CMAN
DOXA
EDITORIAL
Los militares en las comunidades indígenas
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El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado. La obligación del Estado es la de erradicar la violencia en los municipios en donde prevalecen grupos paramilitares
La cancelación del programa amanecer por el congreso local, puede estar violando el principio de progresividad en derechos humanos. Lo que significa que se estarían violando derechos a los adultos mayores. El acuerdo no está fundado y un recurso revocaría esa decisión alevosa.
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EN CHIAPAS
Sábado 26 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1555
EXIGENCIA
La CNDH atrae investigación por hechos de violencia en Amatán, Chiapas
De igual manera, anunció que buscará determinar posibles violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, y solicitó a la Fiscalía General de la República que considere la atracción del caso, que por su naturaleza y gravedad incidió en la opinión pública nacional
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Marcharan organizaciones el domingo, pedirán juicio político
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MOVIMIENTO
Se instala la primera Asamblea Estatal Democrática de la CNTE en 2019
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Sánchez Cordero presentará en breve terna para Inmujeres a López Obrador
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HOY ESCRIBEN DEBATE PÚBLICO Y GUARDIA NACIONAL John M. Ackerman
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TIEMBLA LA MAQUILA Arturo Rodríguez García
OBRA
Fonatur diseña los procedimientos para licitar tramos del Tren Maya: Torruco
MANIFESTACIÓN
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LA DESIGUALDAD SOCIAL SEGUNDA Y ULTIMA PARTE Argentina Casanova
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EMPRESAS COLUDIDAS EN EL ROBO DE COMBUSTIBLES Jorge Carrasco Araizaga
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS LÍMITES Mauro González Luna PAG. 4
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Sábado 26 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Los militares en las comunidades indígenas
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l gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado. La obligación del Estado es la de erradicar la violencia en los municipios en donde prevalecen grupos paramilitares, pero la decisión que tomó fue la de militarizar la zona, como si los militares inhibieran la violencia o como si la paz se construyera por decreto. La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que mejore las condiciones de vida de la población y que disminuya el rencor, la discriminación, la ignorancia, el dogmatismo, la marginación y la impunidad. Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz. Por ello la decisión de militarizar con patrullajes como una forma de evitar las agresiones paramilitares
en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán sólo genera el retorno a las condiciones de antes del año 2000, en el que existían retenes militares y que fueron retirados por el gobierno de Vicente Fox. Con la acción del patrullaje militar en Aldama , Chenalhó y Chalchihuitán, resulta claro que el gobierno de Rutilio Escandón no entiende la diferencia que existe entre la razón de la fuerza y la fuerza de la razón y no entiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en las comunidades indígenas. El gobernador, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando en estas comunidades el derecho de vivir en paz y pone en entredicho el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades. Chiapas se encuentra al margen de la importante discusión que se está dando en el centro del país sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional. Aquí no existe el interés de investigar sobre la verdad de los hechos violentos y el que se haga justicia, se sanciones a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establez-
can mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria. Tal parece que la lógica en el gobierno de Chiapas es mantener la violencia o peor aún, impulsar la pacificación de las comunidades con el uso de la fuerza y el patrullaje militar. El gobernador Rutilio Escandón requiere que alguien le explique que el gobierno chiapaneco tiene dos medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una por los desplazados de Chenalhó, que interpuso el defensor de derechos humanos Diego Cadenas y otra por los desplazados de Chalchihuitán que interpuso el Frayba. A su vez tiene dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; una por los hechos de violencia en Chenalhó y la otra por los hechos de violencia de Chalchihuitán. Con estas disposiciones, el gobernador está obligado a establecer mecanismos de prevención para que no se repitan hechos de violencia en la zona, pues de suscitarse él sería la autoridad responsable por acción y omisión y compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.
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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación del caso de violencia en Amatán, donde perdieron la vida los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez. De igual manera, anunció que buscará determinar posibles violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, y solicitó a la Fiscalía General de la República que considere la atracción del caso, que por su naturaleza y gravedad incidió en la opinión pública nacional. Tras condenar el doble crimen y expresar sus condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas, destacó que dará seguimiento a la implementación de las medidas cautelares solicitadas. El organismo exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, profesional y efectiva que permita dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y que reciban el castigo que en derecho corresponde. Asimismo, expresó su preocupación por los actos de violencia y agresiones que sufrieron diversos pobladores del municipio de Amatán, y alertó sobre la posibilidad de que haya una nueva transgresión de sus derechos humanos a la integridad, seguridad personal y a la vida, por la inseguridad prevaleciente en la localidad. De acuerdo con la CNDH, el pasado jueves 17 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) presentó una queja porque ese mismo día un grupo “paramilitar” irrumpió en la presidencia municipal de Amatán, realizó disparos de arma de fuego y agredió físicamente a diversas personas, además de que privó de la libertad a los defensores de derechos humanos cuyos cadáveres fueron encontrados dos días después con huellas de tortura. Manifestó que desde el momento en que la CNDH conoció tales hechos, solicitó a la Subsecretaría de
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La CNDH atrae investigación por hechos de violencia en Amatán, Chiapas De igual manera, anunció que buscará determinar posibles violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, y solicitó a la Fiscalía General de la República que considere la atracción del caso, que por su naturaleza y gravedad incidió en la opinión pública nacional
Derechos Humanos, Población y Migración, a la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal y a la Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas, la implementación de las referidas medidas cautelares, tendentes a garantizar y salvaguardar la integridad física de los pobladores de Amatán, así como la búsqueda y localización de las víctimas. Personal de la CNDH realiza diversas actuaciones para allegarse de elementos e información que permitan integrar debidamente el caso, y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda, abundó. Por separado, la CNPA-MN y el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC) dieron a conocer que en Amatán se ha agudizado la violencia a raíz del ataque paramilitar y policiaco contra el plantón
pacífico que mantenían integrantes de ese movimiento en la localidad. En conferencia de prensa, el abogado Leonel Rivero y el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, pidieron a los organismos defensores de derechos humanos que intervengan “para resolver el conflicto social por la vía del diálogo”. Señalaron que, a pesar de la agresión paramilitar-policiaca –el pasado jueves 17–, los gobiernos estatal y federal siguen sin establecer medidas efectivas de protección para activistas y dirigentes visibles del movimiento, y hay más personas que han sido amenazadas de muerte durante y después de la agresión armada. “Lo peor de todo es que el gobierno federal, al cual le hemos exigido su intervención para resolver este conflicto, sigue minimizando el problema, pues desde los fatales acontecimientos la Secretaría de Go-
bernación Federal no ha establecido una reunión (…)”, manifestaron en conferencia de prensa. Asimismo, señalaron que es falso que haya diálogo con la organización a la que pertenecían los agraviados (CNPA-MN), como lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su visita a Chiapas el pasado miércoles 23. Tanto el gobierno estatal como el federal “siguen encubriendo de esa manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar, así como a los posibles autores intelectuales de la agresión armada, que son Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar”, subrayaron. Rivero y Gutiérrez resaltaron que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante los hechos, darle una salida pacífica al problema, resarcir los daños causados y contribuir a reestablecer el tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán. En ese sentido, demandaron el desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, y que se reconozca el Consejo Indígena y Popular de Amatán. “Pero sobre todo que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”.
Marcharan organizaciones el domingo, pedirán juicio político A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Diversas organizaciones civiles del estado de Chiapas, se manifestarán el próximo domingo en la capital chiapaneca en solidaridad y apoyo a las acciones emprendidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López obrador y para exigir rendición de cuentas así como un juicio político en contra del ex gobernador sustituto, Manuel Velasco Coello. En conferencia de prensa, Ramón Martínez Ramírez, presidente de la Red Magisterial Campesina, Social y
Popular de Chiapas, explicó que para el próximo domingo alrededor de 13 organizaciones estarán marchando del Parque Bicentenario a Palacio de Gobierno. “Una actividad que está convocada a nivel nacional y que nosotros pensamos llevarla a cabo aquí en el estado de Chiapas para el día 27 de enero, que es una marcha que partirá del Parque Bicentenario aquí al Zócalo central de Tuxtla Gutiérrez, donde culminaremos con un mitin para dar a conocer nuestro posicionamiento en favor de Andrés Manuel López Obrador”, detalló. A lo anterior, puntualizó que el
mitin político estará conformado principalmente por organizaciones campesinas y maestros de la Sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Asimismo, mencionó que estarán exigiendo juicio político en contra de ex funcionarios que no rindieron cuentas, esto sin mencionar ningún nombre y cargo. “Estaremos exigiendo también la rendición de cuentas y el juicio político para aquellos que han saqueado y han robado tanto al estado; tenemos una relación de todos los que se considera que han participado en este enorme saqueo que ha sufrido
el estado de Chiapas, y que se dará a conocer en el mitin del día 27 de enero”, puntualizó. Al preguntarle sobre la marcha y sus reacciones de la población, aseguró que está no afectará el tránsito, ni a la ciudadanía ya que el día domingo es tranquilo.
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Fonatur diseña los procedimientos para licitar tramos del Tren Maya: Torruco Alejandro Gutiérrez Madrid, España (apro)
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l secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, se reunió con empresarios e inversionistas españoles interesados en participar en la construcción del Tren Maya, a quienes les dio a conocer los pormenores del proyecto y les informó que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) diseña los procedimientos para en breve lanzar la licitación de los diferentes tramos de los mil 525 kilómetros que abarca y del material rodante, explicó en entrevista a Apro. Y lo hizo a unos días de que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, viaje a México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, con una agenda de trabajo en la que se incluye el pleno respaldo español a la política de infraestructuras del nuevo gobierno. –¿Cree que la visita del presidente Sánchez signifique un relanzamiento de las relaciones con el nuevo gobierno de López Obrador? –Así es, es muy satisfactorio porque España es un país hermano y con muchos vínculos. De hecho, el rey Felipe VI asistió a la toma de posesión y fue el primer jefe de Estado al que recibió el presidente de México. Y que ahora el presidente del gobierno español viaje a nuestro país es un sinónimo de solidaridad y de estrechar las relaciones entre los dos países. El secretario Torruco, sin embargo, señala que su agenda en España estuvo marcada por su participación en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) 2019, en la que la habló de que la nueva política en su ramo, busca “que haya una nueva cara del modelo turístico, que el turismo sea una herramienta de reconciliación social y darle más beneficios a la población local”. Y como una columna central del plan, explicó, es el desarrollo y puesta en marcha del Tren Maya, el cual, explicó, no provocará ningún perjuicio ambiental, ni de flora ni de fauna, esto ante las críticas por el eventual perjuicio que provocará la mayor obra de infraestructura del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Continuó: “De los más de mil 500 kilómetros que se prevén, existen tramos donde ya existe el derecho de vía tanto del trazado ferroviario antiguo, de carretera y por donde se ubican las torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. “Por ejemplo, ya existe derecho de vía desde Palenque a Escárcega, en Campeche, Yucatán, Chichen Itzá y Valladolid, donde no hay árboles; asimismo, desde Cancún hasta Bacalar no se depredará nada”, dijo. De hecho, una de las licitaciones será el contrato para el trazo y diseño del tramo que va de Escárcega a Cancún, donde no existe vía férrea ni
El secretario Torruco, sin embargo, señala que su agenda en España estuvo marcada por su participación en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) 2019, en la que la habló de que la nueva política en su ramo, busca “que haya una nueva cara del modelo turístico, que el turismo sea una herramienta de reconciliación social y darle más beneficios a la población local”
derecho de vía. Explicó que el derecho de vía de la CFE corre por la selva, por lo cual no habrá tala adicional a la ya existente por donde pasan las torres de la compañía. “Pero también debemos tener en cuenta el programa del presidente para reforestar con un millón de árboles tanto maderables como frutales en varios estados del país”, dijo. “El tren constituirá el máximo modelo de integración regional, será un hito en materia turística del sexenio”, explicó al corresponsal, tal y como lo compartió con los empresarios españoles con los que se reunió. Sobre la parte técnica de la obra, recordó que ya existen 600 o 700 kilómetros de vía férrea que operó en el pasado, sin embargo, en las licitaciones se prevé que esos durmientes sean modernizados para utilizar la nueva tecnología y las especificaciones que requiere un tren más rápido, que circulará a 140 o 150 kilómetros por hora. Este tren tendrá un costo de 150 mil a 160 mil millones de pesos, del cual el 20 por ciento será financiado por el Estado mexicano y el restante 80 por ciento provendrá del financiamiento privado y operará mediante concesiones. Comentó que la licitación será lanzada por Nacional Financiera (Nafin) en su calidad de fiduciaria de Fonatur, que tiene enteramente a su cargo el desarrollo del Tren Maya. “Nosotros como cabeza del sector estamos previendo los sectores por donde va a pasar para que se integre mejor el producto y se ponga la inversión”, señaló. La obra está proyectada para ser construida en cuatro años para su entrada en operación. El secretario Torruco dijo que
existen estudios sobre la viabilidad de la obra basada en el análisis de flujos de cada región del turismo nacional y extranjero, y la tendencia de incremento. “Eso nos da un cálculo de beneficiara un promedio de 3 millones de turistas adicionales a los que capta la región”, explicó durante la entrevista. Comentó que la instrucción del presidente López Obrador es que la puesta en marcha del tren también se traduzca en beneficios para las poblaciones de la región, por eso, una de las intenciones es que el propio tren pueda ser utilizado por todos los empleados del sector turístico de la zona. “Hemos estado hablando con líderes empresariales y hoteleros y están de acuerdo en apoyar en el precio del transporte para los empleados, porque es una injusticia que un empleado para llegar a su trabajo tenga que hacer un trayecto de dos horas o dos horas y media de ida o de regreso”. Por otro lado, también se busca que se creen nuevos empleos y se promueva el trabajo de los artesanos de esta región. “Para eso, las terminales del tren también tendrán sus hoteles, tiendas, bazar artesanal para beneficiar a los artesanos, será en apoyo a la población local, para que por primera vez se den esos beneficios y quitemos esos grandes contrastes de esos paraísos turísticos conviviendo con esos infiernos de marginación”. En defensa del modelo que traerá el tren maya, Torruco explicó que en otros países se están explotando estos modelos de tren regional, como sucede en España con el tren cantábrico o en Rusia con el tren que hace el recorrido por todas las ciudades del reinado de los zares, que son muy exitosos y que atraen a turismo de alto poder adquisitivo, modelo que
beneficia a las regiones. Relató que aparte de hablar en España de esta obra de grandes dimensiones, se reunió con una decena de empresarios del sector turismo para seguir fomentando la inversión en México. “En esta visita se han acercado empresas que se dedican al negocio ferroviario y les he explicado sobre el proceso de licitación que desarrolla Fonatur”. El funcionario tuvo una cena con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y un grupo de empresarios, donde hablaron de las expectativas en materia de turismo y firmaron un memorándum de entendimiento para estrechar el intercambio de información y experiencias en materia turística. Comentó que otro de los planes que tiene el gobierno de López Obrador es trabajar en las zonas más depauperadas, en las inmediaciones de los grandes centros turísticos de México, porque ya no se quieren grandes paraísos a un lado de zonas deprimidas. “Este plan iniciará en zonas aledañas a Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Puerto Banderas, Vallarta y Los Cabos. Es un plan piloto para dotar de drenaje, escuelas y una serie de servicios, que al año siguiente irá creciendo a otras zonas”, explicó. Por último, el secretario de Turismo consideró que no afectó a la imagen de México la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y, por el contrario, consideró que era indispensable preservar el vaso regulador de Texcoco, que es el último reducto moderador para evitar las inundaciones en la capital del país. “A mí me alegra no atentar contra el ecosistema”, sentenció.
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Piden a Carlos Morales atienda inseguridad por falta de alumbrado público en COBACH 35 y CBTIS 144
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adres de familia y alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 35 en Tuxtla Gutiérrez denunciaron un alarmante aumento de la inseguridad en la zona debido a la falta de alumbrado pública en las inmediaciones de la institución educativa que ha propiciado incremento en índice de asaltos a estudiantes. Karina Martínez, representantes de los padres de familia precisó que desde hace meses se han enviado solicitudes para que el ayuntamiento de la capital chiapaneca realice la reparación del alumbrado público sin que hasta el momento se haya recibido respuesta oportuna por parte de la administración que hoy dirige Carlos Morales Vázquez. “A través de la Dirección del plantel se han enviado reportes y solicitudes urgentes al ayuntamiento para que se restablezca el sistema de alumbrado público. Son ya varios meses desde que la situación ha estado así y no han hecho nada por reparar las luminarias”, señaló la ma-
Karina Martínez, representantes de los padres de familia precisó que desde hace meses se han enviado solicitudes para que el ayuntamiento de la capital chiapaneca realice la reparación del alumbrado público sin que hasta el momento se haya recibido respuesta oportuna por parte de la administración que hoy dirige Carlos Morales Vázquez
dre de familia. Por su parte, los estudiantes aseguraron que debido a la oscuridad de la calle principal (Avenida Capricor-
nio) se han incrementado los asaltos a alumnos del turno vespertino tanto del Cobach 35 como del CBTIS 144 que tienen que caminar por la viali-
dad para llegar a la escuela o ir a sus hogares. “Han asaltado a muchos compañeros y compañeras que estudian en el turno vespertino. Es la calle que está frente a la escuela y la única que comunica con las colonias que conectan con la Calzada al Sumidero. No hay otra forma de llegar allá y aunque a veces pasan patrullas no pueden estar todo el tiempo. Hay miedo e inseguridad, sobre todo para las compañeras.” puntualizaron los estudiantes. Finalmente hicieron un llamado al presidente municipal Carlos Morales para atender la problemática de manera inmediata y evitar que la situación pueda desencadenar una tragedia mayor.
Se instala la primera Asamblea Estatal Democrática de la CNTE en 2019 Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
AEOS toma la Secretaría del Campo para exigir solución a las demandas planteadas en 2018 Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Decenas de integrantes de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales (AEOS) tomaron las instalaciones de la Secretaría del Campo para exigir la solución a sus demandas. Los manifestantes cerraron los accesos a la dependencia, además de dejar encerrado al personal al interior. “Exigimos diálogo y solución de peticiones pendientes desde 2018, las cuales contemplan proyectos productivos, reconstrucción de escuelas, entre otras”, indicaron.
Este vienes 25 de enero se instaló formalmente la Asamblea Estatal Democrática de la CNTE en Chiapas. La dirigencia estatal dio a conocer que se cumplen 39 años de la fundación de la CNTE, por lo que se dieron cita 810 delegados para conformar la Asamblea que tiene como finalidad promover la información del movimiento magisterial y popular. “Esta Asamblea, tiene la alta responsabilidad de compartir la infor-
mación general acerca de la situación que guarda el movimiento magisterial y popular estatal y nacional, analizar la coyuntura política y la posición del gobierno encabezado por AMLOMORENA”. Así como la construcción de la construcción del Plan de Acción a corto y mediano orientado a forjar la unidad con el pueblo y la clase trabajadora y continuar la lucha por la abrogación absoluto de la mal llamada reforma educativa. “Con la presencia de los distintos referentes que forman parte del Mo-
vimiento Magisterial y Popular de Chiapas, la asamblea ratificó su decisión de continuar con la resistencia y la desobediencia contra la política educativa neoliberal, de redoblar esfuerzos para construir desde las escuelas y comunidades el Proyecto de Educación”, indicó la dirigencia de la Sección 7. Adelantaron que esta acción se replicará en todo el país y se estará dando los pormenores de los avances del modelo alternativo de educación que se planea aterrizar en los próximos meses.
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Nestora Salgado plantea citar a comparecer a Astudillo junto a víctimas de desplazamiento Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)
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a senadora Nestora Salgado García anunció que solicitará la comparecencia del gobernador Héctor Astudillo Flores para que explique los planes y programas que pretende implementar en el estado para evitar el desplazamiento forzado. “Hagamos una mesa de trabajo en la que se cite a Astudillo y que vengan las víctimas de los desplazados, que en Guerrero son muchos y en diferentes municipios, y escuchemos del propio gobernador cuál es el plan de trabajo que tiene para el estado, porque yo no he escuchado un verdadero plan”. Así lo señaló la legisladora de Morena durante su participación en el foro “Hacia una agenda de pacificación de Guerrero”, realizado ayer en el Senado, donde los asistentes –víctimas y académicos– exigieron a los gobiernos federal y estatal resolver la grave crisis de seguridad que se vive en la entidad y que ha generado el surgimiento de grupos de civiles armados, así como tres mil personas desplazadas por la violencia. “Siempre dicen que en Guerrero no pasa nada, pero los muertos se siguen contando todos los días, así como mujeres asesinadas. Nos toca exigir una respuesta, porque se va este gobernador y Guerrero seguirá en llamas”, lanzó la también dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, región Montaña. De igual manera, reprochó la ausencia de justicia en casos de vio-
Armando Gutiérrez Villahermosa, Tab. (apro)
El gobernador Adán Augusto López Hernández aseguró que los trámites para iniciar la construcción de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tabasco “se encuentran en orden y con plena transparencia”. Incluso, como resultado de la elaboración del proyecto se decidió modificar la ubicación de la refinería, “porque el tren principal se había calculado instalarlo en la parte izquierda del terreno, pero finalmente se ubicará en el espacio que se despalmó y quedó limpio”, apuntó. Ayer, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que multó con más de 13 millones 900 mil pesos a la compañía SC-
“Hagamos una mesa de trabajo en la que se cite a Astudillo y que vengan las víctimas de los desplazados, que en Guerrero son muchos y en diferentes municipios, y escuchemos del propio gobernador cuál es el plan de trabajo que tiene para el estado, porque yo no he escuchado un verdadero plan”
laciones graves a los derechos humanos, pese a las recomendaciones de organismos locales e internacionales. Salgado también criticó la labor del Ejército en la entidad, porque los militares –dijo– han cometido abusos contra la población civil, además de cometer violaciones sexuales contra las mujeres, y el pueblo atemorizado busca este tipo de foros para expresar lo que están viviendo en sus comunidades.
En su oportunidad, Julián Cortés Flores, coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), planteó la necesidad de cancelar la modificación constitucional elaborada por el gobernador Héctor Astudillo y aprobada por la pasada LXI legislatura local, para eliminar el reconocimiento del gobierno estatal a la “policía comunitaria”.
El líder comunitario recordó que, en octubre de 2018, con el respaldo del ayuntamiento de Malinaltepec y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la organización interpuso dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que diputados de Morena tramitaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la determinación del Poder Legislativo y del Ejecutivo local.
“En orden y con plena transparencia”, trámites para construir refinería en Tabasco: López CA por desmontar el predio donde se construirá la nueva refinería de Pemex, en el puerto Dos Bocas del municipio de Paraíso. Por otra parte, el gobernador Adán Augusto inauguró hoy la décima gasolinera del “Grupo DG” que encabeza el exgobernador priista del estado de Quintana Roo, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, empresario hotelero, inmobiliario, automotriz y ganadero. Nueve estaciones de servicio se ubican en esta capital y sus alrededores, y una en el municipio de Paraíso, en sociedad con el consorcio británico “BP-México”.
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De la redacción Ciudad de México (apro)
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n supuesto plan del In s t i t u t o Na c i o n a l Electoral (INE) para postergar el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrentó al Instituto y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. La disputa inició luego de que Bogart Montiel Reyna, director ejecutivo de Administración del INE, dijo al diario Reforma que, para solventar el recorte de 950 millones de pesos que la Cámara de Diputados le impuso al INE, la Comisión de Presupuesto aprobó postergar el pago a la SHCP de 761 millones de pesos por concepto de ISR de julio a diciembre. De acuerdo con el funcionario, esos recursos servirían para la organización de las elecciones programadas para este año en Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo. Montiel Reyna aclaró al mismo medio que la propuesta todavía debía ser ratificada por el Consejo General del INE, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, la Procuraduría Fiscal de la Federación emitió un comunicado en el que advierte al INE “y a los partidos políticos que apoyan tal medida” que “suspender” el pago del ISR “viola las disposiciones legales tributarias incurriendo inclusive en conductas delictivas de defraudación fiscal previstas por el
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Chocan INE y Procuraduría Fiscal por supuesto plan para retener el pago de ISR De acuerdo con el funcionario, esos recursos servirían para la organización de las elecciones programadas para este año en Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo
Código Fiscal de la Federación”. “Ignoran con tal planteamiento la obligación Constitucional de contribuir al gasto público, bajo el argumento de operatividad, anteponiéndolo al mandato previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna”, dijo la Procuraduría Fiscal, y advierte que se mantendrá atenta “al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, y procederá conforma a dichas facultades en
caso de su incumplimiento”. Al respecto, el INE emitió su propio comunicado en el que precisa que, en el acuerdo por el que modificó su presupuesto tras el recorte de la Cámara de Diputados, “no hay una sola disposición que implique que el INE vaya a dejar de cumplir con alguna de sus obligaciones fiscales”. También le recuerda a la Procuraduría Fiscal que “las decisiones del INE son las que aprueban sus
órganos de dirección, en este caso el Consejo General, no las versiones de la prensa”. El 23 de enero, el Consejo General modificó su presupuesto para 2019 para adaptarlo al recorte de 950 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados. Para subsanar ese monto, el INE acordó reducir en 330.8 millones cancelando actividades y disminuyendo partidas. El resto, 619.2 millones de pesos, “equivalentes al presupuesto requerido para realizar el trabajo de campo en las cinco elecciones locales ordinarias a celebrarse en 2019”, se tomarán de recortes al capítulo 1000, de servicios personales del Instituto, agrega el comunicado. Además, el INE recordó que pidió al Secretario Ejecutivo que solicite una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los 619.2 millones de pesos.
INE: 52 organizaciones buscan convertirse en partido político De la redacción Ciudad de México (apro)
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, hasta las 13 horas de este viernes 25 de enero, 52 organizaciones le habían notificado sus intenciones de convertirse en partido político. En un comunicado, el INE recordó que su Consejo General estableció que las organizaciones interesadas en convertirse en un partido político deben notificar su intención entre el 7 y el 31 de enero. La notificación al INE es apenas el primer paso que deben seguir las organizaciones para convertirse en partido. Entre los siguientes requisitos está presentar su declaración de principios, programa de acción y estatutos. En el caso de partidos políticos nacionales, deben contar con tres mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien, tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata
anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. En el acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a partido quedó establecido que el 0.26 por ciento del padrón electoral equivale a 233 mil 945 electores. En un comunicado, el INE reveló los nombres de las 52 organizaciones que comenzaron el trámite para convertirse en partido: 1. Esquema X México, A. C. 2. Pacto Tabasco, A. C. 3. Demócratas 4. Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la Sociedad, A. C. 5. Partido Ciudadano Independiente 6. Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana 7. Convicción Mexicana por la Democracia, APN 8. Organización Promotora del Partido Liberal de México 9. Organización de Ciudadanos Federalista Vanguardista 10. Expresión Liberal Democrática, APN 11. Frente Nacional 12. Todos Somos Uno 13. Demócrata 14. Frente Nacional Socialista Institucional Mexicano, A.C. 15. Pueblo Republicano Colosista 16. Asociación Política México Nue-
vo, A. C. 17. Práxis Democrática, APN 18. Unión Nacional Sinarquista, APN 19. Voz y Fuerza Indígena de México, A. C. 20. Realidades, Poder Ciudadano, Democracia Real 21. Tres por México 22. Trascendencia 23. Redes Sociales Progresistas, A. C. 24. Movimiento Democrático Independiente, A. C. 25. Plus Pacto por la Libertad y la Unidad Social, A.C. 26. Nuevo Pacto Social 27. Reconciliándonos México Renace, A.C. 28. Asociación Nacional por la Defensa de los Derechos Político Electorales, APN 29. Movimiento Ambientalista Social por México, A. C. 30. Gubernatura Indígena Nacional, A. C. 31. Libertad y Responsabilidad Democrática, A. C. 32. Vamos Juntos, APN 33. Alianza Popular del Campo y la Ciudad, APN 34. Fundación Alternativa, APN 35. Gente Humanista, A. C. 36. Mexicanos Libres e Independientes
37. Fomento del Sentido Común para el Desarrollo, A. C. 38. Proyecto Nacional por y para México, A. C. 39. Fuerza Social por México 40. México Adelante, APN 41. Movimiento Imperialista 42. Alianza Mexicana Alternativa, APN 43. Movimiento Vanguardista Social (VAS) 44. Plan de las Tradiciones por México, A. C. 45. Organismo Nacional en Movimiento para la Riqueza Indígena, A. C. 46. México Blanco, APN 47. Nosotros 48. Migrantes por la Paz 49. Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APN 50. Vanguardista Progresista 51. Somos México 52. Plataforma Independiente Nueva República, A. C.
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Trump implementa su plan “Quédate en México” para solicitantes de asilo Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
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n las próximas horas entrará en vigor el plan de la administración de Donald Trump conocido como “Quédate en México”: las autoridades estadunidenses devolverán a México -en la garita de Tijuana-, a un grupo de 20 personas originarias de distintos países de Centroamérica que pidieron asilo en Estados Unidos para que permanezcan en el país hasta que llegue la fecha de su audiencia ante un juez migratorio. Ayer, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció el arranque de lo que llamó -de manera cínica- “Protocolos de Protección a Migrantes”, que establecen la devolución de solicitantes de asilo a México, con el objetivo anunciado de “desincentivar a los individuos de intentar una entrada ilegal y de hacer falsas declaraciones para permanecer en Estados Unidos (…) en su lugar, recibirán asistencia humanitaria ahí (en México)”. Si bien el gobierno mexicano indicó que “no coincide” con la “medida unilateral” de Washington, en realidad acató las órdenes de Trump, pues recibirá a los solicitantes de asilo y les proporcionará “asistencia humanitaria”, excepto a los menores de edad no acompañados, las personas con problemas de salud, las familias enteras –en algunos casos-, o las personas
Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
Sin mencionarlo por su nombre, Andrés Manuel López Obrador acusó al expresidente Vicente Fox de haber frenado la estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra el huachicol durante el mandato del panista. En la rueda de prensa matutina, el presidente reveló que Fox eliminó un artículo transitorio del Presupuesto 2004, el cual permitió el tráfico de gasolina robada. “En el Presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina y evitar el robo; para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex”, informó López Obrador. “¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo en ese entonces, y no voy a
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció el arranque de lo que llamó -de manera cínica- “Protocolos de Protección a Migrantes”, que establecen la devolución de solicitantes de asilo a México, con el objetivo anunciado de “desincentivar a los individuos de intentar una entrada ilegal y de hacer falsas declaraciones para permanecer en Estados Unidos (…) en su lugar, recibirán asistencia humanitaria ahí (en México)”
que hayan apelado una decisión negativa del juez de migración de Estados Unidos. En un posicionamiento, el gobierno federal planteó que informará a los gobiernos de Baja California y de Tijuana sobre esta nueva situación. Funcionarios estadunidenses informaron al gobierno mexicano que “en una primera fase de implementación presentaría a la garita de San Ysidro hasta 20 personas por día para su retorno a México; su pretensión es que esta medida se extienda paulatinamente a los demás puntos de
entrada en la frontera común”, según el posicionamiento emitido hoy. La administración de Trump enunció estos planteamientos a la de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de tres reuniones “técnico operativas” que realizaron funcionarios de ambos países desde la navidad pasada. “La parte mexicana comunicó que, en cualquier caso, la entrega de las personas devueltas a México debe realizarse cumpliendo las formalidades que establecen las leyes mexicanas”, planteó el gobierno.
De manera general, “el gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el Gobierno de Estados Unidos”, aseguró. Inmediatamente después, añadió: “No obstante, y en congruencia con nuestra nueva política migratoria, reiteramos el compromiso con las personas migrantes y los derechos humanos”. El DHS informó que las autoridades entregarán a los solicitantes de asilo una ficha en la que aparecerá la fecha de su audiencia y los devolverán a México, “incluyendo a los extranjeros que expresan su miedo de retornar a México” si los agentes determinan que estos riesgos no son válidos. A la par, el DHS planteó que pidió al Departamento de Justicia que acelere los juicios de migración para “concluir los procesos de expulsión de manera más expedita posible”. “Los PPM reducirán el número de extranjeros que sacan ventaja de las leyes estadunidenses y desincentivarán las falsas solicitudes de asilo. Ya no permitirán a los extranjeros que desaparezcan en Estados Unidos”.
Fox impidió que se marcara gasolina para evitar robo, revela AMLO mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y la Suprema Corte le dio la razón al titular del Ejecutivo”, añadió. El tabasqueño destacó que es necesario dar a conocer la información “porque se piensa que el robo de combustible es algo que viene del sexenio pasado y no, viene desde antes”.
Y luego atizó: “Los mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores para frenar el robo de combustible y que permitió que creciera a lo largo del país”.
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Sánchez Cordero presentará en breve terna para Inmujeres a López Obrador De la redacción Ciudad de México (apro)
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a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que en un par de semanas presentará al presidente Andrés Manuel López Obrador la terna para elegir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Al participar en la conferencia matutina de López Obrador, la funcionaria federal explicó que faltan por agotarse los procedimientos para el nombramiento de la titular del Instituto que desde marzo de 2018 se encuentra acéfalo. Sánchez Cordero agregó que también se procederá con el cambio de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), para poner en marcha el Programa de Violencia en Contra de las Mujeres. Asimismo, reafirmó su compromiso personal e institucional con el tema de los feminicidios al reconocer el grave problema que este fenómeno representa para el país, por lo cual, dijo, se enfocará primordialmente en la prevención de este delito. Explicó que este fenómeno es producto de la violencia que surge desde la familia, por lo que buscará concientizar y reforzar la institución a fin de evitar dicha violencia en contra de la mujer y de los propios hijos. También dijo que están por
Al participar en la conferencia matutina de López Obrador, la funcionaria federal explicó que faltan por agotarse los procedimientos para el nombramiento de la titular del Instituto que desde marzo de 2018 se encuentra acéfalo
echar a andar el programa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) organismo a cargo de Ricardo Bucio, a quien se ratificó como titular, y al que se dotó de estructura y recursos con la finalidad de atender la violencia contra niños, niñas y mujeres. Pese a las críticas a la Alerta de
Género, la secretaria la reconoció como un instrumento y una herramienta muy importante del gobierno en la prevención de este grave crimen, contra el que ratificó su compromiso y el del gobierno de la República. Ante los cuestionamientos sobre el presupuesto de cuatro mil millones asignado a la prevención de la violencia contra la mujer y
que ya gastaron las entidades, Sánchez Cordero señaló que deberán transparentarse “peso a peso” lo entregado a las entidades federativas e institutos estatales. Y advirtió que el compromiso del gobierno federal no sólo se tiene a nivel internacional, sino con el pueblo de México, respecto a la prevención de estos graves ilícitos contra las mujeres.
López Obrador reconoce deuda con víctimas de la violencia De la redacción Ciudad de México (apro)
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el gobierno tiene una deuda con más de un millón de víctimas que la violencia ha dejado en el país sólo de 2006 a la fecha. En respuesta a una pregunta formulada por la reportera Marcela Turati, de Quinto Elemento y colaboradora de este semanario, el mandatario reiteró que su compromiso es “hacer justicia”, encontrar a los desaparecidos, ayudar a los familiares en esa búsqueda. Recordó que la Secretaría de Gobernación tiene esa encomienda. “Bien podría decirse que la mayor función o la función más importante de la Secretaría de Gobernación es la protección de los derechos humanos, ese es el nuevo enfoque de la Secretaría”, subrayó. Turati le recordó sobre la promesa
que hizo en campaña de pedir perdón a las víctimas de la violencia. “¿Qué pasó? ¿Se va a pedir perdón a las víctimas de la violencia o no?”, inquirió. López Obrador respondió que ya lo había hecho y añadió que lo seguirá haciendo. “Ya lo hice y lo voy a seguir haciendo, es una deuda que tenemos con miles, millones de víctimas, familiares de víctimas. Más de un millón de víctimas de la violencia, sólo del 2006 a la fecha”, comentó. Incluso, refirió que han estado en reuniones con víctimas desde antes de que tomaran posesión del gobierno “y lo vamos a seguir haciendo”. López Obrador dijo también que se tiene todo un plan en ese sentido y que en los próximos días invitará a su conferencia a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, migración y población de la Secretaría de Gobernación, para presentarlo. Turati le preguntó luego si su go-
bierno pedirá ayuda internacional para la identificación de los restos de Tlahuelilpan, Hidalgo, y de todos aquellos que se han exhumado de las fosas El Ejecutivo federal asintió y remachó con una frase: “Todo lo que se necesite”.
“No nos vamos a cerrar, no vamos a ocultar la verdad. Ese es un distintivo del nuevo gobierno, la transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública. No ocultar nada, aunque se trate de temas muy dolorosos decirlo. No evadir nuestra responsabilidad, para nada”, dijo el presidente.
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Agresores de candidatas podrían quedar en libertad por considerarlos “presos políticos” César Martínez López Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias)
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n 2014 a fuego y sangre impidieron que Elisa Zepeda, hoy diputada local de Oaxaca, llegara a ser presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores Magón. Cuatro años después, los agresores podrían ser favorecidos con amnistía al considerarse “presos políticos y de conciencia”. El de Elisa Zepeda, es uno de los casos más emblemáticos de violencia política por razón de género y también el ejemplo más contundente del que las leyes y las instancias han fallado en garantizar justicia a las víctimas. A cuatro años de los hechos continúa en la batalla.
El de Elisa Zepeda, es uno de los casos más emblemáticos de violencia política por razón de género y también el ejemplo más contundente del que las leyes y las instancias han fallado en garantizar justicia a las víctimas. A cuatro años de los hechos continúa en la batalla decisiones en el ámbito público. En el ámbito estatal, 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en alguno o algunos de los siguientes ordenamientos: Constitución Política, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley Electoral y Código Penal.
SIN JUSTICIA
FALSOS PRESOS POLÍTICOS Dentro de las siete personas aún encarceladas por este caso (de un total de 15 detenidas) y que podrían obtener su libertad, se encuentra Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien apenas en noviembre de 2018 había sido sentenciado a 50 años de prisión, 30 por homicidio en contra de Gustavo Zepeda Lagunas y 20 por tentativa de homicidio en contra de Elisa Zepeda Lagunas. “Hay una falta de responsabilidad de la persona que debe de atender estos casos. Ellos no son presos políticos, están presos por haber cometido delitos y muy graves: homicidio calificado con agravantes de premeditación y ventaja, tentativa de homicidio, saqueo, quema de casa. Sus antecedentes no son recientes sino de muchos años atrás. Claramente sorprendieron la voluntad de quien hizo ese análisis muy corto”, afirmó la legisladora. En la lista de 25 personas de 199 que podrían lograr la absolución, presentada el pasado 25 de diciembre por la senadora por Morena, Nestora Salgado, figuran los nombres de Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache, todos involucrados en los hechos violentos en Eloxochitlán.
HERIDA ABIERTA Elisa Zepeda, de profesión ingeniera acuícola, aún tiene fresco aquél 14 de diciembre de 2014, cuando el grupo de seguidores del edil Alfredo Bolaños disolvieron con violencia una asamblea en donde
se elegiría a la próxima autoridad municipal y para ello se había prohibido la participación política de las mujeres. Elisa, quien buscaba ser presidenta municipal de la comunidad indígena, fue golpeada públicamente para inhibir el ejercicio político de otras ciudadanas. El recuerdo es como una herida abierta que aun cuando duele, la impulsan a no desistir en su exigencia de justicia. Por momentos -admite- la invade un sentimiento de culpabilidad porque frente a sus ojos las imágenes de los golpes y los daños a sus familiares, compañeras y compañeros de lucha. “En ese momento pasaban tantas cosas que no alcanzaba a asimilar. El sentimiento de culpa, el estado consciente de todo el daño físico que le están haciendo a tu familia, conocidos y compañeros de lucha. Ver cómo estaban quemando sus casas y que en repetidas ocasiones me decían: esto te pasó por meterte en los asuntos del pueblo”, relató. “Me detengo a pensar seguido y trato de buscar el por qué sigo y veo a otras compañeras y me lleno de temor al sentirlas en el mismo riesgo (...). Intento tener la respuesta, creo que este espacio ahora da la apertura para poder ayudar de manera más efectiva y con lo que me tocó vivir poder comprender y no retardar acciones”, expresa. En 2018, hay documentados 32 casos de violencia política de género.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), existen 32 expedientes por violencia política de género abiertos por hechos ocurridos únicamente durante el 2018. Del total en diez casos las víctimas fueron regidoras, nueve síndicas, cuatro candidatas, una presidenta municipal, una agenta municipal, una suplente de regidora y en cinco eran aspirantes a un cargo de elección popular. En 28 casos las mujeres iniciaron procesos judiciales, de éstas ocho casos en donde se trataba de funcionarias, interpusieron quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tres acudieron a instancias administrativas y 17 juicios ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO). En este año la DDHPO investiga cuatro casos de posible violencia política, tres relacionados con renuncia de mujeres electas como presidentas municipales y uno más porque el Consejo de ancianos se negó a entregar el bastón de mando a la presidenta. El expediente fue abierto de oficio con el número DDHPO/CA/010/ (19)/OAX/2019 en éstos se abordan los casos de Santiago Tamazola, San Miguel Ahuehuetitlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Juan Colorado. La violencia política por razones de género es la obstaculización por cualquier medio al acceso de las mujeres para ocupar cargos de toma de
Si se hace un recuento de los casos de violencia política contra las mujeres ocurridos en años pasados, se puede observar que en ninguno de los 20 casos documentados de las mujeres electas en los comicios de 2016, hubo acceso a la justicia. Uno de los casos más expuestos, fue el cometido por Pablo Ánica Valentín, entonces Síndico de San Juan Bautista lo de Soto, quien ejerció distintas formas de violencia política de género en contra de Samantha Caballero Melo, quien se desempeñaba el cargo de Presidenta Municipal, para obligarla renunciar al cargo y poderla suplir. Las agresiones fueron desde las amenazas, encierros, destitución de su tesorera, retención de vehículos oficiales (patrulla, ambulancia, camión recolector de basura) por más de un año y múltiples obstáculos para el desempeño de la función de la presidenta. Estos actos fueron denunciados en el Juicio de Derechos Políticos del Ciudadano promovido contra el síndico municipal, con Expediente JDC/13/2017, en cuya sentencia del día 24 de marzo de 2017 el TEEO definió como violencia política de género ordenando al Síndico abstenerse de “…cometer actos de violencia política y de género encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de la ciudadana Samantha Caballero Melo, como Presidenta Municipal del Referido Ayuntamiento”. A pesar de dicha sentencia el síndico siguió ejerciendo actos para obstaculizar el ejercicio del cargo de la presidenta, específicamente para acceso a los recursos públicos (ramo 28 y 33), por lo que ella debió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ordenó a la Secretaría de Finanzas la entrega de los recursos pero en ningún momento hubo una sanción legal contra Ánica Valentín.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS LÍMITES Mauro González Luna
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n meses pasados escuché hablar a un talentoso astrónomo de profesión, radicado en un país europeo, sobre temas fascinantes. Habló entre otras cosas, del complejo y enigmático tema de la inteligencia artificial. Ello me motivó a indagar al respecto por sus hondas implicaciones teóricas y prácticas. Abordar tal tema resulta verdaderamente retador desde el punto de vista intelectual y requiere acudir con modestia a los conocedores. Revisé el pensamiento de filósofos y juristas de renombre acerca del tema. Leí algunas páginas de Romano Guardini, teólogo de fama universal que hablan de cultura y técnica, las de un pensador existencialista que tiene geniales advertencias sobre los peligros de la técnica, como esa del descarte del pensar meditativo en aras del pensar calculador, mismo que un día arrastró al mundo con su funcionalismo a una “asfixiante tristeza”, a un horroroso exterminio de seres humanos. Pensar calculador que suplanta a la razón práctica, a la “inteligencia deseosa” que es el hombre. Inteligencia que delibera sobre el bien y el mal para bien vivir. Traté de entender lo elemental del concepto técnico: “the singularity”, que describe el punto decisivo de inflexión cuando las máquinas supuestamente aventajan a los humanos. Y para ampliar el horizonte, leí algunas opiniones de E. Musk del MIT y de N. Bostrom de Oxford, quienes alertan sobre el peligro de la inteligencia artificial. También Wittgenstein en su momento, opinó que los sistemas de inteligencia artificial no son relevantes para el pensamiento humano porque este último rebasa toda mecanización.
Por otro lado, lo positivo de los artificios inteligentes ubicados dentro de límites racionales y éticos que los pongan en el lugar que les corresponde, es que por ejemplo, en el campo de la medicina contribuyen en forma extraordinaria a salvar vidas en el quirófano, en política, tan ajena con frecuencia a la planeación estratégica en el rubro de los diagnósticos, de las decisiones acerca de los graves problemas nacionales, dichos artificios resultan benéficos para superar las carencias que se manifiestan en aventurerismos o improvisaciones dañinos para el bien comunitario, y los cuales a pesar de ello, son aplaudidos por tantos para quedar bien y no caer de la gracia de los jefes. Un robot podría fungir como aquel personaje que para el bien del pueblo y de todos, advertía a los césares de Roma que no eran inmortales para ubicarlos en la realidad de la vida, cuya gloria es tan pasajera; personaje ese que muchas veces pagaba caro por la ingrata pero necesaria tarea de decir la verdad al poderoso. En el caso del robot, no se correría riesgo alguno, salvo el de ser desactivado en su momento y suplido por otro cada vez más adiestrado en tan benéfico menester para la moderación del poder. Dejando atrás la ironía, aprendí ciertas cosas de las innovaciones de A. Newell y H. Simmons en Rand Corp, en 1955, para plantear la cuestión sobre si en realidad dicho artificio puede en el futuro ir más allá de la reflexión humana para terminar dominándola. Pensadores como Dreyfus y Horst Eidenmüller de Oxford, consideran que “pensar” es mucho más que lo que hacen las máquinas ahora o en el futuro. Es de coincidirse con estos últimos, basándonos en
Aristóteles (Ética a Nicómaco) y en todos los contemporáneos esencialistas que se fundan en el genio de Estagira, y que sostienen que el cuerpo es instrumento del alma, frente a los funcionalistas-positivistas que afirman que el alma es instrumento del cuerpo, que reducen la conciencia, la inteligencia y la libertad a meras funciones del cerebro, posibilitando el traspasar a animales y a cosas, dicha inteligencia. El que delibera es el hombre prudente, es decir el espíritu encarnado que practica la virtud y tiene en su haber la palabra. La palabra que permite andar el camino del yo al tú con el fin de sanar la enfermedad más grave del espíritu según Ebner: “la carencia del tú en el yo del hombre” que lo mantiene en su autoencierro, en su insolencia -como esa del trumpismo y su muro, como esa que festina la muerte del otro calcinado en páramos de Hidalgo, en lugar de compadecerse callando, sin juzgar. La máquina nunca podrá sanar tal patología, al contrario, la ahondará. Desde el horizonte de la moral, la religión y el derecho, la pretensión de algunos de otorgar personalidad y responsabilidad a las máquinas con inteligencia artificial, es una aberración y un insulto a la dignidad humana. Hay argumentos epistemológicos y ontológicos muy bien desarrollados en un artículo de H. Eidenmüller (Oxford) en contra del otorgamiento de personalidad jurídica a los robots. Al final de cuentas quien responde en puridad en todos los casos, es el ser humano dotado de libertad. Nunca la máquina por portentosos avances, podrá tener la sonrisa de un niño -lo más noble y hermoso que hay según Wilde- ni deliberar
como el ser humano sobre el bien y el mal, simple y sencillamente porque la verdadera deliberación como principio de las decisiones, exige el practicar las virtudes como la prudencia que determina la licitud de los medios para alcanzar los fines nobles. La inteligencia demostrativa que deduce conclusiones de los datos acumulados no agota el pensar humano, que en materia de conducta se manifiesta como inteligencia prudencial, práctica, la propia del derecho. Una perspectiva jurídica positivista y funcionalista que reduce el pensar a las funciones del cerebro, es inepta para defender a la humanidad de los gravísimos peligros y amenazas de la técnica inmisericorde, al hacer inoperantes en la práctica los genuinos derechos humanos, que son la parte moral del derecho, precisamente porque dicha perspectiva positivista, vacía al derecho de contenido verdaderamente humano. Así el derecho es convertido también en mera técnica de control al servicio de un mito tecnológico implacable con las libertades, ciego para la justicia, para la amistad comunitaria, y sobre todo para la compasión ante el sufrimiento, pues “donde lo hay, hay suelo sagrado”, dijo un alto poeta. Estoy con Pascal quien un día memorable dijo que: “EL CORAZÓN TIENE RAZONES QUE LA RAZÓN IGNORA”. SI ESE ES EL CASO EN TRATÁNDOSE DE LA RAZÓN HUMANA, QUÉ SERÁ DE LA FRÍA INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE IGNORA LOS MISTERIOS E INTUICIONES DE LA RAZÓN HUMANA MISMA, ASÍ COMO LAS RAZONES INSONDABLES DEL CORAZÓN HUMANO.
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EMPRESAS COLUDIDAS EN EL ROBO DE COMBUSTIBLES Jorge Carrasco Araizaga
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urante meses y, en algunos casos años, reconocidas empresas dejaron de comprar gasolina a Pemex. Transportistas, comercializadoras, productoras de alimentos y de otros rubros se surtieron del combustible en el mercado ilegal.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional. Entre los buenos oficios propagandísticos del presidente, la escasez de gasolina y la tragedia en Tlahuelilpan, que oficialmente ha dejado hasta ahora un centenar de muertos, el tema ha dominado la agenda pública. Y seguirá muy presente. Hace justo un mes, el presidente colocó el tema del robo de gasolinas cuando había perdido el control de la agenda pública por la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien se perfilaba como uno de sus principales opositores. La referencia al auge del robo de combustible en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle fue en ese momento obli-
gada, inevitable. Desde entonces, ha abundado información sobre los llamados “huachicoleros”, los grupos delictivos, los permisionarios, la ocupación militar de las instalaciones estratégicas de Pemex, y ahora sobre la red de distribución de combustible que el gobierno va a construir de forma paralela a la empresa petrolera. La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda, han presentado cifras que están encaminadas hacia los vendedores del combustible. Respecto a exfuncionarios del gobierno, el presidente y sus principales colaboradores involucrados en el tema, tienen una salida perfecta: el debido proceso. Es decir, no inculpar a nadie sin antes judicializar las investigaciones. Aunque el presidente sí se animó a mencionar por su nombre al general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en el sexenio pasado y protegido del entonces presidente Enrique Peña. Pero nada han dicho sobre otra de las incógnitas de la ecuación para despejar las responsabilidades: los compradores del combustible más allá de los particulares que adquirían
gasolina robada; es decir, las grandes empresas que han participado en la cadena delictiva. Son responsables no solo por comprar gasolina robada a sabiendas de que era un delito. También, por haber participado en un esquema de lavado de dinero y hasta de defraudación fiscal. Al comprar combustibles robados, en primer lugar, ayudaban a la delincuencia organizada a introducir en la economía legal activos ilegales. En segundo, al producir bienes o servicios con insumos adquiridos de forma ilegal, lo de menos era la competencia desleal a sus competidores. Es muy probable que hayan cometido un doble fraude fiscal al manifestar en sus declaraciones costos de sus servicios o procesos productivos como si uno de sus principales insumos, el combustible, hubiera sido comprado en el mercado legal, con su respectivo pago de impuestos. Si se actúa contra toda la estructura delictiva -integrada por quienes extraían, las autoridades de todos los niveles que lo permitían, los concesionarios o individuos que vendían y las empresas que compraban para sus procesos productivos-, estaremos ante un verdadero combate a ese delito y no frente a una estrategia política que está teniendo altos costos sociales. Veremos.
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LA DESIGUALDAD SOCIAL SEGUNDA Y ULTIMA PARTE Argentina Casanova
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QUINTO PODER
s imposible hablar de la desigualdad social en este México que hoy vivimos sin detenernos a reflexionar sobre lo ocurrido en Tlahuelilpan, un pueblo afectado crudamente por la explosión de un ducto, en donde la opinión pública evidenció que, existe conciencia colectiva acerca del deber ser para con un actuar ético y por otro lado la dificultad para mirar los contextos de desigualdad. El adormecimiento social que por años tuvimos parece haber despertado, ya sea porque unos adoptan una postura ultraconservadora, otros y otras pensamos en cómo hemos sido educados para la conciencia de lo que es bueno y malo, y con el mismo contexto que el resto de los mexicanos creemos que podemos optar por hacer lo correcto y ser empáticos con el que menos tiene. En México, ya lo escribíamos, los delitos llamados famélicos son cometidos por personas que necesitan alimento; pero también la pobreza ha sido la justificación para la comisión o intromisión de otras poblaciones en el crimen organizado. ¿Cuál es el límite y la diferencia? Es sutil y difícil, nadie puede erigirse juez de unos o de otros, pero como sociedad conviene reflexionar. Ese es otro punto, advertimos que poco hemos aprendido a dialogar y a escuchar, a leer y a tratar de entender, a cambiar y a reconocer que podemos estar equivocados o que estamos mirando solo una parte del cuadro. Practicamos poco el análisis y la reflexión colectiva porque adoptamos bandos que nos imposibilitan transitar hacia la búsqueda de una visión más amplia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sería injusto decir que las personas que roban lo hacen exclusivamente porque son delincuentes, pero también sería injusto decir que todo el que comete un delito lo hace por necesidad, y más superfluo e irresponsable sería adoptar una postura crítica a las instituciones y llamar o convocar a las sociedades a transgredirlas mediante el acto del robo y luego dejemos solas a esas poblaciones con las consecuencias legales o de cualquier otra índole. Desde distintas épocas, diferentes ideólogos han reconocido el derecho a la rebelión contra el Estado cuando la ley es tiránica; es decir el derecho al no reconocimiento de la autoridad del Estado
para imponer una restricción en una propiedad del Estado, y la pregunta aquí consciente y con el compromiso ético de diferenciar la intención entre la anarquía como hecho político a la intención de la obtención de un bien propiedad de la colectividad, tal como en teoría tendríamos que entender la infraestructura pública, ¿se parecía en algo lo que han hecho las personas que han tomado el combustible para su posterior venta y no cual Robin Hood, entregarla al pueblo? ¿Es el pueblo el que toma el bien, o es un particular con una intención específica para obtener un bien para sí mismo? Son las respuestas que necesitamos. Pero insisto, el propósito aquí no es cuestionar sobre lo que la población que participa en un acto colectivo ilícito, de rapiña o de apropiación comunitaria, sino mirar la desigualdad social. Entendemos que la desigualdad no es sinónimo de la pobreza, por eso es tan importante comprender que el acto de lo desigual tendría que tener más sentido para las mujeres y otras poblaciones para quien la sociedad ha sido intencionalmente desigual al restarle oportunidades, pero también exhibiendo delante de éstas lo que el otro tiene. En México convive el más absoluto derroche y exceso y la falta de conciencia, y esta es la parte más compleja que como personas tenemos. No se trata de vivir lamentando, pero sí tomando conciencia que una cama caliente, un techo sin agujeros, un abrigo y un alimento cada día son bienes básicos para las personas y no todas lo disfrutan.
Se trata de tomar conciencia de que la desigualdad y la necesidad no es el lujo de uno y el deseo del lujo del otro, es decir, no se trata de que haya desigualdad entre quien puede poseer un auto de lujo o un teléfono de marca y alguien que, como resultado del consumismo desea esos bienes para entrar en una dinámica de apariencia, consumismo y necesidad de estatus un producto que no le es básico. Habrá quien diga que también tienen derecho a estos insumos, sí, pero no podemos en un país con tanta pobreza y desigualdad entender que es más importante satisfacer necesidades creadas dentro de un sistema social de consumo de bienes superfluos, frente a la avasallante necesidad real de alimentos, medicinas, agua, seguridad, medio ambiente sano y un sinfín de necesidades en las que la mitad de la población en México es pobre. Incluso una persona que vive en la ciudad puede padecer de agua y alimentos porque no tiene acceso a estos satisfactores básicos, en tanto una persona de una comunidad más pequeña estima que su pobreza radica en que no posee un mejor auto y un mejor teléfono celular. No, la pobreza no lo olvidemos se trata de satisfactores básicos esenciales para la supervivencia humana, lo otro es si se quiere mirar o reconocer derechos que se han adquirido con la tecnologización. Más bien, hay que recordar a los jóvenes asesinados por el crimen organizado por incursionar como parte de una moda que trae consigo autos, armas, joyas, ropa, que vivían en condiciones de
pobreza mas no de subsistencia en la mayoría de los casos, y que movidos por esta moda de entender la desigualdad en función de las necesidades creadas por un mercado de consumo optan por participar en actividades ilícitas. La realidad es que en México todavía hoy, hay miles de jóvenes que se despiertan para ir a la escuela y apenas tienen para comer, deben trasladarse caminando porque no tienen para el autobús y acudir a un aula donde le pedirán libros, copias y materiales que difícilmente podrá pagar pero hace el esfuerzo por estudiar mientras vive en una casa de láminas y materiales de desecho, piso de tierra y otras carencias. La realidad es que cientos de personas tienen un limitado desarrollo escolar derivado de la carencia de alimentos básicos agudizando cada vez más sus limitaciones y oportunidades intelectuales para salir del círculo transgeneracional de la pobreza. La desigualdad es que en México se desperdicien toneladas de alimentos, ropa y viviendas deshabitadas en tanto haya miles de personas sin alimentos, sin ropa y zapatos, y viviendo en condiciones precarias porque ni el Estado ni la sociedad han sido capaces de mirar esas carencias que podrían ser resueltas con una mejor distribución de los bienes, incluso con la conciencia de quienes poseen y pudieran compartir con otros que menos tienen. Hay demasiado que reflexionar en México, pero detenernos a pensar efectivamente sobre lo que es la desigualdad y sus consecuencias en la vida de las personas lo que nos podrá ayudar en estos debates contemporáneos en los que una beca de apenas tres mil pesos a jóvenes se convirtió en un tema en el que se cuestiona “dar dinero a ninis”, jóvenes que no trabajan porque no tienen experiencia pero que deberán tener un nivel educativo para poder ingresar a una empresa o institución a adquirir habilidades, y yo me pregunto ¿cuándo se nos olvidó que todos empezamos sin tener experiencia? Que no se nos olvide que este es el país en el que han muerto miles por no tener acceso a una medicina, por no tener para comer y sin vivienda con las condiciones mínimas de seguridad y eso es la desigualdad. *Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
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Sábado 26 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
TIEMBLA LA MAQUILA Arturo Rodríguez García
U
n paraíso empresarial se ha extendido desde hace unas tres décadas en la franja fronteriza: la maquila. A través de los años, los inversionistas –mayoritariamente extranjeros– encontraron al objeto de su explotación en la necesidad de empleo tanto en la pobreza arraigada como en las masas de los desplazados por la pobreza que llegó de lejos; tienen la estabilidad laboral garantizada por la expresión más ruin del sindicalismo corporativo; son beneficiarios de la competencia gubernamental por ofrecer las mejores condiciones para su establecimiento. Lo lograron, primero, por la persistencia de gobernantes de distinto signo que promovieron su llegada en los años ochenta, ofreciendo exenciones fiscales, servicios gratuitos y a veces, hasta los terrenos. Ahí, donde el estancamiento de las migraciones nacionales que no pudieron pasar la frontera alimentaron su esperanza en una oferta de trabajo con precariedad laboral y pésima remuneración, se sumaron al conjunto de mano de obra local dispuesta a todo por ganarse la vida de manera honrada, gobiernos y capitalistas aprovecharon para establecer el imperio de un nuevo modelo de esclavitud. Prestos, los históricos corporativos sindicales, particularmente la CTM, acapara-
ron los contratos colectivos, contribuyeron convirtiéndose en “asesores”, figura esta que evitó la sindicalización libre pero manteniendo el reclamo de cuotas, a cambio de ceder derechos laborales fundamentales cuya defensa se supondría su razón de ser. En conjunto, la amalgama de abominaciones que es la maquila, ha utilizado el chantaje para mantener las condiciones de opresión: todo movimiento, paro, reclamo, o inclusive, un atisbo de inconformidad, es descalificado en la opinión pública con el argumento de “preservar la fuente de empleo”. Porque si de algo hay experiencias es de su desaparición, la extinción que de esa actividad fabril muchas veces establecida para lo temporal, que desaparece en el “paro técnico” o el supuesto asueto por “mantenimiento”, sin cumplir con obligaciones por extinción laboral. Son la expresión más descarnada de aquello que se ha dado en llamar “capitales golondrinos”. Pagar poco y producir más es el objetivo empresarial. No hay retribución ni siquiera comunitaria que, ahí donde las naves industriales se extienden como una mancha sobre las desérticas tierras del norte, el desarrollo no se expresa en los servicios básicos. Son ciudades en las que prevalece la brecha sin pavimentar entre los caseríos de la escasez, para los que otros
chantajes como el clientelista político electoral, condicionan la regularidad de la luz, el agua o el drenaje. Sin proponérselo, el gobierno que inicia, autonombrado “de la Cuarta Transformación”, puso en la maquila el detonante del estallido obrero, con un movimiento laboral que, en el último reducto del país, Matamoros, Tamaulipas, paraliza operaciones y mantiene en vilo la vieja complicidad del poder político, económico y de la representación como pocas veces se ha visto en la franja fronteriza. Al menos 45 maquiladoras podrían irse a la huelga hoy, pues los patrones se han negado a acatar una disposición federal, oferta de campaña impuesta ya por decreto, que consiste en aumentar no lo justo, pero si un poco más de lo que había, el salario mínimo fronterizo. Lo que en Matamoros ha iniciado ya provocó procesos reflexivos en otras ciudades fronterizas donde la experiencia de la explotación laboral maquiladora acumula los mismos agravios, aunque no necesariamente la negativa patronal a cumplir con el nuevo rango salarial, que no puede condenarse a la invisibilidad nacional porque, ahí donde la impunidad campea, la suma de intereses de los poderosos locales, tiene por riesgo que se ponga en marcha un proceso represivo.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Sábado 26 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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DEBATE PÚBLICO Y GUARDIA NACIONAL John M. Ackerman
L
a intensidad del debate público con respecto a la Guardia Nacional ha sido, en sí, una indicación de la llegada de nuevos tiempos democráticos. Felipe Calderón no le consultó absolutamente a nadie antes de lanzar los militares a las calles el 1 de diciembre de 2006 como cortina de humo para recubrir la enorme crisis de legitimidad que sufría a razón del fraude electoral de 2006. Enrique Peña Nieto hizo pasar de manera fast track su Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión, para después publicarla casi de inmediato en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Con ello, el presidente priista retó abiertamente a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que exigían, primero, un amplio debate parlamentario y, después, la aplicación del veto presidencial a un ordenamiento que a todas luces violaba flagrantemente los derechos humanos de la población. En cambio, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional fue sometida a una amplia auscultación pública. Importantes expertos y líderes de la sociedad civil han expresado sus críticas frontales tanto en el Congreso de la Unión como en foros públicos y los medios de comunicación. Incluso dentro de Morena se ha dado también un intenso debate con posiciones encontradas. Este proceso deliberativo ha generado importantes cambios con respecto a la naturaleza de la nueva corporación de seguridad pública. No solamente se escuchó sino que también se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía. Específicamente, en respuesta a las críticas, el nuevo presidente de la República aceptó que el mando sobre la Guardia Nacional sea civil desde el primer día de su creación. Esta modificación la aceptó López Obrador con mucho gusto porque siempre ha estado a favor de la desmilitarización de la seguridad pública. Durante la campaña presidencial fue muy claro con respecto a la necesidad de generar una hoja de ruta hacia la desmilitarización. Y tal y
como hemos expuesto en estas mismas páginas (véase: https:// www.proceso.com.mx/561466/ hacia-la-desmilitarizacion), la iniciativa original de Morena sobre la Guardia Nacional, del 20 de noviembre, no incluía el mando militar en la Carta Magna ni modificaba un ápice los elementos constitucionales claves que garantizan el carácter civil de la seguridad pública y la más absoluta disciplina militar. En acatamiento estricto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, tanto la propuesta original de Morena como la versión finalmente aprobada por el Congreso de la Unión mantienen intactos los principios constitucionales fundamentales de que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129) y que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (artículo 21). Ahora bien, es cierto que el quinto transitorio del dictamen aprobado el pasado 20 de diciembre por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sí colocó la Guardia Nacional de manera transitoria y excepcional bajo mando militar. “En tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad”, decía el transitorio.
Este es el elemento que más generó indignación entre algunos sectores de la sociedad civil y que fue eliminado en el dictamen final para dejar sin lugar a dudas que el mando sobre la Guardia Nacional será civil, como una dependencia de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde el primer día de su existencia. Esta modificación no ha satisfecho a todos los críticos. Algunas voces siguen insistiendo que los militares no deberían tener absolutamente ningún papel en temas de seguridad pública. Señalan que los soldados tendrían que regresar inmediatamente a sus cuarteles y que aquellos efectivos castrenses que se incorporen a las filas de la Guardia Nacional deberían perder cualquier conexión con las Fuerzas Armadas. Estas posiciones son perfectamente legítimas y muchos juristas sosteníamos argumentos similares cuando las fuerzas castrenses estaban bajo el mando de Comandantes Supremos como Calderón y Peña Nieto totalmente subordinados a Washington. Sin embargo, el debate central no debe ser si la Guardia Nacional retoma, utiliza o se apoya temporalmente en efectivos o mandos militares durante la primera etapa de emergencia nacional, sino si esta nueva corporación apunta hacia la desmilitarización o la remilitarización del país a largo plazo. Y aquí la respuesta es clara. La Guardia Nacional constituye un paso claro y firme hacia la desmilitarización del país al enmarcar toda actuación militar en materia de seguridad pública dentro de una lógica y un mando civiles. Otro factor que se debe tomar en cuenta es la invitación que ha
hecho el presidente de la República a revalorar el papel histórico de las Fuerzas Armadas. No hay duda de que bajo el mando de Calderón y Peña Nieto las fuerzas castrenses dieron la espalda a la sociedad y se pusieron al servicio de las políticas neoliberales y de la sangrienta “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. El estratosférico aumento en las violaciones de los derechos humanos durante la última década lo demuestra. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas también tienen una larga tradición revolucionaria. Como botón de muestra, en las semanas recientes los militares han demostrado gran patriotismo y compromiso con el bienestar ciudadano por medio de su indispensable e incansable apoyo al plan nacional en contra del robo de combustibles. Washington estaría encantado si echáramos al bebé junto con el agua sucia y desmanteláramos de una vez por todas a las Fuerzas Armadas. Siempre ha sido el sueño de los gobiernos de los Estados Unidos desaparecer al Ejército Mexicano para poder encargarse directamente de la seguridad de todo el subcontinente norteamericano. Quienes se lanzan con furia en contra de toda la institución militar en su conjunto y sin distingo le hacen el trabajo sucio a Donald Trump, de la misma manera en que quienes protegían a los militares violadores de derechos humanos y ensalzaban la “guerra contra el narcotráfico” de Peña Nieto y Calderón justificaban la subordinación de las Fuerzas Armadas Mexicanas al Comando Norte. Es importante acercarnos a los fenómenos políticos desde un enfoque dialéctico y rechazar el pensamiento lineal. Sin extender de ninguna manera un cheque en blanco, démosles la oportunidad a los nuevos secretarios de Defensa y de Marina, Luis Sandoval y Rafael Ojeda, de que demuestren con hechos que la Cuarta República también implica una limpia profunda y una transformación de fondo de las Fuerzas Armadas. www.johnackerman.mx Este análisis se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.
CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Sábado 26 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1555
DENUNCIA
POSICIONAMIENTO
Trump implementa su plan “Quédate en México” para solicitantes de asilo
Piden a Carlos Morales atienda inseguridad por falta de alumbrado público en COBACH 35 y CBTIS 144
PAG. 8
CONFERENCIA
López Obrador reconoce deuda con víctimas de la violencia
PAG. 5
MANIFESTACIÓN
PAG. 9
ACUSACIONES
Fox impidió que se marcara gasolina para evitar robo, revela AMLO
PAG. 8
AEOS toma la Secretaría del Campo para exigir solución a las demandas planteadas en 2018 Decenas de integrantes de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales (AEOS) tomaron las instalaciones de la Secretaría del Campo para exigir la solución a sus demandas. Los manifestantes cerraron los accesos a la dependencia, además de dejar encerrado al personal al interior.
PAG. 6
PAG. 5
Nestora Salgado plantea citar a comparecer a Astudillo junto a víctimas de desplazamiento