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DOXA
EDITORIAL
Cuidado con la inseguridad
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El problema de Chiapas en los últimos años ha sido el de la gobernabilidad; los conflictos, la violencia, las movilizaciones, el cierre de carreteras, las tomas de instalaciones y plantones afuera del palacio del gobierno se hicieron tan recurrentes
Productores de café de la Sierra y Soconusco lanzan un SOS al gobierno. Que funciones el Registro Público de la Propiedad en Tapachula. La falta de servicio y la ineficiencia del servicio pone en riesgo a los productores. Debido a que no pueden formalizar los créditos necesarios para levantar la cosecha. ¿Cómo es posible que un asunto tan sencillo se complique y afecte a los productores?
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 20 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1534
AFECTACIÓN
PREOCUPACIÓN
Productores de café exigen al gobierno el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad
Esta falta de funcionamiento del Registro Público de la Propiedad, está generando que miles de productores ante la falta de crédito malbaraten su cosecha de café hasta a mitad del precio real en el mercado. Con ello se pone también en riesgo las exportaciones y el Plan de Recuperación del Café de la Sierra Soconusco
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APOYO
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La Alianza del Autotransporte pide justicia por compañero secuestrado y asesinado
González Alcántara, el favorito de la bancada de Morena en el Senado para la SCJN
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HOY ESCRIBEN ¿CUÁNTO DEBE GANAR EL PRESIDENTE? Ricardo Raphael
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EL PRESIDENCIALISMO Y LA 4T José Gil Olmos
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INFORME
Adeudo millonario del gobierno a afiliados de COPARMEX
Como está planteada, la Guardia Nacional no garantiza justicia: CNDH
LA REPRESIÓN LETAL DE PEÑA NIETO: 184 CASOS EN LA IMPUNIDAD Arturo Rodríguez
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LA CARAVANA MIGRANTE, DESILUSIONADA Y DILUIDA Rafael Fernández De Castro
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EL FANTASMA DE LLANO DE LA VÍBORA Y MORALES LECHUGA Jenaro Villamil PAG. 4
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 20 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Cuidado con la inseguridad
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l problema de Chiapas en los últimos años ha sido el de la gobernabilidad; los conflictos, la violencia, las movilizaciones, el cierre de carreteras, las tomas de instalaciones y plantones afuera del palacio del gobierno se hicieron tan recurrentes, que los funcionarios y gobernantes asumieron una actitud de indiferencia. Pero ahora se corre el riesgo, que con este gobierno, además de los problemas de gobernabilidad se recrudezcan los problemas de inseguridad. La situación que se está viviendo en estos momentos en la región centro son de alerta máxima: Hubo un secuestro que terminó en homicidio; una joven sufre un intento de asalto en la carretera Chicoasén San Fernando y los delincuentes le disparan y la víctima fallece horas después en el hospital; hay dos profesores desaparecidos; y en la sin razón de la justica, los padres de una joven asesinada exigen a la fiscalía que investigue, que se deje de proteger a los responsables y que ese crimen
no quede sin castigo. Ya se ha reiterado en otras ocasiones que los problemas de gobernabilidad son solucionables, pero los problemas de inseguridad, cuando se aposentan en un territorio suelen ser de mayor permanencia. Por eso preocupa esa ola de sucesos que llena de indignación a la población. Sobre todo porque crímenes sin castigo dañan a toda la sociedad porque se envían mensajes delicados de impunidad. Sin embargo también preocupa una actividad reiterada de las fiscalías en el país que suelen construir chivos expiatorios. Inventan móviles y crean culpables de la noche a la mañana e inocentes son tratados como criminales. Esa es una historia que viven familias chiapanecas, que sufren la responsabilidad y el señalamiento social de hechos delictivos que sus familiares nunca cometieron. El caso más reciente es el asesinato del líder de la organización MOCRI EZ, donde en aras de proteger al verdadero asesino se procesó a un inocente y un juez de consigna, que
debiera ser sancionado por su ligereza, dictó sentencia condenatoria, sin tener ninguna prueba que justificara su felonía De allí que nuevamente se presente el dilema de dejar libre a un culpable y el de condenar a un inocente.. Esto viene al caso porque ayer la fiscalía presentó, a horas del suceso y con una eficacia que se vuelve sospechosa, a los presuntos culpables del secuestro y homicidio cometido en Chiapa de Corzo, por lo que no está demás exigir que los procesados sean producto de una investigación policíaca, que demuestre la culpabilidad y no a través de la fabricación de culpables. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, por eso se debe exigir garantías de eficacia en el marco de la ley, y no acciones mediáticas en el que se anuncian reuniones con el gabinete y se difunden las fotos, pero la inseguridad continúa creciendo, en donde se pone en riesgo no sólo la seguridad ciudadana sino también la los bienes y la propiedad.
DIRECTOR GENERAL
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Productores de café exigen al gobierno el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad
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roductores de café orgánico asociados en la Red Maya se encuentran indignados y con mucho temor de perder la cosecha debido a la imposibilidad de obtener créditos de acopio, derivado a que el Registro Público de la Propiedad, ubicado en la Unidad Administrativa de Tapachula tiene más de 60 días que no puede operar con la normalidad que se requiere. Durante muchos días no funcionó, porque estuvo cerrado por el paro magisterial y la toma de instalaciones. Pero después de concluida esa movilización el Registro Público permanece abierta pero simplemente no presta el servicio . Esta falta de operatividad afecta a los productores que no pueden realizar el trámite de acreditar los registros de crédito y sin este trámite no pueden acceder al crédito en un momento en que se inicia el levantamiento de la cosecha. Esta falta de funcionamiento del Registro Público de la Propiedad, está generando que miles de productores ante la falta de crédito malbaraten su cosecha de café hasta a mitad del precio real en el mercado. Con ello se pone también en riesgo las exportaciones y el Plan de Recuperación del Café de la Sierra Soconusco. Los productores de café afectados exigen al gobierno que saque las ofici-
Esta falta de funcionamiento del Registro Público de la Propiedad, está generando que miles de productores ante la falta de crédito malbaraten su cosecha de café hasta a mitad del precio real en el mercado. Con ello se pone también en riesgo las exportaciones y el Plan de Recuperación del Café de la Sierra Soconusco
nas de la Unidad Administrativa para que ya no se corran riesgo cada vez que las organizaciones sociales toman las instalaciones de gobierno. Pero también exigen que el Registro Público sea una oficina que funcione y proporciones los servicios a los productores agrícolas que no pueden formalizar
los créditos ante financiera nacional y otros bancos retrasando el desarrollo de las comunidades en la región y mermando los ingresos de los productores. El representante de la Sociedad Cooperativa Flor de Pascua molesto terminó señalando “que como quieren impulsar la región y hasta hacerla
receptora de inversiones cuando el trámite de un registro que debe realizarse en un día se tarda más de dos meses.” Por lo delicado de la situación exigen sensibilidad al nuevo gobierno y que tome urgentemente cartas en el asunto para evitar mayores desastres a los productores de café de la región.
Continúan en búsqueda de mentores desaparecidos Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Familiares, Docentes, integrantes de la Sección Séptima del SNTE, organizaciones sociales como integrantes de la sociedad civil acompañaron este día a Oriana Meléndez Altuzar, quien en conferencia de prensa explicó todo lo que se viene realizando para dar con el paradero de su papá, Horacio Meléndez López, así como del profesor Marco Antonio, Ocampo Argueta, quienes desaparecieron desde el pasado domingo. Meléndez Altuzar, quien también estuvo acompañada por el profesor Joaquín Zebadúa Romero, subdirector académico de la Escuela Normal Rural “Mactumatza”, dijo: “hoy estamos aquí reunidos para pedir por la pronta aparición del maestro Horacio Meléndez López, el cual es mi padre y del maestro Marco Antonio Ocampo Argueta que están desaparecidos desde el día domingo dieciséis de diciembre alrededor de
las tres o cuatro de la tarde. Estamos aquí reunidos primero que nada para pedir ayuda de toda la población, mi padre Horacio Meléndez López es un baluarte de la educación de Chiapas, él ha formado miles de generaciones a lo largo de cincuenta y dos años de servicio y que ha estado al frente de diversas cátedras, él ha sido maestro de historia, de geografía, cuenta con tres licenciaturas, dos maestrías, tiene una inmensa trayectoria, así como diversos libros publicados, y tiene una trayectoria y es una persona honorable. Honesta, un padre de familia y prontamente un abuelo”. Con lágrimas dijo que poden la cooperación ciudadana para que se puedan aportas pistas e indicios que apunten al paradero de su padre y el profesor que también lo acompañaba cuando viajaban en una unidad y que la colaboración de la ciudadanía será muy importante pues temen por la vida de ellos, porque el tiempo pasa.
“Instamos también a las autoridades para que hagan su trabajo, nosotros los estamos apoyando en todo lo que nos es posible para que aparezcan pronto y que utilicen toda la tecnología y utilicen todos los medios posibles para que ellos regresen a casa y que nos ayude la ciudadanía
para informar si vieron o han visto un coche focus color negro, cuatro puertas modelo dos mil doce, las placas DRRH3920, el carro tiene unos rayones, este dato es por si vieran la unidad avisen y necesitamos información valiosa porque el tiempo corre”, finalizo.
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Adeudo millonario del gobierno a afiliados de COPARMEX A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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a Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas (COPARMEX) señaló que aún faltan más de 50 millones de pesos por solventar en diferentes proveedores de esta cámara empresarial por parte de la administración de Manuel Velasco Coello que aunque se han ido liquidando poco a poco aún resta este acumulado En entrevista el presidente de la Coparmex Chiapas, Enoch Gutiérrez Cruz, informó que es un total de 55 millones de pesos el adeudo que persiste con agremiados de este organismo, donde es el sector salud con la mayoría de los pasivos. “Se avanzó, en el último momento hubo por ahí un pago… pero sigue siendo una cartera alta de alrededor de los 55 millones de pesos lo que todavía se adeuda a los socios de Coparmex”, comentó. A lo anterior, comentó que a través de mesas de trabajo con el nuevo secretario de Salud han buscado el mecanismo para que se liquiden los millones de pesos que dejó como deuda Francisco Ortega Farrera, por su paso en la dependencia. En este contexto, el líder empresarial manifestó que a pesar de que se hayan liquidado algunos adeudos el vender productos y servicios al Estado sigue siendo un riesgo para los empresarios. “Vemos con preocupación la idea de concentrar las compras de gobierno, la concentración lo único que trae es que se compren a
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Este miércoles, integrantes de la Alianza del Autotransporte del Estado pidieron justicia por su compañero que en días pasados fue secuestrado y asesinado. Abenamar Gómez Zambrano fue víctima de secuestro por cinco días y finalmente su cuerpo fue localizado después de cinco días de su desaparición. Era un transportista chiapaneco íntegro, sin diferencial con nadie. Mario Bustamante Grajales presidente de la asociación pidió a las autoridades chiapanecas se aplique todo el peso de la ley en contra de los responsables del artero crimen. Gómez Zambrano dejó a su menor hijo de un año en la orfandad y
En entrevista el presidente de la Coparmex Chiapas, Enoch Gutiérrez Cruz, informó que es un total de 55 millones de pesos el adeudo que persiste con agremiados de este organismo, donde es el sector salud con la mayoría de los pasivos
empresarios muy grandes susceptibles a una mayor corrupción y no se pulverice en la economía local el circulante de esas erogaciones que hace el gobierno del estado”,
dijo. Por ello, exhortó a la nueva administración aplicar el estado de derecho, así como en la eliminación o en su caso reducción de
programas asistencialistas y que dicho presupuesto se invierta a temas de infraestructura, ya que es lo que reactiva la economía de un estado.
La Alianza del Autotransporte pide justicia por compañero secuestrado y asesinado a su esposa que se encuentra esperando otro bebé. Detalló que ya hay tres personas detenidas, y se espera que en breve se sepan los pormenores del caso. “Somos transportistas, pero también somos ciudadanos los que demandamos se haga justicia, que las autoridades cumplen con su trabajo y deber, ya no queremos salir con estos temores a que los asesinatos y secuestros ocurran”, expresó. El hombre contaba con 20 años de edad, era un transportista con un futuro prometedor, de acuerdo a sus compañeros.
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Es excesivo el gasto previsto para comunicación social: Medios Libres Jorge Carrasco Araizaga Ciudad de México (apro)
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l gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de campaña de bajar el gasto en publicidad oficial, pero el referente que utilizó para la reducción no fueron los recursos aprobados por el Congreso, sino lo gastado por el gobierno de Enrique Peña Nieto este año. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el gobierno del tabasqueño proyecta gastar 4 mil 258 millones de pesos en comunicación social, lo que supera los recursos que inicialmente se pretendía recortar a las universidades públicas. Además, esos recursos se ejercerán conforme a la llamada Ley Chayote, que entrará en vigor el 1 de enero y que fue aprobada por la mayoría del PRI en la pasada legislatura. La Ley General de Comunicación Social enfrenta varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque mantiene la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, sin ajustarse a los criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas. El Colectivo #MediosLibres, que pide la abrogación de la ley, considera que los 4 mil 258 millones de pesos presupuestados siguen siendo un gasto excesivo, comparado con los recortes originalmente previsto a las universidades, como el Programa Nacional de Becas (Pronabes) que había sido recortado a la mitad, a dos mil 615 millones de pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el gobierno del tabasqueño proyecta gastar 4 mil 258 millones de pesos en comunicación social, lo que supera los recursos que inicialmente se pretendía recortar a las universidades públicas
Integrado por organizaciones de la sociedad civil y periodistas, el colectivo señala que el gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esa cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó. En la propuesta gubernamental se busca que, de los 4 mil 258 millones de pesos, la Secretaría de Gobernación (Segob) ejerza mil 786 millones para comunicación social, 854% más que los 180 millones presupuestados para este año. La llamada Ley Chayote centraliza en la Segob las facultades y recursos de la política de comunicación del
Ejecutivo Federal. #MediosLibres ha insistido en que la Ley debe abrogarse porque mantiene el uso discrecional de los recursos y contribuye a que la publicidad oficial controle las líneas editoriales de los medios, “generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”. En octubre pasado, el colectivo presentó una iniciativa de ley para derogar la #LeyChayote, pero el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, ha dicho que el gobierno
esperará a que la SCJN resuelva los juicios constitucionales contra la ley. El colectivo sostiene que la austeridad anunciada por López Obrador no será efectiva si el presupuesto no fija topes para la modificación del gasto en comunicación social, como ocurrido en el sexenio anterior, que se gastó cerca de 60 mil millones de pesos, más del doble de lo autorizado en los presupuestos anuales. Tan sólo el año pasado, el Congreso aprobó tres mil 278 millones, aunque después la cifra se modificó a ocho mil 439 millones de pesos.
Profeco detecta fallas en básculas de aerolíneas del AICM De la Redacción Ciudad de México (apro)
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó fallas en las básculas de diferentes aerolíneas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En un comunicado, la institución encabezada por Ricardo Sheffield Padilla señaló que como parte del programa “Temporada Decembrina”, que inició el pasado domingo 16 y concluirá el 7 de enero, se detectaron varias irregularidades en las basculas, por lo que los inspectores tuvieron que hacer ajustes. “En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se revisaron 168 basculas, de las cuales en 17 se encontró que no estaban calibradas. De esta revisión se desprende que las tres básculas con las que cuenta Aeromar necesitaban ser calibradas; Volaris
se acercó a Profeco para calibrar sus básculas y Aeroméxico cumplió con todas sus básculas”, precisó. Asimismo, informó que este año se aplicó una multa de dos millones 500 mil pesos a Viva Aerobús por publicidad engañosa, la cual ya fue corregida. Como parte de sus actividades, el titular de Profeco visitó los Módulos de Atención que la dependencia tiene en la terminal aérea, para constatar que se brinde la atención y orientación que requieren los viajeros. Agregó que en estos módulos los consumidores pueden conciliar con la línea aérea que necesiten. De acuerdo con la Profeco, hay 29 módulos en aeropuertos y 35 en centrales de autobuses en el país, los cuales, en esta temporada decembrina, han extendido su horario de 7:30 a 20:30 en el AICM. Sheffield Padilla informó que se
encuentran en pláticas con varias plataformas sociales para interactuar, y recordó a la población viajera que la Profeco cuenta con la herramienta Conciliaexprés, donde, gracias a la participación de varias líneas aéreas, podrán conciliar su situación en menos de 15 minutos. Por ello, “les pido que se acerquen a esta plataforma”, apuntó. Durante su recorrido, Sheffield Pa-
dilla estuvo acompañado por Miguel Peláez Lira, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Sergio Allard Barroso, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes; Alejandro Contreras Campos, presidente de Gerentes de la Cámara Nacional de Aerotransportes, y Rodrigo Pérez Alonso González, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes.
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Exigen usar fondos de la presa El Zapotillo para reparar daños Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)
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res organizaciones exigieron a diputados federales que no se le asigne ni un peso más a la presa El Zapotillo y que los 500 millones de pesos considerados para continuar su construcción se destinen a la reparación de los daños y a atender la salud de los afectados de la cuenca del río Santiago y la ribera de Chapala. El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo (Imdec) y Colectivo de Abogadxs, consideraron absurdo seguir destinando recursos para la presa, que según Conagua tiene un avance de 86%, bajo el pretexto de “dar continuidad a los proyectos avanzados del país”. Las organizaciones recordaron que, de concluirse, la presa El Zapotillo inundará tres poblaciones: Acasico, Temacapulín y Palmarejo. Los inconformes lamentan que, hasta el momento, el total asignado al proyecto oscila en alrededor de 40 mil millones de pesos, tres veces más que lo inicialmente previsto, y que las empresas favorecidas para construir la presa pertenezcan a Carlos Slim y a la familia Hank Ron. Es por ello que cuestionaron la terminación de la presa “sin hacer un alto y revisar las violaciones a los derechos humanos, corrupción y dinero público, que a la fecha no se sabe cómo y quiénes lo han ejer-
Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo informó que presentó ante la Contraloría de Morelos dos denuncias administrativas contra el exgobernador Graco Ramírez por el préstamo otorgado por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos para adquirir una camioneta. Como informó Apro, hace unos días el Consejero Jurídico de la actual administración, se preparaban varias denuncias. Este miércoles se hicieron realidad los dos primeros procesos administrativos, derivados “de las irregularidades detectadas en el otorgamiento del denominado ‘Crédito 02’ para la adquisición de vehículo del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y diversos servidores públicos de la administración anterior”.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo (Imdec) y Colectivo de Abogadxs, consideraron absurdo seguir destinando recursos para la presa, que según Conagua tiene un avance de 86%, bajo el pretexto de “dar continuidad a los proyectos avanzados del país”
cido; desde luego no se ha auditado y no hay responsables señalados”. Consideran que los 500 millones de pesos contemplados para El Zapotillo es un “descalabro” para el erario, puesto que a los rubros de agua y medio ambiente se les disminuyó 32.1% su presupuesto. En tanto, a proyectos de agua potable, drenaje y tratamiento sólo se le asignan 2 mil 243 millones de pesos, lo que representa un 37.5% menos que en 2018.
Alfaro considera contratar deuda Por otra parte, las organizaciones se congratularon que no se destinaran recursos federales a la construcción de la presa derivadora El Purgatorio, la cual forma parte del Sistema Zapotillo-León. Sin embargo, la conclusión de dicha obra es uno de los cuatro proyectos prioritarios para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. A esta obra se han canalizado 9 mil
800 millones de pesos, cuando el costo original era de 6 mil 788 millones. Ante la falta de recursos de la federación, Alfaro declaró que el plan B para terminarla sería contratar un crédito por 7 mil millones de pesos. Las agrupaciones piden al mandatario estatal que construya una “verdadera política de gestión integral del agua, no construir más presas y no endeudar a Jalisco solicitando créditos ante la falta de fondos de la Federación”.
Contraloría de Morelos recibe dos denuncias contra Graco Ramírez por préstamo irregular Y es que el pasado 21 de septiembre, se autorizó un crédito al entonces gobernador Graco Ramírez, para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado. Según la información del gobierno de Morelos, los procedimientos alcanzan al extitular de Hacienda Jorge Michel Luna, quien “autorizó el préstamo y firmó como aval para el otorgamiento del crédito” en mención, mismo que fue “contrario a las disposiciones que rigen al crédito indebidamente otorgado; motivo por el que se procedió en contra de lo dispuesto por la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. El gobierno de Graco Ramírez y sus exfuncionarios acumulan ya
una treintena de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora la Contraloría del estado.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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ctivistas y organizaciones de la sociedad civil exigieron “un proceso incluyente, técnico y respetuoso” en la selección de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para alcanzar un órgano de justicia “independiente e imparcial”. Bajo el lema #CorteSinCuotasNiCuates, las organizaciones encabezadas por México Unido contra la Delincuencia (MUCD), junto con aproximadamente 300 adherentes, pidieron a senadores encargados de los procesos de relevo en la SCJN no mezclar intereses partidistas en la designación. En peticiones a todos los grupos parlamentarios, los firmantes consideraron indispensable que el Senado “tome en cuenta la opinión de todas las voces y de todos los actores políticos involucrados en el proceso”, así como una “revisión exhaustiva” de los antecedentes y perfiles de los candidatos, a fin de que sean sus méritos los elementos a considerar para su selección. Los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales recomendaron seleccionar a “abogados de reconocido prestigio, totalmente independientes de vínculos al interior de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, así como a candidatos “imparciales, ajenos a cualquier ideología partidista o política”. Consideraron que para alcanzar una SCJN “moderna” se requiere garantizar un “proceso de designación y aprobación de ministros de la Corte, transparente, legal y democrático”. Al insistir en una selección de candidatos guiada por la “autonomía de pensamiento, independien-
Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)
La Cámara de Diputados modificará el dictamen sobre la Guardia Nacional, y esta misma semana podría someterse votación. “Vamos a hacer ajustes al dictamen de la Guardia Nacional para escuchar a todas las voces y todos los colectivos. Siempre priorizaremos el debate y la construcción de acuerdos”, escribió en su cuenta de Twitter el coordinador de Morena, Mario Delgado. Por separado, las legisladoras Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano (MC), y Tatiana Cloutier y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena, así como José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron la comparecencia de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, general Luis Cresencio Sandoval González y almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente. La solicitud se hace “por el reconocimiento tácito de que el mando
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ONG exigen un proceso “incluyente, técnico y respetuoso” en relevo de la SCJN Bajo el lema #CorteSinCuotasNiCuates, las organizaciones encabezadas por México Unido contra la Delincuencia (MUCD), junto con aproximadamente 300 adherentes, pidieron a senadores encargados de los procesos de relevo en la SCJN no mezclar intereses partidistas en la designación.
tes en su actuar y garantes de la democracia”, los activistas exigieron a los senadores “no violar el principio de división de poderes que impide acceder a una justicia impartida por jueces independientes e imparciales,
no desacreditar a los miembros del Poder Judicial y no criticar a la Suprema Corte utilizando datos falsos”. Entre las organizaciones sociales que presentaron las exigencias a los senadores, además del MUCD, re-
saltan el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, México 180, Unidos por Puebla, Treinta y Tres Mujeres, Barra Mexicana Colegio de Abogados-Capítulo Puebla, así como el Colectivo Sentido Común.
Anuncian ajustes al dictamen de la Guardia Nacional; “siempre priorizaremos el debate”: Morena operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de las fuerzas armadas, y con ello la preocupación expresa de académicos expertos en el tema y de organizaciones de la sociedad civil”, precisaron en una carta dirigida a la presidenta de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez. En su misiva, los cuatro legisladores destacan que se trata de un ejercicio democrático que coadyuve a lograr una legislación “con pleno respeto a los derechos humanos y dé respuesta a la grave crisis de violencia, seguridad e impunidad”. Asimismo, piden “sostener un diálogo abierto que permita discernir e intercambiar impresiones respecto a dicha iniciativa, antes de comenzar con el proceso de dictaminación”. La semana pasada, juristas, organismos de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil acudieron a la
Comisión de Puntos Constitucionales para exponer su preocupación por la militarización de las tareas de seguridad pública, y por la determinación de que la Guardia Nacional esté bajo
órdenes del mando militar. El encuentro aún no se ha definido, pero podría ocurrir este jueves 20, ya que no habrá sesión del pleno en San Lázaro.
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SHCP afirma que oferta de compra de bonos del NAIM obtuvo “apoyo abrumador” de tenedores Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
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a Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la última oferta de compra de bonos recibió un apoyo “abrumador” por parte de los tenedores de dichos instrumentos financieros. Mediante un comunicado, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa señaló que “la oferta ha recibido un apoyo abrumador de los tenedores de bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT). El MexCAT recibió ofertas y el consentimiento de una substancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series”. Dicha oferta, lanzada el pasado 11 de diciembre, busca recomprar bonos hasta por un monto total de principal de 1.8 mil millones de dólares americanos, y hasta el monto principal prorrateado de cada serie de bonos, a un precio fijo de mil dólares por cada mil de monto de principal, más intereses devengados y no pagados. Asimismo, la nueva oferta de MexCAT modificó la solicitud de consentimiento a efecto de incrementar la comisión por consentimiento a 10 dólares por cada mil dólares que ha sido pagada a todos los
Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
El espionaje político a través del software Pegasus, uno de los escándalos de la pasada administración cuya opacidad ha sido persistente, será transparentado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que no ha visto los archivos, pero los hará públicos y como dijo desde finales de junio, reiteró que su gobierno no espía a activistas sociales y periodistas. “Ya no hay golondrinas en el alambre”, dijo haciendo eco de la expresión popular sobre las escuchas e intervenciones ilegales. A mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, organizaciones ciudadanas reunidas en la Red de Derechos Digitales (R3D), lograron desentrañar un intrincado manejo de espionaje político, con base en los análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que detectó el uso de software espía. El gobierno mexicano negó siempre los datos; el Instituto Nacional
Mediante un comunicado, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa señaló que “la oferta ha recibido un apoyo abrumador de los tenedores de bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT). El MexCAT recibió ofertas y el consentimiento de una substancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series”
tenedores de bonos que participen en la oferta de recompra, siempre que MEXCAT recompre bonos de la serie correspondiente. También a todos los tenedores de bonos que den su consentimiento a las modificaciones propuestas sin que participen en la oferta de recompra, y que dicho consentimien-
to sea aceptado por MexCAT. Para aquellos bonos que sean aceptados para su recompra, la comisión por consentimiento estará incluida en el precio de recompra. Este día la SHCP reconoció y agradeció la cooperación de la comunidad de inversionistas internacionales para asegurar el resultado
exitoso de esta transacción. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desea continuar con una relación constructiva, transparente y de beneficio mutuo con todos los actores principales para continuar promoviendo el desarrollo de la infraestructura en México”, señaló.
Espionaje político mediante Pegasus será transparentado: López Obrador de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, clasificó la información. Ayer, un juez de materia constitucional concedió un amparo a la R3D, en contra de dicha clasificación, con lo que los archivos deberán transparentarse a menos que la Procuraduría General de la República, impugne la sentencia. Con la declaración de López Obrador esta mañana, la litigiosidad del caso parece haber concluido, lo que depara la transparencia del asunto. El software Pegasus, es un sistema de espionaje que infecta teléfonos celulares, dando acceso a toda la información que ahí se contenga, así como al micrófono y la cámara. De acuerdo a los datos del Citizen Lab, se habría empleado para espiar a quienes realizaban señalamientos
de corrupción desde la sociedad civil y a periodistas, entre otros, al equipo de Carmen Arsitegui que realizó el reportaje “La Casa Blanca de Peña
Nieto”, llegando al extremo de haber infectado el teléfono del hijo de la periodista, en ese tiempo, menor de edad.
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De la redacción Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional. Dicha Guardia, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas y quedar adscrita administrativamente a las mismas, “contraviene lo previsto por los principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución, en el sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles sobre las militares”, puntualizó en un comunicado. Además, abundó, es contraria a recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito. “El replanteamiento de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos”, subrayó. De igual manera, destacó que la utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan sólo es una parte de la misma. La Guardia Nacional, recalcó, “generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”. La CNDH, subrayó, no se opone a la participación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas, y llama la atención sobre la nece-
Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)
La mayoría de los integrantes de la bancada de Morena en el Senado de la República decidieron apoyar por 38 votos al magistrado Juan Luis González Alcántara para ser el nuevo ministro de la Suprema Corte, mientras que Loretta Ortiz tuvo 13 votos y Celia Maya García no recibió ningún voto. De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador Ricardo Monreal, la bancada mayoritaria del Senado escuchó a los tres candidatos por separado, en una exposición de 20 minutos cada uno. La Comisión de Justicia, responsable de dictaminar sobre esta terna,
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Como está planteada, la Guardia Nacional no garantiza justicia: CNDH La CNDH, subrayó, no se opone a la participación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas, y llama la atención sobre la necesidad de que tal participación se regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales premisas
sidad de que tal participación se regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales premisas. Expresó que, si bien no considera que tal cuestión sea deseable, ha sostenido de manera reiterada que ante la situación de inseguridad, violencia e impunidad que existe en diversas regiones del país, es necesaria tal presencia a efecto de contrarrestar las actividades del llamado “crimen organizado”, ante la falta de recursos y capacidades para tal efecto por parte de las policías civiles y la frecuente penetración y toma de las mismas por parte de las referidas organizaciones delictivas. De acuerdo con el organismo presidido por Raúl González Pérez, la Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, “en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo”, además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran
riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos. “Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles”. Según la CNDH, la propuesta de reforma constitucional tiene múltiples ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional para actuar, a efecto de “preservar el orden y la paz pública”, abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta.
De igual forma, no se establece cómo se van a desarrollar a las policías civiles, cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando, ni las bases y términos en que se daría la coordinación entre instancias de los tres niveles y órdenes de gobierno, y mucho menos con los Ministerios Públicos (MP). Este último aspecto, apuntó, es de especial relevancia en tanto que la investigación de los delitos necesariamente debe quedar en manos de los agentes del MP y preservar múltiples garantías y derechos. De igual forma, la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían que ser de carácter civil. Finalmente, insistió en la necesidad de contar con fiscalías autónomas en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores. Remató: “Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia”.
González Alcántara, el favorito de la bancada de Morena en el Senado para la SCJN avaló a los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el sitio que dejó vacante el ministro José Ramón Cossío. La oposición en esta comisión está empujando para que se vote al inicio del próximo año quién será el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte. Para lograr la mayoría de las dos terceras partes del Senado se requieren 85 votos, de los cuales, Morena y sus aliados como el PT y el PES cuentan con 75, de los cuales 59 son del partido gobernante, seis del PT, cinco del PES y cinco del Verde.
De lograr los votos del Movimiento Ciudadano, aumentarían a 82,
pero necesitan de algún legislador del PAN, del PRI o del PRD.
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Llaman a no aprobar iniciativa provida en Aguascalientes Aline Espinosa Gutierrez Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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rganizaciones defensoras de derechos de las mujeres reunidas en diversos colectivos en Aguascalientes, denunciaron inconsistencias en los dictámentes aprobados por las y los legisladores del congreso de esta entidad que buscan “proteger la vida desde la concepción”, las votaciones son a puerta cerrada y no hubo un debate con especialistas para ver la viabilidad de la propuesta. En entrevista con Cimacnoticias, una de las integrantes del colectivo que se conformó para impedir la aprobación de esta iniciativa, Angélica Contreras, dijo que varias organizaciones de la entidad como Morras Help Morras (MHM), Cultivando Género, Combativa Colectiva, Observatorio de Violencia de Género, entre otras, se conformaron en este colectivo feminista desde donde emprenderán diferentes acciones para impedir la aprobación de esta iniciativa, que se pretende hacer el próximo 27 de diciembre. La iniciativa fue presentada el pasado 10 de diciembre ante el congreso local por el diputado del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Encuentro Social (PES), Jesús Morquecho Valdez, para adicionar al artículo 2 de la Constitución Política un párrafo que “reco-
nocerá el derecho de todo ser humano a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”. La iniciativa ya fue aprobada en las comisiones unidas de la Familia y Derechos de la Niñez y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, con lo que ahora queda en manos del congreso su aprobación. Actualmente, la Constitución local estipula en su artículo 2 “...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, la presente Constitución y en las leyes locales, así como de las garantías para su protección…”. La defensora, Angélica Contreras, recordó que esta iniciativa es resultado de las promesas que muchas de las y los legisladoras, entre ellos Jesús Morquecho Valdez y Mónica Raquel
Delgado Enriquez, los dos del PAN, hicieron durante sus campañas de elección, promesas pactadas con los grupos fundamentalistas pertenecientes al Frente Nacional de la Familia (FNF), organización en pro de la vida y quienes dijo la defensora, han tenido una fuerte presencia durante las votaciones. La también directora de la revista “Quintaescencia”, explicó que en este estado, el PAN (partido que se ha dedicado a impulsar estas reformas “a favor de la vida”) tiene la mayoría en el congreso, con 13 diputados de 27, por lo que alertó que la iniciativa sea aprobada ante las presiones del FNF y la “urgencia del PAN porque pase antes de que concluya el 31 de este año. Para aprobar la iniciativa, aclaró que el PAN requiere de 18 votos a favor, que -aseguró- podrían venir de los partidos Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVE), pues la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya ha declarado que votará
en contra. Ante este panorama, las integrantes de este colectivo de más de 20 organizaciones, iniciaron diversas acciones como marchas y activismo en redes sociales para informar a las mujeres de Aguascalientes y también para difundir el derecho al aborto legal por violación como mandata la Norma Oficial Mexicana NOM-406, que dijeron es de carácter federal y está por encima de la Constitución local. “Es importante que quede claro, promover la despenalización de la interrupción del embarazo no obliga a que todas las mujeres interrumpan su embarazo”, agregó Contreras. De acuerdo con el Código Penal de este estado, las mujeres pueden acceder a un aborto seguro “cuando la madre o el producto corren grave peligro de muerte, o bien, cuando el embarazo haya sido causado por una violación sexual”. De realizar esta práctica fuera de estas causales la condena va de 6 meses a 3 años de cárcel y 40 a 80 días de multa. De aprobarse la iniciativa, Aguascalientes se convertiría en el estado número 19 en “proteger la vida desde la concepción/fecundación” como ya sucede en Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz y Sinaloa.
OSC exhortan a no desaparecer Programa de Coinversión Social De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a dar marcha atrás a la desaparición del Programa de Coinversión Social que contempla el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019, pues aseguran que impactaría negativamente en el trabajo que realizan a favor de la equidad de género. Entre los recortes que plantea el proyecto de Egresos de la Federación 2019 al Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres está desaparecer el Programa de Coinversión Social a cargo de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Secretaría del Bienestar. Este programa que en 2018 recibió un monto mayor a 128 millones de pesos (mdp) beneficiaba a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la equidad de género a través de temáticas vinculadas como la mejora alimentaria, salud y capacitaciones a juventudes. Ante el cambio que esta decisión
supone para las organizaciones civiles, iniciaron una recolección de firmas a un pronunciamiento que entregarán mañana a la Cámara de Diputados en el que denuncian que el recorte tiene implicaciones negativas en la sostenibilidad financiera de las organizaciones civiles y por ende limitaría su impacto social. También rescatan que este programa facilita y promueve la vinculación del Estado con las organizaciones civiles en pro de la construcción de un país democrático, incluyente y plural para las mexicanas y mexicanos, un objetivo estipulado en la Ley de Desarrollo Social y donde se reconoce la función de las organizaciones civiles en el desarrollo social. Argumentaron que el Programa de Coinversión Social es reconocido en la evaluación del Desempeño de Programas Públicos Generales de 2018 como uno de los que tiene alto nivel de desempeño y que destaca por su transparencia en los resultados y del ejercicio del recurso público. Tan sólo en 2017 a través de este programa se apoyaron 966 proyectos de las organizaciones civiles que
beneficiaron a 325 mil 890 personas: 56 por ciento mujeres y 43 por ciento hombres, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social. De los recursos que destina la Federación a la promoción de la equidad de género la mayoría se ha concentrado en el Ramo 20 “Desarrollo Social” (ahora cambió su nombre a “Bienestar”), por ejemplo, en 2018 a se le dedicaron más del 40 por ciento del total de recursos del Anexo 13, es decir 20 mil 50.1 mdp. Aunque este rubro en el proyecto de Egresos 2019 se mantiene con la mayor bolsa del Anexo 13 tuvo modificaciones severas como la eliminación del Programa de Coinversión Social y la disminución de recursos a la mitad al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Otro programa del Ramo 20 que desapareció es el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) enfocado a erradicar, sancionar y prevenir la violencia de género en los estados. El mayor presupuesto para este ramo se concentró en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, al que le fueron asignados
cerca de 38 mil mdp. Cabe recordar que desde la década de los 90 se inició en análisis del gasto público con un enfoque de género derivado de las conferencias mundiales de El Cairo y Beijing. Pero fue hasta 2008 que se incorporó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el anexo “Presupuestos para mujeres y la igualdad de género”. Mismo que posteriormente se denominó “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, nombre que preserva hasta ahora. Los recortes a la bolsa del Anexo 13 movilizó al movimiento amplio de mujeres para asegurar recursos suficientes que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las mexicanas, ayer entregaron una carta a las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género quienes se comprometieron a no retroceder en la materia.
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EL FANTASMA DE LLANO DE LA VÍBORA Y MORALES LECHUGA Jenaro Villamil
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a caja de Pandora que es la historia del narcopoder en México volvió a abrirse con expedientes del pasado reciente. En especial, uno relacionado con el periodo en que Ignacio Morales Lechuga fue procurador general de la República durante 20 meses en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La caja fue entreabierta por el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes, testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Cifuentes relató en la corte de Nueva York que sobornó a al exprocurador general Ignacio Morales Lechuga, sin aportar ninguna prueba más que su dicho. Cifuentes afirmó que le pagó a Morales Lechuga a cambio de protección familiar y que alcanzó a tener en su nómina hasta 70 policías federales. -¿Lo sobornaba? –preguntó uno de los tres abogados de El Chapo, Jeffrey Lichtman. -Sí, señor –afirmó Cifuentes, quien estuvo asociado al cártel de Sinaloa, al referirse a Morales Lechuga. El testigo colombiano se extendió cuando mencionó que “tenía 70 policías federales (mexicanos) en su nómina…pero la nómina la pagaba yo. Los federales no sabían que todos trabajaban para mí”. De inmediato, en su cuenta de Twitter y en declaraciones a varios medios, Morales Lechuga afirmó que “son totalmente falsas y por lo tanto calumniosas y difamadoras las acusaciones hechas en mi contra por parte de un narcotraficante en el juicio de Joaquín Guzmán”. “Estas afirmaciones generan, cuando menos, responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer”, sentenció el actual notario público 116 de la Ciudad de México, quien
también fue embajador mexicano en Francia. Al recordarle en un mensaje de tuit el episodio del enfrentamiento entre agentes policiacos y militares en Llano de la Víbora, en Tlalixcoyán Veracruz, en noviembre de 1991, Morales Lechuga sentenció en su cuenta de Twitter que la recomendación 126/1991 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida en diciembre del mismo año, aclaró el asunto. Aquella recomendación acreditó la hipótesis de que el enfrentamiento entre militares y soldados en el Llano de la Víbora fue producto de una “confusión”. El relato de los hechos realizado por la CNDH señala que hubo un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo con cargamento de droga y que llegaría a esta pista clandestina. Casualmente, en esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar cargamentos de droga. La CNDH recibió 14 videocasettes proporcionados por la PGR, la Secretaría de la Defensa y hasta la embajada de Estados Unidos (¿estuvieron presentes agentes de la DEA?) para emitir su recomendación. “La muerte de los siete agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo (cursivas propias) que ordenó el general Morán Acevedo entre las 8:00 y 9:00 horas, cuando se reportó el cese de hostilidades”, afirmó la CNDH en su exposición de los hechos. La CNDH concluyó que el general Alfredo Morán Acevedo sí tenía noticias de que las personas que sostenían enfrentamientos con elementos del ejército podían ser elementos de la PJF y ordenó una investigación al
procurador militar en contra de dicho general. Esta fue la “verdad histórica” que quedó de aquel tremendo enfrentamiento que despertó dudas por todos lados. El jefe de la Policía Judicial Federal era en ese momento el procurador general Ignacio Morales Lechuga. El 16 de noviembre de 1991, la revista Proceso publicó un extenso reportaje sobre el Llano de la Víbora. Los testimonios recabados coincidieron en que siete judiciales fueron acribillados a mansalva. El reportaje de Homero Campa planteó muchas dudas que aún se mantienen: ¿qué hacían elementos del ejército en una pista clandestina? ¿cómo llegó ahí una camioneta cargada con barriles de turbosina? ¿quién, realmente, disparó primero? ¿dónde quedó el video de aquel enfrentamiento? ¿qué hacía el avión de la PGR que detectó la avioneta de los narcos y que, supuestamente, filmó los hechos? ¿cómo pudieron escapar los narcotraficantes en medio de dos operativos que tenían para atraparlos? Años después, el periodista veracruzano Miguel Angel López Velazco, publicó su libro Masacre en el Llano de la Víbora. Mejor conocido como Milo Vera, el columnista relató que durante muchos años comandos armados controlaron El Llano de la Víbora y que las pistas clandestinas estuvieron protegidas por elementos de la extinta PJF. En junio de 2011, Milo Vera fue asesinado en esta ola tremenda e impune de crímenes a periodistas en Veracruz. El Llano de la Víbora, 27 años después, aún sigue destilando su veneno y demuestra la cabeza de la hidra que siempre ha sido el narcopoder en México.
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LA CARAVANA MIGRANTE, DESILUSIONADA Y DILUIDA
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l rebasar un mes del arribo de la caravana migrante a Tijuana (10 de noviembre), la desilusión es el sentimiento generalizado entre sus integrantes. Más aún, la caravana se ha diluido y comienza a convertirse en uno más de los grupos de migrantes que llegan a la ciudad fronteriza, como los haitianos (2016), los desplazados de Michoacán y Guerrero (desde 2017) o los deportados que lo han hecho por miles todos los meses durante los últimos ocho años. Las preguntas que flotaban en el aire el 12 de octubre, cuando se organizó la caravana en San Pedro Sula, Honduras, y el 19 de ese mes, cuando cruzó la frontera MéxicoGuatemala, eran: ¿Se trata de un movimiento espontáneo?, o ¿se trata de una marcha organizada con móviles políticos? La caravana es espontanea en la medida en que el perfil socioeconómico y lugares de origen de sus miembros son similares a los migrantes que transitan por nuestro país para intentar un sueño americano. Según la encuesta que realizó El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ), los miembros de la caravana son abrumadoramente del triángulo del norte centroamericano: 82% hondureños, 9.6% guatemaltecos y 7.3% salvadoreños. Menos de 2% son de otras latitudes. El 76.9% eran hombres, 23.2% mujeres. El grueso era joven. La mitad tienen entre 18 y 29 años. De escolaridad baja; 65% de hombres y mujeres sólo tenía seis años o menos. (Encuesta a 1,037 migrantes, 22 de noviembre, Unidad Deportiva Benito Juárez, Tijuana). Como en otras ocasiones, las caravanas migrantes son organizadas inicialmente por grupos y líderes específicos. En esta ocasión había activistas políticos en Honduras que deseaban mandar un mensaje al presidente Orlando Hernández –el pueblo está huyendo despavorido de la pobreza y de la violencia. Pueblo Sin Fronteras, organización no gubernamental basada en Chicago con tintes radicales pro defensa de los derechos de los migrantes, apareció una vez más para guiar a la caravana. En esta ocasión, y gracias a las redes sociales, no fueron cientos de participantes como suele ocurrir con las caravanas, sino poco más de 7 mil. También destaca que la propia caravana en su tránsito tuvo ciertos tintes de autogobierno. Por ejemplo, se prohibió que los varones bebieran en las noches y no dejaran dormir. Al aproximarse a la frontera con
Rafael Fernández De Castro Incluso, para fortalecer el control y la seguridad del nuevo campamento, el Inami decidió registrar a los miembros de la caravana y darles una credencial con fotografía, lo cual también tuvo un efecto de expulsar a vendedores, polleros y maleantes que se aprovechaban de los servicios y comida brindada a la caravana.
Estados Unidos apareció un grupo importante de abogados estadunidenses empeñados en asesorar a los migrantes. Unos de buen corazón; otros con fines ambiguos.
La conformidad de México
Son tan cotidianos los abusos en territorio nacional contra los migrantes en tránsito, tanto de grupos criminales como de autoridades de los tres niveles de gobierno, que el gobierno federal “no tenía cara” para entrar en diálogo con la caravana. La transición debilitó más a un gobierno endeble. El equipo de Enrique Peña Nieto no quería actuar, pues sentía que ya le tocaba al de Andrés Manuel López Obrador. Los funcionarios ya nombrados, pero aún no en funciones, se negaron a entrarle a un tema particularmente espinoso. Por ejemplo, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitó la frontera Tijuana-San Diego el 20 de noviembre y ningún secretario de estado de Peña –ni los prospectos de Andrés Manuel López Obrador– acudió a verla. Ahora bien, al entrometerse Donald Trump y utilizar a la caravana con fines electorales –“está cundida de terroristas y maras salvatruchas”– y exigir al gobierno de México impedir su avance, le ató las manos tanto al gobierno saliente como al entrante. No había forma de hacerle el trabajo sucio al inquilino de la Casa Blanca, quien no tiene empacho en llamar a nuestros migrantes “violadores” y “criminales” y decir que los salvadoreños “provienen de un país de mierda”. Ante la parálisis federal, estados y ciudades por las que pasaba la caravana hicieron lo que más les convino –ayudarlos y cuidarlos, pero sobre todo despacharlos de prisa a la frontera.
Improvisación en Tijuana
Antes de lo que se esperaba, los miembros de la caravana empezaron a llegar a Tijuana (10 de noviembre). El gobierno federal ni siquiera intentó disuadirlos para que no llegarán todos a esa ciudad. En esas cantidades, decían, generaban peligros y, seguramente, rechazo social. La ciudad no estaba preparada. Los dos primeros contingentes llegaron a Playas de Tijuana, una zona residencial, lo que provocó una airada crítica de los vecinos. También llamó la atención que no llegaran a ninguno de los 30 albergues de migrantes con los que cuenta la ciudad. Los líderes decidieron que que-
La caravana, un hito rían permanecer unidos. La autoridad local improvisó una pequeña unidad deportiva, la Benito Juárez, en la Zona Norte, el 14 de noviembre. Sólo contaba con un espacio cerrado, el gimnasio o cancha de basquetbol. Supuestamente sólo estarían familias. En los hechos, no había separación. Según fueron llegando, los migrantes eligieron los lugares menos malos. Llegó un momento en el que hasta la cancha de beisbol se llenó de tiendas de campaña y bolsas de dormir. Irónicamente, la cancha colinda con la barda de fierro corrugado que demarca y muestra una frontera impenetrable. El 25 de noviembre, después de una protesta de un grupo de aproximadamente 300 miembros de la caravana en la garita de El Chaparral, se generó una situación tensa y peligrosa. Decenas de migrantes corrieron hacia territorio estadunidense, donde serían repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Las imágenes de niños y mamás huyendo son terribles. Se evitó, sin embargo, un derramamiento de sangre. Trump había amenazado responder con balas. Cuando la unidad estaba a tope a finales de noviembre, con más de 6 mil personas, empezó el frío y la lluvia; así es Tijuana en esta época del año. Crecía el temor de que la hacinación humana pudiera causar una epidemia sanitaria que acabara en tragedia. Dos días antes de la toma de posesión de López Obrador (29 de noviembre), se habilitó un nuevo campamento, El Barretal, un centro de espectáculos abandonado lejos de los puertos fronterizos. La autoridad federal, el Instituto Nacional de Migración (Inami) rentó el inmueble, donde hubo orden desde un inicio. Separaron familias, niños no acompañados, varones y mujeres. En el patio de entrada se establecieron distintos servicios del gobierno federal: un convoy médico del IMSS, obviamente bien dotado, y la presencia visible de agencias multilaterales, como la Cruz Roja y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Después de un mes de estar en Tijuana, los primeros contingentes de la caravana, el movimiento migrante de cerca de 7 mil personas, se encuentra desilusionado y diluido. La ilusión de que ingresarían a Estados Unidos como lo hicieron en México se hizo añicos. Se toparon con una frontera estadunidense impenetrable. Blindada por bardas de acero corrugado, garitas extremadamente bien vigiladas y abundante personal militar, el cual ya había preparado el terreno para evitar cruces forzados. La encuesta del Colef evidencia que la mayoría de los miembros de la caravana tiene el deseo ferviente de ingresar a Estados Unidos, pero pocos tenían idea clara de cómo hacerlo; mucho menos una estrategia al respecto. La mitad (51% varones y 48% mujeres) reportó cruzar a Estados Unidos como su principal expectativa. Para menos de una cuarta parte (19.2% varones y 24.4% mujeres) la prioridad era pedir asilo. Sorprendentemente, poco más de 20% dijo querer quedarse en Tijuana y 6.7% de varones y 5.5% de mujeres respondieron no saber qué hacer. De las más de 6 mil personas que llegaron a abarrotar la Unidad Deportiva Benito Juárez, hay aún cerca de 2 mil 500 en El Barretal y aproximadamente unos 400 permanecen en la calle aledaña a la unidad Benito Juárez. Muchos, cerca de mil, han decidido regresar a sus lugares de origen, ya sea con ayuda de las autoridades mexicanas o bien por sus propios recursos. Los jóvenes y más aptos están aprovechando las visas humanitarias que ofreció el gobierno de México y están trabajando o en búsqueda de empleo en Tijuana, donde la industria de la construcción presenta un gran dinamismo. Los que tienen familia en Estados Unidos y pueden acceder a recursos intentarán la vía de coyotes y traficantes de personas. Los más esperarán internarse a través del recurso de asilo; es decir, esperarán en fila hasta que al cabo de unos meses pasen a la entrevista con la autoridad estadunidense. La mayoría serán rechazados.
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LA REPRESIÓN LETAL DE PEÑA NIETO: 184 CASOS EN LA IMPUNIDAD Arturo Rodríguez
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l saldo es definitivo. Durante el período de gobierno de Enrique Peña Nieto, 184 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos o que por su oficio se dedicaban a ejercerlos, fueron asesinadas en el contexto de una labor que incomodaba a los grupos de poder. Pueden parecer incidentes aislados y, sin duda, la mayoría son inconexos, es decir, no se trata de movimientos relacionados –salvo excepciones como la disidencia magisterial—que sólo tienen en común ser una oposición --mayoritariamente ajena a los partidos políticos formales-- a decisiones de gobierno. El informe que el Comité Cerezo México acaba de emitir es concluyente: no se trata de asesinatos, son ejecuciones extrajudiciales. Esto es, cuando los perpetradores son agentes del Estado, o bien, es identificable su aquiescencia, esto es que siendo los perpetradores particulares sirven a un interés estatal. La aquiescencia, tiene la característica en estos años, de tener una coartada perfecta en la presunta actuación del crimen organizado que, a final de cuentas, termina favoreciendo intereses de quienes estaban en el gobierno y empresas relacionadas. Si hemos de hacer caso a los viejos periodistas policiacos que, ante un crimen solían plantearse a quién beneficia su comisión, los casos documentados en el men-
cionado informe demuestran que se trata, en más de la cuarta parte, de personas que se oponían a megaproyectos de infraestructura carretera, hidráulica, energética o minera, pues al identificar los derechos que reclamaban, se advierte que buscaban hacer valer la autodeterminación de los pueblos indígenas, la defensa del territorio o del medio ambiente. En concreto, se trata de 53 personas asesinadas en el contexto de sus resistencias a la imposición de megaproyectos y, en buena medida, a la implementación de las reformas estructurales. Y es que, en esos 53 casos es posible advertir que había una relación directa con oposiciones a la implementación de las reformas energética y minera, pero si a esto sumamos los casos de quienes se opusieron a la reforma educativa, la cifra sube a casi 100 casos. Esto es que, las reformas en su conjunto, fueron altamente letales. De hecho, un dato que destaca en el informe es la incidencia por año. En 2013 y 2015, se registraron 18 ejecuciones respectivamente. En 2014, fueron 19. Para 2016, ya en plena implementación de las reformas, la cantidad de casos se duplicó hasta sumar 37 ejecuciones. Para 2017, el peor año, fueron 52 y, el 2018, con 11 meses, fueron 40 casos. Podría decirse entonces, que el registro de víctimas aumenta de manera simétrica con la concreción de las reformas estructurales, a lo que se suma otro factor, como
lo es, el de las entidades federativas donde ocurrieron más casos. Sólo Oaxaca con 49 asesinatos, y Guerrero, con 41, representan la mitad de los casos registrados en el sexenio. Se trata pues de dos de las entidades con mayores procesos sociales activos en contra de la reforma educativa, pero también de numerosos megaproyectos eólicos, hidroeléctricos, mineros y de infraestructura en general. A esas entidades, siguen otras con condiciones similares: Chiapas y Veracruz, con 16 asesinatos cada uno, y Chihuahua con 12 casos. Con los datos anteriores, es posible advertir que esas cinco entidades federativas concentran la mayoría de los casos (134) y que 50 asesinatos se reparten entre 18 entidades de las que sólo escapan Aguascalientes, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas. La estadística del Comité Cerezo México. El problema central es que, ante la oferta del presidente Andrés Manuel López Obrador de un “punto final”, la continuidad de proyectos de infraestructura --excepto el aeropuerto capitalino-- y la oferta de perdón, hay una tendencia a la impunidad. Es así, porque la narrativa presidencial se ha enfocado en poner a discusión sancionar o no la corrupción (como si cumplir la ley fuera opcional), que necesariamente pasa por los negocios al amparo del poder, por los cuales las elites políticas y económicas, estuvieron dispuestas a matar.
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EL PRESIDENCIALISMO Y LA 4T José Gil Olmos
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l presidencialismo es uno de los pilares del sistema político mexicano que le ha dado, con sus excepciones, una forma de gobierno peculiar que desde la Constitución de 1847 se ha mantenido sin ninguna modificación, a pesar de que ha habido periodos dictatoriales como el de Porfirio Díaz e intentos de darle matices parlamentarios y restar la concentración del poder en una sola figura. Influenciado por el sistema político norteamericano que eligió esta forma de gobierno desde su constitución en 1777, el presidencialismo mexicano parte de la idea de que el pueblo elige a su gobernante y su líder, pero sin llegar a los extremos de concentrar el poder absoluto porque éste es compartido con los poderes legislativo, cuyos integrantes también son electos por voto popular, y el judicial que son elegidos por el Senado a propuesta del presidente. Sin embargo, por la propia historia política mexicana, signada por la existencia de un partido único que gobernó 71 años seguidos y luego otro sexenio tras ser derrotado en dos ocasiones, el presidencialismo mexicano ha tomado en últimas fechas matices absolutistas que atentan contra la forma de un gobierno democrático.
Ahora que ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador con la votación más alta que ha tenido un presidente, su propuesta de encabezar la Cuarta Transformación del país, su forma tan personal de gobernar centrada en su voluntad y el predominio de su partido Morena en el poder legislativo, provoca críticas por tentaciones absolutistas en la toma de decisiones. El voluntarismo del presidente López Obrador se manifiesta en cada una de las propuestas que integran la Cuarta Transformación. Por ejemplo, plantea que si él y su gabinete, así como la mayoría de los integrantes de su partido, siguen el camino de la honestidad en su quehacer público y en su vida privada, todos los demás, incluyendo a la ciudadanía, replicarán su conducta. El voluntarismo de López Obrador, sin embargo, no es suficiente para contagiar a los suyos, a los miembros de los otros partidos, a los empresarios, jueces, ministerios públicos, policías y a la ciudadanía que por décadas han tomado decisiones al margen de la legalidad. El presidencialismo de López Obrador tampoco está resultando suficiente para ordenar a los coordinadores de su partido Morena en el poder le-
gislativo. Las luchas entre Martí Batres y Ricardo Monreal en el Senado, el protagonismo de Pablo Gómez actuando como si fuera el dueño de la cámara de Diputados saltándose al coordinador Mario Delgado, ha mostrado una desorganización y un desorden que afecta los vasos comunicantes entre el presidente y los legisladores. Quizá sea tiempo de plantear nuevas maneras del presidencialismo dentro de la Cuarta Transformación, dejar de centrar toda la actividad de gobierno en la figura de López Obrador e iniciar una transición a la democracia en la cual la figura presidencial deje de retroalimentarse con giras en todo el país inaugurando escuelas, carreteras, hospitales y obras públicas como se hizo en tiempos del general Lázaro Cárdenas, cuando era necesario fortalecer esa figura esencial en la estructura de gobierno. Por cierto…Las conferencias de Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas han resultado una novedad en redes sociales y son seguidas por miles de simpatizantes del presidente. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias habrán de determinar si seguirán teniendo su efecto positivo o tendrá que cambiar para que la figura presidencial no sufra un desgaste diario.
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¿CUÁNTO DEBE GANAR EL PRESIDENTE? Ricardo Raphael
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o sólo los separa una calle: por estos días entre el Palacio Nacional y la sede del Poder Judicial hay una pared de fuego. La disputa tiene dos cuerdas que se han hecho nudo: de un lado está la autonomía y del otro lado la austeridad salarial. Dos valores que, por separado, tienen mérito, pero que, al juntarlos, están provocando agravio. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la polémica, jueces y magistrados decidieron salir a la calle para protestar contra lo que consideran una arbitrariedad. A principios de la semana pasada el magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero declaró, a nombre de su gremio, que se ha buscado posicionar “un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas … que no corresponden ni cercanamente a la realidad”. El argumento para disentir con el presidente está en el artículo 94 de la Constitución. Ahí se prohíbe explícitamente reducir la remuneración de jueces, ministros y magistrados mientras ostentan un cargo. Se trata de un antiguo principio que nació en Inglaterra y se introdujo en la Constitución mexicana de 1857, el cual tiene como propósito asegurar la autonomía de los juzgadores. El dilema para los integrantes del Poder Judicial es claro: si se disminuyen el sueldo sin modificar el artículo 94, se violentaría la Constitución. Por otra parte, si se modificara ese artículo, entonces se vulneraría un principio funda-
mental de la autonomía. Tan desafiante es el tema que ha provocado, también, diferencias entre el Palacio de Covián –donde despacha la secretaria Sánchez Cordero– y el Palacio Nacional. “¿Qué opinaría yo?,” se pregunta la exministra en voz alta: “(pues que) no se reduzcan los sueldos, porque no se los pueden reducir constitucionalmente, pero que tomen en cuenta la situación económica del país”. Es obvio que el presidente López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, pusieron en un grave predicamento al Poder Judicial al tensar la cuerda entre dos polos: pareciera imposible decidir entre autonomía y austeridad. O bien se privilegia la garantía constitucional, o bien se reducen los sueldos bajo el rasero propuesto por el Ejecutivo. El principal acento de la tensión lo fija el nivel salarial que López Obrador decidió unilateralmente para sí mismo: dice el presidente que puede vivir con 108 mil pesos mensuales y eso habla bien de él. Pero la pregunta es otra: más allá del individuo en cuestión, ¿se trata de un salario justo para el presidente de México? ¿Lo es para un magistrado, un ministro o un juez? ¿Es adecuado para la alta funsión pública? Desde el punto de vista de la riqueza de México, 108 mil pesos es un salario muy bajo para el presidente de la República: somos la economía 15 del mundo y tal criterio podría servir para ubicar el salario presidencial. Angela Merkel, que gobierna Alemania, el cuarto país más rico del mundo, gana 600 mil pesos mensuales. Emmanuel Macron,
que gobierna Francia –la séptima economía del mundo– ingresa 345 mil pesos mensuales. El ruso Vladimir Putin, cabeza de la potencia número doce, ingresa 219 mil pesos mensuales. Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, que ocupa el lugar 17, obtiene 200 mil pesos mensuales. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, que ocupa el lugar número 26, obtiene 415 mil pesos al mes. Desde este parámetro 108 mil pesos mensuales es un salario muy bajo para el presidente de México. Sin embargo, hay otro criterio que no podría pasar desapercibido: el ingreso promedio en el país. Porque México es un país rico, pero absurdamente desigual, es que el salario fijado por la ley de remuneraciones para el presidente no es descabellado. El promedio del ingreso mensual de una familia mexicana es de 10 mil pesos, cifra que es 11 veces menor al salario establecido para el jefe del Estado mexicano. Vale aclarar que se trata del ingreso promedio percibido por una familia que vive justo a la mitad del edificio mexicano; si se compara con los ingresos de un hogar ubicado en el primer piso, el presidente estaría obteniendo 54 veces más. Ante estos tres criterios, nuevamente: ¿cuál es el ingreso justo para el presidente? ¿El que fija la Constitución en el artículo 94 para los ministros? ¿El que merecería por ser el jefe del Estado que es la potencia número 15 del mundo? ¿O el que debería obtener en un país tan desigual como el mexicano? Ninguna de estas preguntas se estaría haciendo en México si Ló-
pez Obrador no hubiera detonado la discusión. Desde este punto de vista vale celebrar que se exhiban por fin las desigualdades salariales del país y que se provoque conciencia al respecto. Ahora bien, lo verdaderamente injusto es que sólo los argumentos del presidente vayan a pesar a la hora de resolver el dilema. Las discusiones que de entrada están ganadas no son discusiones sino imposición. Como dice la exministra Sánchez Cordero, el Poder Judicial debería revisar con criterios de austeridad republicana sus gastos y prestaciones. Pero también el presidente López Obrador habría de reconsiderar, más allá del sueldo que él quiere percibir, si colocar la vara en los 108 mil pesos mensuales no es una exageración. Según el acuerdo para 2018, en el que se autorizaron sueldos y salarios para los servidores del Poder Judicial, el ingreso máximo autorizado es de 269 mil pesos por mes: un ingreso 26 veces mayor que el percibido por la familia media mexicana que es, al mismo tiempo, superior a los ingresos percibidos por los presidentes de las potencias 12 y 17 del mundo (Rusia y Turquía). Otra manera de aproximarse a esta discusión sería promover la convergencia salarial en nuestro país, no sólo por la vía del achatamiento de los ingresos más altos – dentro del Estado–, sino también por la expansión de los salarios menos aventajados. Pero esta es una discusión para otro momento. Mientras tanto, sigamos discutiendo qué es más importante, si la austeridad o la autonomía del Poder Judicial.
CMAN
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