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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Sin ideas de la educación en Chiapas

PAG. 2

Chiapas padece un grave problema de calidad educativa en todos los niveles, por eso desde hace varios años obtiene los niveles más bajos en el logro educativo en el país.

Lo mejor que debe hacer el gobernante electo y en funciones es respetar la UNACH. Y no jugar a las tentaciones de imponer un rector ajeno a la comunidad universitaria. Sobre todo porque todos sus prospectos tienen dudosas credenciales académicas. Y ninguno de ellos tiene compromisos universitarios aunque tengan lengua soflamera

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1498

PROTESTA

Inicia CNTE los bloqueos en Chiapas

Las demandas versan, por parte del magisterio disidente, en la reconstrucción total de escuelas afectadas por el terremoto de septiembre de 2017, así como el pago de salarios atrasados a maestros de diferentes niveles del sistema educativo

INFORME

Reconoce SE deuda con maestros por arriba de 500 mdp

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DENUNCIAS

La CNDH recibe 19 quejas por vejaciones a la caravana migrante

PAG. 3 PAG. 8

PAG. 9

No habrá cuarta transformación si no se prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes: Redim

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado PAG. 15

SALIR DEL DESPEÑADERO Denise Dresser

PAG. 14

LOS DESFIGUROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL

PRODUCCIÓN

Cefeticultores otra vez en crisis; se desploma precio del café

HOY ESCRIBEN

Jesús Cantú

PAG. 13

LA CONSULTA SOBRE EL NAIM Y SU SIGNIFICADO REAL

José Mauro González-Luna Mendoza PAG. 12

EN LA MIRA Héctor Estrada

PAG. 11

EL FRANKENSTEIN DE LÓPEZ OBRADOR Jorge Carrasco Araizaga PAG. 4

PAG. 11

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL Sin ideas de la educación en Chiapas

hiapas padece un grave problema de calidad educativa en todos los niveles, por eso desde hace varios años obtiene los niveles más bajos en el logro educativo en el país. Este problema lo conoce el gobierno y todas las autoridades educativas, pero hasta ahora no se ha planteado la posibilidad para establecer un acuerdo educativo en la entidad, que conduzca a la mejora de los aprendizajes y de los resultados escolares de los educandos. Desafortunadamente Chiapas tiene a miles de niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela, pero también tiene un poco más del millón de estudiantes que sí van a la escuela, que no están recibiendo una educación de calidad. Algo que está ausente en el sistema educativo nacional, que en Chiapas está más agudizada, es la carencia de la formación ciudadana, lo que implica a la vez una ausencia de prácticas democráticas. El papel de la educación y de la escuela son de una importancia significativa para la formación de una cultura democrática, en virtud de

que la democracia y la ciudadanía se construyen sobre procesos de aprendizajes, en donde la noción amplia de la política debe ser incorporada en el ambiente escolar, con la finalidad de que la relación de profesores-alumnos-directivosfamilia, generen procesos de inclusión, solidaridad, diálogo, participación, respeto a la pluralidad, toma de decisiones no autoritarias, prácticas de igualdad entre hombres y mujeres, responsabilidades sociales en el cuidado ambiental y se fomente la justicia y la no violencia como principios de una cultura para la paz. Esta percepción de la educación permite entender la incorporación de la construcción de ciudadanía y los derechos humanos en los procesos de formación escolar no como la finalidad de reproducir saberes sino fundamentalmente como “un proceso de construcción de los sujetos en una comunidad política.” Sin duda, la escuela tiene como uno de sus objetivos educativos la de fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, entre otros valores, sin embargo la realidad de

la violencia que se vive en las aulas se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana entre alumnos y profesores, por lo que la violencia escolar debe ser considerado como un motivo de alarma social, que dificulta el fomento y la puesta en marcha de una cultura de paz. Esta preocupación parece no estar presente en el común de los docentes chiapanecos, quienes tienen una experiencia de lucha política de 39 años, en el que no se consolidaron prácticas democráticas y menos una cultura democrática, situación que origina que en el movimiento magisterial –que tienen demandas legítimas-, se confundan decisiones autoritarias y métodos que promueven la violencia como decisiones democráticas sólo porque fueron acordadas en un asamblea sindical de maestros. Pero esta falta de cultura democrática no es exclusiva de profesores de educación básica o de educación media, también está presente en los docentes universitarios, quienes de manera recurrente han dado muestras de pasividad cuando desde el exterior les imponen a las autoridades universitarias que carecen de condiciones aca-

démicas. Esta es una historia que se repite en la UNACH y que hoy mismo está viviendo la reproducción de su historia, en el que desde el gobernante en funciones o del gobernante electo o entre ambos, se está maquinando la imposición de un rector que no forma parte de la comunidad universitaria, y que con dudosas credenciales académicas -pues carece de posgrados, de publicaciones, de experiencia en investigación, de trabajo docente, de vinculación universitaria y de una idea clara sobre la función social de la universidad-, se pretenda mediáticamente construirle un currículum académico del que carece. Las ausencias de una educación para la democracia y en la democracia se están pagando a un costo demasiado alto en la sociedad chiapaneca, quien tiene los Índices de Desarrollo Humano del África Subsahariana y los gobernantes continúan cometiendo los mismos errores, de ignorar y despreciar el trabajo académico, y de pisotear uno de los principios de la educación, que es el de formar sujetos capaces de transformar y mejorar los entornos sociales que nos rodean.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Inicia CNTE los bloqueos en Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

cho puntos importantes de la geografía chiapaneca fueron bloqueados este lunes por maestros agremiados a la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y de referentes como el sindicato del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), otro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech), trabajadores de la salud y estudiantes. Las demandas versan, por parte del magisterio disidente, en la reconstrucción total de escuelas afectadas por el terremoto de septiembre de 2017, así como el pago de salarios atrasados a maestros de diferentes niveles del sistema educativo. Por parte de los otros referentes las demandas son similares, pues tienen que ver con el pago de deudas atrasadas por parte del gobierno estatal y federal, así como un alto a los funcionarios y líderes corruptos que se han adueñado del poder. Durante el primer día, las actividades que arrancaron en punto de las 9:30 horas, afectaron a miles de personas que transitaban por las carreteras de los municipios bloqueados como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez,

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas en el Estado de México informó que localizó a los tres niños tzotziles que se perdieron el 24 de octubre tras salir de su casa en Tultitlán para vender tamales en Tacuba, en la Ciudad de México. Los hermanos Julio y Carolina Vázquez Ruiz, de 11 y 13 años de edad, respectivamente, así como su primo, Adelaido Vázquez Gómez, de 12, fueron encontrados el sábado 3 de noviembre el municipio de Tlalnepantla gracias a que una persona los reconoció tras haberlos visto en la Alerta Amber. Sólo uno de los menores, cuya familia es originaria de Chenalhó, Chiapas, habla con dificultades el español. De acuerdo con un comunicado, la Unidad Especializada para la

San Cristóbal de las Casas, Ciudad Cuauhtémoc, Playas de Catazajá, Venustiano Carranza y Arriaga. En conferencia de prensa, los representantes de cada agrupación, coincidieron en que no detendrán estas acciones hasta no tener respuestas contundentes por parte de las autoridades correspondientes, por lo que hicieron un llamado al

gobierno de Manuel Velasco y de Enrique Peña Nieto para analizar esta situación y no permitir que los bloqueos afecten a la sociedad en general. Los manifestantes dijeron que solo las ambulancias y unidades con alguna urgencia grave tendrán la oportunidad de pasar por las barricadas instaladas por los propios

maestros, pues su intención tampoco es demostrar insensibilidad, sino que son una parte de la sociedad afectada por la corrupción. Se espera que en próximas horas las autoridades del gobierno Federal y estatal den una postura respecto a esta manifestación, con el fin de que se den respuestas prontas y precisas.

Localizan a niños tzotziles que se perdieron en la Ciudad de México Atención de Asuntos Indígenas se comunicó con los familiares de los menores los acompañó al Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán, donde el Ministerio Público los entrevistó. El documento no informa si los menores sufrieron algún daño ni dónde permanecieron los diez días que estuvieron ausentes de su hogar. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) reiteró que la Alerta Amber constituye una herramienta eficaz de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de niños y adolescentes que se encuentren en riesgo.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Cefeticultores otra vez en crisis; se desploma precio del café Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

erivado de precios internacionales del café que en este año marca una tendencia a la baja, la situación de los productores cafetaleros se verá lesionada gravemente, ya que el precio de comercialización para este año, será menor hasta en un 50 por ciento con respecto al de hace dos años y un 35 por ciento menos al del año pasado, afirmó el Presidente de la Triple S “Santa Rosario del Campo”, Isaí García Trujillo. Dijo que ante esta situación, los productores de café en el Soconusco, deberán estar organizados y alertas ante esta dinámica comercial, en la que prácticamente no generarían ganancias en el producto, ya que se presume que el precio del café robusta podría alcanzar entre 12 y 14 pesos en kilo según las estimaciones. Señaló que existen opciones para disminuir el impacto económico derivado del precio del café para este año, como el de que los productores se organicen para encontrar estrategias del manejo del producto, como darle el valor agregado o en lugar de vender la cereza de café, lo retrillen para comercializarlo en oro, y esa medida incrementaría hasta en 10 pesos por cada kilo del aromático grano. Sostuvo que se requiere de la voluntad y compromiso de los cafeticultores para hacer estos cambios en el manejo de su producto, debido a que el precio del café se

Dijo que ante esta situación, los productores de café en el Soconusco, deberán estar organizados y alertas ante esta dinámica comercial, en la que prácticamente no generarían ganancias en el producto, ya que se presume que el precio del café robusta podría alcanzar entre 12 y 14 pesos en kilo según las estimaciones

sostiene a través de la bolsa de valores en Estados Unidos, y en este año, la cifra comercial perjudicó de manera importante al sector productivo. Por otro lado, hizo énfasis en el tema de que en un inicio de gobierno comienzan a surgir supuestos representantes de grupos de campesinos, para intentar defraudar a los productores con supuestos apo-

yos y que para ello se deben anotar en una lista y dar la documentación que requieren; afirmó que únicamente tratan de defraudarlos. En este sentido, indicó que hay datos sostenidos en que estos pseudos representantes utilizan la documentación para cobrar de manera ilegal el recurso que tienen ahorrados los campesinos en un fideicomiso a través de Fircafé, por

lo que reiteró a los productores en que deben ser cuidadosos a quiénes entregan documentación personal. Puntualizó en que el gobierno debe encontrar la estrategia para apoyar a los campesinos en esta situación de crisis que afrontan, relacionados con el precio del café, ya que de seguir en esta circunstancia podría desencadenarse manifestaciones sociales al respecto. (iM rrc)

Marchan Campesinos de Ejidos de Cintalapa inmersos en problemática por el caso Chimalapas Carlos Salazar Cintalapa, Chis.

Más de mil campesinos de ejidos de la zona noroeste de este municipio, inmersos en la problemática por el caso Chimalapas marchan esta mañana del lunes. La marcha la iniciaron en la caseta de revisión del ejido Emiliano Zapata hacia el parque central de Cintalapa, en donde participan hombres, mujeres y niños quienes molestos por la falta de interese del gobierno federal y estatal, mismos que han pasado décadas y no tocan el tema que trae en problemas graves a los habitantes de esa zona.

Los campesinos que marchan denominan esta marcha como pacífica y oídos sordos del gobierno, quien solo ha venido realizando reunión sin avances que en nada benefician a las comunidades de la zona cercana al estado de Oaxaca. Los campesinos de Chiapas, mencionan que mientras el gobierno de Chiapas el federal, los comuneros de Oaxaca siguen invadiendo territorio chiapaneco. Al grado de en cualquier momento pueda darse enfrentamiento entre campesinos de ambos estados, donde el gobierno federal y estatal serían los responsables, según lo que indican los campesinos de Chiapas.

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Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Autoridades mexicanas con capacidad para atender éxodo masivo de migrantes: Segob Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

l Director general de Convenios de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación (Segob), Crescencio Jiménez Núñez, reconoció que si bien México había sido un lugar de paso de migrantes, nunca antes se había visto el flujo de centroamericanos de manera masiva y organizada como las caravanas que se han internado en el país en los recientes días. Dijo que las autoridades no han sido rebasadas por el éxodo masivo de migrantes, ya que existe la capacidad de las dependencias inmersas en el tema para atender y respetar este derecho humano de las personas que salen de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida. Señaló, que el Gobierno Mexicano ha privilegiado en todo momento el respeto de los derechos humanos de los miles de migrantes que han ingresado, aun cuando lo han hecho de manera ilegal. El funcionario federal detalló que también el gobierno mexicano ha brindado seguridad a las caravanas organizadas de migrantes que van hacia el vecino país del norte en bus-

El funcionario federal detalló que también el gobierno mexicano ha brindado seguridad a las caravanas organizadas de migrantes que van hacia el vecino país del norte en busca de mejores oportunidades de vida, e incluso la misma población se ha mostrado solidaria con las familias centroamericanas

ca de mejores oportunidades de vida, e incluso la misma población se ha mostrado solidaria con las familias centroamericanas. Mencionó, que el estado mexicano ha reiterado en muchas ocasiones las ofertas de apoyos para quienes decidan quedarse, sin embargo mu-

chos migrantes han rechazada las propuestas y deciden continuar con la travesía e intentar cruzar hacia los Estados Unidos, aun cuando el Presidente Donald Trump ha fijado una postura radical contra aquellos que intenten hacerlo de manera ilegal. Finalmente Jiménez Núñez pun-

tualizó que confían que el tránsito en la frontera norte sea en paz y con seguridad, además esperan que los Estados Unidos privilegien el respeto a los derechos humanos tal y como en México se han respetado desde su ingreso por la frontera sur del país. (iM rrc)

Reconoce SE deuda con maestros por arriba de 500 mdp De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Aunque rechazó las movilizaciones que llevan a cabo los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los bloqueos carreteros, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Eduardo Campos Martínez, reconoció el adeudo de entre 500 y 600 millones de pesos que existe hacia el magisterio pero que se solventará en los próximos días. Mencionó que no tienen cuantificados el número de maestros que participan en las protestas; sin embargo, líderes de la Sección 7 argumentaron que 120 mil se sumarían a la manifestación. El funcionario estatal insistió en que están atentos a la gestión que se ha hecho con la Federación pero los beneficios para el gremio no han avanzado como quisieran.

La parte inconforme del magisterio reclama al gobierno del estado la reconstrucción de las escuelas; según el funcionario, el avance oscila entre un 85 y 90 por ciento, incluso ya recibieron más dinero federal para seguir con el proceso. Explicó que los maestros deben medir en su justa dimensión está exigencia, porque de manera personal han hecho las gestiones de los recursos económicos y no debe existir una sola escuela con alguna obra suspendida. Las afectaciones de salarios no pagados, dijo Campos Martínez, está impactando en mil 500 profesores de diferentes niveles educativos y los adeudos se vienen arrastrando desde hace cuatro años. Mientras tanto, adheridos a la CNTE informaron que las movilizaciones van a continuar en tanto el Gobierno no cumpla con los compromisos; siguen con el apoyo

de padres de familia, aseguraron. Finalmente, aclaró que no hay motivo alguno para pensar que el

ciclo escolar está en riesgo, porque se espera que las movilizaciones concluyan en días próximos.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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La CNDH emite recomendación a la fiscalía de Coahuila por un caso de desaparición forzada De la redacción Ciudad de México (apro)

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones al derecho a la procuración de justicia en perjuicio de una madre quien denunció la desaparición forzada de su hija ocurrida en Coahuila. Por esa razón emitió una recomendación (42/2018) dirigida al fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. De acuerdo con el organismo nacional, en la integración de la averiguación, las autoridades ministeriales no actuaron con la debida diligencia y omitieron acciones que por su relevancia debieron ordenarse con prontitud desde el inicio de la investigación, con el fin de evitar la pérdida de información que pudiera haberse aportado en relación con la localización de la víctima y, en su caso, de los probables responsables. En un comunicado, la CNDH indicó que, tras realizar su investigación, acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de la víctima y sus familiares, atribuibles a servidores públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. La madre de la víctima también

Sergio Caballero Cancún, Q. Roo. (apro)

Un grupo de policías, que iniciaron esta mañana un paro de labores, echó a empujones de la sede de la Policía Preventiva Municipal (PPM) al encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT), Jesús Pérez Abarca. Esta mañana un centenar de policías iniciaron un paro de labores, para manifestar su rechazo a la orden de detectar narcotienditas, pero además se quejaron de malos tratos y falta de equipo. A la sede de la corporación llegó el secretario del ayuntamiento, Jorge Carlos Aguilar Osorio, y en compañía de Pérez Abarca dialogó con los policías inconformes en el patio central del inmueble. Sin embargo, no hubo acuerdo y el jefe policiaco optó por acudir a su oficina, en el tercer nivel del inmueble. En un video publicado por Noti

Por esa razón emitió una recomendación (42/2018) dirigida al fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara

denunció los hechos ante la PGR, a la cual se acumuló la investigación realizada por la entonces Procuraduría coahuilense, misma que hasta la fecha continúa en integración. Por ello, la CNDH recomendó al fiscal general del de Coahuila reparar el daño en forma integral y brindar atención psicológica a los familiares de la víctima e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas. También le pidió que coadyuve con la PGR en la realización de diligencias tendentes a la búsqueda y localización de la víctima y el esclarecimiento de los hechos. Además, capacitar al personal mi-

nisterial en materia de desaparición de personas, atención victimológica, Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, lineamientos para la debida diligencia acorde con los estándares internacionales y la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La CNDH pidió ala Fiscalía que efectúe revisiones semestrales a las carpetas de investigación iniciadas por desaparición de personas; generar una circular a todo el personal de

la Fiscalía Estatal para que conozca las obligaciones que tienen como autoridad de investigación respecto de personas desaparecidas para realizar su búsqueda de manera inmediata y efectiva, con el objetivo de preservar su vida. Así como establecer acciones que propicien la armonización de la legislación local en materia de desaparición de personas con lo establecido en Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Finalmente, el organismo señaló que la Fiscalía deberá colaborar con ella en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la autoridad competente en contra de los servidores públicos involucrados, así como dejar constancia de la resolución y de la recomendación en el expediente laboral del personal involucrado. La fiscalía deberá designar a un servidor público “de alto nivel” que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación y enviar las constancias correspondientes, pidió el organismo.

Mando policiaco ordena detectar narcotienditas y lo echan Caribe se ve el momento en que los policías alcanzaron y sacaron a empujones a Pérez Abarca, hasta obligarlo a salir a la calle. En la calle el jefe de la policía empezó a mandar mensajes por su teléfono celular y sin emitir ningún comentario, subió a una camioneta y se retiró. Los policías se niegan a realizar labores contra la delincuencia organizada, como ingresar a narcotienditas. Tras sacar a Pérez Abarca, tomaron el control del edificio de la SMSPT. Pérez Barca fue jefe de la Policía del municipio de Cuernavaca y también policías de esa ciudad lo echaron de la sede de la corporación.

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De la redacción Ciudad de México (apro)

partir de mañana, los expresidentes dejarán de percibir las pensiones de las que gozaban y ningún funcionario público podrá percibir un sueldo superior al del presidente. Lo anterior luego de que este lunes el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue publicada en el DOF este lunes por orden del presidente de la Mesa Directiva del Senado, ya que el presidente Enrique Peña Nieto no la vetó, pero tampoco la publicó en el tiempo correspondiente. Actualmente, los exmandatarios que reciben pensión son: Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Zedillo renunció al dinero para él, pero sí se pagan servicios que utiliza, del erario público. Por su parte, hace unos meses Calderón informó que donaría los recursos de su pensión a una asociación que atiende a niños con cáncer y en días pasados reprochó la decisión legislativa, que fue promesa de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño, anunció en agosto pasado que su sueldo sería de 108 mil pesos mensuales. De acuerdo con el DOF el decreto de ley tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Publican decreto que topa salarios de funcionarios y elimina pensiones a expresidentes

autonomía constitucional. Señala que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. También establece que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente al del presupuesto correspondiente, salvo en el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. A partir de ahora la remuneración se sujeta a los siguientes principios rectores: Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumpli-

miento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes. III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente. VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a infor-

mar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. La publicación subraya que “no forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”. También subraya que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. El decreto entrará en vigor a partir del martes 6, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez que la ley entre en vigor se quedarán sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma, se explicó. Con información de Notimex

AMLO consigue acuerdo con contratistas del NAIM Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

Una segunda reunión entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y empresarios contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se realizó este lunes. El encuentro fue de carácter privado y se llevó a cabo en un restaurante de Polanco. Asistieron Antonio Gómez, director de Cicsa, filial de Carso de Carlos Slim; Hipólito Gerard Rivero, cabeza de Grupo GIA+A; Guadalupe Philipps, directora de Grupo ICA; Carlos Hank Rohn, de Grupo Hermes, cuya constructora en el NAIM es La Peninsular; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Epcor; Olegario Vázquez Aldir, de Prodemex, y otras cabezas de constructoras nacionales y trasnacionales con intereses en el proyecto. En breve encuentro con reporteros, López Obrador dijo que el grupo de contratistas fue muy respetuoso, y

aceptaron la decisión asumida en la consulta. Luego de un primer acercamiento con los directivos de ICA y La Peninsular, el pasado 30 de octubre, en la reunión de esta tarde López Obrador habría pactado con los empresarios que no habrá demandas ante la cancelación del NAIM, y el tipo de indemnizaciones que tendrán tras la decisión del presidente electo anunciada tras de la consulta ciudadana a la que convocó entre el 25 y el 28 de octubre. El tabasqueño llegó acompañado de su próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y de quien será jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, a quienes se sumó Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) e integrante, como los dos primeros, del equipo que entablaría contacto con los empresarios para resolver la cancelación del proyecto que se desarrolla en el Lago de Texcoco. También estuvo presente Gerar-

do Ferrando, anunciado la semana pasada como futuro director del Grupo Aeroportuario Mexicano, entidad pública responsable de los proyectos aeroportuarios. Fue éste quien confirmó que los asistentes, en un “encuentro amistoso”, aceptaron los términos de la cancelación del proyecto en Texcoco y se declararon dispuestos a seguir trabajando con las entidades gubernamentales. La oferta del gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre incluyó el compromiso de continuar contratos multianuales que varios de los contratistas tienen en conservación carretera, así como obras que aún no se concluyen y trascenderán la actual administración, según expuso Jiménez Espriú, pues algunos estaban preocupados por otras cancelaciones. El fututo titular de la SCT fue más allá y aseguró que la decisión del próximo presidente es continuar y concluir todos los proyectos, excepto en el caso

del NAIM, como se ha anunciado. Al salir del encuentro, algunos de los altos directivos empresariales expresaron que mantendrán su apoyo a las decisiones del próximo gobierno y su deseo de seguir asumiendo contratos con la administración por iniciar; de hecho, el propio Jiménez Espriú aseguró que había hablado con Carlos Slim, quien está fuera del país. Aseguro que Slim, el hombre más acaudalado de México, le dijo que hubiera preferido continuar con el proyecto de Texcoco, pero que respetarán la decisión del futuro gobierno, y se declaró entusiasta de participar en las decisiones que se tomen.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

La CNDH recibe 19 quejas por vejaciones a la caravana migrante Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 19 quejas contra autoridades de los tres niveles de gobierno, de manera particular el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal, por la atención inadecuada a las caravanas de migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano desde el 16 de octubre. El quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, dio cuenta de las investigaciones iniciadas por el organismo derivadas de “la operación de contención más que de ayuda humanitaria” desplegada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en respuesta al inusual flujo migratorio de al menos 10 mil personas. En conferencia de prensa para dar un “corte de caja” de las acciones emprendidas por el organismo antes de que los migrantes cruzaran la frontera mexicana, el quinto visitador alertó sobre la desatención a los niños migrantes, que “conforman la tercera parte de las tres caravanas, al igual que las mujeres”. Al señalar que el organismo ha emitido 11 medidas cautelares y ha desplegado a 30 personas que acompañan las tres caravanas, Corzo Sosa explicó que las quejas que se están documentando se refieren a la detención del activista Irineo Mujica,

El quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, dio cuenta de las investigaciones iniciadas por el organismo derivadas de “la operación de contención más que de ayuda humanitaria” desplegada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en respuesta al inusual flujo migratorio de al menos 10 mil personas

por parte de personal del INM; los operativos de la Gendarmería y la Policía Federal en Ciudad Hidalgo; la fumigación de migrantes en Huixtla, Chiapas; así como la atención en la Estación Migratoria Siglo XXI y el recinto terminal, a cargo del INM, entre otras situaciones a analizar. El visitador reconoció que las autoridades se han visto rebasadas por la cantidad de personas migrando, y porque “se pensaba que la estrategia de contención iba a ser suficiente” para hacer desistir a los centroamericanos a dirigirse a Estados Unidos. Corzo Sosa puntualizó que, ante la

cantidad de migrantes en las tres caravanas –entre 7 y 5 mil en la primera; entre 2 mil y mil 500 en la segunda y la tercera–, “no se ha garantizado la asistencia en materia de protección a derechos humanos, en lo relacionado con salud, agua e higiene”. El quinto visitador reprochó la ausencia de los servicios de protección a la infancia en el tránsito de las caravanas, “cuando los niños y niñas, son la tercera parte de las personas en condición de migrantes”, porcentaje similar al de las mujeres migrantes. Entre las personas en condición de vulnerabilidad que forman parte

de las caravanas, apuntó, están 20 mujeres embarazadas, así como 90 del grupo LGBTTTI, quienes “han sufrido discriminación” en el acceso a los alimentos, al transporte y la distribución de productos de higiene. Corzo Sosa sostuvo que la CNDH, frente a un despliegue de unos 450 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería, atestiguó el retorno de unos mil 500 migrantes “por su voluntad”. El visitador señaló que el organismo investiga la presunta desaparición de migrantes en tres camiones de pasajeros, de acuerdo a denuncias recibidas por migrantes. Alertó sobre riesgos que corren los centroamericanos ante la actuación del crimen organizado, sobre todo en ciudades de Veracruz, por lo que solicitó a las autoridades federales y estatales estar atentos al paso de las personas en condición de migración. Edgar Corzo señaló que hasta ahora el curso de las caravanas no se ha detenido, gracias a la generosidad de la sociedad civil, ciudadanos que se han encargado de distribuir alimentos, cobijas, agua y artículos de higiene personal a los migrantes.

CNDH pide a la Corte votar contra toda la Ley de Seguridad Interior De la redacción Ciudad de México (apro)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la totalidad de la Ley de Seguridad Interior. El Congreso de la Unión, consideró la CNDH, no tenía facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la seguridad interior no es una vertiente de la seguridad nacional. La Comisión planteó que la vigencia de la Ley de Seguridad Interior permite perpetuar un estado de cosas inconstitucionales que resulta contrario al pleno respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. En un comunicado, llamó a las ministras y ministros “para que reconsideren el contenido y alcance del artículo 20 de la ley, que establece una subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas”. En ese contexto, añadió, “habría que reconsiderar que las acciones de

seguridad deben ser dirigidas en todo momento por una autoridad civil, en pleno respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales”. Se prevé que el próximo 12 de noviembre la Suprema Corte entre al análisis del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que aborda las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior. El proyecto propone declarar inconstitucionales siete artículos, modificar cuatro y declarar válidos 23 de los 34 que integran la ley. “Se reconoce y celebra la propuesta de declaración de inconstitucionalidad de diversas normas impugnadas por esta Comisión Nacional”, expuso la CNDH. Sin embargo, expresó su preocupación en temas como la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior; la falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas; la subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, y la facultad de

las autoridades militares para solicitar cualquier información. Destacó que, aun cuando las posibles declaraciones de invalidez proyectadas en diversos puntos abonan a la protección de los derechos humanos, “su subsistencia genera incertidumbre jurídica cuando el resto de la norma continúa vigente, ya que genera diversos vacíos normativos”. La CNDH destacó que la ley establece la posibilidad de que las fuerzas castrenses realicen acciones en tierras ancestrales de comunidades y pueblos indígenas, “por lo que se debió consultarlos de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”. También se pronunció por declarar la invalidez de las disposiciones que señalan de manera abierta la entrega de todo tipo de información, sin distinción, en posesión de las autoridades y órganos autónomos, so pretexto de la realización de tareas en materia de seguridad interior. Recordó que, previo a la publicación de la ley y sus posteriores impugna-

ciones, la CNDH enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es la respuesta más adecuada para enfrentar el índice delictivo que aqueja a nuestro país, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales. Por el contrario, aseguró, deben privilegiarse la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y atendiendo el ejercicio de los derechos sociales, así como la atención del tráfico de armas, además de realizar una revisión y replanteamiento del sistema penitenciario.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

n vísperas del sometimiento de México al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil pretenden visibilizar la situación de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en México, y la ausencia de una política pública para atender al sector, que comprende casi la tercera parte de la población en el país. En conferencia de prensa previa a la revisión que se llevará a cabo en Ginebra este miércoles 7, defensores de derechos humanos advirtieron que a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos les corresponderá revisar el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia durante los últimos cinco años, prácticamente lo que corresponde al gobierno de Enrique Peña Nieto. De igual manera, destacaron que, si bien Peña Nieto clasificó como iniciativa “preferente” la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, no ha sido posible su aplicación de manera trasversal, alegando temas presupuestarios y dejando a la niñez mexicana en estado de indefensión. Tras resaltar que al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador le corresponderá dar respuesta al EPU en febrero de 2019, Rafael Castelán, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), urgió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “aceptar las recomendaciones, considerando que no va a haber cuarta transformación si no se prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes”. Castelán destacó que como “la tercera parte de la población en México, son las niñas, niños y adolescentes quienes viven con mayor intensidad la inseguridad, la impunidad y la violencia”. Recordó que la infancia en México no ha estado exenta de uno de los flagelos más graves que atraviesan al país, como es la desaparición. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), hay 6 mil 330 meno-

Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy la más reciente edición de la revista Proceso de “amarillista y sensacionalista”, se dolió de dos imágenes incorporadas por la publicación que a su juicio lo hacen ver “decrépito y chocheando” y luego reivindicó su respeto a la libertad de expresión. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, López Obrador aludió, sin invocar el nombre del semanario, a la “polémica” desatada el fin de semana por la portada de la edición 2192 del semanario, donde aparece su rostro con el antetítulo “AMLO se aísla” y el título “El fantasma del fracaso”. “Una revista sacó una foto, no sólo la de la portada, sino también al interior, donde aparezco así, decrépito, chocheando, y el título de la portada, dice que es-

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

No habrá cuarta transformación si no se prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes: Redim

res desaparecidos, de los cuales 74% se extraviaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al señalar que pese a la gravedad del problema no se ha podido implementar en su totalidad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Castelán resaltó que los menores sometidos al sistema penal han sido también víctimas de un sistema que “no los ve como titulares de derechos”. Expresó que, de acuerdo con cifras oficiales, al cierre de 2017, 50.2% de los adolescentes procesados en el sistema penal sufrió algún tipo de violencia física, mientras que 31.3% de los jóvenes sometidos a medidas de internamiento fue violentado de alguna manera. Lamentó que por cada cien delitos que se cometen, en los que están relacionados niñas, niños y adolescentes, “sólo tres llegan a sentencia, lo que indica que no son vistos como titulares de derechos”. La intención de poner sobre la mesa los temas de la niñez surgen de la falta de atención que han tenido incluso en las recomendaciones de organismos internacionales, advirtió Olga Arnaiz, de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para To-

das y Todos (Red TDT). Luego de señalar que por protocolo México no puede rechazar las recomendaciones y en todo caso puede “anotarlas”, Arnaiz recalcó que en las dos revisiones a las que se ha sometido al país, en 2009 y 2013, se le han hecho 366 recomendaciones, de las cuales 27 las ha anotado. Del total, dijo, “la mayoría de las recomendaciones que se han hecho se refieren a derechos de mujeres, 69 de ellas; en materia de Justicia, 60, y en pueblos indígenas, 42”. Mónica Llerena, de Educando en los Derechos y la Solidaridad (Educadys), manifestó que en febrero de este año un grupo de organizaciones dedicadas a la atención de los derechos de la infancia decidió entregar al EPU un informe sombra con recomendaciones para que sea comunicado al Estado mexicano. “Los temas torales que se abordaron tienen que ver con la infancia, niñez migrante, niños afectados por sismos, adolescentes con discapacidad, jóvenes defensores de derechos humanos, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio y niños indígenas afectados por la contaminación y niñez privada de cuidados parentales”, explicó la defensora. Sarahi Estrada, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vi-

toria, pidió que en el próximo EPU “se analice como línea prioritaria a la niñez y juventud mexicana”, tomando en cuenta que la violencia contra ese grupo etario se ha acrecentado. Estrada expuso que de 2015 a 2017 se abrieron mil 640 carpetas de investigación por feminicidio, delito en el que las niñas y adolescentes son preponderantemente las víctimas, cifras que no reflejan la realidad ante “la resistencia de las autoridades por clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios”. Al señalar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ibegi), la población de 12 a 29 años concentra el 26% del total de mexicanos, explicó que en la precarización los jóvenes llevan las de perder en el país, ya que 53.2% de los desempleados tienen entre 14 y 29 años; siete de cada 10 adolescentes y jóvenes trabajan en el sector informal, y del total de pobres, 44.9% son jóvenes. Mauricio Pineda, de “Dignidad y Justicia en el Camino. FM4. Paso Libre”, explicó que en los últimos nueve meses su organización ha atendido a 400 personas menores de edad en condición de migración, siendo este sector “los que sufren la mayor vulnerabilidad”. Finalmente, recordó que a pesar de que Peña Nieto decretó como “preferente” la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “no ha sido posible la armonización con la Ley de Migración, por motivos presupuestales; al menos ese es el argumento”. De compaginarse ambas legislaciones, explicó, el Estado estaría obligado a generar las condiciones para que de ninguna manera los menores de edad migrantes sean sometidos a encierro en estaciones migratorias, o en instalaciones del DIF bajo el resguardo de población del Instituto Nacional de Migración (INM).

AMLO llama “amarillista” a Proceso; la libertad implica mensajes de ida y vuelta, dice toy solo y que se avizora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal… Así es la libertad, así es la democracia, es pluralidad, es libertad de expresión, no es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar una república democrática”, dijo. A menos de un mes de que asuma como presidente de la república, López Obrador reiteró que aspira a ser uno de los mejores presidentes de la historia y abordó la agenda de cambios como la entrada en vigor de las nuevas disposiciones administrativas que reducen el salario presidencial en un 60%, y con ello las percepciones de los servidores públicos federales, así como la suspensión de las

pensiones a expresidentes. También se refirió a la eliminación de la inmunidad presidencial que abre la posibilidad de que sea juzgado, así como otras ofertas de campaña que revindicó, tales como no vivir en Los Pinos y convertir ese espacio en un centro cultural; dejar de ser cuidado por el Estado Mayor Presidencial y eliminar partidas de protocolo. Casi al finalizar su mensaje, el presidente electo dijo que no habrá primera dama y que, Beatriz Gutiérrez Muller, su esposa, se dedicará a sus actividades de investigación académica como hasta ahora. Como parte de la polémica por la portada del semanario, Beatriz Gutiérrez Muller, descalificó la publicación lo que devino en un intercambio vía Twitter con

el director, Rafael Rodríguez Castañeda.

Sin entrar en detalles, López Obrador expuso: “Es una mujer con criterio, hay discrepancias, pero bueno, somos libres y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la réplica.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Familiares exigen su búsqueda, les dicen: regresen el miércoles Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

an pasado 365 días de que su mirada y su sonrisa, ésas con las que se le ve en la fotografía pegada en las paredes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se apagó. Desde entonces, la familia de Guadalupe Pamela Gallardo Volante no ha tenido respuestas. Eran las 11 de la mañana cuando un grupo de mujeres, los hermanos, el padre y la madre de Pamela Gallardo Volante, se cubrieron las manos de engrudo para pegar en la paredes del edificio de la PGJDF carteles con la fotografía de la joven de 23 años de edad que dicen: “desaparecida, complexión mediana, 1.58 metros de estatura, nariz respingada, cara ovala, tatuaje de cereza detrás de la oreja, usa braquets”. “Y es que ya es un año de no comer, no dormir bien, de escuchar de la Fiscalía de Antisecuestros de la PGJDF, quien tiene el caso, que ellos no investigan desapariciones” reclama María del Carmen Volante, madre de Pamela. El 4 de noviembre de 2017 Pamela Gallardo acudió en compañía de su pareja al festival de música electrónica “Soul Tech Festival”, realizado en la carretera Ajusco-Picacho, delegación Tlalpan. Acordó con su madre que regresaría al día siguiente a las 4 de la tarde, pero nunca llegó. María del Carmen intentó comunicarse con su hija a su teléfono, pero nunca le respondió, luego llamó al de

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

De enero a septiembre de 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 426 investigaciones por el delito de aborto en México. De estos casos destaca que 78 ocurrieron en la Ciudad de México, lugar donde el aborto es legal hasta las doce semanas de gestación; 55 en el Estado de México, 52 en Baja California y 34 en Tamaulipas. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo no indican si el delito de aborto lo cometió una persona en contra de una mujer que no deseaba interrumpir su embarazo o si éste fue consentido. Sin embargo, información de organizaciones civiles asegura que en México hay mujeres encarceladas por tener un aborto espontáneo o por decidir interrumpir la gestación. En 2016 a nivel federal 17 mujeres estaban encarceladas por el delito de aborto y se abrieron 167 carpetas de investigación por el delito, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En contraste, organizaciones civi-

su pareja quien le dijo que iban de regreso pero Pamela no llegó y su madre siguió insistiendo. Finalmente el novio le dijo que no sabía nada de Pamela, que habían discutido y ella decidió regresar en un camión del festival sin él. “Mi hija no es una desaparecida” “a nadie se lo traga la tierra” dijo la madre de Pamela al tiempo que aseguró que detrás de la desaparición de la Pamela hay alguien, “se la robaron”, expresó. El abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos que representa a la familia de la víctima, David Peña Rodríguez, calificó la actuación de la PGJDF como “infructuosa”. Primero el caso estaba en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (Capea) donde nunca avanzó, presionaron a la Procuraduría para moverlo a la Fiscalía Antisecuestros pero tampoco han tenido resultados. Por la falta de investigación de la PGJDF tuvieron que recurrir a presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos local que actualmente indaga la situación, indicó el abogado.

A un año de la desaparición, las autoridades buscarían trasladar su caso a la Fiscalía Especial en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas que recién instaló la PGJDF en septiembre de 2018. Sin embargo, su madre se niega porque es comenzar desde cero y es una Fiscalía sin capacidad, dijo, es el mismo personal de Capea y apenas se comienza a dotar de recursos. “Yo no puedo esperar para encontrar a mi hija”, sentenció desesperada María del Carmen.

“REGRESEN EL MIÉRCOLES” En el ajetreo de las oficinas centrales de la PGJDF algunas personas se detienen a leer los carteles con el rostro de Pamela pues la familia y las activistas cubrieron por completo la fachada principal. Algunas más con sus pisadas, desdibujan la frase “Te buscamos Pamela” que escribieron las activistas en polvo blanco afuera de la entrada de la Procuraduría, otras más esquivan el car-

tel gigante que sostienen el padre y el hermano de Pamela donde demandan justicia para la joven. Esta manifestación no sólo se trata de Pamela, otras madres con hijas desaparecidas se unieron a las protestas. Una de ellas no pudo articular palabra, sólo sostuvo con llanto la cédula de búsqueda de su hija, desaparecida apenas hace cinco días en la Ciudad de México. Como Pamela hay cientos de mujeres sin hallar. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio obtenidas de la PGJDF, detallan que tan sólo entre 2015 a diciembre de 2016 se reportaron 2 mil 494 mujeres como “ausentes o extraviadas”. De ellas se localizaron a mil 836, entonces estaban pendientes de localizar 644. El acto fue interrumpido por el personal de la PGJDF quien ofreció a las madres pasar a las instalaciones “para ver sus casos”, pero ellas no quieren “reuniones, mesas de trabajo, hojas de acuerdos” están cansadas de esas promesas señaló María del Carmen. Uno de los hermanos de Pamela gritó: “queremos respuestas…Queremos a Pamela”, se unieron a una voz las demás mujeres. Media hora más tarde, la madre y demás familiares de Pamela ingresaron a las instalaciones de la Procuraduría. Al salir, su madre, decepcionada porque ya sabía lo que le dirían respondió a los medios ahí presentes: “¿Qué me dijeron? Ya sabíamos, nada. Me pidieron que regrese el próximo miércoles”.

En México se registran en lo que va del año 426 investigaciones por aborto les han documentado la existencia de al menos 700 mujeres encarceladas bajo el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, como indica un reporte de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. En julio pasado este organismo publicó un reporte que envió al Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) El reporte señala que las mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco en realidad tuvieron una interrupción del embarazo, frecuentemente abortos espontáneos o a causa de erróneos diagnósticos por parte del personal médico. La Catedra UNESCO también refirió que muchas de estas mujeres eran indígenas que viven en situación de pobreza. La agrupación llamó la atención sobre el tipo penal porque las penas por

homicidio agravado en razón de parentesco pueden ser de hasta por 50 años de prisión, mientras que las sentencias por aborto van de 2 meses hasta 8 años de cárcel, o en penas de tratamientos médicos, como en Jalisco y Tamaulipas. Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), también presentó un reporte al Comité CEDAW donde expuso que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, de 2015 a 2017 se tenía un registro de mil 552 investigaciones iniciadas en Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías por el delito de aborto. De estos datos, en 2015 se iniciaron 512 investigaciones; en 2016, 538; y en 2017 fueron 502. En este sentido GIRE llamó a eliminar las disposiciones legales que criminalizan a las mujeres que interrumpen sus embarazos y modificar la legislación. De acuerdo con las Estadísticas judiciales en materia penal del Ingei, para

2012 había 45 personas procesadas por aborto y 89 de homicidio en razón de parentesco en el fuero común. Actualmente el delito de aborto en el Código Penal Federal abarca cuatro artículos donde se define este delito, se indican las penas para las mujeres y para las personas que ayuden o provoquen un aborto, así como las excepciones para castigar esta conducta. Aunque la mujer embarazada aun no es madre, el Artículo 332 de esta norma indica que “se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.

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as claras intenciones de desvirtuar el feminicidio de Viridians Flores Ramírez para justificar la resolución de la jueza Isabel Álvarez Ramos, convertir el caso en una simple desaparición y hasta victimizar al presunto homicida han incrementado el nivel de indignación entre la ciudadanía chiapaneca ante uno de los feminicidios más escandalosos y manoseados por intereses poderosos de los últimos seis años. Las nuevas declaraciones de la madre del presunto feminicida, Fernando Omar Rosales Toledano, y el despliegue mediático utilizado para difundir los argumentos usados por la defensa para justificar la sentencia de libertad han inyectado nuevo combustible al controversial caso plagado de irregularidades encaminadas a dejar impune al homicida, cueste lo que cueste. No es la primeras vez que las faltas al Debido Proceso y los errores del ministerio público se han convertido en argumentos coyunturales para desacreditar pruebas y dejar libres a evidentes asesinos. En México sobran los casos de ese tipo, donde la destreza de los abogados defensores y las deficiencias ministeriales terminan revocando confesiones iniciales y pruebas contundentes que vinculan de manera directa al inculpado con el asesinato. Nada que las influencias y el costoso trabajo de habilidosos abogados defensores no puedan arreglar. Ahí están casos recientes como el de Itzel Durán, cuyo asesino quedó finalmente libre el pasado mes de enero debido a errores en el procesamiento de pruebas y las argucias legales para desacreditarlas. No importó que se hayan encontrado las huellas del homicida en el arma y sangre de Itzel en su ropa para sentenciarlo culpable.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

El plan ruin para dejar impune al asesino de Viridians

Bastaron errores en el levantamiento de las pruebas para desecharlas, dejar sin evidencias el caso y finalmente facilitar la liberación del homicida. Algo muy similar a lo sucedido en el caso de Viridians, y otros tantos feminicidios. Y es que se debe reconocer también, como defensor de Derechos Humanos, que la aplicación de la ley o la “realidad legal” no siempre van de la mano o garantizan la justicia real. Ahora resulta que, aunque los padres de la joven aseguran haber identificado plenamente el cuerpo de su hija, la sentencia absolutoria determinó que el cuerpo incluso podría no ser de Viridians. Los “peritos” dictaminaron que no se detectaron cicatrices o secuelas de cirugías que “debía tener” y, por lo tanto, el cuerpo podría corresponder a otra persona que (afortunadamente para el asesino) ya sería difícil de identificar. Lo que la madre del feminicida y sus defensores han decidido dejar de mencionar es que fue el propio amigo de Fernando Rosales, Rudy, quien

confesó lo sucedido. Quien, tras casi una semana de búsqueda desesperada por parte de familiares, ciudadanía y autoridades judiciales, terminó confesando que había ayudado a Omar a desaparecer el cuerpo de Viridians, arrojándolo al precipicio del Puente San Cristóbal, justo donde finalmente fue encontrado el cadáver. Han decidido omitir que, tras la muerte de Viridians, Rosales Toledano también desapareció repentinamente de la ciudad para refugiarse en Tapachula, donde justamente reside su madre. Ahí fue localizado, escondido en el Hotel Costa Azul, psicológicamente alterado, con el cuello cortado (en un intento de suicidio) y junto una carta donde presuntamente confesaba y se arrepentía de lo hecho a Viridians. Para mala suerte de Fernando Rosales el intento de suicidio a fin de evitar enfrentar a las autoridades no funcionó. Fue enviado al Hospital Vida Mejor donde se atendieron sus heridas y la crisis nerviosa que presentaba. Justo ahí estuvo uno de

los errores que ahora sirve de excusa para tenerlo en libertad. Los calmantes (benzodiacepinas) administrados a Omar para atender su dolor físico y la crisis nerviosa han sido el argumento sus defensores para invalidar todas sus confesiones. En el caso de la confesión escrita se argumentó que no tenía validez si carecía de firma; imagínese usted. Entonces, ¿si el cuerpo encontrado debajo del Puente San Cristóbal no es de Viridians, cómo sabía el cómplice (mejor amigo) de Omar que había un cadáver ahí? ¿Si los padres aseguran haber reconocido plenamente el cuerpo de su hija, por qué se intenta argumentar ahora que el cuerpo podría se de otra persona por falta de cicatrices (cinco años después) cuando ya sería imposible verificarlo debido a que fue incinerada? Resulta evidente que existe un plan legalmente consumado en la sentencia de la jueza Isabel Ramos para cambiar el sentido del caso; sacar el expediente de la lista de feminicidios, colocar a Viridians en estatus de desaparecida y exculpar a Fernando Rosales Toledano de un feminicidio que ahora ni siquiera pudiera confirmarse que sucedió. Finalmente el cuerpo (ya incinerado) sería difícil de identificar, dejándolo en un conveniente anonimato y a Viridians en una eterna búsqueda sin sentido. Las primeras investigaciones de la FGE parecen confirmar las sospechas sobre irregularidades en la sentencia que dio libertad a Omar. Y es que, aunque la idea resulta francamente ruin, legalmente es viable y posible. Para la defensa del asesino no hay escrúpulos que consideren el dolor de una familia a la que ahora también se les quiere arrebatar la dignidad y la verdad histórica de haber encontrado, identificado y enterrado a su hija… así las cosas.

EL FRANKENSTEIN DE LÓPEZ OBRADOR

omo ningún otro presidente lo había hecho, Andrés Manuel López Obrador está confeccionando un ente todopoderoso que se le puede salir de las manos. La creación de la Secretaría de Seguridad se convertirá en la obra más acabada de la hiperconcentración de su gobierno. En manos de una sola persona, Alfonso Durazo, quedarán las tareas de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Lo que implica que todos los recursos humanos, económicos y materiales para la seguridad ciudadana, de las instituciones y del Estado mismo quedarán a disposición del titular de la secretaría. Algo inconcebible en países democráticos. Por su naturaleza, necesidades y propósitos distintos esas áreas están separadas y en distintas manos

Jorge Carrasco Araizaga para que el presidente no dependa solo de una persona en esas responsabilidades. Una de las principales características del régimen autoritario del PRI en el siglo pasado fue precisamente que, en una sola entidad, la secretaría de Gobernación, se concentraron las funciones políticas y de seguridad. Esa fue la razón de ser de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública a la caída de ese régimen, en el gobierno de Vicente Fox. Lo que está previendo el próximo gobierno no es regresar al esquema del 2000, sino a uno que supere al que tuvo el PRI. El modelo, además, será muy complicado de operar si se tiene que ajustar a las dos subsecretarías que López Obrador fijó para cada secretaría de Estado. Para la seguridad pública dispondrá de la Policía Federal –con sus 35 mil efectivos–, del órgano de las pri-

siones federales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de donde salen los recursos federales para los estados. En seguridad nacional se quedará con la Agencia Nacional de Inteligencia que remplazará al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y absorberá también a la secretaría técnica de la Comisión de Seguridad Nacional, que ahora depende de la Presidencia de la República y que es la encargada de echar a andar los acuerdos de las dependencias que tienen las tareas de seguridad nacional. En seguridad interior se quedará con lo que ahora es la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres Naturales. Y por si no bastara, estará a cargo también del tema de la pacificación, con Loreta Ortiz. Será un gigantesco ministerio del

Interior con miles de millones de pesos a su disposición. ¿Cómo le hará el próximo gobierno para meter todo eso en esas dos subsecretarias? Pero, sobre todo, ¿qué controles legales le pondrá para hacerle contrapeso a esa supersecretaría? SI el próximo presidente piensa que, con el Mando Único, el suyo, podrá controlar a su criatura, estaría dejando de lado que en los problemas de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional va a ser rehén de lo que le digan o no desde la Secretaría de Seguridad. El único contrapeso que podría tener es el de los militares porque está visto que el Ejército y la Marina juegan solos cuando no están de acuerdo con las reglas del mando civil. Sería un contrapoder por vía de los hechos y no porque así se hubiera previsto. En ese esquema el presidente se quedará en medio y será a quien le estallen directamente los conflictos.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LA CONSULTA SOBRE EL NAIM Y SU SIGNIFICADO REAL José Mauro González-Luna Mendoza

larma sin duda la forma en que algunos editorialistas e intelectuales abordan el tema de la decisión tomada por el poder Ejecutivo entrante de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), a raíz del resultado arrojado por la consulta popular convocada para que el pueblo eligiera entre Texcoco o Santa Lucía. El análisis que hacen ellos es en unos casos ingenuo, en otros, zalamero, y en ambos, superficial en extremo. Veamos. La interpretación que le dan algunos a dicha decisión es que sirvió para saber quién manda efectivamente, es decir, que se trata de un “round” ganado por los convocantes en la pugna entre gobierno entrante y cúpulas empresariales. Otros señalan que la reacción de tales cúpulas descalificando la medida, es con el fin táctico de calar a la autoridad electa, mas ya en funciones reales de gobierno aun antes de tomar posesión formalmente. El problema de fondo no es saber quién manda, o si es un “round” de una pugna entre rivales, o si los empresarios están calando al entrante. No, esa no es la cuestión, sino otra muy distinta de gravedad crítica. Los tiempos que corren exigen una reflexión objetiva, seria y honda del sentido de la decisión tomada en el contexto de las circunstancias. Son tiempos convulsos por la actitud insolente de los energúmenos racistas del país norteño, por la inseguridad, la violencia, el hambre, la desigualdad, prevalecientes en México, por el éxodo de migrantes forzados a dejar su tierra natal y a buscar refugio y porvenir, porque sus vidas peligran, porque si se quedan en su patria, sus hijas son violadas, sus hijos enrolados en las maras o sacrificados por el crimen organizado, porque sus condiciones económicas son de miseria. No se trata de ver quién manda. Eso es evidente en un régimen que se considere medianamente democrático. Se trata de ver cómo se ejerce el poder obtenido a través del voto, si democráticamente o no, si conforme a derecho o no. Esa es la cuestión que se resume en el principio de la legitimidad de ejercicio del poder político frente al de la legitimidad de origen. Muchos regímenes han llegado democráticamente al poder mediante el voto tantas veces emocional de las masas mayoritarias, y después al ejercerlo de manera facciosa contraria al bien común, esos regímenes se deslegitiman para desgracia de la

nación. El derecho legitima al poder político; si al primero se le hace a un lado con desprecio, se está ante la pura fuerza, ante el mandato desnudo. Si el poder político se subordina al derecho, entonces lo político entra, dice Recaséns Siches, en el ámbito de los valores de la cultura, y se transforma en autoridad, en ordenamiento racional, justo, por lo que el pueblo le otorga su consentimiento. La coerción solo sirve de auxiliar de la ley, en casos de resistencia al ordenamiento, pero no es lo esencial del mismo, sino su justicia que persuade y justifica la obediencia libre. Por eso, no basta que un gobierno cuente con la legitimidad de origen, necesita, invariablemente, convalidarla con la del ejercicio del buen gobierno “Hay que gobernar bien para lograr el único orden posible, el de la justicia”, sentenció Camus en 1945. Para ejercerse el poder democráticamente primero que nada debe ceñirse éste al derecho y a sus fines: justicia, seguridad y bien común o solidaridad. Un ingrediente fundamental de la gestión del bien común por parte de la autoridad, es el fomento del ambiente propicio para que, a través del discurso racional, no del capricho o de la ocurrencia o del interés particular, se resuelvan los grandes problemas de un país, con el fin de que el argumento más sensato para resolverlos, sea el que prevalezca (Habermas). Pues bien, la consulta convocada por el poder entrante no fue democrática, no fue conforme a derecho. Se incumplieron flagrantemente los requisitos mínimos establecidos por las leyes federales sobre consultas públicas. No fue legal precisamente porque las autoridades electas deben ajustarse al régi-

men constitucional de obligaciones mínimas y derechos máximos. Ello significa que solamente pueden actuar estrictamente conforme a las facultades que el derecho les otorgue en su caso. Y no se ajustaron. Aunque electas, son autoridades y ya no pueden apelar al principio que aplica a los ciudadanos particulares, de que lo que no está prohibido les está permitido, principio que deriva de que la Constitución establece para ellos, los particulares, deberes máximos y derechos mínimos. Y por otro lado, tampoco es legal porque de inicio, la materia de la consulta es de naturaleza técnica por lo que debió ser debatida en su momento, por expertos especializados en las diferentes vertientes del asunto, convocados por el nuevo gobierno. No debió ser ello objeto de una consulta popular, por evidencia inapelable. A mayor abundamiento, en puridad, el gobierno entrante ya está ejerciendo el poder, fuera de tiempo, pero ejerciéndolo con decisiones de gobierno que tienen consecuencias jurídicas, políticas y económicas para todo mundo. Más cuando el resultado de dicha consulta fue la base para la decisión de gobierno de cancelar la obra del NAIM. Entonces, debió cumplirse con la Constitución y la ley. Es patético al respecto, lo dicho en el Senado con motivo del debate sobre dicha consulta, por un expanista convertido ahora en fanático morenista: que dicha ley federal de consultas populares, es digna de ser pateada en palabras menos en palabras más. ¡Qué legisladores de pacotilla! ¡Que insolencia, la de la saciedad de poder que hace escarnio del ciudadano y de la ley! Y no fue democrática porque no fue legal ni representativa por el

número ínfimo de casillas y boletas en el contexto del padrón electoral. Además, fue inducida, sin controles ni supervisiones al contarse los votos. Al ser la materia de la consulta al pueblo de índole técnica, altamente especializada, resulta ser la misma, un instrumento de adulación propio de los regímenes demagógicos tan bien estudiados por Aristóteles en su Política, hace dos mil quinientos años, pero vigente en todo su alcance en el tema que nos ocupa, ya que el poder y su naturaleza siguen en lo sustancial siendo lo mismo. Se adula al pueblo en todo momento y para toda materia, con el propósito de que la masa irreflexiva al servicio del mito, reproduzca mansamente la voluntad y las decisiones del gobernante en turno. Y la consecuencia es que el derecho de verdad, es reemplazado por los plebiscitos populares que reflejan invariablemente la voluntad de los caudillos y sus aliados de siempre. Los grupos oligárquicos por regla, tarde o temprano se doblegan ante el poder, pues su dios es el dinero, nunca por naturaleza el decoro. Al nuevo gobierno lo rodea celosamente un selecto grupo de neoliberales deseosos de encumbrarse en el escalafón del poder y ¡qué poder! Ya se palpa pues no hay contrapesos, es un poder prácticamente absoluto con sus fiscales no independientes y su Ley de Seguridad Interior a punto de estrenarse. La consulta pasada sobre la viabilidad técnica del NAIM, en suma, es precursora de la convocatoria de muy factibles plebiscitos de otro alcance. De hecho, esa probabilidad -no desmentida. por cierto-, ya la están señalando instituciones de dentro y fuera del país. Es imperdonable la ceguera e ignorancia culpable de tantos seudointelectuales y editorialistas. Y más detestable, la zalamera actitud de otros. Hay, no obstante, quienes, en los medios, han asumido una actitud inteligente, crítica y valiente, digna de elogio y esperanza. Ojalá que haya una rectificación en la manera en que apunta el ejercicio del ya actuante poder electo, pero es remota, ya que como dice Francisco de Quevedo, en política, cuando así se comienza, así se acaba. Tiempo de penuria, de reflexión, de oración, de resistir con armas pacíficas, con la palabra y la conducta insobornables que no se suman al rebaño. La filosofía es arma poderosa porque enseña a identificar y comprender los escollos, las negras sombras que se tienden sobre la libertad.

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Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LOS DESFIGUROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL Jesús Cantú

l pasado 30 de octubre, casi cuatro meses después de la jornada electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió anular los comicios para la renovación del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, tras detectar irregularidades graves en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales. Este factor es –debe ser– motivo suficiente para hacerlo, siempre que se acrediten anomalías en más de 20% de esa paquetería o en un número tal que implique una cantidad potencial de votos superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugares. En este caso concreto, el boletín que emitió la autoridad jurisdiccional (porque a las 8 de la noche del 31 de octubre –casi 24 horas después de haberse votado– todavía no era posible acceder a la sentencia del Tribunal) incluía “la ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales que representan una diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar”, lo cual es cierto en la medida en que en cada casilla pueden sufragar 750 electores como máximo. Es probable que en los 28 paquetes –en el hipotético caso de que todos estuviesen al máximo– haya 21 mil votos y la diferencia máxima entre el primero y el segundo lugares haya sido de apenas 4 mil 679 votos; es decir, casi cuatro veces más. Además, destaca que “la falta de 69 paquetes electorales al momento del cierre de las bodegas” agrandaría el número potencial de votos no contabilizados y, por ende, lo haría todavía más relevante.

El boletín puntualiza que los cuatro magistrados que votaron a favor del proyecto de resolución que decretó la nulidad de la elección “consideraron que tales irregularidades son determinantes”, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación (4 mil 679 votos) es menor a un punto porcentual y, además, las irregularidades advertidas se dieron en un alto número de casillas instaladas, cuya votación recibida es significativamente superior a la diferencia mencionada. El boletín es enfático al enumerar las irregularidades que llevaron a cuatro magistrados a votar a favor del proyecto de resolución, además de los aspectos ya señalados respecto a las casillas no contabilizadas y los paquetes faltantes: “violación de los principios constitucionales… las irregularidades en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales; las irregularidades durante la sesión de cómputo; la pérdida de paquetes electorales y el subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales”. Hasta aquí la argumentación es totalmente válida y acorde con la normatividad vigente y la misma intención del legislador de garantizar que todos los votos cuenten y se cuenten y que el manejo de los paquetes electorales impida su vulneración. Sin embargo, la forma en la que los magistrados construyeron el proyecto final, los precedentes de esta misma Sala Superior y la zigzagueante trayectoria del resultado de esta misma elección siembran muchas dudas sobre la actuación de los tribunales electorales. Respecto al proceso para la construcción del proyecto de re-

solución que finalmente obtuvo la mayoría de votos hay un hecho incontrovertible y verificable: los magistrados lo recibieron apenas 24 minutos antes de iniciar la sesión en la cual lo votaron; eso implicaba que ya no tenían oportunidad de leerlo y analizarlo, como merece cualquier resolución, según señaló en la misma sesión el magistrado Reyes Rodríguez al argumentar su voto en contra del proyecto. Por otra parte, la noche del martes 30 de octubre, minutos antes de que se conociera el nuevo proyecto, el periódico regiomontano El Norte divulgó en su página digital que los magistrados habían llegado a esa solución porque el primer proyecto, preparado por su compañero Felipe Fuentes y en el cual otorgaba el triunfo al candidato priista, obtenía el respaldo de dos magistrados, en tanto la magistrada presidenta Janine Otálora no quería emitir el voto decisivo. En relación con los precedentes de la misma Sala Superior, el que más juega en su contra es la resolución en la que negaron la solicitud de nulidad de la elección de gobernador de Coahuila en 2017, en la que la misma autoridad electoral administrativa reconocía en un informe interno que 23% de los paquetes electorales (lo cual implicaba aproximadamente 835 de las 3 mil 627 casillas instaladas en esa ocasión) habían tenido alguna deficiencia en el proceso de armado, traslado y resguardo en una elección (Proceso 2125) que se resolvió por una diferencia de 2.39 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugares. En ese caso los magistrados argumentaron que todos estos problemas se habían subsanado (lo cual era imposible) en las sesiones

de cómputo, pues si el paquete fue vulnerado, el insumo (boletas y actas) podían estar vulneradas. Y, por si esto fuera poco, la Comisión Municipal de Monterrey otorgó el triunfo, al concluir la sesión de cómputo, al candidato panista, por una diferencia de 0.9 puntos porcentuales; el Tribunal Estatal Electoral revirtió dicho resultado al anular un número importante de casillas para dárselo al abanderado priista por apenas mil 129 sufragios que representaban el 0.2% de los sufragios; y la Sala Regional del TEPJF revocó dicha sentencia y le regresó el triunfo al blanquiazul (Proceso 2191). Los cuatro elementos concatenados: un proyecto de resolución entregado menos de media hora antes de ser votado; la filtración de que existía un proyecto previo que no lograba reunir los votos necesarios; la inconsistente interpretación de la ley por parte de la misma Sala Superior; y el ir y venir de una constancia de mayoría, en función de que instancia administrativa y jurisdiccional resuelve el caso, hacen pensar más en que las filias de los magistrados son el elemento que domina sus decisiones, sin importar la letra o la interpretación de la ley. Lo que prevalece es su lealtad a la fuerza política que apoyó su designación; así, siempre buscan la forma de encontrar la disposición y la interpretación que les permita emitir el fallo que satisface a esa fuerza política. Las competidas y controvertidas elecciones locales (estatales y municipales) que se han celebrado en estos últimos dos años, tras la designación de los siete magistrados de la Sala Superior en octubre de 2016, han evidenciado –una y otra vez– este sesgo partidista.

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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SALIR DEL DESPEÑADERO Denise Dresser

antas lágrimas vertidas. Tanta tristeza acumulada. Tantos reclamos recibidos. Los Foros para la Pacificación y la Reconciliación fueron una catarsis colectiva por parte de miles de víctimas denunciando a sus victimarios. Fueron un grito de rabia ante años de desatención, años de gobierno ausente. Fueron una exigencia para que el Estado reconozca la responsabilidad que le toca en vez de eludirla o argumentar que no existe. Y hay que celebrar su mera existencia a pesar de la desorganización, las cancelaciones, la improvisación. Andrés Manuel López Obrador tuvo la valentía de encarar a los dolientes, en lugar de esconderse en el baño de una universidad. Estuvo ahí, escuchando, aprendiendo, empatizando. Pocas veces –o quizá nunca– vimos algo así con sus predecesores. Se hizo cargo y prometió reparar el daño producido por más de una década de violencia que el Estado intentó abatir pero terminó por exacerbar. Y vimos cómo comenzó a modificar el discurso gubernamental. No apostarle a la guerra. Sí atacar las raíces de la pobreza, de la desigualdad, de la criminalidad. No enterrar el caso de Ayotzinapa y más bien investigarlo hasta conocer la verdad. Sí a la formación de fuerzas del orden entrenadas para respetar y proteger los derechos humanos. No a la evasión del escrutinio internacional a la crisis de violencia que padece el país. Surgen así los esbozos de un cambio de visión, un cambio de paradigma en temas que tanto el sexenio de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto nunca

colocaron en el centro del debate o la atención. Lo suyo era cómo hacer más eficaz la guerra, no cómo buscar mecanismos para la paz. Lo suyo era perseguir al narcotráfico, no cómo despenalizarlo. Bienvenido entonces este viraje que quizá nos rescate del despeñadero. Pero para salir de ahí, para sacar al país del precipicio hará falta más claridad, más especificidad, más políticas públicas y no sólo listas de buenas intenciones. Los siete compromisos que enunció el presidente electo son expresiones esperanzadoras, pero habrá que aterrizarlas. Si se va a conocer la verdad y hacer justicia en el caso Iguala, ¿se sancionará a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron cómplices aquella noche de Ayotzinapa? Tantos buenos deseos, tantas preguntas operativas aún por responder. Tantas ganas de escuchar propuestas concretas, tanta ambigüedad a la hora de concretarlas. Después de meses de encuentros y foros y ponencias y pronunciamientos, se esperaba más del equipo de transición. Se logró que muchas exigencias derivadas de las cinco mesas de trabajo de justicia transicional fueran encomendadas a la Secretaría de Gobernación. Se logró que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas fueran designados como los responsables de temas sensibles, porque ellos lo son. Se logró el reconocimiento de que la inseguridad y la violencia son responsabilidad del jefe del Estado. Pero el tema toral de la justicia transicional –romper con la impunidad del Estado– sigue pendiente. Quizás el sentimiento más presente a lo

largo de los foros fue la demanda de justicia; sí al perdón pero sólo después de procesos de investigación, de sanción, de rendición de cuentas por las atrocidades y ante las víctimas. La única forma de romper con ciclos reiterativos de violencia e impunidad es a través de mecanismos de justicia transicional que sí funcionen. Que sí expongan, enjuicien y castiguen a miembros del Estado para así redefinir “las reglas de la coerción estatal y disuadir a miembros de las Fuerzas Armadas y la policía para que cesen de ser actores principales en la producción de violencia criminal”. Así lo argumentan los especialistas Guillermo Trejo, Juan Albarracín y Lucía Tiscornia en el estudio Breaking state impunity in post-authoritarian regimes. Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies. Ahí argumentan que la pacificación necesariamente transita por la creación de procesos robustos de justicia transicional: comisiones de la verdad y juicios nacionales donde se encare a los perpetradores. No bastan los cambios socioeconómicos, no basta la amnistía, no basta el perdón, no funciona el olvido. Habrá que acabar con la impunidad del Estado para que la Cuarta Transformación sea menos vulnerable a la violencia criminal extendida. Tanto miembros de las Fuerzas Armadas como miembros de las fuerzas policiales tienen las manos manchadas, ya que han jugado un papel crucial en el desarrollo de empresas y organizaciones criminales. Se han vuelto criminales o los protegen. Recurren a la mano dura y escon-

den sus abusos. Por eso la importancia de removerlos, juzgarlos y disuadirlos. Por eso el imperativo de investigarlos, encarcelarlos y usarlos de ejemplo. Así se manda un mensaje poderoso a todos los actores estatales de que la impunidad no será tolerada. Así se obliga a las fuerzas del orden a actualizar sus creencias sobre las nuevas reglas de la nueva era. Miembros del Ejército y la policía sabrán que si continúan contribuyendo a la criminalidad y a la violencia serán castigados. En su fuero interno, y a nivel personal, AMLO puede seguir creyendo en el perdón. Puede seguir repitiendo que no es un hombre vengativo y no quiere serlo. Pero a nivel institucional y como jefe de Estado ojalá aprenda las lecciones comparativas de otros países que han lidiado con pasados violentos. Esa violencia no cesará si los especialistas estatales que la han producido no son expuestos y sancionados. Para reducir la criminalidad, importa más obligar a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas que incrementar su poder o su presencia. Y eso entrañaría una Comisión de la Verdad pero no sólo para Ayotzinapa; tendría que abarcar también a generales, a soldados, a policías federales, a policías estatales, a policías municipales. Mecanismos como comisiones de la verdad y tribunales generan información invaluable sobre patrones generalizados y sistemáticos de violación a los derechos humanos. Son armas poderosas para la investigación y la disuasión. Sólo usándolas podremos acceder a la paz. Sólo usándolas lograremos salir del despeñadero.

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SE AGOTA EL PODER; SUBE LA PROTESTA…

“

Menos días Señor Gobernador”, le dice su secretario al mandatario chiapaneco cuando le faltan cuatro semanas o exactamente 31 día para que entregue los bártulos del poder. Entonces el titular del Poder Ejecutivo le dice a su Secretario de Hacienda cuánto queda en las arcas públicas, y este le dice una cantidad determinada. --Entonces manda a remodelar todas las cárceles del Estado. Sorprendido el subalterno le dice: ¡Cómo Señor!. ¿No sería mejor invertir en escuelas y hospitales? --No seas pendejo, ¿crees que cuando salgamos de aquí vamos a ir a una escuela o un hospital?. Bueno, este es solo un mal chiste que no le hace mucha gracia ni al gobernador MANUEL VELASCO COELLO ni a los tres titulares de la Secretaría de Hacienda, los cinco Secretarios de Educación; los cuatro de la Secretaría del Campo; los cuatro Secretarios de Gobierno y los tres gobernadores que ha tenido el Estado de Chiapas en este sexenio de corrupción e impunidad. Decía el maestro y ex gobernador de Chiapas, JAVIER LÓPEZ MORENO que “cuando el poder se agota, la voces en contra suben de tono”. Es cierto, pero en el sexenio de MANUEL VELASCO COELLO desde que el mismo inició y en la cúspide del poder, aun con un millón 300 mil votos, las manifestaciones en su contra fueron persistente un día sí y otro también. Había días en que se le juntaban hasta tres marchas, mítines y plantones en el Parque Central, frente a Palacio de Gobierno, donde el GÜERO VELASCO nunca despachó. En la recta final como Gobernador Sustituto “de sí mismo” por una treta legaloide e infame, MANUEL VELASCO COELLO “ni se asusta ni se acongoja”; lo que pase en el Estado le vale madres. Él sigue en su burbuja de confort y acumulando riquezas mal habidas, mientras diversos sectores toman las calles en manifestación de descontento, hartazgo y desprecio a su persona y su gobierno; pero más por su impotencia de no poder hacer algo para que se castigue a él y los depredadores del erario público y el abuso de poder.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS…

En este gobierno verde de imberbes los daños son múltiples y a diversos sectores, principalmente al de educación, salud, el campo y la economía, que ha incidido en un ínfimo índice de desarrollo humano, político, económico y social de Chiapas y los chiapanecos. Si bien el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO derrochó miles de millones de pesos y endeudó las arcas del Estado, con MANUEL VELASCO COELLO se han desbordado los actos de corrupción, de caprichos y ocurrencia, –

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• Menos días, señor gobernador… • Repudian sectores a MANUEL VELASCO... • Comentarios al Margen…

como el lienzo charro de casi 260 millones de pesos, la participación en la Plaza Ámbar de Tuxtla y la auto adjudicación de lo que era el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo—; así como el derroche de dinero en obras sin sustento social. De ahí viene que diversos sectores sociales como los empresarios se han inconformado por la falta de pagos a sus adeudos y en respuesta les han fincado responsabilidades judiciales e inclusive metieron a la cárcel al cabecilla, RAFAEL JIMÉNEZ ARÉCHAR y seis integrante más. Lo mismo sucedió en Tapachula cuando transportistas se manifestaban y detuvieron a dos de sus dirigentes. El mayor conflicto que provocó el gobierno inútil de MANUEL VELASCO COELLO fue a la educación. Primero se alió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, apoyando la elección y levantando la mano de ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ como Secretario General de la Sección VII del SNTE. Y para celebrar, los dirigentes de la CNTE indujeron el plantón de casi 82 días en 2013. Para el 2014 y años subsecuentes, la historia de “lucha contra la reforma educativa” provocó la ausencia de las aulas, marchas, bloqueos, cierre de carreteras y plantones que contribuyen al más bajo nivel educativo que se tenga en el país. Las cosas no cambiaron, sino que empeoraron con la ascensión de PEDRO GÓMEZ BAHAMACA en la dirigencia del SNTE-CNTE de la Sección VII. El movimiento se ha recrudecido y ahora por cualquier motivo, inclusive fuera de las demandas del magisterio, se manifiestan públicamente cerrando las principales entradas y salidas de las ciudades más importantes del Estado, como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Catazajá, Comitán, Ciu-

dad Cuauhtémoc, Comalapa, en la frontera con Guatemala. El motivo de la protesta es que: “a un mes de la conclusión del gobierno de MANUEL VELASCO COELLO, prevalece la corrupción descarada, desvíos de recursos públicos y el desfalco de las arcas públicas”. Es una buena excusa, pero me pregunto yo: ¿por qué si esta situación de frivolidad, derroche, corrupción e impunidad se observó desde el inicio de este gobierno verde de imberbes, no se manifestó antes el magisterio en este sentido de pedir cuantas claras, transparencia e inclusive la renuncia de MANUEL VELASCO COELLO?. No, este es un pretexto para manifestarse y continuar con el negocio de la movilización que a ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ y PEDRO GÓMEZ BAHAMACA, les ha redituado millonarios recursos para sus bolsillos. La autoridad debiera investigar en este sentido a estos falsos líderes que amenazan a los maestros si no participan o les otorgan canonjías para que les sigan en sus aventuras que no aportan nada a la educación de calidad. Estoy de acuerdo en la manifestación porque a esta que inició el lunes 5 de noviembre ha convocado a trabajadores del sector salud y la burocracia a la que MANUEL VELASCO COELLO le ha hecho mucho daño e inclusive robado sus derechos laborales y económicos que suman miles de millones de pesos. Pero a 39 años de iniciado el movimiento magisterial, es justo que se haga uso de la inteligencia –utilizando otros métodos y estrategias-- para presionar al gobierno que es el que tiene la culpa de las irregularidades en la administración de los recursos destinados a la educación y que los maestros tengan que recurrir a las movilizaciones de masas, que dicho de paso, no ha servido de nada y nadie les hace caso. Hay que cambiar

las formas para llegar al fondo de la solución, de manera definitiva.

BURÓCRATAS ENFADADOS CON MAVECO…

En la recta final de este gobierno que llegó con muchas expectativas y promesas de que “nada de caprichos y un gobierno de planeación que escucha y atiende”, la desilusión es enorme. Quienes más han sufrido el embate de una administración prepotente, impositiva, represiva, simuladora, cínica, corrupta e impune, son los mismos trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. Desde el 24 de junio de 2013, cuando fue la elección del relevo de la dirigencia del sindicato de burócratas, MANUEL VELASCO COELLO, sus testaferros y dos que tres esquiroles, se plantearon desmantelar la organización sindical. Para eso utilizaron a las autoridades del Tribunal Burocrático y en específico quienes presidieron ese organismo de conciliación laboral institucional. Hasta ahora el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, ¡no existe!. El proyecto fue disponer de los recursos que le corresponden al Sindicato y sus agremiados. Además, bloquear esa instancia defensora de los derechos de los burócratas para anular la posibilidad de detener las fechorías institucionales del GÜERO VELASCO y sus corifeos de la Hacienda del Estado; suspender el pago de retroactivo, la extinción del Seguro de Mutuo de Vida y el pago completo del aguinaldo correspondiente de este año fiscal 2018. En el sector salud las denuncias por irregularidades presupuestales van desde los 670 millones de pesos hasta los 2 mil 500 millones; la falta de instrumental médico, medicinas e implementos de curación. También los trabajadores del sector salud reclaman pagos atrasados y cumplimiento a sus derechos laborales. Los daños al erario públicos, el abuso de autoridad, la persecución a los demandantes de atención, falta de pago y cumplimiento de innumerables minutas firmadas, es extraordinario y fatal para las arcas públicas y mejores estadios de vida de los chiapanecos que hoy un 78 por ciento (más de 3 millones 500 mil habitantes) están en pobreza y pobreza extrema. Figura este gobierno entre los de menor índice de desarrollo económico y laboral, en las estadísticas nacionales. Y así podríamos seguir señalando las atrocidades por las que ha tenido que pasar la ciudadanía chiapaneca a manos de un imberbe que se dedicó a la frivolidad, a sus caprichos y ocurrencias, dejando que el Estado y los municipios se desmoronaran en todos sentidos. Aun con todo estos elementos de cargo en contra de MANUEL VELASCO COELLO y su runfla de testaferros cómplices, ¡no va a pasar nada!... Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 6 de Noviembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1498 DECLARACIÓN

Autoridades mexicanas con capacidad para atender éxodo masivo de migrantes: Segob

INFORME

Localizan a niños tzotziles que se perdieron en la Ciudad de México

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MENSAJE

AMLO llama “amarillista” a Proceso; la libertad implica mensajes de ida y vuelta, dice PAG. 3

PROTESTA

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SOLICITUD

CNDH pide a la Corte votar contra toda la Ley de Seguridad Interior

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Marchan Campesinos de Ejidos de Cintalapa inmersos en problemática por el caso Chimalapas La marcha la iniciaron en la caseta de revisión del ejido Emiliano Zapata hacia el parque central de Cintalapa, en donde participan hombres, mujeres y niños quienes molestos por la falta de interese del gobierno federal y estatal, mismos que han pasado décadas y no tocan el tema que trae en problemas graves a los habitantes de esa zona.

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La CNDH emite recomendación a la fiscalía de Coahuila por un caso de desaparición forzada