CONTRAPODER EDICIÓN 1700

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La fiscalía general de Chiapas viola el Estado de derecho

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El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia.

El gobernador Rutilio Escandón afirma que Chiapas es un Estado seguro. Pero anoche fue desmentido por un noticiero de televisa que dedicó varios minutos, para mostrar un Chiapas sin ley, desbordada por la violencia e inseguridad. Mal hace el gobernador en vender una imagen irreal de Chiapas fácil de desmentir.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 1 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1700

MARCHA

DETENCIÓN

Cumplen 15 días retenidos policías en Ocosingo

Investigan a síndico de Mapastepec que golpeó a su secretaria

Recordaron que los elementos han estado en activo desde hace 25 años, por lo que pide que se redoblen esfuerzos para su liberación mediante el diálogo

REUNIÓN

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Reafirma UNACH su compromiso por formar universitarios con valores

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Antigua Instalación de Pemex Debe Ser Usada como Espacio Deportivo o Cultural: Organismos Productivos

HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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AUTORREFERENCIA Y AUTOCRACIA: VICIOS PRESIDENCIALES Ricardo Raphael

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INICIATIVA

AMLO perfila iniciativa de ley para dar amnistía a personas encarceladas injustamente

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LA SOLEDAD DE LAS ABEJAS Fabrizio Mejía

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“MILICOGATE”, JUICIO AL CORRUPTO EJÉRCITO CHILENO Francisco Marín

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¿DE VERDAD ESTÁ FUNCIONANDO EL COMBATE DE AMLO AL HUACHICOL? Ana Lilia Moreno PAG. 9

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EDITORIAL La fiscalía general de Chiapas viola el Estado de derecho

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l fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia. El mensaje recurrente del fiscal es insostenible en los hechos, pues él forma parte de un red de complicidades al interior de esa dependencia, en el que se viola la ley sistemáticamente y en la que se práctica la tortura como el método principal para inculpar a los detenidos. Como muestra de esta afirmación se reconstruye la historia publicada los días 9 y 10 de mayo en esta misma sección del Diario Contrapoder en Chiapas. Aquí la narrativa de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur. En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo

en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video. No obstante esta instrucción del juez, el fiscal Acero Arroyo la incumplió, pues de inmediato sometió al señor Gregorio Coutiño a un nuevo proceso, ahora de intento de asesinato, igual de amañado que el anterior, con fabricación de pruebas, como el de sembrarles armas de fuego en su domicilio. El acto infamante de la fiscalía, de abrir un nuevo proceso con pruebas fabricadas, fue avalada por el juez de control del Amate, quien vinculó a proceso a don Gregorio Coutiño Cruz, persona de la tercera edad, aún y cuando quedó demostrado que todas las pruebas presentadas por la fiscalía carecían de sustento, inclusive un policía, que declaró como testigo de cargo, señaló que el ministerio público le ordenó que no se presentara, pues su declaración demostraba que don

Gregorio no se encontraba en el lugar de los hechos y que la primera declaración de la víctima, que ese policía levantó en el parte informativo homologado, jamás mencionó la presencia de don Gregorio sino que esa versión surge en una segunda declaración claramente manipulada por el ministerio público, empecinado en procesar a un inocente. La complicidad del fiscal general en este caso aberrante de inculpación y de práctica de tortura se confirma, en el momento mismo en que el juez de control ordenó al ministerio público la investigación por alegada tortura, que manifestara el detenido Gregorio Coutiño y que se comprueba con un video exhibido ante el juez por los familiares, que no deja duda alguna de la violencia ejercida por personal de la fiscalía contra una persona de la tercera edad, sin que a la fecha se haya realizado investigación alguna, en una clara muestra de desacato, en el que el fiscal Llaven Abarca es responsable por omisión. Pero el agravio a la sociedad chiapaneca es aún mayor, en virtud de el fiscal de alto impacto, Omar Alejandro Acero Arroyo, acusado de alegada tortura ante un juez de control, quien dio vista al ministe-

rio público e instruyó se realizara la investigación, no ha sido separado del cargo y continúa inculpando inocentes con fabricación de pruebas y practicando la tortura. La cero tolerancia fue un proyecto de seguridad con mucho éxito aplicado en la Ciudad de Nueva York por el Alcalde Rudy Giuliani, pero que entraña una discriminación y violación a derechos humanos, en virtud que la tolerancia cero sirve para criminalizar y restringir derechos legales de los ciudadanos más pobres, y deja en libertad los crímenes económicos o informáticos de la gente pudiente, tal y como se puede constatar en Chiapas, que no ha sido investigado ningún delito de cuello blanco cometido por los funcionarios de éste y los anteriores gobiernos. Con el discurso de la cero tolerancia el fiscal general está cometiendo una farsa y está encubriendo delitos de tortura que se cometen en esa dependencia, muy seguramente con su aval o autorización, lo que significa, que en el marco de la tolerancia cero, Jorge Luis Llaven Abarca y otros funcionarios de la fiscalía debieran ser procesados por obstrucción de la justicia, por alegada tortura y por fabricación de pruebas.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Cumplen 15 días retenidos policías en Ocosingo Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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e nueva cuenta familiares de los policías retenidos en Ocosingo marcharon este miércoles en la capital chiapaneca, para pedir su liberación tras cumplir 15 días retenidos por integrantes del FNLS. Recordaron que los elementos han estado en activo desde hace 25 años, por lo que pide que se redoblen esfuerzos para su liberación mediante el diálogo. Linda Moreno, una de las esposas sentenció que de continuar esta incertidumbre iniciaran una huelga de hambre en la entrada de palacio de gobierno More todas las instancias para exigir la liberación inmediata “incluso nos hemos acercado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su llegada a Chiapas el pasado viernes, sin embargo, las cosas siguen igual”. “Ya no sabemos qué hacer, debido a que no les han presentado alguna foto o vídeo como una evidencia de que sus familiares se mantienen vivos. Liberen a nuestros familiares, hacer, tampoco queremos violencia, queremos la paz, para la liberación” comentó Moreno informó que han pasado 15 días difíciles, en las que no saben en qué condiciones están e inclusive si están vivos.

Recordaron que los elementos han estado en activo desde hace 25 años, por lo que pide que se redoblen esfuerzos para su liberación mediante el diálogo

Por tanto pidió que se instale una mesa de diálogo entre la organización y el gobierno del estado, con el objetivo de llegar acuerdos y no

se tengan consecuencias fatídicas. Además, aclaró que los familiares no tienen nada en contra de la organización, por eso hace un lla-

mado al FNLS para que liberen a los retenidos, que son padres, hermanos, esposos que hacen falta en 5 hogares.

Denuncian fraudes con supuestos empleos en redes sociales Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Ciudadanos de la Capital chiapaneca dan a conocer una nueva modalidad para estafar a través de redes sociales con supuestos empleos con grandes sueldos. Los denunciantes dan a conocer que mediante el correo: pepsicoreclutamiento@outlook.com contactan de manera aleatoria a las personas a través de Facebook para decirles que han salido seleccionados para ocupar un empleo en esta empresa. En el correo prometen un salario superior a los tres mil pesos semanales para enganchar a las personas, lo que resulta falso ya que le propósito es estafar a los incautos y aprovechase de la necesidad y de la crisis que padece la población. “Es necesario hace esta denuncia para que la ciudadanía pueda preve-

nir y evitar caer en la nueva forma de estafa por medio de correo electrónico, mediante una página fake “Empleos Delta” hace unos días publicó vacantes para distintas sedes del estado como es Tapachula y la capital chiapaneca”, indicaron los denunciantes. Indicaron que utilizan la marca PEPSICO donde piden que después depositar una cantidad para un examen médico “lo raro está que no dan ni dirección ni número de contactos para poder hablar personalmente con la encargada del reclutamiento ya muchas personas queriendo trabajar por el desempleo hoy en día , hicieron el depósito y hasta hoy día no tienen respuesta”. En la denuncia especifican que la página se localiza en Facebook, y al momento de comunicarse con la empresa directamente les notificaron que todo es falso, en estos tiempos no se encuentran solicitando personal.

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Antigua Instalación de Pemex Debe Ser Usada como Espacio Deportivo o Cultural: Organismos Productivos Tere Morales. Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

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uego de que se diera a conocer de forma no oficial que la antigua instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex) albergará las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), representantes de los diversos organismos empresariales, académicos sectores productivos de la ciudad solicitaron a las autoridades del gobierno estatal y federal que esta especio sea utilizada como un escenario deportivo o cultural. En rueda de prensa, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turísticos (Canaco y Servytur) en Tapachula, Hernán Betanzos Díaz dijo que esta noticia ha ocasionado malestar e inconformidad entre la población civil y empresarial dado que no era el propósito de esa propiedad ubicada en la 4ª sur y 20ª poniente. Señaló que los recientes acontecimientos suscitados por la migración de personas centroamericanas y del caribe hacia México, ha ocasionado incertidumbre, zozobra y preocupación entre la población chiapaneca, por lo que son acciones que desean evitar a través del dialogo.

Tere Morales. Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

La ciudad fue sede del taller de “Empleadores de Guatemala y México: Migración laboral y la Contratación Equitativa”, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se buscó sensibilizar a los representantes de los sectores productivos respecto al tema de los derechos laborales de las personas migrantes. El especialista principal de actividades con empleadores de la OIT en San José, Costa Rica para Centroamérica, México, Panamá, Haití, Cuba, Randall Arias Solano, dijo que por parte de México asistieron representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) por parte de Guatemala. Destacó que otro de los puntos vistos en este taller, fue articular acciones comunes entre los sectores empleadores de ambos países, con el fin de

En rueda de prensa, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turísticos (Canaco y Servytur) en Tapachula, Hernán Betanzos Díaz dijo que esta noticia ha ocasionado malestar e inconformidad entre la población civil y empresarial dado que no era el propósito de esa propiedad ubicada en la 4ª sur y 20ª poniente

Betanzos Díaz dijo que este escenario debe ser utilizado como un espacio deportivo o centro cultural, un símbolo emblemático de Tapachula, ya que en su entorno habitan universidades, centros recreativos familiares y plazas comerciales, al mismo tiempo buscan una mesa de trabajo con las autoridades para establecer las mejores condiciones. Destacó que ante la recesión económica que se vive actualmente, se necesitan proyectos que detonen

la región no que la depriman, dijo además que su papel como organizaciones es velar por que el Soconusco crezca económicamente. Mencionó que esta zona representa un polo de desarrollo, en este lugar se dan cita miles de turistas locales, nacionales y extranjeros, además es un eje universitario, por lo que este tipo de instalaciones solo generarían tensión social; añadió que hasta la fecha las autoridades no tomaron en cuenta la opinión de los colegios, cá-

maras profesionistas para un estudio de factibilidad. Por su parte, la arquitecta, Luisa Guadalupe Zamora Ayala, presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiapas, mencionó que como profesionistas ellos pueden aportar ideas de espacios, donde puedan instalarse la ACNUR y la COMAR, pero esta zona de plazas comerciales no es la ideal. En su oportunidad, el director de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) Humberto Brizuela García dijo que en el Plan de Desarrollo Municipal se contempla que esta zona es básicamente económica. Informó que la máxima casa de estudios de Chiapas presentó ante las autoridades federales un plan para convertir esta área en un centro cultural, pero por el momento todo es un proyecto; finalmente añadió que no están en contra de la migración, más bien en contribuir ideas y propuestas a favor de la Perla del Soconusco.

Cámaras Empresariales Participan en Taller de Empleadores de Guatemala y México garantizar que se cumpla los derechos laborales de las personas que vienen a trabajar principalmente de Guatemala a México. Dijo que la prioridad de la OIT es promover el trabajo decente y asegurar que todas las personas trabajadoras estén protegidas por todos los principios laborales de la legislación nacional, lo cual es un reto para los sectores de la economía. Señaló que el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo es que se respeten todos los derechos de las personas trabajadoras migrantes y cómo crear un empleo decente, para que por medio de las empresas e inversión productiva existan mayores puestos laborales. Arias Solano destacó el compromiso del sector empresarial organizado para enfrentar el fenómeno de la migración laboral de forma responsable, que incluye cumplir con la normativa internacional y nacional, además de

actuar y conducirse éticamente al reconocer los dilemas y las dificultades humanas que enfrentan las personas migrantes cuando se ven forzadas a buscar una vida digna en otro país. Destacó que el reto es que los migrantes no caigan en la economía informal, más bien que obtengan una contratación responsable con un sueldo justo y que no exista incumplimientos de los derechos laborales. En entrevista, el represente del grupo empleador de Guatemala (Cacif )

Rolando Figueroa dijo que los trabajadores guatemaltecos que buscan una oportunidad en el sur de México laboran principalmente en el sector agrícola, en donde de acuerdo con sus registros, el país mexicano provee 500 mil puestos. Finalmente, indicó que la mayoría de las personas que migran a Estados Unidos son hombres y las mujeres se quedan en su país, pero existe un porcentaje alto de mujeres que buscan oportunidades laborales en México.

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Investigan a síndico de Mapastepec que golpeó a su secretaria Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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a noche del martes fue detenido el síndico municipal del ayuntamiento de Mapastepec, Emmanuel Noriega Molina, y llevado al penal Número 3 de Tapachula luego de que el pasado 8 de julio, agrediera físicamente a su secretaria particular de apellido Pérez Zunnun. Según testigos, luego de una discusión verbal que sostuvieron, la golpeó, aventándola contra una ventana de cristal, tirándola en el piso y pateando su cuerpo en repetidas ocasiones diciéndole mientras la agredía “agradece a Dios que estamos en la presidencia ya que de no ser así te hubiera matado”. Tras las investigaciones por los actos de violencia cometidos en contra de la mujer, se le abrió la Carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa CI 1792-080-0501-2019. Aparentemente, la pareja ya había “solucionado” sus diferencias personales. Incluso grabaron un video ambos en el que referían que todo fue un mal entendido. En el citado video ambos reconocieron tener una relación sentimental. Sin embargo, en Chiapas, con la más reciente reforma, la violencia hacia las mujeres ya se persigue de oficio, y si hay evidencia plena de la agresión física, ya no vale el perdón de la mujer, por lo que el responsable va directo a prisión.

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

La mejor parte de nuestro trabajo como docentes es que nos corresponde cambiar la visión de nuestros alumnos, pues son ellos quienes estarán al frente del estado en el futuro, por lo que debemos convertirnos en una institución que les aporte valores como son el orgullo, perseverancia y compromiso, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa, al hablar ante académicos y trabajadores administrativos de la Facultad de Ingeniería. Durante la reunión organizado por el director de la esta Facultad, Arcadio Zebadúa Sánchez y que contó con la presencia del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Hugo Adrián de la Cruz Vázquez; expresó que este compromiso docente es el que da sentido a la existencia como tal de la Universidad. Explicó que durante la administración, se pondrán en marcha cua-

Según testigos, luego de una discusión verbal que sostuvieron, la golpeó, aventándola contra una ventana de cristal, tirándola en el piso y pateando su cuerpo en repetidas ocasiones diciéndole mientras la agredía “agradece a Dios que estamos en la presidencia ya que de no ser así te hubiera matado”

Reafirma UNACH su compromiso por formar universitarios con valores tro programas que serán la punta de lanza de esta transformación que se busca iniciar para la UNACH, como son la reforma y modernización de la Ley Orgánica Universitaria, la revisión de los programas de estudio actuales, generar una apertura, como política institucional, hacia los integrantes de pueblos originarios y la creación de una identidad universitaria. Acompañado del ex rector, Jorge Ordóñez Ruiz, solicitó la participación de todos para iniciar estos trabajos, que sienten las bases para dar a los estudiantes de hoy las herramientas necesarias para ser los líderes del mañana, “seamos formadores de ciudadanos conscientes de las necesidades de nuestro estado”. Al hacer uso de la palabra, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Hugo Adrián de

la Cruz Vázquez, expresó el reconocimiento de este gremio al trabajo realizado por la UNACH, por lo que reafirmó el compromiso de continuar apoyando los proyectos que coadyuven al desarrollo del estado. Finalmente, el director de la Fa-

cultad, Arcadio Zebadúa Sánchez, expresó el compromiso de esta unidad académica, para coadyuvar con el engrandecimiento de la UNACH y el mejoramiento de las condiciones sociales a través de una educación de calidad.

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Organizaciones campesinas anuncian marchas contra “Ley Garrote” en Tabasco Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

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os organizaciones campesinas e indígenas alistan marchas de protesta y repudio en contra de la “Ley Garrote”. Armando Dorantes, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía e integrante del Frente Sindical Campesino, Indígena, Social y Popular de Tabasco, dijo que “hay que ser muy cínico” para afirmar que las reformas al Código Penal de Tabasco (CPT) no violentan derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de manifestarse, ya que “abre el camino al fascismo y la criminalización de la protesta social”. En rueda de prensa de la organización, que agrupa también a telefonistas, informó que el próximo sábado 3 realizarán la primera marcha para manifestarse en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, en contra de la “ley garrote” y, posteriormente, acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para pedir que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Lisandro Osorio Jiménez e integrante del Frente Auténtico del Campo, también en rueda de prensa anunció protestas para el próximo jueves 8 con el mismo propósito y exigir que se dé marcha atrás en las reformas al CPT “que busca reprimir al pueblo”. Por su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Luis Alberto Rodrí-

Javier Cruz Aguirre Ensenada, B.C. (apro)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desalojaron del Congreso local a decenas de integrantes de cinco organizaciones civiles, quienes desde el pasado lunes 15 cerraron el acceso al recinto legislativo en protesta por la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años. Los hechos ocurrieron a las 16:15, cuando miembros de los colectivos Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes y Trabajadores, Resistencia Civil de BC, Comunidad BC Resiste y Comité Defensa del Agua, fueron sacados por la fuerza pública. Un hombre y una mujer resultaron levemente golpeados cuando fueron empujados por los policías. En tanto, en vehículos escoltados por elementos de la PEP, a las 17:45 comenzaron a llegar los legisladores

“Sancionar a quienes extorsionan, coaccionan y violentan fuentes de ingreso, en ningún momento significa coartar la libertad de expresión o de manifestación”, precisa el organismo en un comunicado

guez Luna, dijo que “la Ley Antiextorsión” había sido “un clamor” del sector privado desde hace años. Achacó que por extorsiones de “pseudosindicatos” no se han logrado detonar las inversiones en Tabasco. La delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), secundó y celebró que se busque castigar a pseudosindicatos extorsionadores. “Sancionar a quienes extorsionan, coaccionan y violentan fuentes de ingreso, en ningún momento significa coartar la libertad de expresión o de manifestación”, precisa el organismo en un comunicado. Resalta que el sector de la construcción, “está cansado de ver el trabajo interrumpido por supuestos sindicatos que cierran los pasos, piden sobornos e incluso violentan los equipos de las empresas o amenazan al personal”. En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) analiza expulsar a su coordinador parlamentario, Agustín Silva Vidal, por votar en favor de la “ley garrote”, así como al

otro legislador del sol azteca, Ricardo Fitz Mendoza, ambos exfuncionarios del gobierno de Arturo Núñez. Javier López Cruz, representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), acusó a Silva y Fitz de “escorias” y “serviles” del gobernador Adán Augusto López Hernández. “Agustín Silva está cuidando sus espaldas, fue secretario en el gobierno de Arturo Núñez, una de las administraciones señaladas de corrupción, entonces lo que está haciendo es cuidar que se apruebe la cuenta pública al exgobernador, ese es el motivo por el que siempre estará al servicio de Morena en el Congreso”, acusó. Silva Vidal y Fitz Mendoza fueron, respectivamente, titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente (Sernapam), ambas desaparecidas en el actual gobierno. Los dos han sido señalados de haber “saqueado” las dependencias que presidieron e, inclusive, a Fitz Mendo-

za se le documentó y posteriormente aceptó haber comprado “a crédito”, un lujoso penthouse en 8.5 millones de pesos, en un edificio ubicado en Paseo Tabasco, frente a la laguna de Las Ilusiones, la zona más costosa y emblemática de Villahermosa. La cuenta pública 2018, último año del sexenio nuñista, aún está pendiente de ser aprobada o reprobada en la Cámara de Diputados donde Morena tiene mayoría. Al respecto, el dirigente estatal del PRD, Darvin González Ballina, dijo que será la Dirección Nacional Extraordinaria del partido la que aplique las sanciones correspondientes a ambos diputados, así como también a la legisladora Patricia Hernández Calderón que también votó en favor de la “Ley Garrote”. Mil 800 elementos del Ejército y GN vigilarán refinería de Dos Bocas El comandante de la 30 Zona Militar, Pedro Escalera Cobián, dijo estar de acuerdo con la reforma del CPT que “ayudará” a mejorar en materia de seguridad, combatiendo la extorsión. Informó que la semana pasada se reunió con el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, con quien definió acciones para combatir el robo de hidrocarburos y proteger instalaciones petroleras. Reveló que, por ello, mil 800 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional vigilarán la zona dónde se construirá la refinería de Pemex en Dos Bocas, municipio de Paraíso.

Policía desaloja a las personas que tomaron el Congreso de BC por ampliación de mandato convocados por la presidenta en funciones del Congreso, la petista Claudia Agatón Muñiz. Previamente, los integrantes de los colectivos, entre ellos la profesora Alma Araceli Piña y el activista social Filiberto Sánchez Gurrola, advirtieron que dejarían las instalaciones del Congreso hasta el primer minuto del 1 de agosto, justo en el momento que legalmente entra en funciones la XXIII Legislatura. No lograron su objetivo. El pasado lunes 29, cinco diputadas de Morena, integrantes de la nueva Legislatura, se presentaron en las instalaciones del Congreso local para pedir a los manifestantes la devolución de las oficinas y el pliego petitorio de sus demandas. Tras un diálogo que por momentos

se volvió ríspido, ambas partes acordaron reunirse el martes 30, a las 7 de la noche, para entregar el documento solicitado y desalojar el inmueble, pero los inconformes se molestaron porque la diputada Montserrat Caballero, del XIII distrito de Tijuana, dijo en una entrevista que Morena apoyaría la reforma constitucional aprobada por 21 diputados de la Legislatura saliente. Y finalmente, las legisladoras no se presentaron a la cita de ayer. Ahora, con el apoyo de la nueva Legislatura de Baja California, que tiene mayoría calificada de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT), Transformemos y Verde Ecologista de México (PVEM), con 17 de las 25 curules en el Congreso, podrá avanzarse

en la última etapa que requiere la “Ley Bonilla” para que entre en vigor, luego de su publicación en el Periódico Oficial del estado. Los opositores podrán presentar en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de su publicación, acciones de inconstitucionalidad y controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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De la redacción Ciudad de México (apro)

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or tercer día consecutivo, la aerolínea Interjet afectó el traslado de más pasajeros: este miércoles canceló 13 vuelos nacionales e internacionales, perjudicando a mil 927 usuarios, reportó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La aerolínea de Miguel Alemán Magnani también suspendió este día sus posteos en redes (Twitter y Facebook), cuando regularmente publica, diario, ofertas e información para sus usuarios. La Profecto informó que, en total, Interjet ha afectado a 9 mil 486 pasajeros entre el lunes 29, martes 30 y miércoles 31, con 66 vuelos perjudicados: (46 cancelados y 20 demorados). Debido a la contingencia que la aerolínea justificó ayer como una “restructura operacional”, la Profeco suma 336 atenciones a clientes: (207 asesorías, 57 conciliaciones y 72 quejas). De igual manera, por tercer día consecutivo, pasajeros se manifestaron en redes con videos e imágenes de pizarras con vuelos retrasados y cancelados.

Jueves 1 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La crisis de Interjet: casi 10 mil afectados en tres días y cancela más vuelos La aerolínea de Miguel Alemán Magnani también suspendió este día sus posteos en redes (Twitter y Facebook), cuando regularmente publica, diario, ofertas e información para sus usuarios

Según la procuraduría, las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, por lo que la empresa deberá actuar de la siguiente manera:

políticas de compensación de la aerolínea, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas. -Superior a dos horas, pero menor a cuatro, descuentos que no podrán ser menores al 7.5% del precio del boleto. -Mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgar las indemnizaciones por cancelación que a continuación se indican.

En caso de retraso:

En caso de cancelación:

-Superior a una hora e inferior a cuatro, compensar conforme las

-Reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la

Multas hasta de 4.5 millones de pesos

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la pasada administración federal, y suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión que pudiera pesar en su contra. El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dio a conocer esta medida según el expediente 633/2019, solicitadas por la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), unas horas después de que su abogado Julio Hernández Barros inició el trámite. “Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia, así como la ejecución de dicho acto, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”, señaló dicho juzgado. Aunque dicha medida no la librará

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parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. -Ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. -Transportar en la fecha posterior

que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. “De advertirse incumplimientos, Profeco podrá imponer multas de hasta $4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción”, señaló en un comunicado. La Profeco también puso a disposición las siguientes vías de comunicación: Teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, en un horario de 9:00 a 19:00 hrs. de Lunes a Viernes, y de 10:00 a 18:00 hrs en sábados, domingos y días festivos. Además, Conciliaexprés: 558078-0344 y 55-8078-0485 (celulares). Concilianet, vía electrónica las 24 horas del día los 365 días del año, en el link: https://concilianet. profeco.gob.mx. Redes sociales oficiales, Twitter: @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOficial.

Juez frena (por ahora) cualquier orden de arresto contra Rosario Robles de otros delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. “Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe hacer la aclaración que la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en flagrante delito o se trate de caso urgente, en términos del artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos”, añadió. Robles Berlanga confirmó este martes que fue citada a comparecer el próximo 8 de agosto ante un juez de control sin que “en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de defensa”, señaló en una publicación en Twitter. Ante ello, el juez solicitó a la Fiscalía General de la República y a los jueces de control que podrían haber atraída alguna de las denuncias en su contra,

a que rinda los informes justificando su aprehensión. A decir de la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Vigésima Investigadora solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Federal, con sede en el Reclusorio Sur, vincularla a proceso por “ejercicio indebido del servicio público (artículo 214 del Código Penal Federal)”, derivado de informes elaborados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que derivaron de la Estafa Maestra. De resultar culpable, se le impondrán de uno a siete años de prisión y de

treinta a cien días multa; aunque dicho delito no amerita prisión preventiva y, de concedérsele una suspensión en lo que dura el juicio de amparo, por lo que podría seguir su proceso en libertad. Mientras tanto, Robles Berlanga fue emplazada a depositar una fianza de 69 mil pesos “ya que, de lo contrario, dejará de surtir efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que tendrán expedita la jurisdicción para ejecutar las órdenes de molestia reclamadas”.

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López Obrador frena 100 nombramientos en organismos; no tienen función operativa, dice Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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l presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene 100 nombramientos detenidos porque se trata de cargos de consejeros en organismos que “se crearon para darle empleo a los amigos cercanos al régimen”. Al ser cuestionado sobre el subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el primer semestre, López Obrador dijo esta mañana que en el gasto corriente “hemos ahorrado” y como ejemplo señaló que no ha hecho una centena de nombramientos que no tienen ninguna función operativa. “Aquí hay orden y buena administración, y les digo estamos cuidando, yo tengo por decirles 100 nombramientos detenidos. ¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen”, aseguró este miércoles en Palacio Nacional. En contraste dijo que ha firmado contrataciones necesarias como de

Al ser cuestionado sobre el subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el primer semestre, López Obrador dijo esta mañana que en el gasto corriente “hemos ahorrado” y como ejemplo señaló que no ha hecho una centena de nombramientos que no tienen ninguna función operativa

enfermeras, médicos, maestros y elementos de la Guardia Nacional. “Pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejeros para la transparencia, por decir algo. No es así, es un ejemplo, por ley hay que pagarles, son independientes, ahora 90 mil pesos mensuales, antes 200 mil”, dijo. “Eso es ahorro y eso no altera para nada el funcionamiento del gobierno,

porque estaba excedido el gobierno”, añadió. Luego que un reportero denunciara que pese a la política de austeridad del gobierno actual logró sobrevivir la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a la que se le asignó un presupuesto de 400 millones de pesos bajo la dirección de

María del Carmen Ramírez García, esposa del exgobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, titular de la Unidad de Enlace Administrativo y Financiero de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) , López Obrador dijo que estos organismos surgieron “como hongos” y que se va a revisar el caso. —Entendemos que ustedes están en esta revisión de ver qué sirve y qué no sirve, pero al menos se ha colado este primer año de su gobierno —, le dijo el reportero. “Fíjense cuánto tiempo llevamos en el gobierno, estoy trabajando todos los días y a las vivas y no sabía de ese organismo. Es que cundieron, surgieron estos organismos como hongos después de la lluvia. Aparatos burocráticos onerosos, y en algunos casos propensos a corrupción, orientados a corrupción. Todo esto se está limpiando y lo vamos a seguir haciendo. Debe haber una investigación”, dijo el presidente.

Coparmex pide vetar ley de extinción de dominio; violenta presunción de inocencia y propiedad privada, dice Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al presidente López Obrador a vetar la Ley Nacional de Extinción de Dominio -aprobada en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados el pasado 25 de juliopues, aseguró, violenta “la presunción de inocencia y pone en riesgo uno de los derechos fundamentales de todo individuo: el respeto a la propiedad privada”. Mediante un comunicado, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther explicó que al establecerse en la Ley Nacional de Extinción de Dominio la desposesión e incluso la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que

exista una sentencia condenatoria, genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso. La Coparmex señaló que en la normatividad hasta hoy vigente la extinción de dominio se limitaba exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado; sin embargo, con la legislación aprobada por el Congreso, el número de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría de 5 hasta llegar a 245. “De esta manera, se crea el riesgo de situaciones donde el gobierno pueda quitarle la propiedad a ciudadanos de buena fe, en casos tan simples, como cuando se presenten faltas administrativas relacionadas con la violación o remoción de sellos de clausura en establecimientos mercantiles, que podrán ser tipificados y aplicables a esta figura, aún cuando dicha falta haya sido cometida por terceros y no por el dueño de un bien inmueble objeto de

algún proceso penal”, advirtió el líder empresarial. La Coparmex consideró “excesivo” que se faculte al gobierno a expoliar bienes sin que medie la sentencia de un Juez que determine la realización de conductas que puedan ameritar una acción de esa envergadura jurídica. Ante lo anterior, el organismo hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que haga uso de la facultad que le confiere la Constitución Política, y realice las observaciones pertinentes a esta ley.

“Es decir, que ejerza el derecho de veto, acotando los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico, y a que, en cualquier caso, haya una sentencia condenatoria dictada por un juez para proceder a la extinción de dominio”, señaló. Agregó: “el veto del presidente hacia una ley carente de salvaguardas para el principio de presunción de inocencia y respeto a la propiedad, puede ser una señal clara y contundente de un compromiso inequívoco con la legalidad y el estado de derecho”.

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AMLO perfila iniciativa de ley para dar amnistía a personas encarceladas injustamente Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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ocho meses del inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió su propuesta de campaña de una amnistía para personas encarceladas injustamente. Este miércoles en el salón tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que evalúa enviar una iniciativa preferente de Ley de amnistía al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre. “Ayer tuvimos una reunión y le pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer, consejero jurídico, que se analice bien la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa abriendo el periodo ordinario para una ley de amnistía y quiero que en caso de proceder sea una iniciativa de carácter preferente”, informó el presidente durante su conferencia mañanera. “Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué condiciones, quiénes podrían ser beneficiados por esta amnistía, pero lo vamos a hacer”, añadió. Antes, el presidente enlistó una serie de casos en los que se podría buscar la liberación como “presos políticos, luchadores sociales y presos que están en la cárcel sin haber cometido delitos, o por la pobreza, o porque no tienen abogados, a pesar de que existen los defensores de ofi-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera descartó que la economía mexicana se encuentre en recesión; sin embargo, reconoció que hay desaceleración. En rueda de prensa, el funcionario explicó qué hay varias definiciones de dicho concepto, y una de las más aceptada en Estados Unidos indica que recesión implica una caída significativa y generalizada del ingreso real, empleo, ventas mayoristas, entre otros, por lo cual, acotó, México no está en esa situación. “Los pronósticos de actividad económica son mitad ciencia y mitad arte, quiero pensar que la mayoría de los analistas lo hacen con seriedad”, lanzó Herrera.

Este miércoles en el salón tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que evalúa enviar una iniciativa preferente de Ley de amnistía al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre

cio o quienes no tienen para pagar fianzas o ancianos”. “Me hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel y así en otros casos. Indígenas pobres que no tienen quién los defienda y el procedimiento para liberarlos de desistimiento de la acción penal, ya cuando están en el Poder Judicial es muy complicado. Nosotros estamos llevando a cabo ese procedimiento. Vamos muy lentos, porque incluso hay desistimientos y luego hay amparos en contra de los procedimientos que se están llevando a cabo y no se

avanza o se avanza muy poco”, dijo. El presidente dijo que está esperando la opinión de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para definir si procede la propuesta. “Porque tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles. Lo estamos haciendo, pero es poco el avance, por todo el procedimiento que hay que seguir”, señaló. “Cuando tengamos la iniciativa de amnistía, en el caso que proceda legalmente, se presente aquí con ustedes y que venga la licenciada Olga

Sánchez Cordero, que venga Alejandro Encinas y Julio Scherer, y que les hagan la presentación; y si no, que también se dé la explicación por qué no procede y se entregue toda la información que se tenga sobre presos que, a juicio de muchos, deberían de estar en libertad”, agregó. Desde el inicio de la actual administración la Secretaría de Gobernación inició un proceso de liberación de presos políticos y, hasta abril, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había informado de la liberación de 25 personas y el análisis del expediente de más de 500 presos.

Arturo Herrera descarta recesión, pero sí reconoce desaceleración Además recordó que la economía tiene una naturaleza cíclica, con periodos de expansión y contracción. El titular de la SHCP descartó que se anticipe entrar en una fase de crecimiento negativo en el segundo semestre del año. Lanzó: “lo que estamos esperando es un avance positivo, mucho más dinámico en el segundo semestre de lo que se vio en el primero”. Este miércoles, Herrera debutó con su cuenta oficial en la red social Twitter, en la que detalló los conceptos expuestos en la conferencia.

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En riesgo áreas de urgencia y terapia intensiva del Hospital de la Mujer De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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or carencias de insumos, el Hospital de la Mujer dejó de brindar atención en las áreas de urgencias, la unidad tocoquirúrgica (que recibe pacientes en trabajo de parto) y terapia intensiva. El pasado 24 de julio el encargado de la dirección del Hospital de la Mujer, el doctor Benjamín Orozco Zúñiga, fue notificado de la carencia de insumos para continuar con estudios en el laboratorio básico, suturas quirúrgicas y de espacios e insumos para la atención de recién nacidos prematuros y en condiciones graves de salud. Por medio de un oficio firmado por el jefe de la Unidad de Tocoquirurgía, Rick García Morales, la médica de Terapia Intensiva, Alejandra Corona Cuapio, y el jefe de Urgencias, Carlos Moreno Álvarez, se notificó al director del Hospital de la Mujer que ante la falta de los insumos no era posible continuar con la atención de las pacientes de las áreas que encabezan. El personal de salud advirtió que bajo las condiciones en las actualmente que laboran existe un elevado

riesgo de complicaciones graves en la salud materno-fetales e incluso hay riesgos mortales, hechos que, además, podrían derivar en implicaciones legales para el personal que brinda la atención, describen en el oficio. El Hospital de la Mujer, ubicado en la Ciudad de México y uno de los más antiguos del país, es una unidad centralizada de la Secretaría de la Salud (SS) que proporciona consultas ginecológicas, obstétricas y de ginecología oncológica. Hasta el momento la SS no ha dado respuesta oficial a estas denuncias difundidas en redes social ni ha informado el porqué de la carencia de materiales médicos. El personal de trabajo del hospital,

finalmente solicitó al doctor Orozco Zúñiga, “su intervención inmediata para tomar las medidas que considere, a fin de corregir dichas situaciones y evitar las complicaciones de las pacientes y médico-legales mencionadas”. El oficio también está dirigido a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Atención, así como a la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia, de los que forma parte el Hospital de la Mujer. En este año no es la primera denuncia que hace el personal médico del Hospital de la Mujer; en marzo pasado hubo un paro laboral por la

suspensión del servicio de alimentos para el personal médico, así como por las malas condiciones laborales que enfrentaban. Cabe recordar que este año la Cámara de Diputados aprobó mil 160.8 millones de pesos a los Institutos Nacionales de Cancerología (INcan); de Enfermedades Respiratorias (INER); de Neurología y Neurocirugía; de Perinatología (Inper) y a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (que da seguimiento a las labores del Hospital de la Mujer) a fin de que ofrecieran atención en salud con perspectiva de género. No obstante, este paro y ahora la suspensión de servicios ha hecho que usuarias y familiares denuncien una deficiente atención médica, ya que en este hospital se atienden desde embarazos de alto riego, infertilidad y eventos obstétricos, hasta casos de cáncer de mama, ovario o cervicouterino. Según reportes del Hospital de la Mujer, hasta 2016 brindaban 175 mil consultas al año, todos los servicios tienen un costo que son determinadas a partir de un estudio socioeconómico a cargo del departamento de Trabajo Social.

Diputadas proponen despenalizar aborto en el Estado de México De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Las diputadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, presentaron una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad. La propuesta, presentada este martes 30 de julio en el pleno del Congreso estatal, es reformar diversos artículos del Código Penal local y del Código Administrativo del Estado de México para garantizar la interrupción legal del embarazo, un derecho vigente en la Ciudad de México desde hace 12 años. “Estaremos muy al pendiente, para que lo más pronto posible pueda convertirse en ley, porque ya es una exigencia social. Necesitamos que se materialice y no se quede en la congeladora. La intención es que trascienda y que avance lo más pronto posible”, señaló la diputada Nancy Nápoles Pacheco en una conferencia de prensa realizada ayer. La legisladora precisó que la legislación actual castiga a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo con penas de uno a tres años de prisión, por lo que de 2007 a junio de este año más de 56 mil 477 mexiquenses, de entre 17 a 38 años de edad, acudieron a la Ciudad

de México a practicarse un aborto de manera legal y asistida. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2018 se iniciaron 576 procesos de investigación por el delito de aborto en todo el país y el Estado de México se ubicó en primer lugar nacional con 79 casos; además, de enero a junio de este año suman 57 casos por este delito. Por esta razón, la propuesta es reformar el artículo 248 del Código Penal local para que diga que comete el delito de aborto la mujer que interrumpa su embarazo “después de la décima segunda semana de gestación o que consienta que otra persona la haga abortar una vez transcurrida dicha semana”. La modificación normativa señalará que, si la conducta se comete después del tiempo de gestación establecido, se impondrá de seis meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de multa y en atención a la capacidad económica, podrán conmutarse los días multa por trabajo a favor de la comunidad. El mismo artículo dirá que las mujeres que sean procesadas por aborto después de las 12 semanas de gestación, recibirán atención integral con perspectiva de género, para lo cual, la autoridad que tenga conocimiento del hecho las canalizará a las unidades del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

La iniciativa de las legisladoras de Morena, también pretende eliminar la fracción del artículo 250 que actualmente dice que si una mujer aborta para “ocultar su deshonra” se le debe sancionar con penas de seis meses a dos años de prisión. En vez de esta redacción, en caso de que la iniciativa sea probada, el artículo 250 señalará que el aborto no se sancionará cuando sea producto de una violación o por fecundación sin consentimiento de la mujer; cuando de no practicarse corra peligro la vida o salud de la mujer o si hay alteraciones genéticas o congénitas del producto. Estas excluyentes de responsabilidad existen en la legislación actual, pero ahora la propuesta de las morenistas es incluir en el Código Penal local que el personal médico tendrá la obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción de su embarazo; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. La diputada Nápoles Pacheco precisó que con esta reforma el Sistema Estatal de Salud estaría obligado a atender las solicitudes de interrupción del embarazo de las mujeres solicitantes, sin importar si cuentan o no con algún otro servicio de salud público, social o

privado. Mencionó que en la entidad mexiquense se han presentado 65 mil 996 casos de complicaciones por abortos inseguras que han sido atendidos en el sistema de salud. Las legisladoras quieren reformar el Código Administrativo del Estado de México para que los servicios de salud atiendan las solicitudes de aborto, implementen políticas públicas para el fomento de la maternidad y la paternidad responsables, promuevan la prevención del embarazo no planeado y no deseado y garanticen la distribución de métodos anticonceptivos. La propuesta de reforma al Código Administrativo estatal también propone que cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, las instituciones de salud realicen el procedimiento en un lapso no mayor a cinco días, contados a partir del siguiente a que sea presentada la solicitud de la mujer.

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¿DE VERDAD ESTÁ FUNCIONANDO EL COMBATE DE AMLO AL HUACHICOL?

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a decisión del presidente López Obrador, anunciada el 27 de diciembre de 2018, de combatir al robo de combustible, o mal llamado “huachicol”, como uno de sus primeros pasos para demostrar firmeza en el combate a la corrupción fue ampliamente aceptada. Esta demostración de voluntad posiblemente fue un factor que abonó al aumento de su popularidad, que alcanzó el 80% en febrero de 2019. Aquel día de inicios de sexenio, el presidente cuantificó el daño causado por este delito en 60 mil millones de pesos –el equivalente al presupuesto anual de la UNAM–, y detalló en su diagnóstico que el 20 % de los delitos relacionados con hidrocarburos correspondía a la ordeña de ductos. Por ello, convocó a un esfuerzo colectivo para combatirlo. Siete meses después de aquella suerte de arranque de campaña, el presidente comunicó que dicho delito se había abatido en un 94 %. Sin embargo, Sin embargo, existen dudas pues no es posible confirmar el dicho con la información pública y disponible. Oficialmente, la estrategia se llamó Plan Conjunto de Combate al Robo de Combustible (PCCRC), y convocó a ciudadanos, industria y a 15 dependencias federales a sumarse para alcanzar los objetivos. La idea pintaba como un esfuerzo gigante que derivaría en el saneamiento tan esperado. La sociedad llevaba años expuesta a historias de violencia, impunidad y enriquecimiento ilícito a causa de este delito, que contradictoriamente pasaba inadvertido o se reportaba como un riesgo mínimo en reportes financieros del gobierno y de la petrolera.

La transparencia en ‘tiempo real’

En su muy particular ejercicio de rendición de cuentas, el Ejecutivo informó sobre el éxito del plan difundiendo un solo indicador: el reporte diario del desvío de hidrocarburos reportados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Es suficiente? Veamos: si bien la métrica proporciona información sobre el cálculo diario del empaque del Sistema Nacional de Gasoductos –la medición sistematizada de condiciones operativas que activa alarmas ante cambios en las variables–, es necesario recordar que el presidente en su anuncio de arranque del plan señaló que la ordeña de ductos representa solo el 20 % del problema. Por ello, de-

Ana Lilia Moreno

cidimos explorar si existe más información pública disponible que nos pueda dar cuenta de la eficacia del PCCRC. En México Evalúa intuíamos que el caso nos permitiría detallar algunas hipótesis o confirmar conclusiones en torno a la transparencia corporativa, uno de los mayores desafíos –y factor de mejora para su quehacer– en las Empresas Productivas del Estado, como lo hemos descrito en el Índice (IT-EPE) recientemente publicado. Pero, más allá de los fines de la investigación, ¿qué relación tiene el combate al robo de combustible con los términos estrictos de la transparencia corporativa? Véamoslo de esta manera: los actores interesados más importantes para Pemex somos todos los mexicanos, y como tales, la empresa debe informarnos proactivamente sobre una actividad estratégica en la cual la empresa juega un papel central –y debe transparentarla no sólo de cara a la ciudadanía en general, sino también a los stakeholders y las demás entidades del Estado involucradas en el Plan Conjunto–. Dentro de nuestros hallazgos, descubrimos que no fue posible encontrar un documento o reporte de seguimiento a los avances del PCCRC. Asimismo, hallamos que la Estrategia Nacional de Combate al Mercado Ilícito De Hidrocarburos, publicada recién el pasado 16 de mayo de 2019, planteó un enfoque distinto al del Plan Conjunto, pues involucró solamente a Pemex, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Además, descubrimos que en el portal de Pemex se dejó de reportar el número de tomas clandestinas en noviembre de 2018. No obstante, pudimos confirmar, gracias a solicitudes de información, que los ataques a la red de hidrocarburos tuvieron un aumento de 18.50 % en el primer trimestre de 2019, comparado con 2018. De aquí surge una duda lícita: ¿de verdad este delito está disminuyendo? El seguimiento de algunas pistas

más nos permitió explorar el comportamiento de la venta de gasolinas, bajo el entendido de que toda hipotética disminución en el robo de combustible debería reflejarse en aumentos en ventas, ya que Pemex abastece al 94% del mercado de combustibles en el territorio nacional. Al respecto, confirmamos que, contrario a lo supuesto, Pemex ha reportado una disminución nacional en ventas de gasolinas –con cifras de enero a mayo de 2019–, equivalentes a -6.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Por añadidura, en materia de combate a través de verificaciones del SAT, rastreamos si dicha institución había reportado un seguimiento a las cuentas identificadas en febrero de 2019 como presuntamente vinculadas al robo de combustible, pero no encontramos información actualizada. También dimos seguimiento a la labor de Profeco, organismo que empezó a reportar en mayo de 2019 datos quincenales sobre sus labores de verificación a gasolineras. De esta información pudimos confirmar que ha identificado 18 % de irregularidades en sus inspecciones. Sin embargo, también comprobamos que dicha Procuraduría enfrenta una seria limitante, pues está impedida para verificar el software de las bombas surtidoras –por medio del cual presuntamente los gasolineros realizan fraudes–, ya que la NOM185, norma que le permitirá hacer esa labor, está en un proceso de actualización que finalizará hasta el segundo semestre de 2020. En suma, los datos que aporta Profeco, si bien reflejan sus esfuerzos, deben mirarse con cierta reserva si de medir la eficacia del combate al delito se trata. También exploramos si la Comisión Reguladora de Energía había difundido algún reporte de seguimiento a permisos para la construcción de gasolineras, y en torno a la identidad de solicitantes que tenían averiguaciones previas por robo de combustible a principios de 2019. Desgraciadamente, no hay

información pública actualizada y disponible. De igual manera, confirmamos que Pemex Logística no reporta proactivamente el avance en decomisos de autos-tanque clandestinos, una práctica que aparece frecuentemente en notas de prensa. Al fin, y desde el ángulo de la justicia, pudimos conocer que la Fiscalía General de la República, entre febrero del 2018 y el 2019, abrió 9 mil 894 carpetas de investigación, de las que se han derivado mil 399 personas detenidas. Sin embargo, no fue posible saber cuántos de esos casos han terminado en sanciones. Rendición de cuentas y credibilidad La falta de rendición de cuentas sobre los resultados del PCCRC demuestra que existen vacíos de información que lamentablemente minan la intención y quizá el esfuerzo que el gobierno federal esté realizando para controlar este delito. The Atlantic Council (organismo internacional dedicado a estudiar temas de seguridad) ha señalado al robo de combustibles como un mercado negro que tiene un valor mundial de aproximadamente $133 billones de dólares. México figura como uno de los seis principales países de alto riesgo en el planeta, seguido de Iraq, Nigeria, Rusia, Indonesia y Turquía. Este combate podría pasar a la historia como una decisión atinada por parte del gobierno federal y de Pemex. Empero, a siete meses del arranque del Plan Conjunto, y ante las dificultades para verificar las cifras desde la sociedad civil, la oportunidad del gobierno para demostrar la fuerza del cumplimiento de los compromisos se está esfumando y, peor, se abre la puerta a una pérdida de credibilidad. Se requiere de un ejercicio completo de transparencia y de rendición de cuentas alineado a las expectativas planteadas en el PCCRC. Específicamente, creemos que Pemex podría publicar oportunamente las estadísticas, elaborar un reporte de avances del plan, dimensionar y cuantificar los riesgos, participar en foros mundiales sobre este delito, informar sobre sanciones y procesos de responsabilidades, indicar qué está haciendo con los ahorros resultantes e informar sobre avances en la colaboración con otras instituciones. Una efectiva rendición de cuentas sería un insumo esencial para construir diálogo e involucramiento de la sociedad con semejante desafío. Aún están a tiempo de cerrar la pinza. *La autora de este texto forma parte de la organización México Evalúa

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“MILICOGATE”, JUICIO AL CORRUPTO EJÉRCITO CHILENO

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l procesamiento y detención del excomandante en jefe del Ejército, general retirado Humberto Oviedo Arriagada, por apropiación ilícita de 65 millones de dólares destinados a labores de inteligencia militar, agudizó el desprestigio de esta institución castrense y deriva hacia una crisis institucional. dada la obstinada negativa del imputado de someterse a la justicia. El dictamen judicial –emanado el 29 de junio– se relaciona con la arista “gastos reservados” del mega juicio conocido como Milicogate. Éste se inició en febrero de 2016 y actualmente es conducido por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford Parentti, quien en marzo de 2020 culminará una misión de tres años en la Corte Marcial. Oviedo, quien dirigió al Ejército entre 2014 y 2018, cuando la presidenta de Chile era la socialista Michelle Bachelet, permanece recluido en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, Santiago. Allí hace compañía al también excomandante en jefe del Ejército (2010-14) general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, quien ejerció durante el primer mandato del derechista Sebastián Piñera. Éste fue procesado en febrero pasado por la juez Rutherford en la misma causa (575-2014), acusado de malversar 5.5 millones de dólares. Por ley, los gastos reservados que se le asignan al Ejército deben ser destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, tanto Oviedo como Fuente-Alba los ocupaban con fines de enriquecimiento personal, lo que, coinciden diversos analistas, supone un riesgo a la seguridad nacional. Vital para el esclarecimiento de los delitos fue la confesión del exjefe de finanzas del Ejército, coronel Sergio Vásquez Undurraga. Éste declaró (a fojas 3844) que, en 2014, cuando tomó posesión de dicho cargo, su antecesor, el coronel Jorge Cortés, le expuso en presencia del general Oviedo que los comandantes en jefe anteriores contaban con 1.3 millones de dólares anuales de libre disposición y que eso debía continuar con el nuevo jefe institucional. Vásquez aseguró que “lo mismo se hacía en el periodo del general (Óscar) Izurieta Ferrer (2006-2010)”. Este, según todas las proyecciones, se convertirá en el tercer excomandante en jefe del Ejército procesado en el Milicogate. Rutherford pudo establecer que el general Oviedo destinaba 24 millones de pesos anuales (36 mil dólares) para el mantenimiento de su casa; 30 millones (45 mil dólares) anuales

Francisco Marín para viajes, al margen de los pasajes y viáticos oficiales; 21 millones por concepto de repostería, y cerca de mil dólares mensuales en chocolates, entre otros gastos y extravagancias. Sólo considerando lo defraudado en la arista “gastos reservados”, Oviedo defraudó al fisco con 1.1 millones de dólares. Sin embargo, como son 30 las aristas o cuadernos en el Milicogate, lo malversado en “gastos reservados” debe ser considerado sólo una parte menor del fraude en el Ejército. Los montos mayores deben encontrarse en lo referido a adquisición de material bélico. Pero a este respecto aún no hay cifras oficiales de lo robado al fisco. El Milicogate se abrió en febrero de 2016, luego del impacto provocado por un reportaje del periodista Mauricio Weibel en el semanario The Clinic. La investigación judicial partió como un caso de robo de unos pocos millones de dólares provenientes de la Ley Reservada del Cobre, que establece que 10% de las ventas de la estatal cuprífera Codelco se deben utilizar en la adquisición de equipamiento bélico. El modus operandi era la utilización de facturas falsas para rendir gastos que no se realizaban. Desde el principio este proceso llamó la atención de la opinión pública, puesto que permitió conocer que oficiales de bajo rango y suboficiales gastaban miles de millones de pesos en casinos y fiestas, sin que nadie en el Ejército se diera por enterado. Sin embargo, cuando en marzo de 2017 la causa fue tomada por Rutherford, los ritmos y alcances de la investigación se incrementaron exponencialmente. Actualmente hay 28 altos oficiales procesados, entre ellos, además de Oviedo y FuenteAlba, el exvicecomandante en jefe John Griffiths (imputado cuando estaba en servicio) y el exdirector de finanzas del Ejército Jozo Santic.

Revés institucional

Para detener el avance de las causas de corrupción en el Ejército, los excomandantes en jefe y otros altos oficiales involucrados han recurrido a un enclave autoritario heredado de la dictadura, que en la transición a la democracia ha adquirido un poder insospechado: el Tribunal Constitucional (TC). El 4 de enero el abogado de Oviedo, Gonzalo Rodríguez, presentó un “recurso de inaplicabilidad”. Arguyó que ciertas normas del Código de Justicia Militar, como el secreto del sumario y el hecho que los imputados no puedan declarar en presencia de sus abogados, violan garantías constitucionales. “La Justicia Militar es un sistema decimonónico que se superó en todos los países civilizados donde existe estado de derecho”, sos-

tuvo Rodríguez. Nada dijo del hecho de que ha sido el propio Ejército el que con más fuerza ha pujado –hasta ahora– para que se mantenga este arcaico sistema de justicia, que juzga a civiles y militares en tiempos de paz. Acogiendo lo solicitado, el TC definió el 9 de enero paralizar las indagatorias contra el excomandante Oviedo en la arista “empresas de turismo”, en la que hay 348 generales y 892 coroneles involucrados, con diversos grados de participación. Cabe consignar a este respecto lo señalado por el periodista y conductor de CNN Chile, Daniel Matamala, en la columna “El general en su laberinto”, publicada el domingo 7 en el diario La Tercera: “De los mecanismos de protección que gozan los poderosos, el de los generales parecía el más inexpugnable: una justicia propia, secretista y ajena al escrutinio público. Hasta que una civil, Romy Rutherford, llegada por azar al cargo de ministra en visita de la Corte Marcial, se tomó demasiado en serio su trabajo. Desenredó la madeja de corrupción en los altos mandos, logró la confesión del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, lo procesó a él y a su sucesor, Humberto Oviedo, y puso en la mira a una larga lista de coroneles y generales. Entonces, tal como con los empresarios y con los políticos, comenzó a operar la impunidad”. Pese a este revés propinado por el TC, Rutherford siguió adelante en las otras 29 aristas de este mega proceso, destacando sus avances en el cuaderno “Gastos Reservados”. De esta manera, el 25 de junio concurrió al domicilio de Oviedo a tomarle declaración, paso indispensable para cursar su procesamiento. Pero éste, ante cada consulta, expresó que no respondería porque la causa se encontraba paralizada por el TC. Sin embargo, acogiéndose a prerrogativas previstas en el Código de Procedimiento Penal, ese mismo día la ‘Jueza de Acero’ (como se conoce a Rutherford) ordenó su detención por cinco días y cerca de la medianoche del 29 de junio dictó su procesamiento. Negándose a enfrentar sus culpas ante la justicia, Oviedo acudió nue-

vamente al TC, al que solicitó paralizar toda la causa, en todas sus aristas. “Es necesario reponer el imperio de la ley”, reclamó. Fue así como el viernes 5, el TC aceptó la solicitud por tres votos contra dos. “La suspensión, en lo sucesivo, ha de tener lugar sin exclusiones en la gestión pendiente incluyendo todo ‘cuaderno’, cuya etapa procesal actual sea la de sumario”. Este fallo generó escándalo nacional al considerarse que el TC estaba invadiendo prerrogativas que son propias de la justicia. Pese a ello, Oviedo permanece detenido, ya que esta última decisión no tiene carácter retroactivo, por lo que no se anuló su procesamiento. Para conseguir su libertad, Oviedo recurrió al amparo ante la Corte Marcial y la Corte Suprema, alegando un supuesto accionar arbitrario e ilegal de la magistrada Rutherford. Sin embargo, en ambas cortes y por amplias mayorías se rechazó lo solicitado, en un claro espaldarazo a la ‘Jueza de Acero’. No obstante estas determinaciones, la causa contra Oviedo se ve notablemente afectada por la paralización dictada por el TC el 9 de enero y por la ampliación de la misma –a todas sus aristas– decidida el viernes 5. De todos modos, la presión de la opinión pública y el malestar de una minoría de magistrados del propio TC (que se han quejado de la parcialidad con la que está operando la mayoría de este cuerpo colegiado) está surtiendo algún efecto. La prueba es que el presidente de este tribunal, Iván Aróstica, decidió el viernes 19 poner en tabla para el 2 de agosto la revisión del fondo del asunto del recurso de inaplicabilidad presentado por Oviedo. Cabe poner de relieve que el presidente del TC es reconocido por su cercanía con el mundo castrense. Trabajó en la Caja de Previsión de la Defensa e incluso escribió un libro sobre el corvo, la más simbólica y sangrienta de las armas del Ejército de Chile.

“El monstruo”

En entrevista con Apro, el diputado socialista y miembro de la Comisión Especial Investigadora de Fraude en el Ejército –que operó entre agosto y enero pasados–, Leonardo Soto, manifiesta que la situación que se produce luego del citado fallo del TC “es particularmente grave e inédita en nuestro país”. Fundamenta: “Este tribunal, que no forma parte del Poder Judicial, viene a intervenir y a bloquear la acción de un tribunal de la república, constituido por la ministra Romy Rutherford”.

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LA SOLEDAD DE LAS ABEJAS

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ay un momento en que surge la economía que padecemos. Es –lo sabemos por Michel Foucault y Giorgio Agamben– el cambio entre la idea de prever las hambrunas por falta de trigo- a la de dejar que ocurra para, luego,gobernar sus consecuencias. Se lo debemos a los primeros expertos, los fisiócratas, que desatan debates interminables; Voltaire llegará a decir que los franceses dejan de hablar de modas para dedicarle todo el tiempo a la fisiocracia. No era para menos: el cambio de idea consolidó en nuestra cultura conceptos que hoy parecen “naturales” e indiscutibles. Por ejemplo, el “dejar hacer, dejar pasar” del liberalismo que no consiste en evitar la crisis, sino en maniobrar después para convertir sus efectos en algo útil. Es la racionalidad instrumental de pensar a los habitantes como población, a la escasez como oportunidad de negocio para algunos, a que gobernar no es resolver las causas, sino aprovechar los efectos. Al mismo tiempo que los fisiócratas dan ese vuelco que, después, se convierte en la tiranía de los números, las ecuaciones indisputables, los datos “duros”, surge su contraparte: los motines de los campesinos franceses por la falta de trigo. No se trata de una simple reacción al liberalismo económico, sino de toda una cultura en la que existen restricciones para la avaricia: precios únicos, no establecer categorías de pan para ricos y para pobres, la prohibición para que algunos acaparen trigo en tiempos de escasez para venderlo por los cielos, la venta primero a los consumidores y después a los mayoristas. Antes del “dejar hacer, dejar pasar”, el Estado regulaba esta avaricia pero, después, son los propios campesinos, moledores y panaderos los que se ponen de acuerdo para un intercambio que no está motivado por la ganancia, sino por un principio moral: que nadie se muera de hambre. La historia de esta cultura la contó hace medio siglo E.P. Thompson cuando “acuñó” el término “economía moral”, que venía desde tiempos griegos y persas. En ella comprendemos que los moledores y panaderos no eran sólo trabajadores o vendedores, sino que tenían un papel en la comunidad como garantes de prácticas morales, de lo que hoy llamaríamos comercio justo. La “gobernanza” fisiócrata dejaba a los campesinos desprotegidos porque la libertad que invocaba era la de enriquecerse sin importar las consecuencias. El hecho es que, sin el Estado, los campesinos se rebelaron y pasa-

Fabrizio Mejía

ron a saquear bodegas de acaparadores y a quemarlas con todo y trigo, lo que habla, no del “interés personal”, sino de la indignación moral ante un mercado que se iba haciendo impersonalmente ambicioso. El comerciante no debía ver sólo por sus ganancias sino no matar a los demás en su libertad. Ni siquiera el ideólogo del liberalismo, Adam Smith, estaba de acuerdo con el puro egoísmo como motor de la vida. Nuestros neoliberales sólo leyeron de Smith la parte que los justifica, y se olvidan de Moral Sentiments, que abre diciendo: “Sin importar qué tan egoísta un hombre pueda ser, hay evidentemente ciertos principios en su naturaleza que lo interesan en la fortuna de los otros, haciendo de su felicidad algo necesario para la de él, aunque no le retribuyan más que la alegría de verla.” Smith se oponía con vehemencia a la idea de Bernard Mandeville de que los vicios privados se volvían virtudes públicas sobre la base de que no existía una moralidad en el mercado. El escritor satírico holandés había sacado esa conclusión de tratar de extraer una ética de la naturaleza. Como siempre que se intenta eso –por ejemplo, en el nazismo con la “supervivencia del más apto”– se descubre que la animalidad es justo lo que carece de moralidad, que es sólo humana. Los animales no cometen errores, sólo nosotros, los humanos. Pero el mercado de los intereses egoístas se justifica en cierta observación de la forma en que los animales se relacionan –vemos jerarquías, matanzas, cacerías solitarias por el alimento, aunque casi nunca la cooperación como adaptación de la supervivencia– para justificar la existencia de una amoralidad de los ricos y la utilidad de la pobreza e ignorancia de los pobres. Para Mandeville, estudioso de las colmenas, las virtudes morales son hijas políticas del deseo de reconocimiento público, es decir, sólo son instrumentos para saciar el egoísmo orgulloso. De la

observación de una colmena trasladada a la teoría social, Mandeville “descubría” una ideología que no se presenta como ideología, sino como “naturaleza”: si dejamos de ser morales, la sociedad espontáneamente encuentra su “evolución”. De los pobres dice: “es necesario que un gran número de ellos sea ignorante y pobre. El conocimiento multiplica nuestros deseos, y entre menos cosas desee un hombre, más fácilmente serán satisfechas sus necesidades. La felicidad y el bienestar de cada reino y nación requieren que el conocimiento de los laboriosos pobres se limite a sus ocupaciones y nunca extenderse más allá”. Mandeville, al igual que los creadores de la Escuela Austriaca del neoliberalismo, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, cree en los efectos no intencionales de que los ricos concentren la abundancia y los pobres la ignorancia. “Los pobres no trabajarían si tuvieran salarios suficientes; se dedicarían al alcoholismo y ala vagancia”, escribió sin intenciones satíricas. A esa ideología liberal se opusieron Adam Smith y David Hume, los considerados filósofos del liberalismo. No veían las colmenas como modelo social, sino que observaban la materialidad de lo moral, por ejemplo, la forma en que un niño se indigna cuando un adulto le rompe su dibujo a otro o cuando alguien siente la necesidad de salvar a otro que se ahoga, sin anteponer sus intereses egoístas. Los humanos somos seres morales, no sólo mercantiles. En la economía existía una ética de la supervivencia, observable en las hambrunas y la indignación moral de muchos contra los abusos de los comerciantes que preferían vender sus productos en mercados externos cuando sus vecinos no tenían para comprarlos. Smith creía en la sociabilidad como un espejo moral y en la “simpatía” como deseo natural hacia el dolor de los otros. Fueron los neoliberales austriacos los que despejaron lo social de cualquier moralidad y, por tanto, de la necesidad de la

política. “No existe tal cosa como la sociedad”, dijo Margaret Thatcher. Y lo que estaba asegurando era que la política de los demás le estorbaba para hacer la propia. En muchas de nuestras actividades económicas existe la significación moral de las mercancías y bienes públicos. Todos significan, no sólo deseos de posesión, sino un buen número de suposiciones sobre lo que es necesario o benéfico. Las mercancías contienen toda una gama de valores que no son sólo el precio. Pensar, por ejemplo, que el maíz o el té, en México o Inglaterra, son sólo mercancías y no que señalan una forma de estar juntos, de pertenencia, es reducir lo económico a las “variables”, es decir, a un conjunto de ecuaciones sobredeterminadas que se mueven al cambiarles las cantidades. La mención a la moral de una economía atrae las protestas de los que creen que son números y que, para colmo, los números tienen un solo significado. La economía neoliberal sería como la de una colmena mandevilliana habitada sólo por porcentajes. El PIB es la reina y los salarios son las obreras. Los zánganos son las herederas de las Kardasian. Hayek- y Von Mises se hubieran asombrado de que durante toda la historia humana, de la guerra del Peloponeso a Rousseau, la economía no fue ese ente autónomo, separado de cualquier sociabilidad y dirigido espontáneamente por los números, donde a los únicos que les va bien son a las cifras de la macroeconomía. Lo justo, la legitimidad de un producto o un valor, el concepto de “regalo”, la reciprocidad y lealtad que se establece entre una marca, su vendedor y sus consumidores (el fenómeno de la fila para el nuevo Iphone),- la comunidad que se integra o desintegra alrededor de una mercancía, todas esas cuestiones simbólicas no están en los números, pero son parte integral de una economía, aunque sus intercambios no tengan nada que ver con la ganancia y, a veces, ni siquiera con el precio, sino con el valor que colectivamente les hemos adjudicado. Si pensamos que “lo moral” se toma en la modernidad como algo individual, quizás debamos pensar en llamar “ética” a las formas económicas que no toman como instrumento para la ganancia a los demás. La moral es un tipo de ética que es social. Las prohibiciones y obligaciones serían así “morales”, mientras que los valores, las virtudes, son “éticas” porque son importantes en sí mismas como lo que queremos ser en colectivo. Una acción y las razones para realizarla son el sustento para pensarnos como sociedades, no la soledad de las abejas.

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AUTORREFERENCIA Y AUTOCRACIA: VICIOS PRESIDENCIALES Ricardo Raphael

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egún su propia versión de los hechos sólo él ha luchado contra la corrupción, sólo él se ha preocupado por la pobreza, sólo él ha sabido leer e interpretar la historia mexicana, sólo él ha enfrentado a la oligarquía, sólo él se atreve a decir las verdades, sólo él tiene el valor de polemizar, sólo él representa a la democracia, sólo él comprende al pueblo bueno. Cuando habla de sí mismo confunde porque suele utilizar la primera persona del plural, pero en realidad siempre habla de Andrés Manuel López Obrador cuando dice “nosotros”. Discursa como lo hacían los reyes en otros tiempos, que imponían su punto de vista muy individual desde un nosotros gigante, a la vez mayestático e inalcanzable. Lo enojoso de tanta autorreferencia es que se despoja a muchos otros sujetos de sus propias luchas. Contra la corrupción han batallado muchas mexicanas y mexicanos, lo mismo que contra la pobreza, la oligarquía o el autoritarismo. Es hurto miserable desposeer a las personas de sus propias batallas, anularlas, desaparecerlas, y esto es lo que vuelve mezquino el discurso presidencial. Sirva como ejemplo reciente la descalificación que el presidente hizo de la tarea que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). A propósito de esta institución aseguró López Obrador que no ha servido, que duplica funciones y que por tanto está pensan-

do desaparecerla. Sorprende que alguien interesado en la pobreza y la desigualdad mexicanas tenga una opinión tan negativa del Coneval. Cualquier persona seriamente preocupada por las políticas que han fallado o acertado, a la hora de enfrentar las asimetrías en nuestro territorio, tendría que haber leído, por lo menos una vez, los estudios, reportes o informes del Coneval. Una sola visita a estos documentos es suficiente para comprender la diferencia entre el Inegi y el Coneval: el primero es un instituto que proporciona información estadística, pero no interpreta. El segundo celebra análisis, compara, obtiene valor agregado de las encuestas levantadas por el primero. Por tanto, no son instancias que dupliquen la tarea, son distintas, aunque a la postre sean complementarias. Este exabrupto reitera el desprecio sostenido por el presidente frente a los datos duros y su evaluación. Ahora sabemos que él no conoce las evaluaciones del Coneval sobre la política social. ¿Para qué conocerlas si él es su propia referencia, si él tiene sus propios números, si el se ha aproximado a la desigualdad mexicana personalmente? Andrés Manuel López Obrador no pareciera interesado en visitar el esfuerzo intelectual que centenas de académicos han emprendido con seriedad, al menos desde los años ochenta del siglo pasado, para analizar las causas de la pobreza mexicana y propo-

ner alternativas de solución. Está convencido de que su opción es la única que hará cambiar la necia realidad mexicana y que cualquier otra propuesta que se haya ensayado antes es errónea porque no fue él quien la impulsó. Esta fórmula para implementar políticas públicas no sólo es autorreferencial, sino también autocrática: como los antiguos zares rusos, es refractaria ante la evidencia o, peor aún, como en el totalitarismo, no hay disposición para aprender del error. La sociedad mexicana ha acumulado conocimiento denso a propósito de las razones estructurales de la pobreza y la desigualdad, el cual no merece tirarse a la basura, aun si el jefe del Estado mexicano así lo instruye. Contra la autorreferencia y la autocracia se han visto obligados a reaccionar inclusive aquellos asesores que, en materia económica, en otros tiempos eran consultados por el presidente López Obrador. Es el caso, por ejemplo, de Gerardo Esquivel, quizá uno de los economistas mexicanos con mejor trabajo académico a propósito de nuestra desigualdad. El jueves 25 por la mañana, el actual funcionario del Banco de México publicó en sus redes sociales una opinión respecto a este tema: “El Coneval es mucho más que la simple medición de la pobreza. (E)valúa el diseño, operación e impacto de la política social. Su independencia y objetividad es crucial”. Si el presidente no escucha a

Esquivel para estos menesteres, ¿a quién está escuchando? Al parecer sólo se está escuchando a sí mismo: él sabe, él conoce, él entiende, él es, él puede, él ganó y todos los demás perdieron. Ora que el dinero con que se financian sus programas sociales es de todos, las becas para los Jóvenes Construyendo el Futuro las paga el contribuyente, el programa Sembrando Vidas se solventa con nuestros impuestos. Aunque obvio, vale decirlo: no es el presidente quien regala ese dinero y por tanto sus decisiones merecen el más amplio consenso entre las personas que sí saben del tema. Ese consenso alrededor de la política es lo que diferencia a una administración pública democrática de una que no lo es. Resulta rematadamente equivocado suponer que las urnas legitiman la autocracia o la autorreferencia, como métodos para gobernar. No hay resultado electoral que pueda sustituir la responsabilidad del gobernante a la hora de consultar, de explorar, de evaluar, de contrastar, de conocer, de analizar. En otras palabras, el triunfo en las elecciones no exime al gobernante de hacer su tarea. Si Andrés Manuel López Obrador no ha leído un solo documento producido por el Coneval, estamos en serios problemas porque no serán los pobres quienes irán primero, sino sus ideas preconcebidas y muy particulares sobre los pobres.

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ara que luego no quieran venir a sorprender a nadie, hace unas horas se dio a conocer que una resolución federal ordena a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, reconocer el proceso de sucesión de nuevo líder en el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH) justo como estaba hasta el 17 de Mayo, antes de la celebración de elecciones. Para que no vayan a querer sorprender, engañar o engatusar a gente bien intencionada, a aquellos que quieren en saneamiento de tanta corrupción sindical, por parte de su lideresa Indra Toledo Coutiño y su clan de engañabobos, hay que explicar el contexto, y lo primero que hay que saber es que esta resolución para nada significa la conclusión del problema, al contrario alarga el proceso puesto que lo procedente es que se ordene una revisión al caso, lo que bien podría llevar un año como mínimo. Si la revisión es favorable al dictamen de regresar el proceso al punto que estaba el 17 de mayo, entonces tendrían que corregirse los errores de vicio que llevaron a la complicación del problema, es decir, deberán aceptar la inscripción de las planillas inconformes y si no lo hacen, entonces éstas podrían ahora si con razones de sobra volver a demandar, impugnar y anular la elección. Total que seguramente en unas horas, la dirigencia del SPAUNACH tratará de engañar a su base con una supuesta victoria que a decir verdad no es más que la prolongación de su propia agonía, así las cosas. Cabe recordar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió su veredicto a la vez que hizo un llamado de atención a Indra Toledo y a su alfil Ariosto de los Santos quienes urdieron para su continuidad una comisión electoral amañada que le cerraba el paso a todo quien consideraban amenaza. La mafia sabinista ya se lamian los bigotes cuando pensaban que iban ir solos al proceso y que el pastel se lo comerían con sus paleros repartido en al menos tres planillas contrarias al equipo cargado y encabezado por Ariosto de los Santos intentaron registrarse a la elección para cambiar dirigencia, ante la sorpresa de que la comisión electoral integrada por compadres y compinches del candidato oficial negaron la posibilidad de registro argumentando una serie de pretextos con tal de llevársela libre. Simplemente hay que decir de manera reiterada que Ariosto de los Santos Cruz –quien Indra Toledo lo quiere imponer a como dé lugar para tapar la corrupción-, no puede contender por la dirigencia del Spaunach porque los estatutos internos no se lo permiten. Ariosto al igual que Indra Toledo viven en la ilegalidad, es decir ambos son espurios, adolecen de los mismos vicios, son corruptos e impunes y aun así este par de sinvergüenzas coludidos, en contubernio y cómpli-

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• El proceso de sucesión en el Spaunach puede alargarse hasta un año • La CEDH, un paramento institucional • México el país más peligroso para ejercer periodismo ces pretenden dominar los intereses económicos, sindicales y laborales en detrimento de la economía de los trabajadores.

La CEDH niega el derecho de recibir queja de Horacio Culebro

Con el permiso del periodista comiteco Disraelí E. ángel Cifuentes retomo su entrevista que le hizo desde el penal El Amate al luchador social y abogado constitucionalista, Horacio Culebro Borrayas, la primera que le hacen al primer preso político de la administración actual que encabeza Rutilio Escandón Cadenas y de la 4ª Transformación, recluido en dicho centro desde el 21 del presente mes. Juan José Zepeda Bermúdez, el que cobra como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas, un ignorante en la materia, decidió enviar a un par de visitadores para entrevistarse con el detenido y enterarse si habían violado los derechos humanos del también activista político. Creo que de parte de la los enviados del inútil de Zepeda Bermúdez, es hasta estúpida la pregunta, a lo que respondió: “Sí, se violaron sus derechos humanos y garantías individuales, y voy a responsabilizar de estas transgresiones al gobernador Rutilio Escandón Cadenas”. “Y fue cuando los visitadores exhibieron a su jefe, Zepeda Bermúdez, diciéndole al detenido “no tenemos tantas facultades para poder levantar la queja en contra de él”. Es decir, que la CEDH no es ningún organismo autónomo, o lo es sólo de nombre, de acuerdo con la segunda parte de la entrevista concedida por el también ex diputado local perredista, que concediera desde el penal de alta seguridad a donde son llevados los presos de alta peligrosidad. Sobre la violación a sus derechos Borrayas dijo haber elevado su queja y protesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque la CEDH, del inoperante Zepeda Bermúdez, ha brillado, pero totalmente por su ausencia. Culebro Borrayas de buen humor, pues sabedor que se está cometiendo una injusticia en su contra, injusticia que no es ajeno otro ciudadano común y corriente de esta entidad, al que se le inventan delitos para mantenerlo encerrado por así convenir a los intereses perversos del estado, sostiene que no ha hecho nada. Tarde o temprano la justicia al fin

se le dará, sin embargo sostiene que no pedirá disculpas al ex gobernador Juan Sabines Guerrero porque si robó y no robó poquito. Remata, es Sabines quien debe pedir perdón porque ofendió al pueblo robando el dinero público. Los de la CEDH vinieron a querer levantar la queja pero le dije voy a acusar al gobernador. ¿Y qué pasó? Inquirió el periodista; “no, dijo, no tenemos tantas facultades para poder levantar la queja en contra de él, respondieron los enviaros de Zepeda. Quiere decir expuso el preso político, que la CEDH está para defender nada más al gobernador. Que descaro, espetó Disraelí A. Lo que sí te quiero decir, añadió Culebro Borrayas, que también es violatorio de mis derechos humanos que no hayan respetado la prescripción del ejercicio de la acción penal, se la pasaron por el arco del triunfo (o sea, por los testículos y lo que está junto), eso es una violación grave a la ley porque al ya no haber facultades para poder perseguir de oficio estoy detenido injustificadamente, ilegalmente privado de mi libertad. También los voy a acusar de abuso de autoridad, al juez primero de distrito penal con sede en Tuxtla Gutiérrez, a Juan Óscar Trinidad Palacios, Titular del TJE; al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y al jefe de ellos, el Secretario General de Gobierno (Ismael Brito) y a Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador. La entrevista continuará. Rogelio Barragán es el 8º comunicador asesinado Encontraron muerto al periodista Rogelio Barragán dentro de la cajuela d... De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, más de diez comunicadores han sido asesinados en el sex... fue encontrado la tarde del miércoles con varias lesiones en el rostro y la cabeza. El director del portal Guerrero al Instante se sumó a las estadísticas de agresiones contra informadores y se

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convirtió en el octavo comunicador asesinado a causa de sus actividades laborales durante este año y el 11 en la administración de López Obrador. De nueva cuenta el mundo del periodismo mexicano se viste de luto. Lamentablemente, esta tendencia en México va a la alza pues parece que la 4ª Transformación no ha llegado a las autoridades ya que estos hechos continúan siendo impunes. La organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, documentó que desde el año 2000 hasta junio de este año han sido asesinados 127 periodistas mexicanos, en posible relación con su labores periodística. Del total, 117 son hombres y 10 mujeres. La preguntas surge una vez más, hasta cuándo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dará cuenta que con términos como “fifís” o dejando que “el pueblo bueno” se encargue de aquellos que no estén de acuerdo con los ideales de la 4ª Transformación sólo genera odio y división entre los mexicanos poniendo incluso en riesgo la vida de aquellos que se dedican a comunicar. Con el registro del homicidio del periodista Rogelio Barragán, en el estado de Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que es una muestra de “la violencia imparable contra la prensa en México”, donde se ha cobrado la vida de 150 profesionistas, nueve de ellos en lo que va de 2019. El organismo condenó el crimen de Barragán y urgió a la Fiscalía General de Justicia de Morelos a realizar una “investigación exhaustiva, sin descartar la labor periodística de la víctima”.

Del Montón

El gobernador Adán Augusto López Hernández publicó en el periódico oficial las reformas y adiciones al Código Penal de Tabasco (CPT), mejor conocidas como “Ley Garrote”, que entrará en vigor a partir de este 1 de agosto. Organizaciones y partidos insisten que es violatoria de los derechos humanos y dijeron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. * * * Mientras tanto y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador a ocho meses del inicio de su gobierno, revivió su propuesta de campaña de una amnistía para personas encarceladas injustamente. Este miércoles en el salón tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que evalúa enviar una iniciativa preferente de Ley de amnistía al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre. Por un lado, lopitos inventa una nueva ley para reprimir las manifestaciones y por otro lado inventa obra –promesa de campaña para supuestamente sacar a presos políticos. La iniciativa está bien, mientras tanto no saque a los delincuentes. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo, y próximamente la otra semana nos vamos de vacaciones.

CMAN

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Jueves 1 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1700 PROTESTA

Organizaciones campesinas anuncian marchas contra “Ley Garrote” en Tabasco

ESTAFA

Denuncian fraudes con supuestos empleos en redes sociales

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CONFERENCIA

López Obrador frena 100 nombramientos en organismos; no tienen función operativa, dice PAG. 3

PROGRAMA

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DECLARACIÓN

Arturo Herrera descarta recesión, pero sí reconoce desaceleración

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Cámaras Empresariales Participan en Taller de Empleadores de Guatemala y México La ciudad fue sede del taller de “Empleadores de Guatemala y México: Migración laboral y la Contratación Equitativa”, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se buscó sensibilizar a los representantes de los sectores productivos respecto al tema de los derechos laborales de las personas migrantes.

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Coparmex pide vetar ley de extinción de dominio; violenta presunción de inocencia y propiedad privada, dice