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DOXA

EDITORIAL

En Chiapas se vincula a proceso a inocentes y se liberan culpables

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El pasado 10 de mayo el gobierno del Estado, a través de la Mesa de Reconciliación entregó constancias de liberación a 12 presos sentenciados de distintos penales en Chiapas.

En Chiapas la fiscalía siembre pruebas para procesar a inocentes. Y paradójicamente en el Estado existe una Mesa de Reconciliación, cuyo propósito es liberar a presos que fueron sentenciados. ¡Qué grave! en Chiapas se procesan a inocentes y se liberan a culpables.

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EN CHIAPAS

Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1633

PETICIÓN

SOLICITUD

Obispo de San Cristóbal solicita ayuda para desplazados y migrantes

“Que ayude el gobierno a buscar la verdad en una y otra parte y a favor de quien tenga la razón y no con violencia e imposición”, mencionó, tras ser abordado por los medios de comunicación

ONG piden cese a la violencia en los Altos de Chiapas

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CONFERENCIA

Empantanado, el proyecto del gobierno y el Episcopado para pacificar el país

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En el caso Odebrecht, “iremos tras quien tengamos que ir”: el fiscal Gertz

HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés PAG. 15

THE CONTRAPODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas

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PROBLEMÁTICA

Se agudiza conflicto en Chalchihuitán

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

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TRUMP Y LAS ARMAS Olga Pellicer

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LA SUPREMA CORTE FRENTE A LAS REMUNERACIONES ESCANDALOSAS Pablo Gómez PAG. 3

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL En Chiapas se vincula a proceso a inocentes y se liberan culpables

l pasado 10 de mayo el gobierno del Estado, a través de la Mesa de Reconciliación entregó constancias de liberación a 12 presos sentenciados de distintos penales en Chiapas. En el evento, de acuerdo al boletín de prensa, el gobernador Rutilio Escandón manifestó; “aquí no hay nada bajo la mesa o en lo oscurito, lo hacemos conforme a la ley, porque es legal el perdón y la reinserción”. En ese mismo acto el Presidente del Tribunal, Juan Oscar Trinidad, “les dijo que esta segunda oportunidad es producto de la reglamentación, en un marco de respeto a las leyes, a los protocolos internacionales en protección de los derechos humanos, equidad de género y a la no discriminación”. Lo más sorprendente del boletín del gobierno del Estado es la explicación que proporciona sobre los objetivos de la Mesa de Reconciliación, “que es un instrumento chiapaneco, es analizar los casos tomando en cuenta elementos como derechos humanos, enfermedad, edad avanzada, entre otros, para llegar a la determinación de otorgar la libertad a personas que están procesadas o sentenciadas”. La Mesa de Reconciliación no puede ser un instrumento legal, pues no puede estar por encima de las sentencias de los jueces ni de la confirmación de sentencias

de los tribunales federales. Con ello, sobre la base de los hechos, las resoluciones de la Mesa de Reconciliación se constituyen en una cuarta instancia, lo cual es contrario a lo señalado por el artículo 23 de la Constitución, que nos dice: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”. De igual forma, las resoluciones de la Mesa de Reconciliación dejan sin efecto sentencias de culpabilidad emitidas por los jueces, que además son los únicos facultados para determinar la vinculación a proceso, para emitir sentencias de culpabilidad o para determinar la libertad de un procesado, situación que viola la independencia de los tribunales, jueces y magistrados señaladas por el artículo 17 de la Constitución. El procedimiento de liberación de sentenciados de la Mesa de Reconciliación, a todas luces inconstitucional, también es violatorio a derechos humanos. Esto en virtud a que los liberados que tienen sentencia de culpabilidad, carecen del derecho a la reparación integral del daño, y en el caso en que siendo inocentes hayan sido declarados culpables, la Mesa de Reconciliación juega el papel de liberar, pero continúa reproduciendo mecanis-

mos de impunidad en la impartición de la justicia. El procedimiento de liberación la Mesa de Reconciliación viola también derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas, pues no se les notifica de la resolución y sobre ésta no está establecido recurso alguno de apelación, lo cual podría ser contrario y/o violatorio de la Protección Judicial que menciona el Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La existencia de la Mesa de Reconciliación presupone la ausencia de recursos judiciales efectivos a la víctimas, como lo obliga el mismo artículo 25 de la CADH, pero también presupone que los trámites judiciales no están apegados al debido proceso como lo exige el artículo 8º de la Convención Americana. La Mesa de Reconciliación viene funcionando desde el gobierno de Juan Sabines y son aproximadamente dos mil beneficiados de este procedimiento inconstitucional en el que se han liberado a sentenciados de asesinato, de secuestro, de robo de vehículos y feminicidas. Este procedimiento debe revisarse de inmediato, pues dicha Mesa viene incurriendo en delitos graves, al desempeñar una atribución ilegal de liberación de presos con sentencia, en el que los tres poderes del Estado tienen responsabilidad y por lo tanto pueden ser sometidos a procedimiento.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Obispo de San Cristóbal solicita ayuda para desplazados y migrantes Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

l Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, después de la misa en la casa pastoral de mediodía, informó que se sigue recibiendo apoyo para los desplazados y migrantes por lo que pidió se siga colaborando con donativos o en especie, a las oficinas de carita de esta Ciudad. “Que ayude el gobierno a buscar la verdad en una y otra parte y a favor de quien tenga la razón y no con violencia e imposición”, mencionó, tras ser abordado por los medios de comunicación. Sobre el tema la llamada Reforma educativa, dijo no debería ser un tema

“Que ayude el gobierno a buscar la verdad en una y otra parte y a favor de quien tenga la razón y no con violencia e imposición”, mencionó, tras ser abordado por los medios de comunicación

a discusión y ver quién tiene la razón y politizar, además de llamar “a favor de una educación integral para que se

respete y valore a las nuevas generaciones, reconociendo y valorando su dignidad humana y tanto los padres

de familia y maestros se esmeren en apoyar al igual que los alumnos”. Cuestionado por los medios, Aguilar Martínez, invitó a agricultor que practica la quema antes de la siembra, evitar incendios, y buscar que los agricultores busquen beneficio, “triturar el pasto para abono y la tecnología no les ha llegado”. A pregunta expresa de la problemática de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, anhela la paz con verdad y justicia, pues “desgraciadamente una muerte encadena para otras muertes, con el afán de destruir vidas humanas, hay que aprender a convivir y respetándonos mutuamente”.

Se agudiza conflicto en Chalchihuitán Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Mezcalapa 15 días sin servicio de agua, autoridades desperdician recurso en Feria M de R. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Habitantes del municipio de Mezcalapa denuncian que desde hace 16 días sin el servicio de agua por la escasez que existe por el bajo nivel de la presa, situación que no es atendida por las autoridades municipales. Los denunciantes dan a conocer que el alcalde Juan Alberto Sánchez Hernández adquirió una pipa para dotar a la población del servicio sin embargo no ha sido suficiente para coberturar las necesidades. Son miles de familias las que están siendo afectadas quienes mencionaron que los que reparten el agua solo les llenan sus tinacos menos de la mitad lo que viene siendo como un aproximado 100 litros de agua por familia.

“A otras personas les llenan los tinacos, tambos y cubetas por la cantidad de 200 pesos, siendo un negocio del Ayuntamiento vendiendo el líquido vital, han dicho que el servicio solo van a repartir agua a los que le paguen la cantidad de 200 pesos”, señalaron. Cabe mencionar que los habitantes de este municipio tienen más de 15 días sin agua entubada, el alcalde no implementa un plan que ayude a sus traer el líquido vital para que se le solución a la problemática de la falta del agua entubada. Los habitantes lamentaron que las autoridades no estén atendiendo el problema pero sí estén desperdiciando los recursos en la Feria, la cual dio inicio con una cabalgata encabezada por el secretario municipal Alberto Jácome Zárate.

Un menor de 5 años de edad de nombre Isaac Domínguez Sánchez, fue atropellado el pasado sábado 11 de mayo, alrededor de las 11:45 horas, que según pobladores de San Pablo Chalchihuitán, Salvador Gómez Díaz, de 35 años de edad originario de la Comunidad Jolitontic, municipio Chalchihuitan, culpable de este hecho, “lo hizo intencionalmente por instrucciones del síndico Hermelindo García Núñez y la presidenta Municipal, Margarita Díaz En un escrito denunciaron el síndico y presidenta “ya desconocido por el pueblo”, fueron los autores intelectuales “asesinato” del hijo de quien fuera la síndica suplente, Ramona de Jesús Sánchez Gómez, pero que se retiró por “amenazas y desacuerdo del trabajo de la actual administración”. Salvador Gómez condicia una camioneta color blanco con placas de circulación EE-06-408, NP300 Frontier XE Nissan, vehículo Ilegal, “con reporte de robo”, y señalado por “intencionalmente atropelló a un menor de edad cinco años de nombre Isaac Domínguez Sánchez, quien al instante pierde la vida”. Citan que la ex sindica suplente nunca tomó posesión de su cargo o funciones por el impedimento y amenazas de García Núñez, formalmente el 26 de Abril 2019, por el mal manejo de recursos del municipio, además por las amenazas que recibió, pues

además se sabe que hay amenazas de muerte de otras 9 personas contrarias al síndico. Detallan que tras el hecho, la Policía municipal junto con Virgilio López Gómez. lograron la detención del responsable llevándolo a los separos municipales, para posteriormente traslado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregarlo a la Fiscalía de Asuntos Relevantes del Estado, además que el vehículo fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Indígena por el reporte de robo. Del hecho que ya había sido advertido a la Secretaria de gobierno, fue hecho del conocimiento, y atendido una comisión urgente por Jorge Cruz Pineda, Subsecretario General de Gobierno del Estado, “toda vez que está problemática que se vive en Chalchihuitán se intensifica cada vez más”. Aseguran que Hermelindo García Núñez “ya desconocido del municipio, junto con la presidenta, Margarita Díaz García, han contratado personas para matar a los comisionados del pueblo quienes representan nivel municipio o ya sea personas que esté, en contra de los intereses del Ayuntamiento, que desde el pasado 23 de marzo del año en curso”. “Los agentes Municipales han solicitado a los tres poderes del gobierno del estado y federal la desaparición de poderes del H. Ayuntamiento de Chalchihuitán por corrupción, violación de derechos humanos, abuso de autoridad de toda la población del Municipio Chalchihuitán y entre otros delitos delictuosos”, concluyen.

Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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ONG piden cese a la violencia en los Altos de Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

ecenas de organismos defensores de derechos humanos pidieron erradicar la violencia que se vive en la región de los Altos de Chiapas, pero sobre todo investigar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar que operan en Santa Martha y Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, “responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región”. Las organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en la región de los Altos de Chiapas, situación que pone en peligro la integridad de habitantes los pueblos originarios, donde se vive con temor ante la operación de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región. Señalaron que fue en este contexto cuando el pasado 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó

como desaparecido dos días antes. Entre los organismos que se pronunciaron se encuentran: Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. (CDMCH), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Añadieron que desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de civiles armados procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas. Indicaron que entre las agresiones se encuentran también las amenazas

a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades gubernamentales; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: “Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego”. En ese escenario se registró la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón. Los organismos indicaron que “la impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”. Por lo que pidieron a los gobiernos estatal y federal cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de las comunidades tostsiles de Aldama. Además, implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado. También solicitaron investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región e investigar y sancionar a los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región. Ante el crimen de Pérez Girón, la Fiscalía General del Estado informó que través de la Fiscalía de Secuestro judicializó la carpeta de investigación que inició por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio en agravio del síndico municipal de Aldama, ocurrido el 2 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Por este homicidio Francisco “N”, Pascual “N”, Luis “N” y Celia “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional para y solicitar que sean vinculados a proceso.

Impuesto por alumbrado público en Tuxtla es inconstitucional Hector Estrada Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El gobierno de Carlos Morales Vázquez no sale de un escándalo para entrar a otro. Esta vez ha sido el nuevo impuesto por Derecho de Alumbrado Público (DAP) el que ha colocado al ayuntamiento de Morena en Tuxtla Gutiérrez en medio de las críticas y las descalificaciones debido a una controversial decisión que no sólo ha resultado impopular, sino también anticonstitucional. El nuevo impuesto por alumbrado público plantea un cobro adicional del dos por ciento al consumo de energía eléctrica dentro de cada recibo de la CFE. Es decir, cada familia, empresa o establecimiento en la capital chiapaneca pagará dos por ciento más de lo facturado durante el bimestre. Una recaudación general que finalmente será entregada al ayuntamiento para la supuesta rehabilitación y mejora de la red de alumbrado municipal. La noticia ha causado inmediato rechazo e indignación entre la población, y no es para menos. La capital de Chiapas ha padecido durante la última década una serie de gobiernos rapaces que saquearon las arcas municipales, dejando a la ciudad en la bancarrota, y ahora re-

sulta que será la ciudadanía quien tendrá que “pagar los platos rotos” mediante nuevos impuestos, mientras los responsables se pasean en total impunidad. Es verdad, la creación del nuevo Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Tuxtla Gutiérrez no fue iniciativa del gobierno que ahora encabeza Carlos Morales. Las modificaciones al Artículo 56 dentro de la Ley de Ingresos fueron aprobadas desde agosto de 2018 por el entonces presidente municipal interino Carlos Molano. Sin embargo, Morales Vázquez está intentando “lavarse la manos” y evitar un responsabilidad que también es suya. Lo que el actual presidente tuxtleco no dice es que el 31 diciembre de ese mismo año la “Comisión Reguladora de Energía” realizó observaciones y cambios a criterios generales que impidieron la aplicación del nuevo impuesto; que el ayuntamiento que ahora preside fue notificado y tuvo la posibilidad detener el proceso, sin embargo decidió realizar los cambios y ratificar el gravamen con la votación de cabildo realizada el pasado 26 de abril. Sí, aunque ahora quiera ahora quitarse culpas, el gobierno de Carlos Morales fue quien finalmente dio viabilidad al nuevo Derecho por Alumbrado Público.

Con el nuevo impuesto municipal la administración de Morena en Tuxtla Gutiérrez pretende recaudar alrededor de 1.6 millones, mediante la contribución de más de 134 mil usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Se trata pues de un jugoso monto mayor a los 19 millones de pesos anuales, adicionales para el ayuntamiento. Lo que no advirtieron a Carlos Morales, o simplemente decidió ignorar, es que la medida resulta abiertamente ilegal; que su similar aplicación en otros municipios de México ya ha generado dolorosos tropiezos para los gobiernos locales, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) ha determinado ya su inviabilidad por razones muy simples: se trata de un impuesto no previsto por la legislación local que, además, transgrede las facultades exclusivas de la federación establecidas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana. El ciudades como Mérida, Yucatán, el impuesto ha sido invalidado mediante una cascada de amparos individuales y acciones de inconstitucionalidad que apuntan a dejarlo muy pronto sin efectos generales. En otros municipios de entidades como Baja California, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas la situación no es diferente, provocando además ele-

vados costos políticos para las administraciones que lo han aplicado. ¿Quién asesora a Carlos Morales? En menos de seis meses ha entrado a una vorágine de escándalos y controversias que han desplomado sus niveles de popularidad y aprobación entre la ciudadanía demasiado rápido. La presidencia municipal regalada por el “efecto Obrador” se le ha comenzado a desboronar bastante pronto entre las manos y no parece dar señales de enderezar el camino. La población tuxtleca está cansada de abusos, impunidad y complicidad entre los gobiernos municipales. Antes de avalar un nuevo impuesto, Carlos Morales está obligado a proceder legalmente contra quienes propiciaron la bancarrota municipal y no decidir por el camino fácil de castigar nuevamente a los mismos de siempre: la ciudadanía… así las cosas.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios Presidente del Tribunal Constitucional, del Consejo De la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia Del Estado de Chiapas. P R E S E N T E. El viernes 10 de mayo del año en curso el gobernador del Estado presidió un acto de liberación de presos sentenciados a través de un mecanismo denominado Mesa de Reconciliación. En el mensaje de ese evento, el Ejecutivo de la Entidad manifestó que la Mesa de Reconciliación está apegada a la ley. Esta afirmación presupone que dicha Mesa posee atribuciones legales como si fuera una cuarta instancia, que corrige las sentencias emitidas por los jueces e instruye liberar a los sentenciados, situación que viola lo señalado por el Artículo 23. De la Constitución que señala: Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”. Pero a la vez, la atribución asignada a la Mesa de Reconciliación viola la obligación que tiene el Estado de Garantizar la Independencia de los tribunales, jueces y magistrados señalado en el art. 17, párrafo séptimo de la Constitución. Más aún y cuando la sentencia de culpabilidad de los hoy liberados por esa instancia fue confirmada por los jueces de Distrito y el Colegiado. De tener el sustento legal que se afirma, esta Mesa violenta la vinculación de los dos derechos convencionales íntimamente ligados al derechos del acceso de la justicia, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos: el derecho de las garantías judiciales (Art. 8º de la CADH) y el derecho a la protección judicial (Art. 25 de la CADH), situación que estaría generando un incumplimiento a la responsabilidad internacional del Estado, por la actuación de los órganos judiciales; al no suministrar recursos judiciales efectivos a la víctimas y al no sustanciar los trámites judiciales a las reglas del debido proceso, situación que obligaría a la entidad, a examinar los respectivos procesos internos para hacerlos efectivos, más que a crear una Mesa de Reconciliación que resulta a todas luces inconstitucional. En virtud de lo anterior. JOSÉ ADRIANO ANAYA, en mi carácter de Director del periódico Diario Contrapoder en Chiapas, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Boulevard Fidel Velázquez mza. 4 casa 3 colonia Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me proporciones la siguiente información: 1. Copia certificada de la lista, recomendaciones y/o resoluciones de las personas que obtuvieron su libertad mediante algún beneficio directo o por recomendación de la Comisión Interinstitucional (conocida como mesa de reconciliación), de marzo de 2013 a la fecha de presentación de este escrito, en la que conste: a. Nombre del beneficiado. b. Delito o delitos por el que fue procesado o condenado. c. Años que fue condenado, d. Años de prisión al día de su liberación. e. Fecha de notificación de esa resolución a la víctima u ofendidos. f. Forma en que se garantizó la reparación del daño. g. Autoridad que ordenó su liberación. 2. Fundamento legal de esa Comisión Interinstitucional y/o Mesa de reconciliación. 3. Fundamento legal para que a través de esa Comisión Interinstitucional y/o Mesa de reconciliación, se hayan liberado a sentenciados por delitos graves. 4. Copia de las 1906 resoluciones de personas que han obtenido el beneficio de su libertad, a través de la instancia reconciliadora, única en el país, denominada Mesa de Reconciliación, según publicación donde así lo expresa el propio Rutilio Cruz Escandón Cadenas exPresidente del Tribunal de Justicia y hoy Gobernador del Estado de Chiapas (http://www.nvinoticias.com/nota/45853/mesa-de-reconciliacion-una-puertahacia-la-justicia-digna-y-sensible-rec. https://www.diariodelsur.com.mx/sin-categoria/mil-900-reclusos-liberados-en-mesa-de-reconciliaciondurante-la-administracion-de-mvc ). Por lo expuesto y fundado, pido: PRIMERO. Expedir a mi costa las copias certificadas de la información solicitada. SEGUNDO. En caso de no ser competente para dar respuesta a mi petición, remitir este escrito a la autoridad legalmente competente para entregar esa información. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de mayo de 2019. Atentamente JOSÉ ADRIANO ANAYA c.c.p. Dr. Alejandro Gertz Manero; Fiscal General de la República. Para su conocimiento

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Juez obliga a UAEMex a disculparse y reparar el daño a un periodista por abuso de autoridad Veneranda Mendoza Toluca, Edomex. (proceso.com.mx)

uatro empleados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ofrecieron una disculpa pública al periodista independiente Augusto López Velasco, después de que un juez federal en el Estado de México admitiera su reconocimiento de responsabilidad por el delito de abuso de autoridad al agredirlo en 2017 cuando pretendía ingresar a un evento de la máxima casa de estudios. Tras un acuerdo de reparación alcanzado con motivo de la investigación penal relacionada con el expediente OEMA/CP/MEX/ TOL/613/2018-26/19, Jorge Luis Martínez Reyes, Francisco Javier Peña Durán, Juan José García González y Arturo Torres Altamirano reconocen que, en su calidad de empleados de la Universidad, se excedieron en sus funciones e impidieron la labor del reportero. En su carta de disculpas, Martínez Reyes incluso indica que el director de Atención a Medios de la Universidad, Francisco Muñoz Nabor, le instruyó para no permitir su ingreso al recinto. Los hechos que se imputan a los empleados ocurrieron el 21 de abril

Gloria Reza M. Puerto Vallarta, Jal. (proceso.com.mx)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro recibió abucheos y rechiflas mientras hacía una lista de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador de obra para este municipio. El mandatario federal pidió a los asistentes que acudieron a la terminal marítima respeto para el gobernador y detener los gritos. Aunque había porras de apoyo al gobernador fueron opacadas, con los gritos de “fuera, fuera” y los chiflidos de los asistentes, por lo que Enrique Alfaro tuvo que comenzar su discurso, mientras mostraba un rostro adusto. “Ese proyecto de inversión de 650 millones de pesos que se habían establecido al inicio de la administración es un proyecto que va para adelante y que en todo caso está llevando un proceso de recalendarización para poder programar los recursos y lograr resolver los rezagos de infraestructura de las zonas más pobres de Puerto Vallarta”. Prosiguió en medio de gritos de protesta: “queremos pedirle que nos ayude a lograr completar el proyecto de inver-

En su carta de disculpas, Martínez Reyes incluso indica que el director de Atención a Medios de la Universidad, Francisco Muñoz Nabor, le instruyó para no permitir su ingreso al recinto

de 2017, cuando el periodista pretendió ingresar al Aula Magna de la Rectoría Universitaria para dar cobertura al encuentro que Juan Zepeda, entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno del Estado de México, sostendría con estudiantes de la máxima casa de estudios.

Siete servidores adscritos a la Universidad le impidieron el ingreso al recinto y lo agredieron físicamente. Por esta razón, el Ministerio PúblicoFederal (MPF) obtuvo la vinculación a proceso en su contra por delitos cometidos contra la libertad de expresión. En un video grabado el día de los

hechos y publicado en redes sociales por el periodista agredido, Muñoz Nabor aparece refiriendo que Augusto López no representa un medio de comunicación, sino sólo una red social; en tanto, el reportero asegura que se acreditó como medio independiente en tiempo y forma para el evento. También se observa cómo en el resto de los casos, estudiantes y ciudadanos ingresan al edificio sin ninguna dificultad. En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Toluca el 8 de mayo, el juez federal competente además determinó que los imputados deben prestar servicio a la comunidad de cinco horas por semana, durante seis meses; residir en un lugar fijo durante el mismo plazo; respetar a la víctima y no acercársele o molestarlo. El proceso penal de la causa en contra de los otros tres imputados por la probable comisión del delito de abuso de autoridad continúa vigente y se determinará sobre su responsabilidad una vez que se fije fecha para la continuación del proceso.

Recetan a Alfaro rechiflas en Puerto Vallarta; AMLO pide dejar atrás “politiquería” sión en el Fondo Metropolitano para lograr el Puente Federación, es increíble que un municipio como Vallarta, tenga una sola salida hacia el norte”. También pidió recursos para completar el libramiento sur de Puerto Vallarta, con los cual se lograría el desarrollo de la costa alegre, y el descongestionamiento del centro del balneario turístico. Alfaro remató al decir que a los que busquen la confrontación en “Jalisco estamos en otra sintonía”. En su intervención el presidente que habló sobre los programas sociales de su administración, abrió un “paréntesis” para solicitar a los asistentes (tal como ya lo había hecho con otros mandatarios estatales) respetar y acabar con la “politiquería”. “Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. Saben qué es eso? Con todo respeto es politiquería. Es como que se llamaba en el viejo régimen y ya no debe de existir la llamada grilla” dijo López Obrador.

Añadió:” Vamos a hacer política que es distinto, no grilla. Tenemos que levantar la mira y pensar en el interés general, la patria es primero, para qué nos vamos a estar peleando, tenemos que unirnos. No estamos en campaña” insistió.

Danza de cifras Mientras el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón aseveró que se destinarían 530 millones de pesos a Puerto Vallarta como parte del programa de Mejoramiento Urbano, el presidente prometió 600 millones. Además de este día, en marzo pasado, Enrique Alfaro había dicho que para el municipio había 650 millones de pesos. Enrique Alfaro el 25 de marzo le informó al alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos que el presidente le quitó 650 millones de pesos al municipio que serían destinados a los sectores menos favorecidos para canalizarlos a

la línea 3 del tren ligero. El titular de Sedatu informó que en Puerto Vallarta viven 80 mil personas en pobreza y una de cada dos familias viven en carencia social como la falta de servicios básicos y casas en malas condiciones. A través del programa se mejorará alumbrado y calles, se construirán parques, escuelas, y centros deportivos y culturales. También se mejorarán viviendas. En su primera etapa el programa de Mejoramiento atenderá a 14 ciudades, 10 de ellas ubicadas en la frontera y cuatro en zonas turísticas -como Puerto Vallarta- y se le destinarán 8 mil millones de pesos.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Madres advierten lento avance del Sistema Nacional de Búsqueda Sonia Gerth Ciudad de México. (Cimacnoticias)

ste 10 de mayo, como en años anteriores, no es un día de fiesta para las madres de víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición, quienes denuncian que todavía no existen comisiones de búsqueda de personas desaparecidas eficaces que garanticen la localización de sus familiares y el acceso a la justicia y a la reparación. Para las madres de las y los desaparecidos, lo más importante es encontrarlos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en varias ocasiones que la búsqueda de las y los más de 40 mil desaparecidos “es la prioridad número uno” del gobierno. Pese a eso las familiares consultadas por Cimacnoticias han observado un proceso “demasiado lento” en convertir las palabras en hechos. El 8 de febrero, se nombró a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la jurista y experta en Derechos Humanos, Karla Quintana Osuna. El 24 de marzo, se celebró la “reinstalación” del Sistema Nacional de Búsqueda. En el acto oficial la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, llamó a que “para el tercer trimestre del año, todos los estados cuenten con una Comisión de Búsqueda funcional y efectiva”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dio a conocer a inicios de mayo que el gobierno federal destinará 407 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, 207 millones para fortalecer las Comisiones locales y 200 para acompañamiento y el desarrollo

Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

En el Monumento a la Madre de la Ciudad de México se despliega una pancarta que enmarca el deseo de muchas madres mexicanas que buscan a sus desaparecidos: “Hija, hijo ¿dónde estás? Te queremos abrazar”. La leyenda es parte de la manifestación de este 10 de mayo. Por octava ocasión las madres con hijos e hijas desaparecidos en México organizaron la “Marcha por la Dignidad Nacional” en la capital del país. Al encuentro acudieron madres de diversas entidades: Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Querétaro, Guerrero. Todas tienen la misma consigna, demandan al gobierno mexicano que busque a sus hijas e hijos hasta llegar a la verdad. A estas madres la vida se les va buscando, pasan los meses y años sin respuestas pero resisten dice María Martínez, madre de Miguel Ángel Martínez,

de bases de datos de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y de cuerpos encontrados. Encinas recalcó que con corte 3 de mayo, 19 estados ya contaban con una Comisión local de Búsqueda, mientras que seis semanas atrás, sólo eran nueve. Familiares que están organizadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), asociación que agrupa a colectivos de diferentes estados, reconocieron la labor que se está haciendo. Sin embargo, dudaron que las nuevas comisiones puedan empezar a operar tan pronto como se ha dicho, y dijeron que era necesario destinar los recursos más rápidamente. Grace Fernández, del Colectivo Búscame de Coahuila, narró que cuando se cerró la primera etapa para entregar proyectos, en marzo, “únicamente nueve comisiones estaban en posibilidad de pedir recursos.” Además, no todas las comisiones ya tendrían un comisionado o una comisionada. Y luego de buscar el o la titular, faltaría buscar el personal y capacitarlo. Fernández observó que la Secretaría de Hacienda “no ayuda en los procesos” a estas instituciones nuevas que entregan solicitudes por primera vez, “no facilita en los procesos burocráticos”,

lo que agregaría al rezago en la entrega de recursos. Según las informaciones de la defensora y hermana de un desparecido, apenas en abril las y los empleados de la Comisión Nacional de Búsqueda recibieron su primer sueldo, cuando habían trabajado ya un año. “No es que Quintana no está trabajando. No hay recursos”, dijo. “Y el discurso de la austeridad no ayuda.” Josefina de León, de la Red de Desaparecidos Tamaulipas, opinó que hay un retraso considerable ya que ya se habían acordado cosas con el antecesor de Quintana, Roberto Contreras. “No veo que sea tangible de recursos”, dijo. “Para mí, ahí la llevan. Pero muy lento. No existe una respuesta inmediata, pero es agonizante no tenerla”, opinó. De León contó que Tamaulipas ya cuenta con una Comisión local, con el titular Jorge Macías Espinoza, pero que todavía no cuenta con recursos, “ni de la CNB, ni del Estado”, aunque se espera ya de un momento a otro que caerán los siete millones previstos para “pura búsqueda y equipamiento”. Mientras que se está buscando y capacitando al personal de la comisión local, aseguró, los colectivos de familias seguirán buscando, junto con la Fiscalía. Agregó que a finales de abril se

graduaron 14 peritos capacitados por la Fundación Antropológica de Guatemala, lo que “tiene que ir a la par de un equipamiento, pero no lo he visto.” En el caso de Veracruz, narró Marcela Flores Dionicio, integrante de la organización Serapaz, la política de gobierno se recibe con más optimismo. Desde que el nuevo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tomó posesión el año pasado, se ha reunido en mesas de trabajo mensuales con familias y organizaciones. El Congreso creó una Comisión estatal de seguimiento de la legislación en materia de búsqueda. También, se tiene una Comisión estatal que lleva el nombre de “Mecanismo de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas”, con un presupuesto de 25 millones de pesos en 2019, “lo cual se nos hizo poco, pero el gobernador se comprometió a aumentar los recursos el próximo año”, según Flores. La defensora recalcó que con la presión de los colectivos se logró que hubiera “un presupuesto digno” para la Comisión estatal de Atención a Víctimas, y que se asignaran 80 millones al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, hasta ahora inexistente en Veracruz, para el apoyo a familiares. En lo que las tres defensoras coincidieron era que las relaciones con las fiscalías siguen siendo malas. Grace Fernández hizo hincapié a que el Fiscal General no se ha reunido con el MNDM hasta ahora. Josefina de León dijo que el Ministerio Público de Tamaulipas “es igual que hace diez años, seguimos con las mismas estigmatizaciones, omisiones y retraso. Falta un compromiso humanitario con la víctima, ¡Que busquen como si fuera su propio hijo!”.

“¿Dónde estás? Te queremos abrazar”, madres en búsqueda de sus hijas e hijos uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Persisten por amor, porque es legítima su denuncia, dicen. “Hemos aguantado hasta acá porque lo único que pedimos es a nuestros hijos. Yo siento que lo que andamos pidiendo es nuestro, es nuestro ser querido. Estamos en esta lucha por amor, porque queremos encontrar a nuestros hijos”, pronunció María Martínez en el Ángel de la Independencia donde culminó su recorrido. Pero el gobierno les dice que lo superen, se niega a investigar qué ocurre con tantas personas desaparecidas en México. María Martínez siente que dan vueltas en el mismo lugar sin encontrar respuestas, pero la frustración que siente no la detiene, por el contrario, llamó a las madres como ella a seguir

caminando, en cerros, en fosas, en lugares abandonados, donde sea hasta encontrar a sus hijos. Algunas madres llevan años asistiendo a esta marcha, otras recientemente se unen pues lo casos no dejan de ocurrir. Durante su recorrido gritan “¡Justicia!”, “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Algunas gritan hasta que su voz se quiebra, otras madres, sosteniendo las fichas de búsqueda de sus hijos e hijas en las manos, intentan contener el llanto, pero cuando el dolor las rebasa, otras les ofrecen consuelo y se unen en largos abrazos. Cuando llegaron al Ángel de la Independencia, una por una tomó el micrófono para exponer las negligencias en las investigaciones, la indolencia del Estado, el abandono que experimen-

tan de sus familiares cuando deciden dedicar su vida a buscar a sus hijos, o las enfermedades que desarrollan en su camino de búsquedas. También coinciden que las circunstancias del país son críticas, los colectivos de familias pioneros en las búsquedas de personas desaparecidas desde hace 40 años coincidieron en que la organización en estos equipos de búsqueda es necesaria ante la cantidad de personas desaparecidas y la incapacidad del gobierno de dar solución.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Empantanado, el proyecto del gobierno y el Episcopado para pacificar el país Rodrigo Vera Lago de Guadalupe, Edomex (proceso)

nte el “recrudecimiento” de la violencia en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pide con urgencia implementar el plan de pacificación que acordó la Iglesia con el gobierno federal, pero el cual hasta la fecha sigue sin definirse. Siendo todavía candidato electo, López Obrador fue quien pidió el apoyo eclesiástico para pacificar el país. Y el Episcopado no sólo aceptó, sino que desde septiembre pasado elaboró su proyecto de colaboración para la construcción de la paz, poniendo a disposición su personal y su infraestructura para alcanzar ese objetivo. El arzobispo Carlos Garfias, vicepresidente de la CEM y encargado de coordinar los esfuerzos de los obispos mexicanos para apoyar al gobierno federal, comenta preocupado: “La violencia sigue muy presente, muy viva. Las estadísticas muestran que se ha recrudecido. Ante esta realidad de violencia, hoy se hace más urgente implementar el proyecto de pacificación y reconciliación que tenemos acordado con el gobierno federal.” Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la CEM, lo secunda: “Todos necesitamos participar. Nadie, por sí solo, podrá resolver el problema de la violencia en el país. Y por lo que respecta a la Iglesia, nosotros seguimos en la mejor disposición de colaborar”. Sin embargo, a ocho meses de que el Episcopado presentó su proyecto de colaboración, ambos prelados in-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la entrega de apoyos se está demorando debido a que el gobierno no estaba preparado para atender las necesidades del pueblo. En un evento en Bahía de Banderas, en Nayarit, el mandatario afirmó que las administraciones pasadas sólo eran facilitadoras de la corrupción. “Vamos a cumplir todos los compromisos. Se está tardando un poco el gobierno en entregar los apoyos a la gente, porque el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo, era un facilitador para la corrupción,

“La violencia sigue muy presente, muy viva. Las estadísticas muestran que se ha recrudecido. Ante esta realidad de violencia, hoy se hace más urgente implementar el proyecto de pacificación y reconciliación que tenemos acordado con el gobierno federal.”

dican que “con el gobierno todavía estamos en una etapa de acercamiento, planteamiento y búsqueda de mayor diálogo”. Garfias abunda: “Aún no definimos cuál será la ruta de colaboración. Antes que nada, nosotros necesitamos dialogar con una instancia de interlocución directa, pero también determinar con mucha claridad de qué forma aportaremos nuestros proyectos. Todo eso está por definirse”. Esta indefinición se debe en gran parte al gobierno federal. En un principio, siendo presidente electo, López Obrador designó a Loretta Ortiz como responsable del proceso de pacificación e interlocutora con la Iglesia. Ortiz consiguió el apoyo de la CEM, de la Compañía de Jesús y de la propia Santa Sede, todas con amplia experiencia en procesos de paz. Incluso Ortiz llegó a invitar al papa Francisco a México

para que diera un mensaje de aliento. En una entrevista con este semanario, en octubre del año pasado, Loretta Ortiz adelantaba entusiasmada que tendría una oficina en la Secretaría de Seguridad, a través de la cual coordinaría los esfuerzos del gobierno y de la Iglesia. Aseguraba entonces: “Mi unidad se llamará Seguridad Humana y Procesos de Paz. Será el centro coordinador para la pacificación del país y dependerá de la nueva Secretaría de Seguridad. Al igual que la católica, otras Iglesias podrán sumarse a nuestros esfuerzos, lo mismo que organizaciones sociales” (Proceso 2189).

Interlocución averiada Al asumir López Obrador la Presidencia, Loretta Ortiz fue relegada de esa encomienda e incluso luego contendió para ser ministra de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, cargo que finalmente no consiguió. Ahora, según los obispos Carlos Garfias y Alfonso Miranda Guardiola, el Episcopado ya no tiene interlocución con Ortiz, sino con varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos titulares son Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente. Los prelados señalan que se han reunido por separado tanto con Sánchez Cordero como con Durazo. Pero principalmente –dicen– han sostenido encuentros con el equipo de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, de Gobernación. A estos funcionarios –comentan– les exponen sus propuestas de colaboración que en su momento ya le expusieron a Loretta Ortiz y quedaron delineadas en el Plan de la Iglesia católica para la construcción de la paz, un documento que el Episcopado emitió el 11 de septiembre del año pasado, en respuesta a la invitación de López Obrador a colaborar en la pacificación. Y mientras la colaboración entre el Episcopado y el gobierno sigue sin concretarse, las cifras oficiales revelan que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia del país, al registrarse 8 mil 493 ejecuciones, cifra superior a las 7 mil 667 registradas en el mismo periodo del año pasado.

López Obrador reconoce lentitud en entrega de apoyos sociales: el gobierno no estaba preparado, dice estaba al servicio de una minoría rapaz. No le importaba el pueblo. “Por eso, se están demorando algunos apoyos, pero van a llegar. Puede que tarde la justicia, pero va a llegar, la justicia tarda pero llega cuando hay voluntad de servirle al pueblo”, dijo.. El tabasqueño detalló que la entrega de apoyos del Bienestar a adultos mayores tiene un avance del 80 por ciento. “Estos apoyos son una recompensa al adulto mayor y en honor al hu-

manismo tenemos que permitir que el adulto mayor pueda vivir con un

poco de holgura en el último tramo de su existencia”.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En el caso Odebrecht, “iremos tras quien tengamos que ir”: el fiscal Gertz Patricia Davila Ciudad de México (proceso)

fin de obtener contratos de obra pública, la constructora brasileña Odebrecht corrompió durante años a altos funcionarios de gobierno de varios países latinoamericanos. Hasta donde se sabe, México no fue la excepción. Y la Fiscalía General de la República investiga el caso. Impedido de mencionar nombres de una investigación en curso, el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte en entrevista con Proceso: “Vamos a ir tras quien tengamos que ir”, y añade que debe prepararse impecablemente el caso, porque “del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros”. A fin de tener un modelo para ejercer acción penal contra quienes en México participaron en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará información a las autoridades de Perú, país que “mayor éxito” ha tenido en sancionar a los implicados en esa trama internacional, al grado de que el mes pasado el expresidente peruano Alan García se suicidó cuando autoridades judiciales se disponían a detenerlo. En Perú, la constructora brasileña Odebrecht implicó a funcionarios de alto nivel gubernamental que recibieron dinero para las campañas electorales. En México, uno de los sospechosos de haber participado en la tra-

En Perú, la constructora brasileña Odebrecht implicó a funcionarios de alto nivel gubernamental que recibieron dinero para las campañas electorales

ma ilícita es Emilio Lozoya Austin, quien presuntamente recibió dinero de Odebrecht para canalizarlo a cuentas en paraísos fiscales, desde donde habría enviado recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En entrevista con este semanario, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aborda el caso Odebrecht así como el conocido como “estafa maestra”. Los dos, aunque de naturaleza distinta, son catalogados por él como crímenes de delincuencia organizada y de Estado.

Corrupción continental Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de que representantes de la empresa admitieron en 2016 –como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos– que se sobornó a funcionarios de la región a cambio de recibir contratos de obras

de infraestructura. –¿Va a ir tras Lozoya? Si es un crimen que se puede encausar como un delito de Estado, ¿irá tras Peña Nieto? –se le pregunta a Gertz Manero. –Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. “Creo que lo que debemos tomar en cuenta es que ese asunto se destapó en Estados Unidos; los americanos dieron toda la información de una especie como de modelo de operación de esa empresa que se dedicó a generar una estructura de soborno internacional en toda América Latina, como en su momento se conoció.” El fiscal señala: “Encontré una gran cantidad de información que se fue levantando y que en muchos aspectos tenía grandes atrasos; y había que hacer todo lo posible por que se redujeran lo más pronto. Que hubiera una lógica de una hipótesis que nosotros no hubiéramos inventado, sino que es exactamente la misma

que se ha dado en todos los países de América Latina en donde se han hecho estos procedimientos que conocemos”. –Las cuentas en paraísos fiscales, el dinero que se desvió a la campaña de Peña Nieto, al PRI… ¿de todo esto estamos hablando? –¡De todo! ¡Todo! Estamos hablando de algo que, desde el punto de vista procesal, para quien tiene experiencia en esas materias, es muy importante, porque nosotros podemos tener una convicción, una certeza moral, pero si no la podemos probar, no vamos a tener éxito procesal. “El grado de adelanto que tengo me permite iniciar la judicialización en 60 días y dejar el expediente abierto para irlo fortaleciendo a raíz de las responsabilidades penales que vaya encontrando en el camino. Esas hipótesis que está presentando, y que son de sentido común, son las mismas que estamos presentando”, afirma. Anuncia que esto se va a resolver en un plazo relativamente corto, cuando menos en su primera parte: “Presentaré la judicialización. Luego me dan la audiencia. Esto va por el nuevo sistema. También se aplican las leyes del momento en que se cometió el delito; si hay un cambio en la ley sustantiva, se aplica la vigente en ese momento, pero yo no veo que eso sea ningún obstáculo que sea preocupante, que pueda lastimar el resultado”.

AMLO amaga a “una empresa” con quitarle concesión de autopista en Nayarit por retraso de 10 años en construcción De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con retirar la concesión a la empresa, de la cual omitió el nombre, que tiene el encargo de concluir una autopista en Nayarit desde hace 10 años. “Vamos también a resolver el problema de las carreteras. Ya lleva una empresa más de 10 años con la concesión para hacer la autopista acá y no avanza. Ya voy a hablar con ellos. Se acabó. O trabajan y terminan o se les quita la concesión. Así de claro, para que hagan las obras quienes realmente quieran hacer las cosas en beneficio del país”, dijo. De acuerdo con funcionarios locales, la autopista a la que se refirió el mandatario se trataría de JalaNayarit-Puerto Vallarta que tiene

una extensión de 183 kilómetros y está a cargo de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim. Ayer, como parte de su gira por el estado, el tabasqueño también reprocho a las empresas de telecomunicaciones no brindar la cobertura necesaria de internet, por lo que anunció la creación de una paraestatal que conecte al país. El presidente anunció una inversión de 280 millones de pesos para la construcción de centros deportivos, escuelas, centros infantiles y el remozamiento de zonas turísticas. En la comunidad de San José Del Valle, de este municipio nayarita a media hora de Puerto Vallarta, López Obrador anunció una inversión de 280 millones en la construcción de centros deportivos, escuelas, centros de desarrollo infantil y remozamiento de zonas turísticas.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LA SUPREMA CORTE FRENTE A LAS REMUNERACIONES ESCANDALOSAS

ara resolver sobre la Ley de Remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución. Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una “elaboración objetiva” de la remuneración presidencial. La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo. El parlamento moderno empezó asumiendo el “poder de bolsa”. Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan “parámetros” predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, “métodos de cálculo” definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán. Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual. Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por “parámetros” y mediante métodos “objetivos”. ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en “parámetros”. De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado

Pablo Gómez

del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo. Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios “objetivos” y “técnicos”, pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término. Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles “razones” técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República. El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto. No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la “preclusión” de la facultad de las comisiones para dictaminar una

minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada. El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado. Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la “autonomía presupuestal” del Poder Judicial y de los órganos “autónomos”. Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los “autónomos” y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto. Lo que además hace la Cámara es determinar toda “retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos “autónomos”, preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos. La llamada “autonomía presupuestal” indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y

a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo. En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado. Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar. Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema. La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente. En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por “omisión legislativa” para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática. La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

TRUMP Y LAS ARMAS Olga Pellicer

espués de 10 años de trabajos y siete de negociaciones, el Tratado de Comercio de Armas (ATT) fue adoptado con 154 votos en favor y sólo tres abstenciones (Corea del Norte, Irán y Siria) en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013. Ese tratado, pieza fundamental para acotar los efectos devastadores del comercio internacional de armas no regulado, fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Haciendo gala de su escaso respeto por las normas elaboradas en el seno de la ONU, esta semana el presidente Donald Trump ha denunciado el tratado. La decisión fue comunicada al Senado en una nota corta, según la cual el tratado no sirve a los intereses de Estados Unidos. “Por lo tanto he decidido retirarlo del Senado y solicitar, en consecuencia, que me sea devuelto”. Tal desafortunada decisión fue dada a conocer por Trump en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), en Indianápolis. Hacer el anuncio en la NRA no es un asunto trivial. Se trata de una de las organizaciones más poderosas al interior de los sectores conservadores que apoyan entusiastamente a Trump. Éstos serán, al igual que lo fueron en 2016, quienes luchen por conquistar el poder político, y la NRA tiene gran influencia sobre ellos mediante el financiamiento que otorga a miembros del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en la de los Senadores. La NRA ha sido el principal opositor a las medidas para detener la posesión de armas, pese a los efectos tan dramáticos que la facilidad para adquirirlas ha tenido en actos que bien pueden calificarse de terroristas y como resultado de los cuales han muerto cientos de inocentes en atentados ocurridos –principalmente, aunque no únicamente– en centros escolares estadunidenses. Lejos de pronunciarse por establecer controles que impidan el acceso a armas

de alta peligrosidad, sin conocer el perfil de quien las adquiere, la NRA se esfuerza por generalizar su uso amparándose en una interpretación muy falaz de los derechos establecidos en la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, relativa al derecho a la posesión de armas. Lo cierto es que el objetivo del tratado que Trump ha denunciado no se refiere a cuestiones internas. Es un documento internacional cuyo propósito es fijar lineamientos para guiar el otorgamiento de licencias comerciales de parte de los gobiernos a los exportadores y comercializadores de armas. Con ello se busca asegurar que sean utilizadas de manera “responsable” por todos los involucrados en su venta y compra. Por responsabilidad se entiende, entre otras cosas, que no se utilicen en situaciones que propicien violaciones a los derechos humanos o en actividades que pongan en peligro la paz internacional, como el crimen organizado. La denuncia del tratado ha merecido severas críticas en la prensa liberal. En su edición del 29 de abril, The Washington Post señalaba las incongruencias en las declaraciones de Trump considerándolas una afrenta para los diplomáticos estadunidenses que lucharon por que Estados Unidos fuera parte del ATT. En efecto, la descripción que Trump hizo de tal acuerdo permite creer que el documento infringe la soberanía de Estados Unidos y los derechos reconocidos en la Segunda Enmienda. “Es una mentira”, señala el Post. “El ATT deliberadamente excluye temas relativos a leyes o reglamentos internos. Insinuar que el ATT debilita leyes y coloca las libertadas en EU bajo control extranjero es deshonesto y falso”, agrega el rotativo. Para México, la denuncia del tratado es desalentadora y ofensiva. Cabe recordar que nuestro país desempeñó un papel primordial en la negociación del mismo. Durante varios años fue un tema prioritario para su política multilateral. Se puede afirmar que la creación del grupo de trabajo para elaborarlo, la decisión de

colocar la negociación en el marco de la ONU y el empeño por tener dentro de sus signatarios a quienes deseaban el tratado por razones de principio e interés nacional, como a los principales exportadores de armas fue posible gracias al liderazgo de México. En la fase final, la conducción tan acertada de los diplomáticos mexicanos permitió vencer las reticencias provenientes de la delegación estadunidense, muy presionada, entre otros, por la propaganda tendenciosa de la NRA. No se trataba solamente de tener lucimiento en una negociación multilateral. El tratado es de gran importancia para México por el tráfico de armas procedente de Estados Unidos, factor que contribuye mucho a empoderar a los cárteles de la droga. Las dimensiones del problema de seguridad que hoy enfrenta México no pueden entenderse plenamente si no se toma en cuenta el enorme potencial de las armas de fuego que tienen los narcotraficantes y, en general, todos aquellos que participan en las acciones del crimen organizado. Es un problema que no puede deslindarse del comercio de armas, las cuales, en el caso de México, proceden sobre todo de Estados Unidos. La denuncia del tratado nos lleva, entonces, a tomar conciencia de lo mucho que significa para México el objetivo de regular el comercio de armas. Sin embargo, poca o nula importancia se le ha dado a la presencia de armamento procedente de Estados Unidos en todas las reflexiones que se llevan a cabo en torno al problema de la seguridad nacional. En la medida que bajo el gobierno de López Obrador se conforman las instituciones que se harán cargo de la misma, se hace más urgente el llamado para considerar el tráfico de armas desde Estados Unidos y más necesarios los señalamientos de la importancia que tiene y los costos de ignorarlo. Trump y su política hacia las armas están vinculados a los problemas de seguridad en México.

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Primera llamada

l Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estuvo a punto de experimentar un albazo en Chiapas hace algunos días. La intentona (se dice) estuvo en manos del exalcalde de Ixtapa, el priista Roberto Aquiles Aguilar Hernández, quien convocó a varios cuadros del tucán para convencerlos de desconocer al diputado federal Roberto Rubio y “echarse a los hombros” el partido que llevó al poder al exgobernador Manuel Velasco Coello. Sin embargo, alguien convocado por el mismísimo cacique de Ixtapa, no convencido del madruguete, dio el pitazo a Rubio y las cosas se normalizaron con unas llamadas, recordatorios de lealtad y de apoyos, y con jalones de oreja para los que han sido nombrados ojos y oídos en Chiapas del partido, y que casi les comen el mandado. Esta es la primera intentona de quienes están operando para hacerse del PVEM en Chiapas. Deben tenerlo presente Rubio y compañía. Lo volverán a intentar y seguirán midiendo fuerzas (las veces que sean necesarias), sabiendo que en febrero del 2020 arranca el año electoral y creyendo que el exgobernador está muerto políticamente: ojo, un error que puede costarles caro. La lectura tras el fallido albazo, aparte de tener a varios partidos en las manos y tejer una alianza que les permita llegar fortalecidos a la elección intermedia del 2021, es que buscan ser la mano que pueda negociar la tan ansiada alianza con el Movimiento Regeneración Nacional y que les garantice un sexenio más sacando dividendos en la entidad y mostrando control para quien sea el alfil de Morena en la sucesión presidencial del 2024. El error más grande del PVEM es minimizar a sus oponentes y creer que les basta con los puestos negociados desde la nacional. Y ojo, porque lograron salir bien librados de los comicios 2018 y se

adjudicaron 31 alcaldías, colocándose como el partido con más municipios ganados (Morena quedó en segundo con 21), pero ahora el Poder Ejecutivo lo trae el partido del presidente Andrés Manuel y esa es otra historia. Ahora el PVEM debe tener claro que ya es codiciado y que su estructura, o lo que queda de ella tras las negociaciones del 2018, va a estar siendo asediada. Quieren al partido y lo quieren sin sus integrantes: al menos sin los que son cercanos al exgobernador Velasco. Y cuidado con el exalcalde de Ixtapa, porque si algo sabe hacer Roberto Aquiles es tejer acuerdos y conseguir posiciones políticas: no es fortuito, ni obra de la casualidad, que el junior haya repetido como alcalde en el municipio donde ha gobernado antes su abuelo y su padre. Deberían, sí, darle el sentido de importancia que merece el tema porque los “suspirantes” no se quedarán con las manos cruzadas. Ya verán. #QUESIEMPRESÍ.- Carlos Palomeque Archila fue ratificado como dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas. No le salió a la diputada Janette Ovando Reazola el movimiento de pararlo y evitarle el arribo. Es más, dicen los propios panistas que el error de la legisladora fue creer que todo se iba a resolver desde la Sala Regional de Xalapa, pasando por alto que podría ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendría entre manos el tema y que ahí las cosas de mueven de formas diferentes. Así, como señalé con antelación en una columna, la alianza entre Cesáreo Hernández, Gloria Luna y Carlos Palomeque ya cuajó y tendrán entre manos, nada más y nada menos, las negociaciones de las candidaturas rumbo al 2021 que, muchos dicen es el negocio por el cual cuadraron la forma de llegar y tener el control.

Lo cierto es que Acción Nacional necesita alguien que lo rescate y que, de nueva cuenta, pueda unir a los comités municipales, a la militancia y que pueda mostrar algo de lo que fue en sus tiempos mozos (aunque parece que es mucho pedir). Por lo pronto, Carlos Palomeque Archila debe andar muy contento, mirando con esa sonrisa burlona que pone cuando sabe que trae las cartas ya marcadas sobre las manos y que la jugada se movió acorde a sus intereses. ¿Viene una historia nueva para el PAN o se repite la misma? Aún no sé. Ya veremos. #MANJAR.- Mientras el aún presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julián Nazar, instala los comités municipales buscando mostrar que está caminando y trabajando por el partido, entre pasillos se habla de que alistan ya un movimiento que dejaría con las ganas a varios que suspiran por ser los sucesores. Se habla de que podría ser el secretario de Transporte, Aquiles Espinosa, quien tome las riendas del PRI. Y la pregunta obligada sería, ¿a quién servirá de llegar como dedazo o bajo acomodo tutelar? No hay que perder de vista los movimientos que se avecinan, donde ya están fraguando cómo apoderarse de los partidos al puro estilo del buen Juan José Sabines Guerrero. Veremos si les da bien para tanta ambición. #TiempoDeGandallas // “En política solo triunfa quien pone la vela hacia donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire hacia donde pone la vela”. Antonio Machado. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes y el disco Violator de Depeche Mode. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

al parece que en enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los conservadores y la prensa fifí seguirá por lo menos en este sexenio. Lo dijo en su campaña, al ganar las elecciones del 1 de julio del 2018 y en su toma de posesión y lo ha sostenido durante sus 163 días de gobierno, no da tregua, la guerra arrecia, sin la mínima esperanza que se vayan a limar asperezas, pues López Obrador es necio y terco. Pero de la contra parte, tampoco cantan mal las rancheras, descalifican su gobierno, desmienten todas sus versiones sobre lo que asegura AMLO: “vamos muy bien”. Pero las críticas por parte de la prensa fifí arrecian sin miramientos, le mientan la madre, le dicen estúpido e imbécil, entre otras linduras al ternurita. A pesar de esa prensa agresiva que sorprende hoy su actitud, porque como señala López Obrador, con los neoliberales, jamás se atrevían a levantar la voy o evidenciar a los gobiernos pasados. Sin embargo, el tabasqueño pese a esa andanada de críticas en la televisión, radio y redes sociales ha garantizado que no va acotara la libertad de expresión, pero ha pedido a los medios de comunicación no querer aparentar que son independientes cuando en realidad representan al movimiento conservador. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante los meses que lleva su administración no pierde la oportunidad para arremeter en contra de los medios críticos, a los que llama “prensa fifí”, a los cuales les ha enviado el mensaje que no se quedará callado. “No les niego ningún derecho, no les estamos limitando ninguna libertad, solo decirlo: si la prensa fifí, todos los días, un día sí y el otro también, se dedica a cuestionar y a veces a calumniarnos todos los días, como sistema, porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, sino una consigna del director de un medio, pues entonces tenemos el derecho de decir, existe esta prensa conservadora fifí”. La semana pasada durante la conferencia mañanera en el Estado de Hidalgo, López Obrador aseveró que las versiones sobre la eventual caída de la confianza de la inversión extranjera en México son equivocadas e impulsadas por sus adversarios que no logran asimilar que ya se terminó el periodo neoliberal. Los adversarios “quieren que nos vaya mal” porque esos señalamientos sobre la caída de la confianza en la inversión extranjera no obedecen a la realidad. Luego reveló que en el Gobierno anterior les pagaban a varios columnistas que son los que ahora están “dale, dale y dale”. En este sentido dijo que aunque posee los datos e información de los columnistas que cobraban por sus

Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Guerra sin cuartel entre el presidente y prensa fifí • El Cobach, sin duda la institución más corrupta • con sueldos superiores al del presidente, ganan la cúpula del PAN servicios en el gobierno anterior, no dará a conocer los nombres porque no lo considera sano. Se ha gastado muchísimo dinero en el “maiceo” y en el “chayote” para periodistas pero ese se terminó, recalcó; entonces están molestos porque ya no tienen financiamiento y ahora seguramente con dinero de otras fuentes tienen la consigna de estar en su contra. Sin embargo, indicó que si hubiese una solicitud de esta información a través de los mecanismos de transparencia, tendría que proporcionarla. La misma semana el INAI ordenó a la Presidencia levantar el telón y hacer pública la lista de medios, periodistas y columnistas, chayoteros y maiceados en el sexenio de Enrique Peña, porque fueron miles de millones del erario gastados en publicidad y en comprar opiniones tendrán que transparentarse. Una cosa si es cierta, las mentadas y descalificaciones contra el presidente no cesarán, pues les ha dado donde más les duele, no solo a los periodistas sino aquellos que se quedan sin chamba, es una guerra sin cuartel, que incluso se lleva entre las patas a los mismos periodistas que acuerpan al presidente en las mañaneras en Palacio Nacional. Así las cosas.

La corrupción, el mal que llegó para quedarse en el Cobach

Unos de los retos a vencer de la actual administración es erradicar el cáncer de la corrupción e impunidad que el gobierno anterior dejó enraizada en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas (Cobach). Es la asignatura pendiente que el actual gobierno tiene la obligación de sanear a esa institución educativa, despretinada y saqueada por el gobierno de Manuel Velasco Coello y sus ex colaboradores, que causaron muchos daños económicos, laborales a la clase trabajadora, así como académicamente a alumnos y profesores. Sin duda la crisis que se vive hoy en día en el Cobach, es consecuencia de la corrupción, el robó en recursos públicos y la complicidad en la que estuvieron inmiscuidos desde el ex gobernador Manuel Velasco Coello, el ex director Jorge Enrique Hernández Bielma, el líder espurio del SUICOBACH, Víctor Manuel Pinot Juárez y el hoy senador por MORENA, Eduardo Ramírez Aguilar, al desviar recursos públicos a las campañas electorales para apoyar a los candidatos de elección popular.

El daño provocado a la institución es irreversible, sin embargo, no hay pretexto alguno para que el gobernador sanee a Colegio de Bachilleres, aun el ex gobernador Manuel Velasco Coello sea el protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador y del senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien cobardemente se escuda en el fuero del Senado de la República. Me aseguran que los problemas no terminan en el Cobach, ni con la llegada de la directora general, Nancy Hernández Reyes, de quien se decían muchas cosas como ser una académica de altura y trayectoria intachable, pero ni ella puede limpiar la institución de tantos corruptos que les dejó Manuel Velasco, ya que tiene que callar y hacerse la desentendida con tantos desmanes, de lo contrario sabe que la podrían poner delo “patitas en la calle”. Podemos citar el caso del fraude a los trabajadores por más de 900 millones de pesos en un apócrifo acto de pre jubilación fraguado con toda la alevosía y ventaja por los directores anterior y bajo la dirección del famoso “Jaguar Negro” o Zanja Negra, como mejor le guste. Mientras el gobernador Rutilio Escandón no mande a realizar una limpia a la Dirección General de dicho colegio, que tiene el sello de Eduardo Ramírez y Sasil de León Villard, la “caja chica” que socorrió campañas electorales de y la de los candidatos de MORENA, incluyendo la presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el mayor beneficiado, la institución seguirá teniendo el tufo a corrupción, porque las actuales autoridades le tiran al olvido. Sin embargo, los problemas no cesan, porque se siguen dado casos de corrupción y otros problemas de acoso sexual, laboral, influyentismo, discriminación, tráfico de influencias que la directora general Nancy Hernández Reyes se hace de la vista gorda, pero de eso hablaremos en la próxima colaboración.

Partidos políticos rémoras deben de desaparecer

Muy a pesar de que la popularidad panista va en picada, se quedaron con la costumbre que les heredaron los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, mismos que desde el año 2000 al 2012 el PAN se allegó de recursos millonarios, recursos públicos como nunca los había amasado en su historia. De acuerdo con el reportaje de proceso, la cúpula panista se beneficia con sueldazos con dinero del pueblo

recursos, que no sólo son superiores a los 108 mil pesos al mes que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en algunos casos son mayores a los 209 mil que obtenía Enrique Peña Nieto. Los panistas no predican con el ejemplo, porque asi como critican a diario al presidente López Obrador, deberían de reducirse sus sueldos, porque ningún beneficio son para la nación, todo lo contrario una carga económica que no se debe permitir a este tipo de parasitos. El actual presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, tiene un sueldo mensual de 171 mil pesos –63 mil más que López Obrador–, Damián Zepeda cobró 240 mil al mes cuando encabezaba al panismo, pese a entregar los peores resultados de su partido en tres décadas, con Ricardo Anaya como candidato presidencial. Y Cecilia Romero, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones –la que organizó el proceso interno que llevó a Cortés a la presidencia del PAN el año pasado–, recibió 213 mil pesos mensuales, casi el doble de lo que gana al mes López Obrador. La onerosa nómina del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está integrada por más de 260 personas, 40 de las cuales cobran más de 100 mil pesos al mes y otras 40 que tienen ingresos que van de 80 mil a 100 mil pesos mensuales. Es por ello, que los mexicanos exigen la desaparición de los partidos por ser unos parásitos, manejar partidos políticos rémoras se ha convertido en un gran negocio para unas cuantas familias y, por ello resulta obvio, los menos interesados en cambiar la reglas existentes son los propios partidos políticos. Aun así, es obligación de la ciudadanía el insistir, una y otra vez, en incluir en la agenda legislativa la desaparición de este tipo de partidos, que convierte en millonarios a sus dirigentes y que afilian a profesionales del insulto y la provocación para desquitar su presencia en el Congreso.

Del Montón

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro recibió abucheos y rechiflas mientras hacía una lista de peticiones de obra al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal pidió a los asistentes que acudieron a la terminal marítima respeto para el gobernador y detener los gritos. Aunque había porras de apoyo al gobernador, fueron opacadas con los gritos de “fuera, fuera” y los chiflidos de los asistentes, por lo que Enrique Alfaro tuvo que comenzar su discurso, mientras mostraba un rostro adusto. “Ese proyecto de inversión de 650 millones de pesos que se habían establecido al inicio de la administración es un proyecto que va para adelante y que en todo caso está llevando un proceso de recalendarización para poder programar los recursos y lograr resolver los rezagos de infraestructura de las zonas más pobres de Puerto Vallarta”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

THE CONTRAPODER BREAKING NEWS O mejor aún, notas cortas sabrosas y sabrosonas , en memoria de Gervasio Grajales QEPD. Dr. Valdemar Rojas

¿Cuál sistema político será mejor, el capitalismo o el socialismo?

ignoraba que yo sabía muchas palabras en dilecto TSOTSIL que aprendí en mi infancia y que me permitió contestar a su absurda interpretación de mi actuación con la frase en tsotsil que dice “batán ta tso”, o sea, vete a la mierda. Viene al caso este señalamiento porque la actual administración tratando de preservar las lenguas indígenas, nos atosiga a cada rato con mensajes en dialecto indígena que por supuesto nadie entiende y pienso que es una equivocación del gobierno estar mandando esos mensajes que nadie entiende y que no es la mejor manera de preservar las lenguas o dialectos indígenas para evitar su desaparición-

or años se ha establecido una acre discusión entre los seguidores del capitalismo y los opositores o sea los socialistas sin que a la fecha se haya encontrado una solución que decida quien es el ganador. Sin embargo para un observador, que no es fanático de ninguno de estos sistemas, es real y evidente algunos datos observados. A la fecha, una multitud de gentes de todas partes del mundo buscan llegar y quedarse en los Estados Unidos, cuna del capitalismo y enemigo jurado del socialismo, mientras que no veo a ninguna persona buscando irse a Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte, países que son representativos de países socialistas, lo que indica que la mayoría de la población, preferiría vivir en un país capitalista con todos sus defectos, como Estados Unidos y no irse a ninguno de los países representativos del socialismo que ya mencionamos. Ahora que en México tenemos un gobierno de tendencia francamente socialista, es tiempo de analizar la situación por la que está atravesando el país; por supuesto y estoy de acuerdo con los seguidores del Peje que en 5 meses no puede juzgarse toda su actuación, pero si hay algunos actos del gobierno que son preocupantes. En su afán de gobernar para los pobres, considera y lo ha manifestado en todos los foros que tiene a su disposición, que el combate a la corrupción le dará los fondos necesarios para seguir regalando dinero a todo mundo, pero este combate a la corrupción tiene en su contra que ha ofrecido no castigar a los corruptos que forman parte de lo que el llama , la mafia del poder. No veo a la fecha a ningún alto funcionario de la administración anterior que esté en la cárcel y sabido es que la impunidad es un atractivo para seguir cometiendo irregularidades y aquí en Chiapas, tenemos el ejemplo clásico de este programa de AMLO y los chiapanecos no creeremos en el combate a la corrupción mientras no se castigue al HUERO y a su grupo de bandidos que saquearon al estado y hoy, son protegidos por AMLO y para colmo de la poca vergüenza del ex gobernador saqueador de Chiapas, hoy pretende regresar al Senado y si los senadores y diputados de la Comisión permanente del Congreso tienen un poquito de dignidad, deberán votar en con-

tra de la petición del Huero. En contra de los programas del Peje que a cada rato presume de los logros de su gobierno de la buena marcha del país, está el hecho incontrovertible de que la economía del país, en lugar de crecer en el primer trimestre de su administración, hubo una desaceleración de la economía del 0.2%, la peor en 5 años. También ha habido una disminución en los ingresos del gobierno; ante esta crítica situación, el gobierno federal ha recurrido a eliminar empleados en todas las dependencias y ya suman miles solo en el sector salud. Una obsesión del actual mandatario es sacar a flote a Pemex, la empresa que perdió miles de millones de dólares el año pasado y que es dirigida por un ingeniero agrónomo, eso sí amigo y leal seguidor de AMLO, pero para que pueda sacarlo del atolladero, ha quitado fondos al IMSS, al ISSSTE y a la secretaría de salud, que hoy están padeciendo las consecuencias de esta disminución de recursos y eso que AMLO ofreció que los mexicanos tendríamos una situación de salud como la que gozan los países nórdicos como Suecia y Noruega. No cabe duda que el Peje es necio y como dice doña Denisse Dresser, ignorante sobre todo en economía, pero se considera experto en todo y no escucha consejos de nadie. Tal vez lo mas preocupante de todo es su desprecio por las leyes como lo demostró con el memorándum que envió a varios de sus secretarios, de Gobernación y de Educación principalmente de desconocer y desobedecer los mandamientos de la ley de educación de la Reforma Educativa de Peña Nieto que aún está vigente,

mientras no se apruebe la Nueva Reforma Educativa, exponiendo a sus secretarios a un juicio político si cumplen con las órdenes dadas por AMLO, pues él , sólo puede ser juzgado por traición a la Patria. Oro aspecto tal vez mas preocupante, está como dice la portada de la revista Proceso, tentado de ser autoritario basado en que tiene el control de las 2 cámaras , de diputados y senadores y puede tomar las decisiones que le interesen, aunque sea en contra de las leyes vigentes; es evidente que cada día que pasa es mas autoritario y eso no es lo mas conveniente para el país. pretende ahora tener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo 5 nuevos ministros que a no dudarlo serán todos afines a él. Me canso ganso parece ser la norma en la toma de decisiones del Peje. Por lo pronto e imitando a Trump, que escogió al diario The New York Times como su enemigo, el Peje ya escogió al diario Reforma como su adversario y eso que fue el único diario que publicó los excesivos gastos de campaña del candidato del PRI, Roberto Madrazo, en Tabasco., Cuando yo era diputado local, en una de las sesiones un diputado indígena tomó la palabra y empezó su mensaje en dialecto tsotsil que por supuesto nadie entendía lo que decía; a continuación tomé la palabra y dirigí mi alocución en Inglés, que estoy seguro muy pocos entendían lo que yo decía; mi intención era demostrar que hablar en tribuna en un idioma distinto al español, era una pérdida de tiempo y no la mejor manera de convencer al público de nuestra manera de pensar y nunca fue la intención de menospreciar a un dialecto indígena como lo mencionó un torpe periodista que

La Secretaría de Turismo Estatal publica en las redes sociales, mensajes publicitarios en los que señala las bellezas naturales de nuestro estado para promover el turismo, pero considero que esos mensajes los deberían publicar no aquí, sino en otros países para que conozcan nuestras bellezas naturales ; sin embargo eso no es suficiente pues nuestras autoridades deben primero aumentar la seguridad, pues Chiapas no es la excepción en la inseguridad que priva en todo el país y solo para señalar un ejemplo el diario Reforma informa que en el país se cometen diariamente 45 asesinatos y por esta razón Alemania le recomienda sus habitantes no visitar México Los “maestros de la CNTE ( Coordinadora Nacional de Traidores de la Educación), no se preocupan por la educación de niños y jóvenes y en los estados que tienen masa presencia.(Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas) lo alumnos tienen los mas bajos niveles de educación semejante a los niveles de los niños y jóvenes en algunos países de África. Ahora están en contra de la Reforma Educativa propuesta por AMLO y amenazan con paros, plantones y bloqueos en los estados del sureste, lo que dejaría a millones de estudiantes sin clases y sin la oportunidad de tener una buena educación que les permita enfrentar los problemas económicos a los que estarán expuestos, sobre todo con los avances tecnológicos y el uso cada vez mas frecuente de robots e inteligencia artificial que dejará en el desempleo a millones de trabajadores, pues si bien es cierto que surgirán nuevos empleos, serán para gentes bien preparadas como ingenieros en robótica o en ciencias nuevas.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Carlos Alberto Bello de víctima a victimario, de la infamia a infame • Consejo de la Judicatura de Chiapas: nepotismo jurisdiccional

n colaboración anterior del 5 de mayo hice mención de cómo el Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas, se encontraba al margen de la ley. El sustento de tal aserto era que sin facultades jurisdiccionales, había separado del cargo a la jueza Isabel Álvarez Ramos por haber emitido una sentencia conforme a derecho, en favor de Omar Fernando Rosales Toledano acusado de feminicidio. Uno de los artífices de tan peculiar petición fue el magistrado visitador Carlos Alberto Bello Avendaño que en tan sólo un día leyó un expediente de 15 tomos, presentó denuncia ante el Consejo de la Judicatura, y este órgano del Poder Judicial del estado de Chiapas, también en un solo día, determinó que la jueza debería de ser separada de su función judicial. Bello Avendaño incurría así en una severa contradicción personal y judicial al acusar a la jueza Álvarez Ramos sin ningún sustento. La historia es la siguiente. En el año 2011, el gobernador Juan Sabines Guerrero, en una de sus tantas alucinaciones, ordenó la detención del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Así textual, el ejecutivo ordenó al judicial proceder penalmente en contra del ex gobernador en un grave atentado a la división de poderes. Con esa consigna, el 14 de junio del año 2011, el Juez Tercero Penal emitió auto de formal prisión en contra de Pablo Salazar, bajo los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Inconforme contra el auto de formal prisión, Salazar interpuso recurso de apelación como consta en el toca 151-A-1P01/2011. El 16 de agosto de 2011, la Sala Penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, confirmó el auto de formal prisión. En contra de la resolución de la Sala, Pablo Salazar interpuso el amparo 1185/2011, ante el Juez Quinto de Distrito en el estado de Chiapas. El 13 de febrero de 2012, el juzgado de distrito concedió a Pablo Salazar el amparo y protección de la justicia federal para que la Sala dictara una nueva resolución en la que podía confirmar el auto de formal prisión o bien decretar auto de libertad. Sólo que con los

criterios exigidos por el juzgado federal, el auto debería de ser de libertad o bien arriesgarse a incurrir en violación a la ley de amparo y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La instrucción del juez de distrito fue determinante. Los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de peculado no pueden coexistir al mismo tiempo, y por tanto la Sala debería de determinar cuál de los dos, pero sólo uno, debería de permanecer. En contra de la resolución del Juez Quinto de Distrito, el ministerio público federal y el ex gobernador Pablo Salazar, interpusieron recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo. El tribunal fue más allá. La resolución determinaba anular la sentencia de la Sala, bajo el principio de que los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, quedaban incluidos dentro del delito de abuso de funciones públicas, con lo que en automático desparecía el delito de asociación delictuosa. El responsable de resolver la orden del Juez Quinto de Distrito y del Tribunal Colegiado, en el expediente de apelación 151-A1P01/2011 fue el magistrado Carlos Alberto Bello Avendaño, en decisión colegiada con la presidenta de la Sala, Isela de Jesús Martínez Flores y el magistrado Rigoberto Montoya García. Sólo que por acatar las instrucciones de dos órganos jurisdiccionales federales, los magistrados fueron sujetos de proceso penal por instrucciones del gobernador Juan Sabines y como ejecutor el

gran bandido de la procuración de justicia Raciel López Salazar y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, otro delincuente jurisdiccional, Rolando Ramos Rovelo. Los delitos por los cuales se acusó a los tres magistrados fueron abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa. El magistrado Carlos Alberto Bello Avendaño se dolió profundamente del atentado a su función jurisdiccional y la calificó como una infamia. Lo malo es que hoy repite esa práctica en la que de víctima pasó a victimario y de la infamia a infame. A la magistrada presidenta de la Sala Penal, Isela de Jesús Martínez, el presidente del Tribunal, Rolando Ramos, le exigió su renuncia por “instrucciones” de Juan Sabines. Ninguno de los dos tenía autoridad moral ni jerarquía política ni administrativa. La independencia de jueces y magistrados está en la ley, no tienen jefe y se distinguen por ser autónomos. La magistrada Isela de Jesús desobedeció tan arbitraria petición y en ejercicio de su independencia jurisdiccional, jamás se presentó a declarar ante el ministerio público. Sólo que mientras se procede arbitrariamente en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos por dictar una sentencia apegada a derecho, en el Consejo de la Judicatura se permite el nepotismo jurisdiccional. La consejera Lourdes Hernández Bonilla ha patrocinado a Walter Constantino Vleschower para desempeñarse, primero, como secretario técnico del Consejo de la Judicatura, y después, juez penal en el municipio de Chiapa

de Corzo. La designación no tendría mayor trascendencia si no fuera porque Walter Constantino es sobrino de Gladys Vleschower Magdaleno, esposa de César Amín Aguilar, consejero jurídico de gobierno, quien a cambio nombró al esposo de la consejera Hernández Bonilla, Víctor Manuel Cruz Arreola, jefe de recursos materiales. Se habla de negocios entre César Amín y Lourdes de los que daremos puntual cuenta. Para ilustrar la calidad de Walter Constantino como juez de consigna, se advierte en la ejecutoria de amparo 137/2007, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a José Librado de la Torre González: “En la inteligencia que al aquí quejoso se le han instruido diversas averiguaciones previas que han culminado en autos de formal prisión (…) como exsecretario de agricultura del estado y exvicepresidente del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Chiapas (…) entre el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho y treinta y uno de diciembre del dos mil. En cuanto a los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociacion delictuosa, el agente del ministerio público, no podrá, en lo sucesivo, iniciar nueva averiguación en contra de José Librado de la Torre González, ni tampoco ninguna autoridad judicial deberá de ordenar la aprehensión, o dictar auto de formal prisión ni ningún otro acto que pretenda afectar la libertad personal del quejoso, so pena de incurrir en desacato al artículo 105 de la ley de amparo.” Vergonzosamente se le enderezaron los excesos judiciales a Walter Constantino. Pero además, el nepotismo jurisdiccional se extiende a otras áreas del Poder Judicial. Erick Hernández Jiménez es hijo del hermano de Hernández Bonilla, quien de actuario pasó a secretario general de acuerdos de la segunda Sala Civil, aunque entre el personal se diga que nada sabe. Alejandra González Pérez, sobrina de Hernández Bonilla fue cambiada de la segunda Sala Penal a Defensoría Social para ayudarla por su incompetencia y proclividad a desobedecer las órdenes de los magistrados. Así, mientras se reprime a los buenos jueces, se favorece la incompetencia y el parentesco como forma de ascender. Ampliaremos…

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Lunes 13 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1633 DISCULPA

Juez obliga a UAEMex a disculparse y reparar el daño a un periodista por abuso de autoridad

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DENUNCIA

Mezcalapa 15 días sin servicio de agua, autoridades desperdician recurso en Feria

INCONFORMIDAD

Recetan a Alfaro rechiflas en Puerto Vallarta; AMLO pide dejar atrás “politiquería” PAG. 3

RECHAZO

Impuesto por alumbrado público en Tuxtla es inconstitucional PAG. 6

DECLARACIÓN

López Obrador reconoce lentitud en entrega de apoyos sociales: el gobierno no estaba preparado, dice

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AMLO amaga a “una empresa” con quitarle concesión de autopista en Nayarit por retraso de 10 años en construcción