CMAN
DOXA
EDITORIAL
El combate a la corrupción
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El gobernador Rutilio Escandón ha señalado reiteradamente su compromiso de combate frontal a la corrupción. Sin embargo su discurso no ha sido acompañado por acciones determinantes que muestren que lo que se dice con las palabras se cumple con los hechos.
Soplan vientos de movilización y protesta magisterial en Chiapas. La inacción de la secretaría de gobierno y la de educación alientan la protesta. En las circunstancias actuales de la sociedad en Chiapas, un paro magisterial significaría un golpe mortal a las actividades productivas en la entidad.
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EN CHIAPAS
Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1597
INFORME
SESIÓN
CNDH advierte aumento en desaparición de personas en México Aseguró que en esta materia el Estado mexicano aún tiene una tarea pendiente, pues los avances obtenidos en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas desaparecidas son resultado del trabajo incesante e incansable de las familias y de la sociedad civil
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Tribunal electoral ordena en el PAN restituir a Janet Ovando
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DENUNCIA
Alcalde de Chiapa solapa funcionarios municipales PAG. 9
MOCRI EZ se declara “inocente” de los señalamientos por invasiones y desmanes
HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
Ruperto Portela Alvarado
PUNTO Y COMA;
LLAMADO
La CNTE amenaza con hacer caer otras reformas “lesivas contra el pueblo mexicano”
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Roger Laid
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
DOS DÉCADAS DE CAMPAÑA NEGRA
PAG. 13
Octavio Islas
PAG. 12
LA CORTE Y LA MINISTRA RIOBOÓ Jorge Carrasco Araizaga
PAG. 11
MI AGENDA JUDICIAL Luis Miguel Cano López PAG. 3
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL El combate a la corrupción
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l gobernador Rutilio Escandón ha señalado reiteradamente su compromiso de combate frontal a la corrupción. Sin embargo su discurso no ha sido acompañado por acciones determinantes que muestren que lo que se dice con las palabras se cumple con los hechos. Esto viene al caso porque al final del gobierno de Manuel Velasco, la Auditoría Superior del Estado tenía concluida la investigación de varios municipios y dependencias. Inclusive, el auditor anterior llegó a presentar denuncias penales en contra de varios expresidentes municipales y que después de los primeros 100 días del actual gobierno ya no se sabe nada del curso de esas investigaciones. El cambio del responsable del órgano de la Auditoría Superior del Estado se dio a través de la violación de la ley. Al respecto, hubo una intromisión abusiva e ilegal del Poder Ejecutivo, específicamente del secretario de gobierno, para pedir una renuncia a un funcionario que no pertenece a esa esfera de gobierno, en virtud de que la ASE es autónoma y finalmente le rinde informes al Poder Legislativo, lo que prefigura un posible delito de abuso de poder del secretario de gobierno, quien con su acto atropelló a un órgano autónomo al
pedir la renuncia a un funcionario designado por el Congreso Local y que aún le faltaba más de cinco años para concluir ese encargo. El espacio de la Auditoría Superior del Estado fue cubierto por un personaje que se caracteriza por responder a los intereses de Ismael Brito Mazariegos, y que no cumple con los requisitos legales para desempeñar ese cargo. Simple y sencillamente no cumple con la observación legal de tener una experiencia mínima de cinco años en funciones de auditorías y aun así fue impuesto sin tener las competencias fundamentales para desempeñar un cargo vital en el combate a la corrupción. Con el nombramiento del Auditor Superior del Estado lo que buscaba el secretario de gobierno es el control con los presidentes y expresidentes municipales, que de acuerdo a informes del propio órgano de fiscalización, las autoridades municipales están siendo sometidas al chantaje y a la extorción. Las carpetas de investigación están paradas y los expresidentes están siendo citados para regularizar su situación financiera y al interior del órgano se inició un proceso de regularización y de quema y desaparición de expedientes, bajo el pretexto que las instalaciones de ese organis-
mo fueron vandalizadas con anterioridad. En esa regularización se comenta, juega un papel determinante una outsourcing que está facturando para saldar pendientes de los municipios. Pero también se habla de una reunión que hubo en el rancho de Ernesto Gutiérrez, aquel que fuera secretario del campo con Juan Sabines Guerrero, que se incorporó a la campaña a la gubernatura de Rutilio Escandón, y a quien se le auguraba iba a ser un personaje valioso en la administración, pero al que sólo le dieron la posición de subsecretario en la secretaría de gobierno a uno de sus hijos. En la reunión en mención se señala la participación del secretario de gobierno, Ismael Brito, quien junto a Ernesto Gutiérrez citaron a presidentes municipales y expresidentes para leerles la cartilla y para brindarles el apoyo para regularizar las cuentas. De ser cierta esta información filtrada desde el propio órgano de la ASE, se estaría prefigurando el delito de delincuencia organizada, que dentro de la administración pública se conoce como colusión de funcionarios, lo que desdice plenamente el discurso del gobernador Rutilio Escandón, de combatir frontalmente la corrupción.
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Condenan a 105 años de prisión a feminicida múltiple Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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a Fiscalía General del Estado dio a conocer esta noche que obtuvo sentencia condenatoria de 105 años de prisión en contra de Gaspar Silvano López por el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres y dos menores de edad, más cinco años y cuatro meses de prisión por homicidio en grado de tentativa. El pasado 11 de marzo de 2013, en la ranchería Yaxteel del municipio de Chilón, el ahora sentenciado discutió con su padre, Gaspar Silvano Gómez, por unas tablas y láminas de una choza, lo cual provocó que lo agrediera con arma blanca. Acto seguido, con la misma arma atacó a su abuela, Tomasina Gómez Cruz, de 83 años y a su
El pasado 11 de marzo de 2013, en la ranchería Yaxteel del municipio de Chilón, el ahora sentenciado discutió con su padre, Gaspar Silvano Gómez, por unas tablas y láminas de una choza, lo cual provocó que lo agrediera con arma blanca madrastra, Elvira Guzmán Luna, de 33 años, así como también a sus medias hermanas, de tres y 13 años de edad, privándolas de la vida. Por estas acciones, en la causa penal 36/2013 del Juzgado Mixto de Yajalón, logró obtener sentencia condenatoria de 105 años de prisión contra Gaspar Silvano López por el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres y las dos menores; y cinco años y cuatro meses, por homicidio en grado de tentativa en agravio de su padre; asimismo, se le exige el pago de un millón 242 mil 331.20 pesos por daño moral.
La CNTE amenaza con hacer caer otras reformas “lesivas contra el pueblo mexicano” Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron cerrar filas contra la llamada reforma educativa y rearticular el movimiento social, campesino y popular, para que otras reformas “lesivas contra el pueblo mexicano” también caigan. Los mentores exigieron “abrogación, no simulación”, a la hora de aprobar el dictamen que ya está listo en el Congreso de la Unión, donde la derecha –subrayaron– quiere meter las manos para mantener los lineamientos que buscan la desarticulación del movimiento sindical magisterial. Por ello, llamaron a todas las organizaciones sociales, civiles, campesinas, sindicales y obreras a rearticular el movimiento en defensa de la educación pública, la clase trabajadora y los derechos de todos los ciudadanos “que se han visto lesionados con las reformas estructurales que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que el gobierno de la Cuarta Transformación busca mantener”. Pedro Gómez Bámaca, líder y vocero de la Sección 7, expuso que, así como buscan ahora que caiga la reforma educativa, no se debe
cantar victoria porque la derecha –subrayó– pretende mantener algunos lineamientos que afectan los intereses de la clase magisterial. El dirigente propuso la creación de un Observatorio Permanente de Agravios al movimiento, pues “debe haber una memoria histórica que documente todos y cada uno
de los golpes, acciones represivas y ataques del gobierno en todos sus niveles contra quienes luchan por defender sus derechos en este país”. De igual manera, advirtió que no se va a tolerar la más mínima agresión en contra de quienes luchan por defender sus derechos ante aquellas “reformas lesivas”
al pueblo mexicano, y que la rearticulación del movimiento social, campesino, magisterial y obrero tiene como objetivo cerrar filas ante la embestida del gobierno de la Cuarta Transformación y sus alianzas con los grupos de derecha que pretenden conservar sus privilegios monopólicos.
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Alcalde de Chiapa solapa funcionarios municipales Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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ván Alejandro Aldana Cruz, Director del DIF municipal de Chiapa de Corzo y su hermano Eduardo Aldana Cruz, allanaron una propiedad privada en pleno centro de esta ciudad, ocupando para ello a patrullas y policías, bajo el consentimiento del presidente municipal Jorge Molina Gómez. Los propietarios de dicho inmueble, la familia Serrano Pola lanzó un llamado al gobernador del estado y a la Fiscalía General de Justicia para que establezcan el orden y se respeten las leyes, pues no es justo que personal de la actual administración, abusando de su trabajo y su relación con el alcalde Molina Gómez, ocupen al personal, patrullas y policías para allanar propiedad privada. “Iván Alejandro Aldana Cruz junto con su hermano Eduardo de forma violenta entraron a una casa con el argumento que es de ellos, rompiendo la misma puerta y la seguridad de la misma, candados en pleno corazón de Chiapa de Corzo, asustando a las personas que renta locales a sus legítimos dueños”, señalaron vecinos quienes presenciaron los hechos durante la madrugada del pasado domingo. Cabe destacar que uno de los vecinos, quien pidió omitir su nombre, dijo que actualmente la propiedad se encuentra en proceso de adjudi-
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente EZ (MOCRI-EZ) se declararon inocentes de los señalamientos que está haciendo el gobierno de ser un grupo invasor. En conferencia de prensa realizada en una colonia de este grupo dieron a conocer que “es el gobierno del estado el responsable de formar grupos de choques para provocar desmanes para culpar a la organización”. El grupo que siempre ha tenido una actitud hostil con la ciudadanía dijo que los señalamientos son falsos, además de que han determinado suspender todo acto de protesta para no ser reprimidos. Efraín de relaciones exteriores del MOCRI EZ a nivel nacional expuso que los predios que mantienen en posesión es un proceso de
Los propietarios de dicho inmueble, la familia Serrano Pola lanzó un llamado al gobernador del estado y a la Fiscalía General de Justicia para que establezcan el orden y se respeten las leyes, pues no es justo que personal de la actual administración, abusando de su trabajo y su relación con el alcalde Molina Gómez, ocupen al personal, patrullas y policías para allanar propiedad privada
cación a los legítimos dueños, pues es una masa hereditaria de la familia Serrano Pola. Los dueños fueron notificados de estos desmanes por amistades y vecinos, quienes además coincidieron en señalar que ocasionaron daños a la estructura de la vivienda por lo que el Instituto Nacional de
Antropología e Historia deberá tomar cartas en el asunto. Ante esta situación la familia Serrano Pola exige al gobierno agilice los trámites para dar posesión total del inmueble, además de responsabilizar a estos funcionarios, al alcalde Jorge Molina Gómez de cualquier agresión en su contra y
de la reparación total de los daños ocasionados. Además de la aplicación del estado de derecho y el inmediato desalojo de estas personas de la propiedad, por lo que fue presentada una denuncia penal en contra de este funcionario y quienes resulten responsables.
MOCRI EZ se declara “inocente” de los señalamientos por invasiones y desmanes recuperación y no invasión. Pidieron cárcel y castigo para los invasores de cuello blanco, además de que el desalojo dejó un integrante muerto. “El compañero muerto fue rescatado cuando estaba siendo golpeado por la policía, además de haber dos desaparecidos”, indicaron. Precisaron que los terrenos tienen carpetas agrarias, los cuales han sido entregados a las dependencias correspondientes, y han realizado los pagos a los propietarios correspondientes. Remarcó que el grupo volverá a salir hasta que no corran peligro además de que pedirán el acompañamiento de visitadores de Derechos Humanos para que sus derechos no sean violentados.
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Tribunal electoral ordena en el PAN restituir a Janet Ovando De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sala Xalapa anuló de acto el triunfo de Carlos Alberto Palomeque Archila como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y de toda su planilla, al revocar la sentencia que en días pasado emitiera el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh) consistente en confirmar las bases de la convocatoria para la elección de éste, la cual fue viciada de origen y dio un plazo de 6 meses para que se vuelva a realizar una elección nueva. En la sesión de este jueves 21 de Marzo, la sala regional de Xalapa revocó la sentencia del TEECh en la que confirmó las convocatoria para elección de la Presidencia, Secretaría General y 7 integrantes del comité directivo estatal del partido político en Chiapas para el período 2019 al 2021, la cual no tenía sustento legal en virtud que desde septiembre pasado se ordenó restituir a la pasada dirigencia estatal en la entidad. El tribunal de Chiapas no tomó en cuenta la resolución jurisdiccional que existe desde el pasado 3 de septiembre del 2018, que revocó el acuerdo que contenía la determinación de la disolución del comité ejecutivo estatal y ordenó la disolución comisión permanente del pan en la
En la sesión de este jueves 21 de Marzo, la sala regional de Xalapa revocó la sentencia del TEECh en la que confirmó las convocatoria para elección de la Presidencia, Secretaría General y 7 integrantes del comité directivo estatal del partido político en Chiapas para el período 2019 al 2021, la cual no tenía sustento legal en virtud que desde septiembre pasado se ordenó restituir a la pasada dirigencia estatal en la entidad
entidad así como la restitución de todos los integrantes con todos sus derechos, por el contrario la suplieron con una comisión la que emitió una convocatoria para la elección de una nueva dirigencia la que se consideró como jurídicamente ilegal. Por lo cual la sala del tribunal ordena revocar todo y anular todo lo actuado por esta comisión que sustituyó al comité ejecutivo estatal, así como la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia donde
resultó electo Palomeque Archila y los vincula para que en un período no mayor de 6 meses se cumpla la presente sentencia, que concluiría con la emisión de una nueva convocatoria y la participación de los militantes del pan para elegir una dirigencia que cumpla el período establecido En ese contexto los magistrados federales puntualizaron en los JDC/002/2019 y los juicios ciudadanos 52 y 53, que el Tribunal chiapaneco no fundó ni motivo su sentencia
qué violentó y obstruyó los derechos del anterior comité directivo estatal encabezado por la hoy diputada Janet Ovando Reazola y Carlos David Alfonso Utrilla como secretario general, así como del resto del comité Palomeque Archila y demás panistas que se sientan agraviados por la presente sentencia tendrán 5 días hábiles para apelar dicha determinación ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Chiapas, un Paraíso Mundial de Recurso Hídrico: Ecosur René R. Coca. Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
Aunque a nivel internacional la problemática para dotar de agua a los habitantes se hace cada vez más compleja, en el mundo existen zonas considerados como paraísos al tener suficiente recurso hídrico y de calidad, donde Chiapas es de esos lugares privilegiados, sin embargo, se debe poner mucha atención en la conservación de los mismos y en la concientización de sus habitantes para su aprovechamiento, indicó el Técnico Académico del Colegio de la Frontera Sur, David Herrera López. Al conmemorarse el Día Mundial del Agua, el integrante de Ecosur indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró como un Derecho Humano la dotación del recurso hídrico, aspecto que en muchas partes, no solo del planeta, sino de México no se cumple con esa condición de tener agua, que no es solo en
cantidad sino también en calidad. Herrera López subrayó que por eso Chiapas es un lugar privilegiado porqué cuenta con ríos, lagos, mantos freáticos y cuerpos de agua que dotan a la población del recurso hídrico para sus necesidades básicas, donde la alimentación y producción de energía, por ejemplo, son factores de desarrollo para la región que le permite tener ventajas sobre aquellos lugares donde se carece del vital líquido, o que llevarlo con la tecnificación u otras formas resulta bastante complejo y caro. Sin embargo, el entrevistado dijo que desde el Colegio de la Frontera Sur ya se trabaja en aspectos como el reaprovechamiento del agua, que permita bien utilizar este recurso hídrico con un máximo de rendimiento “como ejemplo de ello es que el agua que se utiliza para lavarse las manos pueda utilizarse para que se vaya a la caja de agua del w.c.” citó. El maestro en ciencias expuso
que en Chiapas se debe tener una mejor cultura del agua para que las presentes y nuevas generaciones puedan disfrutar de las bondades del líquido vital, ya que en muchas partes del país la gente carece de estas bondades, por lo que cuidan y valoran más lo poco de agua que les llega, inclusive donde para obtener el recurso hídrico tienen que acarrearlo desde lejos y con una
calidad poco recomendable en materia sanitaria. Cabe destacar que la UNESCO documento alrededor de 700 muertes durante el 2018 en el mundo por efectos de carencia y calidad del agua, lo que implica que la gente tenga que hacer conciencia para cuidarla y bien utilizarla, así se tenga en abundancia. (iM-rrc).
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Autodefensas de Tlacotepec anuncian incursiones armadas en Chilpancingo Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)
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irigentes del grupo de autodefensa de Tlacotepec, al que autoridades estatales vinculan con la banda delictiva de Onésimo El Necho Marquina Chapa, anunciaron que mañana realizarán incursiones armadas en esta capital. Tras advertir que no permitirán el ingreso de la Guardia Nacional a los territorios que controlan, destacaron que no están dispuestos a deponer las armas y tampoco se subordinarán al gobierno federal. Desde el poblado de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro de la entidad, Salvador Alanís, vocero del grupo de autodefensas –denominado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG)–, recordó que este viernes vence el plazo que dieron al gobierno de Héctor Astudillo Flores para detener a Isaac Navarrete Celis, señalado como líder del Cártel del Sur. Asimismo, anunció una alianza entre la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) de la Costa Chica con las autodefensas que operan en la Sierra y Zona Norte, supuestamente vinculadas al grupo delictivo Guerreros Unidos. El vocero del FUPCEG informó que el bloque armado lo conforman más de 11 mil milicianos que operan y controlan en 762 comunidades de
Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)
El gobernador Adán Augusto López Hernández rechazó que el secuestro se disparara en Tabasco en febrero, -segundo mes de su gobierno-, como reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con las cifras del SESNSP, en la entidad aumentaron los secuestros, homicidios, abigeato, extorsiones y violaciones, en el primer caso hasta en un 800%, al registrarse una víctima en enero y nueve en febrero. “Se equivoca el Secretariado, en enero no tuvimos ningún secuestro reportado y en febrero tuvimos tres, uno de ellos, como ustedes saben, no fue secuestro, sino un asunto entre particulares relacionado con otro tipo de ilícito”, respondió el mandatario morenista al ser cuestionado por la prensa. Explicó que en el segundo caso se rescató a una señora y a su hijo
Tras advertir que no permitirán el ingreso de la Guardia Nacional a los territorios que controlan, destacaron que no están dispuestos a deponer las armas y tampoco se subordinarán al gobierno federal realizarán incursiones armadas en Chilpancingo, como lo advirtieron el mes pasado.
Habrá más muertos, amenazan
39 municipios en la entidad. Por su parte, el vocero de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Sabás Aburto Espinobarros, precisó que la alianza armada también tiene como objetivo impedir el desarme e ingreso de la Guardia Nacional a las zonas indígenas, dado que –subrayó– la violencia ha disminuido en las comunidades donde tienen presencia las guardias comunitarias. De acuerdo con Aburto Espinobarros, están en contra de las concesiones mineras en territorios indígenas, y exigió la liberación de 17 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
Salvador Alanís recordó que el pasado 22 de febrero el FUPCEG y la autodefensa de Tlacotepec vinculada a El Necho emplazaron al gobierno de Astudillo para que detuviera en un mes al líder del grupo antagónico Isaac Navarrete Celis. Ésta, reiteró, ha sido la única condición que le dieron a Astudillo para cesar los enfrentamientos en la sierra de la entidad, que han dejado una estela de muertos, desaparecidos y decenas de desplazados, los cuales mantienen un plantón frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México. Dijo que en este lapso no hubo respuesta del gobierno, y por ello anunció que a partir de mañana
A principios de este mes, Isaac Navarrete Celis, señalado por el gobierno de Astudillo como líder del grupo delictivo Cártel del Sur, advirtió que el problema de la violencia en la Sierra no es la amapola, sino las mineras, y las autoridades “lo saben”. En entrevista con Proceso, consideró que la problemática ha rebasado al gobierno estatal por el interés económico que existe en el corredor minero Xochipala-Mezcala-Carrizalillo, donde operan empresas canadienses con el aval de autoridades de los tres niveles de gobierno. También rechazó el señalamiento del gobierno estatal y del grupo armado de Tlacotepec, al señalar que “no es líder” del Cártel del Sur porque en Guerrero –subrayó– “no existen cárteles”. No obstante, advirtió que “habrá más muertos” en la sierra en caso de que el gobierno federal no intervenga a tiempo, porque “el pueblo se tiene que defender”, soltó ante la amenaza de una incursión armada del grupo antagónico en Chichihualco y esta capital.
Secuestros en Tabasco se disparan 800%, asegura el SESNSP; gobernador lo niega al momento del plagio, y el tercero se resolvió en bien del secuestrado con apoyo de autoridades chiapanecas. “Si el Secretariado habla de 10 secuestros (en enero y febrero), habría que revisar. Yo creo que está equivocada la cifra”, reiteró, y recordó que a finales de enero informó que no había ocurrido un solo secuestro, y en febrero tenían documentados tres casos. Sobre los homicidios dolosos, López Hernández mencionó que se trabaja en ello, y que en la mayoría de los casos están relacionados con delitos del orden federal. Aseguró que en las próximas semanas, con la puesta en marcha del Plan de Seguridad y la creación de la Guardia Nacional, se reforzará la seguridad en la entidad. Según el SESNSP, en el primer bimestre de este año se contabili-
zaron en Tabasco mil 312 víctimas de secuestro, homicidio, abigeato, extorsión, feminicidio y lesiones, entre otros delitos. En ese periodo ocurrieron 163 homicidios, 100 de ellos de tipo doloso, de los cuales 74 víctimas fueron asesinadas con arma de fuego.
También se perpetraron cinco feminicidios, y el delito de violación creció de 26 a 42 casos; el abigeato subió de 77 a 97, y las extorsiones de 24 a 30 casos. Sin embargo, el robo de autos disminuyó de 257 en enero a 199 en febrero.
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Judith Amador Ciudad de México (apro)
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a construcción del Tren Maya, propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendrá múltiples impactos en los campos cultural, ambiental, social, político y económico que deben ser discutidos y analizados de la manera más objetiva y crítica, con elementos científicos, técnicos y estadísticos. Así lo señala el antropólogo y doctor en derecho Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien coordinará las mesas “Políticas públicas y cultura. El Tren Maya, realidades y mitos”, a realizarse el lunes 25 de marzo, en el marco del Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia, Legislación. El objetivo del encuentro es comprender desde diferentes ópticas lo relacionado con el tren y ofrecer análisis que contribuyan a que las comunidades y poblaciones, indígenas y no indígenas, no resulten perjudicadas por su creación. Se trata de que la región deje de ser marginada, pero evaluar los pros y contras de las formas de desarrollo propuestas. El foro consta de dos mesas. En la primera participarán Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del INAH; y Fernando Mohedano, de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En la segunda intervendrán Giovanna Gasparello, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH; la abogada Ross Barrantes, de Perú; y Guillermo Buchan, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cottom destaca la diversidad de los participantes para ofrecer un panorama más completo. Fonatur, por ejemplo, está llevando las riendas de “esta idea, de pronto me cuesta trabajo llamarle proyecto porque todavía no sabemos de qué se trata, hemos escuchado planteamientos, incluso entrevistas, pero no está claro, por eso la presencia de Fonatur resulta fundamental”. El área de Arqueología del INAH es la responsable de la protección y la preservación de los monumentos arqueológicos y paleontológicos, y por tanto tendrá un papel muy relevante y se deben tener los elementos fidedignos para esclarecer cuál será exactamente. --Hay al interior del propio INAH, entre investigadores y arqueólogos, el temor de que el INAH simplemente dé luz verde al proyecto, sin análisis de ningún tipo. --Claro. Podría decir que son
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El Tren Maya, realidades y mitos Así lo señala el antropólogo y doctor en derecho Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien coordinará las mesas “Políticas públicas y cultura. El Tren Maya, realidades y mitos”, a realizarse el lunes 25 de marzo, en el marco del Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia, Legislación
temores fundados, pero también me parece que son ideas establecidas a priori puesto que ni siquiera tenemos todavía un proyecto, no conocemos cuál es el proyecto ejecutivo del Tren Maya. Por eso le parece elemental la discusión. Quizá, dice, hubiera sido sencillo reunir a destacados teóricos y críticos que se han estado expresando, como la doctora Julia Carabias en el tema ecológico y el ecoturismo para reunir opiniones. pero su propósito es saber sobre diversos aspectos: “Para mí es fundamental conocer lo más realistamente posible en qué consiste la idea, para tener los elementos, discutir y en ese sentido decir si el INAH se convierte en una especie de semáforo que cambia a luz verde… Creo que ha habido experiencias a lo largo de la historia que demuestran que se ha actuado de esa manera. Pero en este momento, hasta cierto punto, es aventurado decirlo, lo que tratamos de demostrar es que el INAH no es una institución monolítica, es diversa, es reflexiva, tiene una parte analítica y queremos sencillamente cumplir con nuestras obligaciones legales como institución y generar ideas a partir de las distintas disciplinas
científicas y sociales que se desarrollan en el instituto.
Agrega: “Pareciera que hay temor de discutir y analizar ciertas propuestas, quizá el temor es que quien analiza, quien cuestiona o critica inmediatamente recibe calificativos como adversario, como oposición, como conservador, por decirlo de alguna manera. Debemos romper esa idea de no poder dialogar, nadie tiene la última palabra. “(En el caso del Tren Maya) son temas que tienen que ver con diversas dimensiones de la sociedad, del medio ambiente, del futuro de los pueblos, del futuro de los bienes culturales, y entonces no sólo tenemos el derecho sino la obligación de hacerlo. Así como hemos sido críticos con otros regímenes, debemos serlo también ahora, de lo contrario estaremos claudicando en nuestros principios y nuestros ideales… Cumplir con nuestra ética profesional y nuestras obligaciones legales como institución”. Se invitó al director de la Escuela Superior de Turismo del IPN porque se ha señalado que el Tren Maya tiene un carácter fundamental como detonador del turismo,
“algo que no es menor, es de una trascendencia importantísima; tiene varias aristas de análisis que necesitamos comprender: cuáles son los cálculos que se han hecho, cómo han dimensionado el impacto que va a generar y por qué no decirlo, quiénes van a ser los beneficiados de ese desarrollo, quiénes están participando y quiénes están pensando participar. “Para bien y para mal, el turismo forma parte de la detonación económica y financiera de aquella región, y en nuestra concepción debe estar lo suficientemente evaluado el impacto que tendrá en todos los sentidos”. Suma al respecto que se invitó a la abogada peruana Barrantes para que comparta la experiencia del PerúRail, que va hacia Cusco (y de ahí los turistas siguen a Machu Picchu), y saber cuáles han sido sus impactos ambientales, ecológicos y en fin y tener un parámetro en América Latina. El encuentro se realizará el lunes 25 de marzo de 10:00 a 14:30 horas, en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ubicada en Allende 72 esquina con Juárez, en el centro de Tlalpan. La entrada es libre.
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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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rganizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde externan su preocupación sobre el diseño de sus políticas públicas que –dicen–están “basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los derechos humanos”. En el marco de su visita este 21 de marzo, día del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, le plantearon su preocupación en materia de derechos humanos, derecho a la consulta a los pueblos originarios contra proyectos neoliberales y la militarización a través de la Guardia Nacional. Resaltaron que “Guelatao es considerado cuna del Estado laico, y de la República, y donde surgió el primer presidente indígena del mundo” y es ahí donde existe un compromiso con los pueblos indígenas que exigen derecho a la consulta. Hicieron hincapié que “los pueblos indígenas del mundo son únicamente el cinco por ciento de la población mundial, de los cuales 25 millones son mexicanos. “Mantenemos a nuestro resguardo el 80% de la biodiversidad del planeta y la Sierra Juárez resguarda siete de los ocho ecosistemas nacionales”, subrayaron.
Por ello, señalaron: “Vemos con preocupación que a pesar de la existencia de estándares internacionales bajo los lineamientos de ‘consulta previa, libre e informada’, no han existido mecanismos legalmente adecuados para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios. Por el contrario, agregaron, las Na-
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
Las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, avalaron las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana para ampliar el catálogo de delitos para juzgar al presidente de la República, e incluye a diputados y senadores. El dictamen aprobado por mayoría reforma el artículo 108 de la Carta Magna para que el párrafo que estipulaba que el presidente “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, ahora diga que puede ser juzgado “por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 (delincuencia organizada, trata de personas, delitos cometidos con armas o medios violentos)”. Por su parte, la reforma al artículo 111 señala que para proceder pe-
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Las políticas públicas de AMLO son asistencialistas, religiosas y morales, fustigan ONG
ciones Unidas en días recientes opinaron que las consultas realizadas por el gobierno federal, parecieran “rituales de legitimación política”, mas no un acto legal, por lo que este ejercicio no puede sustituir el derecho a consulta indígena en el contexto de años de resistencia al extractivismo y despojo, tanto en la Sierra Juárez, como con el Proyecto Integral Morelos, Tren Maya, entre otros.
No a la militarización Respecto a la militarización le recordaron a López Obrador que cuando realizó su visita a Guelatao en calidad de candidato a la presidencia de la república, enalteció la forma de gobierno de las comunidades serranas, e incluso señaló que retomaría dicho modelo para su proyecto de nación. “No obstante, vemos la aprobación de la Guardia Nacional, y la presencia de militares en el país y la región, quienes además han realizado cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las
comunidades de la Sierra Juárez”, lo cual representa una trasgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos, pues no fueron consultados sobre la presencia de cuerpos castrenses para realizar acciones de vigilancia y seguridad, añadieron. Aunado a ello denunciaron que prevalece la impunidad en las ejecuciones y desapariciones de defensores del territorio: “En los últimos dos sexenios, ha existido una constante persecución, ejecuciones, desapariciones, de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y defensores del medio ambiente y territorio como es el caso del asesinato de Bety Cariño y Jiry Jakkola, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, y recientemente la desaparición de Sergio Rivera, y el asesinato de Samir Flores. Igualmente, las víctimas de tortura, desaparición forzada, y detenciones arbitrarias del movimiento social en Oaxaca durante 2006.
En síntesis, “nos preocupa que no se encuentren en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas, y garantía del acceso a la justicia”. Añadieron que también les preocupan los señalamientos que desacreditan el trabajo de las organizaciones, quienes han realizado aportes trascendentales al país mediante la conquista y defensa de derechos fundamentales en las últimas décadas, observación que fue puesta sobre la mesa el 14 de marzo en la asamblea de Naciones Unidas en Ginebra Suiza. “Tememos que la política pública del gobierno en turno viole el Estado laico que establece la constitución, pues se ha percibido su evasión a tratar el acceso a derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, cancelación de estancias infantiles, la incertidumbre en el funcionamiento de los refugios para mujeres, es decir, nos preocupa el diseño de políticas públicas basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”, finalizaron. El documento lo firman organizaciones como la Agencia Internacional de Prensa Indígena, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, los Centros de Derechos Humanos Digna Ochoa, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social y Tlachinollan de la Montaña de Guerrero, entre otras.
En comisiones, senadores amplían catálogo de delitos para juzgar al presidente nalmente contra el presidente de la República tendrá que ser “acusado” ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, según el cual la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados presente en la sesión deberá enviar la acusación a la Cámara alta, y ésta aplicará la sanción mediante la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes. En campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una reforma al artículo 108 constitucional para la eliminación del fuero, pero la oposición aseguró que las modificaciones tienen que ver más bien con la ampliación de los delitos por los que el presidente puede ser imputado y, en su caso, llevado a juicio previa declaración de procedencia. Los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra
del dictamen por considerar que se pretende “simular” y hacer pasar las reformas constitucionales como eliminación del fuero, pero se deja intacto el juicio de procedencia al que debe sujetarse el presidente de la República para poder ser enjuiciado. “Lo de hoy es una simulación, por no decir vacilada, es una traición y es una mentira, porque tanto el presidente como los que estamos aquí prometimos en campaña que no iba a haber ningún blindaje jurídico, y hoy le estamos dando régimen de excepción al presidente, y vaya régimen de excepción, le estamos dando desde la Carta Magna que para proceder se requiere mayoría calificada”, acusó el senador Samuel García, de MC. “Esto no es la eliminación del fuero tal cual, en todo caso es una modificación a un par de artículos que resulta
ocioso, pero que se ve bonito”, señaló a su vez el panista Julen Rementería. Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, propuso modificar el artículo 111 constitucional para que los diputados federales y senadores también se sujeten a las mismas medidas. Se prevé que el dictamen sea presentado ante el pleno de la Cámara alta el próximo martes 26 para su votación.
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CNDH advierte aumento en desaparición de personas en México De la redacción Ciudad de México (apro)
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as desapariciones de personas en México no se han frenado y, por el contrario, van en aumento, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con motivo de la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición en el Estado de Jalisco. El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, evidenció que a más de un año de la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 18 entidades federativas siguen sin establecer su respectiva Comisión Local de Búsqueda y siete no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas. Aseguró que en esta materia el Estado mexicano aún tiene una tarea pendiente, pues los avances obtenidos en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas desaparecidas son resultado del trabajo incesante e incansable de las familias y de la sociedad civil. En representación del Presidente de la CNDH, Eslava Pérez puntualizó que esa deuda no podrá cubrirse en tanto las autoridades no garanticen condiciones mínimas de seguridad, que correspondan a un estado democrático de derecho, y acaben con el entorno de violencia, impunidad e
José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió a su nueva integrante: la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien ocupará por 15 años, de 2019 a 2034, el asiento dejado por la ministra en retiro Margarita Luna Ramos. “No basta la oposición reiterada y crítica vana que sólo confrontan y dividen en detrimento de todos, se requiere de acciones concretas y expeditas para mantener el rumbo propuesto en el texto constitucional”, dijo en el discurso de su investidura. Acompañada por el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien le entregó su toga como integrante del alto tribunal, así como miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la nueva integrante se comprometió a “fortalecer el estado de derecho”. Esquivel Mossa llega a la segunda sala de la SCJN tras un cuestionado
Aseguró que en esta materia el Estado mexicano aún tiene una tarea pendiente, pues los avances obtenidos en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas desaparecidas son resultado del trabajo incesante e incansable de las familias y de la sociedad civil
ilegalidad. Expresó que pese a las voluntades políticas reiteradamente expresadas, aún se está lejos de dimensionar y atender el problema de manera adecuada, puesto que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas representa un problema estructural en materia de procuración de justicia. Subrayó que la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se presentan en diversas regiones del país propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo, debido a que sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización y hace que sus derechos reconocidos no sean efectivos.
Advirtió que hace falta construir un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad, que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad, la reparación para las víctimas y una efectiva rendición de cuentas de las autoridades. Asimismo, señaló que las disposiciones contenidas en la ley general en materia de desaparición no son plenamente vigentes por lo que destacó la importancia de materializar su contenido a través de la voluntad política de las instancias gubernamentales. Resaltó que esta voluntad debe reflejarse en la profesionalización de los encargados de su aplicación, en la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, con la finalidad de que las Comisiones locales
de búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones. En este sentido, expresó la importancia de la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición que presenta el gobierno estatal, pues reconoce el fenómeno como uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes que enfrenta el Estado. A partir de premisas como el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas como eje rector de la actuación de las distintas instancias involucradas en la atención integral de ese flagelo; la creación del registro de familiares afectados; el esfuerzo de dotar de capacidades y recursos humanos y materiales a centros regionales, y acciones de búsqueda, localización e investigación, entre otras. A la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición asistieron el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez; así como autoridades locales, académicas y representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
Asume Yasmín Esquivel como ministra en la SCJN; ofrece pugnar por la división de poderes proceso en el Senado de la República. Entre acusaciones de la oposición sobre el papel que juega su esposo, el ingeniero José María Riobóo, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por polémicas sentencias cuando fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Al respecto, también se comprometió a defender con “responsabilidad y valentía” el “destacado papel que corresponde al Tribunal Constitucional”. “Por ello, pugnaré por los principios que dan soporte a nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, como lo son: la soberanía, la supremacía constitucional, el derecho internacional, la división de poderes, la independencia y autonomía de jueces y magistrados”, añadió. El ministro decano Fernando Franco González destacó que el proceso
de designación de Esquivel Mossa se sujetó al escrutinio público y de las autoridades, por lo que su designación al frente de la SCJN se encuentra avalada por su trayectoria, los poderes de la unión y la participación de la sociedad. “Su designación fue mediante un complicado proceso, en el que concurrieron –en una primera instancia– los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, procedimiento que se
encuentra hoy sujeto a un escrutinio, cada vez más estricto y crítico”, dijo en el discurso que leyó ante miembros del Poder Judicial de la Federación. Proceso en el que participaron “no sólo de quienes toman las decisiones principales, sino también de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, de sectores académicos, organizaciones no gubernamentales y de cada vez más amplios sectores”, finalizó Franco González.
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Berenice Chavarría Tenorio Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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ste día se presentaron en los congresos de Hidalgo y de San Luis Potosí, respectivamente, iniciativas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo busca reformar los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal local, mientras que la de San Luis Potosí busca modificar estipulaciones de los artículos, 148, 149, y 150 del Código Penal del estado y los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud local. En ambos estados, cientos de mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud (Sedesa), de abril 2007 a agosto 2018, 142 mujeres de San Luis Potosí viajaron a la CDMX para realizarse una ILE, mientras que de Hidalgo, en el mismo periodo, fueron un mil 46 mujeres. Bajo este contexto, las iniciativas fueron presentadas en congresos divididos entre pañuelos verdes y azules, los verdes que fueron portados por integrantes de organizaciones civiles conformadas en el movimiento “Marea Verde”, mientras que los azules por grupos provida de Hidalgo y en San Luis Potosí.
HIDALGO La iniciativa fue presentada por las legisladora Areli Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Viridiana Jajaira Aceves Calva, del Partido Encuentro Social (PES) y los 17 diputados que conforman el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, para su análisis. En su argumentación, la legisladora de Morena, Tania Ángeles Moreno, destacó la necesidad de modificar las leyes que penalizan el aborto que sólo buscan castigar a las mujeres por someterse a estos procedimientos. En el actual Código se considera
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
El “Colectivo Seguridad Sin Guerra” y diversas organizaciones de la sociedad civil entregarán una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su visita a Guelatao de Juárez, Oaxaca, para conmemorar el natalicio del primer presidente indígena del mundo, Benito Juárez, para exigirle una revisión urgente respecto a los Derechos Humanos de los pueblos originarios. En un comunicado, las organizaciones expresaron que a más de cien días de gobierno es urgente hacer esta revisión toda vez que resulta preocupante que el diseño de políticas públicas esté basado “en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”.
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Presentan iniciativas para despenalizar aborto hasta las 12 semanas en Hidalgo y SLP
aborto “a la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y se menciona que “a la mujer que aborte se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días, misma pena aplicable a quien haga abortar a una mujer con su consentimiento”. Con la modificación quedaría: “comete el delito de aborto quien interrumpa el embarazo después de la semana 12 de embarazo”. También se aumentará la pena “a quien haga abortar a una mujer a través de engaños, violencia física o psicológica”. La despenalización permitirá a las mujeres -en caso de complicación durante este procedimiento- acudir a instituciones de salud sin miedo a generar procesos penales en su contra o del personal médico, quienes en el Código actual podrían tener penas de 10 a 40 días y suspensión de uno a tres años en el ejercicio de su profesión. Dentro de las modificaciones también se destaca que “el Estado deberá garantizar la interrupción del embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo y cuando dos médicos afirmen que el producto padece afectaciones genéticas. Las menores de edad o personas con discapacidad también tendrán oportunidad de interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación cuando tengan capacidad de compren-
der el hecho, esto se comprobará a través de un previo estudio psicológico”. Finalmente “el Estado tiene la obligación de brindar información objetiva, veraz, oportuna y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción legal del embarazo para que se tome la decisión de manera libre y responsable”, concluyó el legislador Víctor Osmid Guerrero Trejo.
SAN LUIS POTOSÍ Esta iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Valdés Martínez, perteneciente a la bancada de Morena, quien entre interrupciones de los grupos Provida, argumentó que “son modificaciones normativas para dejar de criminalizarnos en la decisión de interrumpir el embarazo y el establecimiento de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura del aborto; discutir sobre la moralidad del tema debe dejar de ser una prioridad, es necesario avanzar en la protección de nuestra salud”. Cabe mencionar que al término de su presentación, la legisladora tuvo que salir del recinto ante la presión de los grupos conservadores que gritaban ¡fuera! ¡fuera! Actualmente, el Código Penal del estado indica que “comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier
momento del embarazo”. Además, las penas que se mencionan van de uno a tres años de prisión a quienes aborten o permitan que alguien más les realice esta práctica. También se penaliza a los profesionistas de medicina que “causen” el aborto, a quienes se les imponen hasta cinco años de suspensión en el ejercicio de su profesión. Con las modificaciones, en San Luis Potosí también se haría legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y ya no se criminalizaría ni a las mujeres ni a los médicos que lleven a cabo esta práctica mientras el procedimiento se practique en el tiempo estipulado. Además, como otra medida para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se buscan modificar los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud del estado, los cuales hacen referencia al consentimiento de las parejas de las mujeres para someterse a tratamientos de reproducción asistida y la obligación por parte de las instituciones de bridar información sobre planificación familiar con programas dirigidos principalmente a mujeres. De esta forma, con la iniciativa leída esta mañana en el Congreso de SLP, desde la Ley de Salud también se busca brindar a las mujeres autonomía en las decisiones sobre su cuerpo e incluir a los hombres en el tema de planificación familiar. Fue turnada a las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos e Igualdad de Género, de Salud y Asistencia Social para su análisis. Finalmente, Alejandra Valdés Martínez dijo: “está en juego nuestra vida, son casi un millón de mujeres que abortan por año, la interrupción libre y segura del embarazo es una deuda histórica del Estado con nosotras”.
Políticas públicas de AMLO basadas en asistencialismo, religión y moral Entre otras preocupaciones destacaron la falta de mecanismos legales y adecuados “para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios” pues señalaron que las consultas realizadas por el gobierno federal parecen más “rituales de legitimación política” que un acto legal, que de ninguna manera sustituye el derecho indígena a la consulta, precisaron. Cuestionaron las últimas acciones del presidente en materia de militarización, con la reciente aprobación de la Guardia Nacional y la presencia de militares en el país, quienes han rea-
lizado “cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las comunidades de la Sierra Juárez, lo cual representa una trasgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos”. Denunciaron que después de la persecución, desaparición y ejecución de defensores de Derechos Humanos, medio ambiente y territorio, durante los últimos sexenios, casos como los de Bety Cariño y Jiry Jakkola aún no se encuentran “en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas y garantía del acceso a la justicia”. En la misiva, también externaron su preocupación ante los reiterados seña-
lamientos para desacreditar el trabajo de las organizaciones, que, destacaron, “han sido fundamentales para la conquista y defensa de Derechos Humanos”; así como por la posible violación del Estado laico, pues consideran que el presidente ha evadido temas relacionados con derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, estancias infantiles y los refugios para mujeres.
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LA CORTE Y LA MINISTRA RIOBOÓ
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a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece sumada a la llamada Cuarta Transformación. El presidente de la República ha logrado desplazar a los jueces federales de carrera, a los que tanto ha criticado durante años, y ahora el reto es que el máximo tribunal no regrese a la cercanía con el Ejecutivo. La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra, a pesar de haber incurrido en un probado conflicto de interés como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se suma a otros dos movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incidir en el Poder Judicial de la Federación (PJF). El primero fue la designación como ministro de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien arribó al tribunal constitucional del país desde la academia después de una carrera por los tribunales de la Ciudad de México. Incluso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital en los primeros años del gobierno local de López Obrador. Pero llegó con una primera encomienda: apoyar al ministro Arturo Zaldívar para quedarse con la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El competidor era el ministro Alberto Pérez Dayán, quien mantiene en suspenso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
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sta semana, hace veinticinco años, recibía la noticia de mi aceptación para estudiar Derecho. Lo tengo presente porque coincide con el asesinato de Colosio. Perdura de esa época la idea que tengo sobre el papel del Derecho en la vida social: instrumento de dominación, pero también herramienta de transformación. Si podían matar a un candidato presidencial, pensaba de joven, la ley de la fuerza mostraba todo su potencial, por lo cual, mi apuesta por el Derecho debería crecer. Siete años tardé para conocer por vez primera las ideas del “garantismo”. Una concepción del Derecho que lo contrasta con el poder y que opta por la defensa de las personas más sometidas. Siempre tendré presente que ese fue uno de dos hechos que cambiaron mi vida desde entonces, para bien. Siempre agradeceré a quien me mostró que la mejor manera de poner en práctica mis ideas garantistas pasaba por consagrar mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos. Tres años más debieron pasar para poder tener una primera oportunidad de litigar en amparo un primer caso sobre derechos humanos para
Jorge Carrasco Araizaga
Públicos ante los alegatos de vicios constitucionales cometidos por el Congreso. Se trata de la justificación legal de uno de los objetivos de López Obrador: que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijo a sí mismo. En sus casi tres meses como representante del PJF, el ministro Zaldívar ha estado muy lejos de la imagen que durante diez años construyó como promotor de la autonomía e independencia de los jueces, además de defensor de los derechos humanos ante los actos de poder, en casos como la Guardería ABC y el de Florence Cassez. Su primer acto de Estado como ministro presidente fue el 5 de febrero, en el 102 aniversario de la Constitución. Su discurso estuvo a años luz de lo que ha defendido en el pleno de la Corte y en la Primera Sala, que también llegó a presidir. Alineó su discurso al del Ejecutivo. Como lo mandan los tiempos políticos, le pidió a los jueces aplicar un “nuevo paradigma”: el del “constitucionalismo social”. Antes, tuvo un acto que no fue pú-
blico, pero que demostró su interés por no incomodar al presidente: la destitución de Janine Otárola como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que ésta avalara el triunfo del PAN en las elecciones de Puebla, en beneficio de Martha Ericka Alonso, muerta diez días después en un accidente aéreo. Como el que calla otorga, el ministro Zaldívar aceptó que López Obrador dijera claramente que la Presidencia de la República había intervenido para cambiar un proyecto de resolución y evitar de esa manera la devolución de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo. López Obrador no perdió la oportunidad para irse contra los jueces federales. Luego, como si fuera un acto de Estado, el ministro Zaldívar puso la máxima representación del PJF en el acto con el que el presidente celebró sus cien días en el poder. Apenas unas horas después, vino una nueva acometida presidencial contra los jueces. Al igual que Felipe
MI AGENDA JUDICIAL Luis Miguel Cano López una organización civil. Quince años han transcurrido y actualmente curso mi tercera época como litigante de causas de derechos humanos. Aunque parezca extraño, sueño con el día que no tenga más este trabajo que tanto me apasiona, porque sueño con el día en que en nuestro país las violaciones a derechos humanos no sean una terrible realidad. Desde un inicio tuve la necesidad de combinar los litigios con una participación en actividades de capacitación judicial. Pero de esa necesidad surgió una claridad enorme, la convicción de que la función judicial implica la más importante garantía institucional para lograr que los derechos humanos cambien nuestra realidad. Así que desde que me dedico a lo que hago, he sido un litigante extraño que comparte experiencias y debate todo lo posible, primordialmente con quienes juzgan. Con quienes juzgan las causas de derechos en las que tengo el honor de involucrarme. Seguramente, entre muchas ca-
rencias, me ha faltado prudencia. Porque a quienes más critico es de quienes depende el “éxito” de mi trabajo. Alguna vez alguien me dijo que no era aconsejable litigar y al mismo tiempo escribir para resaltar, en mi opinión, las fallas del Poder Judicial. Es obvio que no le hice caso. Así que aquí estoy, orgulloso de tener este espacio en Proceso y dedicarlo a algo que me parece elemental: exigir que todos los Poderes Judiciales rindan cuentas. Sobre todo, exigir que desde la Suprema Corte de Justicia hasta el último de los juzgados, asuman consistentemente su responsabilidad de garantes de nuestros derechos humanos. Pocas veces destaco buenas sentencias, porque para eso abundan foros y voces. Puede parecer ingrato, pero me parece más importante puntualizar lo que se debe mejorar que adular a una institución por hacer su labor. Si alguien me preguntara cuál es mi agenda judicial, cuáles son mis
Calderón como presidente, se quejó de que los jueces liberaran a los delincuentes, sin mirar en ningún momento el proceso penal en su totalidad. Pero López Obrador fue más allá, dijo que va a ir contra esos jueces. Cuando Calderón tuvo tales desplantes, el entonces presidente de la Corte, Juan Silva Meza, salió en defensa del Poder Judicial. Esta vez, hubo silencio. Cierto que la Corte no es un partido de oposición, como expresó el ministro Zaldívar en una entrevista con el periódico Excélsior, pero en el PJF sí hay quienes quieren que la Corte sea un verdadero factor de equilibrio de poderes. Aquel silencio se rompió por el escándalo que provocó la magistrada de Jalisco Claudia Mavel Curiel López al pasar a sus homólogos el mensaje del presidente de la Corte de no criticar a López Obrador, so pena de ser sometidos a procedimientos administrativos. La magistrada se hizo eco de la directiva emitida por el consejero del CJF, Alfonso Pérez Daza. Aunque el PJF lo negó, el audio dado a conocer por el periódico Reforma es inequívoco. La llegada de Esquivel Mossa, esposa del contratista de López Obrador, José María Riobóo, suma al ambiente de sospecha de una peligrosa cercanía con el Palacio Nacional. Las resoluciones de la Corte y lo que ocurra en los siguientes cuatro años dirán si el Poder Judicial si será un tercer poder o un poder de tercera.
pretensiones, más allá de las causas en las que voy participando, tendría que responder que mi meta máxima es contribuir a que el amparo –el juicio por excelencia para la defensa de nuestros derechos humanos–, se convierta un buen día en un recurso sencillo y accesible para todas las personas, sin necesidad siquiera de abogad@s. Es por ello que mientras logro quedarme sin mi actual trabajo, abrazo la misión de difundir que al menos desde mi experiencia, existe una deuda nada menor de parte de los Poderes Judiciales para hacer accesible el Derecho a todo mundo. Más importante, pienso que el Poder Judicial de la Federación está en falta respecto de su deber de lograr que el juicio de amparo sea un recurso breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo para la garantía de los derechos humanos. Y cuando expreso que hay una deuda, no hablo en sentido figurado, sino que denuncio el incumplimiento de una obligación constitucional. Una falta que desde hace un año se agravó, cuando entró en vigor el mandato establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución para privilegiar la solución de los juicios sobre los formalismos procedimentales. Ahí está pues, mi “agenda judicial”.
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DOS DÉCADAS DE CAMPAÑA NEGRA Octavio Islas
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l despliegue de campañas negras como recurso político no es nuevo en la geografía mundial, y desde luego tampoco lo es en México; mucho menos lo ha sido en lo que respecta a la figura de Andrés Manuel López Obrador… Pero no buscamos aquí victimizar a quien se ha dicho perseguido y atacado durante lustros, sino documentar en forma somera y fáctica que ningún actor político como él ha concitado en la historia del país tanto descomunal gasto en recursos humanos, materiales, institucionales y económicos, todo lo cual suma miles de millones de pesos. El pasado jueves 14 de marzo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló pormenores de una de las campañas de propaganda negra que fueron desplegadas en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el proceso electoral 2017-2018, y anunció que el gobierno federal interpondrá una demanda por la presunción de delitos electorales y de lavado de dinero. Según el titular de la UIF, en el financiamiento y producción de la serie “El populismo en América Latina” participaron el gobierno del Estado de México a través de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC); la empresa Bufete de Proyectos de Información y Análisis; los hermanos Angel y Federico Berrueto Pruneda; Alejandro Quintero Íñiguez, sus hermanos Germán Arturo y Carlos; Grupo TV Promo SA de CV; Piña Digital S de RL de CV; Canaxis, OHL –propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien para intentar limpiar la imagen de su principal empre-
sa optó por darle nuevo nombre: Aleática–; Grupo Peñoles y el Consejo Mexicano de Negocios. La campaña fue intensa y costosa. Incluso participaron en ella algunos periodistas. El 28 de abril de 2018 Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, difundió en su cuenta en Twitter la programación de la serie, que comprendió seis capítulos; se pretendía que el último, dedicado a presentar al tabasqueño como populista, pudiera coincidir con la fecha más próxima posible al cierre de campañas establecido por la ley electoral. Ante el aplastante triunfo de López Obrador en las urnas, Televisa y TV Azteca optaron por no transmitir la serie. El mismo jueves 14, en el portal Eje Central, Juan Carlos Rodríguez reveló detalles acerca de la maquinación de una supuesta estrategia, denominada “Operación Berlín”, con base en la cual los empresarios Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México) financiaron una campaña de desprestigio contra AMLO. La referida campaña, afirma, fue concebida y operada por un grupo de intelectuales encabezados por Enrique Krauze y Fernando García Ramírez, uno de los principales colaboradores del primero, quien es columnista del diario El Financiero. Ambos son mencionados como los autores intelectuales de algunos de los principales sitios web y perfiles en Facebook antilopezobradoristas, como Populismo Autoritario, Napoleopez y Prensa México. De hecho, algunos de los nombres que consigna Rodríguez en su investigación periodística coinciden con los que se incluyen en el libro Juntos Hicimos Historia, puesto en circulación hace dos se-
manas por Tatiana Clouthier, en el cual se exponen los resultados de las investigaciones de la excoordinadora de campaña de AMLO en torno al origen de PejeLeaks.org. No queda lejos en el tiempo –mediados de enero de 2018–, cuando León Krauze, hijo del historiador, intentó abrir otro frente contra López Obrador al advertir, en una nota publicada en The Washington Post, sobre la posible intervención de Rusia en los comicios mexicanos. Los antecedentes de otras campañas semejantes contra AMLO se remontan a varios lustros, hecho que revela un camino de continuidad en técnicas de guerra sucia con claros visos de complot. Destaca la emprendida en 1998 por el entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuando el tabasqueño encabezó un movimiento social contra el rescate bancario del Fobaproa. El hecho de que el embate de este grupo empresarial se haya prolongado ya por dos décadas revela un claro plan para destruir a quien hoy es presidente de la República. Figuran también las campañas del gobierno del panista Vicente Fox en contra del tabasqueño, entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, al presentarlo como violador de la ley por abrir un camino de acceso a un hospital; la lanzada durante las campañas presidenciales con miras a los comicios de 2006 y que dirigió Antonio José Solá Reche, contratado por el equipo del también panista Felipe Calderón. El resultado fue la creación de la propaganda negra desplegada bajo el eslogan “AMLO, un peligro para México”. En 2012, con Enrique Peña Nieto en la contienda, para favorecer a éste los mismos poderosos grupos político-empresariales decidieron impedir el eventual triunfo de
López Obrador en las urnas, pero ahora mostrándolo como el “Hugo Chávez mexicano”. En el ciberespacio destacó la furiosa ofensiva de bots y trols –los “peñabots” que introdujo Alejandra Lagunes Soto Ruiz, distinguida discípula de Alejandro Quintero Iñíguez, entonces vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Grupo Televisa. Una vez instalado en el poder, el priista mexiquense pretendió gobernar a través del marketing y despilfarró altas sumas de recursos federales en la promoción de su imagen pública. La firma Olabuenaga Chemistri, por ejemplo, recibió por lo menos 865 millones de pesos en contratos por la realización de campañas publicitarias en favor del gobierno de Peña Nieto. Además, esa empresa destinó millonadas a tareas de manipulación informativa en las redes sociales. La firma Agavis Digital, propiedad de Aaron Fernández y Santiago López –amigos de Alejandra Lagunes desde los días en que laboraban en Google, según destaca el reportaje difundido en Eje Central–, logró conseguir más de 131 millones de pesos en adjudicaciones directas, es decir, sin pasar por licitaciones o concursos. Resulta ingenuo suponer que Peña Nieto permaneció al margen de las distintas campañas de propaganda negra que fueron implementadas en la guerra sucia desplegada contra López Obrador. Tan ingenuo como creer que el Consejo Mexicano de Negocios nada tuvo que ver con la campaña de propaganda negra de la cual formó parte la serie “El populismo en América Latina” l *Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información, Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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scar Gurría Penagos debe poner orden como la máxima autoridad en el Ayuntamiento de Tapachula, porque su misma gente, sus amigos y sus familiares se lo están llevando al “baile”, dejando entredicho su capacidad para mandar y haciendo pasar el ridículo a su parito MORENA, y por ende llevándose entre las patas el trabajo político que desde la ciudad de México realiza el presidente López Obrador. Como el mandamás en Tapachula Gurría Penagos tiene la obligación de ejercer la v oz de mando, porque hasta este momento lo que se ve es que sus allegados al poder se están burlando de él, porque hasta el momento ha demostrado su pasividad, su tolerancia e indiferencia para tomar la batuta del poder. Gurría debe convocar a reunión a todos sus funcionarios porque lo que se ve de fuera es el “fuego amigo”, el “fuego interno” de sus funcionarios, disputándose los puestos públicos. Si debe hablar con carácter y dar de manotazos a la mesa y gritar o hablar fuerte para demostrar a todos aquellos que se subieron al ring y a quienes les dio la oportunidad de servir a los tapachultecos que en realidad quieren trabajar para sacar adelante al municipio y a sus habitantes, que debido a este pleito barato, muchas demandas y necesidades han quedado al garete, acumulándose día a día los conflictos sociales. Gurría como la autoridad máxima debe imponerse a los intereses personales y de grupo de sus funcionarios, muchos de los cuales solo llegan a grillas y hablar mal de los verdaderos servidores públicos que si está trabajando. Se habla que hay funcionarios municipales que el trabajo en el ayuntamiento en que fueron asignados, lo dejan a segundo término, porque tienen otros compromisos, es decir que cuentan con un segundo empleo, en donde ahí sí, no tienen otra más que la de cumplir con sus obligaciones. Son varios los que no trabajan pero desestabilizan, forman sus grupos y se ponen a impedir que el resto cumpla con sus responsabilidades, como es el caso de Julio Iván García Mujica (a) mujiquita”, un tipo, negativo, cizañoso, altamente improductivo, es decir muy flojo, que desde su llegada al Coapatap, ha sembrado la discordia, desunión, y desde que llega a la oficina se siente un ambiente pesado Este cuate es un empleado de Teléfonos de México, pero a la vez cobra como jefe de recursos humanos del Coapatap. Otra de las fichitas, negativos, deshonestos, oportunistas y negativos es el que cobra como asesor externo Emanuel Manzo, un individuo que se la pasa llevando y trayendo para no trabajar, mismo que representa un riesgo npara el municipio, porque si Gurría Penados no se los sacude, se corre el riesgo que se lo sigan llevando al baile con más
Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Fuego interno en Tapachula • El delegado federal en Chiapas con Columnistas • Para crecer han que combatir la corrupción: banqueros desprestigio para la actual administración, que desde Tuxtla Gutiérrez, ya se le conoce como uno de los militantes mediocres de MORENA, que no saben mandar. Otra fichita es el tesorero Ernesto Navarro Dámiano, quien de pronto tiene en su haber tres posibles denuncias por presuntos delitos de malversación de fondos y probable corrupción en áreas adscritas a la caja monetaria del palacio municipal. Gurría Penagos debe dar un golpe de timón para enderezar el rumbo del municipio, pues sus allegados ya se lo llevaron al baile, y si este no reacciona se lo llevarán entre las patas, pues a leguas se observa que en el ayuntamiento lo que predomina es el fuego interno entre los funcionarios que pretender ser más que el mismo alcalde, así de fácil.
Existe buena relación con el ejecutivo chiapaneco
El Delegado del Gobierno Federal en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos Durante un diálogo sostenido con los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos A. C., Aguilar Castillejos despejó muchas dudas en relación de trabajo que tendrá en Chiapas, el también representante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene a corregir muchas fallas que se arrastraban desde la administración y hoy habrá que limpiar todo el “cochinero, pues reconoció que con los programas sociales de la pasada administración como es el caso Solidaridad y Prospera fueron entes partidistas utilizados en procesos electorales, plagados de corrupción. Incluso los coordinadores de dichos programas se beneficiaron por un lado obteniendo sueldos “altísimos”, amén de los recursos destinados a la gente, ellos se los quedaron a través de la apropiación de las tarjetas o monederos electrónicos. Resultado de lo anterior que en Chiapas se invirtieron millones de pesos, sin embargo lamento que mucho de ese dinero quedó en las manos de unos cuantos, es decir, de quienes manejaban los programas sociales como lo fue la Sedesol. Asimismo Aguilar Castillejos despejó toda duda acerca de su relación con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, atajó rumores sobre una disputa por el poder. El funcionario federal recalcó que con el Poder Ejecutivo de Chiapas ni confrontación con él ni con el Esta-
do, todo lo contrario señaló: “existe una buena relación, porque tenemos que trabajar en unidad, porque, para que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Chiapas, y eso es una consigna del Presidente López Obrador. De igual forma, el funcionario federal quien respondió de ágil todos los cuestionamientos expuestos por los columnistas dijo que no tiene nada en contra de la prensa, todo lo contrario quiere mantener una relación estrecha y cercana, pues considera que el gobierno y la prensa deben trabajar de la mano. “Creo en la libertad de expresión”. Y adelantó que será el canal para que los miembros de esta asociación civil se reúnan en breve con el Ccoordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas a fin de mantener estrechas relaciones de trabajo en un afán de unir esfuerzos para el buen manejo informativo de México y de Chiapas.
Crecimiento económico sin corrupción
Previo a la inauguración de la 82 Convención Bancaria que se celebra en Acapulco, Guerrero, la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que el margen de maniobra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detonar el crecimiento económico a tasas del 4 por ciento, se encuentra acotado por la estrategia contra la corrupción que es a largo plazo y el uso de recursos destinados a los programas sociales. “No solamente son los programas sociales… Todo esto tiene presiones en las finanzas públicas que se tienen que compensar a través idealmente de un crecimiento sano que traiga mayor recaudación, mayor capacidad de maniobra el gobierno federal, y eso en el corto y mediano plazo difícilmente se va a poder financiar con combates a temas como la corrupción, que son más de largo plazo”.
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Entre los banqueros existe un ambiente de optimismo en cuanto a la marcha de la economía, pese a la reducción en la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por parte de organismos internacionales, agencias calificadoras, analistas financieros y hasta el mismo Banco de México. Es más, en Acapulco, los banqueros también minimizaron las opiniones de las agencias calificadoras que recientemente cambiaron la perspectiva de las notas crediticias del país y redujeron las calificaciones de Petróleos Mexicanos a un grado de ser consideradas “basura”. Lo puedan llegar a decir las calificadoras puede ser ya una explicación que muchas veces ya está reflejando en los mercados, y realmente por el momento no se ve que tenga mayor impacto. Desde la perspectiva de los banqueros, es que los mercados están estables y están viendo señales de manera muy cuidadosa de si en México sigue habiendo las condiciones como ha sucedido en estos tres meses de nuevo gobierno, para que haya certidumbre para inversión y para el capital y así enfilar al repunte económico de la mano de López Obrador.
Del Montón
Este viernes 22 a las 10 horas, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad invitan a la presentación de los libros: Memoriales de Casos de Violación de Derechos Humanos en Chiapas y De impunidad y Esperanza: Casos de Defensa de Violación de Derechos Humanos en Chiapas. El evento se llevará a cabo en el Centro de Covenciones “Dr. Manuel Velasco Coello. Lo comentarios estarán a cargo del senador Dr. Emilio Álvarez Icaza Longoria y el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa. * * * Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron cerrar filas contra la llamada reforma educativa y rearticular el movimiento social, campesino y popular, para que otras reformas “lesivas contra el pueblo mexicano” también caigan. Los mentores exigieron “abrogación, no simulación”, a la hora de aprobar el dictamen que ya está listo en el Congreso de la Unión, donde la derecha –subrayaron– quiere meter las manos para mantener los lineamientos que buscan la desarticulación del movimiento sindical magisterial. Por ello, llamaron a todas las organizaciones sociales, civiles, campesinas, sindicales y obreras a rearticular el movimiento en defensa de la educación pública, la clase trabajadora y los derechos de todos los ciudadanos “que se han visto lesionados con las reformas estructurales que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que el gobierno de la Cuarta Transformación busca mantener”. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios, con más de lo mismo.
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Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
PUNTO Y COMA; Roger Laid
CHIAPAS Y LA 4ª
“No soy súper delegado” atte. El supe delegado
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n una reunión de trabajo de nuestra asociación de Columnistas de Chiapas a la cual me honro en ser parte, pudimos sostener una plática amena con el coordinador en Chiapas de los Programas Sociales del Gobierno de la México (4ª transformación) José Antonio Aguilar Castillejos; el funcionario dejó en claro varios puntos y aclaró paradas, por un lado mencionó de la excelente relación que tiene con el mandatario estatal Escandón Cadenas, respuesta ante la pregunta un tanto incómoda de un homólogo. Aguilar Castillejos sin medias palabras ni temor alguno se refirió a los dos pasados exgobernadores (Sabines y MAVECO) y dijo: Les fue bastante bien muestras que al estado no; también informó que se nombrarán a 7 subdelegados temáticos con el fin de ofrecer resultados óptimos y es que también menciona que existen (aún, porque no han limpiado al 100%) irregularidades o actos de corrupción y refirió que donde habían lugares con 4 mil habitantes, los apoyos se triplicaban (los muertos también gozaban de beneficios). Ante esto, y ante infinidad de irregularidades están por presentar ante las autoridades correspondientes más de 5 mil demandas penales por fraude al programa prospera y creo se quedan cortos ya que esta dependencia era la caja chica y uno de los ejes rectores para la promoción de simpatías del PRI en Chiapas, aunque hubieron buenos delegados algunos quisieron trabajar honestamente, pero
antes se tenía que servir al partido. Sedesol delegación Chiapas está en el patíbulo y es que hay múltiples denuncias anónimas y otras ya no lo fueron al señalar a un grupo que aún opera desde el interior y que promovían el acoso sexual y actos de corrupción, allí fue el refugio de los personeros de Roberto Albores Gleason en campaña, sin embargo no es por haber sido recomendados allí por el junior que tendrían una cita con un jurídico externo sino por las acciones ilícitas de las que los nuevos funcionarios pueda verificar y que más de uno podrá ampliarles la información. Estaremos pendientes… por cierto, dijo a los allí presentes un restaurante al poniente de esta ciudad capital que no le gusta que le digan “súper delegado” solo es un servidor público al servicio de Chiapas y del país, sencillo y de buen trato, aunque otros compromisos no le permitieron abundar en otros temas, pero quedó abierta la invitación. .
ALGO ANDA MAL
Alrededor de 32 trabajadores fueron obligados por personal directivo del zoológico Miguel Álvarez del Toro a firmar nuevo contrato anexo su renuncia con fecha 31 de diciembre del 2019 esto Según por instrucciones del Secretario de Hacienda a fin de que les paguen sus salarios que no les han dado desde el mes de enero de este año, acción poco creíble cuando el funcionario anda en otros menesteres propios de su labor; a la autoridad que corresponda deberá de analizar la situación que va en contra de las acciones que viene realizando el mandatario estatal respetando al grueso de colaboradores.
Autoridades internas están promoviendo el desorden por intereses personales, mucho tendrá que explicar el M.V.Z. Joe Miceli Hernández, el Director Administrativo Lic. Agustín Salomón Zunún Vera entre otras autoridades en otro nivel arriba de ellos. Es importante aclarar que estos trabajadores se están organizando para presentar su inconformidad ante el tribunal correspondiente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Se les amenazó que si no firmaban se les iba a cerrar la entrada y el ingreso a sus labores esto es violatorio de la constitución porque esos trabajadores ya tienen firmado con anticipación un contrato por tiempo indefinido y les hacen firmar un nuevo contrato sin que les paguen las prestaciones.
Puntos Suspensivos…
El edil de Tapachula Dr. Oscar Gurría se ha movilizado para enfriar los comentarios en su contra, siente que el simple hecho de que la sociedad no se entere de los errores de su administración y la falta de capacidad para gobernar, los asaltos y problemas en su administración terminaran, ahora señala que los problemas de seguridad corresponden a los tres niveles de gobierno y tiene razón, pero por los que es señalado de incapaz es por su falta de autoridad y la imposición de sus intereses y de la familia y no es a favor de la sociedad ¿Qué esperan para aplicar la revocación de mandato?... Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, el máximo líder de MORENA se mantiene en firme con la revocación de mandato y ya en Chiapas hay un fuerte candidato.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
CORRUPCIÓN Y BENEFICIARIOS FANTASMAS…
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o que a simple vista se ve, no se discute: qué los programas sociales del gobierno de la “4ª Transformación” es un indiscriminado reparto de dinero que se justifica con el decir del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “primero los pobres”. Esa es una parte de la discusión, porque los antecedentes y experiencia nos dicen que: “eso es también neoliberalismo”, “paternalismo” que incita a la improductividad. En esa interrogante, el Delegado del Gobierno Federal en Chiapas, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, reflexiona y responde: “el objetivo de los programas es que primero la gente más pobre tenga para comer”, a la vez reconoce que los programas “SOLIDARIDAD” y “PROSPERA” fueron instrumentos electorales y plenos de corrupción. ¿Y ahora?. Apuntó que por los altos índices de corrupción en los programas sociales, se optó por entregar los apoyos de manera directa a los beneficiarios, y para esto ejemplificó que en los estudios socioeconómicos y levantamiento del padrón, se encontró en la zona indígena un registro de 50 mil personas cuando la comunidad apenas llega a los 25 mil o que en otras habían los habitantes registrados pero no recibían ningún beneficio. También que los mismos que estaban en un programa, se beneficiaban en otros; o sea, le mismo padrón en todos los programas. “Echando las campanas al vuelo”, AGUILAR CASTILLEJOS explicó que en estos primeros 100 (cien) días de gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se ha avanzado considerablemente en la atención de 220 mil adultos mayores “a quienes ya se les pagó 2 mil 550 pesos, correspondiente al bimestre enero-febrero”. Lo detalló así: 70 mil a través de tarjetas bancarias y 150 mil con un operativo de pago de Bansefi y Telecom. Hay que recordar que este es un programa que el ahora Presidente LÓPEZ OBRADOR implementó en su gestión como “Jefe de Gobierno” del Distrito Federal y que en Chiapas lo reprodujo el entonces Gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO para que el “Gobernador interino de sí mismo”, MANUEL VELASCO COELLO lo suprimiera de la Constitución, mediante aprobación de la iniciativa correspondiente de la actual LXVII Legislatura del Estado. El Delegado Federal, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS se mostró satisfecho de lo logrado hasta la fecha, ante los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos que preside el compañero FRANCISCO JAVIER ANDRADE MADRIGAL, con quienes se reunió este jueves 21
Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• PROGRAMAS SOCIALES; REPARTO DE DINERO. • Chiapas, el Estado más consentido de la Federación.. • “El objetivo es que todos tengan que comer”… • Comentarios al Margen…
de marzo y proporcionó la información al correspondiente. Explicó el funcionario federal que se espera que para mayo y junio, ya todos los beneficiarios del programa “Adultos Mayores” de 68 años o más, tenga su tarjeta; pero como dice, en la mayoría de los municipios de Chiapas no hay sucursales bancarias, se están implementando los “Centros Integradores de Pago” con el Banco de Bienestar. Agregó que a los jubilados y pensionados del ISSSTE y el IMSS, ya le están depositando este beneficio de manera automática. Otro logro es el “Sistema de Becas Benito Juárez” para alumnos de entre cero y 15 años del sistema de educación pública (no para las privadas, reiteró) con un monto de mil 600 pesos bimestrales, que se aplicará a un universo de 200 mil jóvenes. También hizo énfasis en el programa de becas para “Jóvenes Construyendo el Futuro” –entre 19 y 28 años-- donde están inscritos 300 mil participantes, con un apoyo económico de 3 mil 600 pesos. Aquí la justificante es que el joven ingrese a un empleo y aprenda desde un oficio y/o se capacite en una carrera profesional durante un año. Pero para que no haya fraude, el becario tiene que presentar un informe mensual y la empresa otro sobre el rendimiento del becario. AGUILAR CASTILLEJOS se pronunció porque los ciudadanos y en este caso los periodistas de la Asociación de Columnistas Chiapanecos “tengan voz y emitan sus opiniones”, porque –dijo— “sin ese apoyo, no vamos poder hacer la transformación del país y de Chiapas”. Con respecto a que los enviados del Presidente a los Estados les llaman “Súper Delegados”, negó tal aseveración: “no es cierto, somos
servidores de la nación. A mí me toca echar a andar los programas sociales en Chiapas y hay un gran respeto con el Gobernador”. Reiteró JOSÉ ANTONIO AGUILAR que “Chiapas es el Estado más consentido de la federación”, y subrayó que solo en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de las 300 mil becas, 24 mil son para esta entidad, con prioridad a las comunidades con mayor índice de pobreza; a los alumnos normalistas y lo demás para jóvenes de escasos recursos. El llamado “servidor de la nación”, delegado plenipotenciario del Gobierno Federal y directamente dependiente del Ejecutivo Federal, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, “despejó la duda” por cuanto a la supuesta “disputa del poder” con el Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS a lo que dijo: “no hay confrontación ni con él ni con el Estado; hay una buena relación, porque tenemos que trabajar en unidad, porque, para que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Chiapas”, concluyó…
MOCRI-GOBIERNO; ¿CONFABULACIÓN?...
En estos momentos estarán diciendo al interior del gobierno del Estado y el pensamiento del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS: “uta magre, pa´que pictes alboroté el hormiguero de la MOCRI y ahora nomás me siguen chingando”. La verdad que el desalojo del MOCRI-EZ de los terrenos del libramiento norte poniente ha despertado muchas sospechas y comentarios no precisamente en favor de la acción y de la institucionalidad. Lo menos que ha corrido en las redes sociales es que “hay una con-
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fabulación entre el Gobierno y las familias Velasco Coello; León Villard y en esa línea los dirigentes del MOCRI”. Que el desalojo se llevó a cabo por presiones de la “Reina Roja” y su primogénito “Pakalito” (dícese: LETICIA COELLO GARRIDO y MANUEL VELASCO COELLO), así como, ALFREDO DE LEÓN VILLARD y sus consanguíneos en el poder: SASIL DORA LUZ, Senadora de la República; CALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, diputado local y familia. A cada uno de estos personajes se les vincula, de una manera u otra, con los líderes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), ya sea para enfrentar, disolver o distorsionar manifestaciones en contra de la oficialidad, como se hizo en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO; o en este caso de invasión de terrenos para beneficiar a las familias de los exgobernadores y los DE LEÓN VILLARD. No hay que olvidar que OSCAR DE LEÓN GONZÁLEZ, el papá de la senadora SASIL; la ex diputada local ITZEL FRANCISCA; el actual diputado local KALYANAMAYA y ALFREDO que es el operador político y financiero del clan, fue el que lideró aquel grupo llamado “Unión Nacional Lombardista”, UNAL, que trajo y utilizó como brazo ejecutor, el ex Gobernador de Veracruz DANTE DELGADO RANNAURO. Por esos antecedentes y otros datos biográficos de cada uno de ellos, se puede creer que los verdaderos líderes de la MOCRI –tras bambalinas—son los DE LEÓN VILLARD, familia que llegó a Chiapas y particularmente a Tuxtla en estado decadente económicamente y hoy son “distinguidos” personajes de la política, las finanzas, la obra pública y los entretelones del poder. Tampoco se debe olvidar que esta familia fue empoderada política y financieramente en el gobierno de JUAN SABINES y se consolidó en el de MANUEL VELASCO COELLO. Con todos estos antecedentes que se han vuelto virales en las redes sociales; el gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN está puesto en entre dicho y bajo sospecha de que el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, actuaron por consigna y no precisamente por un proyecto inteligentemente diseñado para extinguir al MOCRI y sus dirigentes; acabar con las invasiones y ofrecerle a los chiapanecos estabilidad social, que tanto se necesita. Lo dejamos al tiempo para ver si los cientos de predios invadidos son desalojados y así, dar seguridad a la propiedad privada que hoy por todos lados, está en riesgo… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Viernes 22 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1597 ADVERTENCIA
Autodefensas de Tlacotepec anuncian incursiones armadas en Chilpancingo
SENTENCIA
Condenan a 105 años de prisión a feminicida múltiple
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MISIVA
Las políticas públicas de AMLO son asistencialistas, religiosas y morales, fustigan ONG PAG. 3
INFORME
Chiapas, un Paraíso Mundial de Recurso Hídrico: Ecosur PAG. 8
DICTAMEN
En comisiones, senadores amplían catálogo de delitos para juzgar al presidente
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Aunque a nivel internacional la problemática para dotar de agua a los habitantes se hace cada vez más compleja, en el mundo existen zonas considerados como paraísos al tener suficiente recurso hídrico y de calidad, donde Chiapas es de esos lugares privilegiados, sin embargo, se debe poner mucha atención en la conservación de los mismos y en la concientización de sus habitantes para su aprovechamiento, indicó el Técnico Académico del Colegio de la Frontera Sur, David Herrera López.
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Asume Yasmín Esquivel como ministra en la SCJN; ofrece pugnar por la división de poderes