CONTRAPODER EDICIÓN 1458 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los riesgos de que MORENA se convierta en un partido avasallante

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Durante más de 8 décadas a la población mexicana se le expropió su facultad de elección y por ende, del ejercicio democrático. En 1928 se creó un partido hegemónico y se constituyó después un sistema de partidos simulado.

Ayer en el momento en que el presidente de la CNDH daba una conferencia en Chiapas sobre derechos humanos, los estudiantes de Mactumatzá eran reprimidos. Chiapas no solo es el territorio del caos sino también de la incongruencia. La CEDH invita al Ombudspersons para difundir la protección de derechos humanos, pero guarda un silencio cómplice ante las violaciones que hay al derecho a la protesta.

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EN CHIAPAS

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1458

INVESTIGACIÓN

PROTESTA

Comisión del INE viajará a Chiapas para defender los derechos de las mujeres que son presionadas por sus partidos a abandonar la curul Lo que ocurre con las renuncias de mujeres a cargos municipales y legislativos en Chiapas en inaceptable, así lo condenamos, reiteró Lorenzo Córdova

Reclaman abandono de autoridades federales y estatales a damnificados de Chiapas

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ENCUENTRO

El GIEI viajará a México para abordar con AMLO y Encinas el caso Ayotzinapa

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HOY ESCRIBEN PAG. 3

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Se han localizado mil 307 fosas clandestinas con tres mil 926 cuerpos desde 2007: CNDH

ACUSACIÓN

Denuncian cafeticultores desvío millonario, al amparo del Gobierno

UNAM: EL GOBIERNO NUNCA INFORMA… TAMPOCO AHORA Pablo Gómez

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BÉLGICA: CENTROS LINDOS… PARA ENCERRAR A FAMILIAS MIGRANTES CON NIÑOS Marco Appel

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EL ARTÍCULO ANÓNIMO QUE ENFURECIÓ A TRUMP

New York Times News Service PAG. 13

DEFENSORES, DISIDENTES Y PERIODISTAS SUFREN ACOSO EN CUBA, DICE LA ONU; EL GOBIERNO LO NIEGA Gabriela Sotomayor

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EL CRIMEN ORGANIZADO FRENTE A ESTADOS DESORGANIZADOS Rafael Croda PAG. 5

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Los riesgos de que MORENA se convierta en un partido avasallante

urante más de 8 décadas a la población mexicana se le expropió su facultad de elección y por ende, del ejercicio democrático. En 1928 se creó un partido hegemónico y se constituyó después un sistema de partidos simulado, en donde el que ganaba todos los cargos de elección popular era siempre el mismo partido. En los años 70, a través de una reforma política surgieron nuevos partidos y se abrió la posibilidad de un sistema plural de partidos, en donde el PRI seguía manteniendo la hegemonía. En las elecciones de 1988 se fortalece el pluralismo político en el país, pero sin un Estado de derecho, que dificultaba la transición a la democracia. En el año 2000 se constituye un gobierno de la alternancia, pero al mismo tiempo se deja de lado la transición a la democracia. En el 2018 surge el tercer gobierno de la alternancia, con una atomización del sistema de partidos, que vuelve tenue la permanencia del pluralismo político y se abre la posibilidad de la consolidación de un sistema de partido único. En el México moderno se constituyó un régimen político autori-

tario, que se resiste a morir, aún y cuando ha vivido diferentes crisis: el movimiento estudiantil del 68; las elecciones de 1988; el levantamiento armado zapatista de 1994; la derrota del PRI en el 2000 y ahora la pérdida de la hegemonía del PRI en las recientes elecciones del 2018. Junto a estas crisis, durante las últimas cinco décadas, el Estado Mexicano abandonó la atención de las demandas sociales de la población y la pobreza y desigualdad social creció a niveles alarmantes. Con este abandono, el Estado Mexicano vivió un resquebrajamiento en sus instituciones que posibilitó la infiltración del narcotráfico, presente en el país, primero como ruta de paso a los Estados Unidos, luego como productores e introductores al territorio vecino y ahora disputándose el mercado de consumo interno, creándose así los grupos mexicanos ligados al narcotráfico, que permeó los distintos niveles de gobierno y corrompió a todos los cuerpos policíacos y la impartición de justicia La descomposición del Estado Mexicano, se evidencia por los escándalos en que presidentes municipales, gobernadores, diputados, jueces, funcionarios de la presiden-

cia, altos mandos militares, empresarios y los partidos políticos, han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada, en la que la realidad terminó superando a la ficción y hoy día se vive en el país una integración de la política, la empresa y la delincuencia organizada. La gota que derramó el vaso y exhibió la violación de los derechos humanos que prevalece en el país, fue la desaparición forzada de los 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que destapó la existencia de múltiples fosas clandestinas en Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, que dan muestra de la impunidad con que se desaparece y asesina a la población civil en este país, con el agravante de que la situación de inconformidad, el hartazgo y malestar, fue creciendo por la crisis económica que vive el país desde los años 70s, malestar popular que se volcó en las urnas a favor de AMLO, y que abre las expectativas de una transformación del régimen político. El desastre social en varios estados del país, obliga a repensar el papel del Estado y la reconstrucción de la nación mexicana se convierte en una necesidad política válida y de-

seable, pero que presenta múltiples dificultades por el fracaso evidente del sistema de partidos en el país, por la ausencia de nuevas ciudadanías reflexivas y críticas, por las pobres experiencias de participación política en las prácticas democráticas y por la crisis de confianza y de credibilidad que prevalece en la población, pero sobre todo, por el riesgo que representa la disminución de un pluralismo político ante el dominio hegemónico que logró MORENA en las recientes elecciones, que paradójicamente puede llegar a debilitar la vida democrática en lugar de fortalecerla. Un ejemplo de esto se vivió el martes 4 de septiembre en la sesión del senado, en donde MORENA a través de acuerdos políticos nada transparentes, se impuso sobre la legalidad aprobando la licencia de Manuel Velasco Coello, en donde no sólo se violó el reglamento del senado, al discutir dos veces el mismo asunto en la misma sesión sino que se ignoró que el retorno de Velasco Coello viola el artículo 116 de la constitución y constituye de facto una reelección, lo que resulta preocupante del estilo avasallador del partido hegemónico, que se reinventa con las mismas prácticas del PRI.

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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Comisión del INE viajará a Chiapas para defender los derechos de las mujeres que son presionadas por sus partidos a abandonar la curul De la Redacción Ciudad de México, (Tribuna)

ara investigar el caso de las 40 mujeres que obtuvieron cargos de elección popular en los comicios locales del pasado domingo 1 de julio, que empezaron a renunciar para darle paso así a hombres en esos escaños, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó sobre la presión y coacción a estas mujeres por lo que ya se confirmó que una comisión viajará a Chiapas para defender los derechos de las mujeres. Lo que ocurre con las renuncias de mujeres a cargos municipales y legislativos en Chiapas en inaceptable, así lo condenamos, reiteró Lorenzo Córdova. Si bien se informó que todas han renunciado por voluntad propia, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC de Chiapas advirtió que podrían estar siendo víctimas de violencia política, expuso el consejero presidente del INE. El asunto no es menor, por lo que es de celebrarse que se activó un protocolo de defensa de los derechos políticos de las mujeres, así como investigaciones para hallar el origen de las decisiones de renuncia, AGREGÓ Lorenzo Córdova. Subrayó que la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación procederá conforme a la ley en contra de los partidos o actores políticos que pretendan violentar a las mujeres para renunciar a sus cargos y así ser sustituidas por hombres, antes de ser designadas o tomar posesión.

Lo que ocurre con las renuncias de mujeres a cargos municipales y legislativos en Chiapas en inaceptable, así lo condenamos, reiteró Lorenzo Córdova

Se tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar la asignación de regidurías y diputaciones de representación proporcional. Y no solo por parte de las autoridades locales están “encendidas” las luces rojas de un auténtico crimen a los derechos políticos y civiles de las mujeres, recalcó. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, alertó sobre la presión y coacción a estas mujeres por lo que ya se confirmó que una comisión viajará a Chiapas para defender los derechos de las mujeres. De esta forma, Chiapas vuelve a ser noticia a nivel nacional, y estar en las primeras planas de las conversaciones políticas por el fenómeno de las “Juanitas”. Pero en esta ocasión no son una, dos o incluso cinco, lo cual ya sería de suyo grave: pues al menos 40 mujeres candidatas han presentado su renuncia al cargo electo de diputadas locales o regidurías, para dar paso muy proba-

blemente a un hombre. Es un desastre cívico de proporciones nunca antes lo cual refleja la pobreza y la violencia política de ese estado; por ello las alertas están encendidas en aquella tierra y en el centro. Hay que recordar que el fenómeno de las “Juanitas” a las candidaturas simuladas, es utilizado por los partidos políticos interesados en registrar a una mujer para después hacerla renunciar y sustituirla por un hombre. Hasta ahora 25 mujeres inscritas como regidoras y 10 como diputadas locales, todas por la vía plurinominal, han renunciado en municipios chiapanecos para que sus cargos sean ocupados por hombres. Por ejemplo, ha trascendido que sin decoro de formas políticas, las renuncias más notables ocurrieron en el municipio de Mapastepec. Se reportó que las candidatas electas a regidoras de representación proporcional llegaron a despedirse de su cargo en una camioneta del candidato

a presidente municipal, Nicolás Noriega, a quien le corresponde ocupar dicho puesto tras la renuncia de las regidoras electas. Desde el lunes pasado, a la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ubicada en la capital del estado, empezaron a llegar una a una las mujeres de dichos institutos políticos, quienes habían obtenido cargos de elección popular como regidoras o diputadas por la vía plurinominal. Esto llamó la atención a los consejeros electorales, por lo que, las integrantes de la “Comisión de igualdad de género y no discriminación” del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), las consejeras electorales, Blanca Estela Parra Chávez y Laura León Carballo, hicieron un llamado a todas esas mujeres a no ceder ante presiones. Por otro lado, los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, lanzaron un exhorto a los partidos políticos para garantizar que las mujeres que fueron registradas como candidatas en este Proceso Electoral Local 2017-2018, accedan sin obstáculos y con el respaldo de los órganos partidistas, a los espacios de Representación Proporcional que por derecho les corresponde, evitando incurrir en alguna acción u omisión que configure la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Piden transparencia en elecciones para rectoría de la UNACH Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) renovará el próximo mes de diciembre el cargo de rector, por lo que los próximos días tendrá que emitir la convocatoria para permitir el relevo de este cargo máximo de la casa de estudios en el estado, por ello algunos docentes, maestros e investigadores ya han comenzado a levantar la mano para participar en este proceso. En este sentido, Gonzalo Vázquez Natarén, quien ha sido docente y directivo de la Facultad de Contaduría en Tapachula de esta Universidad, ex-

presó su deseo por participar en este proceso, en el que ya participó hace 4 años. Mencionó que la universidad ha ganado espacios y prestigio importante pero se requiere de mayor esfuerzo para proyectar el conocimiento de los jóvenes universitarios y aplicarlos en el desarrollo de Chiapas, ya que a partir de la calidad de la enseñanza en la casa de estudios, es como la sociedad va a enfrentar los próximos retos importantes. Pidió a quienes tienen la decisión de elegir al nuevo rector que entrará en funciones próximamente, como es la Junta de Gobierno, lo hagan con una

selección adecuada, y que se decida por el mejor proyecto para lograr el desarrollo que tanto se necesita en la institución universitaria. Y es que ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones en que es el gobernante en turno el que elige de manera antidemocrática, quien tomará los destinos de la Universidad Autónoma de Chiapas, y casi siempre se trata de una elección política, no así académica, como lo requiere la autonomía de esta Universidad. Cabe hacer mención que, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, actual rector de la Unach, comenzó su gestión en el 2014 y culminará el último mes

del 2018, en la que a lo largo de su gestión se ha pronunciado por encontrar para la máxima casa de estudios de Chiapas, la solución a los retos, que se presentaron en las diferentes áreas del conocimiento. (iM rrc)

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Reclaman abandono de autoridades federales y estatales a damnificados de Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

un año del sismo del 8.2 grados, en Chiapas, sólo hay decepción y protestas, violaciones graves al derecho a una vivienda digna, amenazas con bloquear carreteras y puentes fronterizos internacionales. A cumplirse este viernes 7, el primer año del sismo que desbastó parte de la entidad chiapaneca, Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para Todos (RedTDT), dio a conocer que los gobiernos estatal y federal le han fallado a los damnificados. Según la organización, los damnificados temen que ante el cambio de gobierno se queden desamparados, pues miles aún esperan la ayuda prometida. Detalló que realizaron un recorrido por cuatro comunidades de Chiapas, entre estas Paredón, Huizachal, Gustavo López y Nuevo Urbina, en la región costera de Chiapas, donde constataron la angustia que viven a diario las familias damnificadas. Ríos explicó que, en muchos casos, familias se quedaron esperando recursos que nunca llegaron, y en el mejor de los casos sólo les dieron 85 mil pesos y no los 120 mil que les prometieron. Los damnificados explicaron que el gobierno federal culpa al estatal por no aportar su parte en recursos, sin embargo, para los afectados el responsable es el Estado Mexicano, pues fueron todos lo órdenes de gobierno quienes asumieron el compromiso de apoyarlos. Y no sólo son viviendas, en la región fronteriza del río Suchiate, varios municipios siguen esperando a que el

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Docentes de diferentes regiones del estado se manifestaron este viernes en la sede del edificio alterno de la SEF en Tuxtla Gutiérrez para exigir que sean tomados en cuenta en el presente ciclo de cadenas de cambios. Germán Javier Pérez, secretario general de la Delegación D1-20 de la Sección 7 del SNTE informó que la inconformidad se generó en la designación de cambios mediante un mecanismo de escalafón, proceso normal y que es conocido por todo el magisterio chiapaneco. Sin embargo existan casos como el de la maestra María Guadalupe Ramos de Los Santos, quien no respetó

Según la organización, los damnificados temen que ante el cambio de gobierno se queden desamparados, pues miles aún esperan la ayuda prometida

gobierno estatal y federal intervengan y reconstruyan o rehabiliten al menos 40 escuelas del nivel básico principalmente, que fueron dañadas por el sismo del 7 de septiembre del 2017. Javier Ovilla Estrada, uno de los líderes de los comités de padres de familia, expuso que han marchado, que han bloqueado carreteras, que han tomado puentes fronterizos internacionales para hacerse escuchar, sin embargo, los han traído “a puras minutas”. “Prometen, prometen y nunca cumplen”, dice Ovilla Estrada, quien adelantó que esta semana, si el gobierno no cumple, volverán a tomar los puentes fronterizos que conectan a México con Centroamérica. Mientras tanto, expone, miles de niños toman clases en condiciones paupérrimas en escuelas a punto de colapsar o bien bajo árboles o galeras improvisadas. Este viernes amaneció bloqueado el tramo carretero, Tuxtla-Chiapa de Corzo. Maestros, padres de familia y alumnos salieron a poner piedras,

palos y llantas en la cinta asfáltica. Denunciaron que el propio Aurelio Nuño, como Secretario de Educación Pública y el gobernador Manuel Velasco Coello, llegaron a este Centro de Atención Múltiple tan pronto como ocurrió el sismo. Les prometieron ayuda para reconstruir la escuela dañada, pero aún siguen esperando. A este centro educativo, llegan niños con capacidades diferentes. Hasta ellos, algunos en silla de ruedas, tuvieron que plantarse en la carretera. “Que el gobierno nos voltee a ver. Se van a ir y nos van a dejar así”, dijo Josefa López Flores, una madre de familia de esa escuela. Tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, las autoridades estatales constataron daños en 46 mil 773 viviendas. De éstas, 14 mil 073 se encontraron con daño total que requirieron demolición y construcción nueva y 32 mil 700 con daños parciales. Informaron que hasta ahora se han entregado un total de 45 mil 216 tarjetas BANSEFI, de las cuales: 13 mil

550 son de daño total y 31 mil 666 son de daño parcial. Cabe señalar que aún hay pendientes mil 557 tarjetas pendientes de las cuales, 41 tarjetas están en producción del plástico por parte de BANSEFI, para cambios de nombre y mil 516 se encuentran en sucursales para ser entregadas. Al grupo de personas que ya recibieron su tarjeta se les ha depositado un total de mil 564 millones 892 mil pesos de los cuales ya han retirado mil 525 millones 357 mil 337 pesos. De las 14 mil 073 viviendas con daño total que ya recibieron tarjeta, al reporte del mes de abril, 9 mil 889 ya habían iniciado su reconstrucción. Según Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil, con la entrega de los recursos a través de las tarjetas, se cumple el compromiso del gobierno de apoyar a la población que perdió o vio afectada su vivienda por el sismo. En Chiapas estuvo ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, cuestionado sobre este incumplimiento a los damnificados, dijo que a ese organismo han llegado quejas tanto de la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre como de damnificados de Chiapas y Oaxaca. A un año del sismo, dijo que ordenó dentro de su organismo que se emita un informe detallado y que exhortará a las autoridades estatales y federales a que cumplan sus compromisos, pues se han documentado violaciones graves a los derechos humanos.

Docentes de la Sección 7 exigen que se respeten las cadenas de cambios del presente ciclo el escalafón efectuado este jueves dictaminado por la base magisterial. “Todos nos sometimos a este proceso pero esta maestra no lo hizo a pesar de las invitaciones formales que se le hizo llegar”, precisó. Señalaron que Ángel Morales director de Educación Primaria fue quien dio una orden que va en contra de los lineamientos, ordenando la reinstalación de la docente violentando los acuerdos de la zona escolar y delegación sindical. La situación ha generado que un docente asignado a la misma escuela Jaime Sabines del Municipio de Chia-

pa de Corzo, está perdiendo su lugar ganado en la cadena de cambios. “Es un caso que ha generado que los docentes de 25 escuelas se inconformes la situación ya ha decidido no dar clases por el tema, incluso hay padre de familia que han con-

frontado a los maestros pero es un problema entre docentes que se tiene que resolver ya, por eso pedimos a las autoridades educativas poner orden y que sean destituidos Ángel Morales y María Guadalupe que es su protegida”, concluyeron.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Denuncian cafeticultores desvío millonario, al amparo del Gobierno A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

a Asociación Mexicana del Café en el estado de Chiapas (Amecafe) desvió durante el último año alrededor de 300 millones de pesos destinados para cientos de agricultores independientes que generaron utilidades. En conferencia de prensa, Ismael Gómez Coronel, presidente de la Confederación de Cooperativas “Unidos para Estar Bien”, denunció que Cruz Argüello Miceli, coordinador ejecutivo de la Amecafe, junto con el representante, estatal de la asociación, Luis Herrera Solís, han sido omisos y poco transparentes con el destino del fideicomiso Programa Integral de Atención a la Caficultura (PIAC) “Para Chiapas más o menos como de 300 millones de pesos de un total de 900 que ellos dicen, repetimos no existe un informe detallado financiero del recurso, cuánto de interés ha generado”, expresó. A lo anterior, criticó que los representantes han presentado “someramente” un informe donde existen 900 millones de pesos, “pero no presentan un estado financiero real de cuál es el estado que guarda ese recurso, ese fidecomiso que ha estado en manos del Amecafe; antes participaba Sagarpa ahora únicamente la Amecafe y lo están dispersando cuando ya este gobierno finaliza y están dejando un 10 por ciento”.

Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

Debido al incremento de robos en el sector comercial, empresarios se ven en la necesidad de invertir sus recursos en la instalación de cámaras de video vigilancia, equipos tecnológicos que han pasado de ser un lujo a una necesidad ante las pérdidas que han sufrido los comerciantes. El Vice Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito del Soconusco, Alberto Pineda Tuells, dio a conocer que la situación de inseguridad es preocupante y a pesar de los operativos que las autoridades policíacas de tres niveles han realizado, los del ilícitos siguen a la alza. Dijo que hay varios comercios que han sido víctima de los delincuentes, por ello se han visto en la necesidad de instalar cámaras de video vigilancia, que sin bien estos equipos tecnológicos no les previenen de los atracos, pero si contribuyen a poder reconocer a los pillos y con base a las imágenes hacer más fácil el trabajo de las corporaciones policíacas.

En conferencia de prensa, Ismael Gómez Coronel, presidente de la Confederación de Cooperativas “Unidos para Estar Bien”, denunció que Cruz Argüello Miceli, coordinador ejecutivo de la Amecafe, junto con el representante, estatal de la asociación, Luis Herrera Solís, han sido omisos y poco transparentes con el destino del fideicomiso Programa Integral de Atención a la Caficultura (PIAC)

Indicó que la molestia de los productores es por el manejo y detalles de la las reglas de operación de los recursos obtenidos a través del fideicomiso. “Ellos son los que han armado, son los que han decidido porque no existe la participación directa de los productores”, dijo.

Asimismo, manifestó que en 2016 la ASF ha dado a conocer auditorías de un presunto desvío de recursos, “la Auditoría Superior de la Federación en el que manifiesta un desvío de 430 millones aproximadamente, están las auditorías”. Ante estos cuestionamientos, expuso que durante la actual admi-

nistración no se ha investigado el destino y las reglas de operación en las que ha se ha visto favorecido la Amecafe, “donde la corrupción y la impunidad duermen en el sueño de los justos”. Subrayó que desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café los productores han quedado en estado de indefensión y olvidados por los gobiernos que entrado de los ochentas a la fecha. Explicó que el Programa Integral de Atención a la Caficultura no ha servido para nada desde su creación en 2012, ya que únicamente han otorgado recursos por 700 millones de pesos para atender y combatir la problemática del café con la roya naranja. Cuando el precio estuviera debajo de los 100 dólares el gobierno federal dio como un especie de crédito, y raíz de eso cuando ya el café sube los 100 dólares el productor empieza a pagar, se crea un fideicomiso famoso que en estos días la Amecafe está distribuyendo u otorgando a quienes aportaron en su momento a través de la facturación el apoyo que se había dado en el gobierno de Vicente Fox.

Ante inseguridad empresarios en la necesidad de invertir en video vigilancia Señaló que afortunadamente los costos de adquisición de los equipos tecnológicos son accesibles, lo que favorece al sector empresarial para no realizar grandes erogaciones de recursos para instalarlos en sus establecimientos, de lo contrario no habría como coadyuvar con las autoridades policíacas. Detalló que ante el nuevo sistema de justicia penal, es necesario contar con pruebas contundentes para poder denunciar a los delincuentes, de ahí que es necesario contar con los equipos necesarios para poder grabar el momento y conocer el modus operandi de las bandas que se dedican a robar en los comercios. “Se ha vuelto un común denominador el contar con equipos de video vigilancia y afortunadamente los costos de adquisición de los equipos tecnológicos son cada vez

más económicos y accesibles para un pequeño comercio, y ya no hay que hacer grandes inversiones en la instalación de los mismos” sostuvo. Finalmente pidió a las corporacio-

nes policíacas a coordinar estrategias para brindar mayor seguridad al comercio establecido, ya que existe zozobra entre los empresarios debido a los altos índices de robos. (iM rrc)

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Maestros de Jalisco suspenderán clases en ocho mil escuelas por falta de pago Gloria Reza M. Guadalajara, Jal. (apro)

l secretario general de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elpidio Yáñez Rubio, informó que por la falta de pago de sueldos y prestaciones, los docentes suspenderán clases el próximo lunes 10 en ocho mil escuelas del sistema educativo federal. “Asistirán a cubrir su horario o su cargo al área, firmando su entrada y salida, es decir, los maestros y personal de apoyo estarán en las escuelas, pero no se dará el servicio educativo, como una acción para manifestar nuestra inconformidad”, explicó el líder sindical. Con la medida –acordada por aproximadamente 2 mil maestros– se afectará a 800 mil estudiantes que asisten a las escuelas de educación básica en el estado. Elpidio Yáñez recordó que ante la exigencia del pago de quincenas –en algunos casos con retraso de hasta nueve meses–, la Secretaría de Educación Jalisco ha sido parcial, por lo que su única alternativa es suspender actividades. El profesor indicó que las clases

“Asistirán a cubrir su horario o su cargo al área, firmando su entrada y salida, es decir, los maestros y personal de apoyo estarán en las escuelas, pero no se dará el servicio educativo, como una acción para manifestar nuestra inconformidad”, explicó el líder sindical

se reanudarán el martes 11, y esperan para el jueves 13 una solución definitiva por parte de la autoridad educativa, de lo contrario realizarán paros escalonados, manifestaciones en la vía pública y hasta la toma de edificios. El secretario general de la Sección 16 consideró que el problema

de raíz es que el software del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) no es compatible con el sistema estatal, lo que ha derivado en un desorden administrativo, por lo que exigió que se descentralice el pago del salario de los maestros y de sus prestaciones.

“Centralizar la nómina en el caso particular de los trabajadores federalizados sí nos perjudicó y ésta es la mejor prueba de ello. Antes el problema se solucionaba en el estado y máximo en dos quincenas estábamos recibiendo nuestros pagos. Hoy con el centralismo de la nómina sí se va a tres, cuatro quincenas lo ordinario, pero hoy estamos hablando de casos extraordinarios, de meses en los que varios compañeros dejaron de percibir su salario y algunas prestaciones”, comentó. Finalmente refirió que, a principio de año, a 12 mil maestros no se les pagó a tiempo, mientras que para la primera quincena de agosto fueron 400 los afectados, y la quincena pasada el número creció a 2 mil. Desde el pasado lunes 3, la Sección 16, entregó un oficio al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, en el que, además de reiterar su demanda de pagos, se anunciaba que estarían trabajando bajo protesta “como primera medida”.

“Estamos cansados de que mientras ustedes ponen las ‘estrategias’, nosotros ponemos los muertos”: policías a Corral Patricia Mayorga Ciudad de México (apro)

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) exigieron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, asumir el mando de la seguridad como “comandante supremo de las fuerzas estatales” y poner un alto a los “generadores de la violencia”, entre los cuales mencionaron a Óscar Alberto Aparicio Avendaño, cabeza de esa corporación. “Estamos cansados de que mientras ustedes ponen las ‘estrategias’, nosotros ponemos los muertos”, destacaron en una misiva enviada al mandatario, luego del ataque perpetrado ayer contra agentes de la CES en la comunidad La Laguna, perteneciente al municipio de Bocoyna, de los cuales cuatro murieron –dos por impactos de bala y otros dos calcinados– y 10 resultaron lesionados. Dicho ataque ocurrió cuando los policías regresaban de Ciudad de Cuauhtémoc, donde pusieron a disposición del Ministerio Público a tres personas aprehendidas en el poblado de San Juanito, la cuales, de acuerdo con medios locales, pertenecían al grupo delictivo “La Línea”.

Según la información difundida, “La Línea” habría rescatado al líder de la región, César Daniel Manjarrez Alonso, El H2, supuestamente uno de los detenidos en San Juanito. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron que entre las personas arrestadas no se encuentra Manjarrez y no hubo un solo rescatado en la agresión, dado que ésta se registró cuando los policías regresaban de haber puesto a disposición a los detenidos. Los agentes asesinados en la comunidad La Laguna, del municipio de Bocoyna, eran: Víctor Ortega Morales, Martín Rafael Alemán Hinojos, Santiago Domingo Herrera y Edgar Chavira Juárez. Otros diez policías resultaron lesionados, seis de ellos de gravedad, pero se reportan estables. De acuerdo con información extraoficial, el convoy estaba conformado por 19 agentes estatales. En la carta enviada a Corral y difundida en redes sociales y medios de comunicación locales, agentes de la CES califican de “insólito e irresponsable” que, ante las diversas acusaciones que han hecho contra Aparicio “y demás mandos que lo

acompañaron a su llegada a nuestro estado y que dirigen la corporación”, en el sentido de que “son ellos los verdaderos generadores de la violencia” que se vive en el estado, no tome cartas en el asunto. “No es posible que Usted, señor gobernador, no quiera ver la evidente complicidad entre los aludidos mandos superiores y la delincuencia organizada, ya que Aparicio sólo le vende espejitos y usted se los compra; siéntese un día en una patrulla de las qué hay en los destacamentos y dese cuenta de la realidad de cómo trabajamos. Estamos cansados

de que mientras ustedes ponen las ‘estrategias’, nosotros ponemos los muertos”. Añaden: “Ya basta señor gobernador de que Aparicio, Serrano y Ginez amenacen con ‘llegar hasta las últimas consecuencias’ o que ‘se aplicará toda la fuerza del Estado en contra de los perpetradores’. Pregunte en este momento el operativo real que anda en la zona de Creel, tome usted el mando como comandante supremo de las fuerzas estatales y vea tal ‘operativo’ (…) Queremos mandos que verdaderamente valoren nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra vida”.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Damnificados desmienten a Murat y Robles: Oaxaca “no está de pie” Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

275 kilómetros de la zona cero, el epicentro del desastre que dejó el terremoto del 7 de septiembre del año pasado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la representante presidencial Rosario Robles Berlanga conmemoraron un “año de la tragedia” y aseguraron que los gobiernos federal y estatal “han cumplido cabalmente”. Este viernes, mientras en la Alameda de León, en esta capital, Murat presidía el acto conmemorativo denominado “A un año de la tragedia, Oaxaca está de pie”, en el Istmo de Tehuantepec se realizaron marchas, bloqueos carreteros y foros en los cuales los damnificados emplazaron a los gobiernos estatal y federal a cumplir las promesas de reconstrucción que hicieron a los pueblos zapotecas, huaves, mixes y chontales. La Coordinadora General de Damnificados realizó una marcha pacífica del panteón municipal de Asunción Ixtaltepec al centro de la población, donde se llevó a cabo un foro regional. Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) también salieron a las calles para protestar, y lo mismo hicieron damnificados de Matías Romero. Antes, autoridades y padres de familia de la Ventosa, Matías Romero y Jalapa del Marqués realizaron bloqueos carreteros para demandar que el gobierno de Murat los atienda, pues a un año del desastre hay más de 688 escuelas sin reconstruir, mientras que aproximadamente 100 mil estudiantes reciben clases debajo lonas o de las sombras de los árboles, así como en galeras y estacionamientos, exponiéndose a enfermedades. En Juchitán se izó la bandera a media asta, y las autoridades municipales solo colocaron una ofrenda floral. Los maestros destacaron que este viernes salieron a las calles “en apoyo a la ciudadanía, a los alumnos, a los padres de familia, para decirles que, así como se han llevado las consignas y logros de uniformes y útiles escolares, ahora son solidarios con este pueblo para que les cumplan las promesas de reconstrucción que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. “No sólo pedimos que se parchen las escuelas o se tomen la foto. Hoy el malestar es en todo el Istmo. Hoy ya no queremos mesas en la capital, sino que vengan a la región y vean la realidad de la afectación. La temporada

Este viernes, mientras en la Alameda de León, en esta capital, Murat presidía el acto conmemorativo denominado “A un año de la tragedia, Oaxaca está de pie”, en el Istmo de Tehuantepec se realizaron marchas, bloqueos carreteros y foros en los cuales los damnificados emplazaron a los gobiernos estatal y federal a cumplir las promesas de reconstrucción que hicieron a los pueblos zapotecas, huaves, mixes y chontales

de lluvias y frío están a la vuelta de la esquina, ¿y cómo sí hay suficiente dinero para reconstruir cuarteles y no para reconstruir a las aulas?”, se quejaron. Precisaron que la gente de Jalapa del Marqués realizó un bloqueo carretero que duró cerca de 48 horas, “y si no es con esa movilización el gobierno no integra esas mesas donde pueda dialogar con los padres”. A un año de la tragedia, los maestros resaltaron que solamente en las escuelas donde vinieron los políticos a tomarse la foto es donde se ha dado la reconstrucción, porque en casi 70% ni siquiera han hecho acto de presencia las constructoras. “Y qué decir de la ciudadanía, que a cuentagotas le están dando apoyos con las tarjetas del Fonden, un recurso que han manipulado para las campañas y para condicionar programas sociales, entonces, hoy emplazamos al gobierno a que asuma su responsabilidad a cumplir todas las promesas que hicieron a esta ciudadanía para que a corto plazo se dé la reconstrucción de casas y escuelas”. En tanto, en Matías Romero desmintieron a los gobiernos federal, estatal y municipal al señalar que el Istmo no está de pie, como se ha dicho, porque hay damnificados que no han sido censados ni atendidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles. “Se han llenado la bocota de que el Istmo está de pie y realmente tuvimos que movilizarnos para desmentir las declaraciones del gobierno con

una marcha-caravana a la Ciudad de México y marchas en la región, así como retenciones de funcionarios y plantones. Es una farsa del gobierno porque hay muchos damnificados que no han sido atendidos”. En un comunicado difundido este viernes, el gobernador Murat aseguró: “Oaxaca está en marcha y este es el ejemplo de que estamos de pie”. El director de la escuela secundaria técnica número 50 de Juchitán, José Juan Carrasco López, manifestó: “Me da tristeza porque regresamos a la época de Rafael Ramírez, cuando las escuelas rurales recibían clases bajo un árbol y con una pizarra. Esto no nos asusta, pero sí lamentamos las condiciones en que tenemos a los muchachos. Son siete horas a la intemperie, bajo una lona, con lluvia en algunos casos, y da tristeza que no nos escuchan”. Agregó: “Tenemos 24 grupos, y de esos, nueve a la intemperie, siete grupos en el domo, en espacios, cuatro en estacionamiento y en espacios provisionales o bajo un árbol y lona. No contamos con espacios, son dos turnos, y son 850 alumnos. Esos hechos desmienten al gobernador cuando dijo que las escuelas están restablecidas al 100%”. Según el profesor, pueden constatar que más de 70 u 80% en la región del Ismo no están en condiciones para realizar el trabajo educativo. “Y el claro ejemplo es la técnica 50”, puntualizó. En Asunción Ixtaltepec, la Coordinadora de Damnificados demandó una auditoria para saber en dónde

quedaron todos los apoyos de gobiernos extranjeros, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. También se quejaron de que más de 300 damnificados de San Juan Mazatlán, Mixe, no han recibido sus tarjetas de Bansefi y que ahora una empresa enviada por la esposa del gobernador del estado, Ivette Morán de Murat, pretende construir las viviendas. Pero en esta capital, Rosario Robles presumió –ante un presídium trajeado y de luto– que la reconstrucción “se caracterizó por ser un proceso participativo en donde la decisión fue empoderar al beneficiario y donde la gente recibió el recurso para reconstruir su vivienda”. El gobierno de la República, a través de Sedatu, “emprendió el proceso de apoyo”, sostuvo, pero aclaró que “no manejó ningún peso, no contrató a ninguna empresa privada, el dinero lo recibió quien es más interesado en reconstruir su hogar: la familia damnificada”. Entonces, agregó, “los gobiernos han cumplido cabalmente con la entrega de tarjetas y la firma de beneficiarios”. En las redes sociales, Murat Hinojosa acaparó lo reflectores al cometer un dislate cuando confundió a los Ángeles Verdes con los Ángeles Azules que acudieron a Ixhuatán: “México es grande cuando vemos la manera en que respondimos y cómo en San Mateo estaban Conafor o en Ixhuatán estaban los Ángeles Azules o en Juchitán estaba la secretaría de Gobernación”.

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De la redacción Ciudad de México (apro)

os cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron durante un año la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa viajarán este mes a México para reunirse con el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo a Apro una fuente cercana a la organización del encuentro. De acuerdo con la fuente consultada, el encuentro tiene el propósito de acordar la participación del GIEI en la nueva ruta que trazará el próximo gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes y hacer justicia, algo que no ha ocurrido a pesar de que el hecho sucedió hace cuatro años. Encinas ha dicho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, no partirá de cero en su propósito de resolver el emblemático caso, sino que retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y a sus presuntos agresores, en una labor a menudo obstaculizada por el gobierno. Los cinco integrantes del GIEI –los abogados colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y sicólogo español Carlos Martín Beristain— participarán el 26 de septiembre en un encuentro que tendrá López Obrador con familiares de los 43 normalistas desaparecidos. El acto, en el cual se conmemorará el cuarto aniversario de ese hecho que conmocionó a México, se realizará en el Museo Memoria y Tolerancia, y estarán además representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue el organismo que convocó al GIEI para

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Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció un aumento de entre 12 y 18% en el costo del peaje de 37 autopistas y libramientos, así como tres puentes nacionales e internacionales, a partir de este viernes. En un comunicado indicó que la instrucción de la actualización de las tarifas de peaje de la red carretera provino del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Capufe precisó que el Fonadin decidido mantener “sin cambio” la tarifa del corredor Ciudad de MéxicoCuernavaca-Acapulco. Ante el aumento, la autopista México-Querétaro pasará de 148 a 166 pesos, lo que implica una diferencia de 18 pesos o un 12.16% más. La México-Puebla pasará de 141 a 165 pesos, 24 pesos más, o un incre-

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El GIEI viajará a México para abordar con AMLO y Encinas el caso Ayotzinapa De acuerdo con la fuente consultada, el encuentro tiene el propósito de acordar la participación del GIEI en la nueva ruta que trazará el próximo gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes y hacer justicia, algo que no ha ocurrido a pesar de que el hecho sucedió hace cuatro años

coadyuvar a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Los integrantes del GIEI han hecho saber a Encinas que tienen “total voluntad” de ayudar en todo lo que puedan al gobierno de López Obrador para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014– y determinar quiénes fueron los responsables, dijo la fuente consultada. Señaló que el viaje de los expertos a México es para acordar con Encinas la manera en que participarán en el relanzamiento de la investigación que hará el próximo gobierno y conocer si se requerirá su presencia permanente, temporal o intermitente en ese país. Para ello, los expertos sostendrán una reunión de trabajo con Encinas tenta-

tivamente el 25 de este mes. “La agenda aún se está definiendo”, señaló la fuente. El GIEI participó como coadyuvante de las indagaciones del caso Ayotzinapa entre abril de 2015 y abril de 2016, periodo durante el cual rindió dos informes que desacreditaron la versión del gobierno mexicano sobre los hechos –la famosa “verdad histórica, que señala que los 43 estudiantes fueron incinerados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos en el basurero de Cocula— y recomendaron seguir otras líneas de investigación. Durante su estancia en México, los integrantes del GIEI enfrentaron varios obstáculos y bloqueos a su labor por parte de altas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de funcionarios de Los Pinos

que fueron renuentes a seguir las recomendaciones de los cinco expertos. El mandato del GIEI en México terminó el 30 de abril de 2016, luego de que el gobierno mexicano consideró que ya había estado “un tiempo suficiente” en el país y que no era necesario prolongar su estancia. Entre los hallazgos del grupo figuraron varias irregularidades cometidas por la PGR durante la investigación, como torturas a los detenidos para obtener confesiones y una diligencia que hizo en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sin que fuera incluida en el expediente. La semana anterior, el presidente Enrique Peña Nieto dijo estar convencido de que los 43 estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. El futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respondió al presidente que todas las evidencias científicas demuestran “que no fue así” y que, además, existe la presunción de que investigadores de la PGR “sembraron pruebas” en el basurero para sustentar la “verdad histórica” a la que se aferró el gobierno de Peña Nieto desde enero de 2015.

Capufe anuncia aumento de entre 12 y 18% en la red carretera mento de poco más de 17%. La autopista Córdoba-Veracruz, cuyo peaje era de 179 pesos, a partir de hoy es de 206, un incremento de 27 pesos que significa 15%. Pero el que registró el mayor aumento fue el Libramiento Sur II de Reynosa, cuyo peaje pasará de 22 a 66 pesos, con una diferencia de 44 pesos o un 200% de aumento. En el caso de los automovilistas que transiten por la vía México-Querétaro tendrán que pagar 166 pesos, lo que representa un incremento de 18 pesos. A partir de hoy, utilizar la autopista Monterrey-Nuevo Laredo costará 253, lo que significa un aumento de 34 pesos.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se han localizado mil 307 fosas clandestinas con tres mil 926 cuerpos desde 2007: CNDH De la redacción Ciudad de México (apro)

e acuerdo con un muestreo hemerográfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que desde 2007 han sido localizadas en el país 1,307 fosas clandestinas con 3,926 cuerpos, incluida la última de Veracruz con 166 cráneos. En el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, la CNDH constató que del 1 de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016 se localizaron 1,143 fosas con 3,230 cadáveres o restos humanos. En un nuevo muestreo hemerográfico, comprendido del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de este año, la Comisión detectó 163 nuevas fosas y 530 cuerpos. En conjunto, sumada la hallada el jueves en Veracruz con 166 cuerpos, dan un total de 1,307 fosas y 3,926 cadáveres, desde el año 2007. En cuanto a los estados en que se localizó el mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la CNDH, son Veracruz, 37; Chihuahua, cuando menos 22; Sinaloa, 22; Zacatecas, 17, y Jalisco, 14, mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco, 126; Veracruz, 83; Nayarit, 70; Zacatecas, 51 y Chihuahua, 59. En contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,

De la redacción Ciudad de México (apro)

Una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudió esta tarde a la casa de transición para exigir que en la actual legislatura se abrogue la reforma educativa. Enrique Enríquez Ibarra, secretario de la sección 9, demandó una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle el planteamiento, además de exigir liberación de presos políticos, reinstalación de profesores cesados y apoyos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos, entre otras. Poco más de 120 maestros mar-

En el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, la CNDH constató que del 1 de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016 se localizaron 1,143 fosas con 3,230 cadáveres o restos humanos

Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no se hallaron fosas clandestinas, y los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán, 1; Quintana Roo, 1; Nuevo León, 2; Coahuila, 4 y Colima, 6. En un comunicado, la Comisión destacó la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de este y el siguiente gobierno establezcan en el corto plazo una política integral que prevenga,

investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas, lo cual permitirá que los familiares de las víctimas ejerzan sin cortapisa sus derechos reconocidos en la Constitución Mexicana, en los instrumentos internacionales y leyes afines, especialmente los relacionados con los derechos a la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del

daño y garantías de no repetición, y que se les dé toda la participación que la ley les reconoce, así como acceso a la información puntual, oportuna y sistemática. La CNDH realizó este ejercicio de muestreo en seguimiento de su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, y solicitará a las autoridades la información oficial disponible.

La CNTE exige en la casa de transición la abrogación de la reforma educativa charon de la Glorieta de Insurgentes a las oficinas de López Obrador, donde una comisión fue recibida por Leticia Ramírez, encargada de Atención Ciudadana. En la movilización participaron integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60. “¿Qué quieren los maestros?, abrogar, abrogar, la reforma criminal”, son parte de las consignas. También corearon: “fuera porros de la UNAM, fuera porros de la UNAM”.

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

“

Señor presidente, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente” es la consigna que esta mañana corearon las madres de víctimas de feminicidio en México al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, afuera de su casa de transición. Antes de las siete de la mañana se conformó una fila de mujeres a las puertas de la casa de López Obrador quien después de las elecciones del primero de julio que le dieron el triunfo, ha recibido en ese lugar a diario a personas y colectivos que se acercan al inmueble ubicado en la colonia Roma con demandas al gobierno entrante, lo que es una manifestación del descontento social que hay en el país. Mientras las madres congregadas esta mañana esperaban pacientes ser atendidas, o tenían la esperanza de acercarse a López Obrador, de pronto irrumpió en la calle el grito de “¡Ni una asesinada más!”, las mujeres anunciaron su presencia en medio de docenas de hombres extrabajadores de la empresa automovilística Daimler Chrysler, quienes desde temprano también se plantaron con dos pancartas gigantes en demanda de servicios de atención médica. Las consignas de víctimas y defensoras que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) resonaron aún más fuerte “¡justicia, justicia, justicia!”. Al verlas, los extrabajadores pronto se aglutinaron, y como si se tratara de una competencia gritaron “¡corrupción, corrupción, corrupción!”, pero sus reclamos durarían unos segundos frente a las demandas de las madres cuyas hijas fueron asesinadas. Los hombres tuvieron que replegarse al fondo y las madres de víctimas transitaron hasta la entrada de las casa, ellos pasaron toda la mañana indiferentes a las demandas de las mujeres. Con los medios de comunicación atiborrados pues se han situado en la casa de transición por las expectativas que genera el gobierno de AMLO, Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía asesinada en el Estado de México en 2010, leyó el pliego de peticiones que tienen las víctimas de feminicidio para el presidente electo: quieren se les dé a conocer la estrategia de gobierno que tiene para atender los asesinatos de mujeres, si no existe, que se siente con ellas y las organizaciones civiles expertas como el OCNF para construirlo; exigen asimismo la depuración del personal de las Fiscalías de Justicia, pues éstas son la principal traba para que las mujeres y sus familias accedan a la justicia. Demandan a AMLO que se pronuncie sobre la asignación de las presidentas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los dos organismos rectores de la política de género en el país. Su consigna es contundente, desean conocer qué lugar ocupa más del 50 por ciento de población que representan las mexi-

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Madres de víctimas de feminicidio exigen a AMLO respuestas sobre violencia de género

canas en la agenda del Gobierno, o en lo que AMLO llama “la cuarta transformación”. Las madres de víctimas de feminicidio acompañadas por el OCNF, una organización con 14 años de experticia en tema, explicaron en la manifestación que han intentado acercarse al equipo de trabajo de Obrador por diversos medios. Primero intentaron con quien ellas consideraban una aliada, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pero no respondió a una carta que le enviaron. Ahora se dirigen directo al presidente, quien ha dejado a las mujeres fuera de su discurso, recordaron. Los “Foros Escucha” que organizó AMLO para marcar la ruta de “pacificación del país” con las familias de las víctimas de la violencia arrancaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el epicentro de los asesinatos de mujeres en los años noventa. Ahí donde se les nombró por primera vez “feminicidio” y las madres comenzaron a clamar justicia para sus hijas asesinadas o desaparecidas, el presidente no dijo ninguna palabra sobre el problema. Todo lo opuesto, Obrador pidió a las víctimas otorgar el “perdón” pero la respuesta de las madres y padres fue un retundo “no”, su demanda siempre es clara, quieren verdad y justicia, y nuevamente se lo recuerdan esta mañana que las madres se manifestaron “¡Ni perdón, ni olvido, a los asesinos”!, gritaron. Norma Ledezma, fundadora en 2002 la organización “Justicia para Nuestras Hijas” en Ciudad Juárez, contó su experiencia en este foro. “Para el gobierno de Obrador no hay diferencia del feminicidio con otros crímenes, son colocadas en el mismo saco de víctimas (entre desaparecidos, víctimas del narcotráfico, desplazados), no se entiende que las mujeres enfrentan

una violencia específica, a ellas se les asesina simplemente por su género”, dijo. Finalmente salió Leticia Ramírez Anaya, la designada para atender a las y los ciudadanos que tocan las puertas del inmueble ubicado en la calle Chihuahua 216, por alguna inconformidad o solicitud que tengan al presidente. Amable, invita a un grupo de ellas a ingresar a la casa para que tome nota de sus denuncias. Entró la coordinadora general del Observatorio del Feminicidio, María de la Luz Estrada y otras tres madres de víctimas de feminicidio, para que de viva voz conozca las omisiones y negligencias que enfrentan para alcanzar la justicia. Sin embargo, la reunión terminó pronto, Leticia Ramírez, como su cargo lo indica “Atención Ciudadana”, únicamente tiene la facultad de escuchar a quienes se acercan a la casa, en un país azotado por la violencia cualquier tipo de demanda se hace. Aunque por ser mujer, Ramírez Anaya se dijo comprometida “con la causa de las mujeres”, no puede darles a las defensoras y madres lo que desean, una fecha de reunión concreta con el presidente. Se sienten en incertidumbre y zozobra declaró a los medios la defensora María de la Luz Estrada. Pero la desesperanza de las víctimas y defensoras se esfumó momentáneamente cuando la seguridad que resguarda la casa les pidió no obstruir la entrada porque López Obrador venía en camino. Organizadas formaron una hilera tratando que sus pancartas fueran visibles. Enfrente estaban la madre de Nadia Muciño, de María Sun Borrego, Lesvy Berlín Rivera, Fernanda Catalina Rico, Mariana Lima, todos casos emblemáticos del feminicidio en México. “¡Queremos reunión con López Obrador! ¡Queremos reunión con

López Obrador!” gritaron con ánimo ante la noticia. En cada automóvil que circulaba por la calle prestaban atención, pensando que el próximo podía ser el presidente electo. Sin embargo, transcurrió el tiempo y la desesperanza regresó, finalmente lo intuyen: nadie iba aparecer. Las integrantes del Observatorio del Feminicidio integrado por organizaciones de 22 estados y las madres de víctimas se marcharon, no sin antes darle un ultimátum a Obrador: que les responda a lo largo del día sus peticiones y acuerde una reunión con ellas. La señora Irinea Buendía aprovechó la presencia de los medios para enviarle un mensaje al presidente, dijo que le da el beneficio de la duda pues “ha viajado por todo el país y conoce nuestra situación”. Otras, como Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín asesinada en 2017 en la Ciudad de México, le recuerda a Obrador que un gabinete paritario, un Congreso de la Unión paritario, no garantiza a las mujeres un cambio en la violencia cotidiana que enfrentan en las calles, de sus parejas, en sus trabajos o centros de estudios. Las mujeres no quieren otro presidente omiso a la violencia que viven, le dice a través de la cámaras y micrófonos. Legalmente a estas mujeres no les hace falta nada, han luchado para contar con un andamiaje que les permita acceder a la justicia: el feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas, se cuenta con protocolos especializados para investigar los asesinatos violentos de mujeres, así como sus desapariciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Mariana Lima estipuló que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio, hay múltiples instancias para atender la violencia contra las mujeres (institutos de las mujeres estatales, centros de justicia) e incluso fiscalías especializadas en feminicidio. No obstante conocen bien lo que les falta: voluntad política, una Fiscalía de Justicia que funcione e investigue con debida diligencia los asesinatos de mujeres hasta llegar a la justicia. Que la indiferencia a esta problemática se rompa. A meses de asumir la presidencia la magnitud del reto que enfrenta AMLO ante el feminicidio es de siete mujeres asesinadas diariamente, según datos de ONUMujeres. El OCNF cuenta 9 mil desaparecidas de 2007 a 2018, por eso ellas se preguntan ¿las mujeres están en incluidas en la cuarta transformación?

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL CRIMEN ORGANIZADO FRENTE A ESTADOS DESORGANIZADOS Rafael Croda

diferencia de México, donde hasta ahora ningún grupo del crimen organizado ha manifestado su intención de entregarse a la justicia, en Colombia hay uno, La Oficina, que busca un acuerdo con el gobierno para desarmarse, desmantelar sus negocios ilícitos y pagar por sus crímenes. En Colombia ya hay antecedentes de pactos gubernamentales con organizaciones del crimen organizado. El más recordado es el que se hizo con el Cártel de Medellín en los 90, a través del cual el jefe de ese grupo, Pablo Escobar, se sometió a la justicia. El caso de Escobar salió mal, porque el narcotraficante siguió manejando sus negocios de droga desde la cárcel La Catedral, la cual él mismo mandó a construir. Incluso ejecutó en el interior del penal a sus socios Fernando y Mario Galeano y Gerardo y William Moncada. El 21 de julio de 1992, cuando el Ejército puso en marcha un caótico operativo para trasladar al capo a una prisión militar, él y sus hombres se fugaron. Un año y cuatro meses después, Escobar fue ejecutado en una casa en Medellín. La Oficina, la organización armada urbana más poderosa de Colombia, es precisamente una creación de Escobar. La fundó en los 80 para agrupar a todas las bandas de Medellín y fue durante años su brazo armado. Desde entonces, ha mutado y subsistido. Tuvo una etapa paramilitar en la que colaboró con la policía y el Ejército para exterminar a las células urbanas de las guerrillas que estaban presentes en las comunas de Medellín. Nunca ha sido ajena a ninguna de las rentas criminales que se generan en esa ciudad colombiana y en nueve municipios colindantes. Hoy La Oficina es una confederación de bandas con una dirección colectiva que establece las reglas operativas del crimen en Medellín y su zona metropolitana y que cobra un porcentaje de todos los negocios ilegales que se realizan en esa urbe: desde microtráfico hasta cobros por deudas de transacciones de drogas. “Ocho”, un vocero designado por la dirección colectiva de La Oficina, dijo a la revista Proceso(edición 2182) que la organización está dispuesta a acogerse a la justicia, desarmarse y desmantelar sus negocios a cambio de una rebaja de penas para sus integrantes e inversión social y empleo en los barrios donde están sus bases. Un proceso de esta naturaleza podría generar una reducción sig-

nificativa de la violencia en Medellín, la segunda ciudad colombiana y donde este año se ha registrado un aumento del 20% en el número de homicidios. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reaccionó a la propuesta de ”Ocho” advirtiendo que él no negociará con delincuentes. “La opción con cualquier estructura criminal no es la negociación sino el sometimiento”, aseguró. Pero en realidad no es el acalde al que le corresponde pactar una salida legal para propiciar la entrega a la justicia de integrantes de grupos armados como La Oficina, sino al gobierno nacional y al Congreso, que es donde se hacen las reformas legislativas que se requieren para este tipo de procesos. Con frecuencia ocurre que el crimen organizado se enfrenta a Estados desorganizados. No solo cuando estos combaten estructuras ilegales, sino cuando se trata de dar respuestas novedosas a problemas tan complejos como el narcotráfico y la violencia que este fenómeno delictivo produce. Los gobiernos suelen actuar con medidas coyunturales y no con estrategias de largo plazo frente al crimen. En los 90, el gobierno de Colombia propició la entrega de Pablo Escobar y de otros jefes del Cártel de Medellín –como los hermanos Ochoa Vásquez– a través de un decreto presidencial que les otorgaba a esos capos un trato judicial benigno: un máximo de ocho años de cárcel y la garantía de no extraditarlos a Estados Unidos. Los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez, socios de Escobar, se entregaron a la justicia en 1991 en el marco de ese decreto y salieron en libertad cinco años después. El primero aún vive en su finca cerca de Medellín. El segundo murió de un infarto al corazón en 2013.

La política criminal, una respuesta

El activista humanitario y experto en crimen urbano, Luis Fernando Quijano, piensa que cuando un

grupo criminal quiere entregarse a la justicia a cambio de beneficios judiciales hay que tomarle la palabra y darle una salida en el marco de la ley. Estados Unidos, que tanto presiona a América Latina en materia de lucha contra el narcotráfico, contempla en su legislación beneficios judiciales para quienes cooperen con la justicia. Tan es así, que muchos narcotraficantes colombianos solicitados en extradición por Estados Unidos prefieren entregarse a la justicia de ese país que hacerlo en Colombia. A cambio de delaciones y de entregar parte de sus fortunas al Tío Sam, han cumplido unos cuántos años de cárcel y han salido a disfrutar la plata que les quedó de sus años en la ilegalidad. Muchos, incluso, se quedan en Estados Unidos con sus familias con permisos de residencia pactados de antemano. Cuando una organización criminal quiere acogerse a la justicia a cambio de rebajas de penas al menos hay que ver si las legislaciones nacionales tienen respuestas y, si no, debatir la pertinencia de legislar al respeto. Los incentivos legales para propiciar justicia siempre han existido. En Colombia, hay legisladores de diferentes corrientes políticas dispuestos a expedir una ley para la entrega de los integrantes de La Oficina. El asesor legal de la dirección colegiada de La Oficina, Ricardo Andrés Giraldo, considera que “es necesario darles a estas organizaciones salidas legales para romper el ciclo de violencia” y afirma que la actual estrategia para combatir el delito no está dando resultados. Giraldo plantea impulsar una ley que permita a todos los “actores del conflicto armado urbano” de Colombia acudir a la justicia, confesar sus crímenes, abandonar sus negocios ilícitos y recibir, a cambio, penas de entre cinco y ocho años de prisión, en el caso de delitos comunes, y hasta de 10 años en los casos de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, ejecuciones y tortura. Propone, además, incentivos

como que los condenados puedan cumplir sus penas en granjas agrícolas, y que se limite la admisión de solicitudes de extradición a Estados Unidos a los delitos que se hayan cometido después de que haya entrado en vigor la eventual legislación. Él cree que con este marco legal se propiciaría que en Medellín y otras ciudades de Colombia con alto niveles de criminalidad haya un “acogimiento” a la justicia, individual y colectivo, de integrantes de estructuras delincuenciales que generan violencia y terror entre la población. La experiencia colombiana puede ser un referente del proceso que se ha echado a andar en México para buscar la paz del país con estrategias de combate al crimen alternativas a las tradicionales. Al mismo tiempo, lo que ocurra en México en materia de pacificación también puede aportar elementos a considerar en Colombia. Los dos países –junto con los centroamericanos—son los que más alto precio han pagado en la lucha global contra el narcotráfico. Por eso tienen toda la autoridad para ensayar fórmulas novedosas, y siempre en el marco de la ley, para combatir ese y otros fenómenos delictivos. Lo que se haga en ese sentido es parte de la política criminal que cada país decida diseñar y poner en marcha. La política criminal es un principio de organización del Estado frente a las diferentes conductas delictivas. El jurista argentino Alberto Binder la define como “una forma de violencia estatal organizada”. La Corte Constitucional de Colombia definió en 2001 la política criminal como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. Las respuestas, señala la Corte, pueden ser sociales, jurídicas, policiacas, penales, económicas, culturales, administrativas, tecnológicas y, desde luego, políticas. El sociólogo y abogado italiano Alessandro Baratta consideraba que la política criminal es una herramienta de los Estados para prevención y enfrentar el delito, y hacer frente a sus consecuencias. México y Colombia pueden echar mano de todas las herramientas que sus legislaciones les permitan –y que se enmarquen en el derecho y la normatividad internacionales– para dar respuesta a fenómenos criminales que no han podido resolver con estrategias convencionales.

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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DEFENSORES, DISIDENTES Y PERIODISTAS SUFREN ACOSO EN CUBA, DICE LA ONU; EL GOBIERNO LO NIEGA

n sus conclusiones sobre la revisión del informe de Cuba, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por siglas en inglés) manifestó su profunda preocupación por la criminalización, acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de los defensores de derechos humanos de los afrodescendientes, cuestión que el gobierno de La Habana negó de manera rotunda. La delegación cubana afirmó ante el CERD que en la isla no ha habido ningún caso de acoso a defensores de derechos humanos desde la Revolución encabezada por Fidel Castro, en 1959, lo que provocó varios cruces de miradas entre los expertos del organismo. El CERD está compuesto por 18 expertos independientes (personas de reconocido prestigio moral e imparcialidad), quienes tienen como tarea principal revisar que los Estados cumplan con la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, a la que Cuba está suscrito. En esta ocasión, el diálogo con el gobierno cubano, así como la sesión de preguntas y respuestas, tuvieron sus bemoles. Como sucede con la revisión de todos los países suscritos a la Convención, el Comité de Expertos elige a un relator, en este caso el brasileño Silvio José Albuquerque, designado para guiar el diálogo con el Estado parte, y responsable de entregar un informe sobre los avances y motivos de preocupación en la materia. Al tomar la palabra, Albuquerque presentó un resumen balanceado y comprehensivo de la situación en Cuba, subrayando que sigue habiendo una “discriminación racial estructural” que afecta principalmente a los afrodescendientes. Pero, más allá de esta cuestión, el tema que centró el debate fue lo relativo a la situación de los defensores de derechos humanos y activistas. Albuquerque aseguró haber recibido informes de integrantes de la sociedad civil cubana sobre restricciones impuestas a lo largo de este año 2018 a defensores de los derechos humanos y representantes de la misma sociedad para viajar al exterior con el objetivo de participar en reuniones de derechos humanos, algunas de ellas organizadas por entidades de Naciones Unidas. “Específicamente, este relator ha recibido informaciones sobre la prohibición de viaje al exterior de dos representantes de la sociedad civil que participarían en la presente sesión del CERD: los señores Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Co-

Gabriela Sotomayor mité Ciudadano por la Integración Racial, y Roberto Santana, vinculado a la misma entidad’’, dijo el experto brasileño. “En el video que me fue enviado y compartido con el secretariado para conocimiento de todos mis colegas, el señor Madrazo informa que fue citado a la Dirección de Inmigración y Extranjería de la Plaza de la Revolución en La Habana. En esa oportunidad una autoridad del gobierno de nombre Mayor Mónica le informó que él estaba regulado por el decreto Ley 302 Artículo 25, lo que se traducía en la prohibición de viajar al exterior por al menos 21 días’’, describió. Albuquerque aseguró que en ese video “el señor Madrazo nos informó que autoridades del Estado habrían impedido la realización del taller Políticas Anticulturales en Cuba en el contexto de la preparación de entidades de la sociedad civil para la sesión del CERD (…) Recibí también la información de que el señor Norberto Mesa Carbonell , uno de los organizadores de ese taller, habría sido conducido a una unidad de la policía y posteriormente liberado sin cargos’’, lo que en Cuba se conoce como “detenciones express”. Rodolfo Reyes Rodríguez, titular de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe de su delegación, manifestó que era justo traer el tema de “los llamados hostigamientos y represalias de defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan en temas relacionados con el racismo y la xenofobia ‘’. El funcionario cubano empezó por recordar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, argumentando que no es una medida aislada. “Es una decisión clara de destruir el sistema económico, político y social del pueblo cubano; quiere decir que el bloqueo es parte de una política de hostilidad que es mucho más amplia’’. Acto seguido evocó la invasión “militar mercenaria” a Playa Girón (1961) que desembocó en el financiamiento a grupos terroristas y paramilitares que, dijo, “estuvieron asesinando a parte del pueblo cubano’’, y en su paseo por la historia de la isla caribeña remarcó que a partir de la administración Reagan muchos de los que habían actuado de manera violenta “contra la Revolución cubana, de pronto se dieron cuenta que era mucho mejor y más legítimo ante los ojos de la comunidad internacional llamarles defensores de derechos humanos’’. “Esta batalla para Cuba es difícil porque tenemos que luchar contra una matriz de opinión que no sólo se

corresponde con las denuncias que se envían sino con las publicaciones en los medios y la prensa, con el uso o la manipulación de internet, y realmente Estados Unidos tiene una capacidad abrumadora de incidir en la opinión pública mucho mayor que la nuestra’’, defendió. “Muchos de los llamados defensores de derechos humanos son sencillamente gente pagada por Estados Unidos o por otros países, son las fuerzas radicales de la derecha más reaccionaria’’, soltó Reyes Rodríguez, quien afirmó que desde fines de la Revolución no ha habido “ningún” caso de acoso contra defensores, críticos del gobierno o periodistas. Según Reyes, en el caso de América Latina hay organizaciones que trabajan de esta manera con dinero del Congreso de Estados Unidos que se dedica a pagar millones de dólares para sus actividades, “y una parte importante de este trabajo es para fabricar, construir o esencialmente tergiversar alegaciones de supuestas violaciones a los derechos humanos’’. “¡Digo con toda responsabilidad que no es cierto, no es veraz y niego rotunda y categóricamente cualquier alegación de que hemos procedido a llevar a cabo actos de represión o de hostigamiento contra cualquier defensor de derechos humanos! ¡Nosotros hacemos cumplir la ley!’’, exclamó el funcionario cubano ante los expertos del CERD. Frente a la mirada estupefacta de éstos, Reyes Rodríguez explicó: “No se han tomado represalias con quienes colaboran de alguna manera con procedimientos especiales de la ONU o ejercen su libertad de expresión y de asociación. Todas estas personas que han sido objeto de alguna medida lo han sido con apego a la ley y por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, no por ejercitar su derecho o su condición de defensores de los derechos humanos’’. Albuquerque, el experto relator para el informe de Cuba, visiblemente molesto volvió a tomar la palabra. “El gobierno nos dijo que desde la Revolución no hubo represión a los defensores de derechos humanos en Cuba’’, subrayó, para luego hacer un breve análisis de lo que acontece en el mundo. “Hace poco más de 100 días fue asesinada en Brasil, en Río de Janeiro, la concejal negra, homosexual y militante de los derechos humanos Marielle Franco. Triste realidad en mi país que también se reproduce en otros países de América Latina, en donde las amenazas contra los defensores de derechos humanos son constantes: en África, especialmente los que defienden los derechos LGB-

TI; en Europa Occidental y Oriental, graves amenazas se hacen contra los defensores de minorías étnicas, religiosas, de migrantes. En China, en Rusia, en Estados Unidos, actuar en favor de los derechos humanos significa hoy en día exponerse a riesgos crecientes, por eso me causa cierta perplejidad que en Cuba no se hayan registrado a lo largo de los últimos años, ni de las últimas décadas, hostigamientos, acosos o violencia contra defensores de los derechos humanos’’, argumentó Albuquerque. “Sería de imaginar que agentes de seguridad, aunque incumpliendo órdenes superiores o violando normas jurídicas internas, hayan cometido acoso. No se puede imaginar que individualmente no haya habido acoso, exceso, hostigamiento a los defensores de derechos humanos, pero la delegación nos asegura que esto no ha pasado y no pasa’’, remarcó. Y más: “Deseo que quede registrado en forma clara que permanezco con importantes dudas sobre la compatibilidad de la respuesta presentada a este Comité con el conjunto de informaciones que este Comité y otros órganos de Naciones Unidas recibe frecuentemente sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Cuba’’. Enseguida, el experto brasileño insistió en la importancia del trabajo de los defensores de los derechos humanos, anónimos o no, “para reforzar el rol que este Comité desarrolla en defensa de nuestra Convención (contra Discriminación Racial). Lo que cuestiono es la inexistencia absoluta de represión, de algún grado en carácter individual que sea en contra defensores de derechos humanos (en Cuba), cuando en todo el mundo sufren amenazas directas o indirectas del gran violador de derechos humanos en el mundo que es el Estado’’. Además de tocar otros temas sobre discriminación racial, los expertos del CERD coincidieron con lo señalado por Albuquerque, y ya para terminar el diálogo, que tuvo lugar durante dos días en el Palacio Wilson, sede de las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Reyes Rodríguez volvió a justificarse: “Yo en lo personal me considero defensor de derechos humanos y aquí el problema es que se manipula la concepción y se quiere privatizar y se quiere discriminar e imponer que prevalezca que defensores de derechos humanos en Cuba son solamente aquellos que envían comunicaciones individuales contra el gobierno y aquellos que están sirviendo en campañas contra la Revolución’’.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL ARTÍCULO ANÓNIMO QUE ENFURECIÓ A TRUMP New York Times News Service The New York Times publicó el martes 4 una columna de opinión anónima. Explicó que lo hizo a petición del autor: un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump, cuya identidad conoce y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar esa información. En dicha columna, el autor dice que “muchos de los altos funcionarios” de la administración de Trump trabajan para “frustrar los impulsos más erróneos de Trump”. Furioso, el presidente tuiteó un día después: “¿Traición? (…) ¿Existe realmente el llamado ‘alto funcionario de gobierno’ o sólo es el fallido The New York Times con otra de sus fuentes falsas?”. Y añadió: “Si la cobarde persona anónima en realidad existe, ¡el Times debe, por razones de Seguridad Nacional, entregar a él/ella al gobierno de inmediato!”. Con autorización de The New York Times, Proceso reproduce íntegra la columna.

l presidente Trump enfrenta una prueba a su presidencia como la que ningún otro líder estadunidense moderno ha enfrentado. No se trata solamente del alcance que la investigación del fiscal especial pueda tener. O que el país esté terriblemente dividido sobre el liderazgo de Trump; ni siquiera que su partido pueda perder la Cámara de Representantes ante una oposición empeñada en derrocarlo. El dilema —que él no comprende del todo— es que muchos de los funcionarios de alto rango en su propio gobierno trabajan desde dentro con diligencia para frustrar partes de su programa político y sus peores inclinaciones. Lo sé bien, pues yo soy uno de ellos. Para ser claros, la nuestra no es la popular “resistencia” de la izquierda. Queremos que el gobierno tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas ya han convertido a Estados Unidos en un país más seguro y más próspero. No obstante, creemos que nuestro primer deber es con este país, y el presidente continúa actuando de una manera que es perjudicial para la salud de nuestra República. Es por eso que muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo. La raíz del problema es la amo-

ralidad del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe su toma de decisiones. Aunque fue electo como republicano, el presidente muestra poca afinidad hacia los ideales adoptados desde hace mucho tiempo por los conservadores: libertad de pensamiento, libertad de mercado y personas libres. En el mejor de los casos, ha invocado esos ideales en ambientes controlados. En el peor, los ha atacado directamente. Además de su mercadotecnia masiva de la noción de que la prensa es el “enemigo del pueblo”, los impulsos del presidente Trump son generalmente anticomerciales y antidemocráticos. No me malinterpreten. Hay puntos brillantes que la cobertura negativa casi incesante sobre el gobierno no ha captado: desregulación efectiva, una reforma fiscal histórica, un Ejército fortalecido y más. No obstante, estos éxitos han llegado a pesar del —y no gracias al— estilo de liderazgo del presidente, el cual es impetuoso, conflictivo, mezquino e ineficaz. Desde la Casa Blanca hasta los departamentos y las agencias del poder ejecutivo, funcionarios de alto rango admitirán de manera privada su diaria incredulidad ante los comentarios y las acciones del comandante jefe. La mayoría está trabajando para aislar sus operaciones de sus caprichos. Las reuniones con él se descarrilan y se salen del tema, él se involucra en diatribas repetitivas y su impulsividad deriva en decisiones a medias, mal informadas y en ocasiones imprudentes, de las que posteriormente se tiene que retractar. “No hay manera, literalmente, de saber si él cambiará su opinión

de un minuto al otro”, se quejó ante mí un alto funcionario recientemente, exasperado por una reunión en el Despacho Oval en la que el presidente realizó cambios en una importante decisión política que había tomado solo una semana antes. El comportamiento errático sería más preocupante si no fuera por los héroes anónimos dentro y cerca de la Casa Blanca. Algunos de sus asistentes han sido personificados como villanos por los medios. Sin embargo, en privado, han hecho grandes esfuerzos para contener las malas decisiones en el Ala Oeste, aunque claramente no siempre tienen éxito. Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadunidenses deberían saber que hay adultos a cargo. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo. Y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace. El resultado es una presidencia de dos vías. Por ejemplo, la política exterior. En público y en privado, el presidente Trump exhibe una preferencia por los autócratas y dictadores, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y muestra poco aprecio genuino por los lazos que nos unen con naciones aliadas que piensan como nosotros. Sin embargo, observadores astutos han notado que el resto del gobierno opera por otro camino, uno en el que países como Rusia son denunciados por interferir y sancionados apropiadamente, y en el que los aliados alrededor del mundo son considerados como iguales y no son ridiculizados como rivales. Por ejemplo, sobre Rusia, el presidente se mostró reacio a ex-

pulsar a muchos de los espías de Putin como castigo por el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Se quejó durante semanas de que altos miembros del gabinete lo dejaban atrapado en más confrontaciones con Rusia y expresó frustración por el hecho de que Estados Unidos continuara imponiendo sanciones a ese país por su comportamiento maligno. Sin embargo, su equipo de seguridad nacional tenía motivos para hacerlo —dichas acciones tenían que ser tomadas, para obligar a Moscú a rendir cuentas—. Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente—. Es la obra de un Estado estable. Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo rumores tempranos dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25, la que daría inicio a un complejo proceso para sacar del poder al presidente. Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que —de una manera u otra— llegue a su fin. La mayor preocupación no es lo que Trump ha hecho a la presidencia, sino lo que nosotros como nación le hemos permitido que nos haga. Nos hemos hundido profundamente con él y hemos permitido que nuestro discurso fuera despojado de la civilidad. El senador John McCain lo dijo de la mejor manera en su carta de despedida. Todos los estadunidenses deberían prestar atención a sus palabras y liberarse de la trampa del tribalismo, con el objetivo mayor de unirnos a través de nuestros valores compartidos y amar a esta gran nación. El senador McCain ya no está con nosotros, pero siempre contaremos con su ejemplo —un faro que nos guía para restaurar el honor a la vida pública y a nuestro diálogo nacional—. Trump puede temer a los hombres honorables, pero nosotros debemos venerarlos. Existe una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que eligen anteponer al país. Sin embargo, la verdadera diferencia será hecha por los ciudadanos comunes que se pongan por encima de la política, se unan con los adversarios y decidan eliminar las etiquetas para portar una sola: la de estadunidenses. Copyright: c.2018 New York Times News Service

Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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BÉLGICA: CENTROS LINDOS… PARA ENCERRAR A FAMILIAS MIGRANTES CON NIÑOS

as cámaras de televisión muestran lo que podría ser un bonito departamento en el centro de cualquier ciudad europea. El lugar es pequeño, pero está amueblado con cierto gusto y ofrece comodidades para una familia modesta. Caben entre seis y ocho personas y forma parte de un conjunto de cuatro departamentos unifamiliares de un solo nivel. En la pequeña sala hay una televisión de alta definición. Las literas de los niños, los sillones y el comedor son de diseño moderno. Una mujer enseña con aire de satisfacción una flamante lavadora. Un área de juegos infantiles con una resbaladilla y dos columpios completan lo que se presenta como un agradable cuadro familiar. Pero el enrejado de unos cuatro metros de altura y las cámaras de vigilancia revelan la verdadera naturaleza del lugar: se trata del nuevo centro cerrado para migrantes en situación irregular, localizado a un costado de la pista de despegue del aeropuerto de Bruselas, en Steenokkerzeel, un municipio de 11 mil habitantes a las afueras de Bruselas. La mujer que pasea a la prensa es la directora del centro, Brenda Melis, quien efectúa una operación de relaciones públicas con el propósito de ponerle buena cara a la decisión más criticada del gobierno del liberal Charles Michel: detener en lugares cerrados a familias inmigrantes con niños, mientras esperan ser expulsados del país. El 14 de agosto último, tres días después de entrar en vigor la nueva legislación en la materia, una pareja serbia con cuatro niños entre uno y seis años de edad, nacidos en Bélgica, fue la primera en ser llevada al “centro cerrado 127 bis” de Steenokkerzeel. Según la Oficina de Extranjería, la familia residía ilegalmente en el país desde 2012 o 2013, y en dos ocasiones huyó de “casas abiertas” donde habían sido instalados. El padre, de 37 años, está actualmente detenido tras haber sido condenado a tres años de prisión por robo con violencia y amenazas.

Indignación

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo de Europa, el Centro Federal para la Migración y cientos de asociaciones se han expresado públicamente contra la apertura de ese tipo de centros cerrados y para que sea prohibido el confinamiento de niños. Al amplio repudio en redes sociales le han seguido una serie de movilizaciones ciudadanas. Una de ellas fue la del colectivo “No

Marco Appel en mi nombre”, que logró reunir a 600 personas alrededor de la famosa estatua del Manneken-pis (el niño que hace pipí), en el centro de Bruselas, para denunciar “el paso atrás de Bélgica en materia de derechos fundamentales”. El 19 de agosto dos integrantes del colectivo feminista Femen irrumpieron semidesnudas sobre el tapete mexicano de flores que se exhibía en la Gran Plaza de Bruselas. Portaban una pancarta que decía: “Esto no es un escándalo, encerrar niños sí lo es”. Varias acciones de protesta están anunciadas próximamente en la capital y a la entrada del 127 bis en Steenokkerzeel. La organización Amnistía Internacional recordó, durante una protesta frente a la sede del gobierno, que la ONU ha considerado la detención de niños a causa del estado migratorio de sus padres un acto contrario a sus derechos, el cual provoca en ellos “un daño irreparable y comparable a la tortura y los malos tratos”. Esa atmósfera condenatoria no ha frenado al gobierno de coalición de derecha, que ha anunciado la inminente expulsión de la familia serbia --cuyo recurso de apelación fue rechazado--, así como un nuevo encierro: el de una madre y sus cinco hijos originarios de Azerbaiyán, a quienes el Estado belga les negó el asilo y ordenó varias veces abandonar el territorio nacional. El más beligerante ha sido el secretario de Estado para la migración y el asilo, Theo Francken, del partido nacionalista de derecha Nueva Alianza Flamenca. Su marcada agenda contra los refugiados y los inmigrantes ha generado varios escándalos con acusaciones de racismo y xenofobia en su contra desde que en 2014 comenzó a ejercer el cargo. “Después de muchos años de tolerancia, las familias que residen ilegalmente sobre nuestro territorio serán reenviadas a sus países. Voluntariamente si es posible, a fuerza si es necesario”, tuiteó Francken, amenazador, el pasado 21 de agosto.

Condenas

La indignación de una parte de la población está igualmente ligada al hecho de que Bélgica ha sido en el pasado condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos por retener niños en centros cerrados, que vulnera el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (prohibición absoluta de la tortura y los tratamientos inhumanos). La primera vez fue condenada en octubre de 2006, a raíz de la detención de una pequeña congolesa de cinco años en el aeropuerto de Bruselas cuando estaba de tránsito hacia Canadá, donde había encontrado asilo político su madre y con quien

iba a reunirse. La niña, de nombre Tabitha, viajaba con su tío, de quien la separaron. Estuvo detenida durante dos meses, sin ninguna protección especial, y luego fue repatriada sola a Congo. La segunda condena data de enero de 2010 y concierne a una mujer originaria de Grozni, en Chechenia, que fue encarcelada en 2006 durante un mes con sus cuatro hijos de entre siete meses y siete años de edad. Un especialista de Médicos Sin Fronteras constató que uno de los menores presentaba trastornos psicológicos y psíquicos graves debido al encierro, y que por lo tanto era necesario liberar a la familia, lo que no ocurrió porque fue expulsada a Polonia. El tercer fallo condenatorio tuvo lugar en 2011. Una mujer de SriLanka fue encerrada con sus tres hijos de 8, 11 y 13 años, después de que el gobierno belga rechazó concederles el asilo, que solicitó en la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas. La Corte Europea de Derechos Humanos dictó medidas cautelares que impidieron su deportación a la República Democrática del Congo, de donde provenían, pero no que continuaran bajo custodia. En un segundo intento obtuvieron el refugio, aunque permanecieron cuatro meses sin libertad, tiempo durante el cual los niños estuvieron expuestos a “sentimientos de angustia e inferioridad”, acusó la corte. Ya que tales condenas se referían a las condiciones “inhumanas y degradantes” en que habían sido detenidos los niños, y no a su retención en sí, la respuesta de Bélgica fue establecer como alternativa “casas abiertas de retorno”. Así los menores de edad podían ir a la escuela y seguir una vida “normal” mientras llegaba el momento de su deportación.

Situación “deplorable”

La práctica del encierro cambió desde 2009, pero no la ley, que continuó permitiendo encerrar a familias con niños como “último recurso”, si el centro estaba adaptado a las necesidades del infante y si era por poco tiempo. En 2016, el secretario Francken confirmó que el gobierno reactivaría las unidades de detención. Desde su punto de vista, las casas abiertas no resultaban eficaces en su propósito, ya que “sólo” 37% de las familias encerradas son finalmente expulsadas. El resto huye o sale libre. Organizaciones de apoyo a los refugiados opinan que ese enfoque, “puramente aritmético”, es incorrecto, y lo mejor sería reforzar el funcionamiento de las casas de retorno con más medios materiales y humanos. Más aún si, como lo explica el Centro Federal de Migración, ese disposi-

tivo permite que las familias acepten realizar el difícil “duelo migratorio”, al asumir gradualmente su circunstancia. “Seamos claros: las condiciones de encierro en 2018 no tienen nada que ver con las que Bélgica osaba proponer hace 10 años”, señaló la periodista del diario belga Le Soir, Lorraine Kihl, el 16 de agosto pasado. Continúa: “Las habitaciones prefabricadas, dignas de un departamento de catálogo de la tienda sueca de muebles y decoración Ikea, deberán preservar la unidad y, en cierta medida, la vida privada de la familia. Incluso hay un profesor a disposición de los niños”. Sin embargo, observa Kihl, “en este caso estamos hablando de niños, quienes no tienen que pagar por las decisiones o el comportamiento de sus padres”. Refiere que es una cuestión de sentido común y sobre todo un principio formulado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “La cuestión que se plantea ahora toca los valores de nuestra sociedad. ¿Qué pesa más en la balanza?: ¿ganar una relativa eficacia en la aplicación de una política migratoria o la protección de la infancia?”, termina preguntándose la periodista. A pesar del mejoramiento del entorno, a principios de septiembre los dos comisarios belgas por los derechos del niño alzaron la voz, tras visitar a la familia serbia. Bruno Vanobbergen advirtió que los niños sufren problemas psicológicos, en particular la pequeña de 6 años, que es “presa de crisis de angustia al evocar su arresto por la policía”. Su colega, Bernard Devos, asegura que los niños muestran un “estado deplorable” y requieren de “un apoyo urgente”, después de más de 20 días de estar encerrados. Ambos comisarios exigen su liberación inmediata y la suspensión del proceso para expulsarlos, ya que ninguno de los niños conoce Serbia e incluso ignoran el idioma local, pero saben que son parte de una minoría expuesta en ese país a la violencia. Narra Devos que, al estar platicando sobre Serbia con el niño de tres años, éste hizo el gesto de un cuchillo que le cortaba la garganta mientras decía: “Serbia”. Para Devos, el uso de centros cerrados es una manera de ocultar la realidad a la población: “Es una forma de decir que olvidamos toda solidaridad posible, negamos la solidaridad y decimos: ‘vamos a hacer nuestras cosas entre nosotros tranquilamente. Vamos a pedir a Serbia que haga rápidamente los pasaportes de los niños, los vamos a ocultar y eso va a desanimar toda voluntad de apoyarlos’”. Pero Francken no cede y expone que, para el gobierno, no hay otra solución.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

UNAM: EL GOBIERNO NUNCA INFORMA… TAMPOCO AHORA Pablo Gómez

a represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México. Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad. Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo. El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna. Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque

ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino? Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros. Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas. Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo

más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso. La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre. Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión. En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo. La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué? Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

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Sábado 8 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1458

LLAMADO

DELINCUENCIA

Ante inseguridad empresarios en la necesidad de invertir en video vigilancia

Piden transparencia en elecciones para rectoría de la UNACH

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COMUNICADO

Capufe anuncia aumento de entre 12 y 18% en la red carretera

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MANIFESTACIÓN

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INCONFORMIDAD

Maestros de Jalisco suspenderán clases en ocho mil escuelas por falta de pago

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Docentes de la Sección 7 exigen que se respeten las cadenas de cambios del presente ciclo Docentes de diferentes regiones del estado se manifestaron este viernes en la sede del edificio alterno de la SEF en Tuxtla Gutiérrez para exigir que sean tomados en cuenta en el presente ciclo de cadenas de cambios.

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La CNTE exige en la casa de transición la abrogación de la reforma educativa