CONTRAPODER EDICIÓN 1694

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Sin voluntad para atender las demandas de los grupos desplazados

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El día de ayer Alexandra Bilak, Directora del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) con sede en Ginebra Suiza, Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

Mientras la delincuencia está desbordada y la inseguridad se vive en todo Chiapas, el gobernador en una reunión para la coordinación de la paz manifestó: “El pueblo no está solo, tiene autoridades que defienden sus garantías e integridad”. No cabe duda que el chiste se cuenta solo. Pero no se gobierna con comicidad.

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EN CHIAPAS

Jueves 25 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1694

COMUNICADO

ACUSACIÓN

Estado mexicano ofrecerá disculpa pública por agresiones de militares a mujeres indígenas en 1994 En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la “responsabilidad internacional del Estado mexicano y recomendó la investigación del caso y la reparación adecuada” a las víctimas, pertenecientes al pueblo maya tseltal

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Amedrenta alcalde de Chiapa de Corzo a policías que reclaman derechos

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DENUNCIA

Ayuntamiento de Tuxtla saca a cocineras zoques del Museo de Copoya PAG. 4 PAG. 3

Hasta que AMLO los reciba, 500 campesinos se mantendrán en plantón frente a Palacio Nacional

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

MÉXICO QUÉ HACER

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José Antonio Molina Farro

EL DIVAN

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Sergio Stahl

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TRAICIONAR EL OFICIO

EXIGENCIA

Ciudadanos se movilizan en Tuxtla para exigir mayor seguridad

HOY ESCRIBEN

José Gil Olmos

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LA LEYENDA LATINOAMERICANA DE “EL CHAPO” Rafael Croda

GOBERNAR SIN EVIDENCIA

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Denise Dresser

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14 AÑOS DE AGRESIONES CONTRA LYDIA, NO MÁS Lucía Lagunes Huerta* PAG. 4

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Jueves 25 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Sin voluntad para atender las demandas de los grupos desplazados

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l día de ayer Alexandra Bilak, Directora del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) con sede en Ginebra Suiza, Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Rocío González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal visitaron el campamento provisional de personas desplazadas del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, ubicado en SCLC, en el que conocieron en voz de los propios desplazados las afectaciones al proyecto de vida que están sufriendo, las condiciones de desplazamiento que padecen, que trae consigo el rompimiento de lazos familiares, sociales y culturales con la comunidad, y que los sitúa en una condición de vulnerabilidad laboral, en el acceso a las necesidades vitales como la alimentación, la salud y educación y que los expone a actos de violencia física o sexual, a ataques armados, desapariciones, todas ellas violaciones graves a los derechos humanos.

El problema de los desplazados indígenas no es un asunto reciente en la entidad sino que lleva más de 25 años, sin que haya de parte del Estado la mínima muestra de querer resolver de raíz esta situación, a pesar de que existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pide al gobierno de Rutilio Escandón implemente un programa de construcción de paz y realice el desarme de los grupos paramiltares en este territorio indígena. El actual gobierno mantiene la misma conducta de sus antecesores, de reproducir patrones de impunidad, porque no resuelve los agravios del pasado, en el que los desplazamientos forzados han producido muertos, quema de tierras, destrucción de viviendas y múltiples violaciones de derechos humanos, y donde la población afectada son mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y mujeres, que por sus propias condiciones de vulnerabilidad requieren de protección especial,

tal y como lo establecen los tratados internacionales y la normatividad nacional. Para la construcción de la paz en el territorio indígena de Chiapas, el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que entender que se debe desmovilizar y desarmar a los grupos paramilitares. Pero aún cumpliendo con esta recomendación de la CNDH, esto resulta insuficiente sino se realiza una investigación sobre las causas de la violencia y las agresiones y se determinan los mecanismos de sanción a los responsables directos de los desplazamientos y a las autoridades que consintieron y promovieron durante estos años la actividad de los grupos paramilitares. Junto a la sanción, el Estado tiene que garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sobrevivientes y emprender mecanismos de no repetición de esta violencia desbordada y de las prácticas de expulsiones y desplazamientos forzados en las comunidades indígenas. La voluntad política se tiene que demostrar a través de ac-

ciones concretas que han sido manifiestas en las diferentes reuniones que han mantenido el grupo de desplazados con las autoridades. Estas acciones se resumen en la aplicación de tres mecanismos articulados entre sí, que están contemplados en los principios rectores de la ONU: 1) diseñar mecanismos de prevención aplicables antes de que el desplazamiento interno ocurra, es decir, la protección contra desplazamientos arbitrarios; 2) establecer un programa de ayuda para las situaciones actuales del desplazamiento; y 3) implementar medidas que garanticen a la población desplazada el retorno y la reintegración a la vida comunitaria. La ausencia de voluntad política y la dificultad de los funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón para dimensionar esta problemática, va a conducir que sean las Cortes Internacionales quienes sancionen al Estado mexicano por el incumplimiento a sus responsabilidades internacionales en materia de atención a grupos desplazados.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Estado mexicano ofrecerá disculpa pública por agresiones de militares a mujeres indígenas en 1994 Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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l próximo 18 de octubre el Estado mexicano reconocerá la responsabilidad internacional en las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército mexicano contra las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez, en junio de 1994, en Chiapas, en el contexto del combate al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La fecha de la disculpa pública y sus condiciones fue acordada en una reunión de trabajo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, realizada el lunes 22 de julio, en la que participaron las hermanas González Pérez, acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Comité Hermanas González Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de Amnistía Internacional. En un comunicado firmado por las organizaciones que acompañan a las víctimas, recordaron que el 4 de junio

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) condicionaron la entrega de los cinco policías estatales retenidos, a cambio de la liberación del “rehén político” Javier González Díaz, aprehendido por elementos de la Fiscalía General del estado (FGE). En un comunicado detalló que, tras ser capturado el pasado miércoles 17, Javier González Díaz --originario de la comunidad 20 de Junio, del municipio Venustiano Carranza-- estuvo desaparecido durante 24 horas, tiempo en el que fue sometido a tortura por los agentes policiacos. En respuesta, los integrantes del Frente iniciaron acciones de bloqueo y protesta en diversos puntos del estado, y los cinco agentes del gobierno chiapaneco “fueron detenidos en un acto de provocación, cuando intentaron accionar sus armas de cargo contra nuestros compañeros durante el volanteo carretero. Ellos están en una de nuestras comunidades”. Desde la detención de Javier González, añadieron, el gobierno estatal mantiene el asedio en sus comunidades, con la presencia de cientos de elementos policíacos y militares, incluida la Guar-

de 1994 las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez, fueron detenidas de forma arbitraria, privadas de la libertad y torturadas sexualmente y, en el caso de Celia González Pérez, se violentaron los derechos de la niñez, ya que era menor de edad, abusos atribuibles a un grupo de militares que estaban desplegados en el estado de Chiapas. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la “responsabilidad internacional del Estado mexicano y recomendó la investigación del caso y la reparación adecuada” a las víctimas, pertenecientes al pueblo maya tseltal. Como resultado de la reunión, Encinas Rodríguez se comprometió a que la disculpa pública se lleve a cabo

el 18 de octubre en Ocosingo, Chiapas, sea encabezada por la titular de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República”, puntualizaron las organizaciones. De acuerdo con los términos solicitados por las hermanas González para la realización del evento, el formato tendrá que considerar “los usos, costumbres y cosmovisión del pueblo indígena maya tzeltal”, además de que “deberá condenar los hechos de violencia en contra de las mujeres y el pueblo indígena maya tzeltal, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las hermanas González Pérez y su madre”.

Al reconocer los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los representantes de la Segob para “emprender el proceso de reparación y acceso a la justicia”, las organizaciones destacaron que en la reunión sostenida el lunes los representantes del Estado mexicano se comprometieron a “cumplir con las garantías de acceso a la justicia y no repetición para que estos hechos no ocurran nuevamente, considerando que por más de 25 años el caso de las hermanas González Pérez ha permanecido impune”. Siendo el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano “una garantía imprescindible para la no repetición de violaciones a derechos humanos”, que permite “comenzar a reparar el daño”, las organizaciones firmantes puntualizaron que “la presencia de altos mandos de la Sedena en el evento es fundamental y necesaria como parte del acceso a la justicia de las víctimas: las hermanas González Pérez, su madre, su familia y el pueblo indígena maya tzeltal”. Los firmantes reiteraron que “sin el cumplimiento de dichas condiciones, el Estado mexicano estaría omitiendo su obligación de garantizar una reparación adecuada”.

El FNLS condiciona entrega de policías retenidos a cambio de la libertad de Javier González Díaz dia Nacional. “En todos estos días, desde la detención de nuestro compañero, las incursiones militares e intentos de desalojos no cesan”. Manifestaron que el gobierno estatal nunca reclamó a esos agentes como sus trabajadores o pertenecientes a alguna institución. Y los retenidos nunca quisieron dar su identificación real. “Por tanto, se comprende que estos elementos estaban cumpliendo funciones de otro tipo y no la que insistentemente denuncian en algunos medios de comunicación, como la de ser policías estatales”. El FNLS recalcó que a los agentes se les sorprendió en flagrancia portando un arma de fuego “con la intención de accionarla contra nuestros compañeros en la comunidad de Río Florido, municipio de Ocosingo, lugar donde realizaban un volanteo carretero por la desaparición forzada de Javier. Uno de los agentes sacó su arma de cargo para accionarla, pero fue impedido por los compañeros”. Indicó que la detención de su compañero obedeció a que minutos antes

un agente, quien se identificó como regidor, había disparado contra uno de los integrantes del FNLS durante el volanteo, a la altura de la carretera Ocosingo-Altamirano, donde dos miembros de la organización resultaron heridos. “Los agentes (retenidos) se encuentra en una de nuestras comunidades, están bien, sanos y salvos, a la espera de establecer un diálogo respetuoso y sin condicionamientos con el gobierno del estado de Chiapas. Estos elementos policíacos comunican a través de nosotros que sus familiares guarden la calma, que no se preocupen y que no hagan el llamado a la represión o criminalización hacia nuestra organización”, sostuvo. Y, tras destacar que no son narcotraficantes ni asaltantes, explicó que son una organización popular independiente con principios políticos que datan desde hace décadas. La preocupación que la familia tiene por sus familiares retenidos, también la tienen ellos, dijo, porque el gobierno “mantiene de rehén político a nuestro

compañero Javier González, bajo tortura física y psicológica desde que fue detenido injusta y arbitrariamente”. Prosiguió: “Lo mantienen sin alimentos, con constantes amenazas de muerte. Desde esta fecha, el Estado intenta ejecutar nuevas detenciones, ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas, constantes sobrevuelos, persecución y desalojos”. Finalmente, mencionó que desde el pasado sábado 20 la represión a sus comunidades se intensificó con la presencia de todas las corporaciones policíacas: federal, estatal, municipal, el Ejército y la recién creada Guardia Nacional.

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Ciudadanos se movilizan en Tuxtla para exigir mayor seguridad A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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l grito de no más violencia en la capital del estado, habitantes de la ciudad integraron una asamblea ciudadana denominada “Somos Chiapas”, para movilizarse y exigir al alcalde Carlos Morales Vázquez, que asuma su responsabilidad con la ciudadanía y votantes, cual está insegura y en incertidumbre por los homicidios y robos. Francisco Gordillo Gordillo, representante de “Somos Chiapas”, señaló que, con el fin de visibilizar el contexto actual en la capital, se convocó a una movilización este día, para que la población se pronunciara para exigir un cambio en materia de seguridad, ya que en las últimas semanas Tuxtla Gutiérrez ha reportado muertes por armas de fuego, asaltos en bancos y establecimientos de todos los giros. “No se trata de pelear con el presidente municipal, sino de exigirle nuestros derechos, queremos una ciudad segura, tranquila y por eso nos estamos reunido en esta manifestación”, dijo tras la movilización de este miércoles. Tras arribar a la explanada del ayuntamiento –a lado del monumento del general Joaquín Miguel Gutiérrez–, declaró que el grupo de ciudadanos harán la entrega de un documento con diez puntos, donde el primero solicita que el presidente informe del marco jurídico de seguridad de la capital. “El ayuntamiento a través del presidente municipal, informe a la sociedad tuxtleca cuál es el marco

Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Cocineras tradicionales del ejido Copoya denunciaron que sin aviso alguna fueron corridas de su espacio de trabajo por personal del Ayuntamiento de Tuxtla. Señalaron que han sido hostigadas por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), recordando que desde hace 3 años, en el Museo Zoque de Copoya se realizan exposiciones culinarias todos los fines de semana. “Esta actividad nos había ayudado bastante ya que atrae el turismo sin embargo, con esta acción hoy las cocineras no tenemos un lugar donde tener ingreso para las casi 30 familias quienes dependía de esta actividad”, preció Suri López, coordinadora del grupo de mujeres. Indicó que debido a la gran variedad y riqueza de la comida tradicional zoque fueron reconocidas en el Quin-

“No se trata de pelear con el presidente municipal, sino de exigirle nuestros derechos, queremos una ciudad segura, tranquila y por eso nos estamos reunido en esta manifestación”, dijo tras la movilización de este miércoles

jurídico que norma la actuación del presidente municipal en materia de seguridad pública”, expuso. Al grito de más de 50 ciudadanos de “no más violencia, no más violencia”, Gordillo Gordillo, mencionó que el punto más importante del escrito es que Carlos Morales Vázquez, de un diagnostico real de lo que sucede en la capital, ya que la población ya no está para

más rumores y estadísticas que no se pueden comprobar tangiblemente. “Que el presidente municipal informe a la sociedad tuxtleca sobre la situación de inseguridad que se ha vivido en los últimos seis meses en nuestra ciudad, que nos dé un diagnóstico de lo que ha pasado, no de que nos basemos en rumores, en estadísticas que no podemos

comprobar, sino que sea de boca del propio presidente municipal qué es lo que está pasando en Tuxtla”, puntualizó. En ese contexto, manifestó que Somos Chiapas hizo la entrega de la documentación, pero está se aplazó porque Oficialía de Partes del ayuntamiento capitalino no se encontraba en funciones para recibir dicho escrito.

Ayuntamiento de Tuxtla saca a cocineras zoques del Museo de Copoya to Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana con El Primer Premio al Mérito de la Gastronomía tradicional Mexicana. Y de manera consecutiva se llevaron el “Reconocimiento turístico 2018” en el tianguis turístico 2018 celebrado en Mazatlán, Sinaloa. Lamentó que no existe justificación concreta para que sean retiradas del lugar más que un supuesto dictamen de Protección Civil, pero en realidad es que pretenden entregar a otras personas, por intereses personales. Por ello piden la intervención del alcalde Carlos Morales para que se solucione este problema que dejaría sin sustento a decenas de personas.

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Vecinos Exigen la Reubicación de COMAR ante Irregularidades Cometidas por Migrantes René R. Coca. Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

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nte diversas irregularidades y desacato a las leyes mexicanas que causa la población migrante que a diario se apuesta al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), vecinos del lugar realizaron una manifestación pacífica pero enérgica ante la Delegada de la dependencia federal para exigir la reubicación de las oficinas, y con ello regresar a las condiciones saludables, de paz y de seguridad de los habitantes de la zona. Vecinos de al menos siete manzanas alrededor de las actuales oficinas de la COMAR realizaron una manifestación pacífica ante las autoridades de la dependencia federal, al tiempo de entregar un documento firmado por cada uno de los jefes de familia de las casas afectadas, para exigir que la institución sea reubicada en el menor tiempo posible ya que se han encontrado con múltiples problemas ocasionados por la población migrante que viola desde el Bando Municipal hasta las leyes mexicanas en diversos sentidos. Los pobladores de este sector relataron que desde la llegada de las Caravanas de Migrantes, se empezó con una serie de problemas que se han agudizado al grado de llegar a exigir el cambio inmediato de las oficinas de la COMAR “Aclaramos,

Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Un grupo de elementos de la Policía Municipal del municipio de Chiapa de Corzo denunciaron este miércoles una serie de abusos cometidos por el alcalde de ese municipio Jorge Humberto Molina Gómez. Los uniformados dieron a conocer que desde la semana pasada los policías se han mantenido en una protesta ya que han solicitado ante las autoridades municipales ya que han tenido que tomar esta decisión para que les otorguen algunas prestaciones, así como el aumento de salario. Antonio Aguilar Nazar, policía segundo indicó que en algunos casos como su persona no le llegó este beneficio, por ello exigen la solución de este tema a las autoridades, ya que no existe justificación alguna.

Basura, heces fecales, orines, personas alcoholizadas, falta de respeto e inseguridad ante los migrantes, es con lo que lidiamos a diario: inconformes. La indiferencia por meses de la Delegada de la COMAR provocó la manifestación pacífica.

no somos xenofóbicos y hemos comprendido al máximo las circunstancias migratorias de estas personas –los que buscan la condición de refugiados- pero se han trastocado también nuestros derechos humanos como personas, y en calidad de ciudadanos buscamos ser atendidos para resolver la problemática que es ya inconcebible” citaron. Los inconformes narraron que los vecinos, niños y adultos, tienen que soportar a toda hora olores

fétidos producto de orines y heces fecales en la vía pública; vivir entre la basura que generan; ver desde peleas hasta relaciones sexuales; estar temerosos de ellos por la ingesta de bebidas alcohólicas y hasta consumo de estupefacientes; caminar en la calle porque se han apoderado de las banquetas como si fueran campamentos “oficiales”, al grado de ocupar puertas y ventanas de tendederos; y soportar actos intimidatorios o de violencia al conminarlos

a guardar orden. Agregaron que en muchas ocasiones las mujeres, sin importar sean niñas, jóvenes o adultas, e inclusive embarazadas, son molestadas por los migrantes; además de que se vive una tensión ante diversos actos sospechosos de delincuencia no solo común, sino organizada. “Hemos intentado hablar en diversas ocasiones con la Delegada Alma Delia Cruz Márquez, o con quien tenga el carácter resolutivo para poner paz, orden y disciplina apegadas a nuestras leyes pero no hemos encontrado eco; ahora realizaremos esta manifestación, pero sino no nos atienden, tomaremos medidas más radicales apegadas a nuestros derechos humanos y ciudadanos” enfatizaron. Cabe destacar, que a pesar de que los funcionarios de la dependencia dieron diversas excusas, pretextos y argucias para no atender el reclamo de los vecinos que estuvieron apostados por más de dos horas; por fin “alguien” fue enviado por parte de la COMAR para recibir, sellar y firmar de recibido el documento donde expresan sus inconformidades. (iM-rrc).

Amedrenta alcalde de Chiapa de Corzo a policías que reclaman derechos Además de ello señalan que no cuentan con el mínimo equipo para hacer frente a la delincuencia en la zona, no cuentan con suficientes patrullas, no hay gasolina no hay armas no hay fornituras, lo que se requiere para desempeñar la labor. Lamentó que desde que comenzaron a levantar la voz a este elemento le notificaron que sería dado de baja, sin justificación alguna “cuando voy al jurídico me dicen que no aprobé el examen de control y confianza, pero yo no he presentado esta prueba, lo hice en el 2015”. Por lo que señala que es una represión por haber señalado las irregularidades que persisten en

este tema en el municipio de Chiapa de Corzo, por lo que demandó

la intervención de las autoridades estatales para aclarar este tema.

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Investigan 200 denuncias contra tutores que piden “moches” a becarios en Tabasco Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

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lrededor de 200 denuncias se investigan en Tabasco contra tutores que supuestamente piden “moches” a becarios a los cuales inscriben en sus negocios a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Carlos Manuel Merino Campos, coordinador federal de Desarrollo en la entidad, informó que más de 94 mil jóvenes se encuentran registrados como aprendices en 14 mil empresas de los 17 municipios del estado, donde se encuentran ya 15 visitadores para dar seguimiento a las denuncias de cobro de “moches”. Dijo que, en atención a denuncias que se han presentado en medios de comunicación y redes sociales, los visitadores acuden a las empresas que se encuentran registradas en el citado programa federal, para detectar si hay anomalías, como por ejemplo los llamados “moches” o que los becarios no acuden a capacitarse. Manifestó que el programa se audita de manera permanente para evitar actos de corrupción, y de hallarse alguna anomalía se actuará de manera enérgica contra los infractores. Las denuncias más recurrentes del programa Jóvenes Construyendo del Futuro tienen que ver con que muchos son ingresados como aprendices en empresas a las que no llegan

De la redacción Ciudad de México (apro)

A petición de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos e integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, un grupo de trabajo ingresó a las instalaciones del 27/o. Batallón de Infantería, en Iguala. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población, acompañó a los familiares de los normalistas, quienes fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, que les facilitaron el acceso. Según un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, la visita comprendió la presentación histórica del Batallón y el recorrido a las instalaciones ubicadas al interior del Campo Militar. Los integrantes de la Comisión

“Yo soy asesor, no hemos platicado de ningún tipo de apoyo económico, ni nada, tampoco descarto que pueda yo cobrar algunos honorarios si mi trabajo vale la pena”, respondió a la prensa sobre su presencia en la gira que realizó este martes el gobernador Adán Augusto por el municipio de Jonuta

y cobran la mitad de la beca de más de tres mil pesos mensuales, porque el “tutor” se queda con la otra mitad, o patrones que inscriben a sus empleados como “becarios” para ahorrarse

el pago de salarios. En el programa Sembrando Vida también hay denuncias, por ejemplo, propietarios que dividen sus parcelas entre hijos y nietos para cobrar entre

20 y 30 mil pesos mensuales, a cinco mil por cada uno. O de campesinos que derriban árboles para sembrar plantas, para así “reforestar” y cobrar los cinco mil pesos mensuales.

Padres de los 43 y Encinas recorren el 27 Batallón de Infantería en Iguala que ingresaron al complejo castrense solicitaron que se continúe apoyando con la investigación hasta conocer el paradero de los normalistas, quienes desaparecieron hace casi cinco años en medio de operativos policiacos y militares en la zona de Iguala. El documento señala que el recorrido fue fruto de una reunión entre integrantes de la Comisión y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, realizada el pasado 27 de junio. Los familiares estuvieron acompañados por sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La noche del 26 de septiembre

de 2014, durante el primer ataque a los normalistas de Ayotzinapa en la calle Juan N. Álvarez, el 27 Bata-

llón de Infantería tenía “el mando y control” en Iguala. Poco después, desaparecieron los 43 estudiantes

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Desecha la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad contra ampliación de mandato en BC José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

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os ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá desecharon las controversias constitucionales contra la llamada “Ley Bonilla” que promovieron los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, Baja California, por “notoria y manifiesta improcedencia”. Ambos ministros integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, al analizar las acciones de inconstitucionalidad 269/2019 y 271/2019, consideraron su improcedencia por haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso. “Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda promovida en vía de controversia constitucional por el municipio de Mexicali, Baja California”, señalaron en la resolución 269/2019. Criterio que también fue aplicado en el expediente 271/2019 presentado por la alcaldía de Tijuana. El pasado lunes, Gustavo Sánchez, alcalde panista de Mexicali, acudió ante la SCJN a presentar una controversia con la que buscó impugnar el proceso legislativo que

José Gil Olmos y Arturo Rodríguez Ciudad De México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en su demanda contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que continúan las negociaciones entre la empresa y la trasnacional para resolver el conflicto sobre los gasoductos, TransCanada utilizó una entrevista que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, dio a la revista Proceso. “Vamos a la mesa de negociación (sobre gasoductos) para buscar el acuerdo. Un compromiso era que cuando se está dialogando no hay demandas. Una de las empresas presenta una demanda en el diálogo y la demanda se apoya en la declaración que le hizo a Proceso Carlos Urzúa; es decir, utilizan esa declaración a favor de la causa de la empresa”, reclamó durante la conferencia mañanera de este miércoles. La compañía energética demandó medidas cautelares por la vía civil en

Ambos ministros integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, al analizar las acciones de inconstitucionalidad 269/2019 y 271/2019, consideraron su improcedencia por haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso

avaló la ampliación del mandato para el gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Específicamente, la modificación a la reforma del Octavo Transitorio Constitucional, avalado la noche de ayer en una sesión del congreso local, con el fin de ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla. “El día de hoy estamos compa-

reciendo como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional en contra de esta aberrante reforma que se hizo en contra de la Constitución Política de Baja California”, dijo a su salida en donde exhibió el acta con la que busca darle sustento a la controversia. Tras desechar la acción de in-

constitucionalidad, Esquivel Mossa y González Alcántara consideraron que lo “anterior, no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales”. Por lo que, en un futuro, ya que haya sido publicado el decreto que avale la reforma a la constitución bajacaliforniana, podrán presentar dicho recurso. La noche de ayer, durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, el Congreso de Baja California aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el plazo de la gubernatura. Ante ello, señaló que el Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura.

TransCanada demandó a la CFE con declaraciones de Urzúa a Proceso: AMLO contra de la CFE, por considerar que pretende rescindirle un contrato. La demanda ocurre en el contexto de la negociación que se propone el gobierno actual por los contratos “leoninos” para la construcción y operación de gasoductos –parados por diferentes causas–, por cuya operación cobran cantidades millonarias. TransCanada opera en el caso del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, a través de una filial identificada como Infraestructura Marina del Golfo, razón social que demandó el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ante el Juzgado Tercero de lo Civil radicado en la Ciudad de México. El escrito de demanda cita cuatro párrafos de la entrevista mencionada, en la que Carlos Urzúa advierte que el contrato con la empresa hoy

demandante debe cumplirse, expresando su oposición a lo que plantea Manuel Bartlett, quien intenta forzar a la trasnacional a renegociar. La demandada ofrece como prueba el ejemplar 2228 del semanario,

como refirió esta mañana el presidente de la República, quien mencionó que eso mismo ocurrió en el proceso de desafuero en su contra, cuando se presentaron ante el juez notas del periódico La Crónica.

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La CNDH presenta 18 denuncias contra 375 servidores públicos por caso Iguala Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis denuncias penales y 12 administrativas contra servidores de la administración pública federal y del gobierno de Guerrero, derivadas de la recomendación 15VG/2018, emitida hace ocho meses por violaciones graves a los derechos humanos en el caso Iguala. Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 22 de junio, contra 235 personas del servicio público, mientras que las administrativas incluyen a 140 servidores. Además, siete quejas fueron llevadas a la Secretaría de la Función Pública y una ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Contraloría Interna de la Fiscalía General de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. En un comunicado, el organismo detalló que, de los 235 servidores públicos denunciados penalmente, 116 (82 de orden federal y 34 del estatal) “realizaron actos y omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar” a la FGR. Añadió que 119 personas servidoras públicas (114 del orden federal y 5 del estatal) fueron denunciadas por participar en actos de tortura, trato cruel inhumano y/o degradante, detención

arbitraria y otras violaciones “en los 65 casos en que este organismo constitucional autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados”. A los funcionarios también se les denunció en el ámbito administrativo. En su comunicado, la CNDH hace referencia al caso de Carlos Canto Salgado, quien apareció en un video titulado “La verdad histórica ayotzinapa de carlos gomez arrieta” (sic), siendo torturado por un efectivo de la Policía Federal y otro de la Secretaría de Marina, mientras era interrogado. De ese documento dio cuenta la revista Proceso en su edición 2225 del 23 de junio pasado. El organismo aseguró que al momento de emitir la recomendación 15VG/2018, acreditó que Canto “fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por detención arbitraria, dilación en la puesta a disposición ante la autoridad ministerial y trato cruel, inhumano y/o degradante, por agentes de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR y personal de la Secretaría de Marina”. Tras conocer el video, la CNDH lo agregó al expediente como prueba superveniente, de ahí “se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que

tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden responsabilidades del caso”, abundó. Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la persistencia de tortura en el caso, valida las declaraciones de Canto Salgado expuestas en el video, que para el organismo “no trastoca sino, por el contrario, va en el sentido de las conclusiones de la CNDH en su recomendación”, como lo es la identificación del “Puente del Chipote” de Iguala, como una de las rutas de desaparición de los normalistas. De igual manera, señaló que la FGR, “al realizar las indagaciones en materia penal” y en el transcurso “profundice sus investigaciones”, tiene facultades para determinar si los casos planteados por el organismo como tratos crueles, inhumanos y/o degradantes pueden ser actualizados como posibles actos de tortura. Además de este caso, el organismo presentó la denuncia penal “por acciones u omisiones” cometidas por personal de la entonces PGR en contra del detenido Agustín García Reyes, “El Cherejé”, en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, evento protagonizado por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Agregó que destacan dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la entonces PGR, “por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses ‘Costa Line’ 2513 y ‘Estrella Roja’ 3278, utilizados por los normalistas”. En materia administrativa, la CNDH explicó que entre las 140 personas denunciadas (131 del orden federal y nueve del estatal), se encuentra personal de la Policía Federal destacamentado en la estación de Iguala, y en particular dos agentes de dicha corporación “por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’, y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos”, además de que se les denunció ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF por incumplir los “Deberes del Régimen Disciplinario”. Tras señalar que dará seguimiento a las denuncias presentadas, la CNDH aplaudió la creación de la “Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa”, de la FGR, que tiene como titular a Omar Gómez Trejo, y mostró su disposición a colaborar con la instancia. Por último, el organismo recordó que la recomendación 15VG/2018 contiene 224 propuestas de investigación y 128 puntos recomendatorios, entre ellos que se realice un peritaje en materia de genética forense a los 114 restos óseos y odontológicos recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, “para que hechos ominosos como los ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no se repitan y no queden en la impunidad”.

Frenan detención de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

Un juez federal notificó esta mañana la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión que pesa sobre Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en los sobornos de la empresa Odebrecht. A decir de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre Lozoya existen elementos que acreditan su participación en al menos tres delitos: uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, mismos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Las medidas cautelares solicitadas en el amparo indirecto 575/2019 fueron otorgadas por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo

en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por Erick Zabalgoitia Novales. Tras otorgar una fianza de 50 mil pesos que fueron depositados el pasado 23 de julio, Zabalgoitia Novales consideró la mañana de este martes que existen suficientes elementos para otorgar la suspensión definitiva en lo que dura el proceso de amparo. Lozoya también cuenta con una primera orden de captura vigente por presunto lavado de dinero, debido a las irregularidades en la compra de Agronitrogenados, una planta en estado de inutilidad que fue comprada a Altos Hornos de México (AHMSA) para la producción de fertilizantes. En la trama también se incluyó a su madre Gilda Margarita Austin, detenida esta mañana en Alemania; a su hermana Gilda Susana Lozoya;

su esposa Marielle Helene Heckes y Nelly Maritza Aguilera Cocha. Esta última, la mujer que le vendió un inmueble ubicado en Ixtapa, Zihuatanejo. Elementos de la Interpol detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, en cumplimiento de una petición internacional de apoyo emitida por las autoridades mexicanas. A decir de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gilda Margarita Austin se convirtió hoy en la primera persona detenida por el caso Odebrecht en México y está vinculada con una transferencia por 185 mil dólares realizada en noviembre de 2012 desde una cuenta en Suiza que la Fiscalía General de la República presume que fue utilizada para la triangulación de sobornos de Odebrecht y AHMSA.

El dinero transferido el 22 de noviembre de 2012 a la señora Gilda Margarita Austin Solís (mamá de Lozoya) equivalía a 2 millones 401 mil pesos, y supuestamente ese monto sería utilizado para pagar abogados e impuestos de la residencia que días antes había adquirido el ex director de Pemex en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Bezares.

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Hasta que AMLO los reciba, 500 campesinos se mantendrán en plantón frente a Palacio Nacional Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)

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ras deslindarse de los legisladores morenistas José Narro Céspedes y Eraclio Rodríguez Gómez, organizaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC) anunciaron que sólo 500 de sus integrantes se mantendrán en plantón frente a Palacio Nacional, hasta que sean recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador El resto del contingente, que desde hace tres días permanecía en la plancha del Zócalo capitalino, levantó sus carpas y casas de campaña, para regresar a sus lugares de origen. Antes de retirarse, los dirigentes del FAC advirtieron que el próximo 8 de agosto realizarán un paro nacional y bloquearán carreteras, refinerías y puertos fronterizos y marítimos en al menos 300 puntos del país. Los campesinos exigen un diálogo directo con el presidente de la República para revisar las políticas públicas implementadas en el campo, así como información trasparente sobre los recursos entregados y sus beneficiarios, y la derogación al artículo 27 constitucional aprobado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Marco Antonio Ortiz, dirigente nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), dijo que este último punto fue un “compromiso” de campaña que asumió López Obrador, además de la derogación de las reformas neoliberales aprobadas en la administración de Enrique Peña Nieto. Mencionó que las organizaciones

De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con la cúpula empresarial abrir el sector energético a la inversión privada, específicamente en petróleo, gas, electricidad, energías renovables y petroquímica. En una reunión privada realizada esta tarde en Palacio Nacional, en la que estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y el líder del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, también pactaron la creación de una Mesa de Diálogo para determinar las condiciones de inversión y que estará presidida por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. De acuerdo con el representante

El resto del contingente, que desde hace tres días permanecía en la plancha del Zócalo capitalino, levantó sus carpas y casas de campaña, para regresar a sus lugares de origen

entregaron ayer una solicitud de audiencia con el mandatario, sin que hasta ahora tengan respuesta, por lo que acordaron que una comisión de 500 representantes permanezca en plantón permanente hasta el 8 de agosto, cuando arranque la jornada de lucha a nivel nacional. A nombre del FAC, Ortiz se deslindó del presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el morenista Eraclio Rodríguez Gómez, y del dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, senador José Narro Céspedes, a quienes acusó de montarse en los planteamientos de la organización que desde 2013 ha trabajado en una política para el campo distinta a la de los gobiernos en turno. “Parte de los planteamientos que entregó el senador Narro son los temas teóricos que hemos elaborado

desde el FAC, qué bueno que el movimiento cercano al legislador los esté utilizando. No tiene nada de malo que se plagien las ideas que hemos estado construyendo desde el FAC”, apuntó. No obstante, remarcó que la organización es independiente y reclamó al legislador la relación que mantuvo con Peña Nieto. “Nosotros somos un movimiento autentico, independiente. Lo fuimos en el sexenio de Peña Nieto, porque nos mantuvimos en la calle, reclamándole, y nunca nos sentamos con él ni nos tomamos la foto con él, como lo hizo el senador Narro. Nos hemos mantenido en la calle de manera puntual, reclamando un tema distinto para la atención en el campo de este país.” Ortiz descartó la posibilidad de que su fracción se uniera a la movilización convocada para el miércoles 31 por diputado federal de Morena,

Eraclio Rodríguez Gómez. Asimismo, acusó al diputado de pertenecer a la parte “Fifí” a la que se ha referido López Obrador, beneficiado con apoyos económicos para el campo durante el sexenio pasado, a través de organizaciones fantasma. “El problema es que muchas de estas organizaciones son membretes, no representan nada. Se acostumbraron a vivir del presupuesto y hoy les está costando trabajo existir en una determinación como la que tomó el presidente”, reconoció. El dirigente de la CODUC insistió que existe un subejercicio de 165 mil millones de pesos en programas sociales que debe ser aclarado por las secretarías responsables, entre ellas las de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Bienestar y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Finalmente, detalló que el próximo 8 de agosto la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el FAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la CODUC saldrán a las calles a partir de las 8 horas. Tras la asamblea celebrada este miércoles, en la que participaron aproximadamente mil campesinos, un contingente se enfiló hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir que se les investigue, tras las acusaciones de López Obrador sobre su participación en actos de corrupción y “moches”.

AMLO y empresarios pactan abrir el sector energético a la inversión privada del CCE “se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada, solamente se va a dejar Pajaritos y la Cangrejera como parte de la inversión pública y de aquí en adelante toda la inversión en petroquímica es privada”. Añadió que “el mensaje importante es que sí se acepta la inversión privada y el presidente puso algunas reglas para que ésta se dé. Las reglas son básicamente que cumpla el privado con lo que tiene que cumplir, de acuerdo con el compromiso que se haya hecho, y de que de alguna manera podamos ir revisando que se esté avanzando tanto

en inversión pública como privada”. La reunión del mandatario con la iniciativa privada se da a más de una semana de que Petróleos Mexicanos presentó su plan de negocios, el cual dejó dudas y no convenció a los inversionistas ni a los analistas. Asimismo, dicha encerrona se llevó a cabo en medio de la debilidad económica que atraviesa el país, al grado de que la perspectiva de crecimiento se rezaga mes a mes. Al respecto, Salazar Lomelín afirmó que no se ve una recesión en la actividad económica del país. “Es una disminución del creci-

miento, a nadie le gusta que el país no crezca, pero estas cosas son las que estábamos esperando. El crecimiento está relacionado con la inversión y lo que hicimos esta tarde es poner reglas para que pueda haber inversión, y eso es lo que a nosotros nos estimula”.

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Decisión voluntaria, riesgo a la salud y violación, motivos por los que se aborta en CDMX Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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or decisión voluntaria, falta de recursos económicos, riesgo a la salud e incluso casos de violación, son algunos de los motivos por los que niñas y mujeres ejercieron su derecho a abortar en la Ciudad de México, reveló una nueva base de datos publicada por el gobierno capitalino. Hace 12 años la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Penal y la Ley de Salud locales para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin importar lo motivos, desde entonces las mujeres oriundas de la ciudad y de otras entidades federativas, pueden acudir a las clínicas de interrupción legal embarazo (ILE) a recibir servicios seguros. A partir de la reforma los servicios de salud públicos de la urbe han mantenido actualizadas y públicas las cifras de interrupciones del embarazo que se practicaban año con año, no obstante, el pasado 17 de julio el gobierno de la Ciudad de México abrió una base de datos que permite comprender mejor la compleja realidad que viven las niñas y mujeres que se buscan los servicios de ILE. La fuente ofrece mayor información acerca de los 58 mil 373 procedimientos de aborto que se han realizado en las clínicas y hospitales de la Secretaría de

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

En 2020 México y Francia copresidirán el “Foro para la generación de igualdad” convocado por ONU Mujeres, a través del cual se busca elaborar una agenda de acción concreta para lograr la igualdad de género antes del año 2030. Durante el Foro se realizará un análisis global del progreso para alcanzar la igualdad de género a través de una conversación entre representantes de todos los países, sociedad civil y medios de comunicación. A partir de ello se tendrá como resultado un listado de acciones concretas y urgentes en el tema. De acuerdo con el anuncio que hizo ONU Mujeres, el encuentro comenzará en la Ciudad de México del 7 al 8 de mayo de 2020 y culminará en París, Francia, del 7 al 10 de julio del mismo año. Será visualizado en tiempo real en todo el mundo a través de sesiones satelitales interactivas. Este es el segundo encuentro que

Salud de la Ciudad de México, a partir de 2016 a abril de 2019. Entre los datos, revela las razones por las cuales las mujeres ejercieron su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad, la principal, es una decisión voluntaria. Según las cifras, 56 mil 413 mujeres decidieron en los últimos tres años y cuatro meses interrumpir un embarazo de forma voluntaria, el resto de los motivos tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, de salud y contextos de violencia que enfrentan las mujeres y niñas. Las mujeres señalan que no desean ser madres en ese momento; la falta de recursos económicos; ya tenían muchos hijos; no quiere interrumpir sus estudios o trabajo; motivos de salud; problemas con la pareja; falla del método anticonceptivo; no cuentan con apoyo familiar; y malformaciones en el producto. Es de destacar que 16 mujeres revelaron que decidieron interrumpir un embarazo porque era producto de

una violación sexual, sin embargo, es probable que el número de víctimas de agresiones sexuales sea mayor. Por ejemplo, unas 359 niñas entre los 9 a los 14 años de edad interrumpió un embarazo, pero en el registro se asentó que el aborto fue por causa voluntaria y por la agresión sexual. De acuerdo con la base de datos, algunas de las niñas que abortaron fueron referidas de otras instancias públicas –que no son especificadas- y provenían de otras entidades como el Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Cabe recordar que pese a los embates de grupos conservadores y las dos acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron contra la reforma por la despenalización del aborto en la ciudad, la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) entonces reconoció por primera vez “el derecho de las niñas a no ser madres”, hechos que se están garantizando, pero aún falta visibilizar la violencia que viven. Otros de los datos que esta base permite conocer es los servicios integrales

de planificación familiar que brinda el programa de ILE de la Ciudad de México, se registra si la mujer, niña o adolescente recibió alguna consultoría y aceptó algún método anticonceptivo, entre los que se encuentran métodos hormonales y dispositivos intrauterinos. Los datos también sirven para desmitificar argumentos entorno al aborto, como que la despenalización aumentaría los casos. Desde 2016 se observa un descenso de las interrupciones del embarazo, de 18 mil 84 procedimientos médicos registrados en 2016 se pasaron a 17 mil 588 el año siguiente; en 2018 unos 17 mil 247; y hasta el mes de abril de 2019 se reportan 5 mil 459 abortos. En el resto de los estados el aborto no está penalizado cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual, y cada legislación prevé contadas excepciones para interrumpir un embarazo, puede figurar que se trate de un caso de malformación grave del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Pero como relevan los datos de la Ciudad de México, es menor el porcentaje de abortos que se practican por estos motivos, lo que supone que la mayoría de las mujeres que se enfrentan a estas restricciones legales en sus estados se vean obligadas a someterse a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.

México y Francia serán sedes del “Foro para la generación de igualdad” ambos países presidirán el próximo año, ya que recientemente, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, anunció la copresidencia de México y Francia para el Foro Global de Beijing +25. Con ambos foros se buscará impulsar la igualdad de género y dar prioridad a los Derechos Humanos de las mujeres, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas a cumplir en 2030 y que aún se ve lejano. Al respecto, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en 2018 estimó que, al ritmo actual, tomaría 108 años alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo, ocho años más de lo que contempló en 2017. En el mismo sentido, el Atlas 2018

de los ODS del Banco Mundial (BM), señala que dentro de los retos que se tienen para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres está el empoderamiento político, empresarial, reducir los índices de violencia y la educación. El BM indica que las leyes son el primer paso para lograr el objetivo de igualdad. Sin embargo, en un análisis que hizo a más de 170 país sólo la mitad contaba con legislaciones eficientes en la materia. Por ejemplo, en el tema de violencia doméstica, sólo dos de cada cinco países tenían sanciones claras. En el rubro empresarial y político el panorama no es mejor, ya que, en promedio, menos de la mitad de las empresas son dirigidas por mujeres a nivel global. Mientras que, en la vida política, los hombres están excesivamente representado de acuerdo con el

Bando Mundial; en todas las regiones las mujeres promedian menos de una cuarta parte en los parlamentos. Estos pendientes se plantearán en los encuentros a realizarse en México y Francia, en el marco del 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing -celebrada en septiembre de 1995- donde se acordaron compromisos internacionales para el empoderamiento de mujeres y niñas, así como encaminar esfuerzos hacia la igualdad de género.

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GOBERNAR SIN EVIDENCIA

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lguna vez le preguntaron al escritor Isaac Asimov si creía en los ovnis o en la telepatía o en el Triángulo de las Bermudas. No, no, no, y no, repitió. Y una persona, desesperada ante la letanía de negativas lo increpó. “¿No crees en nada?”. “Sí”, respondió. “Creo en la evidencia. Creo en la observación, la medición y el razonamiento, confirmado por observadores independientes”. Todo aquello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece desdeñar. Todo aquello de lo cual busca deslindarse, desprenderse, alejarse. Los datos han sido sustituidos por las corazonadas, los estudios autónomos por las inclinaciones ideológicas, la razón por la fe. Ya no hay que medir, basta con creer. Ya no hay que planear, basta con prometer. Ya no es necesario diseñar la política pública, ya que se hace sobre la marcha en las mañaneras. Como sentenció Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda: “el problema de este gobierno es su voluntarismo”. Voluntarismo basado en creen-

Denise Dresser

cias, prejuicios y chismes. Voluntarismo reflejado en cómo y para qué se toman decisiones. Voluntarismo ejemplificado en la afectación a múltiples instituciones. Y como botón de muestra, la decisión de eliminar las estancias infantiles, porque alguien le dijo al presidente que se habían vuelto negocios panistas. Alguien esparció el chisme y AMLO actuó en función de lo que escuchó, no a partir de lo que su gobierno evaluó. Tan es así que hasta la fecha la Secretaría de Bienestar no ha hecho público el padrón que supuestamente detectó la existencia de 97 mil 180 niños fantasma. No ha sabido responder racionalmente al

señalamiento de la CNDH sobre un número importante de niños que no fueron censados. No ha atendido la exigencia del INAI de hacer públicas las irregularidades en las estancias que llevaron a su cancelación. No se ha presentado una sola denuncia pública contra los administradores de los recintos o contra algún funcionario público que haya condonado su mala operación. Todo indica que la orden surgió desde la boca del estómago, no a partir de la evidencia. Porque si el gobierno atendiera datos y cifras, en vez de dimes y diretes, habría visto que la Auditoría Superior de la Federación sólo hizo observaciones al 1.8% del presu-

puesto de las estancias y no justificó su cancelación. Porque si la Secretaría de Bienestar operara conforme a las mejores prácticas y no conforme a los más jugosos chismes, jamás habría afirmado que aceptar la recomendación de la CNDH –exigiendo que el gobierno restituya los derechos infantiles cercenados– implicaba “seguir permitiendo el robo de mil 49 millones de pesos al erario público”. Jamás afirmaría que los apoyos entregados directamente evitan la corrupción y protegen a la niñez, ya que no tiene evidencia para probarlo. ¿Dónde están los documentos que avalan la cifra denunciada? ¿Dónde está la denuncia judicial presentada ante la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están los estudios que demuestran cómo la entrega de dinero en efectivo a los padres es una política pública más justa, más progresista y más eficaz que las estancias? ¿Cómo sabe la Secretaría de Bienestar que los recursos serán destinados al cuidado de los niños en lugares seguros? No tiene manera de saberlo o defenderlo, ya que no cuenta con evidencia para ello.

14 AÑOS DE AGRESIONES CONTRA LYDIA, NO MÁS

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uiénes están detrás de la nueva agresión contra la periodista y defensora Lydia Cacho Ribeiro, quiénes están intentando silenciarla, nuevamente, a través de la violencia y porqué, son las respuestas que deben dar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). No hay que ir muy lejos, sino mirar hacia un ex gobernador poblano, hoy prófugo de la justicia tras la orden de aprensión librada en su contra en el pasado mes de abril. Hay que tener memoria para recordar que el secuestro y tortura que vivió la periodista Lydia Cacho hace 14 años fue orquestado y ejecutado por las autoridades poblanas en complicidad con el empresario Kamel Nacif, también prófugo. En abril pasado, un mandamiento judicial emitido por el primer tribunal unitario del vigésimoséptimo circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, de Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, en 2005. Ellos, entre otras autoridades y empresarios, orquestaron la detención de la periodista en diciembre de

Lucía Lagunes Huerta*

2005, tras ser acusada de los delitos de difamación y calumnias, luego de que fue señalada por Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla, tras la publicación del libro “Los demonios del edén”, en el que Lydia documentó las redes de pederastia y pornografía infantil en la que participaban. Hagamos memoria para entender que esta nueva agresión cometida contra ella, en su domicilio particular, sitio sagrado para Lydia, donde ingresaron para robar la información que ella tiene sobre sus investigaciones periodísticas de agresiones sexuales y las organizaciones criminales de trata infantil, son parte de una cadena de violencia en su contra desde hace 14 años. Una cadena que ha sido intermitente y constante, con altos costos para ella y su familia. En diciembre pasado cuando se detuvo a Alejandro Rocha, agente ministerial de Puebla, quien parti-

cipó en la detención y traslado terrestre de la periodista a lo largo de mil 500 kilómetros, la integridad de Lydia Cacho nuevamente se vio en peligro, las autoridades de la FGR lo sabían. Entonces ella aseguró que la construcción de un Estado de derecho será la verdadera transformación de este país. Ese Estado de derecho es el que debe actuar ahora para garantizar la vida e integridad de Lydia Cacho y su familia, como la de todas y todos los periodistas que siguen bajo las agresiones de autoridades caciquiles, el gobierno actual está obligado hacer cumplir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los Derechos Huma-

nos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. ¿Qué dejaron de hacer esas autoridades que permitieron la nueva agresión contra Lydia? Un “puñado de hombres cobardes que quieren destruir este país” y “que están huyendo de la ley” no pueden estar por encima de un país. La impunidad es la puerta abierta a la repetición, lo dijeron desde 2010 los relatores de Naciones Unidas. Es esa impunidad la que ha permitido que durante 14 años Lydia Cacho sea violentada una y otra vez, por la omisión, inacción o complicidad de las autoridades. Es la misma impunidad que ha asesinado a periodistas y personas defensoras, la que permite el hostigamiento del Ejército a las casas de migrantes como lo ocurrido en la Casa del Migrante de Saltillo. Quienes están detrás de la nueva agresión contra Lydia Cacho son los mismos que la detuvieron el 16 de diciembre de 2005, la trasladaron durante 20 horas en carretera, la torturaron física y psicológicamente, abusando de su poder formal y de facto. Ellos están ahora prófugos pero sus redes están aquí vivas, actuando en la sombra y hay que romperlas. *Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

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LA LEYENDA LATINOAMERICANA DE “EL CHAPO” Rafael Croda

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l narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien volvió a ser noticia mundial durante la última semana, por la sentencia de cadena perpetua que le impuso un juez de Nueva York, es un capo de leyenda no sólo en México y Estados Unidos, sino en buena parte de Latinoamérica. El juicio contra Guzmán, la sentencia, el incierto paradero de su fortuna y su historia criminal han sido profusamente reseñados por la prensa latinoamericana, y el editor general de un portal peruano de noticias dice que “El Chapo”, en la región, “es un narco de culto y un personaje como de telenovela” y todo lo que publican sobre él está siempre entre las notas más leídas. En Brasil, el diario Folha de Sao Paulo dio amplio despliegue en su edición electrónica a la reacción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien, tras conocer la sentencia contra el exjefe del Cártel de Sinaloa, dijo que la cárcel donde fue recluido es “hostil, dura, inhumana” y que eso “pues sí conmueve”. Guzmán fue trasladado de Nueva York a la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, desconocida en Latinoamérica hasta que el narcotraficante mexicano fue recluido allí. En todo el mundo los criminales que hacen fortuna y que logran burlar durante años los sistemas de justicia suscitan un interés social que a menudo resulta polémico, porque algunos lo consideran apologético. Pero lo cierto es que la historia de “El Chapo” tiene acción, drama, poder y romance, y esto la hace muy poderosa para el público latinoamericano, porque el protagonista nació en un ranchito, en la pobreza, y con el paso de los años llegó a estar en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Su astucia, su arrojo criminal y su carácter despiadado son

ingredientes centrales de su historia. Además, “El Chapo” se escapó dos veces de prisiones de alta seguridad, lo que sin duda contribuyó a la articulación de una épica que le da una dimensión cinematográfica al personaje. En Chile, el rostro del narcotraficante mexicano aparece en un grafiti pintado por el muralista urbano Rayne, en el barrio popular La Bandera, en el área metropolitana de Santiago. “El Jefe”, se lee. Junto al “Chapo” están dos difuntos: el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe y el jefe del ya desaparecido Cártel de Medellín, Pablo Escobar, “El Patrón”. Rayne se dedica a pintar a los ‘choros’ de los barrios, a los narcos caídos en vendettas, a los ídolos de las poblaciones vulnerables atrapadas en el microtráfico de estupefacientes y en el consumo de “la piedra”, pasta base o crack, drogas hechas de los residuos de la cocaína y químicos de alto poder tóxico, como la acetona. El agente antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Mauro Mercado, dijo al diario La Tercera que en ese país se está replicando la narcocultura que se desarrolla en México como resultado de la actividad de los cárteles. Y la investigadora de arte contemporáneo Montserrat Rojas considera que las representaciones gráficas de bandidos famosos en el barrio o a nivel internacional son prácticas artísticas de subculturas que pueden tener raíces indígenas. En Colombia, “El Chapo” Guzmán es comparado con el fallecido jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, que en los 90 fue, como el capo mexicano en su momento, el hombre más buscado del mundo. En Medellín no faltan los bandidos de la vieja guardia que aseguran que el convicto narcotraficante mexicano visitó esa ciudad la década pasada y que quedó deslumbrado por la belleza de sus mujeres. “El Chapo” estuvo asociado a varias organizaciones criminales colombianas

que lo abastecían de cocaína y con las cuales realizaba operaciones de lavado de dinero, por lo que no sería extraño que alguna vez haya estado en Medellín. De hecho, en el juicio contra el capo mexicano en una corte federal neoyorquina, los testimonios de algunos de sus exsocios colombianos fueron determinantes para hundirlo, entre ellos el de Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta”, capo del Cártel del Norte del Valle; el del hacker caleño Cristian Rodríguez, quien encriptaba las comunicaciones de Guzmán, pero acabó espiándolo para el FBI, y los de los hermanos Jorge Milton y Alexander Cifuentes Villa, quienes tenían su centro de operaciones en Medellín. Todos ellos involucraron al “Chapo” con el tráfico de cientos de toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. Incluso Alexander Cifuentes Villa declaró en la corte que el capo del Cártel de Sinaloa sobornó al anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con 100 millones de dólares. El experto en crimen urbano mejor informado de Colombia, Luis Fernando Quijano, dice a Apro que en el bajo mundo de Medellín “El Chapo” es considerado “un patrón y un hombre de respeto”. Algunos delincuentes que conocen el historial del narcotraficante mexicano y han escuchado de su enorme fortuna lo ubican como un capo “más legendario” que Pablo Escobar, explica Quijano. En cambio, agrega, otros bandidos lo ven como un capo caído en desgracia y humillado por el sistema judicial de Estados Unidos, que le impuso una cadena perpetua y 30 años de prisión adicionales, y lo mandó a purgar esa pena en una de las cárceles más restrictivas de ese país. No faltan personajes del bajo mundo de Medellín que, señala Quijano, esperan que “El Chapo” se fugue de nuevo. Eso hace parte de la leyenda que se ha construido en América Latina en torno del narcotraficante mexicano.

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1.- Rancho o tambo.

a raíz del mal en el caso del diputado local ( con licencia definitiva ) Eduardo Zenteno Nuñez (#Pijuy, en adelante ) se encuentra en los defectos de carácter y en la irremediable condición humana del ex dirigente estatal del PVEM, quien es mentiroso, vanidoso y codicioso en extremo. #Pijuy es ególatra y mitómano; tiene delirios de grandeza; su ambición de dinero no conoce límites y- para colmo de males- es bocón y fanfarrón. Sirva el apunte anterior sobre la personalidad del #Pijuy como marco conceptual para comprender cómo fue que el propio #Pijuy diera al traste su soñado regreso a ocupar su curul plurinominal en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado y acabara de condenarse al ostracismo él mismo.

Esta es la historia:

Gran mitómano, labioso y persuasivo, el #Pijuy supo aprovecharse de la “buena fe” del coordinador de la bancada del PVEM, Fidel Toledo (#Fidelito, en adelante), a quien convenció de que su retorno a la curul ameritaba un show parlamentario y un circo mediático. .- No hay problema con el gobernador, #Fidelito, que ya me perdo-

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EL DIVAN Sergio Stahl

** El ostracismo del #Pijuy ** (¨Primera Parte )

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llegara calladito a tomar posesión y a toda costa eludiera reflectores de la prensa. Dile que ni se le ocurra presentarse a la sesión.- le dijo el #Número2 a #Fidelito. Después, al #Pijuy le hicieron llegar un mensaje desde el #Timón de la nave chiapaneca, mediante un abogado de la confianza del rico hacendado de la zona de Bochil. .- Qué te vayas a tu rancho, te olvides de la política y desaparezcas de la vida pública. Es rancho o tambo, mi hermano, tú decides.- le dijo el abogado al #Pijuy. En la próxima entrega de #ElDiván, la segunda parte de esta serie dedicada a tan singular personaje del aviario de #PájarosDeCuentas creado -a costillas del erario- por Manuel Velasco Coello, quien -dicho sea de paso- le tiene bastante afecto a su ave nativa, el #Pijuy.

En fin. nó; es más, hermanito, Brito hasta me autorizó regresar a mi curul.choreó el #Pijuy al coordinador parlamentario color verde. #Fidelito es un político en sus 30, navega con bandera de pen...sador pero no tiene un pelo de tonto; y aunque a veces resultan “naive” sus conductas y sus dichos políticos, la verdad es que #Fidelito sí se dejó embaucar por el #Pijuy

Pero, en la mañana temprano del día en que el #Pijuy habría de hacer su triunfal retorno al Congreso del Estado, al coordinador parlamentario del Verde como que el cul... le avisó, digo: #Fidelito tuvo una corazonada, y llamó al #Número2. .- El acuerdo de perdonar los agravios de “Lalo” en contra del gobernador y permitirle regresar a su curul fue con la condición de que

EL DARDO. El Senador Eduardo Ramírez Aguilar subió a tribuna durante la sesión legislativa realizada ayer en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. El Senador chiapaneco rechazó los señalamientos opositores, que acusan debilidad de México ante los dictados de Donald Trump.”Es falso que México sea “Tercer País Seguro”, enfatizó una y otra vez el Senador Ramírez Aguilar.

TRAICIONAR EL OFICIO

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Andrés Manuel López Obrador no le gusta la prensa que no lo sigue o que no lo apoya. Le incomoda que lo critiquen y desde que fue candidato y ahora como presidente los medios de comunicación que no están de su lado lo mortifican al grado de denostarlos. Los ataques a la prensa han sido una constante en la historia política de López Obrador. Sin hacer una distinción, con el mismo rasero, califica y denigra a todos los medios y los reporteros, acusándolos de corrupción o de mentir por el simple hecho de que no están de acuerdo con sus acciones o con su proyecto político. En este ultimo caso es que ha desacreditado a Proceso. En la campaña del 2006 López Obrador se molestó con Proceso por aquella portada en la que aparecía con un titular “La estrategia soy yo”. Dejó de contestar las llamadas de los directivos y reporteros de la revista que le pidieron una entrevista. Ese enojo se extendió los siguientes años para la mayoría de los medios e incluso en la campaña del 2012, al margen de su propuesta de la “República amorosa”, azuzó irresponsablemente a sus seguidores en contra de los reporteros que

José Gil Olmos

cubrían sus actividades a quienes maltrataron física y verbalmente en los mítines hasta que él mismo tuvo que intervenir. No obstante, esa animadversión a la prensa se ha mantenido y hasta acrecentado conforme ha ascendido en el poder. Aunque ahora como presidente haya incluido dentro de sus asesores económicos a los dueños de Televisa y TV Azteca, medios que en su momento consideró parte de la mafia del poder. De manera más reciente, en noviembre del año pasado, ya como presidente electo, López Obrador volvió a molestarse con Proceso. Ahora por la portada en la que aparece de nuevo con el título “AMLO se aisla. El fantasma del fracaso”. En esa ocasión acusó a Proceso de editorializar la entrevista con el jurista Diego Valades y desde entonces cerró las posibilidades

de todo contacto con reporteros y directivos de la revista. Ahora, nuevamente López Obrador replica a Proceso por la información de que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, está involucrado en la corrupción que envuelve a Fertinal. Como si estuviera en el siglo XIX, retomando a Francisco Zarco y a Ricardo Flores Magón, el presidente López Obrador pidió a Proceso que “se porte bien” y que apoye y se alíe a su proyecto presidencial al que bautizó como la Cuarta Transformación. Es decir, que asuma un papel de periodismo militante. Alude que Proceso no lo ha tratado bien en sus publicaciones y que cambió desde que falleció su fundador Julio Scherer, sin tomar en cuenta que, desde hace más 20 años, es decir, desde 1996 dejó ese

cargo y se lo dejó a Rafael Rodríguez Castañeda. Un cambio de estafeta consensado que permitió a Proceso seguir con la misma línea editorial y que, al parecer, el presidente no ha tomado en cuenta o desdeña: periodismo sin concesiones. Lo que pide el presidente a Proceso es traicionar su esencia y la más elemental tarea del oficio del periodismo: la responsabilidad de ejercer la crítica al poder. Sin esta misión el periodismo se convierte en aparato de propaganda y eso no entra en un gobierno democrático sino en la autocracia. El oficio del periodismo es consustancial al derecho social de conocer, el compromiso del periodismo no es ser partidista y tampoco portavoz o corifeo gubernamental. Se hace periodismo para informar y para ofrecer datos de interés público, no para gustar al poder en turno. Sin este periodismo ejercido a contragolpes del poder en turno, López Obrador no estaría en la silla presidencial. Por cierto… El periodismo que cita el presidente López Obrador como el idóneo y que fue ejercido en el siglo XIX por Zarco y Flores Magón era de opinión, esto es, editorializado. Algo de lo que precisamente acusa a Proceso.

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

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MÉXICO QUÉ HACER José Antonio Molina Farro

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angabeira en su obra “La alternativa de la izquierda”, acuñó el concepto la “tiranía de la alternativa faltante”. En el caso mexicano abundan las críticas, invectivas y descalificaciones y escasean, aunque las hay, propuestas contextualizadas en un entorno de estancamiento – cuasi recesión-, alto desempleo, salarios bajos, exportaciones con bajo valor agregado nacional, exclusión social, violencia, inseguridad, impunidad, corrupción, un débil Estado de derecho, disminución sustantiva del gasto federalizado que nutre a estados y municipios (3.9% a tasa anual real), nula inversión pública productiva, 663 mil jóvenes de 15 a 24 años en el desempleo (OCDE); Chiapas con uno de los porcentajes más altos de población desempleada en el país (3.5%), ocupamos el séptimo lugar nacional; para colmo, egresan cada año alrededor de once mil jóvenes de Instituciones de Educación Superior. A ello, hay que agregar los despidos de personal como parte de las políticas de austeridad. Las nuevas contrataciones no compensan la cantidad de personas dadas de baja en la burocracia federal y estatal. Por otro lado, tenemos una macroeconomía estable, con finanzas públicas sanas. En palabras del economista Arturo Huerta González, la intención del gobierno federal presentado en su Plan de Negocios para rescatar a Pemex, reduciéndole la carga tributaria, va a conducir a incrementar el déficit fiscal y a que las calificadoras bajen el grado crediticio al gobierno, pues no se avizora una reforma tributaria que compense la disminución de impuestos a esa paraestatal y evitar así el antedicho déficit fiscal. El economista de marras señala, con

razón, que es equivocado obsesionarse con mantener el equilibrio fiscal cuando existe desempleo galopante, capacidad productiva ociosa, rezagos productivos y estancamiento. Y sí, agrego yo, son las inversiones y sólo ellas, las que detonan el desarrollo, pues por definición, las inversiones productivas focalizadas estratégicamente no son inflacionarias, en tanto generan producción, empleo, oferta y demanda agregada. Es un ABC de la economía, que le aprendí a mi maestro Jesús Silva Herzog Flores (q.e.p.d.). A siete meses de iniciado el gobierno, permanecen muchas incógnitas, pues las medidas adoptadas hasta ahora no garantizan el anhelado crecimiento. Se requiere, pues, de un nuevo modelo de desarrollo con una nueva visión de gobierno. Por ello, resulta relevante que muy connotados investigadores y académicos del Colmex, CIDE, UNAM y otras instituciones, hermanados por México y su preocupación por el futuro, nos dicen que el punto de partida de casos exitosos de países que superaron el subdesarrollo y hasta la destrucción de su economía, “tiene que ver mucho con valores, instituciones y la voluntad sostenida y creativa de sociedades y gobiernos para construir economías de mayor bienestar”. No se resignaron a la “condena de la desdicha eterna”. Hay denominadores comunes: un Estado fuerte con la participación de empresarios nacionalistas e innovadores, trabajadores crecientemente capacitados y una burocracia profesional y meritocrática, educación, capacitación, desarrollo regional, rendición de cuentas de quienes ejercen el poder, industrialización, investigación científica y desarrollo tecnológico. Siguiendo las lecciones de los países que se le-

vantaron de las cenizas, la ruina y la desolación, proponen para México dar mayor prioridad a la inversión en infraestructura física y social, así como a “la producción y la innovación, sobre lo especulativo y lo financiero; doblar la inversión pública y privada para llegar a tasas del 30% (China invierte el 50%, India el 40%), utilizando recursos mediante emisiones de bonos de la banca de desarrollo… Reformas fiscales de fondo y canalizar los recursos obtenidos hacia la infraestructura , la educación de calidad y la salud, el impulso a políticas industriales y regionales de fomento, desarrollar tecnología propia, protección efectiva del medio ambiente, y el combate a fondo de la inseguridad y la corrupción”. P. S. En una próxima colaboración abordaré un tema que está en voz de muchos mexicanos. Se dice que en algunas entidades el recurso federal ya llegó, pero está detenido por instrucciones y prioridades del presidente, de ahí que no se advierta el ansiado dinamismo económico. Reconociendo la altísima dependencia de las entidades de los recursos federales, mi reflexión apuntaría a qué tanto el gobernador de un partido político al que pertenece el presidente, puede tomar medidas de política económica contracorriente a la línea presidencial y destinar los recursos a prioridades estrictamente locales, con una ruta de navegación enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Existen márgenes? ¿Si los hay sería un suicidio político para el gobernante, con daños irreparables a la economía local? ¿El realismo político y económico aconseja la subordinación? ¿Cómo se encuentran hoy día las economías de entidades gobernadas por otros partidos políticos que no pertenecen a Morena?

CONTRAPODER EN CHIAPAS

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“A MI NO ME METAN”…

a llamada “Reforma Bonilla” del Estado de Baja California tiene que ver con otras cosas más allá de la violación a la Constitución Local y de la República. Es a la vez un acto de gandayas y, por qué no decirlo, también de dinero en un “pago por evento” que ya algunos presumen fue, cañonazo de un millón de dólares. Sumar tres años a los dos por los que fue electo JAIME BONILLA VALDEZ y ser gobernador por cinco años tiene mucho que ver con la “vendimia consuetudinaria” y la sumisión de los diputados, partidos y congresos en general al gobernante en turno o como en este caso, el que se aproxima. El asunto de la reforma al artículo 8º Transitorio Constitucional que limitaba a este gobierno por dos años y lo cambiaron a cinco, tiene que ver con la negociación de la ley, pues nada es de gratis. Es un asunto delicado que parte de la ausencia de ética, honestidad, honradez y cumplimiento del juramento hecho ante los representados política, jurídica y socialmente. Tiene que ver con el cinismo, la simulación y la venta de conciencia de los once diputados panistas que votaron a favor (menos uno que votó en contra); los cinco priístas y demás partidos (Movimiento Ciudadano, PRD y uno local) que presuntamente se fueron de boca ante la “mochada” que supuestamente les otorgó el Gobernador Electo JAIME BONILLA VALDEZ. La reforma al artículo 8º Transitorio de la Constitución de Baja California, es una imposición que semeja un ensayo para futuras felonías electorales, donde puede estar metida la mano del aun Gobernador FRANCISCO “Kiko” VEGA, quien ahora se quiere desmarcar con su dicho de “no voy a publicar la reforma en el Periódico Oficial del Estado”. Hay la sensación de que KIKO se quiso blindar frente a su sucesor JAIME BONILLA – cómo sucede normalmente-- y por eso se intuye que tuvo participación en la asonada legislativa. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, el que creo que fue autor del trinquete legislativo de Baja California y que será el próximo Secretario General de Gobierno con JAIME BONILLA VALDEZ, ha querido minimizar el asunto cuando sabe que es de gravedad. Ya MARIO DELGADO CARRILLO, “comandante en jefe” de la bancada morenista de diputados en el Congreso de la Unión declaró que eso es anticonstitucional y el Presidente de la Cámara Baja, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, sugirió inclusive la desaparición de poderes. Dice el Gobernador Electo JAIME BONILLA que “los californianos votaron para sacar al pan del gobernó, no para dos, cinco o seis años. Ellos no sabían de esa reforma que aplica para un gobierno de

Jueves 25 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• REFORMA BONILLA; LA MANO NEGRA. • “No tuve nada que ver”: AMLO… • Más allá de la violación constitucional… • Un pago por evento; ¿millón de dólares?... • Comentarios al Margen…

dos años; nunca supieron”. Puede ser cierto, pero al día de las elecciones para gobernador, el artículo 8º Transitorio Constitucional, estaba vigente y eso lo sabe hasta un párvulo de kínder Garden. Dos alcaldes de municipios bajacalifornianos presentaron controversia constitucional al tema; y aunque fueron rechazados por considerar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “el proceso no está concluido”, es seguro que aceptarán la solicitud próximamente y echarán para atrás la mencionada reforma. Quien no ha querido opinar al respecto es el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “para que no se vaya a malinterpretar su opinión”. Claro, para el “Pastor de Morena” que de todo opina –como CARMEN SALINAS-- señala, acusa, califica y descalifica, ahora es muy fácil no dar su punto de vista en un tema tan delicado como es la presunta violación a la Constitución Local de Baja California y la General de la República Mexicana. Negar es su forma de evadir preguntas y respuestas; desviar la conversación y aplicar la falacia en la comunicación es una irresponsabilidad del NO informar nada, como en sus “mañaneras”. En este caso de BC, AMLO no opina por conveniencia, aunque ya lo hizo la Secretaria de Gobernación, doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO y lo hizo en contra de esa felonía. El presidente dice: “por eso no opino”, pero exige derecho de réplica y su libertad de expresión. “No opino”, pero culpa a los otros, a los conservadores, a la mafia del poder de todo lo que no

ha podido resolver. Pues claro, “ya no es como antes cuando el Presidente ordenaba; eso ya se terminó, y lo de Baja California es asunto del Congreso de aquel Estado”, ha dicho tajante San ANDRÉS MANUEL. Pero bien que mete cizaña: “antes se creó la burocracia dorada, buena para nada, en el gobierno de FELIPE CALDERÓN”. Niega haber ordenado la renuncia del Secretario Ejecutivo del CONEVAL, GONZALO HERNÁNDEZ LICONA; pero ni modos que la Secretaria de Bienestar, MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ haya tomado por su propia cuenta la decisión a cuatro días de publicado su artículo sobre la austeridad responsable y los recortes presupuestales. Lo cierto es que, a don ANDRÉS MANUEL todo y todos lo culpan, no exactamente porque sea culpable, sino por su impositivismo, su autoritarismo, sus caprichos y ocurrencias. Va más allá de lo previsible para la conducta que debe tener un Presidente de la República y no un peleonero callejero como ya se le califica. Dice el dicho: “dale poder a la persona y sabrás exactamente quien es”…

COMENTARIOS AL MARGEN… ¿QUÉ PASA CON LA JUSTICIA?...

Algo está pasando en la procuración e impartición de justicia de unas semanas a la fecha. No fue muy bien recibida la noticia de que un juez le concede suspensión de sentencia y aseguramiento de sus bienes al ex Gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE

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OCHOA, lo que festeja el JAVIDU como un triunfo sobre la Fiscalía General de la República. En el Estado de Veracruz, al igual que en toda la República Mexicana, se tomó como una afrenta a la justicia esta decisión del juez a favor de DUARTE DE OCHOA, quien sin lugar a dudas, dejó en la peor crisis de la historia a las arcas públicas de esa entidad, por encima de las rapacerías de su maestro e impulsor, FIDEL HERRERA BELTRÁN. No pasada esa sorpresa jurídica a favor del “Carnicero Jarocho” (que en su gobierno fueron asesinados más de 18 periodistas y otros tantos perseguidos), recibimos la mala noticia de que un juez le concedió amparo al dirigente petrolero, CARLOS ROMERO DECHAMPS, quien la solicitó “contra una orden de aprehensión” que no estaba confirmada, siendo una forma de confesión de culpabilidad anticipada de los delitos que le imputa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El caso de CARLOS ROMERO DECHAMPS, el presumible corrupto y corruptor del gremio petrolero y desfalcador de PEMEX, es una bola que ya debió ser cantada aprehendiéndole y metiéndolo a la cárcel por ladrón y depredador de Petróleos Mexicanos. Al menos, nadie en su santo juicio metería las manos al fuego por él, menos los trabajadores petroleros, que en una parte son los mismos que demandan justicia en su contra. Aquí empieza el “sospechosismo” –como dijera SANTIAGO CREEL MIRANDA— de que ya pudo haberse dado un convenio, trato o contrato “en lo obscurito” entre ROMERO DECHAMPS y el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “que no estaría muy lejos”, para protegerlo. Otro caso de benevolencia jurídica fue para el ex Director General de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, el implicado en los sobornos de ODEBRRECHT. El Juzgado Octavo otorgó suspensión de orden de aprehensión en la acusación por presuntas operaciones con recursos ilícitos y la compra de la residencia de Ixtapan por su esposa MARIELLE HELENE ECKES. En tanto su madre, la señora GUILDA AUSTIN DE SOLIS – se informó—fue detenida por la interpol en una isla de Alemania, donde vacacionaba desde hace un mes, en compañía de sus nietos. Los acontecimientos en este gobierno de la “austeridad republicana” y la “honestidad valiente”, se están dando a borbotones, de tal forma que ya no sabemos a cuál atender primero, como en el “juego de Juan Pirulero”, pero parece que son cortinas de humo para velar cosas más importantes de esta administración morena… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 25 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1694

EXIGENCIA

DEMANDA

La CNDH presenta 18 denuncias contra 375 servidores públicos por caso Iguala

El FNLS condiciona entrega de policías retenidos a cambio de la libertad de Javier González Díaz

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ACUERDO

AMLO y empresarios pactan abrir el sector energético a la inversión privada

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MANIFESTACIÓN

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SUSPENSIÓN

Frenan detención de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht

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Vecinos Exigen la Reubicación de COMAR ante Irregularidades Cometidas por Migrantes Ante diversas irregularidades y desacato a las leyes mexicanas que causa la población migrante que a diario se apuesta al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), vecinos del lugar realizaron una manifestación pacífica pero enérgica ante la Delegada de la dependencia federal para exigir la reubicación de las oficinas, y con ello regresar a las condiciones saludables, de paz y de seguridad de los habitantes de la zona.

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Investigan 200 denuncias contra tutores que piden “moches” a becarios en Tabasco