CMAN
DOXA
EDITORIAL
La credibilidad de la Junta de Gobierno de la UNACH
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El desprecio que los distintos gobiernos en Chiapas le han tenido a la UNACH se continúa reproduciendo. La lista de registro de los aspirantes a rector así lo demuestra, pues en ella destacan personajes, que con la sola intención de soñar con la rectoría
Este sábado es el último informe de gobierno de Manuel Velasco Coello. La despedida terminará siendo el último acto faraónico de culto al gobernador. Éste no se va a su casa sino que se incorpora al gobierno federal, lo que le permite tener vigencia en la vida política, a pesar del malogrado gobierno.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Sábado 24 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1513
SOLICITUD
CNDH pide someter Tren Maya a consulta indígena En un comunicado, el organismo pidió orientar el proyecto del Tren Maya a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas
ESTUDIO
Sureste de México en números rojos en materia de pobreza laboral
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VIOLENCIA
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Pide trabajadores auditar al COBACH
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HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
Ruperto Portela Alvarado PAG. 15
GUARDIA NACIONAL: ¿MILITARIZACIÓN O CIVILIDAD? Pablo Gómez
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DECLARACIÓN
Autoridades sin capacidad para aplicar alerta de género en chiapas: ESO
Asesinan a opositor de los Carpio Mayorga. Se recrudece la violencia en Amatán
CHILE: LA MUERTE POLÍTICA DEL GENERAL DE LA TRANSICIÓN Francisco Marín
LÓPEZ OBRADOR Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
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Jorge Carrasco Araizaga
MITOS Y VERDADES DEL PLAN DE PAZ Y SEGURIDAD
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Ernesto Villanueva PAG. 4
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Sábado 24 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL La credibilidad de la Junta de Gobierno de la UNACH
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l desprecio que los distintos gobiernos en Chiapas le han tenido a la UNACH se continúa reproduciendo. La lista de registro de los aspirantes a rector así lo demuestra, pues en ella destacan personajes, que con la sola intención de soñar con la rectoría, ofenden el trabajo académico en la universidad. De los personajes externos que se mencionaron para la universidad, finalmente sólo uno se inscribió. Paradójicamente ese uno es el más involucrado con los juegos perversos de Jesús Agustín Velasco Siles, tío del gobernador, que representa el verdadero poder en la universidad, situación que despierta la especulación de que éste es el que terminará siendo el elegido. Sorprende que sus aduladores señalen que cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos de la convocatoria, cuando a todas luces este oscuro personaje no cumple con el perfil para ser el rector de la institución: carece de experiencia académica y del principio de hon-
radez, requisitos que se establecen en la convocatoria. La credibilidad de la Junta de Gobierno se va a poner a prueba en la revisión de la documentación presentada, lo que va a permitir la verificación del cumplimiento de los requisitos, y en ese momento, más de uno de los candidatos van a ser declarados inelegibles, entre ellos el único candidato externo, pues no tiene experiencia académica alguna. En el caso en que la Junta de Gobierno no elimine a los aspirantes que incumplen con los términos de la convocatoria, todo el proceso quedará viciado en virtud de que se estarían validado ilegalidades. Por el contrario, la aplicación estricta de la normatividad le daría calidad moral a la Junta de Gobierno en la designación del nuevo rector de la UNACH. El proceso que se preveía complicado se puede resolver sin contratiempos, si la Junta se mantiene en el marco de la legalidad y no en el de las presiones políticas. Pues a todas
luces parece obvio que tanto Jesús Agustín Velasco como el rector Carlos Eugenio Ruíz Hernández, están jugando con varios candidatos y van a buscar influir en la decisión de los miembros de la Junta de Gobierno. Si los miembros de la Junta de Gobierno se mantienen a la altura de las circunstancias y se privilegia la vida universitaria, entonces se estaría en una condición en el que se dignifica el trabajo académico y se envía un mensaje claro de defensa de la autonomía universitaria. Pero además se estaría también en una circunstancia en que la responsabilidad de la rectoría recaería en un docente universitario. La dignificación de la universidad es importante porque ante decisiones de mandar a registrarse a personajes que denigran a la universidad y cuya experiencia profesional representan el lado contrario de la honradez y la honorabilidad, los miembros de la comunidad universitaria no pueden permanecer inmóviles, ante la destrucción de la universidad que se viene dando.
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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Interinos de chiapas inician huelga de hambre por falta de pagos Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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uego de tres meses sin obtener respuesta ante la demanda de pagos que se les adeuda desde 2015, docentes interinos del Intech han iniciado una huelga de hambre. Magdalena montero docente del grupo dio a conocer que han cumplido ya 96 días de manifestaciones sin que la secretaría de educación les dé una respuesta. Ante esta situación han iniciado desde el día jueves una huelga de hambre dos maestras. En este sentido precisaron que por cada día que pase sin respuesta un docente más se sumará a esta medida. “Ya no sabemos qué hacer el gobierno ya se va sin que tengamos certeza de que el tiempo que hemos trabajado se nos pague”, expresaron. Recordaron que son cerca de 20 millones de pesos los que se adeudan a solo este grupo. En lo que resta del año realizarán este tipo de acciones pues queda únicamente una semana para que termine la presente administración.
De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)
El Movimiento por La Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatan y la CNPA MN dieron a conocer que a la violencia y el hostigamiento se suman los asesinatos contra la población de este municipio en Chiapas después de que rechazan la imposición del Presidente Municipal, Wilber Carpio Mayorga. Lo anterior luego de que la noche de ayer fuera encontrado, en su domicilio Carlos Mayorga Guerrero, atado, amordazado, torturado y apuñalado. Carlos Mayorga fue militante del movimiento en la cabecera municipal del Amatan, Chiapas. El lamentable hecho se dio a conocer cuando su nieto fue a su casa a buscarlo aproximadamente a las 10 de la noche y lo encontró al interior de su vivienda en uno de los rincones amarrado y brutalmente golpeado. Además, al parecer fue lesionado con arma blanca. Por lo que inmediatamente su nieto pidió́ ayuda a la población pero el médico de la comunidad, confirmó que había sido asesinado. La CNPA MN reiteró que desde que inicio del movimiento, los grupos armados de la familia Carpio Mayorga fueron aumentando su presen-
Magdalena montero docente del grupo dio a conocer que han cumplido ya 96 días de manifestaciones sin que la secretaría de educación les dé una respuesta
Asesinan a opositor de los Carpio Mayorga. Se recrudece la violencia en Amatán cia en el municipio siendo cada vez más públicos a grado tal de amenazar a integrantes del movimiento con armas largas conocidas como cuerno de chivo. En este momento la población está enardecida por el cobarde asesinato, pero también tenemos claro que el gobierno ha buscado por todos los medios provocar a través de su grupo paramilitar para justificar el uso de la fuerza pública para desalojar al movimiento por medio de la represión por lo que estamos seguros que este vil acto cobarde es para justificar el ingreso de las fuerzas estatales y federales para aniquilar el movimiento. Lo anterior se da a unas horas de hacer público que el próximo 30 de noviembre se conformara el gobierno legítimo que mediante un consejo de gobierno popular rescatará a la sociedad amateca. Condenamos el asesinato de nuestro compañero y le exigimos al gobierno del estado que instruya a sus paramilitares que cesen las agresiones contra simpatizantes, militantes y dirigentes pues solo ocasionara que el municipio se convulsione.
En tanto que gobierno federal le exigimos su intervención, no comprar la postura del gobierno del estado de usar la fuerza pública contra el movimiento de Amatán, pues solo agravará la conflictividad social y política ya que tiene la responsabilidad de generar condiciones de gobernabilidad democrática no usando la política de la zanahoria ni del
garrote, sino el diálogo serio, real y responsable, a lo cual ha faltado el gobierno del estado en todo momento siendo responsables directos del agravamiento del conflicto. Convocamos a las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a estar pendientes de lo que suceda en Amatán.
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Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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n el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la fundadora y representante legal de la Organización por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, lamentó el actuar de las autoridades ante esta problemática, ya que a pesar de la Alerta de Género que se activó para 7 municipios de Chiapas los casos de femeninas violentadas ha ido en aumento. Dijo que en la conmemoración de este día no hay nada que festejar, ya que al menos en Chiapas hay muchos temas pendientes, como es la salud, ya que en los hospitales no hay medicamentos para atender a las mujeres, situación que vulnera los derechos de este sector de la sociedad. Señaló que a pesar de que Tapachula está considerado entre los municipios con la Alerta de Género, los esfuerzos de las autoridades han sido nulos, ya que desde que se emitió no hay inversiones para poder atender la problemática, tal es el caso de las patrullas, y a tres años no se han mejorado las unidades. Detalló que tampoco existe un consejo para atención de las víctimas, además tampoco hay una casa tránsito para brindar refugio a las mujeres violentadas por el tiempo que ella desee, por lo que la atención integral sólo es brindado por organizaciones brindan apoyo a la féminas. La entrevista enfatizó que la Alerta de Género debería abarcar a todo el Estado y no sólo a 7 municipios, además esta no ha fallado, sino son las instituciones las que no han dado respuesta y ni han aplicado la atención a las mujeres víctimas, lo que representa también una violencia institucional. Puntualizó que la violencia contra las mujeres ha aumentado en los recientes años, ya que según los casos
Daniela Alfaro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)
Los estados que conforman al sur sureste de México como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tabasco han presentado cifras de crecimiento en pobreza laboral en las que superan el 50 por ciento, según la última actualización del Semáforo Económico Estatal de la organización México ¿Cómo Vamos? Este estudio reveló que más de la mitad de la población de estos seis estados no ganan ni siquiera el salario mínimo. En esta región de país se hace notar la carencia de ingresos suficientes para una vida digna y como define la plataforma, comprar una canasta básica de alimentos. El año pasado se dio a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que los estados más pobres del país están en esta misma región. Chiapas encabeza la lista,
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Autoridades sin capacidad para aplicar alerta de género en chiapas: ESO Dijo que en la conmemoración de este día no hay nada que festejar, ya que al menos en Chiapas hay muchos temas pendientes, como es la salud, ya que en los hospitales no hay medicamentos para atender a las mujeres, situación que vulnera los derechos de este sector de la sociedad
de atención que ha brindado la Organización que representa demuestran que habido un crecimiento, y es que tan sólo el registro que tuvieron del 2017 a los meses que han transcurrido del 2018 hay una alza de casos del 60 por ciento, cifra que es preocupante. Remarcó que en el 2017, atendie-
ron alrededor de 280 casos de violencia contra las mujeres y en lo que va del año se tiene un registro de 315, en donde los tipos de violencia son múltiples, que van desde la agresión física, psicológica, económica e incluso también aquellas que son generados por las instituciones al no brindar una atención rápida a las víctimas.
Finalmente hizo el llamado a los legisladores federales para que la violencia contra las mujeres pueda ser catalogada como delito grave y así los agresores puedan ser sancionados conforme a la ley, ya que ahora muchos de los generadores de la problemática quedan sin castigo. (iM rrc)
Sureste de México en números rojos en materia de pobreza laboral seguida de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Chiapas es también el estado con mayor índice de pobreza laboral con el 67.8 por ciento por segundo año consecutivo, en el que a pesar de que hubo una disminución del 3.6 por ciento respecto al año pasado, no deja de encabezar la lista. Además en el estado de Chiapas, se disminuyó cinco pesos la hora de trabajo producida de 80 a 75 pesos, con respecto al 2017. La informalidad laboral sigue siendo una de las estadísticas más altas con el 66.2 por ciento. Esta situación que expone la organización México ¿Cómo Vamos?, hace visible el problema con la desigualdad entre los estados del norte
del país donde sus números son positivos y en crecimiento, mientras
que estos estados permanecen en las listas de corrupción e inseguridad.
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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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or problemas de estrategia fiscal con cerca de 8 mil maestros y trabajadores, el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), los afectados solicitaron a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) una auditoría por un presunto desvío de recursos en el periodo 2017. En conferencia de prensa, Esdras De León Pinto, secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo del SUICOBACH, explicó que por observaciones de todos los trabajadores –sindicalizados y no sindicalizados– del Colegio de Bachilleres encontraron una serie de irregularidades fiscales del 2017, por lo que prevén que el culpable directo del desvío de recursos sea el ex director general del COBACH, Jorge Enrique Hernández Bielma. “Nosotros nos hemos dirigido a la Auditoría Superior del Estado, acabó de presentar documentación donde estamos solicitando fundamentalmente una auditoría al Colegio de Bachilleres”. “El tema en específico es de lo que ocurrió en el 2017, si porque es (en el periodo) de Jorge Enrique Hernández Bielma”, puntualizó. Ante las inconsistencias, aseguró no contar con un dato exacto del faltante total de los trabajadores, ya que los integrantes de la plantilla del Cobach han reportado situaciones diferentes, por que piden a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) revisar al sistema educativo. “No tenemos el dato concreto por qué, porque cada compañero tiene una situación distinta, va entre 20 mil pesos en algunos casos, hasta
Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
El próximo delegado del Gobierno Federal en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos anunció que será este sábado y domingo cuando se realice la Consulta Nacional Ciudadana en donde se considerarán varios proyectos de desarrollo, por lo que pidió a los chiapanecos salir a emitir su voto. “Como ustedes saben, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya como presidente electo ha manifestado que siempre los temas que tengan que ver con un impacto nacional o en su caso estatal tendrá que someterse a consulta ciudadana y por eso el día de mañana y pasado estaremos haciendo esta consulta sobre diez programas estratégicos y estos programas estratégicos son la construcción del tren Maya el cual contempla los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con lo cual se fomentará la economía y el tu-
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Pide trabajadores auditar al COBACH “Nosotros nos hemos dirigido a la Auditoría Superior del Estado, acabó de presentar documentación donde estamos solicitando fundamentalmente una auditoría al Colegio de Bachilleres”
300 mil pesos en otros casos… son varios millones de pesos”, dijo. Sin embargo, estimó que tras acudir al Congreso del Estado con los representantes de la Comisión de Hacienda calcularon un desfalco de 400 a 500 millones de pesos en el periodo del Hernández Bielma. “Hablando con las comisiones con Hacienda que él más o menos maneja los números calculó que estábamos hablando de entre 400 y 500
millones solo del 2017”, mencionó. En este contexto, De León Pinto recordó que este problema se derivó cuando la plantilla acudió al Servicio de Administración Tributaria para presentar su declaración anual del año pasado. “En los meses de abril y mayo cuando toca la responsabilidad de algunas compañeros hacer su declaratoria de impuestos, ellos empezaron a notar unas algunas
inconsistencias que les informaron allá en el SAT”, indicó. Al observar este problema, declaró que “nosotros planteamos esa situación a dirección general, dirección general nos comentó que se iba hacer cargo de la situación, que iba a corregir esas inconsistencias, pasaron los meses y bueno como al principio parecía ser que trataba de hechos aislados no se planteaba de una manera más firme”. Sin embargo, agregó que en los últimos días descubrieron inconsistencias, cuales fueron apareciendo de manera gradual en todos los trabajadores, “el problema es monstruoso, abarca a toda la plantilla de trabajadores que son cerca de 8 mil en el Colegio de Bachilleres”. Dentro del problema, aseveró que el asunto es meramente de estrategia fiscal, donde dirección general del Cobach contrató una empresa que le sugirió manejar de esa manera, pero a la fecha esa empresa –sin nombre– reconoció que fue un error “y que la van a corregir, esa es la explicación que ellos dan, explicación que no nos satisface porque los nosotros queremos es que el estatus que ellos manejan ante el SAT es que muchos ya estamos en proceso de prejubilación”.
Diez temas estratégicos a consulta nacional confirma delegado de programas federales rismo, también se preguntará sobre la construcción de un tren que conectarán los océanos pacífico y atlántico para desarrollar el istmo de Tehuantepec”. Aguilar Castillejos indicó que la pregunta tres es la relacionada a la construcción de una refinería en Dos Bocas Tabasco, para producir gasolina, y la pregunta cuatro es relativa a la plantación de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, generando cuatrocientos mil empleos, mientras que la pregunta cinco es relacionada al aumento de la pensión de adultos mayores de sesenta y ocho años, y la seis que corresponde al otorgamiento de becas a estudiantes y capacitación laboral, entre otras. Por lo que dijo que estos diez programas prioritarios son parte de los veinticinco programas estratégicos
que se implementaran en todo el país incluido el estado de Chiapas, con la construcción del tren Maya. Esta consulta nacional sostuvo estará abierta para toda la ciudadanía de ocho de la mañana a seis de
la tarde, durante los días sábado y domingo y los gastos que se originen corren a cargo de senadores y diputados que integran la Cuarta Transformación, al tiempo que confió en la participación ciudadana, finalizo.
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La consulta violará derechos indígenas: ONG de Oaxaca Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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l Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio cuestionó las consultas impulsadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador porque violan derechos humanos de los pueblos originarios, contravienen los tratados internaciones ratificados por México y legitiman el despojo de territorios indígenas. La Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Tequio Jurídico, Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios del Pueblo Mixe y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reconocieron la disposición del próximo gobierno de implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, como la consulta popular. Sin embargo, consideraron que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y, por otro, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones. Luego de que el presidente electo anunció la realización de una consulta popular a realizarse los próximos días 24 y 25 de noviembre para preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en la construcción del Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros proyectos, externaron su preocupación de que se vaya a utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
El Congreso entrante de Morelos iniciará procedimientos administrativos y legales contra los exdiputados de la anterior Legislatura por no haber cumplido con el proceso de entrega recepción. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, informó que el proceso de entrega-recepción nunca inició como establece la ley, pues no existió disposición de los exlegisladores para cumplir con esta obligación y no entregaron los documentos correspondientes. Aseguró que la expresidenta de la Mesa Directiva del anterior Congreso, la perredista Hortencia Figueroa Peralta, entregó 28 fojas “que sólo contenían archivos de correspondencia
Consideraron que el próximo gobernante se ha precipitado en consultar, ya que por un lado no está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y, por otro, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones
Su preocupación radica en que en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado, comunidades mayas, y por el otro lado, comunidades zapotecas; entonces, realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones a sus derechos humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances del país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Citaron que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de
las medidas propuestas. Y con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos, quedó establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros. En consecuencia, agregaron, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto; libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión; culturalmente adecuada; y para realizarla se debe proporcionar información de las posibles afectaciones al menos en los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento. Hicieron hincapié en que la consulta que se ha anunciado por el presidente electo no cumple con los
procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatoria a los derechos humanos; adicionalmente quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla. Consideran que la implementación de la consulta popular en los territorios indígenas abonaría más a la grave discriminación e invisibilización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sería contrario a lo que se ha escuchado en los medios de comunicación respecto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y advirtieron que “los pueblos indígenas no permitiremos que se sigan violando nuestros derechos humanos, y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales”. Finalmente hicieron un llamado a los pueblos y sus organizaciones a defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de los pueblos originarios y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios. “Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación”, puntualizaron.
Exdiputados de Morelos incumplen con la entrega recepción; alistan denuncias y de asuntos relacionados con solicitudes de pensiones”, pero no tenían información respecto a las finanzas del Congreso”. De acuerdo con Sotelo Martínez, el mayor problema es que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) detectó un desfalco de mil 200 millones de pesos de la anterior Legislatura. Responsabilizó de ello a los entonces diputados Francisco Moreno Merino, actual delegado del PRI en Quintana Roo, a Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y a la titular de Finanzas, Patricia Bandera. El presidente de la Mesa Directiva
dijo que iniciará los procesos administrativos y legales que correspondan contra los exdiputados, que se sumarán a las denuncias ya presentadas ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción a principios de septiembre. “Este es un asunto de legalidad y tiempo, no de política y mediático”, manifestó Sotelo Martínez al cumplirse 45 días hábiles de que se inició formalmente el proceso de entregarecepción y que, insistió, nunca se concretó. El diputado recordó que la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública de Morelos obliga a
realizar el proceso de titular a titular, y afirmó que, en este caso, siempre hubo resistencia por parte de los exlegisladores. Eso “significa que no se ha iniciado con la entrega-recepción, en lo individual, área por área y, por tanto, no se cuenta con la documentación que se pueda observar”.
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La tutela efectiva de los derechos se garantiza si los jueces tienen autonomía: Aguilar Morales De la redacción Ciudad de México (apro)
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os jueces deben contar con las garantías mínimas de autonomía e independencia para garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas, subrayó este viernes el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La existencia de pesos y contrapesos en una nación es parte de la configuración del Estado de derecho, recalcó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al encabezar la Ceremonia por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a un recurso efectivo. De igual manera, recordó que, desde su creación en el siglo XIX, el juicio de amparo funcionó como límite real al poder del Estado, de acuerdo con 31 expedientes de la época registrados por México en el Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Dichos documentos muestran el actuar del Poder Judicial de la época para consolidarse frente al poder político y a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Este legado documental es evidencia de la evolución de la impartición de justicia en
La existencia de pesos y contrapesos en una nación es parte de la configuración del Estado de derecho, recalcó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al encabezar la Ceremonia por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a un recurso efectivo
nuestro país, y de cómo el amparo fue fortaleciéndose como un elemento jurídico paradigmático, que cubre una gama amplia de efectos para la protección, restitución y reparación real y objetiva de los derechos de las personas”, detalló, de acuerdo con un comunicado de la SCJN. El ministro destacó que la SCJN, creada para asegurar los derechos de las personas contra los abusos de poder en el ámbito interno, se trasladó al ámbito internacional para introducir la Declaración Universal del derecho a un mecanismo judicial que garantice la protección de los derechos humanos. Al crear el juicio de amparo en 1847, abundó, México fue vanguar-
dista en la protección de los derechos de las personas, pues no se limitó a proteger determinados derechos, sino todos los contemplados en la Constitución Federal y las leyes. Y explicó que, en 1948, durante los trabajos para redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, Francia, la delegación mexicana propuso incluir en el artículo 8º del proyecto final el derecho a un recurso efectivo, inspirado en la figura del amparo, siendo el único texto dentro del documento que garantiza el respeto de los derechos humanos en el ámbito nacional. Las consideraciones que hace 70 años tuvieron los representantes de los Estados para incluir el derecho
a un recurso efectivo llevan hoy a la responsabilidad de los juzgadores de proteger los derechos y libertades consagrados en los textos constitucionales y las leyes, porque esa es parte de la labor sustantiva que despliegan cada día los órganos del Poder Judicial de la Federación, apuntó. “El Poder Judicial de la Federación al ser responsable directo de la encomienda constitucional de impartir justicia, asume diariamente esta responsabilidad y refuerza su compromiso con la sociedad por hacer que la tradición jurídica del juicio de amparo siga su desarrollo a fin de que continúe siendo un bastión para la observancia de los derechos y ejercicio de las libertades en nuestro país”, remató. Al acto asistieron Rosa Wolpert, encargada de la Oficina de la UNESCO en México; Andrés Lira González, profesor emérito de El Colegio de México; Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, y Magdalena Acosta Urquidi, directora del Canal Judicial.
CNDH, Conapred y CEDHBC piden respetar los derechos humanos de personas migrantes detenidas De la redacción Ciudad de México (apro)
Las detenciones de las personas en contexto de movilidad que cometan faltas administrativas o infrinjan la ley deberán realizarse con base en el marco jurídico vigente y con pleno respeto a su dignidad. Así lo expresaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC). En ese sentido, subrayaron que no se oponen a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno investiguen, procesen y, de ser el caso, sancionen a esa personas, pero observarán que la
actuación de las autoridades se realice con apego a la ley, al respeto a los derechos humanos y con un enfoque humanitario, ante el riesgo latente de que se cometan injusticias o se separe a los integrantes de las familias de personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida. En un comunicado destacaron que, tras su detención, esas personas deben ser presentadas de inmediato ante las autoridades correspondientes –juez cívico o Agente del Ministerio Público--, que deberán abstenerse de realizar revisiones migratorias, las cuales son competencia exclusiva legal y constitucionalmente del Instituto Nacional de Migración (INM). De ac uerdo con la CNDH, Conapred y CEDHBC, el derecho a la seguridad de las personas y co-
munidades por las que transitan las personas migrantes es totalmente compatible con el respeto a los derechos humanos de quienes, por situaciones diversas como pobreza, marginación y violencia, han tenido que abandonar sus lugares de origen, por lo que se mantendrán atentas a que las autoridades ajusten su actuación al marco del Derecho. La CNDH expresó una vez más,
como lo ha hecho de manera reiterada desde que ingresaron las caravanas migrantes a nuestro país, “que las personas migrantes deben respetar las leyes del país por el que transitan y evitar caer en conductas o actos que transgredan los derechos de personas y comunidades que recorren, como muestra de orden y respeto hacia quienes les han mostrado su solidaridad y apoyo”.
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SHCP elimina estímulo fiscal a gasolina Magna; descarta aumento de precio Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
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l gobierno de Enrique Peña Nieto cerrará la última semana de su administración con la eliminación del estímulo fiscal a la gasolina Magna, cuyo precio ya ronda los 20 pesos por litro en varias estaciones de servicio de la Ciudad de México. Apenas el pasado 27 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quitó el estímulo para la gasolina Premium, por lo que ahora los consumidores tendrán que pagar la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tanto para la gasolina Premium, así como para la Magna. Para el caso del Diésel, Hacienda mantiene un estímulo fiscal de 27.88 por ciento. La cuota de IEPS vigente este año para la Magna es de 4.59 pesos por litro y para la Premium es de 3.88 pesos, lo que significa que, al no haber estímulo, el gobierno federal no absorberá el impuesto. Mediante un comunicado, la dependencia encabezada por José Antonio González Anaya aseguró que los ajustes a las tasas del IEPS que aplica a las gasolinas y el diésel esta semana “no se traducirán en aumentos en los precios de estos combustibles”. “La reducción a cero en los estímulos que se observará en la próxima semana responde sólo a los cambios observados en el precio de sus referencias internacionales durante la semana que concluye. Es precisamente gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público pueden continuar moviéndose de manera ordenada. De esta manera funciona el mecanismo de suavización que ha operado durante todo 2018 y que se mantiene sin cambio”, explicó la SHCP. El pasado 27 de octubre, cuando la SHCP decidió eliminar el estímulo a la gasolina Premium, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) advirtió que “es clara la intención de la SHCP para desaparecer el estímulo fiscal a todas las cuotas del IEPS a los combustibles fósiles”. Según la asociación, dichas cuotas son parte del sistema de recaudación de impuestos a las gasolinas que para 2018 ascienden a 258 mil
Apenas el pasado 27 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quitó el estímulo para la gasolina Premium, por lo que ahora los consumidores tendrán que pagar la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tanto para la gasolina Premium, así como para la Magna
633 millones de pesos; nivel inferior al registrado en el 2017 cuando se recaudaron 284 mil 432 millones de pesos.
Los antecedentes En un reporte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que la caída de precios y producción petrolera de 2014 ha obligado al fisco mexicano a buscar recursos por otra vía: los ingresos tributarios. Es decir, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “Este último, dado que tiene fines de corregir externalidades negativas que ciertos productos generan a la sociedad, grava, entre otros productos, el consumo de los combustibles fósiles”, señaló el análisis publicado en marzo del presente año. En un entorno en donde los diferentes mercados energéticos se abrían a la competencia, acotó, la SHCP decidió abrir también el mercado de los combustibles. El proceso comenzó en enero 2016, año en que se permitió que
los precios se movieran dentro de una banda de valores máximos y mínimos (acorde a los movimientos del mercado) establecida por el gobierno federal. Fue a partir de enero 2017, por medio de una liberación gradual, las bandas se removieron y se establecieron cuotas fijas de IEPS independientes de los movimientos del tipo de cambio y precios del petróleo, ofreciendo así, a la SHCP, certidumbre en la recaudación. De esta manera, el impuesto del IEPS a combustibles fungió como uno de los contrapesos a la caída de los ingresos petroleros. Sin embargo, dada la naturaleza volátil del mercado, los precios del crudo comenzaron a subir. “Bajo un escenario en donde el gobierno dejó de subsidiar los combustibles, se supondría que un alza en el precio de la Mezcla Mexicana de petróleo, superior al estimado, traería mayores recursos a los aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017. Sin embargo, esto no se observó en 2017, debido a la pérdida del potencial recaudatorio que el estímulo fiscal implicó para la recaudación de IEPS a com-
bustibles”, señaló el CIEP.
El estímulo fiscal De acuerdo con el centro de investigación, consumir gasolinas y diésel implica pagar diferentes cuotas de IEPS que son: la cuota federal, una cuota estatal y cuota de carbono. Sin embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el precio final de los combustibles, con el fin de estimular su consumo. “El estímulo fiscal es considerado una pérdida recaudatoria causada por el desvío de la estructura normal del gravamen federal. El que atañe a las gasolinas y diésel cambia cada semana acorde a movimientos del tipo de cambio y de los precios internacionales del petróleo y es publicado, semanalmente, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, precisó el documento. Y remató: “Si bien existe la voluntad de fomentar una consciencia ambiental, la realidad fiscal la supera, sugiriendo que existe una contraposición de objetivos entre la política fiscal y la ambiental/ energética”.
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CNDH pide someter Tren Maya a consulta indígena De la redacción Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a someter el proyecto del Tren Maya a una consulta indígena en los términos planteados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En un comunicado, el organismo pidió orientar el proyecto del Tren Maya a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En ese contexto llamó a López Obrador a promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. “Para esta Comisión Nacional, un proyecto de esa naturaleza debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte”, detalla el comu-
De la redacción Ciudad de México (apro)
Doce gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) se revelaron ante la figura de coordinadores estatales (los llamados superdelegados) del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y afirmaron que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales”. A través de un desplegado publicado en la prensa nacional, los gobernadores panistas señalan: “nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros”. Desde su perspectiva, “las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”. Los panistas señalaron que la colaboración en materia de segu-
En un comunicado, el organismo pidió orientar el proyecto del Tren Maya a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas
nicado. Además, la CNDH advirtió que el proyecto debe considerar aspectos de desarrollo sustentable, que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del medio ambiente. El organismo instó a los impulsores del proyecto a dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas.
Demandó además que se detallen, de manera clara y sencilla, los alcances y pormenores del proyecto, precisando las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados. “Es deseable la participación de todos los sectores sociales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de tomar decisiones informadas y respaldadas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y colectivos”, manifestó la Comisión. Los derechos humanos son el único espacio de democratización y transformación de situaciones injustas con que cuenta la población mexicana, “por lo que esta Comisión Nacional llama al presidente electo a que el respeto y promoción de tales prerrogativas sea el signo distintivo de su próxima administración para lograr la transformación de México”, concluyó.
Gobernadores del PAN rechazan a “coordinadores estatales” de AMLO ridad debe abordarse de manera institucional “por encima de diferencias ideológicas”. Para los panistas para resolver los pendientes en materia de seguridad deben atenderse las causas del delito y la violencia, al igual que robustecer las capacidades civiles de la policía, los órganos de procuración de justicia y de reinserción social. “No podemos pedir más a las Fuerzas Armadas de manera indefinida, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”. El desplegado está firmado por Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Du-
rango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato. También avalan tales planteamientos los mandatarios estatales Antonio Echevarría García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de
Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.
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“El feminismo, necesario en la política”: Minou Tavares Mirabal Silvia Núñez Esquer Hermosillo, Son. (Cimacnoticias)
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inou Tavares Mirabal es orgullosamente hija de Minerva Mirabal, una de las tres hermanas que inspiraron la designación del 25 de noviembre, como Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, serán recordadas siempre por haber sido asesinadas brutalmente en su país, República Dominicana, por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo al que se oponían activamente. Minou trae en la sangre esa necesidad de rebelarse ante lo injusto. ¿Y cómo no? Si como hija vivió lo que es perder a su madre y tías en un evento por demás violento, como castigo a su activismo. Política, filóloga y maestra dominicana, ha sido diputada federal y es una convencida de que el feminismo es necesario en la política. En el marco de la CSW en su edición 62 realizada en la sede de la ONU en Nueva York, a la cual asistió, Cimacnoticias conversó con ella. Para ella las leyes y reglamentos son el inicio de los grandes cambios y para que éstos existan se debe empezar por ponerlos en el papel y llegar a consensos, dijo en referencia a los Tratados internacionales. “Es cuando tenemos instrumentos para exigir esos cambios” y agregó que hay pocos instrumentos tan importantes como la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Ana Luisa Cantoral Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias/Pagina3.mx)
Sin la presencia de las y los legisladores invitados, la mañana de este miércoles se realizó el Foro de la Agenda Legislativa para erradicar la discriminación y violencia contra la mujer, organizado por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO). A casi tres meses de que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 40 municipios de Oaxaca, los pronunciamientos por la ausencia de acciones concretas del gobierno del estado, en especial de la Fiscalía General y la SMO, no se han hecho esperar. Asociaciones civiles pro defensa de las mujeres, así como diputados y diputadas de diversas vertientes políticas se han pronunciado en ese sentido; sin embargo la nueva LXIV Legislatura local mostró su total desinterés por conocer la situación que prevalece en Oaxaca y qué podrían hacer de manera coordinada. Y es que la nueva LXIV Legislatura
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, serán recordadas siempre por haber sido asesinadas brutalmente en su país, República Dominicana, por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo al que se oponían activamente
discriminación contra las mujeres, CEDAW, que internacionalmente sirve para hacer avanzar la agenda, y en lo nacional, para exigir a los gobiernos firmantes que avancen en las agendas nacionales. “Aunque sea en algunos casos la mera declaración políticamente correcta, siempre nos permite a las mujeres, que en este momento representamos el sector más revolucionario de la humanidad, impulsar esas agendas”, sostuvo. Invitada como conferencista en universidades norteamericanas como Boston, Lawrenz, Providence, y en eventos como la conmemoración del Día internacional de la mujer en Estados Unidos, es común que Minou Tavares sostenga reuniones políticas en otros países como representante de su partido político
“Opción Democrática”. En el tema de violencia contra las mujeres, muy cercano por su historia familiar, consideró que falta mucho por avanzar pues se trata de un tema cultural y la cultura es lo más difícil de cambiar. “A veces se dan pasos más largos, a veces más cortos”, dice al tiempo que expresó su preocupación porque en los años recientes ella ve un estancamiento para combatir la violencia contra las mujeres. Celebró que las artistas hayan decidido denunciar públicamente el acoso y otras violencias porque eso, dijo, contribuye a sacar el tema de las secciones policiacas y darle otra dimensión social, trayéndola a la primera plana de los medios incluidos los conocidos como de la “farándula”, y que el tema también se haya llevado a las “grandes galas” donde las mu-
jeres denuncian públicamente las violencias, comentó. “Todo ello es una especie de impulso para la construcción de sociedades de paz y de respeto hacia las mujeres en todos los países”, agregó. Orgullosa de ser hija de una de las “mariposas Mirabal”, Minou Tavares hace política, siempre bajo el principio de no desvincular la agenda feminista de la social, lo cual implica un reto, dijo. Sin dudarlo, sostiene que su objetivo principal es cambiar la República Dominicana a través de su militancia política partidista. “El reto que tenemos en este momento y siempre las mujeres, es no desvincular nuestras agendas feministas, las agendas de las mujeres, nuestras demandas, de las agendas de nuestros países. No podemos pensar sólo en las reivindicaciones de las mujeres olvidando que vivimos y venimos de países en los cuales hay gran desigualdad y gran pobreza que es necesario superar”, agregó. Minou Josefina Tavares Mirabal ha sido diputada por el distrito nacional y también se ha desempeñado como viceministra de relaciones exteriores de República Dominicana. Fundadora de su partido Opción Democrática, es conferencista internacional, a la vez que continúa con sus actividades como política.
LXIV Legislatura inicia mal su periodo; se olvida de la agenda de las mujeres definió y aprobó desde la semana pasada que sesionaría este miércoles 21 de noviembre; y sabedores de ese compromiso, no sólo no notificaron a la titular de la SMO, si no que evidencia la falta de interés en la agenda de las mujeres. Hace unos días la diputada federal del Distrito 03 -por el Partido del Trabajo-, Margarita García, le reclamó al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat, no tomar en serio la situación de las mujeres. “No se puede jugar con los cargos, pareciera que se están poniendo a prueba, una titular de la Secretaría de la Mujer que desconoce totalmente las cifras de feminicidios en Oaxaca y se justifica diciendo que no le toca”, dijo señalando que es una muestra de ese desinterés. Sin embargo, y hasta el momento tampoco las y los legisladores locales muestran interés ante la situación que
viven miles de mujeres en la entidad, lo que pudo comprobarse con su inasistencia al Foro. De acuerdo con la titular de la dependencia, Ana Vázquez Colmenares, los diputados no asistieron porque tenían “sesión extraordinaria”, lo cual era impreciso ya que en el Congreso hubo sesión ordinaria de la 64 Legislatura. Vásquez Colmenares justificó ante quienes estaban en el Foro, que las y
los legisladores estaban conscientes de la actividad; sin embargo, surgió de último minuto la sesión. “Debo decir que nuestros diputados y diputadas estaban invitadas al Foro, se hizo el miércoles porque normalmente no hay sesión, pero tuvieron una de forma extraordinaria y por eso no los tenemos aquí, pero están sabedores de que hacemos este esfuerzo”, disculpó.
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MITOS Y VERDADES DEL PLAN DE PAZ Y SEGURIDAD Ernesto Villanueva
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a decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de incluir de manera protagónica a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y a los delitos de alto impacto ha generado reacciones de todo tipo, desde las que condenan a priori todo lo que provenga del nuevo régimen –que no gobierno– hasta las que aceptan en silencio esa polémica decisión. Ni todo está mal ni tampoco está todo pensado y procesado. Veamos. Primero. Es una mentira reiterada por los detractores de AMLO que el Plan de Paz y Seguridad propuesto es muestra del autoritarismo que viene y que delega en las Fuerzas Armadas la integración del grupo de combate al delito. De entrada el concepto de Guardia Nacional está previsto en los artículos 89, fracción VII, y 76, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con antelación a la referencia que hace del concepto el próximo titular del Ejecutivo. Los artículos referidos le otorgan atribuciones al presidente de la República, en acuerdo con el Senado, de tomar esa decisión. Así, la medida se ajusta en estricto derecho al mandato constitucional sin violación normativa alguna, pero puede perfeccionarse mediante reformas constitucionales si el poder reformador de la Constitución lo considera pertinente. Segundo. Se dice –y también se falta a la verdad con esa afirmación– que serán los militares, no un civil, quienes dirijan esa Guardia Nacional. ¿Quién, con un mínimo de instrucción, podría ignorar que el presidente de la República, que es un civil, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en el Artículo 89, fracción VI, de la Constitución? A mayor claridad, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos establece: “El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”. El Plan prevé 266 coordinaciones regionales, teniendo como titular a un civil y participación de autoridades civiles, militares e invitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos civiles. Tercero. Según un reporte preparado para el Congreso de Estados Unidos sobre el crimen organizado en México, sólo parcialmente tres estados no tienen una presencia dominante de cárteles: la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. En otras palabras, en 29 de 32 entidades federativas dominan o cogobiernan con las autoridades las diversas expresiones de empresarios de este giro de negocios que día con día no sólo atiende el relativo al tráfico de drogas, sino que se ha diversificado incluyendo secuestros, extorsiones, tráfico de órganos y de personas y el denominado cobro por derecho de piso (https://fas.org/sgp/crs/row/ R41576.pdf, p. 12). Sobra decir que ni Morena ni AMLO intervinieron en el reporte referido. México es ya un narcoestado. Bien dice la conseja: a grandes males grandes remedios. Y López Obrador propone el plan porque puede y la empresa privada y la economía seguramente lo aplaudirán. Llama la atención cómo el viernes 16 el diario Reforma publicó en portada la nota “Rompen ONG’s con AMLO”, como si ello tuviera una trascendencia para la gobernabilidad o la estabilidad del país. En cambio, los diarios financieros y Excélsior ponderaron el apoyo empresarial al plan, tanto que em-
presarios prominentes aceptaron formar parte del consejo asesor anunciado por AMLO. Cuarto. Nadie puede probar que genéticamente los agentes de policía son menos corruptos que los militares. Tampoco que las convicciones éticas de unos y otros se anteponen a la eventualidad (es un decir) de obtener ingresos económicos al margen de la ley. Sí es posible probar que las Fuerzas Armadas tienen mayor entrenamiento, recursos materiales y capacidad de combate que cualquier policía, incluida la del inconstitucional mando único. Y de cara a la realidad que AMLO desconocía a fondo cuando estaba en campaña, tiene el deber de actuar en consecuencia para recuperar la paz que se ha perdido en los últimos años en el país. Por supuesto, recurrir al Ejército no es la primera opción, sino la última, que se antoja justificable ante la gravedad del diagnóstico sobre la colusión entre los empresarios del ramo y la autoridad civil, militar e incluso religiosa, periodística y social. Quinto. Es verdad, y hay que reconocerlo, que las Fuerzas Armadas no fueron diseñadas para mantener la seguridad pública de un estado o municipio. La formación en los objetivos que animan a la policía y al Ejército son complementarios, pero diferentes. El policía debería prevenir y detener a presuntos delincuentes y ponerlos en manos del Ministerio Público. El Ejército está pensado para abatir al enemigo. Será todo un reto entreverar derechos humanos con el combate a los miembros del crimen organizado que han escalado a tal magnitud que han dejado de ser delincuentes comunes para asimilarse a terroristas que ponen en peligro no sólo la seguridad pública, sino la seguridad nacional en el mejor de los sentidos; es decir, el mantenimiento razonable del estado de derecho.
De cualquier forma deberán –como así apuntan las cosas– prepararse unidades operativas del Ejército con nuevas habilidades, aptitud y actitud para llevar a cabo esa nueva tarea, con los mínimos daños colaterales que esa iniciativa tendrá. Sexto. México no es el primero ni será el último que haga uso de sus Fuerzas Armadas para preservar sus rasgos distintivos como nación. El famoso milagro del desarrollo económico de varios países asiáticos se explica por sus bajas tasas delictivas y por mantener bajo control la seguridad de personas, bienes e inversiones directas. A mayor seguridad mayores posibilidades de crecimiento es un principio demostrado por países como Singapur, que no sólo ha podido salir del subdesarrollo, sino que está en la lista de las primeras economías del mundo, el llamado Tigre Asiático donde el Ejército tiene divisiones dedicadas a la seguridad pública. Y vaya que hay diferencia: mientras que Singapur es el cuarto país más rico del mundo, México ocupa el lugar 68, algo que no es para presumir (https://www.gfmag.com/ global-data/economic-data/richestcountries-in-the-world?page=12). Séptimo. He insistido en otras ocasiones, y ahora lo hago de nuevo por su importancia capital, que toda vez que no hay en México perfiles genéticos impermeables a la corrupción y a la impunidad, deben practicarse con toda seriedad exámenes de control de confianza por terceros expertos independientes con la totalidad de elementos que implica semejante ejercicio (estudio toxicológico de vello, estudio de entorno social, polígrafo y eye-detect, al menos; y todos, no sólo alguno de ellos) que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en el nuevo modelo que busca que al final del día se pueda encontrar la seguridad perdida para el bien de todos.
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LÓPEZ OBRADOR Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Jorge Carrasco Araizaga
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pesar de su ánimo conciliador con el pasado, el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador deberá procesar las denuncias interpuestas en la Corte Pena Internacional en contra del expresidente Felipe Calderón y el saliente Enrique Peña Nieto. Son varias las denuncias que hay en el tribunal internacional promovidas por diferentes organizaciones sociales por violaciones graves a los derechos humanos e incluso por “corrupción sistematizada”. Lo que ha caracterizado a las distintas administraciones desde la salida del PRI, hace 18 años, ha sido la protección de sus antecesores. Empezó Vicente Fox cuando en lugar de crear una Comisión de la Verdad para después procesar y juzgar los crímenes del régimen priista, optó por crear una fiscalía especial. La “fiscalía del pasado”, como se le conoció, dependía en última instancia del entonces titular de la Procuraduría General de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha. El jefe militar por supuesto que no iba a investigar a los miembros del Ejército implicados en graves viola-
ciones a los derechos humanos entre los años sesenta y ochenta. Felipe Calderón tenía más razones para sepultar ese pasado. Había decidido abrazarse con los militares para mantener la guerra que le declaró al narcotráfico. La falta de castigo de los crímenes del pasado y el decidido respaldo presidencial hicieron de ese sexenio uno de los más graves en violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Por eso, Calderón está acusado en la Corte Penal Internacional. Peña Nieto hizo todas las gestiones político diplomáticas para que las demandas no prosperaran. Pero él mismo fue demandado por la masacre de Apatzingan, cometida por elementos de la Policía Federal en enero de 2015, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, y por “corrupción sistematizada” de su gobierno. Las demandas siguen bajo estudio y le tocará al gobierno de López Obrador determinar si el Estado mexicano seguirá encubriendo incluso crímenes de lesa humanidad. Aunque no quiere entrar en conflicto con nadie en relación con el pasado, para “no conspirar contra la es-
tabilidad política del país”, López Obrador tendrá que definirse en los hechos: mantener el pesado manto que ha impedido el castigo a los responsables de esos crímenes o responder al imperativo moral de que Estado mexicano se hago cargo de sus actuaciones y, en consecuencia, actué. El “punto final” del que habló para no enfrentar a los corruptos del pasado, en una analogía con la ley que llevó ese nombre en Argentina para detener los procesos judiciales contra los acusados de desaparición forzada, podría ser un peligroso antecedente en el tema de los derechos humanos. Al igual que Calderón, ha decidido abrazarse con los militares para su estrategia de seguridad. Como el expanista, los necesita para su propuesta de Guardia Nacional. Las probabilidades de investigar el largo pasado de violaciones cometidas por el Ejército y la Marina se reducen. También como sus antecesores, y por la misma razón de militarizar la seguridad pública, ya enfrenta cuestionamientos internacionales. No vaya a ser que sea el próximo en la lista de los denunciados en La Haya, la sede de la Corte Penal Internacional.
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CHILE: LA MUERTE POLÍTICA DEL GENERAL DE LA TRANSICIÓN
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n un hecho que bien refleja las precariedades de la transición chilena a la democracia, el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinoza fue condenado el pasado 9 de noviembre por el juez Mario Carroza a tres años de cárcel, con beneficio de libertad vigilada, en su calidad de encubridor del asesinato de 15 personas cometido en octubre de 1973. Al momento de ocurrir los hechos Cheyre era un teniente de ejército de 26 años de edad. Fungía como principal asistente del teniente coronel Ariosto Lapostol, comandante del Regimiento de Artillería Nº 2 “Arica”, de La Serena (Región de Coquimbo). La decisión judicial ha provocado un remezón político. Y no es para menos: Cheyre no sólo es el primer exjefe de ejército condenado por crímenes de lesa humanidad, sino también porque como nadie él representó los valores de un nuevo ejército, supuestamente muy distinto el encabezado por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por lo que fue conocido como “el general de la transición”.
Caravana de la muerte
La Caravana de la Muerte fue una comitiva del ejército que entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973 recorrió Chile en un helicóptero Puma sembrando el terror. Actuaba por expreso mandato del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y fue comandada por el general Sergio Arellano Stark quien se hizo acompañar por ocho oficiales y dos suboficiales. Al menos 97 personas fueron asesinadas por órdenes de la comitiva de Arellano. El juez Carroza, conocido por sustanciar el “caso Neruda” entre otras causas de derechos humanos, estableció en su sentencia que la mañana del 16 de octubre de 1973 llegó a La Serena el helicóptero Puma comandado por Arellano Stark y que, tras reunirse con el comandante Lapostol, seleccionó de entre una lista de detenidos a 15 que serían asesinados. Las víctimas fueron sustraídas de la cárcel de La Serena por militares que actuaron instruidos por el teniente Cheyre. Una vez arribados estos al regimiento de La Serena “fueron conducidos al Polígono de Tiro donde fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército”. Tras asesinarlos, Arellano y sus hombres abandonaron el Regimiento y partieron rumbo a Copiapó. Dejaron la responsabilidad de los cadáveres a sus anfitriones.
Francisco Marín
Luego de esto, el comandante Lapostol ordenó inscribir las defunciones y enterrar los cuerpos en una fosa común del cementerio local, sin permitir que estos fuesen vistos ni enterrados por sus familiares. Una vez hechos desaparecer, el jefe del regimiento de La Serena “resuelve publicar en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento (Lapostol), como su Ayudante (Cheyre), tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología”, tal como se consigna en la histórica sentencia. Fue Cheyre quien llevó al diario El Día de La Serena este bando con la instrucción de que se publicara en portada al día siguiente. Así se hizo. Para condenar a Cheyre, Carroza consideró que, en su calidad de oficial, debió custodiar a los detenidos y evitar su muerte, cosa que no sucedió. Lapostol, con 90 años, fue condenado en esta causa a 15 años de prisión, en calidad de autor intelectual del asesinato. Como cómplices de estos crímenes fueron sentenciados –entre otros- los miembros de la caravana de la muerte: Pedro Espinoza, Juan Chiminelli y el piloto de helicóptero Emilio de la Mahotiere, todos con cinco años y un día. Luego de conocida la sentencia de Carroza, el abogado de Cheyre, Jorge Boffil, la calificó como “injusta” e informó que apelaría a tribunales superiores. Lo propio harán los querellantes, representados por el abogado Cristián Cruz, que buscarán aumentar las penas al considerarlas muy bajas –especialmente la de Cheyre- dada la gravedad de los crímenes cometidos. La justicia chilena abrió el caso “caravana de la muerte” en enero de 1998 tras querella presentada por la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín (fallecida). La investi-
gación fue asignada primeramente al juez Juan Guzmán Tapia. El 28 de noviembre de aquel año, el magistrado Víctor Montiglio procesó al exdictador en esta causa, ordenando su arresto domiciliario. En esas circunstancias encontró la muerte Pinochet, el 10 de marzo de 2006.
Las sombras de Cheyre
Pese a su participación en este emblemático crimen, el general Cheyre había logrado colarse en la historia como un ser excepcional, casi con dotes de santidad. Mucho ayudó en esto su relación con las altas esferas de la Concertación por la Democracia, especialmente con el Partido Socialista de Chile (PS). La revista Punto Final publicó en marzo de 2002 (Nº 515) un reportaje que da cuenta de cómo se tejió el ascenso de Cheyre y de Ricardo Lagos, al ejército y al mando de la nación, respectivamente. “En 1996, el exdictador Pinochet veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre –que era agregado militar en Madrid– organizó junto al embajador Álvaro Briones, socialista, un encuentro entre la plana mayor del Partido Socialista (PS) y una delegación militar”. Este encuentro se concretó el 30 de mayo de 1996, en la forma de un seminario: “Las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile”, que fue organizado por la Fundación Ortega y Gasset en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Pinochet y altos oficiales de ejército. Entre otros participaron el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos; el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el excanciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina johnson. Por el PS participaron el entonces senador Jaime Gazmuri, el exministro Enrique Correa y el diputado Camilo Escalona, quien por muchos años encabezó este partido. Según reseñó el periodista Arnal-
do Pérez Guerra en la nota titulada “La responsabilidad de Cheyre”, publicada el 15 de marzo de 2002 en el periódico El Siglo, “en la reunión se selló el destino de Cheyre y, quizá, también el de Lagos. Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y de lo que venía: Lagos sería elegido presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los ‘políticos socialistas’. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías”. Los hechos confirman que el acercamiento entre Lagos y Cheyre daría sus frutos. Tras dos años de haber asumido la Presidencia –11 marzo de 2000-, Lagos debió renovar el alto mando del ejército. El elegido para comandarlo no sería otro que el general Cheyre. Este no sólo disponía de su confianza política: también tenía buenas credenciales académicas. Fue director de la Academia de Guerra de Ejército (1990-1994), es maestro en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile (1998); y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid (2002). El problema es que al ser nombrado comandante en jefe ya existían numerosos antecedentes que daban cuenta que Cheyre no era quien pretendía ser. De acuerdo con lo que narra el periodista Jorge Escalante en su libro La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano (LOM, 2000), un testigo protegido declaró que el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa fue sindicado por un testigo como uno de los oficiales que remataron a los prisioneros asesinados. El Siglo, en su citada nota del 15 de marzo de 2002, dio cuenta que dicho testigo era el exoficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos. Tras su nombramiento como comandante en jefe, en marzo de 2002, surgieron nuevas denuncias contra Cheyre. Como consigna El Siglo, en nota de 22 de marzo de 2002, la militante socialista Eliana Rodríguez Dubó reveló que ella fue detenida el 6 de octubre de 1973 en La Serena por varios militares, dirigidos por el recién condenado excomandante en jefe de Ejército: “Cheyre me decía que me había buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto (…) Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles”.
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GUARDIA NACIONAL: ¿MILITARIZACIÓN O CIVILIDAD? Pablo Gómez
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o es que se busque militarizar la seguridad pública, sino que ya se hizo. Bajo ese fenómeno no se han eliminado las policías civiles, sino que ésas no funcionan bien; las tres: federal, locales y municipales. Ante la agudización de la crisis de seguridad pública en casi todo el país se plantearon diversas opciones. Desde el “fortalecimiento” de la policía federal, un súper subsidio a los estados para sus cuerpos policiales, hasta el seguir con la misma dinámica que consiste en incrementar las labores del Ejército y la Armada en funciones de policía. Ninguna de estas puede convencer a nadie. La idea de una nueva guardia no es nueva. Se ha hablado de ella durante los años del fracaso del Estado mexicano en la materia de seguridad pública. La ley de “seguridad interna” fracasó antes de ponerse en práctica, tanto porque el candidato que luego resultó triunfador había dicho que no la aplicaría, como porque la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Hay que recordar que esa efímera ley señalaba que se nombraría un “comandante” militar al frente de todo el aparato de “seguridad” en los estados que lo requirieran. Eso era un abierto y legalizado ejercicio militar de autoridad en asuntos civiles, como parte del proceso en el que hemos estado inmersos desde hace 12 años. La Guardia Nacional fue eminentemente ciudadana en el pasado, aunque bajo disciplina militar.
Lo mismo en Francia que en México y muchos países. En otros, la guardia es profesional, como ahora en Europa y varios países de América Latina. Se propone crear un cuerpo de seguridad pública nuevo, con perspectiva ciudadana, aunque sólo por sus funciones y compromisos, que vaya ocupando el territorio nacional, empezando por los lugares donde la crisis de inseguridad y violencia es mayor. ¿De dónde sacar a los primeros efectivos? Tendrían que salir del Ejército, la Armada y la Policía Federal, sencillamente porque no se podría hacer un súbito reclutamiento de civiles que requerirían uno o dos años de entrenamiento. Pero no se trata de que el personal castrense se quede a vivir en la Guardia Nacional, sino que se produzca un proceso de entrenamiento y educación de nuevos reclutas, de guardias. La Guardia Nacional sería un cuerpo de seguridad bajo leyes civiles, expedidas por el Congreso, con responsabilidad exclusivamente civil, integrada en la administración pública dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Luego de tres años, dice el proyecto de decreto, el Presidente de la República y del Congreso de la Unión harán una evaluación para tomar las nuevas medidas que sean necesarias, las cuales podrían ir desde la disolución de la Guardia hasta su continuación y reformas. La idea de crear la Guardia no ofrece garantía de éxito, pero tampoco es aconsejable convertir
la preocupación en premonición de fracaso y mucho menos de catástrofe. Lo que se desea es poder atender gigantescos requerimientos de seguridad pública y empezar el regreso de los militares a sus cuarteles, aunque, mientras tanto, se trasladen miles de efectivos castrenses a las filas de una guardia militarizada en su disciplina, pero civil en su relación con la sociedad, como lo son no pocas en el mundo entero. El camino hacia la superación de la política de creciente intervención militar en la seguridad pública estará llena de obstáculos, pero hay que emprenderlo ahora mismo con lo que se tiene. Como sea que se analice el asunto, es tanta la violencia delincuencial, que se requiere empezar a cubrir el territorio. Al menos es preciso aceptar esto y luego arriesgarse a decir de qué otra manera se podría lograr. El debate va a fortalecer la lucha contra esa violencia, ya que existe en el país un acuerdo sobre el qué y sólo debatimos los cómos. Si la Guardia Nacional se reinstala en el país con otras formas y tareas, aquellas derivadas de la crisis de violencia, tendremos tiempo para evaluar su funcionamiento. Lo que no podemos hacer es seguir reprobando el esquema actual de seguridad pública nacional sin que se emprenda algo nuevo. El problema, sin embargo, es que no hay soluciones ya probadas aunque fueran parciales. Lo que ahora se proponga y luego se intente llevar a cabo estará sometido al criterio de la verdad: la práctica.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
ENOCH HERNANDEZ, SICARIO DEL GÜERO…
C
uando ya habíamos asimilado y entendido los niveles de corrupción que nos habían impuesto los gobiernos priístas, las nuevas generaciones de mandatarios nos sorprenden con la gran capacidad de cinismo, engaño mediático, simulación, corrupción e impunidad, que ya es tema reiterativo. Si bien PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA inventó nuevas formas de sustraer recursos públicos para erigirse en un nuevo millonario frente a la miseria de la gran mayoría de los chiapanecos y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO se agenció muchos presupuestos que todavía no se llegan a creer, el GÜERO VELASCO se extralimitó en sus patrañas y rapiñas al crear un enjambre de funcionarios públicos mañosos y corruptos a imagen y semejanza de él mismo. Los nombres señalados en esta columna ya son reiterativos como el del famoso “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, conocido “engaña-pendejos”; corrupto y corruptor con dineros del erario público estatal y, sicario testaferro del otrora gobernador constitucional y actual “sustituto de sí mismo”, MANUEL VELASCO COELLO. Otra vez “El Tribilín” se sube al escenario y escándalo político por su ambición de poder e intención de trascender sexenalmente con la bendición de su pastor y protector, el GÜERO VELASCO, al que ha servido con acentuada genuflexión y servido con la cuchara grande de los recursos públicos para ser uno más de los millonarios chiapanecos –o no—de este gobierno verde imberbe, corrupto y maldecido. ENOC HERNÁNDEZ CRUZ es de los “testaferros” del GÜERO VELASCO que más canonjías ha tenido de esta administración. Le entregaron en “charola de oro”, el presupuesto íntegro del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH) y el manejo absoluto de las prerrogativas del partido “Podemos Mover a Chiapas” que suman más de un millón 300 mil pesos mensuales. A la fecha se calcula que “El Farandulero” ha gastado más de 200 millones de pesos en su promoción, ascensión de su esposa DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS; patrocinio de sus hermanos, amigos y “aplaudidores”, que nadie le averigua e investiga cuál es su procedencia, que se presume ser ilícita. Con esos antecedentes, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ es candidato a una carpeta de investigación y reclusión en “El Amate”. Después de sus correrías como dirigente y líder moral del partido “Podemos Mover a Chiapas”; dos veces director general del ICATECH; aspirante a Secretario de Trabajo, a diputado federal, senador y hasta gobernador; pero sí Secretario de Desarrollo Social por dos semanas y
Sábado 24 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• Otra más del Farandulero… • COBACH, un flanco más de corrupción… • Comentarios al Margen… Coordinador General de Gabinete, ahora se descara con la intención de ser el “caballo negro” de MANUEL VELASCO COELLO para la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, sin ningún mérito universitario. Llama la atención la astucia del GÜERO VELASCO para enrarecer y violentar el proceso de sucesión del rector de la UNACH como lo hizo con el proceso electoral 2015 y 2018, donde también utilizó los servicios de su “sicario” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ y el cinismo y la desvergüenza de éste para prestarse a todo trabaja sucio que le encomienda el gobernador. La comunidad universitaria está sorprendida, molesta y enfadada con el solo registro del “Farandulero” como aspirante a la rectoría de la llamada “Máxima Casa de Estudios del Estado de Chiapas”, cuando hay contendientes de valor y altos niveles de estudios académicos. Por eso no se comprende por qué MANUEL VELASCO mandó a uno de sus más leales testaferros a violentar el ambiente de selección del nuevo rector de la UNACH, que quedará dilucidado el próximo lunes 3 de diciembre. Pero en el pecado llevarán la penitencia, porque el poder se acaba y las voces incriminatorias y acusadoras en contra de MANUEL VELASCO COELLO se están levantando, como será seguramente también frente a sus más cercanos colaboradores, cómplices, socios, sicarios y testaferros como, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ “El Farandulero”, entre muchos que ya he mencionado en este espacio…
EDUCACIÓN, SECTOR DE CORRUPCIÓN…
En más de una ocasión he señalado a las universidades como un foco de infección social y caldo de cultivo para las movilizaciones y descontentos; puntos clave de corrupción y deterioro del proceso enseñanza aprendizaje. Y no me dejarán mentir que en todas, o casi todas, la constante es la rapiña y el botín que representan los millonarios presupuestos. Ahora no quiero ser reiterativo con lo que ha sucedido en este sector donde, desde el Secretario de Educación RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, los dirigentes de la secciones VII y 40 integrados en un Bloque Democrático y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (¿?), ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ y PEDRO GÓMEZ BAHAMACA
protegidos por el mismo gobernado MANUEL VELASCO COELLO, le han corrompido. Aparece en el escenario de la corrupción y el pillaje, un nuevo acto de deshonestidad en el manejo de los recursos destinados a la educación y patrimonio de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) como son sus derechos económicos a una jubilación. El escándalo apenas ha surgido y los trabajadores docentes y administrativos se fueron por la más fácil que es la suspensión de clases o mejor dicho una huelga que en estos momentos no se justifica, porque, lo que procede de manera inmediata es la denuncia judicial para deslindar responsabilidades y no meter a todos en un mismo costal. Lo justo es que se aplique la ley “caiga quien caiga” y que se repongan los recursos que por derecho pertenecen a los trabajadores. Qué si es JORGE ENRRIQUE HERNÁNDEZ BIELMA el responsable o que en ese “ajo” esté metido el sucesor en la dirección general del Colegio de Bachilleres, JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, es obligación de la autoridad correspondiente (Fiscalía General del Estado o la Procuraduría General de la República) bajo denuncia formal, investigar quienes son los culpables del atraco. No hay que adelantar vísperas en este presunto fraude al sistema de jubilación de los trabajadores al servicio del Colegio de Bachilleres de Chiapas, porque si bien se dice que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) ya destapó la coladera y está cobrando impuestos a los involucrados defraudados, le toca a la representación de ellos, presentar la denuncia y así llevar las cosas por el camino legal. El asunto ya ha trascendido y se ha hecho viral en las redes sociales como esta que me mandan y es muy explícita: “Catástrofe financiera en Chiapas que no merece ni perdón ni olvido,
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sino todo el peso de la ley ¿Quién ordenó a JORGE ENRRIQUE HERNÁNDEZ BIELMA y a su administrador OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL prestarse para la comisión del delito de fraude en el COBACH? La responsabilidad recae en ambos, sin embargo los dos tienen su respectivo mentor; SOTO MOGUEL llegó al COBACH como director administrativo días antes del nombramiento de HERNÁNDEZ BIELMA; es decir el administrador fue impuesto directamente desde la Secretaria de Hacienda, que comandaba en ese momento HUMBERTO PEDRERO MORENO, ahora diputado federal; o sea bien blindado ante la catástrofe financiera que se venía para Chiapas. Veremos en lo sucesivo qué vendrá ante el vendaval que ya no se puede parar y las autoridades están obligadas a llegar hasta las últimas consecuencias en esta mega estafa, que a decir de los enterados, “no tiene rostro”. Así se está manejando esta información que por salud administrativa del COBACH y el sistema estatal de educación, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias…
COMENTARIOS AL MARGEN… EL MAL EJEMPLO DE FIDEL VELÁZQUEZ…
En el espectro de las dirigencias nacionales en diversos sectores, hay sujetos que llevan más de 20 y hasta 30 años al frente de sus respectivos sindicatos. Es el caso de CARLOS ROMERO DECHAMPS en el sindicato petrolero, cuya vida loca y corrupta no es ejemplo para nadie. Lo mismo VÍCTOR FLORES, en el de ferrocarriles donde sigue usufructuando poder y dinero, a pesar de lo obsoleto de este sistema de comunicación. Y podemos seguir mencionando otros como FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ en Teléfonos de México desde 1976. El tema lo trae la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, quien luego de cinco años en proceso judicial –venganza de PEÑA NIETO—regresa con ínfulas de lideresa y guerrera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que le fue arrebatado después de 24 años al frente de la dirigencia omnipotente y omnipresente. JUAN DÍAZ DE LA TORRE, el “traidor” que asumió la dirigencia del SNTE el mismo día que fue encarcelada doña ELBA ESTHER, ya tomó sus providencia y solicitó licencia al cargo de la dirigencia del sindicato más grande y numeroso de Latinoamérica. Es el primer damnificado y paso inicial para que la paisana comiteca “vuelva por sus fueros” y prosiga su prolongado reinado al frente de la dirección de más de un millón 500 mil “trabajadores de la educación”. ¿Regresará la maestra GORDILLO o no a la dirigencia del SNTE? Haga sus apuestas… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Sábado 24 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1513 CUESTIONAMIENTO
La consulta violará derechos indígenas: ONG de Oaxaca
PROTESTA
Interinos de chiapas inician huelga de hambre por falta de pagos
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CUOTA
SHCP elimina estímulo fiscal a gasolina Magna; descarta aumento de precio
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ANUNCIO
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INCONFORMIDAD
Gobernadores del PAN rechazan a “coordinadores estatales” de AMLO
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Diez temas estratégicos a consulta nacional confirma delegado de programas federales El próximo delegado del Gobierno Federal en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos anunció que será este sábado y domingo cuando se realice la Consulta Nacional Ciudadana en donde se considerarán varios proyectos de desarrollo, por lo que pidió a los chiapanecos salir a emitir su voto.
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La tutela efectiva de los derechos se garantiza si los jueces tienen autonomía: Aguilar Morales