal ni superar el “coeficiente intelectual”, o de lo contrario, serán “confinado en una cárcel o desterrado del país”

bién contra la agencia informativa del Estado, NOTIMEX (así, en mayúsculas), a cargo de Sanjuana Martínez. Evidenció sus correcciones y añadidos en favor de la 4T. La organización zapatista tam-

bién raspó, de alguna manera, a figuras de la política como Rosario Robles -vinculada a proceso-, así como a Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, e incluso hace mención de Laura Bozzo y del

periodista Nino Canún. https://enlacezapatista.ezln.org. mx/2019/08/13/adagio-allegromolto-en-mi-menor-una-realidadposible-tomado-del-cuaderno-deapuntes-del-gato-perro/

La Segob retoma proyecto para capacitar en derechos humanos a funcionarios de frontera sur De la redacción Ciudad de México (apro)

La Secretaría de Gobernación retomó el proyecto piloto “Municipios Fronterizos de Derechos Humanos”, el cual pretende sensibilizar a servidores públicos de municipios de la frontera sur de México sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de migrantes. El programa, que había sido implementado en los últimos meses del gobierno del presidente Peña Nieto, se pondrá nuevamente en marcha en 23 municipios de la frontera sur, con especial atención a mujeres y personas menores de edad, así como población indígena, afromexicana y migrantes, informó la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado.

La iniciativa estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a través de su Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Durante el lanzamiento del programa, realizado en La Trinitaria, Chiapas, Estefanía Hernández Ceballos, Directora General de Política Pública de Derechos Humanos, más allá del discurso, existe un compromiso para generar mejoras institucionales y estructurales encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Asimismo, señaló que la migración, en muchos casos, es motivada por razones socioculturales.

Hernández Ceballos reconoció que encuentros como el sostenido con la Agencia Internacional de Cooperación Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit, GIZ), es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y el deber del Estado mexicano a favor de los derechos humanos.

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Zamora Briseño Colima, Col. (apro)

l Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito reactivó el juicio de amparo promovido por la Comunidad Agraria Indígena de Zacualpan, municipio de Comala, contra las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en busca de la cancelación de las concesiones mineras 227572 y 201872, que afectan parte de su territorio. Interpuesto en marzo de 2015, el juicio de amparo 458/2015 fue sobreseído y declarado improcedente en noviembre de 2017 por el Juzgado Primero de Distrito, bajo la consideración de que “no hay elemento probatorio alguno del cual pueda deducirse que con la emisión de los títulos de concesión minera (…) se afectó en perjuicio de la parte quejosa su interés legítimo”. Mediante un recurso de revisión, la comunidad de Zacualpan logró la revocación de esa sentencia por parte del Tribunal Colegiado, que en la resolución del amparo en revisión 84/2018, fechada a finales de junio de 2019, ordenó la reposición del procedimiento para que el Juzgado Primero de Distrito desahogue la prueba pericial en materia de topografía o agrimensura, así como en antropología. Lo anterior, con el propósito de que cuente con los elementos suficientes que le permitan dilucidar si los títulos de concesión minera combatidos se encuentran dentro de los terrenos que pertenecen a la comunidad indígena quejosa, así como si esos sitios son considerados sagrados desde tiempos remotos para los integrantes del núcleo agrario peticionario del amparo. A juicio del Tribunal Colegiado, con base en esos elementos “el Juzgado podrá determinar si se acredita o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, y si del resultado o desahogo de la pericial surgen nuevos elementos de convicción que deba recabar oficiosamente, actúe en consecuencia

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Tribunal reactiva juicio de amparo promovido en Comala contra SE y Semarnat

a efecto de allegarse de ellos”. Originalmente, la demanda de amparo fue presentada por las directivas del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, así como por integrantes del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan y la Asamblea por Usos y Costumbres. Con asesoría jurídica de los abogados Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinoza Sauceda, los peticionarios del amparo aseveraron que la concesión de una parte de las áreas pertenecientes a su comunidad vulnera los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Las concesiones 201872 y 227572 corresponden a los lotes Heliotropo, con una superficie de 100 hectáreas, otorgada en 1995 a Adolfo Pineda Martínez, y Tigrilla, con una superficie de 90.448 hectáreas, que tiene como titular a Mario Carlos Moncada Cantú, a quien le fue otorgada en 2006. Los representantes de la comunidad de Zacualpan argumentaron que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y, de

acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera, “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. De igual manera, sostuvieron que son inconstitucionales los artículos 15 y 19 de la Ley Minera, pues el primero señala un plazo de 50 años de duración de las concesiones, prorrogables por otro periodo similar, lo que viola la Constitución, pues de forma desproporcionada impide a las autoridades cumplir con el deber constitucional de proteger las tierras indígenas, e impide

que los principios constitucionales de rectoría estatal de la economía sean aplicados en beneficio sin discriminación. En torno al artículo 19, los quejosos sustentaron que al otorgarse al tercero la concesión, se establece a su favor “un inédito derecho a la expropiación”, y se impone un trato injustificadamente discriminatorio y desigual que agravia directamente a la comunidad agraria de Zacualpan, sin garantizar el respeto a los derechos territoriales de los pueblos y las tierras indígenas. Un año antes de la promoción del juicio de amparo, la asamblea de comuneros de Zacualpan declaró a esa comunidad como “territorio libre de minería”, luego de que una empresa pretendió explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso en el lote Heliotropo, pero las movilizaciones de los habitantes lograron detener el proyecto a través del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). Este movimiento es narrado por Alfredo Álvarez Ramírez en su tesis con la que obtuvo el grado de maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. En entrevista, Alfredo Álvarez consideró que la reactivación del juicio de amparo por la cancelación de las concesiones mineras tiene una gran trascendencia nacional para los pueblos que luchan contra el extractivismo, luego de que en el marco del modelo económico neoliberal que encabezaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), fue entregada una tercera parte de la superficie del país a la minería.

El rector de la UJAT se deslinda de la Estafa Maestra Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, rechazó que esa institución educativa se encuentre sujeta a investigación por el caso de la llamada “Estafa Maestra” que tiene hoy en día a Rosario Robles en prisión. Admitió que UJAT y Pemex Exploración Producción (PEP) firmaron cinco contratos de servicios y uno con Sedesol para la “cruzada contra el hambre”, pero señaló que todos fueron solventados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De acuerdo a investigaciones del portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), entre 2013 y 2014 la ASF de-

tectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos en 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas PEP y Sedesol, de los cuales desparecieron tres mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de no tenían la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para las que fueron contratadas o simplemente eran fantasma. Para la triangulación de los recursos, en el caso de PEP, se utilizaron 8 universidades del país, cinco de ellas de Tabasco, entre las que se encuentra la UJAT, las cuales se quedaron con más de mil 6 millones de pesos de “comisión”. Por los cinco contratos con PEP, la UJAT obtuvo 128 millones 23 mil 605 pesos de comisión. El rector Piña Gutiérrez, que en ene-

ro dejará el cargo después de 8 años, dijo que en su momento los convenios con PEP y Sedesol sobre la cruzada contra el hambre le fueron requeridos y solventados ante la ASF y no hubo “ningún tipo de problemas”. Y de los que ahora se investigan y que tienen en la cárcel a la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, la UJAT “no firmó ni uno”, aseguró. “Ahora se están refiriendo a una serie de convenios de servicios especiales y de esos no firmó ninguno la universidad”, señaló y añadió que, si le requiere más información, proporcionará la de los convenios que se hicieron “en aquella época”. Los contratos de la UJAT con PEP, firmados en 2013, eran para que la universidad proporcionara asistencia técnica y apoyo operativo en trabajos

de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, entre otros servicios. Sin embargo, la universidad no contaba con capacidad técnica, material y humana para ello y subcontrató 7 empresas, de las cuales cuatro realizaron el 100 por ciento de los trabajos y la UJAT se quedó con más de 128 millones de pesos de “comisión”.

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En el Senado avanza reforma para tipificar como delincuencia organizada la defraudación fiscal Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

n el Senado de la República, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, aprobaron el proyecto de dictamen con el que la defraudación fiscal por más de 7 millones de pesos se catalogará como delincuencia organizada, y la evasión fiscal que afecte las finanzas públicas se considerará una amenaza a la seguridad nacional. Ello pese a los señalamientos de algunos legisladores de oposición --incluso de los propios autores--, en el sentido de que la propuesta, que tiene como fin el combate a las empresas fantasma, necesita mayor análisis ante el riesgo de que se convierta en una herramienta para cometer injusticias. El dictamen aún tiene que ser discutido por la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta. “A mí lo que me preocupa es un tema de proporcionalidad y me preocupa que por aplicar de manera general la ley se violenten derechos individuales”, opinó Vanessa Rubio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los grupos del bloque opositor –Acción Nacional (PAN), PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-- presentaron cambios al proyecto, para que en la redacción se especifique que las reformas están enfocadas exclusivamente en combatir a los falsificadores de facturas.

Ello pese a los señalamientos de algunos legisladores de oposición --incluso de los propios autores--, en el sentido de que la propuesta, que tiene como fin el combate a las empresas fantasma, necesita mayor análisis ante el riesgo de que se convierta en una herramienta para cometer injusticias

“Si no le queremos mandar un mensaje a los empresarios, a los inversionistas, de que ahí va a haber un instrumento, que por ahí de los años 95 o 96 se conoció como ‘terrorismo fiscal’, entonces seamos precisos”, lanzó el perredista Miguel Ángel Mancera, quien votó en abstención. “Consideramos que este régimen de excepción tendría viabilidad sí y solo si concentramos los alcances de estas propuestas en quienes hacen de la defraudación fiscal y de la compra-venta de facturas falsas un negocio”, coincidió Minerva Hernández, del PAN, quien también votó en abstención, pese a que fue una de las promoventes de una de las iniciativas que forman parte del dictamen. El proyecto plantea reformar el

artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que incluya la defraudación fiscal cuando participen tres o más personas de forma reiterada y el monto de lo defraudado supere los 7 millones 800 mil pesos, y cuando se expidan o anexen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. También establece que serán una amenaza a la seguridad nacional los delitos fiscales “que por su relevancia y daño o perjuicio al fisco federal afectan las finanzas públicas del país”. “Ha causado mucho ruido si este tema amerita ser de seguridad nacional, y yo les preguntaría: si con compra-venta de facturas se lavan activos en todos los países, si se lava

dinero del narcotráfico, ¿no es un tema de seguridad nacional? ¿No es un cáncer esto?”, cuestionó Samuel García (MC), uno de los autores de una de las tres iniciativas que constituyen el dictamen. Y criticó que se busque incluir la defraudación fiscal en el catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que implique sanciones de prisión preventiva oficiosa. “Yo soy el más deseoso de que metan al bote a todos los factureros, pero si la (Suprema) Corte ha determinado que hay delitos de 30 o 40 años que no merecen prisión preventiva oficiosa y nosotros vamos a poner un delito de ocho años con prisión, obviamente es desproporcional, y yo sí le veo muchas armas para que luego la Corte tumbe la prisión”, abundó. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta, de Morena, destacó que la iniciativa se analizó en mesas de trabajo en las que participaron todos los grupos parlamentarios e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM). Pero no descartó modificaciones al dictamen que se pretende votar en el pleno en septiembre próximo.

Xóchitl Gálvez cuestiona construcción de acueducto para Santa Lucía Neldy San Martín Ciudad de MéxicO (apro)

La construcción de un acueducto para suministrar de agua a Santa Lucía sin los permisos necesarios y el uso de aguas negras para abastecer al nuevo aeropuerto, son algunas de las irregularidades que denunció la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, sobre la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto aeroportuario. Este miércoles, la legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que informe al Senado sobre el estado del acuífero del Valle del Mezquital, Hidalgo, ya que

en la MIA autorizan la construcción de un acueducto para el traslado de 12 mil metros cúbicos diarios de agua desde el Valle del Mezquital. “Yo soy del Valle del Mezquital y si ustedes van a mi casa sale un chorritito de agua”, aseguró Gálvez. El resolutivo de la MIA establece que, para las etapas de preparación del sitio y construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se utilizará agua tratada proveniente de plantas de Hidalgo. “Mientras van a traer pipas de agua tratada de la planta de Atotonilco de aguas negras, yo quiero preguntarles qué van a decir los turistas cuando sepan que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, su agua proviene pues del excremento de todos los ciudadanos que estamos aquí, que va a

dar a mi pueblo”, criticó. Además, solicitó a la Semarnat que presente la Manifestación de Impacto Ambiental del acuífero y que realice una consulta a los pueblos indígenas del Valle del Mezquital, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para saber si autorizan su construcción. También cuestionó que la Semarnat autorizara la construcción en Santa Lucía de “dos mega tanques de combustible” para guardar turbosina sin que tengan las facultades para hacerlo. “La facultada para hacerlo es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”, señaló. Gálvez dijo que pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),

a la de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Semarnat información sobre la ciudad aeropuerto que se pretende levantar en Santa Lucía, de acuerdo con el resolutivo de autorización de la MIA. “Uno de los mayores cuestionamientos del aeropuerto que se abandonó (en Texcoco) era la ciudad aeropuerto, resulta que en esta MIA se autoriza la construcción de una ciudad aeropuerto”, ironizó.

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

l presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este miércoles el “Pacto Oaxaca, Hacia un Sur Sureste del Futuro”, con el objetivo de “fomentar un crecimiento con bienestar” en el sur-sureste del país, y para ello, subrayó, se unirán los sectores privado, social y político. De acuerdo con el Ejecutivo, un progreso sin justicia es un retroceso, “y ya no queremos eso, hay que incluir a todos los estados”, en este caso: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y Veracruz. Para el “nuevo paradigma”, López Obrador anunció cuatro eslabones de la cadena: el apoyo micro-empresarial y el rescate del campo desde abajo y con la gente, e impulsar los proyectos estratégicos y el desarrollo energético (Tren Maya, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y aeropuerto en Santa Lucía). En el tercer eslabón –dijo-- se trata de dar facilidades a la inversión y apoyar a la iniciativa privada, simplificando en primer lugar el pago de impuestos, es decir, que no haya tanto trámite y que nadie diga que necesita mensajes de confianza. “No vamos a cometer ningún acto arbitrario en contra del sector privado”, puntualizó el presidente. El cuarto eslabón tiene que ver con “procurar que siga llegando la inversión extranjera y que le apuesten a México, y eso –recalcó-- tiene que ver con algo que vamos a seguir cuidando: la relación con Estados Unidos, y lo mejor es la cooperación para el desarrollo, no aranceles, no medidas de fuerza. Lo mejor es que trabajemos de manera coordinada, y lo ha entendido el presidente Donald Trump. Contrario a lo que se pueda pensar, es buena la relación”. Durante su intervención de 50 minutos, López Obrador precisó que para “el crecimiento del sures-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, dijo que en lo que va de su gestión ya se presentaron nueve denuncias relacionadas al caso de “La estafa maestra”. “Podemos hablar que las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias, en mi gestión ya llevamos nueve o 10 denuncias, estamos tratando de ampliar el espectro”, señaló. A su arribo a la capital de Oaxaca, en la que acompañó al presidente López Obrador a la firma con empresarios del pacto para el desarrollo del sureste mexicano, Colmenares evitó dar el nombre de los implicados en las denuncias por desvío de recursos. Asimismo, el funcionario destacó

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AMLO firma el Pacto Oaxaca para “fomentar un crecimiento con bienestar” en el sur-sureste

te necesitamos al sector privado, al sector social y al sector público, y ya hay proyectos importantes para detonar el crecimiento, por ejemplo, la construcción del Tren Maya. Es una inversión de 120, 150 mil millones de pesos, nunca se había invertido tanto, me refiero a una inversión pública”, detalló. Luego de calificar el encuentro con el sector privado como “un acto de unidad para encabezar actividades productivas en el sur-sureste, el tabasqueño también presumió que el viejo sueño mexicano del puente multimodal planeado desde el porfiriato será una realidad. Y celebró estar reunidos con “este propósito noble” de ponerse de acuerdo, sector privado, sector social y sector público, para impulsar el desarrollo del sur-sureste del país, luego de lo cual dio un espaldarazo al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz –presente en el acto--, a quien calificó como una “persona excepcional”. Respecto de la reactivación en la industria petrolera, añadió: “Estamos trabajando en 22 campos petroleros

para aumentar la producción y frenar la decadencia en la producción. En Villahermosa y en el sur de Veracruz ya hay más movimiento, más vuelos, más visitantes, están de nuevo rentándose las casas”. De igual manera, consideró que la inversión de ocho mil millones de dólares va a ayudar mucho, porque ya se están reactivando las empresas locales y el comercio. “En los últimos años, la mitad de la inversión en Pemex se destinaba al norte del país y a las aguas profundas; la otra mitad, al sureste, cuando es sabido que el petróleo está en el sureste, en tierra y en aguas someras”, puntualizó. Además, recalcó, deben aprovecharse los recursos naturales del sur y sureste, como el agua, donde se concentra el 70%, y por eso se está impulsando el sector agropecuario. Otro proyecto extraordinario, abundó, es el del Istmo, uno de los más rentables por razones culturales y de soberanía. “Son 220 kilómetros, es decir, tiene el mismo potencial de Panamá, aunque tenemos una situación geográfica mejor que Panamá”, soltó.

Sin embargo, “aunque hay interés de países extranjeros, queremos que el desarrollo lo haga el sector público y los empresarios mexicanos, con la participación de las comunidades. Ahí tenemos muchas ventajas comparativas, tenemos la geografía y los dos puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz”. Añadió: “Queremos que el Istmo se convierta en una zona franca y apoyar con incentivos fiscales en todo el Istmo. La preocupación que se tiene es el gas. Que no falte el gas en el sureste. De alguna manera se va a resolver, y pronto. Es un compromiso”. En su oportunidad, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, dijo a López Obrador que era un honor “tenerlo entre nosotros”, porque “México vive un momento histórico, porque de nosotros depende que ese futuro sea de paz y bienestar, fincada sobre el crecimiento. De nosotros depende generar el desarrollo social. Debemos revertir la tendencia de la pobreza. México no debe ser más el país con 52 millones en la pobreza”, soltó, luego de lo cual manifestó que el incremento de inversión pública debe ser acompañado de inversión privada, y que tenga un impacto positivo en el bienestar de la población. Remató: “Hoy entregamos una propuesta de política industrial con crecimiento económico e inclusión social (y) cuenta con nosotros para darle vida a una etapa de prosperidad y fraternidad en nuestro país”. A su vez, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, no escatimó en elogios al presidente, quien, apuntó, es “la variable que faltaba para el desarrollo del sur-sureste y se llama Andrés Manuel López Obrador”.

La Auditoría Superior presenta nueve denuncias por “La estafa maestra” que, durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 -la primera que le toca-, la ASF ya ha presentado unas 60 denuncias en total por el mal ejercicio de recursos públicos. “Seguimos trabajando en el tema y en otros, y hemos presentadas como 60 denuncias, algunas muy relevantes aparte de las que ustedes llaman estafa maestra”, declaró. Colmenares destacó que existe una coordinación con la autoridad judicial como “nunca antes se había tenido”. “La coordinación entre nosotros y la Fiscalía General ha sido muy relevante. Pero cuando pasan ya a la instancia de la Fiscalía, nosotros somos coadyuvantes porque hay mandato ju-

dicial que dice que somos los garantes de los recursos públicos de la nación, y representamos a la parte ofendida, que es el pueblo de México”, precisó. Estas declaraciones se dan apenas un día después de que Rosario Robles,

extitular de la extinta Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar) y de Sedatu, quien fue vinculada a proceso y puesta en prisión preventiva, por el desvío de más de 5 mil millones de pesos bajo el esquema de “La estafa maestra”.

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Representante de la ONU-DH se reúne con opositores a la termoeléctrica de Huexca Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

l representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, sostuvo una reunión con tres integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, para conocer de primera mano sus inconformidades ante el gobierno federal por el Proyecto Integral Morelos (PIM). Jaime Domínguez, uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto, que forman parte del PIM informó que la reunión se llevó a cabo el martes 13 en la oficina de la ONU-DH en la Ciudad de México y también participaron Teresa Castellanos y Samantha César, también opositoras al PIM. Jan Jarab manifestó a los activistas la preocupación por las denuncias de acoso y hostigamiento de parte de distintos actores como las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de grupos que se benefician de la imposición del PIM. Señaló que la oficina a su cargo ha buscado estar al pendiente de la situación, particularmente tras el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero.

Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

La Comisión Permanente del Congreso recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar los artículos 116 y 127 de la Constitución, para establecer límites a la remuneración de los integrantes de los organismos autónomos. Las reformas al 116 y al 127 buscan añadir a “las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía” para que sus remuneraciones no sean mayores a las del presidente. “Se considera conveniente, a fin de dotar certeza jurídica e imponer límites a la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos de las personas de derecho público, así como de los órganos y organismos con autonomía”, se lee en la exposición de motivos que envió el Poder Ejecutivo. La iniciativa señala que algunos entes públicos dotados de autonomía reconocidos en la Constitución son el Banco de México, el Instituto Nacio-

Jaime Domínguez, uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto, que forman parte del PIM informó que la reunión se llevó a cabo el martes 13 en la oficina de la ONU-DH en la Ciudad de México y también participaron Teresa Castellanos y Samantha César, también opositoras al PIM

Los activistas pusieron al tanto de lo que ha venido ocurriendo durante este año, cuando el gobierno federal “echó abajo las esperanzas de que se cancelara el PIM”. Dijeron que además de la consulta organizada por la Secretaría de Gobernación y realizada 23 y 24 de febrero, las denuncias en contra de los activistas continúan. Narraron como el pasado 10 de abril, se organizó una protesta pacífica en las inmediaciones de la termoeléctrica para demandar su cancelación, en la que hubo pintas en las paredes. Y cómo esta protesta

sirvió de pretexto para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentara una denuncia por “daño moral” en contra de Domínguez y Castellanos, por lo que ahora ante el Ministerio Público Federal la CFE exige el pago de 69 mil pesos. Jarab manifestó su preocupación por estos hechos, pues en el país se han registrado muertes de un número significativo de activistas defensores del medio ambiente y el territorio. Dijo que estará atento a la situación. Se estableció además una vía directa de comunicación para facilitar el aviso y lanzamiento de alertas junto

con la oficina de Naciones Unidas. En tanto, decenas de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos demandaron en un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de “criminalizar” a Jaime Domínguez, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores, éste último de Puebla, quienes han sido demandados por daño moral por la CFE. En el documento solicitan al mandatario que el titular de la CFE, Manuel Barttlet, “se desista de toda acción que criminaliza el Derecho Humano a la protesta”. También demandan a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, garantizar la integridad física y psicológica de Domínguez, Castellanos y Flores. El documento está firmado, entre otros, por la Fundación Don Sergio, Javier Sicilia, el Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, Pietro Ameglio, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

AMLO propone reforma para limitar salarios en organismos autónomos nal Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se agrega un transitorio para que las remuneraciones que sean superiores al salario del presidente sean ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente. El gobierno federal había anunciado que buscaría blindar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artí-

culos constitucionales 75 y 127, ante una ola de amparos en contra de la medida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido suspensiones a la aplicación de la llamada “ley de salarios máximos” a trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Federal de Competencia

Económica (Cofece), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La propuesta con la que el jefe del Ejecutivo pretende frenar este tipo de suspensiones fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Sandra Segura, corresponsal Ciudad de México. (Cimacnoticias)

uatro años después, la justicia en el caso Daphne Fernández es una sentencia de cinco años de prisión y 70 de pesos de multa a Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes que abusaron sexualmente y violaron a la entonces menor de edad en el estado de Veracruz. El 2 de enero de 2015 Daphne Fernández y unas amigas acudieron a un antro de un conocido hotel en el fraccionamiento Costa de Oro, zona económica de gran nivel en la conurbación, ahí fue sacada por Enrique Capitaine, Diego Cruz, Gerardo Rodríguez y Jorge Cotaita, todos ya mayores de edad y estudiando primer año de universidad; la subieron al Mercedes Benz de Capitaine, se dirigieron a su domicilio ahí en el mismo Boca del Río. Mientras iban en el auto Daphne rogaba la dejaran bajar al ser agredida sexualmente por ellos en el asiento de atrás. El padre de Daphne en una entrevista al diario local Notiver, explicaría que quien la violó fue el hijo del propietario de la casa donde llegaron, Enrique Capitaine, en el baño de la sala, mientras los demás disputaban en juegos de video, incluso el mismo hermano de Enrique, Felipe Capitaine, estuvo presente en la sala mientras el abuso se consumaba y nadie lo impidió. El último avance en el caso fue el pasado 8 de agosto cuando un juez determinó una multa de 70 pesos y cinco años de prisión a Diego Cruz. La determinación podría significar en términos judiciales la posibilidad de salir libre, si así lo solicita la defensa del acusado. El mismo día la Fiscalía General de

Sonia Gerth Ciudad de México. (Cimacnoticias)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo en revisión (275/2019) en el que podría determinar que los agentes migratorios incurren en prácticas discriminatorias al revisar los documentos de nacionalidad de mujeres y hombres en revisiones carreteras sólo por su color de piel o su apariencia física. Esta semana, la ministra y los cuatro ministros de la Primera Sala de la SCJN decidirán sobre el caso de dos mujeres y un hombre indígena tzeltal de Chiapas, quienes en 2015 viajaban rumbo a Sonora a trabajar en los campos; debido a su apariencia fueron detenidos en Querétaro por agentes de migración para revisar sus documentos de nacionalidad. Los agentes bajaron a las personas del autobús en el que iban, y aunque ellas y él presentaron documentos de identidad mexicana, los agentes dijeron que eran falsos y los detuvieron porque dijeron que eran de Guatemala. Las dos mujeres, una de ellas entonces menor de edad, y el hombre estuvieron detenidos una semana en

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Dan 5 años de prisión y 70 pesos de multa a uno de “Los Porkys”

Justicia del estado de Veracruz emitió un comunicado en el cual señaló que apelarán a dicha resolución que favoreció a Cruz, quien, tras darse a conocer el caso en los medios en los medios de comunicación nacionales e internacionales, un par de semanas después huyó a España donde fue localizado antes de entrar a estudiar y extraditado a México para enfrentar el proceso pese a que la familia intentó todo por evitarlo. La Fiscalía explicó que como la sentencia no excede de cinco años, se puede conceder a Diego Cruz el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad. Por lo cual tanto también el representante legal de la adolescente interpuso un recurso de apelación, quedando radicada en el Tribunal Superior de Justicia del estado. En el comunicado de la Fiscalía sobre este nuevo fallo en el caso de los jóvenes a quienes apodaron “Los Porkys” (recordando un grupo de adolescentes problemáticos que provocaron la muerte de un joven en Xalapa), se recuerda que la acusación en contra de Diego fue por el delito de pederastia agravada, por lo que se solicitó le

fuera impuesta la pena prevista por el artículo 183 párrafo segundo, que señala la penalidad de 12 a 40 años de prisión y multa de hasta cinco mil días de salario.

LOS ACUSADOS Actualmente, Diego Cruz está recluido en el penal de Tuxpan desde 2017 y sus abogados se mantienen activos buscando fallos que le permitan salir de prisión. Enrique Capitaine, acusado de pederastia, fue trasladado en mayo 2016 al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Amatlán de los Reyes, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y aún no se le ha dictado sentencia luego de que en enero de 2017 un tribunal federal ordenó valorar de nueva cuenta si debe o no permanecer preso. Gerardo Rodríguez primero recibió un amparo federal y luego fue exonerado de toda responsabilidad, a pesar de estar en la casa donde se cometió la violación y no prestó ayuda a la víctima; y Jorge Cotaita ha evadido la acción de la justicia y es prófugo desde 2016.

En tanto Daphne Fernández, salió de Veracruz por su seguridad ya que comenzaron a darse eventos que exponían su integridad física; su padre y demás hermanas fueron desplazados de Veracruz y ya no radican más en el Puerto también por diversas acciones intimidatorias que exponían la vida de las menores de edad. Apenas se difundió el nuevo fallo a favor de Diego Cruz el padre de Daphne, el señor Javier Fernández dijo a Noticias MVS Nacional: “Según el juez todo está apegado a la ley, yo estoy en desacuerdo, apelamos esta sentencia. Está en el Tribunal Superior, que es quien va decidir si procede o no, si procede pues saldrá libre este delincuente. Creo que es un revés para el tema de la impartición de justicia”. Mencionó que esta resolución le recordó a la otra que impuso en su momento el juez Anuar González Hemadi, anterior juez del caso quien hace unos meses fue destituido del cargo por el propio Consejo de la Judicatura ya que tuvieron indicios de corrupción a la hora de juzgar sobre Diego Cruz y se le comprobaron “errores inexcusables” en la investigación lo que llevó a que perdiera su investidura. Cabe recordar que González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz al estimar que no existían elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra, por lo que el señor Fernández dijo que como en aquél momento no dejará sola a su hija y continuarán buscando la justicia concreta que no ha llegado.

SCJN se pronunciará sobre constitucionalidad de Ley General de Migración Querétaro, donde “sufrieron tratos crueles e inhumanos, hubo tortura al chico”, relató Miriam González Sánchez, responsable de Comunicación del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). La organización, junto con la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos e la UNAM, ha acompañado el caso y presentó un Amicus Curiae, una opinión técnica para aportar elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes para el litigio. Esta opinión jurídica se basan en dos argumentos principales, explicó González en entrevista con Cimacnoticias. Uno, que es imposible decir cuál es la apariencia física de una persona mexicana, por lo tanto, las prácticas de revisión hasta ahora son discriminatorias porque se basan en percepciones como el color de la piel o la lengua que habla la persona. La segunda línea, dijo, sería demostrar que las y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no tienen la facultad de decidir,

o forma de verificar, qué documentos son falsos o verdaderos. El proyecto de sentencia programado para votarse esta semana fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone declarar que los artículos 16, 17, 20, 97, 98 y 99 de la Ley de Migración son violatorios del principio de igualdad, y por tanto son inconstitucionales. En el Amicus Curiae, las y los abogados de la UNAM y del Imumi argumentaron que las revisiones generales de documentación o identidad establecidas en la Ley General de Migración implicarían una violación de los artículos 1 y 11 de la Constitución federal. No hay reglamento dentro del INM que especifique cuáles son los criterios para que los agentes de migración detecten y separen a una persona para realizar revisiones. “O se revisan todas las personas, incluidas las mexicanas”, argumentaron, lo que violaría su derecho al libre tránsito (artículo 11), o se escogen personas que por su apariencia física ya están

siendo discriminadas, lo que viola el artículo 1 constitucional. En los argumentos concluyeron que el artículo 97 de la Ley de Migración sería una norma discriminatoria e inconstitucional “que transgrede los derechos de las personas mexicanas”, al someter a todas las personas en el territorio a facultades de control migratorio por parte del INM. La discriminación no sólo estigmatizaría a la población mexicana y la población indígena, también a personas migrantes y solicitantes de asilo, principalmente personas centroamericanas, a las que de acuerdo con el Imumi y la UNAM se hacen revisiones “a partir de su apariencia, aspecto y hasta por su ‘olor’”.

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ROSARIO ROBLES, LA APUESTA DE LA FISCALÍA Arturo Rodríguez

l caso contra Rosario Robles, lance legal que por primera vez en la historia política moderna colocó a una exsecretaria de Estado en la cárcel, así sea de manera preventiva, deja aún la sensación de eventual impunidad, una opinión más o menos generalizada de que, como ocurrió con casos como el de Elba Esther Gordillo, se resolverá en libertad, bajo la idea de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logre acreditar más delitos de aquel por el que la tiene en prisión o incurra en errores que violen garantías de la exfuncionaria. La apuesta de la fiscalía –que, aun siendo autónoma, inevitablemente es asociada con el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrado discursivamente en erradicar la corrupción— es a la ampliación de imputaciones, una suerte de, digamos, caso buscador que surtió efectos tempranos. La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), testificó en su defensa lo que se esperaba tardaría: el conocimiento del expresidente Enrique Peña Nieto de un esquema de desvío de recursos por más de 5 mil millones, así como de José Antonio Meade, quien la relevó en la dependencia y candidato del PRI a la presidencia en 2018. Para esto, la elite del peñanietismo ya afrontaba otros casos: los generales Sócrates Herrera y León Trawitz, por robo de combustible, este último cercanísimo al expresidente pues tuvo a su cargo su seguridad personal entre 2005 y la campaña presidencial; el de Fertimex, que persigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y, aparentemente el del abogado Juan Collado.

Pero ninguno de esos asuntos implicaba directamente a alguien del gabinete legal y, aun con las muchas sospechas, ninguno por lo pronto, al expresidente. Por esa dimensión, el caso pasó por las manos del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, antes de que la petición de audiencia se gestionara al juez el 25 de julio. La indagación había iniciado con sigilo la tercera semana de enero, cuando la FGR solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que remitiera los informes en que fundaron la denuncia, pues las carpetas de investigación heredadas de la gestión de Alberto Elías Beltrán, estaban en absoluto desorden y, prácticamente, congeladas. El equipo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, debía superar las taras de la especialización del esquema de desvío, perpetrado durante la titularidad de Robles en la Sedesol y la Sedatu. Fue entonces cuando un equipo de la ASF, como denunciante, se sumó a la integración de la carpeta de investigación. Una segunda barrera se imponía por las cuentas concentradoras a partir de las cuales era difícil establecer las rutas del dinero. Así fue como la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda se involucró en el asunto, aunque la fiscalía cuidó que su titular, Santiago Nieto Castillo, evitara saber los tiempos y estrategias, por temor a que, como ocurrió con el caso de Emilio Lozoya, se anticipara en medios a la audiencia de imputación. Con los datos ya integrados y autorizada la audiencia, comenzó la encerrona el 1 de agosto: el equipo de la

FGR y otros diez empleados de la ASF, repasaron todas las estrategias posibles de la defensa de Rosario --que estimaban integraría a dos despachos y una veintena de abogados-- a fin de llegar preparados a la audiencia de imputación. De algún modo la defensa lo supo, por lo que el miércoles 7, previo a la diligencia, la defensa de Rosario intentó mediante un amparo, sacar a la ASF del caso de tal suerte que parecía, “traían preparado el sketch para dejarla en prisión”, como afirmo el defensor Julio Hernández Barros. La estrategia de la FGR funcionó y, en lugar de imputarle el desvío de más de 5 mil millones de pesos, optó -como se comentó en este espacio el pasado lunes- por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de no informar a su superior jerárquico que, como anticipaba el semanario Proceso, apuntaba a la implicación de Peña Nieto. Santiago Nieto no resistió la tentación de anunciar que estaba ya integrando una denuncia. Tan proclive a los reflectores, había quedado sin protagonismo en el caso de más alto impacto hasta ahora para el peñanietismo y del primero que coloca al expresidente ante la eventualidad de ser citado. Si Rosario ya quedó interna en Santa Martha Acatitla, el mensaje es a los implicados de menor nivel jerárquico para que acepten declarar a cambio de beneficios, e inclusive, reducción de sentencias. La FGR, se juega en este caso --estimado para dos años de acciones-- su prestigio, que depende de evitar la impunidad y los errores procedimentales a los que la instancia, históricamente, nos tiene acostumbrados.

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LAS AMBICIONES DE ROSARIO José Gil Olmos

n 2003 Rosario Robles fue ungida como presidenta de México… al menos eso fue lo que sintió cuando Carlos Salinas de Gortari le puso la banda tricolor. Por algunos momentos, Robles sintió el poder del símbolo presidencial en su pecho. “Cuando llegamos a la vitrina donde (Salinas) conserva sus bandas presidenciales, Rosario le comentó que debía de ser un gran honor y un orgullo portar la banda presidencial. Salinas inmediatamente tomó una escalerita para poder subir a abrir la vitrina y sacó una de las bandas presidenciales. Yo creía que nos la quería mostrar, y en efecto así lo hizo, pero no fue sólo eso, sino que la tomó y se la puso a Rosario (Robles) cruzándole el pecho y le dijo: ‘Te luce muy bien’”, contó Carlos Ahumada en su libro ‘Derecho de Réplica’. Salinas le regaló la banda presidencial a Rosario, quien gustosa se la llevó. Para entonces se le mencionaba como una aspirante a dirigir los destinos del país. Dieciséis años después la realidad es totalmente diferente. A las 5:45 de este martes 13, la historia de Rosario tomó otro giro en su vida política. Apenas amanecía cuando fue sorprendida por el juez, quien dijo que

al no acreditar un domicilio seguro y bajo la sospecha de que podía huir del país, le dictó prisión preventiva, mientras se investiga si cometió el delito de ejercicio indebido del servicio público durante su gestión como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En ambas dependencias hubo un desvío de recursos de más de cinco mil millones de pesos. Atrás quedaron aquellos años en los que empezó como líder de izquierda maoísta, pasando por la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta llegar a la cúpula del Revolucionario Institucional (PRI) con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso de la extitular de Sedesol y Sedatu es un retrato emblemático de muchos quienes integran la llamada clase política mexicana y sufren una transformación nublados por el poder. Es también uno de tantos ejemplos de cómo se forman las redes de poder, con alianzas y complicidades para beneficio propio, que en el caso de Rosario tejió desde 1987, cuando le presentaron a Cuauhtémoc Cárdenas, quien la impulsó a la dirigencia nacional del PRD y la jefatura de Gobierno; luego con Andrés Manuel López

Obrador, con quien formó las brigadas del sol, terminando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los más corruptos de la historia contemporánea nacional. La investigación contra Rosario Robles puede desmadejar, precisamente, una parte de esas redes de poder cuya última hebra conduce a Peña Nieto, a quien Robles dijo haber informado del problema de desvío de dinero en las dos dependencias que encabezó. Habrá que esperar el desenlace judicial de la investigación para saber qué responsabilidad tiene y si habrá de permanecer en la cárcel más tiempo. Mientras tanto, el caso de Rosario atraerá los reflectores mediáticos en estos días en los que la Cuarta Transformación se encuentra atorada, con las consecuencias sociales de un crecimiento económico pírrico y un gabinete que sigue sin caminar al ritmo que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto… Aunque Rosario Robles se quede sólo unos días de manera preventiva en el penal de mujeres de Santa Marta Acatitla, su historia ya quedó manchada para siempre. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto sigue en España nadando de muertito. Entre menos olas haga, mejor para él.

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OCCIDENTE BAJO LA METRALLA DEL CJNG Ricardo Raphael

a puerta occidental del país está en llamas. El Cártel Jalisco Nueva Generación defiende milímetro a milímetro su hegemonía. En Michoacán la pugna contra Los Viagras no conoce mesura. En Guanajuato también ha hecho sentir su poderío frente a otras organizaciones menores, como el Cártel de Santa Rosa de Lima. No hay juego pequeño en la estrategia de la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La propaganda paramilitar que acompaña las acciones del CJNG implica un desafío serio. El domingo 4 de agosto el CJNG subió a las redes un video donde 10 individuos uniformados con ropa de asalto y portando armas de gran poder rodean a un hombre desnudo, quien según el mensaje sería Adolfo Mendoza Valencia, alias El Michoacano, supuesta cabeza de la plaza de Valle de Santiago, Guanajuato, afiliado al Cártel de Santa Rosa de Lima. Antes de asesinar a esta persona el grupo criminal transmitió un mensaje anunciando que, a partir de ese momento, desplegaría un ejercicio de “limpia” para erradicar a sus adversarios en Guanajuato. De paso el CJNG señaló a diversas autoridades municipales y judiciales como cómplices de sus enemigos. Tres días después, esa misma organización exhibió de nuevo su poderío en los alrededores de Uruapan, Michoacán, pero esta vez para enfrentar a Los Viagras (la antigua Familia Michoacana). La mañana del jueves 8 des-

pertó bañada de sangre: colgados de puentes peatonales algunos y descuartizados otros, amanecieron los cadáveres de trece hombres y de tres mujeres en el libramiento oriente de Uruapan. Donde esa vialidad cruza con la calle Magallanes, la policía encontró otros tres cuerpos envueltos en bolsas de plástico. El CJNG revindicó estos actos de violencia con una manta dispuesta para amenazar a sus enemigos. Esta pugna entre Los Viagras y la organización liderada por Nemesio Oseguera entró en fase de crisis grave hace ya tres meses: el jueves 23 de mayo la fiscalía michoacana reportó un enfrentamiento entre esas dos organizaciones criminales donde habría participado una centena de individuos. En el evento, que duró poco más de una hora, 10 personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas. Las armas involucradas en la refriega fueron de alto poder. Tres días después el horror se trasladó al municipio de Zamora, también en Michoacán, cuando un ejército de vehículos y sujetos fuertemente armados atacaron a agentes de la Policía Municipal provocando la muerte de cuatro funcionarios y lesiones graves a una decena de personas. Las patrullas policiales que recibieron el ataque dieron testimonio de la capacidad de fuego del CJNG. A la tragedia de las víctimas se sumaron daños materiales importantes. De toda evidencia esta organización no teme las consecuencias que puedan implicar sus

acciones. Está libre la vía para que elimine a sus adversarios y consolide una hegemonía que, según las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mantiene en al menos 20 de las 32 entidades mexicanas. En un reporte publicado por esa dependencia, el CJNG es valorado como uno de los cinco grupos delictivos más peligrosos del mundo. Mientras tanto, el crecimiento del conflicto no ha encontrado freno por parte del gobierno mexicano, en ninguno de sus ámbitos. En el epicentro de la violencia –el municipio de Uruapan– hoy hay presencia únicamente de 400 efectivos de la Guardia Nacional. La gente se queja del abandono en el que se encuentra la seguridad. La fuerza pública está replegada, por no decir escondida, mientras la expresión de la violencia criminal tiene aterrada a la población civil. La semana pasada comenzó, en el municipio de Valle de Bravo, con una conferencia conjunta ofrecida por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. También estuvo presente el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Ahí se envió un mensaje contundente a propósito de la cooperación entre ámbitos de gobierno y también entre autoridades diversas. Un acto público similar urge en Uruapan, Michoacán. La población civil lo necesita, porque el ambiente se vive con densidad

y temor, pero sobre todo lo merecen las organizaciones criminales que se compartan como si, en efecto, la autoridad legal se hubiera ido de vacaciones. El CJNG no está dispuesto a negociar un solo milímetro de su territorio. Ese es el mensaje principal comprendido en sus desplantes y parafernalia. Hace falta responder que la Constitución mexicana y sus leyes defenderán igualmente cada milímetro y a cada habitante de este país. El discurso de la comprensión al origen social de la criminalidad se está agotando. O se comprende a las víctimas inocentes que se hallan a mitad del fuego entre las organizaciones criminales, o bien se es tolerante con los enemigos de la sociedad. Hoy sabemos que la batalla contra estas organizaciones trasnacionales dedicadas al crimen tiene como objetivo obligarlas a operar bajo las coladeras, lejos de la superficie; el Estado mexicano está obligado a garantizar la paz en las calles y los caminos, y eso pasa por enfrentar sin contemplación la propaganda terrorista que tanto el CJNG como Los Viagras se están recetando en su guerra. Nunca más un cadáver en los puentes peatonales ni cuerpos descuartizados ni ejecuciones transmitidas por YouTube. Lo que está en juego es la credibilidad de la estrategia dispuesta por el gobierno federal para enfrentar la inseguridad, tema que, junto con la corrupción, fue el principal reclamo que hicieron en las urnas los votantes de Andrés Manuel López Obrador.

Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LOS COSTOS DE ADMINISTRAR EL CAOS Jorge Carrasco Araizaga

n 2006, ante las dudas sobre los resultados de la elección presidencial, la revista Proceso intentó un ejercicio periodístico de transparencia para que la sociedad mexicana pudiera conocer qué pasó más allá de lo dicho por las autoridades electorales que le dieron el triunfo a Felipe Calderón a costa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de la interferencia del entonces presidente Vicente Fox y de la cúpula empresarial. La revista pretendió acceder a las boletas electorales para verificar que, en efecto, voto a voto, Calderón había ganado la presidencia de la República. Se trató de emular el ejercicio que había hecho en el año 2000 el diario The New York Times cuando el republicano George Bush ganó la presidencia de Estados Unidos al demócrata Al Gore. El Times tuvo acceso al material electoral del estado de Florida, donde se decidió la elección, y confirmó que Gore había obtenido más votos, pero por el sistema de democracia indirecta de ese país, Bush junior ganó gracias a los votos de los colegios electorales. En momentos en que López Obrador se declaraba “presidente legítimo” de México, la revista, apoyada en la Ley de Acceso a la Información le pidió las boletas al entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE). Ante la negativa, se comenzó un litigio que se amplió cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también negó el acceso a las boletas. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un solo voto, 6 contra 5, no se pudo materializar lo que Proceso en todo momento planteó como un ejercicio de acceso a la información y transparencia.

Felipe Calderón acusó al medio de querer provocar un caos y hasta de poner en riesgo la seguridad nacional. Eso fue lo que su gobierno argumentó cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que Calderón había colocado a uno de los magistrados electorales que habían calificado su elección. El organismo interamericano se negó finalmente a tomar el caso y Proceso lo llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los gobiernos que lo integran tampoco quisieron tomarlo bajo el argumento de que las autoridades electorales habían hecho bien su trabajo. Después de siete años, el litigio se cerró en definitiva en 2013, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calderón cargó con ese intento de ejercicio periodístico y de transparencia durante todo su sexenio y que fue motivo de estudio sobre el acceso a la información y la transparencia en materia electoral. La revista pagó las consecuencias de su propósito. En un claro castigo, “por portarse mal”, según la narrativa de moda, Calderón redujo prácticamente a cero la publicidad oficial hacia la revista. Pero no se quedó ahí. Emprendió una peligrosa medida que puso en un riesgo físico a la revista y sus periodistas. A la mitad de su sexenio, cuando estaba en pleno la guerra que había declarado al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el hombre de los montajes, preparó una escenografía en la que presentó a la revista como parte de la logística con la que operaba La Familia Michoacana, el grupo de narcotráfico que le infringió numerosas y graves bajas a la Policía Federal. Durante dos días, el 29 y el 30 de julio de 2009, hace justo diez años, presentó a una de las tantas células

que dijo desarticular de ese grupo delictivo. Mostró a sus integrantes junto con armas, aparatos de radiocomunicación, llaves de autos y otros elementos con los que se movían, entre ellos ejemplares de Proceso. La revista se inconformó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que se trataba de un acto intimidatorio, violatorio de la libertad de prensa. El mensaje implícito para los enemigos de la Familia Michoacana, era que esta organización delictiva y en particular uno de sus jefes, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, era afecto a la revista. La Secretaría de la Defensa Nacional replicó esa práctica y en un operativo en el que detuvo a un grupo que presentó como perteneciente a Los Zetas, en Veracruz, desplegó también ejemplares de la revista como parte de lo asegurado. La CNDH se negó a considerar el acto del gobierno de Calderón como violatorio a la libertad de expresión y aseguró que lo que hizo García Luna fue un mero ejercicio de difusión. Proceso quiso conocer los argumentos de la CNDH para llegar a esa conclusión. El organismo negó el expediente bajo el argumento de que el caso estaba bajo investigación por parte del ministerio público. De nueva cuenta Proceso emprendió un juicio que después de varios años resolvió la Suprema Corte de Justicia al anular una porción de la ley de transparencia respecto al secreto que favorece a la autoridad ministerial en la investigación de los delitos. Hace una década, esas batallas le venían bien al llamado presidente legítimo. Ahora, convertido en presidente constitucional, la revista pasó a ser un medio que “administra el conflicto, el caos, el amarillismo”. Algo parecido decía Calderón.

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

NO ES VIOLENCIA, ES AGRESIVIDAD Argentina Casanova

ener claridad respecto a lo que es la violencia y lo que es la agresividad no solo permitirá a las autoridades y a los servidores públicos entender por qué un acto de protesta que no tiene la intención de dañar personas no constituye violencia sino actos de agresividad. A raíz de la protesta de este lunes en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, se escucharon pronunciamientos y comentarios de autoridades y de la sociedad en general, incluso de personas que conocen el trabajo en prevención de la violencia, que condenaron “la violencia”; frente a esta postura conviene recordarles que hay una clara diferencia entre lo que es la violencia y lo que es la agresividad. La teoría explica perfectamente la diferencia, la agresividad es un impulso, una forma de mostrar que la persona puede defenderse, levantar un objeto en alto cuando se ve amenazado, un animal se esponja, gruñe y amenaza, le hace saber al otro que está dispuesto a defenderse; eso es la agresividad. Incluso cualquier acto que viene después de un acto de violencia contra su grupo es una forma de agresividad. Para ponerlo con “peras y manzanas”, o mejor dicho con “gatos y perros”, si han observado a un perro, que ya sea por juego o porque realmente tiene la intención, lastimar a un gatito de una camada, la gata hará todo por defenderlo, y sus hermanos pequeños aprenderán a replicar la conducta de la madre.

Los pequeños gatitos se muestran “agresivos”, le enseñan los dientes al perro, se esponjan, se levantan sobre sus patitas alzándose para mostrarse más grandes, lanzan arañazos, aunque su tamaño sea tan pequeño que el perro realmente podría matarlos, pero aprenden que esa actitud agresiva de defensa les va a servir para ahuyentar al animal que lastimó a uno de sus hermanos o hermanas. Ese es el mejor ejemplo que utilizo para explicarle a los policías, ministerios públicos, jueces, magistrados o cualquier grupo con el que trabaje la diferencia entre agresividad y violencia. La violencia, en cambio, tiene características muy específicas y desarrolladas, puede ser instrumental, es decir tener un fin, el de obtener un bien o un beneficio a partir de la violencia inflingida. Ejemplo, el daño que se comete en las personas en un secuestro para obtener un rescate, un asalto a alguna persona desconocida para quitarle la cartera y para ello le disparan o lastiman con un cuchillo. La violencia también puede ser expresiva, por ejemplo, cuando una persona siente una emoción como el odio, el enojo o la envidia contra alguien más y esta se expresa en una agresión que se inflinge a otra persona o incluso sin que haya lesión puede haber actos violentos que expresen la cólera y el odio que la persona siente. La violencia es planeada, es elegida, no es espontánea, incluso cuando ocurre un incidente que se desarrolla bajo aparente espontaneidad, se ha compro-

bado mediante estudios que la persona eligió a su víctima, planeó cuidadosamente los detalles y expresó su violencia mediante actos que tenía la intención de hacer saber a alguien más que estaba enojado. Ejemplo, el ataque contra mexicanos en El Paso, Texas. Y bueno, esta sencilla explicación es para decirle a las autoridades que no, lanzar glitter no es violencia, incluso romper una puerta y mostrarse “agresivas” no es violencia, porque como su nombre lo indica se muestra agresividad. Se necesita leer la movilización y la protesta, pero al parecer nadie lo está haciendo -me refiero a nadie de las autoridades-, en las paredes se pintaron una vez más consignas como amenazas de cortarles el pene a los violadores, este es un gesto que expresa la furia y el enojo y quisiera saber ¿quién no ha pensado que esta puede ser una medida de defensa en caso de una violación? Pacifista, defensora de Derechos Humanos, me ha tocado explicarle a gente muy enojada contra instituciones que no, que no es correcta ni necesaria la pena de muerte contra los servidores públicos por muy omisos que sean. Lamento decirles a las autoridades que eso es lo que hay en el ánimo de las personas cuyos Derechos Humanos fueron violentados, pero las feministas organizadas están expresando agresividad y no es una provocación violenta. *Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

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Jueves 15 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1711

INFORME

ANUNCIO

AMLO firma el Pacto Oaxaca para “fomentar un crecimiento con bienestar” en el sur-sureste

Cesan a personal del Hospital de Palenque por negligencia en aplicación de protocolos

PAG. 8

INICIATIVA

AMLO propone reforma para limitar salarios en organismos autónomos

PAG. 3

FORO

El Tema Migratorio, la Crisis Económica e Inseguridad, Factores que Impactaron en el Flujo Turístico para el Soconusco PAG. 9

INVESTIGACIÓN

La Auditoría Superior presenta nueve denuncias por “La estafa maestra”

PAG. 8

A unos días de la culminación de las vacaciones de verano, prestadores de servicios turísticos y empresas de transporte público del Soconusco, coincidieron en que se tuvo un ligero repunte en las actividades e ingresos dentro de esta actividad, sin embargo fue inferior al número de visitantes con relación al año pasado debido a tres factores como el tema migratorio,

PAG. 6

PAG. 4

Tribunal reactiva juicio de amparo promovido en Comala contra SE y Semarnat