CONTRAPODER EDICIÓN 1523 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El escenario político del próximo gobierno

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La gestión de Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas se espera con expectativas encontradas. Por un lado, hay la esperanza de que después de doce años de decisiones desafortunadas

A dos días de la toma de posesión de Rutilio Escandón como gobernador, la integración de su gabinete de gobierno continúa siendo una incógnita. Aún y cuando se especula con los nombramientos, las barajas están definidas. Lo grave es que algunos de los elegidos pecan de enriquecimiento inexplicable.

DIARIO

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EN CHIAPAS

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1523

INVESTIGACIÓN

INFORME

Hubo más ejecuciones con Enrique Peña Nieto que con Felipe Calderón En los seis años de guerra contra las drogas de Felipe Calderón se reportaron 121 mil 35 muertes violentas. Es decir, el sexenio de Peña Nieto superó al de su antecesor por 29 mil 957 ejecuciones más que la de su antecesor

Inicia éxodo de chiapanecos al norte vía transportistas “tijuaneros”

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COMUNICADO

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Profesores idóneos de Chiapas, cumplen tres meses exigiendo plazas, gobierno sin dar respuesta

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HOY ESCRIBEN SIGNOS

Salvador Ruíz Zambrano

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado

PUNTO Y COMA;

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Roger Laid

REUNIÓN

En Yochib, autoridades comunitarias realizan Asamblea de Consulta Indígena

AMLO no convence a tenedores de bonos del NAIM; rechazan oferta de recompra

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AMLO-CONAGO, EL PLEITO QUE NO FUE Arturo Rodríguez García

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FRAUDE EN PUEBLA: EN PUERTA EL FIN DEL CLAN MORENO VALLE José Gil Olmos

CON AMLO ¿INCERTIDUMBRE O ESPERANZA?

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Ernesto Villanueva PAG. 5

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Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL El escenario político del próximo gobierno

a gestión de Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas se espera con expectativas encontradas. Por un lado, hay la esperanza de que después de doce años de decisiones desafortunadas, la situación de Chiapas mejore; pero por otro lado, si en el nuevo gabinete aparecen funcionarios del actual gobierno o personas ligadas a la administración de Juan Sabines, como se viene especulando, el malestar y rechazo va a ser manifiesto de inmediato y las reacciones terminarán ocasionando una pérdida de legitimidad, de un gobierno que ya de por sí entra con muchas acotaciones de poder, pues se corre el riesgo que Chiapas se administre desde la capital del país. Los tiempos del gobierno de Manuel Velasco concluyeron en medio de una tensión social que hereda a la próxima administración, que además va a tener poco margen de operación política, debido a las condiciones de conflicto, al deterioro del ejercicio del poder que existe, pero también a las dificultades presupuestales, que no van a ser de bonanza como lo fue en los

últimos 18 años, lo que hace vislumbrar una situación difícil para el 2019 y los años siguientes, sobre todo si no hay crecimiento económico en el país. En la entidad, después de doce años de gobiernos malogrados, que terminaron con una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, no resulta fácil que se pueda reconstruir los márgenes de gobernabilidad en los próximos seis años, debido a que lo que camina mal no puede enderezarse de un día para otro, por eso es urgente y necesario que en los próximos meses se establezcan las bases para construir una nueva condición social para Chiapas, en el que se genere empleo, se reactiven las actividades agrícolas, se atienda la crisis del café, haya financiamiento para el campo y la microempresa, se renegocie la deuda pública, se construyan condiciones para una cultura de paz, se proporcione certidumbre jurídica en la aplicación de la ley y haya una atención política permanente a las demandas de la población. Junto a estas acciones, dos actividades prioritarias para el próximo gobierno son la creación de un programa

emergente de recuperación económica y el impulso a un modelo de justicia transicional, que recupere la memoria sobre la violencia institucional y los crímenes del pasado, que recupere la verdad, que se sancione a los responsables del clima generalizado de violaciones a derechos humanos en las comunidades indígenas, que se garantice la reparación integral del daño de las víctimas, en los familiares y de la comunidad y que se constituyan los mecanismos de no repetición de agravios y crímenes. El futuro para el próximo gobierno resulta poco halagüeño, porque se están construyendo expectativas de apoyos económicos en condiciones de restricciones presupuestarias, lo que puede generar violencia en el caso en que no haya cumplimiento a los ofrecimientos económicos que el gobierno federal viene realizando. Pero también debido a los problemas de gobernabilidad que prevalecen en varios puntos del territorio estatal, que puede generar un escenario en el que las demandas de la población resulten superiores a la capacidad de respuesta que tiene el Estado.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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De la Redacción Ciudad de México, Chis. (Tribuna)

ujeres indígenas desplazadas del estado de Chiapas apoyadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional, al arribar a la Ciudad de México como parte de su “Caravana de Pies Cansados” desde San Cristóbal de las Casas hasta Tuxtla Gutiérrez, exhortaron al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y detenga el acelerado proceso de desplazados en dicha entidad derivada de conflictos políticos y sociales. Asimismo, demandaron al Congreso de la Unión que elaboren leyes que garanticen castigo a los desplazadores de pueblos indígenas por motivos sociales, religiosos, políticos o económicos. Tenemos, coincidieron, la necesidad de una ley general para la prevención y atención integral del desplazamiento forzado interno (registro de personas desplazadas, fondo económico para la atención integral, procesos de pacificación y la reconstrucción del tejido comunitario, entre otros) y la tipificación del delito de desplazamiento forzado. En conferencia de prensa, Daniel Zuñiga Maldonado indicó que la CNPA MN apoya esta Caravana y solicita la intervención del Gobierno Federal para detener el desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Luego de conocer las experiencias de cuatro mujeres chiapanecas de diferentes comunidades, estás ( Catalina Etzin López, Cristina Pérez Pérez, Rosa López Gómez y Eva Méndez Núñez), lamentaron que se den desplazamientos por parte de grupos paramilitares por el hecho de que las comunidades indígenas se nieguen a otorgar su voto a favor

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mujeres indígenas de Chiapas piden a AMLO detener los desplazamientos internos por motivos políticos en el estado Asimismo, demandaron al Congreso de la Unión que elaboren leyes que garanticen castigo a los desplazadores de pueblos indígenas por motivos sociales, religiosos, políticos o económicos

del PVEM o del PRI. Por ello, indicaron que ante la represión a la Caravana de Pies Cansados de personas desplazadas de Chiapas, de las comunidades tseltales de Tenango y Cintalapa, del municipio de Ocosingo, y tzotziles de Shulvó, Zinacantán; así como Ejido Puebla, Chenalhó; se han visto en la necesidad de pedir la intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para poner un alto a esta problemática así como buscan hacerlo con los migrantes las autoridades federales actuales y pasadas. Del mismo modo, las mujeres in-

dígenas reclamaron la urgencia de que exista justicia para estos pueblos de Chiapas y juicio político en contra del gobernador Manuel Velasco Coello, quien no debe llegar al Senado de la República por ser represor y desplazador de grupos indígenas durante años. Recordaron que este a mandatario no le bastó desplazarnos de nuestras comunidades de origen con sus grupos paramilitares, sino que también nos desalojó de la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 24 de noviembre, con uso desproporcionado de la fuerza policiaca para impedir

que ejerciéramos nuestro derecho de manifestación. Ante ello, reiteraron, hemos decidido acudir a la Ciudad de México para realizar encuentros con diputados y diputadas, senadoras y senadores, y funcionarios del gabinete del gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil a fin de visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de las personas desplazadas en el estado de Chiapas. La meta es construir alianzas con estos actores políticos y sociales, para incidir en el desarrollo de políticas públicas tendientes a la prevención y atención eficaz del desplazamiento forzado. A su vez, el Centro de derechos humanos ku’untik Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, indicó que son más de 381 personas las desplazadas de las cuales 99 son mujeres y 193 son niñas, niños y adolescentes. Son desplazados de ejido de Puebla, municipio de Chenalho, comunidad de Tenango en el municipio de Ocosingo, comunidad de Cintalapa del municipio de Ocosingo y Comunidad de Shulvo del municipio de Zinqcatan.

Profesores idóneos de Chiapas, cumplen tres meses exigiendo plazas, gobierno sin dar respuesta Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Decenas de maestros del grupo denominado Idóneos de Chiapas Movilizados realizaron una protesta y marcha en la capital chiapaneca para exigir la entrega de plazas a la Secretaría de Educación. En la protesta los inconformes bloquearon el cruce de Calle y Avenida Central, para dar a conocer que han cumplido ya tres meses de protestas sin recibir respuesta alguna. “Estamos cumpliendo tres meses de lucha desde que se dan a conocer los resultados del examen ordinario del periodo 2018-2019, para plazas docentes, somos todos idóneos, pero hasta el momento no se nos ha dado una respuesta a nuestras plazas”, ex-

presaron. Indicaron que el Servicio Profesional Docente tampoco ha dado a conocer los motivos por qué no se les asigna las plazas, por lo que existe la sospecha de que estos espacios están siendo vendidos, al mejor postor. “Es un negocio para la Secretaría de Educación, la cual únicamente se ha limitado a decir que no hay espacios, cuando de manera periódica existen jubilaciones, defunciones y la apertura de espacios nuevos y escuelas”, precisaron. Este grupo detalló que la vigencia del examen termina en Mayo próximo, por lo que no descansarán ni detendrán las protestas hasta que la respuesta de las autoridades sea positiva. En las próximas horas podrían incrementar las protestas.

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Abogados chiapanecos piden a Rutilio Escandón “juico político”, aplicar la ley y penas más severas a funcionarios que utilicen cargos públicos para su beneficio y lucro De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

l final de la administración de Manuel Velasco Coello que deja al estado en la indefensión y quiebra total, incertidumbre, pobreza extrema, sin rumbo y sin ninguna esperanza de recuperación por la crisis provocada por el saqueo inmisericorde, corrupción e impunidad con que se manejó este gobierno, la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, le hicieron llegar una misiva al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas en donde exigen “juico político” y la aplicación de la ley con penas más severas para los servidores públicos del estado y municipios, de todos los niveles, que hayan utilizado sus cargos para su beneficio y lucro propios durante el ejercicio de sus funciones. Sabedores que los últimos tres gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero y el peor gobernador que haya tenido Chiapas, Manuel Velasco Coello, su familia y camarilla de colaborares, son quienes han contribuido al empobrecimiento del estado por sus robos excesivos y se van sin que sean castigados, los jurisconsultos no dudan que el próximo gobernador de Chiapas habrá de seguir la política del Presidente de México, Andrés López Obrador, en las que se anulan la diferencias abismales en la impartición de la justicia en el estado. Por lo anterior se pronuncian por

Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

A pesar de que la temporada vacacional no inicia de manera oficial, la afluencia de pasajeros que adquieren boletos de autobús para trasladarse a los Estados del norte del país se ha incrementado en los recientes días, afirmaron Agencias de Viajes de la llamadas “Tijuaneras” establecidas en Tapachula. En representación de la Empresa AutoTravel, Federico Díaz Mendoza, afirmó que el cierre de cada año es considerado para la agencias de viajes como la temporada alta, ya que la demanda de boletos de autobús crece de manera considerable, principalmente por familias de la frontera sur que deciden trasladarse de manera anticipada a diversas ciudades del norte. Dijo que las principales ciudades que las personas deciden como destino son: Tijuana, Mexicali, Nayarit, Culiacán, Obregón, Hermosillo, Tepic, Mazatlán, ya que son ciudades en don-

una democracia legal y judicial, ya que no es con reformas a modo de la Constitución Política del Estado de Chiapas como se debe cambiar la norma política y las condiciones de vida de los chiapanecos, sino con el pleno respeto de leyes justas, su cabal cumplimiento y sanción, lo que hará progresar a la entidad. Para ello, subrayan los profesionales del derecho, en la administración de justicia deberá ser puesta en marcha por un Poder Judicial verdaderamente independiente con magistrados y jueces capaces, propuestos por los organismos de abogados y por la sociedad misma, respetando la carrera judicial y previo examen de oposición, y no a la propuesta de los otros poderes del estado y en el peor de los casos, por otros magistrados, evitando que estos cargos jurisprudenciales sean otorgados en pago de favores de amistad, políticos e económicos. Toda autoridad de los tres poderes del estado que incurra en falta, señalan, deberá ser destituida y sancionada

con todo rigor de la ley, toda vez que el poder de una democracia debe ser participatorio y rotativo para evitar que las cúpulas de poder se mantengan y eviten que otros ciudadanos hagan uso de su derecho de participar en la integración de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mediante el poder legislativo, el Congreso local a través de sus integrantes proponen, discuten y promulgan leyes o reformas que deben ser siempre en beneficio de las mayorías, los diputados son electos como representantes de los intereses del pueblo en elecciones democráticas, debiendo cumplir con este compromiso, caso contrario, si dictan leyes y decretos en contra de los intereses del pueblo que lo eligió, y solo beneficien a grupos minoritarios, estarán traicionando al pueblo, debiendo proceder a su destitución y sanción conforme a la ley de responsabilidades. Asimismo piden atender las demandas históricas de los pueblos y comunidades indígenas para cumplir

la deuda pendiente de justicia. Cerrar el paso a los cuates y cuotas políticas para evitar que ocupen cargos en la administración pública del estado, personal ineficientes y corruptas y muchas de estas, ajenas a los intereses de Chiapas y los chiapanecos, manifiestan los abogados chiapanecos. “Chiapas debe ser para los Chiapanecos”, porque en los últimos tres gobiernos han llegado una especie de filibusteros, gambusinos o forasteros llegados a Chiapas para servirse y no a servir los chiapanecos, contando con la complicidad del gobierno del Estado en turno. Ya basta. En ese tenor, persiste la presencia del ex fiscal de justicia, Amador Rodríguez Lozano, el gran “magazo”, que convirtió 400 kilos de coca en lactosa, nada más triste y un vergonzoso recuerdo, y que dice estar preparado para repetir su número. “Ni perdón ni olvido”, es necesario purificar la vida pública de Chiapas y de México, eliminando privilegios, saqueos y abusos, piden. La carta también va dirigida al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en donde se solidarizan con las acciones asumidas al enviar iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de eliminación del fueron presidencial, por delitos electorales, de corrupción y los delitos graves contenidos en el Artículo 19 de nuestra Constitución.

Inicia éxodo de chiapanecos al norte vía transportistas “tijuaneros” de las familias del sur han encontrado oportunidades laborales para tener mejores oportunidades de vida. Señaló que el éxodo de chiapanecos es un fenómeno que por lo general es generado por la falta de oportunidades laborales que se tiene en la región, por ello familias completas llegan en búsqueda de boletos para irse a trabajar a las fábricas establecidas en los estados del norte, aún cuando las fiestas decembrinas se aproximan. Puntualizó que en los demás meses del año solo tienen programadas dos corridas a la semana, los miércoles y sábado, pero al aproximarse las fiestas decembrinas y ante la gran aceptación que ha tenido la empresa en Tapachula, al contar con camiones de primera clase, han tenido que recurrir a la programación de corridas diarias.

Recomendó a la población que por diversos motivos tiene viajar al norte del país, para que adquieran sus boletos en empresas debidamente establecidas, donde les ofrezcan seguro de viajero y cuenten con camiones nuevos, toda vez que hay agencias de viajes que les ofertan boletos baratos pero los envían en camiones en pésimo estado y los dejan varados en el camino porque se descomponen.

Finalmente mencionó que la el viaje a la ciudad de Tijuana es de aproximadamente 2 días y medio y tres días, ya que muchas veces por las condiciones de las carreteras y del clima tienen que viajar a velocidades bajas, sin embargo la empresa Autotravel, a pocos días de establecerse en Tapachula se ha convertido en la más segura al ofrecer autobuses de primera clase y choferes capacitados.

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Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En Yochib, autoridades comunitarias realizan Asamblea de Consulta Indígena

n la localidad de Yochib, mil 524 pobladores se dieron cita este miércoles, para participar en la Asamblea Comunitaria de Consulta Indígena, quienes a través del método de mano alzada, optaron por el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades municipales en el municipio de Oxchuc. La convocatoria para que las y los pobladores asistieran, estuvo a cargo de las autoridades comunitarias, mientras que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, fue el encargado de las mesas de registro y verificación del quórum. Durante el acto, se cumplió con el quórum requerido en los Lineamientos, con la asistencia de más de la mitad en el listado nominal, que es de 2 mil 922 personas. Las y los habitantes, acudieron a las mesas de registro desde temprana hora, en donde personal de este órgano electoral, se encargó de verificar cada credencial para votar que perteneciera a la localidad referida. Presentes en la Asamblea de esta población, estuvo la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, el consejero electoral Alex Walter Díaz García y el Secretario Ejecutivo del IEPC, Ismael Sánchez Ruiz, quienes fueron testigos del desarrollo de la Asamblea. La consejera electoral Sofía Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, comentó que para el desarrollo

Durante la Asamblea a mano alzada, participaron 1,524 ciudadanos (as). En el municipio de Oxchuc, se espera la participación de 35 mil 780 personas de 120 localidades. Las Asambleas de Consulta se realizarán del 27 de noviembre al 28 de diciembre

general del proceso de la Consulta, se tuvieron en cuenta 130 localidades, tomando como base información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, al hacer trabajo de campo, se hallaron tres localidades inexistentes y otras siete sin una autoridad comunitaria. A estos últimos, explicó, se les dio oportunidad de decidir en cuál localidad querían sumarse para poder participar, quedando 120 como número final de localidades a consultar en el municipio. “A través de las pasadas Asambleas 47 localidades optaron por participar mediante urnas y las 73 restantes decidieron hacerlo por el método de mano alzada”. Al respecto, el consejero electo-

ral Alex Díaz, señaló que, se sigue avanzando con las consultas en este municipio, con gran participación de mujeres y jóvenes. Explicó que las localidades que decidieron hacer su consulta mediante urnas, fue para conservar la secrecía del voto a efecto de evitar diferencias con vecinos y líderes. Durante este proceso, cada una de las localidades celebrará su Asamblea Comunitaria de Consulta en la que se determinará por consenso el sistema de elección de autoridades municipales: usos y costumbres o partidos políticos. En las 120 localidades del municipio de Oxchuc, se espera la participación de 35 mil 780 personas, a través del mismo número de Asambleas Co-

munitarias de Consulta Indígena, que se llevan a cabo a partir del 27 de noviembre y concluyen hasta el 28 de diciembre. Para que sea válida deben reunir los mismos requisitos que la Asamblea Comunitaria e Informativa (acudir a la localidad que marca la credencial para votar y que participen por lo menos la mitad más uno del total de ciudadanos inscritos en el listado nominal). La consulta será por mano alzada o por urna, debido a que la población así lo decidió en las Asambleas Informativas y Comunitarias. Hasta el momento, se han realizado 37 Asambleas Comunitarias de Consulta Indígena en el municipio de Oxchuc. El resultado de las Asambleas en las 120 localidades, se dará a conocer el 5 de enero de 2019. Posteriormente, será el Congreso del Estado quien definirá la fecha para la elección de la autoridad municipal de Oxchuc, ya sea por el sistema de usos y costumbres o por partidos políticos. LINK VIDEO: https://we t r a n s f e r. c o m /d o w n l o a d s / 5 a 3 00bb9a56eb6184bea07 15df14 d a 6 8 2 01 8 1 2 0 6 0 3 4 0 5 4 / b 47 b 443c346ec0f116032950be9f179d20181206034054/ce3344

Urge erradicar la corrupción, dice la Canaco De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

El presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Oscar Gabriel Corzo Tovilla, urgió a los gobiernos que recién iniciaron funciones a que eliminen en todos los niveles los actos de corrupción, los cuales generan un impacto directo en la economía local y nacional. Explicó que la transparencia y la rendición de cuentas son dos conceptos que, todos los días, se tienen que utilizar para generar confianza no solamente al interior de dicho organismo empresarial, sino también con toda la población que tanto reclama el buen funcionamiento de sus gobernantes. “Porque la única forma de exigir lo mismo ante los tres niveles de gobierno, es predicando con el ejemplo”, por lo que hizo un llamado a concretar una lucha frontal contra

la corrupción, debido a que las cifras son alarmantes”, dijo. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Corzo Tovilla, afirmó que la corrupción ocurre en todos los niveles y que afecta por igual a todas las personas y, especialmente, a los pequeños empresarios. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, explicó, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. “Por ello, Canaco Tuxtla ha dado ejemplo en la realización de acciones efectivas de cambio; como la creación del programa Canaco Transparente”, afirmó el líder empresarial al comentar que este programa “se trata de una plataforma dentro de nuestro sitio web oficial, en donde, aun cuando nuestra cámara no maneja recursos públicos, hacemos del

conocimiento general todas las operaciones de compra que se realizan, para que nuestras y nuestros afiliados puedan corroborar la información de manera personal”. “Los organismos empresariales tenemos muy presente que los costos de la corrupción en México representan hasta el diez por ciento del Producto Interno Bruto y el cinco por ciento de las ventas anuales de

las empresas de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, expresó. Hizo énfasis en que se debe dejar de pensar que como sociedad estamos a merced de la corrupción y que es solo un “modo de vida”, destacando que cada ciudadana y ciudadano “nos beneficiaríamos si nos uniéramos contra la corrupción en la vida cotidiana”.

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

os servicios de salud en la entidad colapsaron este miércoles por el paro de “brazos caídos” en el que participan médicos y enfermeras, quienes exigen al gobierno insumos y medicinas para poder laborar. Además, integrantes del sector educativo bloquearon calles para reclamar el pago de salarios. A menos de un mes de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez deje el cargo, arreció la crisis hospitalaria y educativa en Tabasco. Incluso la Sociedad Médica del Hospital Gustavo Rovirosa ha pedido cárcel contra el mandatario por el “desastre” en el sector salud. Desde hace dos semanas, la Sociedad Médica denunció las graves carencias en los principales hospitales e hizo un dramático llamado a la sociedad tabasqueña para donar insumos y medicinas porque se carece “hasta de curitas”. Desde entonces, la sociedad civil y empresarios se han solidarizado y llevan a los hospitales cajas de medicinas e insumos, donde la comunidad médica los recibe, selecciona y distribuye al margen del gobierno. Hoy, en los hospitales Juan Graham, Gustavo Rovirosa y de La Mujer, médicos, enfermeras y trabajadores administrativos iniciaron huelga de “brazos caídos”, también por la falta de pagos. Y otro grupo de trabajadores se manifestó frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para exigir sus pagos. De acuerdo con el doctor Guillermo Morelos, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Gustavo Rovirosa, se requieren por lo menos 700 millones de pesos para “rescatar” ese

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

En dos años, 239 feminicidios pesan sobre el gobierno de Alejandro Murat, de los cuales 28 se han cometido después de que el gobierno federal declaró la alerta de género en 40 municipios de la entidad, afirmó la representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Yésica Sánchez Maya. El conteo se da ante la constante violencia contra las mujeres pese a la resolución a la solicitud AGVM/0472017, que fijó el pasado 31 de agosto la alerta de género en el estado. En este marco, en las últimas 24 horas, la estudiante de secundaria Angelina F. R., de 14 años de edad, y Aurelia, de 42, fueron asesinadas, una en la región mixteca y otra en la costa. El cuerpo de Angelina, estudiante de la Secundaria Técnica número 22, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, fue localizado este martes 4 alrededor de las 8:00 horas en un arroyo en inmediaciones de la colonia Las Américas. La estudiante de 14 años de edad

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Se agrava crisis hospitalaria y educativa en Tabasco

A menos de un mes de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez deje el cargo, arreció la crisis hospitalaria y educativa en Tabasco. Incluso la Sociedad Médica del Hospital Gustavo Rovirosa ha pedido cárcel contra el mandatario por el “desastre” en el sector salud

acción penal contra el gobernador del estado”.

Maestros en paro

nosocomio de alta especialidad, de un presupuesto anual de aproximadamente mil 900 millones. “El problema es que se ha triangulado el recurso y no llega (al hospital Rovirosa). Se debe ejercer acción penal contra el gobernador directamente y el secretario de Salud (Rommel Cerna), porque están vulnerando el derecho humano a la salud”, demandó. Acompañado de especialistas de los hospitales Juan Graham y de La Mujer, denunció que “es de vergüenza” que no haya luz, gasas, lo mínimo en los hospitales. “Un botiquín de una casa puede estar más surtido que un hospital. Están vulnerando la salud”, denunció, y recordó que desde el primer año y medio del gobierno de Arturo Núñez empezaron a multiplicarse las deficiencias en el sector salud, sobre todo la falta de medicamentos e insumos.

Incluso, dijo, hubo subejercicios “porque no supieron administrar los recursos”, pese que en el último año del gobierno priista de Andrés Granier (2012) el sector salud también se colapsó. El doctor Juan Miguel Chávez, vicepresidente de la Sociedad Médica, lamentó que se haya incrementado el índice de mortandad de pacientes “porque no les brindamos lo que necesitan”. “Si vemos las estadísticas, sí incrementó nuestra mortalidad comparado con lo que hemos tenido anteriormente. También ha aumentado la estancia hospitalaria”, manifestó. Por ello, abundó, promueven una Contraloría Ciudadana, para vigilar que haya transparencia en el manejo de los recursos para los hospitales, así como una consulta “para que se vote si se debe o no ejercer

Por segundo día consecutivo, más de 300 maestros de Telesecundaria bloquearon la avenida Gregorio Méndez, frente a la Secretaría de Educación (Setab), en demanda de la liquidación de un bono pendiente, así como garantías del pago de las dos quincenas de diciembre y aguinaldo. Informaron que tan sólo el adeudo del bono asciende a aproximadamente 40 millones de pesos para cuatro mil maestros. Manifestaron que funcionarios de la Setab les dijeron que se les pagará entre el viernes y el sábado próximo, pero si no cumplen, a partir del lunes 10 realizarán paro general de labores, advirtieron. Por su lado, empleados de confianza del Instituto de Formación para el Trabajo (Ifortab) bloquearon la céntrica vía Paseo Tabasco, para exigir al gobierno estatal el pago de prestaciones que se les adeuda desde junio pasado. Además, cerraron siete escuelas de manera permanente, afectando a tres mil 500 estudiantes en todo el estado. El capacitador José de la Cruz Gallegos informó que los trabajadores afectados tienen entre cuatro y 10 años laborando en la institución.

Pesan sobre Murat 239 feminicidios en 24 meses; en un día, otras dos mujeres son asesinadas se reportó como desaparecida desde el pasado lunes y hasta ayer fue localizada muerta. Mientras que en la localidad de San Pedro Atoyac, en la costa de Oaxaca, la noche del martes 4, fue asesinada Aurelia, quien presentó tres impactos de arma de fuego. La abogada Sánchez Maya consideró que esta “masacre” es porque a las autoridades no les importan de manera tangible las muertas y las desaparecidas por el “desbarajuste” que hay en la Fiscalía General de Oaxaca y por las malas decisiones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, donde han desfilado, en menos de dos años, Rosario Villalobos Rueda, Edna Liliana Sánchez Cortés y la actual María del Carmen Chiñas Salinas. En las mismas condiciones se encuentra la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, donde Miriam Liborio

Hernández, Mariuma Vadillo Bravo y la actual titular Ana Vásquez Colmenares se han caracterizado por su desconocimiento en el tema, su omisión o pago de cuotas políticas. Consideró que los cambios realizados por Murat Hinojosa en sus dos primeros años de gobierno delatan “que no hay línea de acción en el propio estado porque no ha revisado perfiles ni efectividad (de sus colaboradores) o está pagando favores políticos y eso redunda en que matan a las mujeres”. Por consiguiente, agregó, “Alejando (Murat) tiene que sentarse a tomar como prioridad este tema y despedir a quien tenga que despedir; buscar perfiles y hacer concursos para que lleguen personas que cumplan con ciertos requisitos en la fiscalía especializada y en la Secretaria de la Mujer, donde no solo impere el pago de cuotas políticas”. Respecto al fiscal general de Oaxa-

ca, Rubén Vasconcelos Méndez, dijo que ha desestimado los feminicidios y estos 239 casos es reflejo de su inactividad, descuido o desplante del gobernador en una situación de crisis y ellos solo hacen actos cerrados para la foto y discursos sin ningún contenido. Por su parte, el fiscal indicó que el tema de feminicidios es una prioridad, por lo que al día de hoy (4 de diciembre) se tienen 100 carpetas de investigación, de las cuales 75 corresponden a homicidios dolosos de mujeres y 25 a feminicidios.

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Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La ONU-DH celebra comisión de la verdad decretada por AMLO para el caso Ayotzinapa Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)

a Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la creación de una Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. “Lo que tengo que decir de México es muy importante, tengo aquí el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le confiere la tarea al sistema judicial y al gobierno de establecer la verdad y justicia de las víctimas del caso Ayotzinapa”, dijo Bachelet a pregunta expresa de Proceso durante un encuentro con la prensa en Ginebra. “(López Obrador) hizo un fuerte compromiso con este decreto para asegurar que se conocerá la verdad, que habrá justicia y que no habrá impunidad”, reconoció Bachelet mostrando una copia del decreto en su mano. “Las familiares estarán incluidas en el proceso, sus abogados, jueces (…) creo que es un paso muy importante para las familias” dijo la Alta Comisionada quien se mostró interesada en conocer los resultados de la Comisión. El decreto que menciona Bachelet manifiesta el compromiso y el propósito del gobierno de López Obrador, de esclarecer los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de hace más de 4 años en Iguala, Guerrero.

“(López Obrador) hizo un fuerte compromiso con este decreto para asegurar que se conocerá la verdad, que habrá justicia y que no habrá impunidad”, reconoció Bachelet mostrando una copia del decreto en su mano

Guardia Nacional: militarización no Por otra parte, al ser cuestionada sobre el proyecto del presidente mexicano para crear una Guardia Nacional, Bachelet dijo haber leído sobre el asunto, pero admitió su falta de conocimiento con respecto a los detalles sobre la Guardia Nacional. “México ha tenido una situación con las fuerzas policiacas muy fragmentada ya que en algunos casos dependían mucho de los gobernadores y vimos eso en la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la que hubo una especie de vínculo entre fuerzas policiales, narcotraficantes, etcétera”, valoró. “La idea de tener una Guardia Nacional, si eso significa tener un sólo mando policial que dependa del ministro del

interior, remarcó la Alta Comisionada, ese modelo no es un problema” “Pero lo que, si tenemos que tener en cuenta es que, si incluye la militarización de las fuerzas, eso no lo veo bien”, lanzó Bachelet.

Pide protección a migrantes En cuanto a la caravana de migrantes que se encuentran en la frontera norte de México esperando entrar a Estados Unidos, Bachelet abogó por que sean protegidos y se respeten sus derechos de acuerdo a los tratados internacionales. Para aquellos que son refugiados en estas caravanas Bachelet pidió que se reconozca su derecho a pedir asilo y expresó su deseo de que sean aceptados por el gobierno de Trump “en un tiempo razonable”. “Cuando los líderes hablan contra

los migrantes o utilizan discursos de xenofobia y odio están dando licencia a otras personas para que no respeten a los demás”, explicó Bachelet en clara referencia a las declaraciones de Trump en contra de la caravana. En cuanto a las personas que han emigrado por razones económicas pidió que se les trate dignamente y que se planteen soluciones para las causas que les forzaron a abandonar sus países. En este sentido, la ex presidenta chilena reconoció el ofrecimiento de López obrador y su buena voluntad al prometer que buscará crear las condiciones económicas para que los migrantes puedan trabajar en el país, especialmente en la zona del sureste. Finalmente, con respecto a ciertas tendencias autoritarias en América Latina, comentó que espera que la región haya aprendido “las lecciones del pasado” y que no se considere que la mano dura es la única opción para resolver la violencia u otros problemas que afrontan los países. “Tengo la impresión de que frente a las situaciones de violencia e inseguridad se piensa que la solución es la mano dura, como hacer que los militares se encarguen de la delincuencia, pero no estoy de acuerdo”, resaltó Bachelet al referirse a las amenazas del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro.

Resuelta la discrepancia por superdelegados: López Obrador Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

Lo que se aproximaba a un primer desencuentro entre los gobernadores de los estados y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó zanjado a través de una serie de acuerdos entre el mandatario y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). “Había malos entendidos, faltaba información. Una vez que se aclaró se resolvió el problema”, dijo López Obrador. La tarde de ayer, los gobernadores en funciones y electos, sostuvieron un encuentro con el jefe del ejecutivo en Palacio Nacional, para exponerle tres acuerdos alcanzados horas antes entre ellos: Se trataba de pedirle retirar la propuesta de concentrar en lo coordi-

nadores estatales de desarrollo, “los superdelegados”, las tareas de seguridad; exigirle garantáis en materia presupuestal y pedir que en lugar de construir cien universidades aumentara el presupuesto de las ya existentes. El tema más polémico era sobre el papel de los superdelegados que se encargarán de aplicar programas de desarrollo social y se involucrarían en la política de seguridad, por lo que inclusive, el michoacano Silvano Aureoles, había anunciado interponer una controversia constitucional. Tras el encuentro de ayer, no hubo comunicación oficial, e inclusive, la Presidencia de la República anunció a través de su vocería que no emitir comunicado conjunto fue uno de los acuerdos. Sin embargo, varios de los asistentes, entre ellos, el de Chihuahua, Javier Corral, dieron a conocer

que había acuerdo sobre el tema de los superdelegados. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador admitió rispideces, pero las atribuyó a la falta de información y dijo que ya había consenso. Inclusive, abundó en que era un equívoco en la función de los superdelegados, pues se pensaba que duplicarían su papel con tareas de seguridad. El acuerdo fue que la política de seguridad será, cuando exista la Guardia Nacional, que los secretarios técnicos en los estados, en materia de seguridad, serán designados por el secretario del ramo, Alfonso Durazo, y que participarán los coordinadores de desarrollo pues, según el mandatario, la seguridad no está desligada de los programas de bienestar. Informó que los estados tendrán

un incremento presupuestal de 7% real y 10% nominal, lo que en síntesis representa más recursos para las entidades federativas a las que se transferirán fondos de conformidad con la ley. “Fue una reunión en muy buenos términos, con libertad plena, donde se trataron los temas y, al final, se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta, unificados para sacar adelante al país”, expuso.

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En la CIDH, Encinas se compromete a actuar contra los responsables de desapariciones forzadas Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

n su primera encomienda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la “crisis humanitaria” que atraviesa el país y se comprometió a “actuar contra los responsables” de las desapariciones forzadas, “sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezcan”. El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población encabezó a la delegación mexicana que daría respuesta a la solicitud de audiencia por la desaparición de 51 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que habría participado personal de la Secretaría de Marina (Semar). En la audiencia pública de este miércoles, solicitada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el funcionario aceptó la colaboración del organismo para esclarecer los casos, en un esquema similar al mecanismo de seguimiento que existe para el caso Ayotzinapa. Frente a la disposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, aceptó, en nombre del organismo, diseñar un mecanismo para dar seguimiento a las desapariciones de Nuevo Laredo, toda vez que ya hay colaboración en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Ante la presidenta de la CIDH, Magarette May Macaylay, las comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola, además de Abrao, Encinas Rodríguez sostuvo que con el nuevo gobierno “las cosas ya cambiaron”, y que por instrucción del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, “el primer paso es acabar con la simulación, y tenemos que asumir que México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación a derechos humanos, y tenemos que encarar muchos de los ámbitos de la vida nacional, y uno de éstos tiene que ver con la gravísima crisis que tenemos de desaparición forzada en nuestro país”. Al mencionar las “cifras indignantes” –cerca 38 mil personas desaparecidas, 2 mil fosas clandestinas en los últimos 12 años, mil 100 fosas sin procesos de exhumación y 26 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Forenses–, el funcionario puntualizó que “no va a ser negando la existencia del problema ni simulando que se está atendiendo”, como se superará la cri-

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población encabezó a la delegación mexicana que daría respuesta a la solicitud de audiencia por la desaparición de 51 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que habría participado personal de la Secretaría de Marina (Semar)

sis humanitaria. Encinas asumió las fallas en las investigaciones y en las instituciones, así como la condición de impunidad en la que están los casos de desaparición forzada, y la falta de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada el año pasado. “Vamos a actuar contra los responsables del Estado o particulares, sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezcan. Como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si realmente queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones, tiene que terminarse la impunidad, y si algo las ha debilitado, ha sido el encubrimiento de agentes del Estado que incurrieron en delitos y han dañado a la población civil”, puntualizó. De igual manera, manifestó la disposición del gobierno de la República para “discutir los términos en que pudiera desarrollarse este mecanismo de seguimiento” que encabezaría la CIDH para esclarecer las desapariciones en Nuevo Laredo, e invitó a los integrantes del organismo a realizar una visita oficial a la entidad. El mecanismo de seguimiento fue solicitado por los peticionarios de la audiencia, en voz de la directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Karla Quintana, quien denunció que, si bien desde febrero de este año la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su oficina en Nuevo Laredo, abrió las primeras carpetas de investigación por las desapariciones forzadas, durante los primeros tres meses la dependencia no realizó diligencias, y de haber investigado, dijo, “se hubiera

evitado esa serie de desapariciones que oficialmente tenemos 37, pero en realidad se han acercado familiares de 51 víctimas a Raymundo Ramos”, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Durante su participación, los peticionarios presentaron dos videos en los que se muestra la actuación de marinos en las detenciones de Gabriel Gaspar y Daniel Trejo –este último esposo de Jessica Molina, presente en la audiencia–, así como de José Luis Bautista, presenciadas por más de cien personas. La funcionaria de la CEAV acusó que agentes de la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas de la PGR le han expresado que “ellos no van a investigar a marinos” y que las víctimas “pertenecían a grupos delincuenciales”, como argumento para no realizar las indagatorias, además de que le han negado 12 solicitudes de protección para testigos y víctimas. Tras señalar que las autoridades federales han negado el acceso a las carpetas de investigación a la Asesoría Jurídica Federal, y que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha intervenido de forma diligente para localizar a los desaparecidos, Quintana Osuna exigió que cese la criminalización de víctimas, familiares y defensores, se tomen “medidas estructurales para combatir la pandemia” y se amplíen las medidas cautelares para Raymundo Ramos. También pidió un mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH y una reunión de alto nivel en enero próximo. En la sesión, Raymundo Ramos y Jessica Molina –quien atestiguó la detención arbitraria de su esposo (hasta ahora desaparecido) por parte de marinos– detallaron la ola de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo

este año, y recriminaron que asistiera a la audiencia el fiscal de la PGR en Nuevo Laredo, Abel Galván, “quien se ha dedicado a criminalizarnos”. Ramos detalló que la participación de elementos de la Marina en desapariciones forzadas no es nueva en la ciudad fronteriza, y desde 2011, subrayó, suman al menos 71. En 2011 –abundó– el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó 11 casos, de los cuales sólo seis continuaron el proceso de denuncia y fueron objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en 2015, la organización denunció nueve casos, y este año familias de 51 desaparecidos se acercaron al defensor. En su oportunidad, Jessica Molina precisó que los marinos ingresaron de forma ilegal a su casa, donde ella y su esposo, Daniel Trejo, fueron interrogados mientras les apuntaban a la cabeza; después, a él y a su amigo Gabriel Gaspar los sacaron con violencia, y a ella se le “perdonó la vida” porque es ciudadana estadunidense. “Han sido 252 días, ocho meses de silencio, no hay investigación, se ha hecho un circo de todo esto. Se está investigando a los desaparecidos en lugar de a los responsables”, soltó Molina, al denunciar que Abel Galván se comprometió a ayudarles, pero no hizo más que criminalizar a los desaparecidos, a víctimas y a los defensores. Tras enunciar los nombres de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución extrajudicial, sostuvo que quienes buscan a sus queridos en Nuevo Laredo son mujeres que han sido amenazadas, y una de ellas, de nombre Reyna, fue secuestrada por presuntos marinos y “liberada por la intervención de la ONU”. “Ella nos dijo que en el lugar donde la llevaron había otras 10 personas, pero la PGR no quiso hacer nada para investigar, y en ese lugar podría haber estado mi esposo”, lamentó Molina. Las comisionadas de la CIDH y el secretario ejecutivo se mostraron complacidos del cambio de actitud del nuevo gobierno, y al término de la audiencia se comprometieron a iniciar este mismo miércoles los preparativos para la visita a Nuevo Laredo y diseñar el mecanismo de seguimiento.

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Hubo más ejecuciones con Enrique Peña Nieto que con Felipe Calderón Isaí T. Lara Bermúdez / Zeta Ciudad de México (apro)

l número de asesinatos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto superó a los registrados en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico. Del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de que dejara el poder, se registraron 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado, señala una investigación de la revista Zeta. En los seis años de guerra contra las drogas de Felipe Calderón se reportaron 121 mil 35 muertes violentas. Es decir, el sexenio de Peña Nieto superó al de su antecesor por 29 mil 957 ejecuciones más que la de su antecesor. Y tan sólo 2017 batió cualquier registro de muertes violentas, con 32 mil 79 homicidios dolosos, según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Académicos y expertos en el tema de seguridad aseguran que la estrategia de Peña Nieto al combatir la violencia fue un fracaso rotundo. Para Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el fracaso se debió a tres factores. Primero, que el gobierno priista centró su estrategia en capturar a objetivos estratégicos. “Tenían una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, dijo el historiador sinaloense a la revista Zeta. Además, el descabezamiento de organizaciones criminales causó una fragmentación en esos grupos y provocó un aumento de organizaciones delictivas. “Las organizaciones se pelean inter-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT rechazó la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el canje de bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México. El grupo, que tiene más de 50 por ciento de los bonos MexCAT, dijo que no fue consultado en la oferta pública de recompra de bonos anunciada el pasado lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En un comunicado, el grupo dijo que analizó la propuesta y mantiene “in-

namente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”, señala. El doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York señala, como tercer factor, la diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso –que Los Zetas introdujeron hace casi 20 años–, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”. Una consecuencia de ello fue la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y Los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel Jalisco para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país”. Dicho cártel se consolidó a tal grado que actualmente tiene presencia en 22 de los 32 estados del país.

Estados cómplices Otro factor a considerar para explicar el aumento de la violencia en el país fue la actuación de los gobiernos locales. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destaca el caso de Baja California, el segundo

estado con mayor número de homicidios dolosos este año, después de Guanajuato. “No hay instituciones locales para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, destacó. Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes, respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018. Guanajuato encabeza la lista con dos mil 759 asesinatos en lo que va de 2018, mientras que Baja California le sigue con dos mil 588. En tercer sitio nacional está el Estado de México, con dos mil 241 homicidios dolosos. Es en este caso donde se refleja la fragmentación de los grupos criminales y la diversificación de mercado que explicó Froylán Enciso. El aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del consumo de dro-

gas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos. “La herencia que nos deja Peña Nieto es un crimen fragmentario, diversificado de acuerdo a condiciones locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de gobierno, y se tiene que atender desde lo local”, opina Enciso. Por esta razón, el académico apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones locales de cada estado o municipio. Es por ello que considera equivocada la guardia civil militarizada propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El trabajo policiaco y de inteligencia que se necesita para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad nacional, se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia muy flexibles y agentes policiacos que puedan atender localidades específicas, que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para comunidades muy específicas”. “Pueden volver a mandar dos mil militares a Tijuana, pero si el problema son las ‘tienditas’, las redes de distribución en barrio populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema”, agrega Enciso. En tanto, Carlos Galindo, demógrafo e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pide buscar una forma inteligente para ganar este conflicto. “Si el enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que entre 2007 y 2010 se triplican los homicidios y ahora estamos peor que en 2010, es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que sea el Estado quien ponga reglas distintas con distintos tipos de sustancias, no dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra a balazos”.

AMLO no convence a tenedores de bonos del NAIM; rechazan oferta de recompra quietudes” por las que no puede apoyar su versión actual. Sobre el aeropuerto actual, le preocupa la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México. A los tenedores de bonos les inquieta también las posibles reducciones adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de

las cuatro series de bonos; y consideran que los tenedores de bonos que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento. No obstante, el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT está dispuesto al diálogo con el fideicomiso para abordar estas inquietudes. La firma jurídica internacional Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron

Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México), ha sido contratada como asesor legal del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, informa el comunicado.

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Desaparecidas en Veracruz, el rastro que autoridades ocultan Flavia Morales Xalapa, Ver. (Cimacnoticias/AVCNoticias)

uizá si hubieran localizado el celular de Yureni para ubicar sus últimas llamadas, si en el caso de Esmeralda hubieran accedido a atender la denuncia inmediatamente, si hubieran seguido la pista de Noemí en el lugar donde había indicios de su ubicación, si las pistas se hubieran investigado, quizá ellas no estarían desaparecidas, dicen sus familias. Si los escenarios hubieran sido de legalidad, Yureni estaría con sus dos hijos, Esmeralda iría ahora en secundaria, Nohemí cursaría la carrera de administración que soñaba. Pero ahora engrosan la lista de 709 mujeres desaparecidas en los últimos 6 años en Veracruz, según los datos oficiales. Las estadísticas para 2017 y 2018 son desconocidas, la fiscalía las ha negado en múltiples ocasiones. Entre 2010 y 2016, en promedio desaparecieron 130 mujeres sin dejar rastro, la mayoría entre 15 y 25 años, en los municipios de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Aunque en Veracruz desde el 2011 existen lineamientos básicos para la atención de mujeres desaparecidas, que obligan a atender las denuncias de forma inmediata, y la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida ordena un Protocolo Alba de búsqueda, en la práctica nada se aplica, la situación a la que se enfrentan las familias es la misma cuando van a poner la denuncia: les piden esperar con el pretexto: “se fue con el novio, los amigos, seguro bebió. ¿ Ya para que la busca?”

NOEMÍ, 13 AÑOS DESAPARECIDA El caso de Noemí Cortés, desparecida en 2005, es la muestra de la criminalización y el estigma con que se busca a las mujeres, opinó la acompañante del “Colectivo Nuestros desaparecidos y desaparecidas”, Anaís Palacios. “Se criminaliza por una cuestión de género, a las mujeres se les busca con el estigma de que ellas se lo buscaron, son señaladas si son mujeres y son pobres, también la búsqueda depende de la calidad de víctima y el sexo”, señaló. Noemí tenía 17 años de edad cuando desapareció. Fue invitada a trabajar a Puebla, después las investigaciones revelaron que fue enganchada y entregada a los dueños de un bar, la familia logró una inspección, en el lugar había celdas con candados, pero el entonces ministerio público justificó que seguramente ella sabía y estaba por su voluntad. Así, dejaron

de buscarla 8 años, contó Anaís. Hasta que la familia se topó con el “Colectivo por la paz” se reactivó la búsqueda y supieron que la carpeta de investigación había desaparecido. Fue en 2014, nueve años después de su desaparición, el 23 de septiembre de 2014, cuando la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de esta Procuraduría, inició una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, en agravio de Noemí Cortés Hernández. Anaís adviritó que muchas de las desapariciones están ligadas a tema de trata de personas con fines de explotación sexual, pero las autoridades no buscan en esa línea, lo primero que dicen es que seguramente salían con chicos, bebían alcohol o estaban vinculadas con delincuentes, y eso justifica su desaparición.

ESMERALDA, EL RASTRO QUE SE PIERDE El 21 de febrero del 2014, Esmeralda Balverto Julián de 12 años de edad, desapareció cuando salió en su bicicleta a repartir chiles rellenos de la venta familiar, la última pista es que fue subida a una camioneta suburban blanca. Lo que siguió fue un infierno para la familia, la Ministerio Público en Tecolutla se negó a recibir la denuncia. La comunidad de Monte Gordo se organizó e hizo cuatro bloqueos para exigir la aparición de la niña, finalmente atrajeron la atención pública, la denuncia les fue aceptada tres días después. La Alerta Ámber de búsqueda de menores de edad no pudo ser activada en el estado porque este mecanismo de búsqueda emergente de menores de edad no estaba vigente en ese momento, pues no se había hecho la firma de documentos correspondiente. Solo el 23 de febrero se activó a nivel nacional. La presión de la familia logró la detención de Ana María Susana Contreras Patiño alias “La Güera”, y una menor de edad, que supuestamente

fungía como víctima y victimaria del delito de trata de personas. Ambas formaban parte de una red de trata que operaba en esta zona de Costa Esmeralda, según lo informado por la fiscalía entonces. Las investigaciones también revelaron que la niña fue entregada a cambio de dinero a un trailero que pasó por la carretera. En este entonces el secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez – hoy preso por desaparición de personas y tráfico de influencia- se reunió con la familia, prometió avances, nunca más lo volvieron a ver. A cuatro años de la desaparición, nadie sabe del paradero de la menor ni de las líneas de investigación que siguieron y que reveló que en la región operaba una red de trata de personas. La omisión de la fiscalía se repite en los demás casos, Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo desapareció el 28 de noviembre del 2011 junto a las 12 jóvenes más. La carpeta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el número de expediente PGR/ SEIDO/UEIDMS/AC/039/2014, da cuenta la de la desaparición de Luz Abril Landa Ávila, Teresita del Rocío Vázquez, Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo, Nancy Hernández Moreno, Adriana Sarahí Ceballos Vázquez, María de Jesús Landa Martínez, Mayra Salas Durán, Berenice Guevara Gómez, Roxana Retureta, Luisa Itzel Quintana, Lizbeth Yetsil Amores Roldán, Ana Laura Hernández y Karla Nallely Saldaña Hernández. La última pista de su paradero es que iban al rancho el Jícaro en Actopan a una fiesta donde trabajarían como edecanes, su caso es famoso, las líneas que hay abiertas de investigación las ha conseguido su madre, Victoria Delgadillo, a quien de inicio tampoco le recibieron la denuncia. Victoria no puede evitar hablar sin que el recuerdo le quiebre la voz, a veces de tristeza y muchas más de impotencia, piensa que han pasado 7 años y no se ha mandado a llamar al único testigo del caso – la mujer que invitó a su hija a trabajar en esa fiesta-. Cuenta que pasó un año y medio antes de que la Fiscalía General del

Estado pudiera rastrear la sábana de llamadas del celular y la última ubicación de su hija, y apenas el año pasado logró un permiso para inspeccionar el rancho escenario de la fiesta. “Cuando Yureni desapareció no sabía qué puertas tocar, yo llegué a poner la denuncia y me dijeron que tenía que esperar 72 horas porque probablemente se había ido con algún novio, que había bebido, cuando ese tiempo es clave en una búsqueda para una persona desaparecida”. “Si todas las evidencias que hemos presentando se hubieran seguido en el momento de la desaparición, hubieran podido localizarlas, pero ya después de tantos año se pierden”, reconoce. A las omisiones en la investigación del caso de su hija se suman las amenazas. Un día al salir de su casa encontró un papel en el parabrisas del auto, la instrucción era no seguir investigando. “Calladita te ves más bonita, no vas a encontrar nada”, pero esto no frenó a Victoria. Está consciente que en el caso de su hija, está vinculado el narcotráfico y altos funcionarios de gobierno “nos han frenado la investigación varias veces, pensamos que ellas oyeron o vieron algo que no tenía que ver, quizá negociaciones que había con funcionarios de gobierno”. La búsqueda de Victoria ha sido difícil y dolorosa, porque es ella quien ha tenido que seguir las pistas, entrar a los ranchos, ligar pistas sobre los cárteles que operaban en la región, hacer la liga con funcionarios, buscar en penales, semefos y fosas. La investigación del caso está integrada por 36 tomos, pero las escasas pistas no han llevado a encontrar las jóvenes. Este 28 de noviembre, Yureni cumple 7 años de desaparecida, y Victoria la busca cada vez con más fuerza, impulsada por su nietos de 15 y 11 años. “Yo saco el dolor cuando marcho, cuando grito, cuando busco, pero ellos su dolor está ahí y es bien difícil ver el dolor en su carita y en su rostro y eso me sigue empujando a seguir buscando a mi hija, un día les voy a decir, encontré a su madre”. Acompañante de otros casos de desaparecidos en el “Colectivo Enlaces Xalapa”, dijo que las cosas poco han cambiado desde el 2011. “Las autoridades no ha hecho su trabajo, aún siguen teniendo los mismos errores, nos siguen diciendo se fue con el novio, siguen pidiendo 72 horas, cuando eso ya no debe ser”.

LA NUEVA BÚSQUEDA A raíz de la aprobación de la Ley General en materia de desaparición de personas, las tareas de investigación y búsqueda se dividieron, explicó Anaís Palacios.

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CON AMLO ¿INCERTIDUMBRE O ESPERANZA? Ernesto Villanueva

adie lo cree. Hay incertidumbre porque se juzga a partir de los descalabros y atrocidades de los regímenes anteriores. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador inaugura un nuevo diseño institucional, con énfasis manifiesto en lo que habrán de ser los códigos de conducta del servicio público y con los ciudadanos como actores fundamentales del desarrollo nacional gubernamental. Por lo anterior, es comprensible que haya dudas e incertidumbre, puesto que hay un cambio de paradigma, con énfasis primordial en el bienestar de la mayoría de la población; al menos eso plantea el nuevo discurso y las primeras acciones de Estado. En un hecho inusitado, AMLO empezó a cogobernar de facto desde el segundo día de su aplastante triunfo electoral. Sus detractores esperaban que este interregno fuera un espacio de tiempo para su desgaste político; incluso una cantidad apreciable de medios ha maximizado sus errores y minimizado sus aciertos. Lo cierto es que, con todo, AMLO llega con un altísimo nivel de popularidad, lo que le confiere una legitimidad nunca vista en el México contemporáneo. Sería conveniente que ese apoyo popular se convirtiera en una red de protección en el tránsito de un gobierno al servicio del statu quo hacia uno que ponga en la sociedad su razón de ser. Es verdad que en estos meses ha habido errores por parte de quienes acaban de fundar el nuevo régimen; pero han sido, sobre todo, errores de formas, no de fondo. ¿Hacia dónde van los cambios? Primero, ese proyecto dice apuntar al desmantelamiento de leyes e instituciones que habían convertido en norma jurídica la corrupción, las graves diferencias entre unos

pocos que lo tienen todo y la mayoría que nada posee. Este conjunto de acciones no se advierte hasta ahora como desviado del estado de derecho ni como indicador de autoritarismo; los primeros cambios se han realizado con la Constitución y las leyes en la mano. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es un acierto histórico que ajusta México a las formas y modos de los Estados democráticos de derecho. Lo reprobable en México es que el “servicio” público haya sido utilizado como un trampolín para acumular riqueza y no para servir. Rechazo en forma tajante que la independencia judicial resida en mantener sueldos muy por encima de lo que muestra la experiencia comparada a escala internacional. La eliminación de los privilegios de los expresidentes y de sus familias, de estos parásitos del poder, es un mensaje de racionalidad y lógica democrática, más allá de lo que el hecho representa en beneficio del erario. Esos beneficios no eran menores ni accesorios; antes bien, eran escandalosos por su naturaleza, además de que nunca estuvieron soportados en ningún ordenamiento con validez jurídica. Segundo. La mayor parte de los integrantes del régimen que inicia son ajenos a las élites del poder que tradicionalmente han estado al servicio de la inequidad. Vienen, sobre todo, de abajo. Senadores y diputados, en su gran mayoría, entraron por vez primera al ejercicio del poder con una tónica distinta a la habida. Se han cometido errores, sin duda. Y los seguirá habiendo. Pero hay que rescatar el hecho de que el semillero de quienes habían venido ejerciendo el poder ha mutado de sitio. Y eso preocupa mucho a quienes estaban acostumbrados a que el gobierno trabajara para su

beneficio en lugar de hacerlo para todos. López Obrador les mintió con la verdad a esos beneficiarios de la miseria del pueblo. Y ahora están sorprendidos. Tercero. Está en puerta una amplísima reforma constitucional o una nueva Constitución que sea fiel reflejo de la nueva correlación de fuerzas que vive el país. Hay tantas inequidades plasmadas en la llamada Carta Magna con el fin de perpetuar lo que hoy no se quiere: la corrupción y la desigualdad. Frente a una realidad nueva la Constitución, en sus actuales términos, refleja el pasado de oprobio que la inmensa mayoría ha padecido y donde se cerró la movilidad social, económica, cultural y de todo tipo. En el país persiste tanto hartazgo social que la premura por desmontar constitucionalmente el sistema según el cual todos somos iguales pero unos más que otros ha generado acciones de botepronto, problemas conceptuales y falta de experiencia en el ejercicio del poder. No se puede defender lo indefendible. Pero es de esperarse que esa curva de aprendizaje sea rápida para acompasar las formas con el fondo. Cuarto. Todo parece sugerir que en el nuevo régimen un número importante de organizaciones autoproclamadas como de la “sociedad civil”, que carecen de representatividad verdadera, no pondrán al nuevo régimen de rodillas o lo convertirán en rehén de sus intereses o de sus patrocinadores; es el caso del empresario Claudio X. González, quien con la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno de Enrique Peña Nieto se alistaba para ser proveedor en grandes proporciones del gobierno federal. Organizaciones de ese corte se han topado con un proyecto de nuevo régimen que se dice prepa-

rado para no dejarse chantajear ni extorsionar, como pasó con el sexenio que acaba de fenecer, en el que los poderes fácticos hicieron y deshicieron vendiendo servicios de todo tipo al gobierno, al que eran capaces de intimidar si no repartía el pastel a gusto de ellos, so pena de presentar a las autoridades como “antidemocráticas”. Esos grupos ya tienen perfectamente claro que dejaron de gozar de esa patente, y menos aún para decidir quién es demócrata y quién no lo es. Por supuesto, nadie les va a quitar su legítimo derecho a participar en la vida pública, pero deberán hacerlo como todos: con su peso específico –que es marginal–, no como interlocutores del pueblo de México ante el poder público. Quinto. El gobierno de AMLO se muestra muy dispuesto a enfrentar el grave problema de la inseguridad con toda la fuerza del Estado, y en esa iniciativa las Fuerzas Armadas juegan, por las circunstancias existentes, un rol especial. He defendido aquí con datos duros por qué el Plan de Paz se ajusta a las necesidades de replantear el funcionamiento de las fuerzas del orden para hacer lo que debe hacerse a fin de recuperar la paz perdida. Es innegable que en el nuevo equipo de gobierno existen personas con una formación sólida y espíritu de servicio. Ante la estulta amenaza de que muchos “expertos” saldrán de la administración como consecuencia de la reducción salarial, no debe perderse de vista que hay miles de hombres y de mujeres con posgrados en las mejores universidades del mundo, muchos de ellos becados por el pueblo mexicano a través del Conacyt, que están puestos y dispuestos a llenar esos espacios con un afán de servicio al país. Esperemos por el bien de todos que al nuevo régimen le vaya de lo mejor.

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AMLO-CONAGO, EL PLEITO QUE NO FUE

o que podía convertirse en el primer desencuentro entre los gobernadores de los estados y el presidente Andrés Manuel López Obrador, choque de fuerzas esperado, se desactivó el mismo día que se suponía iba a estallar tras un encuentro, en muchos sentidos, anecdótico. Hacía semanas que mandatarios estatales, el más insistente, Silvano Aureoles, cuestionaban la creación de las coordinaciones estatales que concentrarán los programas de desarrollo social que el argot mediático bautizó, para mayor brevedad y descripción, como superdelegaciones. El reclamo se relacionaba con la construcción de un poder paralelo al de los gobernadores que perturbaba el pacto federal, principalmente, por la designación de quienes han contendido o aspiran a contender por las gubernaturas dentro de Morena o próximos a su oferta política electoral. Dicho reclamo, sin duda representa uno de los aspectos sobre los que hay que mantener la mayor observación, porque más allá del

Arturo Rodríguez García federalismo, en lo pragmático, representa un eventual desarrollo de redes electorales que, apuntalada tanto por morenistas, varios de ellos expriistas y expanistas, apuntan al reemplazo de unas estructuras por otras. Aunque esa preocupación subyace también en el ánimo de los gobernadores, no por el federalismo sino por el reemplazo de sus respectivos grupos políticos, el conflicto que se empezaba a configurar ayer nada tenía que ver con eso. Durante la insólita caminata que los gobernadores debieron realizar del Palacio del Ayuntamiento al Palacio Nacional –por primera vez desprovistos de la protección del Estado Mayor Presidencial, sin las caravanas de vehículos blindados, ni las vallas de contención—tuve oportunidad de hablar con dos gobernadores priistas que, respaldando los tres acuerdos en lo público, me explicaron el fondo del asunto en corto. Los tres acuerdos de exigencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al nuevo gobierno, eran: evitar concentrar las tareas

de seguridad en los superdelegados; mayor presupuesto y, pedir que en lugar de crear 100 universidades nuevas destine mayores recursos a las existentes. El primer punto, lo expondría el perredista Aureoles; el segundo, el panista queretano, Francisco Domínguez y, el tercero, el priista Héctor Astudillo. El fondo era el dinero. De acuerdo a los dos gobernadores de la conversación, el tema de los superdelegados era claro y, en cualquier caso ninguno podía oponerse a envío de elementos ni mayor coordinación. Hacerlo, era un ardid político motivado por Aureoles. En tanto, me dijo uno de ellos, los superdelegados no eran asunto suyo, pues oponerse era

como oponerse a las delegaciones federales, una facultad federal y punto. En cuanto a las universidades el segundo dijo que era una petición de los rectores, que venía bien al caso. Pero el problema era otro. Cito textual: “Hay muchas dudas sobre la relación por las formas… el discurso… (López Obrador) descalifica mucho. Pero no soy nuevo en esto, una cosa es discurso y otra la relación. La relación y todo lo que traen estos (los otros gobernadores) se definirá por el presupuesto… la bronca es la lana”. Y lo de la lana se resolvió. Fiel a lo que ha sido su doble discurso, salió Javier Corral diciendo que la Conago volvía a ser importante para el federalismo; otros presentaron la separación de las tareas de seguridad de la función de los “superdelegados” como un triunfo. Pero la clave fue la explicación de López Obrador el miércoles 5 de diciembre: se mantienen los recursos conforme a la ley con incremento de 10% nominal y 7% real. Entonces, el supuesto pleito quedó zanjado.

FRAUDE EN PUEBLA: EN PUERTA EL FIN DEL CLAN MORENO VALLE José Gil Olmos

#MemoriaPública

a pareja Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso daban por hecho que continuaría su proyecto transexenal en Puebla con miras al 2024 cuando haya nuevas elecciones por la presidencia. Pero una vez que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, las noticias para el matrimonio poblano ensombrecieron sus ambiciones. El fraude salió a relucir y la decisión que tome el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que se repitan las elecciones marcaría el inicio del nuevo gobierno federal de no permitir más fraudes electorales. El exgobernador Moreno Valle y actual coordinador del PAN en el Senado tiene ambiciones desmedidas. Con un perfil autoritario similar al del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, según un estudio de la Universidad Iberoamericana, movió los hilos del poder y manipuló el proceso electoral del 1 de julio para hacer ganar a su esposa. Su idea era controlar al PAN y tenerlo como plataforma política y económica desde el estado de Puebla

para las elecciones presidenciales de 2024. Pero ninguna de las dos cosas logró. A pesar de haber intervenido de manera clara y descarada en las elecciones para gobernador en Puebla y de tratar de incidir en la vida interna del PAN, el plan de Moreno Valle se ha tambaleado con el proyecto de resolución que propondrá al pleno del TEPJF el magistrado José Luis Vargas Valdés, en el sentido de que se repitan las elecciones en un par de meses. La violación a los paquetes electorales, abiertos previamente al conteo por parte de los consejeros electorales, y la falta de seguridad en las bodegas donde se resguardó el material electoral, dio pauta a que el magistrado José Luis Vargas Valdés considerara que se vulneró el principio de certeza. Pero antes de esto hubo varios estudios como el del doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, quien tras analizar los resultados de una muestra de 12.1% de las actas encontró “fraude en el conteo oficial”, errores en las actas y en la suma total de votos, así como fallas en el conteo distrital del Instituto Electoral Estatal (IEE).

El investigador aseguró desde hace más de un mes que se encontraron evidencias de manipulación de resultados en la elección en Puebla y declaró que es una irresponsabilidad del IEE pasar por alto nueve errores de cada 10 casos tomados en la muestra estudiada dentro de su investigación “Inconsistencias graves en la Elección de Gobernador en Puebla”. A pesar de todas las pruebas el órgano electoral estatal le dio el triunfo a Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien festejó el triunfo sin esperar la resolución final a cargo del TEPJF. El magistrado Vargas emitió su proyecto de sentencia con los siguientes puntos para declarar la anulación del proceso electoral poblano: “I) no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega; II) personal de la autoridad local abrió paquetes electorales; III) la bodega central no atendía las dis-

posiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal; IV) la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo, y V) no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes”. La elección en Puebla fue a todas luces un fraude y ante la negligencia de las autoridades electorales estatales, el magistrado Vargas pide en su proyecto de resolución que se les destituya y se abra una investigación judicial para determinar si hubo delitos graves. Por cierto…. En su primer discurso como presidente, Andrés Manuel sostuvo que ya no se permitirás más fraudes electorales. “Ya no más fraudes electorales, acabar con esa vergonzosa tradición del fraude en elecciones”, dijo el sábado en la Cámara de Diputados. Puebla podría ser el primer caso en la era de López Obrador de que ya no se permitirán negociaciones oscuras para avalar los fraudes electorales.

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Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PUNTO Y COMA; Roger Laid

INSULTOS A CHIAPAS…

n el simbolismo que rodea a la política aldeana, nacional y local, lo que parece es. Y en este sentido cobra importancia por todo lo que le rodea en lo local. Los años de lucha de obradorismo para llegar a la presidencia se han visto coronados por la llegada de su creador: AMLO a la presidencia, hecho histórico que ha sido celebrado por la mayoría de la población: de los desposeídos, de los pobres, de la izquierda famélica, de la gente común. El AMLOFEST y la entrega del Bastón de Mando indígena encarnan ese simbolismo que acompaña al quehacer político. Por eso llama la atención la No realización de alguna celebración en Chiapas pese la cantidad de seguidores y a la preponderancia de MORENA, ya a punto de asumir el poder. ¿Mensajes? ¿Olvido? ¿Rechazos? o simplemente ¿Incapacidad? las omisiones cuestan y cuestan mucho. Y en esas omisiones cabe el no actuar directamente ante la petición de miles de chiapanecos por el quebranto financiero en que nos deja esta administración mal representada por Manuel Velasco Coello, en hacer caso omiso a las peticiones de “solicitudes de información” que le realizan en el Senado de la Republica y es por las observaciones que le realizo la Auditoria Superior de la Federación, y es allí mismo, el Senado que se evidencia en proteger al gobernador sustituto Manuel Velasco Coello, el mismo que se atrevió a violar la constitución de Chiapas para satisfacer su ambición de regresar a desgobernar. La ambición del aún gobernador sustituto de Chiapas Manuel Velasco Coello pone en riesgo la credibilidad ya cuestionada del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a quien no le interesa la crítica, pero tiene a la sociedad en plena mayoría muy atenta a sus acciones y a la forma popular en la que se ha dirigido en sus primeros días de gobierno desde las 06 horas de la mañana. Y señalamos que pone en riego al

Presidente de México porque el gobernador chiapaneco no hace nada por enmendar la cadena de errores e ilícitos que también se le suman docenas y por pagar a sus acreedores se le suman centenas. MAVECO pidió un generoso préstamo a BANOBRAS y no se observa que al menos haya pagado a quienes les sirvieron, hizo caer en quiebra financiera a varias empresas chiapanecas y hay demandas que pasaran al olvido. Al gobernador electo Rutilio Escandón cadenas le dejan una bomba, cientos de problemas y deudas graves, desde luego independiente a la de los trabajadores y prestadores de servicio.

TRAICIONAN A SINDICALIZADOS DE SSA

La líder del sección 50 del sindicato de salud en Chiapas Jesusa (chusa) Espinoza estratégicamente metió al ex líder Zavaleta y este está inhabilitado para ocupar varios cargos pero ahora da las ordenes y bajo acuerdos a la larga y mentiras ya engañaron a los miembros de sus sindicato (los que les hicieron ganar) hoy los ingresos de los trabajadores han bajado al mínimo, pero en una grabación (en mi poder) señalan que necesitan un acuerdo firmado para poder cobrar al menos en la próxima administración que inicia este sábado ¿usted cree?

ACLARANDO PARADAS

Desde su inicio frívolo critiqué al hoy casi exgoberts Manuel Velasco Coello; hice seguimiento de su ejercicio como ejecutivo estatal haciendo hincapié en sus yerros. Durante este lapso fui asaltado en varias ocasiones, amenazado -hasta mis hijas sufrieron de ello- allanaron mi domicilio en varias ocasiones, fui amenazado de muerte también en incontables ocasiones y aun así seguí la línea critica. Algunos hasta me retiraron su compañerismo o falsa amistad. Por eso ahora me causa risa de aquellos que cubrieron de lisonjas al güero Manuel Velasco Coello y al terminó del sexenio brotan como nucú (chicatana.

hormiga gigante) en temporada de lluvias para criticar al que se va. Valientes de ocasión ahora hasta se atreven a liderar causas “sociales”. Estos cómplices sexenales son bien conocidos aunque ahora se cubran con máscaras de dignidad profesional tratando de sorprender, como siempre, a los que detentarán el poder estos próximos 6 años. Estaremos muy pendientes para mantenernos en la línea crítica, solo esperamos que lo que han prometido en la 4ª transformación que es un mejor desarrollo y proyectos de gran calado para Chiapas aterricen en forma oportuna, que la protección al mandatario chiapaneco MAVECO sea retirada y que AMLO escuche la voz del pueblo, der aquellos que salieron a votar… por REC y AMLO.

Puntos Suspensivos…

Si van a hacer justicia los de la 4ª Transformación es importante que tomen en cuenta las irregularidades en la Secretaria de Gobierno con Gómez Aranda y Mario Carlos Culebro Velasco, ambos fueron Secretarios de Gobierno, los problemas en municipios fueron desatendidos al grado de provocar entuertos, graves desalojos y éxodos de indígenas, además de invasiones por grupos de choque como lo es la MOCRI y si hay alguien que quiera investigar la atención que les dieron violentando la ley es sorprendente… tendrán que desmantelar la Secretaria de Gobierno entre Subsecretarios y Delegados de Gobierno además de dicentes operadores, los actuales ediles se los agradecerán… También la Secretaria del Transporte donde despachó Mario Carlos Culebro Velasco y Álvaro Robles cameras y va la pregunta a los que ocupen ese espacio: ¿Por qué repartieron permisos para moto taxis como transporte que pueden circular incluso en vía federal? Si la ley autoriza TAXIS ECOLÓGICOS…Ampliaremos porque todo está documentado… iniciamos la próxima semana la página PUNTO Y COMA; con todo, avanzamos.

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CHIAPAS EN LA TOTAL DESGRACIA… unca de los nuncas, hubiésemos creído que este sexenio que inició con tan altas expectativas de desarrollo social y económico, terminara a tambores de guerra por parte de los chiapanecos unidos en contra del alabado gobernador más joven del país, resultando un cobarde, ladrón y corrupto. MANUEL VELASCO COELLO ha recibido los epítetos más agravantes de su vida. No pocos le han mentado la madre o dicho los peores adjetivos y calificativos por su inclinación al robo, la rapiña, violación e imposición de leyes a modo que dejará a Chiapas y los chiapanecos en la más grande calamidad, en todas las áreas de la administración pública y política. La devastación presupuestal que promovió desde su círculo de poder acompañado de su abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO, “su mamá también”, LETICIA COELLO GARRIDO y una ensarta de bandidos que se aprovecharon de su posición para enriquecerse de manera descarada y escandalosa, deja en la desgracia sectores tan importantes como la Educación, Salud, Empleo; desarrollo social y el más bajo nivel en crecimiento económico que se traduce en pobreza y pobreza extrema en 7 de cada 10 chiapanecos. Se está acusando al GÜERO VELASCO de un endeudamiento del 18 por ciento en este sexenio, arriba de la deuda heredada por su antecesor JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO que era de poco más de 16 mil millones de pesos con la banca de desarrollo y que el GÜERO VELASCO la elevó a casi 18 mil 500 millones de pesos –pagando 2 millones de pesos mensuales por servicio de la deuda-- a pesar de mentir en la presunción de que no solicitó ni un solo empréstito A todo eso hay que agregarle una deuda aproximada a constructores y proveedores por 10 mil millones de pesos, sin contar la falta de pago a maestros de interinato y Tele-Bachillerato (150 millones); a brigadas de salud; pago por aumento salarial, bonos y remanentes por la extinción del Seguro de Mutuo de Vida a más de 6 mil burócratas sindicalizados y otros 5 mil policías que puede sumar 250 millones de pesos. Queda la sensación de robo y fraude en la extinción del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN) por82 millones de pesos; más de 670 millones de pesos desviados (desaparecidos o robados) del presupuesto destinado al Sistema Estatal de Salud, la compra de medicinas y pago de trabajadores, donde está implicado el ex dirigente de la Sección 50 del SNTSS, JOSÉ LUIS DÍAZ SELVAS. Siendo Chiapas uno de los Estados de la República en pobreza (76%) y de los cinco con mayor deuda total (40 mil millones de pesos), MANUEL VELASCO COELLO se gastó en 2013 alrededor de 10 millones de dólares en imagen personal, en una campa-

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ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• ADIOS AL CÁRTEL DEL GÜERO-VERDE… • Los cómplices del robo del sexenio… • Cárcel y juicio político a corruptos… ña adelantada a la presidencia de la república; 170 millones de pesos en un lienzo charro y otros 50 millones en un Campeonato Nacional Charro, cuando los chiapanecos no figuran en este deporte. En el escenario estatal, no hay obras públicas y de beneficio social de relevancia, que el GÜERO VELASCO haya hecho. Ocupó el dinero del erario público en promoción política de su partido Verde Ecologista y de sus candidatos –que impuso a fusil y bayoneta—en el 2015 y luego en el 2018 en una alianza descarada con el “Peje Partido” MORENA, para quedar bien con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y blindarse contra un posible “juicio político” y un “proceso judicial” debido a la infinidad de tropelías y delitos cometidos al patrimonio estatal, la Constitución, las leyes locales y el abuso del poder afectando a todos los chiapanecos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consigna en diversos actos, las fechorías de MANUEL VELASCO COELLO por más de 8 mil millones de pesos que desde la Cámara de Senadores, de manera oficiosa y complice, el coordinador de la bancada, RICARDO MONREAL ÁVILA ha desechado cualquier acuerdo para solicitar la rendición de cuentas y transparencia del aun gobernador de Chiapas, al que solo le quedan a partir de este miércoles, dos días en el poder… LOS BANDIDOS DEL SEXENIO VERDE… A solo 24 horas de que MANUEL VELASCO COELLO entre al área del “No Poder”, como diría PABLO SALAZAR MENGIGUCHÍA, los chiapaneco están esperando que el “pastor de la honestidad” y hoy Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR actúe en consecuencia contra el que será desde el próximo sábado, ex gobernador de Chiapas. La corrupción en el sexenio verde que hoy está protegido por el manto de morena y que encabezó con ínfulas de virrey, ególatría en toda su magnitud y corrupto en grado sumo, MANUEL VELASCO COELLO, será el estigma de la rapacería, impunidad y complicidad del “Peje-Presidente”. Junto con el GÜERO VELASCO, tendrían que pasar a cuentas por la justicia verdadera, gentes tan cercanas a él como el mismo Gobernador Electo (hasta mañana), RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, quien está señalado como el depredador presupuestal y negociador de la justicia desde su posición de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se podría excluir de la aplicación

de la justicia a quienes ejercieron el poder desde la Secretaria General de Gobierno: NOÉ CASTAÑÓN LEÓN, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA y en la recta final el “Puerquito Valiente”, CARLOS MARIO CULEBRO VELASCO quien también tiene pendientes que transparentar en la Secretaría de Transporte donde fue titular y dejó a un “testaferro” como ALVARO ROBLES CAMERAS, quien en solo unos meses aseguró su futuro cuando menos por un sexenio. La Secretaría de Obras Públicas ha sido la mina de oro más cotizada de cada sexenio. En este del GÜERO-Verde, a su primer titular BAYARDO ROBLES RIQUÉ, las cuentas le salieron “perfectas” para sus bolsillos, al igual que a su sucesor JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA y otros subalternos con poder que se hicieron millonarios, como JUAN PABLO ORANTES COELLO y el ahora diputado local, JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, que se hincharon de dinero, presuntamente ilegal. No es un secreto que MANUEL VELASCO COELLO tenía “socios” y “cómplices”, antes que colaboradores e integrantes del gabinete estatal. Eso fue BETANCOURT ESPONDA desde el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFECH), donde se manejaron millonadas de pesos –al libre albedrío y de manera discrecional— para beneficio de ellos mismos, con la “tajada del león”, supuestamente para el gobernador. Fue por eso que la dirección del INIFECH se la entregó posteriormente MANUEL VELASCO a uno de sus “favoritos” que había empezado el gobierno como asesor general y coordinador de gabinete. Me refiero a EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, el mismo que fue nombrado delegado de SEDESOL y dispuso de los dineros para la campaña electoral del 2015, que le pagaron con una diputación federal a la que abdicó para hacerse cargo del manejo de los millones del INIFECH. El mismo JORGE BETANCOURT me dejó a entender –a pregunta expresa—que ZENTENO NÚÑEZ había comprado muchos terrenos y que era millonario. Dos íconos de este gobierno verde son: JULIÁN NAZAR MORALES “El Talibán”, de quien se comenta un desvío o fraude por cerca de 400 millones de pesos a la Secretaría del Campo donde fue titular, que tiene que aclarar, sino es que pasa por el pabellón de la impunidad; y RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, “el sobrino incómodo”, al que se le achaca un desvío de 300 millones de pesos, venta

de plazas y beneficio a sus “amiguitos” y “cómplices”. Tanto al “Boca Floja” conocido también como el “Matatigre”, JULIÁN NAZAR como al “Ricky Ricky”, RICARDO AGUILAR se les señala de transferir mensualmente millones de pesos a las cuentas del gobernador MANUEL VELASCO y “su mamá también”, LETICIA COELLO GARRIDO. En el “reparto de utilidades” que tienen que aclarar ante la justicia están los cercanos al poder, ROBERTO RUBIO MONTEJO, Secretario Particular del gobernador y el secretario particular, RAMÓN GUZMÁN LEYVA, quienes se supone, dispusieron de millones de pesos desde sus cargos y se convirtieron en los nuevos millonarios. RUBIO es además, diputado federal “indígena” y GUZMÁN LEYVA, sigue haciendo sus negocios de publicidad, espectaculares y gallardetes, al amparo y dinero de las arcas públicas estatales. No podría faltar en este menjurje de corrupción, el otro “Diputado Indígena”, el ex Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO. En el barril sin fondo en el que se convirtió el gobierno verde imberbe de MANUEL VELASCO COELLO, aparece la figura folclórica, cínica y descarada del “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, a quien el gobernador le depositó no solo la confianza sino el presupuesto del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH), del que dispuso a su antojo como director general en dos ocasiones. El ICATECH se convirtió en la pista de aterrizaje de ENOC, su esposa “La Amorchis”, DULCE CONSUELO GALLEGO MIJANGOS que ahora es diputada local; sus hermanos –de él y élla--: ROBERT WILLIAM y EXEQUIEL HERNÁNDEZ CRUZ; FELIPE WENCESLAO, JUAN PABLO, ANTONIO MARCIAL GALLEGOS MIJANGOS, todos incrustados en la nómina del ICATECH; así como HEIDI DEL CARMEN FLORES RUIZ, esposa de WENCESLAO GALLAGOS, cuñado de ENOC HERNÁNDEZ y hasta la niñera de la familia, MARÍA LUBI PÉREZ RUIZ y su hijo JOSÉ ALFREDO CRUZ PÉREZ, quien se desempeña como asistente de DULCE CONSUELO GALLAGOS, así como más de 20 o 30 “aplaudidores de prensa” que depredan el presupuesto del Instituto. ENOC HERNÁNDEZ CRUZ tiene una cauda de corrupción que si es verdad el combate a la corrupción que promete el gobierno de RUTILIO ESCANDÓN, tendría que parar en la cárcel por obligación y por tanta desfachatez en el enriquecimiento ilícito a la sombra del dinero público. Hay más en este sentido porque “El Farandulero” se ha gastado más de 200 millones de pesos en este sexenio para posicionar su imagen, la del partido “Podemos Mover a Chiapas” del que ha usufructuado más de 50 millones de pesos por concepto de prerrogativas que nunca ha dado cuenta. Como dijo CHILO AGUILAR: “seguiremos informando”… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

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Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

SIGNOS Salvador Ruíz Zambrano

Las deudas impagables de Manuel Velasco

anuel Velasco está con menos de un pie dentro y más de uno fuera. Se va y deja tras de sí una estela de deudas de varios miles de millones impagables a proveedores de servicios que creyeron en su palabra y le otorgaron crédito, aún a costa de endeudarse con la banca privada que hoy les ha embargado y les mantiene en bancarrota. Se le cansó el ganso de las mentiras al “güero”, que por lo visto le vale una y dos con sal lo que la gente diga de su conducta que raya en lo delictivo al convertirse en un gobernante fraudulento que incumplió no únicamente a empresarios, sino a la gente más humilde que creyó en sus promesas de tener una vida mejor durante su gobierno. Manuel enfrenta una bancarrota moral, porque ya nadie cree en él, al fallar a todos con sus compromisos firmados ante notario público que pese a tener en sus manos cerca de 500 mil millones de pesos para ejercer a favor de los jodidos chiapanecos, el dinero no aparece en las arcas de Hacienda estatal, que están más vacías que el estadio de los “Cafetaleros de Corazón” (cursi), de Tapachula, que en un acto de narcisismo total le puso su nombre. Ahí en “La Perla”, el engaño total a la afición que impulsó al equipo de futbol, que no solamente llegó a la final, sino que la ganó para estar en la liga de ascenso de la primera división, pero que ante el incumplimiento de Manuel Velasco Coello, con las recomendaciones de la Federación Mexicana de Futbol, de adecuarlo para estar en el nivel obligado, el triunfo fue nulificado y con ello se iría al caño tanto el trofeo de campeón, como el orgullo de una afición que hoy repudia al “gober” mitómano. No hay dinero, es la cantaleta que se escucha en la Secretaría de Hacienda, en la Torre Chiapas, ésa que se construyó con dinero del pueblo y que el compadre Juan Sabines Guerrero regaló al empresario de TVAzteca Ricardo Benjamín Salinas Salinas Pliego, en una negociación en lo oscurito pactada con la mediación del ahora ex senador Luis armando Melgar Bravo. Los empresarios están que no se la creen y tarde se arrepienten de haber confiado en quien finalmente les ha visto la cara de tarugos, porque no encuentro otra definición a la conducta de este irresponsable gobernante inmaduro,

además de inepto, pero bueno para el trinquete en el que toda la familia directa e indirecta estaría involucrada en la mamazón presupuestal, que tenga usted la seguridad que se mantendrá impune, aunque su nuevo amigo y protector Andrés Manuel López Obrador, jure y perjure que combatirá a los corruptos, porque por lo pronto es uno de los muchos que ya perdonó en su borrón y cuenta nueva. No hay dinero y por todo el estado Velasco Coello ha mandado a colgar pendones en los postes, donde se vanagloria de “su obra sexenal”, haciendo alarde de los muchos miles de millones ejercidos en la realización de decenas de miles de obras, que solamente están en la mente calenturienta de sus operadores mediáticos que a nadie convencen, porque los chiapanecos saben que la mentira es su mejor carta de presentación. El sábado entregará la estafeta a un Rutilio Escandón Cadenas, que de entrada querrá salir de inmediato, porque el manto de la corrupción es tan inmenso, que no sabrá cómo quitarlo, porque un buen número de los colaboradores de Manuel estarán en el equipo del primer círculo del ex diputado federal y ex senador del Partido de la Revolución Democrática, ahora desde el 8 de diciembre, gobernador por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (morena). Manuel deberá ser enjuiciado por el pueblo de Chiapas, previo desafuero como senador plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México. Debe ser sancionado severamente por haber encabezado un gobierno corrupto pleno de nepotismo en el que su madre Leticia Coello, debe ser puesta en banquillo de los acusados, para que juntos aclaren el origen de la riqueza escandalosa que les pone en evidencia, junto con su tío Jesús Agustín Velasco Siles o el fiel escudero Ramón Guzmán. Demasiada tela de donde cortar. Toda una administración plaga-

da de desvíos presupuestales que deben ser investigados por la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse en su mayor parte de los casi 500 mil millones de pesos que siguen sin transparentar en su destino final. Se van Manuel y toda su familia, cargados de los dineros que legalmente debieron aplicarse en beneficio de los chiapanecos que menos tienen, los que enfrentan hambre y desnutrición de tercer grado, los que carecen de vivienda digna, de ingresos porque no tienen trabajo productivo, los que viven en la extrema miseria. La pregunta está en el aire, cuando a partir del 8 de diciembre, Rutilio Escandón tenga que enfrentar los justos reclamos de quienes prestaron un servicio bajo contrato de palabra del todo poderoso gobernador, sin que pueda dar una respuesta acorde a las urgentes necesidades de los demandantes. Deuda de más de dos mil millones de pesos del gobierno estatal con la Comisión Federal de Electricidad, que ya los diputados levantadedos han autorizado al mandatario que la pague mediante trueque con el edificio ubicado frente a lo que queda del histórico hotel Bonampak, donde está en su explanada una cabeza del rey Pakal de Palenque, que algún estúpido funcionario ordenó se pintara de manera multicolor, cometiendo un sacrilegio contra nuestra ancestral cultura maya. Que pague Manuel antes de irse a seguir disfrutando de su nueva vida de rico multimillonario, al igual que Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, ha sido la exigencia en redes sociales de empresarios defraudados y atropellados en sus derechos por este inverde gobernante. Manto protector de Velasco Coello, hacia el ahijado de su señora Madre, el ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Eugenio Ruiz Hernández, que al ser cuestionado por el nuevo

responsable de la UNACH, Carlos Faustino Natarén Nandayapa )2018-2022), acerca del destino de los 35 millones de pesos para pagar aguinaldos de los académicos y trabajadores el fin de año y otros gastos de la Máxima Casa de Estudios, ha respondido que el recurso está en las arcas gubernamentales, lo cual sería desmentido de inmediato por la Secretaría de Hacienda, adelantándose desde ahora un posible mega fraude por posibles desvíos. Pero también, conociéndose como se han manejado los dineros por parte de quien gobernó Chiapas de manera anárquica en los últimos seis años, habría tal vez de repensar mejor el destino de tan importante presupuesto. Días finales de un sexenio en el que por todos lados ha brincado la liebre de la corrupción, como en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), donde existe la denuncia de sus trabajadores de un fraude monumental de 500 millones de pesos, por parte de las dos últimas administraciones, encabezadas por Enrique Hernández Bielma y el actual Guillermo Toledo Moguel, en el que también está involucrado su líder Víctor Manuel Pinot Juárez. Donde se pique brota la corrupción en la que están involucradas gentes de la confianza de Manuel Velasco Coello, como en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), durante el período de Eduardo Zenteno, quien antes fue salvado de la cuerda floja por su jefe, cuando de la Procuraduría General de la República venían por él para ponerlo tras las rejas, por actos deshonestidad con los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que hizo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal, pero fue rescatado de última hora haciéndolo diputado federal plurinominal. Manuel se va este sábado y deja sumido en la ruina a los chiapanecos y a un gobierno, el de Rutilio Escandón Cadenas, que difícilmente podrá salir adelante por el enojo de un pueblo harto de tanto abuso del poder, traducido en actos irracionales de poder. Justicia pronta, expedita y sin compromisos claman los damnificados por un “güero” que nunca supo gobernar y si en cambio enriquecerse de manera cínica e impune. Será la prueba de fuego para Rutilio. SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

CMAN

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EN CHIAPAS

Jueves 6 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1523

DEMANDA

PARO

Se agrava crisis hospitalaria y educativa en Tabasco

PAG. 6

Mujeres indígenas de Chiapas piden a AMLO detener los desplazamientos internos por motivos políticos en el estado

ANUNCIO

En la CIDH, Encinas se compromete a actuar contra los responsables de desapariciones forzadas PAG. 3

LLAMADO

Urge erradicar la corrupción, dice la Canaco PAG. 8

ACCIONES

La ONU-DH celebra comisión de la verdad decretada por AMLO para el caso Ayotzinapa

PAG. 7

PAG. 5

Abogados chiapanecos piden a Rutilio Escandón “juico político”, aplicar la ley y penas más severas a funcionarios que utilicen cargos públicos para su beneficio y lucro PAG. 4