CMAN
DOXA
EDITORIAL
AMLO y Rutilio
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Ayer el presidente López Obrador manifestó la intención de transparentar las decisiones de los jueces que liberen a quienes el ministerio público federal consigne. Textualmente el gobernante señaló: “Se detiene a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres.
La MOCRI EZ mantiene una alianza con el secretario de gobierno. Por eso la impunidad delincuencial con la que actúa este grupo. Sin embargo ¿Qué es lo que se pactó? ¿Qué beneficios recibe el secretario de gobierno por esa permisividad?
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EN CHIAPAS
Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1590
MISIVA
REPORTE
Amnistía Internacional reconoce avances, pero pide desmilitarizar al país
“El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador
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Chiapas, primer lugar en pérdida de extremidades por diabetes
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PETICIÓN
Solicitan al ayuntamiento colocación de reductores viales PAG. 9
Liberan a Diego López, indígena tseltal que fue torturado para autoinculparse en 2012
ACUSACIÓN
Denuncian que indígena presa fue obligada a confesar el crimen de su sobrina en Chiapas
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HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA
Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15
ÍNDICE...
Ruperto Portela Alvarado
CÓDIGO NUCÚ
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César Trujillo
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
EXTRAÑO ENEMIGO
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Denise Dresser PAG. 4
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL AMLO y Rutilio
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yer el presidente López Obrador manifestó la intención de transparentar las decisiones de los jueces que liberen a quienes el ministerio público federal consigne. Textualmente el gobernante señaló: “Se detiene a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. Y el argumento, o la excusa, es que no están bien integradas las averiguaciones previas, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie a que un juez deje en libertad a un presunto delincuente. Salen hasta riéndose, festejando, burlándose de la autoridad”. Que va a decir el presidente cuando se entere que aquí en Chiapas existe un programa único en el país denominado Mesa de Reconciliación, que en los últimos seis años se ha dedicado a liberar asesinos y secuestradores que habían sido sentenciados. Que bajo el cobijo de este programa se viola la autonomía de jueces y magis-
trados y se imponen criterios cuasi personales para instrumentar la liberación de presos y que bajo la presidencia del tribunal de justicia de Rutilio Escandón se liberaron de manera inconstitucional a cerca de dos mil sentenciados. Que sobre esta mesa de reconciliación existe la presunción de que delincuentes son liberados a través de acuerdos económicos y que uno de los beneficiados es un familiar cercano de uno de los colaboradores de mayor confianza del gobernador y que viene trabajando con él desde los tiempos en que se desempeñó como presidente del tribunal, quien purgaba una condena por asesinato. El presidente de la república tiene razón cuando señala que se tienen que transparentar las sentencias de los jueces cuando absuelven a los acusados por falta de pruebas. Pero su postura es insuficiente si no decide también iniciar los procedimientos penales y administrativos a los ministerios públicos cuando inventan
o alteran pruebas o crean chivos expiatorios o realizan detenciones violando los derechos humanos y el debido proceso. A su vez, urge que la Fiscalía General de la República revise el funcionamiento de la mesa de reconciliación en Chiapas, que se convirtió en un instrumento que no sólo viola la ley sino que se convirtió en un mecanismo que permite a un grupo selecto de sentenciados obtener su liberación, pasando incluso por encima de resoluciones de jueces federales. Rutilio Escandón sabe muy bien de la inconstitucionalidad de esa mesa de reconciliación, y no obstante ello, a finales del mes de diciembre, acordó presidir la liberación de un grupo de sentenciados que obliga al gobierno federal a realizar las investigaciones de este procedimiento, que contraviene a todas luces, con el espíritu de transparentar las sentencias de los jueces al que hizo referencia ayer el presidente de la república.
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Activistas exigen frenar la ola de invasiones en Cañón del Sumidero Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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ctivistas y organizaciones civiles que conforman el Consejo Asesor del Parque Nacional Cañón del Sumidero exigieron a las autoridades gubernamentales frenar la ola de invasiones, por parte de organizaciones sociales campesinas, a éste y otros parques naturales que rodean a la capital del estado, porque ponen en riesgo la flora y fauna en la región central del estado. Miembros de la sociedad civil, académicos, prestadores de servicios turísticos y habitantes de comunidades y ejidos vinculados al Parque Nacional hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para frenar el avance al respecto de los actos de invasión al Área Natural Protegida, icono, orgullo e historia del estado de Chiapas. Señalaron que desde el 2013 se han invadido unas 47 hectáreas del Parque Nacional del Cañón del Sumidero y que, a la fecha, en reiteradas ocasiones han denunciado y señalado los actos por parte de organizaciones campesinas que atentan contra la biodiversidad, el ordenamiento territorial y urbano, así como la seguridad e integridad de la ciudadanía y que vulneran el patrimonio natural de los chiapanecos. Dijeron que es necesario “hacer valer el estado de derecho y cumplir
René R. Coca. Tapachula, Chis; ABR. 02 (interMEDIOS)
De manera informada, organizada y sin caer en violación de los Derechos Humanos, el movimiento “Vecinos Unidos” hace frente a las manifestaciones delictivas que existen en Tapachula, lo que ha permitido que este modelo ciudadano sea adoptado en varias colonias de esta ciudad, y con ello generar un tejido social progresista que permita que la seguridad de las familias sea la prioridad, al tiempo de unir esfuerzo con las autoridades desde su trinchera. Los ciudadanos Carolina Gutiérrez Rincón y Jesús Morales informaron que “Vecinos Unidos” nació como respuesta de algunas manifestaciones delincuenciales que se presentaban en su calle como robo a casas habitación, hurto de autopartes e inclusive de asaltos en la vía pública; por lo que empezaron a organizarse con estrategias sencillas pero eficaces para asustar a los ladrones y poner orden sin exponer la integridad física de manera individual. Los entrevistados indicaron que se copiaron algunos modelos preventivos y de acción inmediata de
Miembros de la sociedad civil, académicos, prestadores de servicios turísticos y habitantes de comunidades y ejidos vinculados al Parque Nacional hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para frenar el avance al respecto de los actos de invasión al Área Natural Protegida, icono, orgullo e historia del estado de Chiapas
lo que es ya un discurso por parte del jefe del Estado mexicano” al respecto de que “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”. Reconocieron la actuación que han tenido las autoridades ambientales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp) al respecto de las denuncias que han presentado ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia. “Quienes integramos este consejo asesor sabemos del enorme potencial que tiene el Parque Nacional Cañón del Sumidero como un refugio de vida
silvestre, proveedor de bienes y servicios ambientales, que es una región terrestre prioritaria y que además tiene una designación de carácter internacional que lo distingue como un humedal de importancia”, dicen los activistas. De acuerdo con indicadores históricos, los incendios forestales que se dan antes, durante y después de la temporada de estiaje son provocados y están directamente vinculados a un patrón de cambio de uso del suelo y uso del fuego para tareas de roza, tumba y quema de espacios forestados y en
proceso de conservación, aseguraron. Consideraron que la relación entre invasiones e incendios es cada año más directa, por lo que urgieron a entender ambas condiciones, a partir de la aplicación del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Explicaron que en lo que va de enero a marzo de 2019 en el Cañón del Sumidero se han registrado cuatro conatos de incendios de pastizales y dos incendios forestales. “Ya no solamente nos preocupa la ocupación ilegal del Parque Nacional Cañón del Sumidero, sino de otros espacios como la Meseta de Copoya, terrenos en Carranza e inclusive en zonas urbanas como recientemente el libramiento norte y sur de esta ciudad. “Las invasiones deben de ser detenidas si queremos darle viabilidad a la naturaleza; pedimos se actúe en contra de la corrupción y de quienes han trastocado la ley y se han prestado a actos ilícitos y de corrupción”, expusieron los activistas. Finalmente llamaron a la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para atender esta problemática.
Crece Movimiento Contra la Delincuencia “Vecinos Unidos” en Tapachula otras ciudades que tenían índices de inseguridad alta y permanente, pero que gente con iniciativa logró conjuntar esfuerzos y voluntades de los vecinos para organizarse y responder al llamado con herramientas básicas como un silbato, un grupo en whatsapp y lonas de advertencia. “Ahora hemos tomado la iniciativa desde meses atrás y los vecinos han respondido al llamado de coordinarnos; y si alguien ve que se quieren brincar alguna casa, pretenden robar algún vehículo o asaltar algún negocio, se toca el silbato y se emite un mensaje de ubicación por whatsapp y salimos todos sin exponernos para espantar o capturar al delincuente, mientras que otra comisión hace un llamado a las autoridades como el 911 para que la policía actúe, con la responsabilidad de no agredir al delincuente pero si atraparlo y luego hacer la denuncia formal para fincar cargos” citaron. Ambas personas expusieron que si
se observa alguna persona desconocida se hace un aviso por la red social y si se nota insistencia en acciones sospechosas, los vecinos salen para de esta manera advertir de la unidad y la comunicación que se tiene; lo que ha redituado que ahora ya sean más de 70 familias con lonas que se denominan “Vecinos Unidos” en cuatro manzanas y se unan más personas a estas acciones preventivas. Gutiérrez Rincón y Jesús Morales externaron que es muy difícil que la policía tenga presencia en cada calle o cuadra, por lo que este modelo de organización vecinal les ha dado resultado con al menos espantar al ladrón con los silbatos para huir; o cuando se tiene la certeza de que no se pone en riesgo a las personas se le hace frente entre varios para capturarlo sin golpearlo para evitar que Derechos Humanos lo proteja. De esta forma se les ha hecho un llamado a las autoridades para atender el 911 y que a su vez se coloquen luminarias.
Finalmente comentaron que al estar organizados y comentar los resultados de “Vecinos Ciudadanos” familiares o conocidos de ellos, han pedido la asesoría para implementar esta estrategia en colonias como Santa Teresa y San Isidro, por citar algunas, con lo que se espera que más gente se una en el regreso de la paz social. Cabe destacar que “Vecinos Ciudadanos” no tiene filiación política, religiosa o patrocinio de grupos con intereses, sino su única coincidencia es la seguridad de las familias de su entorno social. (iM-rrc).
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Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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resa en el penal de San Cristóbal de Las Casas desde agosto del año pasado, la joven mujer indígena, Francisca Flor de la Cruz Hernández, y su propia familia, señalan que fue víctima de tortura para “confesar” un crimen que no cometió: el de su sobrina, quien fue hallada muerta y con huellas de violencia sexual. Erika del Rosario Cruz Hernández, de 15 años de edad, fue encontrada muerta el 8 de agosto del 2018, en la entrada de San Cristóbal de Las Casas. Su muerte fue el último eslabón de una cadena de agravios y amenazas que sufrieron previamente por parte de Pedro Hernández Hernández y su hijo, Lucio Zeferino Hernández, quien había sido esposo de Ángela Cruz Hernández, madre de la joven asesinada. Ángela se separó de Lucio Zeferino, meses antes de la muerte de su hija, bajo la acusación de violencia doméstica. El 21 de agosto, 13 días después de que fue hallada muerta la joven de 15 años, Lucio Zeferino y su padre, encabezaron a unas 20 personas que fueron a sacar de forma violenta de sus casas a las hermanas Francisca y Blanca Amalia, en la comunidad Agua Escondida, en el vecino municipio de Teopisca. Señalan que ambas fueron golpeadas y torturadas por las personas civiles, principalmente Pedro y Lucio Zeferino. Luego, entregadas a la Fiscalía General del Estado, donde ambas fueron señaladas de haber asesinado a su propia sobrina. Ellas negaron haber cometido ese asesinato, pero no les creyeron. Sin embargo, al no saber leer ni escribir, les hicieron poner su huella digital en una presunta confesión que ellas hicieron. Aunque Blanca Amalia quedó libre meses más tarde, no así su hermana Francisca Flor, quien sigue presa en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas. Blanca Amalia y Ángela, la madre de la joven asesinada, señalan que su hermana, Francisca Flor, nada tiene que ver con el crimen, que de hecho la
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Denuncian que indígena presa fue obligada a confesar el crimen de su sobrina en Chiapas El 21 de agosto, 13 días después de que fue hallada muerta la joven de 15 años, Lucio Zeferino y su padre, encabezaron a unas 20 personas que fueron a sacar de forma violenta de sus casas a las hermanas Francisca y Blanca Amalia, en la comunidad Agua Escondida, en el vecino municipio de Teopisca
joven hallada asesinada tenía huellas de haber sufrido violencia sexual. “Los de la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios me dijeron que pidiera justicia porque si no me meterían en la cárcel”, sin saber que a quien estaba inculpando era a su propia hermana, dijo Ángela. “Ellos y Pedro me amenazaron porque ellos se llevan bien. Mi hermana y yo no tenemos problemas, nos llevamos muy bien”, añadió la madre de la joven asesinada. “Desde que mi hija apareció muerta, yo pedí justicia a la fiscalía, pero resulta que el 21 de agosto a las 12 de la noche entraron violentamente 20 personas, familiares de Pedro, a sacar a mi hermana de la casa; le indicaron que dijera que ella mató a mi hija porque si no la matarían y quemarían viva con gasolina. “Mi hermana Francisca estaba en Agua Escondida. Yo firmé papeles sin saber qué era. Nunca pensé que deten-
drían a mi hermana. ‘Pide justicia’, me dijeron, ‘para que detengan a los que mataron a tu hija’, y ya estaba detenida mi hermana y una sobrina. “Se vendieron por dinero los fiscales de Tuxtla (Gutiérrez); dijeron que a mi hermana Francisca la habían encontrado bien tomada en Tuxtla y no es cierto porque la sacaron de la casa en Agua Escondida”, dijo Ángela, quien ahora implora por la libertad de su hermana. Blanca Amalia de la Cruz Hernández, hermana también de Francisca, quien estuvo presa unos meses, recordó que el 21 de agosto la sacaron de la casa, junto con su hermana. “Pedro, su hijo y sus primos me trajeron en su carro a San Cristóbal, manoseándome las piernas, me metieron una bolsa en la cabeza y me ponían una pistola. A mi hermana Francisca amenazaron con matarla”, sostuvo Blanca Amalia. Señaló que fueron empleados de la
Fiscalía de Homicidios y Feminicidios y Pedro Hernández Hernández, exagente de la comunidad de Peña María, municipio de San Cristóbal y sus familiares, los que fabricaron todo para acusar a su hermana del homicidio. Ángela de la Cruz Hernández, madre de la menor asesinada, insistió: “A mi hermana Francisca la tienen detenida porque la culparon de que mató a mi hija, pero no fue ella la que la mató, ella es inocente. Por eso pido que la liberen”. Clara Luisa, madre de Ángela, Blanca Amalia y la joven Francisca, que está presa, y abuela de la joven asesinada, dijo que nada tiene que ver su hija recluida en el penal con la muerte de su nieta, que todo fue un “invento” de Pedro y Lucio Zeferino en venganza porque su hija Ángela se separó de él y se fue a otra comunidad. “Fueron Pedro y su hijo Lucio, caciques de Peña María, los que armaron todo para perjudicarnos”, aseveró. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que atrajo el caso, “fue Pedro, el ex agente de Peña María, quien detuvo con violencia a Francisca, Blanca Amalia y a una hija de ésta. Francisca fue torturada en el trayecto a San Cristóbal y fue obligada a auto incriminarse. La integración de la Carpeta de Investigación que tiene en la cárcel a Francisca y la vinculación a proceso se debió a una confesión sacada bajo tortura. Es un relato inverosímil”.
Solicitan al ayuntamiento colocación de reductores viales Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Iris de la Cruz, Madre de Familia alerto sobre el inminente peligro que corren los estudiantes de la Escuela Secundaria General: “Moisés Sáenz Garza”, tanto a la hora de entrada y de salida, toda vez que los estudiantes tanto para llegar como para salir tienen que transitar sobre el arroyo de circulación, ya que no cuentan con un paso peatonal que los conduzca hasta la parada de la Ruta Dos, en la Colonia Popular. En entrevista para esta casa editorial, Iris de la Cruz señalo: “esto es un problema que se vive todos los días, las banquetas no sirven y ellos
se ven obligados a atravesar la calle, problema que se complica con habitantes de un fraccionamiento que bajan a velocidades muy fuertes y desde luego los Conejo Bus que tienen su terminal aquí a unas cuadras y bajan a una gran velocidad con el inminente riesgo que implica para los jóvenes y literalmente ellos tienen que ir toreando lo carros”. En este sentido dijo que su llamado de alerta como madre de familia lo hace a tiempo para evitar una tragedia en esa zona, ya que sería cuando hasta entonces las autoridades municipales se verían obligadas a intervenir, por lo que dijo que frente a esta problemática se hace necesario la presencia de elementos de
tránsito municipal, la colocación de reductores viales, señalamientos de transito que obliguen a los conductores a reducir su velocidad, como la instalación de un paso peatonal. Ya que considero que no es posible que dicho centro educativo y por sus condiciones geográficas en las que se encuentra no tenga una señalización adecuada y además el apoyo de patrullas de la Dirección de Tránsito Municipal para que auxilien en el desplazamiento de los alumnos tanto a la entrada como a la salida por el peligro que corren toda vez que es una zona con demasiada carga vehicular. Dijo que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas deberá arreglar las banquetas: “los jóvenes tienen
que caminar sobre la calle no por imprudencia, sino porque no pueden utilizar estas banquetas porque estas están inservibles. Otras madres de familia consultadas por esta casa editorial en el lugar de los hechos explican que definitivamente la autoridad municipal tiene que asumir su papel y corregir los camellones de acceso que están completamente intransitables.
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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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uego de seis años y ocho meses presos, el indígena tseltal, originario de San Juan Cancuc, Diego López Méndez, fue puesto en libertad, tras una intensa campaña nacional e internacional de sus amigos, familiares, activistas y defensores, que alegaron fue víctima de tortura para autoinculparse por un crimen que no cometió. La tarde del 18 de julio del 2012, policías ministeriales vestidos de civil detuvieron arbitrariamente a Diego López Méndez, cuando se encontraba trabajando de mesero en un restaurante de San Cristóbal de Las Casas. No le presentaron orden de aprehensión y no se identificaron. De acuerdo con el propio testimonio de Diego: los policías le pidieron seguirlos; lo subieron en una camioneta blanca, doble cabina; lo esposaron con las manos de frente, y le exigieron autoinculparse al mostrarle la foto de una persona muerta que él desconoce. Lo trasladaron a otro lugar y, en el camino, lo amenazaron de muerte y golpearon en los oídos. Llegaron a un sitio que él identificó como posiblemente una oficina de alguna fiscalía, donde continuó la tortura. Le pusieron una pistola en la cabeza simulando dispararle. Los agentes aprehensores trasladaron a Diego a un segundo lugar donde todo el tiempo lo mantuvieron con las manos esposadas y los ojos vendados. Ahí se intensificó la tortura física y psicológica, hasta obligarlo a autoinculparse. “Me dieron un golpe con el puño en el pecho y en la espalda media. De ahí me quitaron la camisa y me empezaron a golpear con las palmas de las manos en el pecho y espalda; fueron muchos golpes, me movían de un lado a otro hasta que me caí. “En el suelo me empezaron a patear en el estómago y pecho. Cuando ya no aguanté los golpes, les dije: ‘si ya me acusó aquel está bien’. “Pero vas a declarar que tú fuiste, me dijeron; respondí que sí, porque no me
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Liberan a Diego López, indígena tseltal que fue torturado para autoinculparse en 2012 dejaban de torturar. Dijeron: ‘tú fuiste’. Les respondí: ‘yo creo que sí’. Ahí dejaron de golpear, confesó Diego a los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que documentaron su caso. Su testimonio refiere que lo obligaron a firmar hojas en blanco, que posteriormente utilizaron como su declaración autoinculpatoria. En el expediente de la causa penal 59/2017 consta que Juan Carlos Pérez Villegas, ministerio público de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, firmó la recepción de esta declaración. Diego identifica que posteriormente, el día 19 de julio de 2012, permaneció en las instalaciones que él ubica como de la Policía Preventiva en San Cristóbal de Las Casas; y el 20 de julio lo trasladaron al Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) Num. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, a más de 5 horas de distancia de su familia. La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, que recibió el caso, registró que Diego fue requerido por una Orden de Búsqueda y Presentación, con fecha del mismo 18 de julio. De acuerdo a esta versión, una vez presentado, se declaró culpable y se le aprehendió bajo la figura legal de “urgencia”, por riesgo de que se fugara de San Cristóbal de Las Casas. El Frayba señala que esto visibiliza una práctica recurrente de las autoridades ministeriales, para intentar legalizar una detención arbitraria realizada en un contexto de tortura. Se tergiversa la ley para impedir la debida defensa de las víctimas. Explica que Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de acuerdos, en ausencia del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla-Cintalapa, Belisario Filemón Domínguez, ratificó
el 21 de julio de 2012, la detención realizada por las autoridades ministeriales. Sin embargo, no se pronunció por la supuesta figura de urgencia empleada, sino que, de manera incongruente, declaró que se detuvo a la persona en flagrancia. “Esta omisión y contradicción visibiliza el desinterés de las autoridades judiciales de ser un contrapeso encargado de revisar las actuaciones ministeriales; además, demuestra una actitud discriminatoria. El Juez Belisario Filemón ignoró la declaración de Diego sobre Tortura y no procedió a investigar el delito acorde a lo que marca la Ley”, explicó el Frayab en su informe sobre el caso. Detalló que otra de las irregularidades jurídicas del proceso es la diferencia en los horarios de detención y presentación. Diego menciona que fue privado de su libertad a las 14: 00 horas, del día 18 de julio de 2012; sin embargo, los policías ministeriales Gustavo E. Camposeco Morales, Joel F. Escobar Bustamante y José Abdul Orendain de los Reyes reportaron haberlo detenido a las 19:00 horas. La declaración ministerial señala haber sido levantada a las 22:00 horas, pero no registra a qué hora llegó Diego. Estas inconsistencias se relacionan con el patrón que ha sido denunciado por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes denuncian que el ma-
yor porcentaje de los casos de tortura sucede entre el momento de la detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Previo a que fuera liberado, el Frayba había exhortado al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, responsable de dictar sentencia a Diego López Méndez, que tomara en cuenta las pruebas de la detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura para dictaminar su libertad, a pesar de que por ineficacia del sistema de justicia no le practicaron los exámenes médicos psicológicos del Protocolo de Estambul por carecer de peritos para su aplicación. Además le había solicitado considerar su contexto y pertenencia cultural como Pueblo Originario, así como las normas indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. A la fiscalía contra la tortura, el Frayba le pide ahora que investigue el delito, para que se sancione a los responsables de esta grave violación a derechos humanos: los policías ministeriales Gustavo E. Camposeco Morales, Joel F. Escobar Bustamante y José Abdul Orendain de los Reyes, quienes firmaron el acta de detención; el ministerio público Juan Carlos Pérez Villegas, quien firma la recepción de la declaración autoinculpatoria hecha bajo tortura. También al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla-Cintalapa, Belisario Filemón Domínguez, quién omitió la declaración por tortura y no investigó; y los médicos de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y del Cerss 14, que ignoraron los signos físicos de la tortura. Tras una intensan campaña encabezada por la Organización Mundial contra la Tortura, desde su sede en Ginebra, Suiza, y por el Frayba, en Chiapas, hoy Diego está libre.
Chiapas, primer lugar en pérdida de extremidades por diabetes A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
En el estado de Chiapas, son de dos a tres las personas que pierden alguna extremidad de su anatomía al mes por problemas de salud relacionados con la diabetes, informaron médicos angiólogos. Por ser el problema de salud de mayor incidencia en el estado, –médicos– integrantes de la Sociedad Mexicana de Angiología, dieron a conocer que durante el 14 y 15 de marzo presentarán el primer Congreso Regional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular con la finalidad de que especialistas y ciudadanía en general se informen sobre las causas y posibles tratamientos para atender la diabetes y problemas
derivados de la circulación de la sangre. “Es un motivo de consulta muy alto, por ejemplo yo en mi consulta recibo seis a ocho pacientes diarios, te puedes imaginar que en los hospitales mínimo hay uno o dos internamientos diarios por pie diabético, y perdida de la extremidad de dos a tres pacientes se pueden amputar por mes”, dijo Aleyna Fabiola González Ruíz, presidenta del Colegio de Cirugía Vascular y Endovascular del Sur. Explicó que con el incremento de pacientes con enfermedades vasculares durante la última década se tiene registro que en la entidad una de cada dos personas parece de diabetes, situación que complica el estilo de vida de las personas. “Muchas, si hablamos de pie diabéti-
co estamos hablando incluso de pérdida de la extremidad, y un paciente que tiene una extremidad está condenado a un 90 por ciento de mortalidad antes de cinco años”, expuso. En este contexto, agregó que la enfermedad vascular periférica ha aumentado de manera exponencial, así como los tratamientos y fármacos para tratarla, “actualmente no hay tantos cursos y por eso la intención como colegio y como sociedad difundir la especialidad”. A lo anterior, puntualizó que un paciente con enfermedad varicosa puede desarrollar desde una complicación tan sencilla como: várices hasta una trombosis, o una muerte por tromboembolia pulmonar. Añadió que es común, observar pacientes con úlceras varicosas, cual re-
presenta el 2 por ciento de la patología en general en Chiapas y en el país, “y eso causa una gran disminución de la actividad de las personas”. Por ello, adelantó que durante el próximo jueves y viernes a partir de las 8 horas estarán presentando en el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) este evento, enfocado para el diagnóstico oportuno de estos problemas de salud.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Se amparan en colectivo estancias infantiles en Morelos Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
M
ás de 90 estancias infantiles recurrieron al amparo en contra de las reglas de operación para el programa de apoyo federal que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación a finales de febrero, la argumentación es que no podrían aplicárselas de manera retroactiva. Ante el juzgado quinto de distrito con sede en Morelos, se esgrimió que las nuevas reglas de operación violan el derecho a la educación que está vigente en la Constitución Política del país; además, se viola también el derecho al trabajo, pues las nuevas reglas de operación obligan al cierre de centenas de estos centros educativos. En Morelos existen 317 estancias infantiles que dependen del subsidio federal, que atienden a alrededor de 10 mil niños de 1 a 4 años de edad, quienes recibían hasta ahora 950 pesos mensuales de la federación. Además, según los datos oficiales, en estas instancias infantiles trabajan alrededor de mil 500 personas. Responsables de instancias infantiles afectadas por las nuevas reglas de operación informaron que recurrirán a las comisiones de Derechos
José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
Gerado Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ganó la suspensión provisional a cualquier orden de detención, arresto, orden arraigo, comparecencia, orden de búsqueda y localización que pudiera presentar las autoridades federales por el su posible responsabilidad en lavado de dinero. El pasado primero de marzo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) adscrita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, confirmó el congelamiento de las cuentas bancarias de la UAEH ante sospechosos depósitos provenientes de 22 países. “Efectivamente, se trata de la Universidad Autónoma de Hidalgo la que recibió recursos provenientes de 22 países en varios espacios geográficos del mundo”, aseguró Nieto ante reporteros. Por ese motivo, Sosa Castelán presentó el juicio de amparo 215/2019 ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que fue
Ante el juzgado quinto de distrito con sede en Morelos, se esgrimió que las nuevas reglas de operación violan el derecho a la educación que está vigente en la Constitución Política del país; además, se viola también el derecho al trabajo, pues las nuevas reglas de operación obligan al cierre de centenas de estos centros educativos
Humanos de Morelos y Nacional de Derechos Humanos, porque existe la violación a los derechos a la educación y al trabajo, pero también a las madres que trabajan y para las cuales el servicio de instancias infantiles es fundamental. Este fin de semana se realizó en las principales calles de Cuernavaca, saliendo de cuatro puntos rumbo al centro histórico, una movilización que incluyó a trabajadoras, madres y padres de familia, quienes protesta-
ron con sus hijos en carriolas o en brazos, contra el cierre de las instancias infantiles por falta de presupuesto. La alerta general se lanzó pues de las 317 instancias de este tipo en la entidad, ya han cerrado entre 30 y 35 sólo en los primeros 10 días de vigencia de las nuevas reglas de operación. Las madres y padres de familia exigieron garantías de que sus derechos y los de sus hijos serán respetados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen
anomalías en muchos de estos centros de cuidado infantil, tales como el cobro de subsidio por niños que no existen, desvío de los recursos, entre otros. Por ello, primero, planteó la reducción del presupuesto entregado a los centros, pero luego, decidió cancelar de plano el apoyo y entregarlo directamente a los padres. Todavía el año pasado, el programa contemplaba la entrega de 950 pesos mensuales por cada niño de 1 año hasta un día antes de cumplir los 4 años; así como mil 800 pesos mensuales para niños o niñas con discapacidad entre 1 año y un día antes de cumplir los seis años. Sin embargo, ahora se plantea la entrega directa a los padres de mil 600 pesos bimestrales a cada niño o niña de 1 año y un día antes de cumplir los 3 años; misma cantidad para los niños y niñas indígenas, sólo que de 1 año a un día antes de cumplir los 4 años. Asimismo, se entregarán 3 mil 600 pesos a niños y niñas con discapacidad de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.
Sosa Castelán gana amparo contra órdenes de arresto por presunto lavado de dinero en la UAEH admitido a trámite el 11 de marzo. Unas horas después, dicho juzgado asentó en el cuaderno 215/2019-IIIA el “incidente de suspensión” por los actos reclamados por el también líder de Grupo Universidad. “Se concede a Gerardo Sosa Castelán la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de la libertad personal con motivo del arresto que reclama; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, dicta el acuerdo. Según las acusaciones de la UIF y por la que se encuentran congeladas las cuentas bancarias de la UAEH, dicha institución educativa recibió 156 millones de dólares provenientes de Suiza, España, Reino Unido, entre otros países. Por ese motivo, el juzgado Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo decidió negar la suspensión provisional al “bloqueo, aseguramiento y congelamiento de cuentas banca-
rias” como lo documentó Apro el pasado 6 de marzo. Este día los representantes de la UAEH fueron citados a audiencia incidental con motivo de desahogar pruebas para el trámite de amparo 231/2019. Por su parte, Sosa Castelán, el presidente de su patronato, y quien en 2018 ganó escaños en el congreso local por la alianza que mantuvo con Morena en el pasado proceso electoral, fue citado este 19 de marzo a su propia audiencia incidental para desahogar el amparo presentado.
El 20 de febrero de 2018, Sosa renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según una carta dirigida a Enrique Ochoa Reza, argumentando que “el cambio resulta imposible en una organización política que ve en la crítica constructiva una expresión de indisciplina”. Tras su renuncia al PRI, se alió con el Movimiento de Regeneración Nacional (ahora Morena), para conseguir escaños en el Congreso local y en las alcaldías de Hidalgo. Bajo esas siglas, Grupo Universidad se hizo con nueve escaños en el congreso local.
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Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
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a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que durante la administración de Enrique Peña Nieto, diez proveedores concentraron el 79.6% del gasto que corresponde a la compra de medicamentos. Dicho pastel fue de 303 mil 76 millones de pesos, de los cuales se vieron beneficiados las siguientes compañías: Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., propiedad de José Antonio Pérez. Ha sido el principal proveedor de medicamentos y material de curación durante el período comprendido entre el 2012 y el 2018, con el 35% de participación. Le sigue Farmacéuticos MAYPO, de la familia Arenas Wiedfeldt, con el 11.6%, y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), dirigida por Carlos Álvarez Bermejillo, con el 11.4%, durante el mismo período. En cuarto lugar está Ralca, de Alberto Ramírez, y Comercializadora de Productos Internacionales, de Gerardo Morán, con el 5%, respectivamente. SAVI Distribuciones, con el 2.9%; Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), de Carlos Rello Lara, exsecretario de Desarrollo Económico durante el gobierno mexiquense de Arturo Montiel, con el 2.4%; Compañía Internacional Médica (CIMSA), con el 2.3%; Pentamed, de Humberto Tello, con el 2.1% de participación, así como Vitasanitas, de Juan Chavoya, con el 1.6%. De esta manera fue distribuida la compra de medicamentos, que significó un desembolso de 303 mil 76 millones de pesos en todo el sexenio de Peña Nieto; mientras que 32 mil 265 millones correspondió a la adquisición de material de curación.
Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
El “mayor riesgo” en la política social que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante sus primeros 100 días en el poder consiste es que se construyan nuevas “redes de clientelismo político”, mediante la entrega de más de 150 mil millones en efectivo y la poca información que existe sobre el padrón de beneficiarios, advirtió hoy el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza. “Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias”, insistió el colectivo en un estudio publicado hoy. Recordó que el llamado “censo del bienestar”, que inició durante el periodo de transición y pretende establecer el padrón de los beneficiarios sociales, “se opera desde una estructura partidista o electoral”, e incluso “viola múltiples disposiciones legales”. El posible uso clientelar de los programas sociales es uno de los cuatro
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Exhiben a 10 empresas que acapararon el 80% del gasto en medicamentos durante sexenio peñista En ese rubro, el top 10 de las empresas beneficiadas fueron: Dentilab, con el 9.6% de participación; de nueva cuenta Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), con el 6.1% del pastel; Galia Textil, con el 5.2%; Selecciones Médicas del Centro, con el 3.3%; Diagnoquim y Degasa, con 2.8%, respectivamente; Grupo Fármacos Especializados, con el 2.3%; Especialistas en Esterilización y Envase, con el 2.2%; Juama, con el 2.1%; mientras que Becton Dickinson de México concentra una participación del 2%. En otras palabras, 10 proveedores concentran el 38.5% del gasto que corresponde a la compra de material de curación en el período 2012 -2018.
Con antecedentes monopólicos Cabe recordar que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó en diciembre del 2017 que las empresas Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Galeno y Holiday de México, así como 11 personas físicas que actuaron en representación de algunas de estas, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guantes de látex para cirugía y para exploración, adquiridos
por el sector salud. Estas prácticas monopólicas absolutas se llevaron a cabo, al menos, de marzo de 2009 hasta abril de 2015, y afectaron los resultados de diversos procesos de adquisición, principalmente aquellos que se realizaron bajo el modelo de compras consolidadas convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para adquirir guantes de látex para cirugía y para exploración destinados a este organismo, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex y a la Secretaría de Salud, señaló la Comisión. Además, explicó que “las empresas coludidas implementaron estos acuerdos mediante reuniones y comunicaciones por diversos medios (como correos electrónicos) en las que pactaban quién se quedaría con la ad-
judicación de determinadas zonas y claves de una licitación en particular. La coordinación se mantuvo, incluso, con la existencia de choques externos como la entrada de nuevos licitantes, que llevó a los sancionados a bajar sus precios de forma coordinada”. De acuerdo con la SHCP, en todo el sexenio de Peña Nieto hubo un gasto total de 335 mil 342 millones de pesos entre compras de medicamentos y material de curación. De ese total, 251 mil millones 256 pesos las realizó el IMSS y sólo 83 mil 885 fueron adquiridas por el ISSSTE.
Compras serán vigiladas por la ONU Por la mañana, en su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que todas las compras en el sector salud serán bajo la mirada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “No sólo van a ser compras compactas, no sólo se va a buscar que se compren todos los medicamentos de las instituciones de salud del gobierno, compras consolidadas, si se necesita, si es necesario, lo estamos analizando, van a ser licitaciones internacionales con supervisión de la ONU, todo lo que se adquiera, porque es mucho lo que se pierde, se fuga en todo lo que es el sector salud”, subrayó el mandatario.
ONG alerta por construcción de redes de “clientelismo político” con entrega de apoyos directos “riesgos y focos de alerta” que identificó el colectivo durante los primeros 100 días de gobierno de AMLO. Cuestionó también la decisión de “desmantelar” el programa Prospera –para reducirlo a un “un programa de becas de educación básica para las cuales hay evidencia que carecen de impacto en educación primaria” –, de eliminar el Seguro Popular, de sustituir los subsidios a las estancias infantiles por un apoyo directo a las familias o por la decisión polémica de abandonar los convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, el colectivo aplaudió ocho medidas positivas del nuevo gobierno, entre otras el incremento al salario mínimo –llamó incluso a establecer un plan multianual de incremento gradual–, el enfoque hacia las poblaciones indígenas –que si se logra permitirá reducir la desigualdad extrema–, pero también el establecimiento de una pen-
sión universal para adultos mayores y el otorgamiento de nuevos apoyos para personas con discapacidad y jóvenes. El colectivo señaló la gravedad de la situación de la pobreza en el país, que empeoró durante el sexenio Enrique Peña Nieto, el cual estuvo marcado por “la simulación, la corrupción y el intento de uso clientelar de los programas sociales” y el fracaso de su promesa de erradicar el hambre en el país –a este ritmo, el país tardará 118 años para no sufrir hambre ya–. Recordó por ejemplo que durante la administración pasada, el número de personas pobres por ingreso creció a 62 millones, que cuatro de cada diez personas reciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y que se perdieron más de dos millones de empleos “bien remunerados”, es decir, con salarios superiores a 7 mil pesos mensuales. El gobierno de Peña Nieto mantu-
vo políticas “generadoras de pobreza”, como su obstinación de establecer un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza o su negativa en redistribuir la riqueza a través de políticas fiscales, y prefirió maquillar las cifras y las encuestas sobre la pobreza en lugar de combatirla. De acuerdo con el colectivo, la administración continuó con una política social errática, caracterizada por un gran número de “mini” programas sociales opacos, que a menudo eran empleados con fines electorales y clientelares.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó que 22 personas -probables migrantesestán en calidad de desaparecidas en Tamaulipas, por lo que solicitó medidas cautelares para localizarlas y salvaguardad su integridad. Sin confirmar las versiones públicas sobre un posible secuestro masivo, la CNDH sólo informó que solicitó dichas medidas a diversas autoridades federales y de Tamaulipas. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el presunto secuestro de un autobús, en el que supuestamente viajaban migrantes centroamericanos, es investigado, pues hasta ahora no hay indicios suficientes. En este contexto, la Comisión solicitó que “se realicen todas aquellas acciones necesarias y suficientes para agilizar su búsqueda y localización para evitar daños irreparables a sus derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad”. Para la CNDH, las investigaciones por la desaparición de las personas migrantes, deben conducir a la identificación de nacionalidad de las víctimas, indagatorias que deben contemplar el resguardo de las videograbaciones registradas en el tramo carretero donde desaparecieron, y otro tipo de diligencias, todo encaminado a “garantizarles el derecho a la justicia en su modalidad
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La CNDH da estatus de “desaparecidos” a los 22 supuestos migrantes Sin confirmar las versiones públicas sobre un posible secuestro masivo, la CNDH sólo informó que solicitó dichas medidas a diversas autoridades federales y de Tamaulipas
de procuración”. En un comunicado el organismo puntualizó que las personas desaparecidas están en una condición de “vulnerabilidad múltiple”, toda vez que “probablemente sean personas migrantes que abandonaron su lugar de origen y están en nuestro país
de manera irregular y sin registro alguno”. Agregó que por la información conocida, los presuntos migrantes estarían en una situación de “riesgo extraordinario”, de ahí el peligro de que, si no se realizan acciones de búsqueda y localización, se puede poner
en riesgo su integridad personal y su vida, al ser probables víctimas de delitos en su contra”, sin descartar que “se les puedan ocasionar daños de imposible reparación a la integridad física e incluso la vida”. Las medidas cautelares fueron dirigidas a la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra; al titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal, Cuauhtémoc Salvador Ortega Nila; al secretario General de Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos; al procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y al secretario de Seguridad Pública de la entidad, contraalmirante Augusto Cruz Morales.
AMLO advierte que delatará a jueces que faciliten liberación de delincuentes Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)
En medio de la polémica, Yasmín Esquivel es elegida como ministra de la SCJN Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
Con voto secreto en el Senado, Yasmín Esquivel Mossa fue elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituir a la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, por un periodo de 15 años. Luego de una votación por cédula en la urna, el Senado aprobó a Esquivel Mossa con 95 votos, pese a los señalamientos de un posible conflicto de interés al ser esposa de José María Rioboó, el contratista más cercano a Andrés Manuel López Obrador, invo-
lucrado en el proyecto del aeropuerto civil militar en Santa Lucía, Estado de México. Esquivel Mossa requería de las dos terceras partes de los 121 senadores y senadoras presentes en la votación para alcanzar la mayoría calificada, como establece el artículo 96 de la Constitución y lo consiguió después de una intensa negociación. Las otras dos candidatas de la terna se quedaron muy lejos. Loretta Ortiz Ahlf obtuvo seis votos y Celia Maya García ninguno. Diecinueve votos fueron en contra y uno nulo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó hoy que “transparentará” las decisiones de los jueces, que liberen a quienes el ministerio público federal consigne y sea liberado. Como han hecho en su oportunidad sus antecesores, el mandatario expuso que muchas veces se detiene a delincuentes y los dejan libres por violaciones al debido proceso o porque los juzgadores consideran que fue mal integrada la averiguación previa. “Se detiene a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. Y el argumento, o la excusa, es que no están bien integradas las averiguaciones previas, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie a que un juez deje en libertad a un presunto delincuente. Salen hasta riéndose, festejando, burlándose de la autoridad”, dijo. Con el argumento que ha dado al abordar otros asuntos, el presidente reivindicó su “derecho” a exponer su punto de vista, por lo que, dijo, además de entablar conversaciones con el pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abordará estos casos para que los ciudadanos sepan del comportamiento de los jueces. López Obrador celebró que se vaya a convertir en delito grave la corrupción, sin aludir explícitamente a los juzgadores, para luego admitir que también puede haber problemas técnicos por mala capacitación de ministerios públicos y fiscales, o bien, por corrupción de estos últimos. No obstante que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, son independientes y autónomos de la función del Ejecutivo, su titular expuso hoy que será respetuoso de las autonomías, pero aseguró que los titulares de dichas instancias están conscientes de lo que sucede y dispuestos a identificar lo que pueden ser problemas técnicos o casos de corrupción. “De lo contrario, seríamos encubridores”, concluyó.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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cien días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional consideró que en materia de derechos humanos, la actual administración tiene “claroscuros” y grandes retos que superar. “El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador. Para la organización, apuntó la defensora, es de reconocerse “la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, pero los retos son enormes. Al anunciar que próximamente dará a conocer un balance sobre la situación de derechos humanos en el país en los primeros tres meses del actual gobierno, la organización internacional divulgó una carta enviada al mandatario. En la misiva, firmada también por la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas, se reconocen avances como la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, la designación de Karla Quintana como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, y los anuncios de próximas mejoras en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y en el trato a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Sin embargo, se lamenta “la ausencia de progreso en otras áreas clave para los derechos humanos; entre ellas, la mejora de las instituciones policiales, la inmediata atención a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, y la aceptación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar denuncias individuales, entre otras”. La organización observa que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, “sólo podrá servir como instrumento de garantía de los derechos humanos, incluida la seguridad, en la medida en que su gobierno tome esta oportunidad para llevar a cabo el retiro ordenado y definitivo de las fuerzas armadas de toda labor de seguridad pública”. La organización recomienda a López Obrador que para que la Guardia Nacional sea un paso hacia la desmilitarización del país “asegure que sea un organismo civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad cese tan pronto como sea posible y no más allá de los cinco años señalados en la reforma
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Amnistía Internacional reconoce avances, pero pide desmilitarizar al país “El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador
constitucional”. Amnistía hace una serie de recomendaciones al Presidente para que se garantice el carácter civil de la Guardia Nacional, como prohibir que los elementos militares “participen en la investigación de delitos ni que actúen como auxiliares del Ministerio Público”, así como evitar que realicen detenciones “salvo en circunstancias claramente excepcionales y con apego a los marcos legales de derechos humanos”. Para la organización resulta preocupante que el gobierno de López Obrador “no haya realizado una declaración pública sobre la importancia del trabajo y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto en el que, desde el inicio de su administración, más de una docena de personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, incluso a través de la privación ilegal de la libertad”. Al señalar que las personas defensoras, “ahora más que nunca necesitan que el Estado las reconozca y les brinde protección”, Amnistía emite cuatro recomendaciones a López Obrador, entre ellas la promoción de investigaciones prontas, independientes, imparciales y efectivas sobre ataques a defensores; hacer una declaración pública a favor de este sector en medios de información; incorporar “una perspectiva integral sobre la protección” de las personas defensoras, y promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Tras valorar los avances en el caso Ayotzinapa, Amnistía lamenta que en el resto de los más de 40 mil desaparecidos se registre una “lenta implementación de medidas concretas para resolver esta situación”, de ahí que urgió al mandatario a que se reconozca la competencia del CED para reconocer las comunicaciones individuales, lo que “contribuiría a robustecer los esfuerzos que su gobierno haga respecto a esta problemática”. En su misiva, Amnistía alienta a López Obrador a que en su gobierno se procure la realización de investigaciones profundas sobre los casos de desaparición forzada y, “en su caso, llevar a los responsables ante tribunales, en juicios justos”. Pide que permita a los familiares de las víctimas a participar en las investigaciones; que se acelere la instalación de comisiones de búsqueda locales, con personal y recursos suficientes. Ante el anuncio del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres en México, Amnistía Internacional consideró que no es suficiente mejorar los procedimientos para emitir declaratorias de AVG, cuando en 2018 “las procuradurías y fiscalías del país iniciaron 845 investigaciones por feminicidio, aunque la cifra real de feminicidios podría ser aún mayor”. Para enfrentar el problema, la organización recomienda al presidente “reconocer públicamente el grave problema de la violencia basada en el género que enfrentan las mujeres y niñas en México y priorizar en su go-
bierno las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, necesarias para erradicar estas violencias”. La organización sugiere además tomar medidas para prevenir la tortura, las muertes violentas, los asesinatos, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, entre otros delitos, y “promover que el Estado mexicano priorice su investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva y lleve a los responsables ante tribunales en juicios justos”. En materia de migrantes y refugiados, las directoras de Amnistía Internacional consideran que la revisión de las condiciones de detención por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la consulta a la sociedad civil, “no responden a nuestra recomendación de establecer sanciones para las prácticas ilegales de devolución, las cuales siguen siendo un problema común para el que no se han adoptado medidas concretas”, así como tampoco hay cambios “en las prácticas de detención de personas migrantes, ni en la detención de niñas y niños”. Para combatir dichas irregularidades, la organización insiste en que la Secretaría de Gobernación “debe revisar los procedimientos de retorno y deportación de las personas migrantes irregulares con el fin de respetar el derecho de todas las personas a solicitar asilo y poner fin a las prácticas ilegales de devolución, velando porque éstas sean objeto de sanciones administrativas”, y que la detención migratoria sea el último recurso al que nunca se someta a menores de edad. En la carta, Guevara Rosas y Reneaum Panszi reconocen que las recomendaciones expuestas no son todas las que se requieren para superar la crisis de derechos humanos en el país, pero “su realización es un paso importante para tener avances sustantivos”. Al recordarle a López Obrador que “tiene en sus manos la oportunidad de lograr un cambio real”, las directivas de Amnistía puntualizaron que “el reconocimiento de la labor y la coordinación con las organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos debe ser prioridad para avanzar una agenda integral y efectiva de derechos humanos”.
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La detienen por huachicoleo, pero sólo acompañaba a su pareja Berenice Chavarría Tenorio Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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aría creció en un entorno de violencia y abandono. A los 14 años de edad inició su vida en pareja con un hombre que le duplicaba la edad. Esta historia la llevó a que a sus 22 años y con siete meses de embarazo, fuera detenida cuando se encontraba a bordo de un camión que transportaba hidrocarburo, situación que ella desconocía, pues su pareja no le permitía cuestionar ni decidir. Cuando María tenía 5 años de edad, fue abandonada por su padre, razón por la que su madre la culpó e inició la violencia física. A los 12 años lo buscó, pero él rechazó tener trato con ella. Los siguientes años para ella fueron de sumisión. Abandonó la educación primaria y comenzó a vivir con el hombre que para ella representaba la figura paterna. Su pareja decía “es obediente, nunca cuestiona”. Fue por eso que María abordó el camión sin preguntar. En el mes de agosto de 2018 ambos fueron detenidos y presentados por la Fuerza Única de Jalisco. Con siete meses de embarazo, su defensa legal pidió una medida cautelar para que María llevara el proceso desde su hogar, con la prohibición de salir del estado y la obligación de acudir a atención médica. El proceso legal inició en diciembre del año pasado y para reunir las pruebas necesarias en favor de María, su abogada, Constanza Mendoza, llamó a declarar a su familia, quienes evidenciaron la situación de desventaja que había vivido la joven durante toda su vida.
Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
La madrugada del 7 de marzo un grupo de hombres a bordo de una camioneta blanca tiraron balazos al aire en las inmediaciones de la casa de la defensora Nieves Rodríguez Hernández, ubicada en San Salvador Atenco, en el Estado de México, denunció la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En una postal, la Red informó que el mismo día de los balazos personas vinculadas a la “empresa constructora Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA) dijeron al hermano de Nueves que unos golpeadores se organizan para forzarla a desalojar su vivienda. Nieves Rodríguez es la dueña de una casa que se ubica entre un camino vecinal y la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, donde pasaría la autopista Peñón-Ecatepec, la cual
En entrevista con Cimacnoticias, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) organización que llevó la defensa del caso, Netzaí Sandoval Ballesteros explicó: “reconocíamos que sí había estado en el lugar e iba en el vehículo que transportaba hidrocarburo. Lo que logramos fue hacerle ver un contexto al juez. No sólo se le ofreció la prueba y los indicios, también tiene que ver la argumentación, la defensora alegó un desequilibrio de poder, no puedes tratar a una persona como sujeto activo de un delito cuando su rol de pareja y su rol social es pasivo. No puedes asegurar que ella quiso robar hidrocarburos cuando lo único que hizo fue obedecer a su pareja que tenía un rol casi paternal y quien sólo le dijo ‘súbete al camión’”. La abogada del caso e integrante del IFDP, Constanza Mendoza argumentó que la joven “no tenía voluntad de participar en ningún hecho delictivo”, y resolvió que el caso se debía juzgar con perspectiva de género debido al estado de vulnerabilidad que María vivió durante toda su historia. “Me parece que eso la llevó a involucrarse con ese hombre y finalmente estar en estos acontecimientos”. En una primera instancia se perdió el caso y María fue declarada culpable,
sin embargo, en una apelación interpuesta por la defensa, un segundo juez falló en favor de la joven. Por lo tanto, un mes con tres días después de iniciado el proceso, se decidió revocar el auto de vinculación hacia la joven de manera definitiva.
MÁS CASOS COMO EL DE MARÍA María fue declarada inocente y llevó su proceso legal fuera de prisión debido a su embarazo; sin embargo, 50 por ciento de mujeres se encuentran encarceladas procesadas por un delito del fuero federal, de acuerdo con datos de la organización Equis Justicia para las Mujeres. La organización ha documentado que las mujeres se ven involucradas debido a necesidades económicas, “se entrelaza con el papel social que juegan las mujeres de ser cuidadoras de sus hijos o de sus padres; son jefas de familia; y el otro factor es el afectivo, se involucran para proteger y apoyar a su pareja o al ser víctimas de violencia y obligadas por ésta”. Por ello es importante juzgar con perspectiva de género, ya que esto “permite detectar a una posible víctima y no revictimizarla al someterla a un proceso”, explicó Netzaí Sandoval Ballesteros.
Para lograrlo, la abogada Constanza Medina afirmó “tenemos que ser sensibles. No podemos quedarnos en el hecho, debemos hacer una investigación para saber quiénes son y por qué están en ese lugar. Estas son preguntas básicas para detectar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. De acuerdo con el IFDP, en primera instancia se debe identificar y desechar situaciones de desequilibrio de poder entre las partes implicadas, esto obliga a desechar estereotipos o prejuicios. También es necesario visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación. Sin embargo, no siempre es posible que las autoridades encargadas de procurar justicia incorporen la perspectiva de género. “Este caso lo muestra. Los propios juzgadores federales no estaban admitiendo una perspectiva de género. No estaban analizando el contexto que estaba demostrado”, añadió Netzaí Sandoval Ballesteros. El director general del IFDP destacó que este caso evidencia los claroscuros que existen en el sistema penal mexicano. “Hay juzgadores que se mantienen muy cerrados a un cambio de paradigma constitucional, no solo el sistema acusatorio sino en reforma de Derechos Humanos. No aplican tratados internacionales”. Concluyó que es necesario analizar caso por caso los desequilibrios, los contextos y no generalizar. “Hoy está de moda combatir el huachicoleo, que todos se vayan a la cárcel y no te paras a pensar que puede haber gente que es inocente y no tenía por qué estar ahí”, como le sucedió a María.
Defensora del FPDT es amenazada formaba parte del proyecto del nuevo aeropuerto, cancelado en octubre pasado por Andrés Manuel López Obrador. Ella junto con otros ejidatarios se ha negado a ceder su terreno para la construcción de una autopista, una defensa que le ha valido ser hostigada, presuntamente por la empresa que ha comprado las tierras y la cual tiene proyectado entregar la autopista terminada este año. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero han denunciado que Nieves ha sido blanco de amenazas para dejar su casa. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2018 alertó sobre la presencia de trabajadores frente al hogar de la defensora. Días después, el 13 de noviembre, el FPDT y el Zeferino Ladrillero denunciaron las amenazas de muerte
recibidas contra su compañera Nieves. Denunciaron además que cuando comenzó el proyecto de construcción se quedó sin agua ni luz porque al parecer los servicios fueron cortados a propósito por la empresa. A pesar de que el presidente López Obrador canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, el hostigamiento continúa. A decir de Nieves, en abril se planea entregar la autopista terminada por lo que arreciaron las amenazas para despojarla de su patrimonio logrado con el trabajo de hace 20 años. Nieves junto con otros ejidatarios obtuvo un amparo que impide que la carretera, cuyo trazo pasa sobre su casa, continúe construyéndose, lo que al parecer no se ha respetado. Nieves aseguró que no dejará su hogar, por lo que sus compañeros del FPDT se han
organizado para hacer rondines y cuidar que no atenten contra ella o su casa. De acuerdo con un informe de la Red de Defensoras, en el periodo 20122014, México ocupó el segundo lugar de la región, después de Guatemala, por la cantidad de agresiones perpetradas contra las defensoras, en total 615. Respecto de las defensoras más agredidas, identificaron que se trata de quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; los derechos de información y libertad de expresión; y las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
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Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EXTRAÑO ENEMIGO Denise Dresser
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ndrés Manuel López Obrador usa una fórmula políticamente exitosa para gobernar. Edifica enemigos, identifica adversarios, denuesta a quienes lo cuestionan y los tilda de oposición. Son “conservadores”, buscan “poner trabas”, quieren que su gobierno fracase. Y en ese mismo saco de saboteadores ha colocado a la sociedad civil; ese extraño enemigo cuyo activismo allanó el camino para que su movimiento llegara a la Presidencia y al poder. Ese enemigo que no debería ser considerado como tal ya que suele estar asociado con demandas históricas de mayor libertad. Desde la Ilustración, pasando por Thomas Paine, Gramsci y Hegel, el concepto de “sociedad civil” denota un ámbito paralelo pero separado del Estado; un lugar donde los ciudadanos se organizan de acuerdo a sus propios intereses y deseos. En México y en el mundo, la sociedad civil –heterogénea, variopinta y plural– ha impulsado transiciones democráticas, ha promovido el cambio político y social, ha abanderado causas que los partidos ignoran. Forma parte de esfuerzos históricos para profundizar y ampliar la democracia, la cual requiere instituciones autónomas para contener el poder del Estado mismo. Y eso es lo que motiva las siguientes reflexiones en su defensa: Las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil frecuentemente parten de la necesidad de encontrar soluciones inmediatas a problemas urgentes, como lo hacen las madres del colectivo Solecito, hurgando en la tierra, en busca de sus hijos, ante el pasmo del Estado. Las OSC’s buscan incrementar el acceso de ciudadanos comunes y corrientes al proceso de tomas de decisiones, como lo hacen quienes han empujado procesos de Parlamento Abierto en el Congreso, como el colectivo #SeguridadSinGuerra. Las OSC’s pueden moldear la política pública y proveer de asesoría técnica a quienes toman decisiones como lo hacen México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad en múltiples te-
mas, como la competencia, el uso político del gasto público, la evaluación de las adjudicaciones directas y las licitaciones gubernamentales, la importancia del gobierno corporativo en Pemex y tantos más. Organizaciones de la sociedad civil retan viejas prácticas como el clientelismo y el patronazgo, ofreciendo alternativas concretas para nuevas prácticas, estrategias e instituciones, como lo ha hecho el colectivo #FiscalíaQueSirva. OSC’s construyen capital social al promover la deliberación pública de temas públicos y así ayudan a contener los abusos de poder que acompañan a sistemas políticos centralizados, o de partido hegemónico como lo hizo Alianza Cívica en los 90 al exigir elecciones limpias y justas. OSC’s transmiten información innovadora y valores que apuntalan a las sociedades democráticas, como lo hace GIRE en torno al derecho a decidir y la salud reproductiva, como lo hace Semillas al apoyar a las mujeres emprendedoras, como lo hace CIMAC al defenderlas. Suelen enfocarse en temas de interés público como medio ambiente, derechos humanos, género, defensa de minorías sexuales y étnicas, y corrupción. Fomentan la participación ciudadana y la pedagogía pública. Y sí, la sociedad civil también incluye grupos de interés que persiguen agendas propias, a veces conservadoras, a veces elitistas, a veces distanciadas de aquellos a quienes dicen representar. No incluye sólo a quienes enarbolan causas nobles y bien intencionadas. En todas partes, la sociedad civil abarca una gama de lo bueno, lo malo y lo bizarro. Las personas en cualquier sociedad plural se asocian y trabajan colectivamente para avanzar causas honorables y causas inciviles. El Frente Nacional por la Familia –homofóbico y sexista– también forma parte de la sociedad civil a la que es importante desmitificar. Las OSC’s no buscan desplazar al Ejecutivo o al Estado sino lograr que funcione mejor. El activismo social de años recientes intenta fortalecer, no minar la
capacidad del gobierno para combatir la corrupción, a través, por ejemplo, de la Ley 3de3 y el Sistema Nacional Anticorrupción. Sólo los sistemas autoritarios buscan minar a la sociedad civil a través de la atomización y el debilitamiento de la organización intermedia. En nombre de la “eliminación de la intermediación” buscan establecer el control clientelar por encima de la construcción de ciudadanía. No creen en la pluralidad sino en la singularidad. Desconfían en las conexiones comunitarias que surgen desde abajo y preferirían sustituirlas por las organizaciones corporativas creadas desde arriba. Sólo los sistemas dictatoriales se sienten amenazados por una sociedad civil pujante y vigorosa. El Estado puede y debe jugar un papel en el desarrollo de una sociedad civil saludable, vía marcos regulatorios claros, incentivos fiscales justos, procedimientos de asociación y financiamiento transparentes. Un Estado democrático puede y debe impulsar una sociedad civil democrática, y no desacreditarla sin fin como ha sucedido en México en meses recientes. La Cuarta Transformación requiere apertura a la participación, aunque sea de naturaleza crítica; requiere inclusión, aunque sea de quienes están en desacuerdo con sus métodos. Así lo escribe el filósofo Michael Walzer en “The Civil Society Argument”: la calidad de nuestra actividad económica y política está directamente relacionada con la fuerza y la vitalidad de nuestras asociaciones. Ojalá el presidente comprendiera que la sociedad civil puede y debe retar, irritar y a veces antagonizar al gobierno. Pero la sociedad civil y el Estado se necesitan, y en el mejor de los mundos, podrían caminar juntos como colaboradores, en vez de empuñar la espada como enemigos. Sólo así podremos remplazar el conformismo con el activismo, la pasividad con la participación, la obediencia con el empoderamiento. Sólo así México dejará se ser un país de clientes para convertirse en un país de ciudadanos.
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n la conferencia matutina de este martes, una joven del medio el “charro político” y estudiante de derecho cuestionó al presidente López Obrador acerca de la corrupción que existe en las universidades públicas del país. A lo cual el presidente de México dijo que la labor de limpiar de ese cáncer que tanto daño ha hecho a los mexicanos, corresponde a todos como son los sindicatos, las organizaciones sociales, civiles, empresariales, las universidades, que no haya corrupción y que prevalezca la transparencia. Pero al mismo tiempo el tabasqueño dijo ser respetuoso con las autonomías, pero ello no puedan significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques, trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier universidad gubernamental, aunque sea autónoma, al final de cuentas deben estar para servir a la comunidad no a otros intereses. Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo con las universidades, porque conviene la transparencia, sin que se interprete que es una injerencia del gobierno y una violación a la autonomía, expuso. De hecho dijo se están transfiriendo recursos a las universidades, pero hay en efecto quejas que universidades que pueden recibir más recursos, con influencia política, incluso vinculadas a partidos y las comisiones de educación en el Congreso manejadas por representantes de universidades, diputados y senadores, pero al mismo tiempo son ex rectores o integrantes de grupo que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos sus instituciones académicas. Sin embargo, aclaró que la queja es que ese dinero no se aplica bien, y para muestra citó la famosa “estafa maestra”, de ahí que los maestros de asignatura de las universidades están muy mal pagados. Es decir las universidades pueden tener más presupuesto, pero de manera lamentable, ese dinero se queda “arriba”, pues también hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de “arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco”. Finalmente el presidente López Obrador a los periodistas que asisten a la conferencia matutina les dejó tarea: investigar cuánto gana un maestro de asignatura Tiene mucha razón el presidente López Obrador, porque lo que ganan los maestros de asignatura tienen un salario del miedo, pues lo que ganan es muy poco, apenas le alcanza para medio vivir, los que más ganan son los maestros de tiempo completo, quienes tienen hasta 40 horas. Pero son horas que no laboran, sino que contratan a los famosos postureros, o interinos, a los que les pagan una miseria, sin embargo, ese es un cochupo del líder sindical, en este caso el SPAUNACH con sus alle-
CONTRAPODER EN CHIAPAS
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Corrupción generalizada en las universidades del país • Trabajadores de la UAM, piden poner fin a la huelga • La concentración del poder en AMLO
cuando fue jefe de gobierno del otros Distrito Federal, “las mañaneras”, en la que día a día se afianza y hace pedazos a sus detractores, entre ellos a los que él llama la prensa “fifi”. A través de conferencias mañaneras de prensa y sus mítines de fin de semana, López Obrador se ha adentrado en sus primeros 100 días de gobierno, en donde sus críticos pretenden hacerle competencia, pero o decepción, el peje les lleva la delantera, porque como presidente, desde muy temprano está muy enterado de la vida nacional, para luego cocinar la dosis que les ha de dar a sus detractores, que desde palacio Nacional la prensa alternativa a de difundir a través de las benditas redes sociales.
Del Montón
gados y la institución. En Chiapas, en cuestión de corrupción las universidades no cantan más las rancheras, y esperemos que hoy el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa, nos despeje la duda en esta materia y los intereses que persigue Indrá Toledo, lideresa del corrupto sindicato, al mantener empantanadas las negociones con miras a la firma del contrato colectivo de trabajo. Más de 27 días de huelga y la UAM no mejora su oferta Dice el presidente López Obrador que el dinero de las universidades se queda arriba, es decir los rectores se van cabezones. En el movimiento de huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a 27 días de haber iniciado el movimiento, siguen midiendo fuerzas. Por un lado el rector Eduardo Peñalosa Castro ha señalado que las condiciones financieras de la universidad solo permiten un ajuste adicional del 3.35 % para los trabajadores, sin embargo el movimiento insiste en redistribuir los ingresos de altos mandos. En tanto los trabajadores académicos y administrativos insisten en que las autoridades universitarias se han obstinado en no permitir una redistribución de los recursos para cumplir con sus exigencias laborales. Hasta ahora, el movimiento de trabajadores exige un aumento salarial del 20 %, junto con la retabulación del personal de medio tiempo y parcial; cese de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y atención de problemáticas internas. Para esto, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) propuso un mecanismo de redistribución el cual consiste en bajar los “altos sobresueldos de mandos altos y medios”. Dirigentes del SITUAM expusieron que junto al deterioro de sus ingresos han visto crecer los estímulos y las compensaciones de las autoridades y trabajadores de confianza.
De acuerdo con la agrupación, en el caso del rector, sus ingresos brutos ascienden a 200 mil 537 pesos, más las prestaciones por aguinaldo, prima vacacional y los días de ajuste a calendario, entre otros. La actitud del rector, Eduardo Peñalosa Castro, hasta el momento, es la misma, pues asegura que las condiciones financieras de la universidad solo permiten un incremento de 3.35 % a los trabajadores; 3 % en relación a personal administrativo de base y 4.28 % adicional en vales de despensa. Mientras son peras o son manzanas el ciclo escolar sigue y el riesgo de que los alumnos pierdan el semestre está latente, y como dice López Obrador no podemos intervenir por la autonomía universitaria, sin embargo si los recursos vienen del pueblo, al menos aquí debe prevalecer la razón y no la cerrazón.
Gobierno ascendente y absoluto de AMLO
Durante los gobiernos priistas y panistas los partidos de oposición lo que más criticaron fue precisamente la concentración del poder en el partido en el gobierno, hoy que López Obrador detenta el poder, no solo copia las formas de gobernar sino las ha superado. Lo sobresaliente del presidente en sus primeros 100 días es la creciente concentración del poder en una persona, no solo la del Poder Ejecutivo sino que este ya se metió hasta la cocina, controlando ambas cámaras legislativas. Pero eso no acaba ahí, vemos avanzar en la imposición de ministros, como la de Yasmín Esquivel Mossa elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituir a la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, por un periodo de 15 años. Y sigue la mata dando, magistrados y miembros de organismos judiciales y autónomos. Además la acción de desde muy temprano posesionarse de la agenda diaria, que el mismo inauguró
La joven mujer indígena, Francisca Flor de la Cruz Hernández, y su propia familia, señalan que fue víctima de tortura para “confesar” un crimen que no cometió: el de su sobrina, quien fue hallada muerta y con huellas de violencia sexual. Presa en el penal de San Cristóbal de Las Casas desde agosto del año pasado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que atrajo el caso, asegura que fue Pedro, el ex agente de Peña María, quien detuvo con violencia a Francisca, Blanca Amalia y a una hija de ésta. Francisca fue torturada en el trayecto a San Cristóbal y fue obligada a auto incriminarse. La integración de la Carpeta de Investigación que tiene en la cárcel a Francisca y la vinculación a proceso se debió a una confesión sacada bajo tortura. Es un relato inverosímil”. Clara Luisa, madre de Ángela, Blanca Amalia y la joven Francisca, que está presa, y abuela de la joven asesinada, dijo que nada tiene que ver su hija recluida en el penal con la muerte de su nieta, que todo fue un “invento” de Pedro y Lucio Zeferino en venganza porque su hija Ángela se separó de él y se fue a otra comunidad. Fueron Pedro y su hijo Lucio, caciques de Peña María, los que armaron todo para perjudicarnos. * * * Tras seis años y ocho meses presos, el indígena tzeltal, originario de San Juan Cancuc, Diego López Méndez, fue puesto en libertad, tras una intensa campaña nacional e internacional de sus amigos, familiares, activistas y defensores, que alegaron fue víctima de tortura para autoinculparse por un crimen que no cometió. La tarde del 18 de julio del 2012, policías ministeriales vestidos de civil detuvieron arbitrariamente a Diego López Méndez, cuando se encontraba trabajando de mesero en un restaurante de San Cristóbal de Las Casas. No le presentaron orden de aprehensión y no se identificaron. De acuerdo con el propio testimonio de Diego: los policías le pidieron seguirlos; lo subieron en una camioneta blanca, doble cabina; lo esposaron con las manos de frente, y le exigieron autoinculparse al mostrarle la foto de una persona muerta que él desconoce. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Más allá de buenas voluntades
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o dudo que Manuel Sobrino Durán, coordinador estatal de Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenga ganas de sacar al tricolor del impasse en el que se encuentra inmerso. Su lealtad a su instituto político, pese a que le han hecho el feo en varias ocasiones, es muestra fehaciente de que ante la adversidad puede ser disciplinado. Sin embargo, no se nos olvida que en 2018 convocó, en el mismo espacio, a un desayuno con un discurso muy similar. Esa vez, recuerdo, buscaba ser legislador y lo batearon gacho (veremos si ahora es diferente). Silenciaron sus aspiraciones y no se dijo más. Ahora, sus anhelos son otros. No por ello menos importantes, claro, pero sueños al fin. Hoy, al parecer, Manuel Sobrino quiere ponerse la capa de superhéroe y tratar (lo digo porque en verdad está difícil) de curar las heridas del partido al que siempre que le preguntan dice que le ha dado todo lo que es. La tarea que busca tomar va más allá de calenturas políticas y buenas voluntades, y creo lo sabe. Incluso, va más allá de tomar papeles por sueños pasados. Porque de ser así, le espera el fracaso rotundo y frío. Por eso, sólo en algo estoy de acuerdo con él y es en que tienen que construir un nuevo partido. Esta vez no se trata de costurarlo o pegarlo con diurex. Menos de hacerlo pasar por el Fénix que resurge de sus cenizas porque en todo este tiempo, en el caso del tricolor, no queda nada ya de ello. El PRI necesita reinventarse si quiere ser tomado en serio en los comicios venideros tras un pasado de abusos y corrupción que lo tienen anclado. En cuanto a los liderazgos que sean elegidos para tal tarea, éstos deben no sólo repetir como pericos que buscan ser “la mejor opción política”, un discurso trillado y sin fondo, sino tener las tablas para comen-
zar desde abajo con el trabajo de campo, rearmando los comités municipales para poder tener la estructuras que les permita caminar bien y enfrentar la maquinaria que trae Morena. Conocer la historia les ayudará a evitar repetir errores del pasado: esos que, ataviados de excesos, le han costado hoy al partido una herida de muerte que se agranda en manos de cuadros obsoletos y desacreditados como Julián Nazar y su rancia forma de hacer política. Pero sobre todo, Sobrino Durán debe entender que la visión debe partir de la nacional y con miras al futuro, a lo que viene, es decir, desde donde se forjan los cotos de poder de las aldeas. Porque como él hay otras manos arriba: como la de Willy Ochoa que posó al lado de José Narro hace unos días y que ha ocupado puestos en la dirigencia nacional. Y ojo acá porque Ochoa Gallegos conoce perfectamente la política local y la nacional, aunque hasta ahora no haya dicho hacia dónde quiere mover su brújula política, característica de él que siempre juega de ese modo. Ya veremos. ¡Aguas señores! No olviden que quedarse con una visión corta y aldeana es aspirar a ser el enano soñador al que todos terminan saltando. TODO LISTO.- Este domingo 17 de marzo, el Comité Ejecutivo Estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Chiapas tomará protesta a la una de la tarde. Según se ha informado a los medios de comunicación, el senador y líder de CATEM en el país, Pedro Miguel Haces Barba, estará en la capital chiapaneca para ratificar que en la entidad todo camine de la mano del secretario general Arbelio Cruz Galdámez y su estructura. Y todo indica, según se ve, que ahora traen torta bajo el brazo. Porque cuatro sindicatos ya han anunciado su adhesión a CATEM, lo que marca un arranque de lujo para todos ellos.
Se trata, pues, de los sindicatos del Colegio de Bachilleres (Cobach), el de confianza de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y el SITRADICH. Bien le ha hecho a CATEM en Chiapas que su brazo operador sea SICOTRACH, bajo el liderazgo de mis amigos Óscar Albores y Limberg Gordillo, y que éstos le sumen adeptos y fortalezcan este caminar de lo que es el rostro del nuevo sindicalismo: ese que busca romper con los viejos vicios del pasado. Ya estaremos documentando en la siguiente semana cómo se dieron las cosas en la toma de protesta en la que se prevé el arribo de varias personalidades, pues el fin de CATEM es el consolidar el nuevo sindicalismo como lo ha señalado en varias ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. MANJAR.- El Periódico Oficial del Estado publicó el Decreto 155 por el que se adiciona el Capítulo V denominado Delito Contra la Privación Sexual o Intimidad Corporal, al Título Décimo Segundo, Delitos Contra la Moral y la Dignidad de las Personas de Código Penal para el estado de Chiapas. Significa que a partir de mañana éste entra en vigencia. Así, todo aquel que quiera hacerse el chistosito y atente contra la intimidad o la privacidad sexual de los chiapanecos será sancionado. Las penas van de los tres a los nueve años en prisión. Buena iniciativa ésta de la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma desde el Congreso de Chiapas, a quien no tengo el gusto de conocer, pero supo mover esta pieza. #BienBajadoEseBalón // “En política son los medios los que deben justificar el fin”. Albert Camus. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Manual de Ciencia Política de Cesáreo R. Aguilera de Prat y el disco It’s Hard de The Who. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
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PROCESO EDUCATIVO EN CRISIS…
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o que en el discurso se grita y reitera, en la realidad se silencia y se hace lo contrario. Es una fórmula de simulación que en política da muy buenos resultados, pero al final, los perjudicados son los ciudadanos y en la educación los niños y jóvenes educandos. Puede ser cierta la premisa de que en México todo el sistema educativo está desfasado, arcaico y sin futuro. Que los maestros de todos los niveles tienen una mediocre preparación académica, en tanto los resultados son de regulares –en el mejor de los casos—hasta malos y pésimos. Son muchas las razones que inciden en las condiciones que privan en el proceso enseñanza-aprendizaje en los niveles básico, medio superior y superior, como son el rezago y atraso social; la pobreza media y extrema; el bajo promedio académico de los maestros, la falta de capacitación al magisterio, pero sobre todo el enfrentamiento de las autoridades educativas con las fracciones sindicales. Toda la ineficiencia e ineficacia que se produce en la educación básica y media superior, se refleja en la educación superior, a pesar de que Chiapas tiene cinco universidades públicas: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) y la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y casi quince del orden privado, que se han convertido en un negocio redondo. No hay que olvidar que Chiapas tiene además de esas cinco universidades mencionadas, tres Institutos Tecnológicos de educación superior (en Tuxtla, Tapachula y Comitán), por lo que no se entiende el bajo promedio de desarrollo económico, político y social de sus habitantes. También en estas instituciones se han tenido conflictos, inclusive de corrupción de sus autoridades. Cuatro de las universidades públicas de Chiapas han tenido que sortear –por diversos motivos— paros, plantones, tomas de las instalaciones y confrontación directa entre sus autoridades rectoras y las representaciones sindicales que exigen canonjías, conquistas académicas y económicas, sin presentar, las más de las veces, un proyecto que las justifique. Una excepción a estas vicisitudes es la Universidad Politécnica con sede en la cabecera municipal de Suchiapa. Y, mientras en unas se empiezan a calmar las aguas de la confrontación como ha sucedido en sus 15 años de vida académica de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), en otras se vuelven a recrudecer como ha sucedido recientemente en la Universidad de
CONTRAPODER EN CHIAPAS
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• UNACH, SOMETIDA AL DESIGNIO SINDICAL. • La Educación Superior, otro reto de RUTILIO… • Dirigentes universitarios corruptos y millonarios… • Comentarios al Margen…
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), y se está padeciendo hoy, en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) que en el transcurso de sus 44 años de fundación, ha transitado por innumerables conflictos, deteniendo su desarrollo. Tiene mucho que ver en la degradación universitaria, la intervención de la mano oficial y el solapamiento del gobierno para la designación de su Rector en sus diversas etapas, así como la complicidad en la elección y sostenimiento de dirigentes de los sindicatos universitarios como los de la UNACH, donde el de “Trabajadores Administrativos” (STAUNACH) y de “Personal Académico” (SPAUNACH), se disputan el derecho de asignación de plazas, --que solo le corresponden a la autoridad de Rectoría-- y su porción del presupuesto que ha convertido a sus dirigentes en millonarios como el caso de ARIOSTO DE LOS SANTOS, por mencionar solo uno. Esta mira de “conquista sindical” que el Sindicato de Personal Académico de la UNACH “pelea a muerte”y que su Secretaria General ÍNDRA TOLEDO COUTIÑO se enfrenta por esa parte del botín al Rector CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA, es un inciso del Contrato Colectivo de Trabajo que se firmó al margen de la ley y por mediación del poder estatal y la impotencia de la rectoría en su momento. Todos esos puntos convergen en la disputa de otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que exige para el sindicato la facultad de asignar plazas a discreción, realizar y autorizar las cadenas de cambio de adscripción y su tajada del presupuesto destinado a los procesos educativos, en todas sus áreas. Ante esos retos de “ponderar los valores académicos”; el otorgamiento y recategorización de
plazas “que deben apegarse a criterios universitarios, fuera de actos discrecionales, sino en el marco de la transparencia y los indicadores establecidos”, como señalan en carta abierta un grupo de maestros investigadores de la UNACH, el rector CARLOS NATARÉN debe enfrentar con aplomo y la ley en la mano, a quienes le enfrentan y quieren seguir lucrando con los recursos económico, humanos y materiales de la Universidad como las huestes que lidera ÍNDRA TOLEDO COUTIÑO. Quedan pendientes las precisiones de parte del rector CARLOS NATARÉN NANDAYAPA y en su caso de la Secretaria General del SPAUNACH ÍNDIRA TOLEDO COUTIÑO para conocer a fondo cuales son las demandas y propuesta de cada una de las partes…
MARGARITA LUNA RAMOS AL TSJCHIAPAS?…
Ayer fue nombrada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la doctora YASMÍN ESQUIVEL MOSSA en sustitución de la chiapaneca, MARGARITA LUNA RAMOS, lo que parece el inicio del fin, del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS. Digo que es un mal presagio porque desde el inicio de este gobierno guinda de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS se menciona a la doctora MARGARITA LUNA RAMOS como la próxima titular del Poder Judicial del Estado de Chiapas y hoy que ya está en vías de entregar sus bártulos de la SCJN como Ministra, solo se espera que se confirme el dicho. Desde la toma de posesión de RUTILIO ESCANDÓN a la gubernatura de Chiapas, se soltó el rumor que PEDRO RAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ, actual Magistrado de la Sala en San Cristóbal de las
Casas, sería el sustituto de TRINIDAD PALACIOS, aunque también en el tintero estaba el nombre del Magistrado Constitucional del TSJE, JOSÉ MANUEL MANTECÓN VÁZQUEZ, relevo que no se consumó. Ahora vuelve a saltar al escenario aldeano el nombre de la doctora MARGARITA LUNA RAMOS, al término de su ejercicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que será entre los meses de abril o mayo cuando se lleve a cabo el cambio de Magistrado Presidente del STJE. La verdad que sería un gran acierto del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, el que doña MARGARITA LUNA RAMOS aceptara y asumiera está responsabilidad, pues tanta falta le hace a Chiapas tener un administrador de la justicia a la altura de ella. Queda pendiente la confirmación del caso, porque hasta hoy, todavía es pura conjeturas…
COMENTARIOS AL MARGEN… CHAIROS INSOLENTES, INTOLERANTES…
Nadie me dejará mentir en mi aseveración de que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha sido insolente –en muchos momentos—e intolerante desde siempre. Lo digo con convicción y agrego que, no estoy en su contra y tampoco soy su crítico habitual; por el contrario, quiero que le vaya muy bien, porque así nos irá mejor a todos los mexicanos. Pero ya no se puede tolerar a los “chairos” que en una defensa oficiosa no soportan que haya voces contrarias a los puntos de vista de su “Mesías” y de ellos mismos, sus feligreses. Tampoco quieren que veamos de otra manera las acciones de gobierno, como ellos las ven. Y si contradecimos a San ANDRÉS MANUEL, se nos vienen encima, nos insultan; nos descalifican y califican de “chayoteros”, parte de la “mafia del poder”, ligados al PRIAN y hasta nos preguntan “que hizo o hicieron los otros gobierno y presidentes como ENRIQUE PEÑA NIETO”, cuando eso no está en la discusión. El Presidente LÓPEZ OBRADOR ha dividido a los mexicanos y ha puesto en tela de juicio a la sociedad civil y a las organizaciones “las ha cortado con el mismo machete a todas”. De la misma manera los feligreses“chairos” se hacen pasar por los “inmaculados”, únicos honestos y no permiten una sola crítica al nuevo sistema que revivió el presidencialismo virreinal, el poder omnipotente y omnipresente de un “encantador de serpientes”. Pero ni aun así, dejaré de señalar lo que no me parece de este gobierno “neo-priísta” –en sus mejores tiempos—y la vuelta al centralismo, la soberbia y el avasallamiento. Queda para la reflexión… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez
¿Cien días tras décadas de corrupción?
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e tratado por razones obvias, procurar como debe ser, escuchar todas las voces que antes, durante y después del mensaje de los “Cien días de gobierno de la 4T” que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hizo a la nación en poco más de una hora en apretado balance, de los avances que durante este periodo –corto- de gobierno, se han alcanzado no sin marcadas reticencias como estruendosas resistencias, reconoce, pero que se están traduciendo en acciones reales y medibles conforme a las propuestas hechas durante la campaña y que muchas de éstas, se han empezado a ejecutar y dan fe del cumplimento de los compromisos ofertados. Y ahí están aspectos tan preponderantes como el combate a la corrupción columna vertebral de su estrategia para crecer económicamente; más aún, para lograr el desarrollo con equidad basado en una mejor distribución de la riqueza. Aspectos como el combate al “huachicol” que mermaban el erario federal hasta por 65 mil millones de pesos anuales, de seguir con los resultados obtenidos hasta hoy nos dice, se lograrían recuperar hasta 50 mil millones al contener este delito que se sumarían a otros cientos de miles de millones que este gobierno tiene presupuestados, para programas tan sensibles como la generación de empleos a través del programa “construyendo el futuro” aunque incipiente, espera beneficiar a millones de los llamados “ninis” (que ni estudian ni trabajan) con un apoyo mensual de 3600 pesos mensuales para que se capaciten al menos durante un año, que servirán para capacitarse en alguna empresa, comercio o prestación de servicios. Pero no es la enumeración de programas a lo que quiero referirme al menos no en esta entrega. Trato sí, de entender el contexto en el que el presidente de la república el pasado lunes, hizo notar en su informe y que para nadie puede quedar duda que de acuerdo a lo comprometido en su proyecto de nación, sobre todo en congruencia a lo ofertado insisto con una oposición abierta como encubierta desde distintos flancos, ha preferido incomodar a ciertos grupos de interés y sin cejar mucho menos claudicar en sus convicciones, cada mañana informa, enfrenta y confronta a la opinión pública con el único propósito de hacer
menos al final de su sexenio y no a cien días, el paradigma de un país corrupto per sé como el nuestro se rompa y contribuyamos todos a construir un país más limpio de corrupción. Alguna vez nuestros hijos y los hijos de ellos, quizá, lo valorarán y juzgarán. Así pues: ¿Cien días tras de décadas de corrupción? Me queda claro.
Ya de salida
vigente el mejor instrumento de la democracias que es, insiste cada mañana, la transparencia. Incluso y lo provoca, el debate de ideas. No ha sido fácil traspasar los umbrales informativos antes opacos y la mayoría de las veces inexistentes, que aunque suele el presidente al calor y fragor de los cuestionamientos –estimo- responde más con pasión que razón, equivocándose pero también y le reconocen, ha sabido aceptar su premura en el análisis e incluso recular sobre de una decisión ya tomada. Ensayo de acierto y error. No, no ha sido fácil y él más que nadie lo sabe en un México convulso atrapado per sé en las redes de la corrupción. No sé tú, cómo dice una canción de don Armando Manzanero, pero con todos los riesgos y si quieren excesos de protagonismo presidencial, me quedo ¡y lo firmo! con esta nueva forma de gobernar que se basa, imperiosamente, en la obligación de un gobierno a informar, transparentar, consultar y hasta debatir, frente a la opacidad que como gobiernos anteriores y sin importar su signo político, con desprecio solían tratar a los mexicanos como si fueran retrasados metales o si las decisiones gubernamentales, correspondiera sólo a políticos por cierto, pertenecientes a una clase apátrida y depredadora como las vividas. Así entonces millones de mexicanos y mexicanas debían aguantar callados y de rodillas ante lo que hacían y decidían. Un verdadero dogma de fe; siempre callados y sumisos. Avasallados. Cierto, la cancelación de privilegios ha alcanzado a todos y he de ahí la inconformidad de contras pero igual de “cuarterones” de la 4T. Por ello y lo refería al inicio de este periplo, muchas horas hom-
bre y muchas horas nalgas se han invertido en el sesudo análisis de los aciertos y yerros de la gestión de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel. No soslayo ni minimizo por supuesto, que muchas voces de académicos e intelectuales no le compren todo lo propuesto por el presidente. Sin duda les cabe cierta razón. Pero cabe considerar, que señalar solo los dislates de lenguaje y quizás semánticos del presidente y ciertamente de pausado andar…de la palabra, no pueden ser por sí mismos, suficientes argumentos para descartar el fondo y contenido de las palabras mismas; de los conceptos mucho menos de la intención intrínseca y los alcances de las acciones. Si a estas alturas del inicial proyecto del cambio los inconformes y críticos no pueden o no quieren alcanzar a reconocer que México hoy es otro, tendrán que argumentar e incluso confrontar con más inteligencia y argumentos el por qué, a cien días de gobierno, no están de acuerdo o no alcanzan a comprender que la corrupción y lo suscribo, ha sido históricamente el elemento y variable que ha gravitado para que México y los muchos méxicos existentes, haya generado tanta desigualdad y tanta miseria que como en Chiapas, el 80 por ciento de sus más de 5 millones de habitantes estén viviendo en condiciones de miseria. Y aclaro, yo tampoco le compro todo a don Andrés Manuel, empero en un balance de sumas y restas, me quedo con el que un México de desigualdades históricas, empieza a aspirar partiendo de la base imperceptible base si considera, de que si el que manda no es corrupto, hago votos y elevo una oración para que lo planteado por el presidente, de
Los demonios andan sueltos y sí. Aún no acabamos de reponernos en México y por supuesto en Chiapas, del halo de corrupción que cubrió la administración pública federal y estatal pasadas. Pero la que corresponde a tema local y ya sabemos y lo he sostenido, pensar en actos de justicia que resarzan el grave daño cometido por lo menos la inmediata anterior, mejor nos sentemos porque eso jamás ocurrirá. Partiendo de esa premisa, dolorosa sin duda, entonces habrá que empezar a mirar hacia delante y proponerse como gobierno, que esa historia de corrupción e impunidad jamás ha de repetirse. Luego entonces, habrá que empezar a construir el andamiaje institucional que dé garantías de un ejercicio eficaz y honesto de los recursos a ejercer que para este año, se ha publicado de manera global, asciende a la nada despreciable cantidad de 91 mil millones pesos!!. Por ello mismo y ya lo he comentado, se hace imprescindible como obligado que el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, en una reunión que mucho se le reconocería, en un pleno gubernamental y con presencia de medios, nos comparta con mayor detalle cuánto, cuándo y porqué conceptos el presupuesto se va a ejercer en el 2019. Cuánto y cómo llegará a millones de chiapanecos del campo y la ciudad. La verdad se le gradecería igualmente nos diga en síntesis, cuál es su plan y sus proyectos amén de los mecanismos de seguimiento y control que su gobierno ejercerá para el honesto ejercicio de los recursos. Conste que ya cambié el discurso de aplicación de justicia por hechos del pasado, por una rendición de cuentas y transparencia sobre lo que habrá de ocurrir a partir del ejercicio de este gobierno. Así pues, con mucho respeto como dice el propio presidente, ahí está una respetuosa petición que considero, mucho abonará a la percepción y transparencia del propio gobierno. De nada ¡he dicho!…// ¡Me queda claro! Salu2
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 13 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1590
SOLICITUD
DEMANDA
Se amparan en colectivo estancias infantiles en Morelos
Activistas exigen frenar la ola de invasiones en Cañón del Sumidero
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INFORME
La CNDH da estatus de “desaparecidos” a los 22 supuestos migrantes
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ACCIONES
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MENSAJE
AMLO advierte que delatará a jueces que faciliten liberación de delincuentes
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Crece Movimiento Contra la Delincuencia “Vecinos Unidos” en Tapachula De manera informada, organizada y sin caer en violación de los Derechos Humanos, el movimiento “Vecinos Unidos” hace frente a las manifestaciones delictivas que existen en Tapachula, lo que ha permitido que este modelo ciudadano sea adoptado en varias colonias de esta ciudad.
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Exhiben a 10 empresas que acapararon el 80% del gasto en medicamentos durante sexenio peñista