CMAN
DOXA
EDITORIAL
Continuidad o ruptura del gobierno en Chiapas
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El historiador Daniel Cosío Villegas señaló que los gobernantes en México se caracterizan por un estilo personal para gobernar, pero nunca se imaginó que el peor de esos estilos fuera el de la coprocracia
En la secretaría de transporte se estableció un jugoso negocio con el pirataje. Se acusa que los funcionarios reciben 2 mil 500 pesos mensuales por taxi pirata. Y en Tuxtla circulan más de mil taxis piratas, que exhibe la corrupción en esa secretaría. Muchos funcionarios de transportes han terminado millonarios. Hasta se comenta que un asiduo comprador de carros en la Chrysler es Mario Carlos Culebro.
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 26 de Julio de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1423
DENUNCIA
ELECCIONES
Delegación de SAGARPA no entrega millones de pesos de programas En rueda de prensa el coordinador ejecutivo estatal de la UCD, Rafael Sánchez Victoria informó que después de que la delegación se comprometiera con la entrega de los programas pasando los comicios electorales, la SAGARPA en Chiapas ha sido omisa a 26 días de acordarse el pago de los programas
Atendió IEPC 248 quejas durante el Proceso Electoral
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DEMANDA
La CNDH y la CDHDF condenan crímenes de periodistas
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HOY ESCRIBEN PAG. 3
A 39 AÑOS DEL TRIUNFO, ORTEGA DESBARRANCA AL FSLN Roberto Fonseca
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México y Canadá van por homologación de derechos humanos, PAG. 8
laborales y ambientales: Ebrard
TRAGEDIA
Extrema “novatada” en normal rural de Chiapas: un joven muere y a dos los hospitalizan
LA SUPREMA CORTE Y LA AUSTERIDAD REPUBLICANA Luis Miguel Cano
CÓDIGO NUCÚ
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César Trujillo
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TABARÉ Y LENIN MORENO, ALIADOS NATURALES DE AMLO EN SUDAMÉRICA Rafael Croda
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ROBERTO MOYA, EL HOMBRE QUE FINANCIÓ EL FRAUDE EN PUEBLA Ernesto Villanueva
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“EL PEJE”, ENTRE LA ESPERANZA, LA INCREDULIDAD Y LA DENOSTACIÓN PAG. 4
José Gil Olmos
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 26 de Julio de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Continuidad o ruptura del gobierno en Chiapas
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l historiador Daniel Cosío Villegas señaló que los gobernantes en México se caracterizan por un estilo personal para gobernar, pero nunca se imaginó que el peor de esos estilos fuera el de la coprocracia –el gobierno del excremento-, que se caracteriza por el desorden, el cinismo, la corrupción y la indiferencia, en donde se considera que el ejercicio de gobierno es irrelevante. En Chiapas se tiene un gobierno característico de la coprocracia. La situación social y económica de la entidad ha llegado a condiciones críticas y la respuesta del gobierno no es sólo la indiferencia sino que de manera frívola, tomó la decisión de despedir a miles de trabajadores, con la finalidad de reducir el gasto y tener un ahorro que le permita estar en condiciones de hacer las devoluciones económicas a la secretaría de hacienda -de un monto superior a los 8 mil millones de pesos- que fueron detectadas por la Auditoría
Superior de la Federación como un gasto con irregularidades. Esto significa que este gobierno decidió sacrificar a sectores de la población al desempleo, que proceder al fincamiento de responsabilidades a funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades y desvíos del presupuesto. El futuro inmediato de Chiapas se prevé cada vez peor, en virtud de que no existen políticas de contención que mitiguen la crisis económica que se está viviendo y que se prevé que los próximos años sean peores. Junto a esta crisis económica y financiera de la entidad se constituyó un gobierno que perdió todo sentido y que de manera permanente envió señales de incertidumbre, en donde creció la desconfianza a todas las acciones de gobierno, misma que fue creciendo ante el incumplimiento de los compromisos que el gobernador Manuel Velasco establecía con los grupos y las personas. La situación social de Chiapas
debiera de obligarnos a una convocatoria a un pacto para evitar el precipicio que se avecina. Pero el gobierno está muy lejos del papel que se esperaba debía desempeñar y se convirtió en el principal factor de división de los chiapanecos, y con la intervención grosera que tuvo en el proceso electoral se convirtió en el principal promotor de la violencia y de los derechos políticos de la población, sobre todo de los pueblos indígenas a quienes los dejó sin representación política en el Congreso de la Unión y en el Congreso Local. El triunfo de MORENA, pactado en Chiapas con el gobernador y el partido verde, abre la posibilidad de construir un gobierno diferente, con nuevas ciudadanías, que exijan sus derechos, pero que fundamentalmente reviertan la continuidad de este gobierno de coprocracia. La tarea es esperanzadora, pero no se puede perder de vista que existen más condiciones de continuidad que de cambio, debido
a que la corrupción inundó toda la esfera de la administración pública y el propio gobernador electo, Rutilio Escandón y sus principales colaboradores, se encuentran penetrados por la corrupción y no pueden ocultar su complicidad y participación en el despilfarro y la frivolidad del estilo personal de gobernar de Velasco Coello, cuyo gobierno se ha descrito a través de 10 palabras: ineficacia, corrupción, pobreza, indiferencia, despilfarro, caprichos, opacidad, frivolidad, incertidumbre e impunidad. Esta descripción refleja el profundo malestar en la población hacia el gobernador, quien finalmente le va a exigir a Rutilio Escandón el castigo a los funcionarios del gobierno anterior, y mientras más tiempo pase sin que se aplique la ley a los excesos y abusos cometidos por Velasco Coello, aunque llegue a tener fuero como senador, más fuerte terminará siendo la ruptura de sectores de la población con el gobierno de Rutilio Escandón.
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Delegación de SAGARPA no entrega millones de pesos de programas A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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ás de 60 millones de pesos de los programas PIMAF y ProCafé no entrega el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Chiapas, Pedro Reynol Ozuna Fernández en lo que va del año, según acusó la dirigencia estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), por lo que decidieron bloquear las oficinas en la entidad. En rueda de prensa el coordinador ejecutivo estatal de la UCD, Rafael Sánchez Victoria informó que después de que la delegación se comprometiera con la entrega de los programas pasando los comicios electorales, la SAGARPA en Chiapas ha sido omisa a 26 días de acordarse el pago de los programas. “Desde antes de las elecciones teníamos ya el acuerdo, que se liberaba antes del proceso electoral, llevamos ya 25 días después del proceso electoral y no se ha cum-
En rueda de prensa el coordinador ejecutivo estatal de la UCD, Rafael Sánchez Victoria informó que después de que la delegación se comprometiera con la entrega de los programas pasando los comicios electorales, la SAGARPA en Chiapas ha sido omisa a 26 días de acordarse el pago de los programas
plido nada”, dijo. De esta forma, señaló que los recursos no entregados son por alrededor de 30 millones de pesos
en el programa de Procafé y 30 millones para el Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf ).
A lo anterior, mencionó que son 25 mil campesinos los afectados por no recibir el recurso federal, siendo el impulso productivo del café donde más han visto más perjudicados durante el 2018. “Ahorita estamos sufriendo un proceso de calor, muchísimo calor (…) el fertilizante, los agroquímicos no llegan, o sea, es una gran pérdida que si no llegan los programas en tiempo y forma se pierde mucho, el campo pierde”, declaró. De no haber una respuesta este 25 y 26 de julio, afirmó que más campesinos de 34 municipios se sumaran al plantón indefinido. “Si no hay respuesta hoy nos quedaríamos mañana, dos días, si mañana no hay respuesta vamos analizar la posibilidad de reforzar acá”, finalizó.
Atendió IEPC 248 quejas durante el Proceso Electoral El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Gilberto Bátiz García, explicó que el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 aún está vigente; el cual comprende del 7 de octubre del 2017, que es la fecha establecida por el calendario electoral, hasta la resolución de los últimos juicios de impugnación derivados de los comicios del pasado 01 de julio. Manifestó que pasada la etapa impugnativa, quienes han resultado favorecidos con la confianza de las y los ciudadanos, en los municipios y distritos que fueron disputados en las urnas, tienen que asumir sus funciones el próximo 01 de octubre, es decir, diputadas y diputados locales, así como miembros de Ayuntamiento; por lo que, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) tiene que resolver las controversias presentadas a más tardar el 31 de agosto, mientras que, para el mismo efecto, el 31 de septiembre es la fecha límite que tienen las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); para el caso de Chiapas, corresponde la Sala Xalapa. Al hacer un recuento sobre las atribuciones que le competen a la Comisión que encabeza, Bátiz García puntualizó, que el trabajo consiste en tramitar y resolver los procedi-
mientos sancionadores; resolver la procedencia de medidas cautelares; y ejecutar acciones preventivas para determinar su procedencia o en su caso investigar posibles infracciones a la legislación electoral. Dijo que en la Comisión de Quejas y Denuncias, del 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2017, se presentaron 34 quejas; mientras que, de enero al día de hoy, son 214, haciendo un total de 248 quejas presentadas, de las cuales se han resuelto 245, quedando tres, pendientes de resolución. Derivado de lo anterior, se dictaron 25 medidas cautelares, cuyo fin es privilegiar la competencia y equidad en la contienda durante el desarrollo del proceso electoral. Por otra parte, el consejero electoral indicó, que son 57 los Procedimientos Especiales Sancionadores que se han tenido que desahogar durante la contienda, principalmente por violaciones a las directrices de propaganda electoral, indebida colocación de la misma, el incorrecto uso de espacios en medios electrónicos como son la radio y la televisión, así como los actos anticipados de precampaña y campaña. Señaló que todos han sido ya resueltos. “Durante todos estos procedimientos, la Comisión ha sancionado estas actividades con distintas multas y amonestaciones. En 40 resoluciones, al margen de ser racionales y proporcionales, lo que se pretende es que sean
ejemplares y disuasivas”. Con la imposición de una sanción, lo que pretende este órgano electoral, es que no se repita la conducta impropia o atípica. “Como autoridad, lo que tenemos que priorizar, es que durante el desarrollo del proceso electoral, existan condiciones de equidad entre los competidores, es por eso que se aplican distintas sanciones de la falta cometida, las cuales van de dos mil hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) aproximadamente; mientras que, en el caso de las candidaturas independientes, y considerando que ellos no tienen una fuente de ingresos definitiva, es que se les aplica una amonestación. La intención es disuadir e inhibir este tipo de conductas y que no exista inequidad” enfatizó. Gilberto Bátiz, detalló que al mismo tiempo de aplicar sanciones a los
distintos actores políticos, el IEPC estableció una vía para que tanto partidos, candidatos y la ciudadanía, pudieran hacer valer distintas causas que implicaran un indebido desarrollo del desempeño y funciones de los integrantes de los órganos desconcentrados (ODes) los cuales estaban divididos en 122 Consejos Municipales y 24 distritales, para poder llevar a cabo el desarrollo de las elecciones. Al respecto, se tuvo conocimiento de 84 quejas, de las cuales, el Consejo General determinó 15 remociones de las y los integrantes de dichos consejos. “Lo que se dejó de manifiesto con dichas decisiones, es que la actuación de las y los consejeros municipales y distritales, debe tener una actuación con total apego a los principios de imparcialidad y certeza, respecto al voto de la ciudadanía chiapaneca”, concluyó el consejero electoral.
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Jueves 26 de Julio de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro) (Tribuna)
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ras un “curso de inducción” o “novatada” a jóvenes de nuevo ingreso, organizado por los propios estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, un joven falleció, y dos fueron hospitalizados. El joven que murió era José Luis Hernández Espinosa, originario del municipio de Venustiano Carranza, y los dos estudiantes que se encuentran delicados y hospitalizados son Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de julio en el interior de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, cuando los miembros del comité estudiantil convocaron a todos los jóvenes de nuevo ingreso para presentarse a un “curso de inducción” dentro de las instalaciones de ese plantel educativo. Además de orientación política e ideológica, los 90 jóvenes de nuevo ingreso fueron rapados y sometidos a prácticas de ejercicios extenuantes, lo que posiblemente propició daños entre algunos normalistas principiantes. Tras la fatiga y el golpe de calor, tres de ellos fueron llevados de emergencia al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, donde falleció José Luis Hernández Espinoza, hijo de un comunero de la Organización Campesina Emiliano ZapataCasa del Pueblo, organización aliada históricamente de la Escuela Normal Rural Mactumatzá. Dos de los que jóvenes, fueron trasladados después del Hospital Privado Muñoa, donde permanecen en atención permanente, uno de ellos en estado crítico, pues fue hemodializado. El “curso de inducción” o “novatada” fue convocado de forma independiente por el propio consejo estudiantil, según el programa educativo. El curso formal de clases inicia hasta el 20 de agosto próximo. Al enterarse del fallecimiento del joven, los comuneros de la Casa del Pueblo intentaron llegar hasta la Escuela Normal Rural Mactumatzá, para investigar las circunstancias en que se registró el deceso, sin embargo, los jóvenes normalistas les dijeron que no era necesario que viajaran los más de 100 kilómetros desde Venustiano Carranza hasta la capital del estado, por lo que el martes enviaron una comisión de 10 jóvenes estudiantes nor-
Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
La Sagarpa en coordinación con la Secretaría de Salud municipal, la Secretaría del Campo y la Policía Federal pusieron en marcha operativos contra vehículos de carga que transportan productos cárnicos sin cumplir con las normas sanitarias, las cuales ponen en riesgo la salud de la población. En rueda de prensa, el Jefe de Distrito 08 de la Sagarpa, Fortunato Urtuzuastegui Ibarra, el encargado del área de ganadería de la misma dependencia y el director de prevención de riesgos de la Secretaría de Salud municipal, dieron a conocer que el operativo consiste en verificar que la carne de res y pollo
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Extrema “novatada” en normal rural de Chiapas: un joven muere y a dos los hospitalizan
malistas para explicar los hechos. Todos de segundo semestre. Ninguno de ellos del comité estudiantil. Por varias horas, todo el martes y hasta las primeras horas de este miércoles, los comuneros de la Casa del Pueblo mantuvieron retenidos a los 10 normalistas y decían que los iban a liberar si llegaban hasta allá los miembros del comité estudiantil y los directivos: Conrado Borraz, que funge como director y el subdirector, Horacio Meléndez, para que les aclararan los hechos. Las autoridades educativas estatales y la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigan con sigilo los hechos ocurridos en el interior de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, preparan un informe sobre este suceso para darlo a conocer públicamente en las próximas horas.
El gobierno inicia investigación El gobierno del estado confirmó que un joven estudiante normalista falleció y dos más siguen hospitalizados en la capital del estado, luego de participar “curso de inducción” convocado por el propio consejo estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumatzá. En una misiva oficial, el gobierno del estado lamentó el deceso del alumno de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, José Luis Hernández Espinosa, originario del municipio de Venustiano Carranza, así como el estado delicado en que se encuentran hospitalizados sus compañeros Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano.
Al respecto, el secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, informó que tras recibir diversas denuncias por parte de familiares de las víctimas y establecer el lugar donde son atendidos los dos jóvenes lesionados, la Fiscalía General del Estado inició las primeras indagatorias para determinar lo sucedido y aplicar todo el peso de la Ley a los responsables de estos lamentables hechos. El responsable de la política interna indicó que fue informado del parte médico de los tres estudiantes, quienes fueron diagnosticados con Rabdomiólisis o daño renal, derivado presuntamente de ruptura de tejidos musculares. En nombre del gobierno del estado, el secretario General de Gobierno expresó las condolencias a los familiares de José Luis Hernández Espinosa, a quienes reiteró que no habrá impunidad y se llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables de esos lamentables hechos. Asimismo, se dirigió a los familiares de los dos jóvenes que reciben atención médica de urgencia, a quienes expresó que cuentan con todo el apoyo y respaldo del gobierno del estado para lograr su recuperación. El “curso de inducción” al que fueron sometidos más de 90 estudiantes, consistió en ser rapados, tomar un curso de orientación política e ideológica además de realizar ejercicios extenuantes y prácticas de agitación social y política. No es la primera vez Aunado a este incidente, en noviembre de 2016 fueron expulsados por parte
de los directivos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá un grupo de 66 trabajadores, es decir el 98% de su plantilla laboral, entre ellos 16 maestros y maestras. Sólo se quedaron en la normal el director, Conrado Borraz, el subdirector Horacio Melendez y dos profesores más. A los expulsados los acusan de “charros”. Es decir, desde noviembre de 2016, los cientos de jóvenes estudiantes de la Mactumatzá no tiene clases normales para su formación docente. “La razón de la expulsión: la negativa de la planta trabajadora a aceptar que el director y subdirector repartieran las plazas de tiempo completo a familiares y amigos. Cuestión que ya pasó, al hijo del director Conrado de Jesús Borraz León le otorgaron una plaza de tiempo completo titular C. y demás amigos y familiares del subdirector y una maestra cercana a ellos”, dijo uno de los docentes expulsados. Pero, además de la situación de las plazas, que es lo que detonó el problema -dijo-, tiene que ver con que los trabajadores ya estaban inconformes con la situación al interior de la escuela: agresiones a los trabajadores, maltrato, todo controlado por el comité estudiantil y permitido por el director. La reciente muerte del estudiante, es una más de las que ya se han dado. Pero siempre se ha ocultado, añadió. “Recientemente al interior de la escuela se llevó a cabo la asignación de las plazas de tiempo completo para los allegados del director, son como 11 plazas aproximadamente, de los cuales ninguno tiene experiencia en formación de maestros, todos, salvo uno, se formaron en escuelas privadas y la experiencia que tienen es de la educación privada. Los 16 profesores expulsados tienen más de 20 años de servicio, con experiencia en formación docente, ocho con grados de doctor en educación en escuelas públicas. De ese grupo está constituido el cuerpo académico reconocido por la SEP, único en Chiapas, indicó.
Sagarpa y salud municipal decomisan vehículo con productos cárnicos contaminados cumplan con la Norma Oficial Mexicana 024, que estipula los lineamientos respecto al traslado de los productos cárnicos. Dijeron que la NOM 024 establece que los productos cárnicos que son trasladados de más de 50 kilómetros deben ser transportados a una temperatura no mayor a 4 grados centígrados, y quienes incumplan con esta normativa serán sancionados y los productos también serán decomisados para evitar un riesgo a la salud de la población. Ante esta situación, el pasado martes
fue decomisado un vehículo con productos cárnicos provenientes de Mapastepec, las cuales eran transportadas en condiciones insalubres al incumplir con la NOM 024, cuya carne contaba con una proceso de contaminación avanzada al venir a una temperatura superior a los 26 grados. Señalaron que los productos cárnicos asegurados venían en 8 hieleras provenientes del municipio de Mapastepec, por lo que tanto el camión como el producto fueron puestos a disposición de la Fiscalía General Estado.
Detallaron que los operativos buscan asegurar todo producto que incumpla con las normas sanitarias para evitar daños a la salud de la población, ya que al ser traslados en vehículos inapropiados tienen a descomponerse más fácilmente. Para finalizar, mencionaron que en los operativos participan diversas corporaciones policíacas, cuyos operativos serán establecidos en diversos puntos de la ciudad, para evitar el ingreso de carne contaminada a los mercados públicos de Tapachula. (iM rrc)
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Vamos a limpiar la corrupción en Tapachula, de “arriba para abajo”: Oscar Gurría De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
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l dar inició la entrega recepción del ayuntamiento de Tapachula, en lo que fue solo la presentación de los equipos que trabajarán en el cambio de administración, el presidente electo Oscar Gurría Penagos detectó diversas irregularidades, todas ellas relacionadas con la corrupción y en mal manejo de la administración municipal que aun encabeza el alcalde Neftalí del Toro Guzmán. Sin embargo, aclaró el abanderado de MORENA, que no darán comienzo con dicho trámite, en tanto el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), determine que puede recibir la administración actual. Posiblemente la entrega recepción no puede llevarse a cabo en virtud que el edil Neftalí del toro Guzmán irresponsablemente no ha entregado la cuenta pública de su administración que está a menos de tres meses de concluir, quien como todo político deja todo para el último día, sin embargo, el Congreso local ha dicho que ningún alcalde se podrá ir hasta no cumplir con este requisito, y lo peor que el Toro tiene pendientes de entregar las cuentas del 2016 y 2017. Es por ello, que el Toro se ha dado a la tares de supervisar supuestas obras realizadas, que no son muchas, ni mucho menos de importancia, solo obras que por cierto fueron infladas las cifras para beneficio propio. El torito no quedó bien parado tras las elecciones del 1 de julio, de ahí su preocupación por la mala calidad de las obras que llevo a cabo. Otro elemento en contra del actual alcalde es este nadie le podrá cuidar la espalda, o entrega buenas cuentas o se va a la cárcel, pues hay que recordar en los comicios electorales del 19 de julio del 2015, el entonces candidato a la presidencia municipal del PRIPVEM, Neftalí del Toro incurrió en acciones fraudulentas para adjudicarse el triunfo. Militantes de Morena marcharon para exigir la anulación de los comicios electorales del 19 de julio, de igual forma, denunciaron que la Alianza PRI-PVEM y PANAL, focalizaron las zonas rurales, pobres y de difícil acceso de Tapachula para cometer el descarado fraude electoral, sin embargo, la mafia del poder se impuso, y todos ya conocemos la historia. Gurría Penagos que se alzó con el triunfo de manera aplastante para que esta vez no le robaran la elección, indicó que los tapachultecos serán de-
Posiblemente la entrega recepción no puede llevarse a cabo en virtud que el edil Neftalí del toro Guzmán irresponsablemente no ha entregado la cuenta pública de su administración que está a menos de tres meses de concluir, quien como todo político deja todo para el último día, sin embargo, el Congreso local ha dicho que ningún alcalde se podrá ir hasta no cumplir con este requisito, y lo peor que el Toro tiene pendientes de entregar las cuentas del 2016 y 2017
bidamente informados cuando inicie el proceso entrega recepción, mismo que se hará debidamente transparente y las irregularidades que se vayan detectando, también informaremos en su momento cómo estamos recibiendo la administración. En conferencia de prensa, el alcalde electo de Tapachula dijo haber vivido de todo, y en este caso la corrupción sale a relucir, por la corrupción “estamos como estamos”; la corrupción nos ha llevado a un nivel en donde ya no creemos prácticamente en nada, por lo que se comprometió a recuperar la confianza de los ciudadanos, “por eso he pedido que nos ayuden”, añadió. Dijo que no es posible acabar con la corrupción solamente con los aparatos de los gobiernos, federal, estatal y municipal. Ya lo dijo Andrés Manuel, “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, con un servidor y con honestidad y con transparencia pretendo, quiero y estoy seguro que vamos a lograr, todo, porque tengo ese propósito para hacer que la gente no se sienta decepcionada porque no les cumplimos, si le vamos a cumplir, aseguró. Por lo que señaló Gurría, desde arriba empezará sin corrupción, no llegamos a robar un peso del presupuesto, el presupuesto del gobierno municipal será para el pueblo, no será para los funcionarios del gobierno. Más delante de la conferencia el alcalde electo por MORENA, dijo que se trabajando también en la reestructuración del ayuntamiento porque encontramos áreas en dónde hay duplicidad de funciones, áreas que no tienen razón de existir, todo lo estamos revisando para que en ese plan que propone Andrés Manuel López
Obrador de austeridad, pensando no solo como asunto administrativo sino de principios. Indicó que también los 50 lineamientos del combate a la corrupción los aplicaremos aquí en Tapachula, todo para que el pueblo se sienta bien atendido y así ir resolviendo las necesidades. “Pretendo que en tres años Tapachula sea otro, tengo una visión, un sueño tener un Tapachula, limpio, pero primero seguro, la inseguridad es el problema número uno que vivimos y esta se va atacar a conciencia porque queremos que este municipio sea atractivo para los visitantes locales, nacionales e internacionales, beneficiar la economía de la localidad con la mayor captación de divisas, tanto nacionales como internacionales. Aseguró Gurría que una vez tomando posesión del cargo el 1 de octubre próximo, no habrá diferencias partidistas, vamos a trabajar para todos, por lo que es necesario que la ciudadanía ayude, participe, que tenga gobernanza de los pueblos, porque en este gobierno habrá de todo, pues no puede un solo hombre una sola mujer gobernar, se necesitan la participación de todos los ciudadanos. Oscar Gurría manifestó que los sueldos de los funcionarios se van a reducir porque es un ordenamiento propuesto por López Obrador. No sé si alguien sabe lo que ganan los funcionarios, los sueldos reales no sé si alguien sabe los sueldos reales, una cosa es lo que se sabe, otra lo que se publica y otra la realidad. “He descubierto cosas, que creo que no se vale, estoy sorprendido que ganen esos sueldos, si se bajan los de arriba forzosamente se subirán a los
de abajo. Por otro lado, el presidente municipal electo de Tapachula apuntó que la inseguridad que prevalece en el municipio fronterizo le preocupa, por lo que implementara acciones a fin de reducir las incidencias delictivas, con la capacitación de las fuerzas de seguridad y serán beneficiados en diversos rubros como seguridad social, seguro de vida, mejorar su sueldo, entre otros. Una vez que tome posesión, los policías volverán a sus bases, para llevar a cabo su trabajo; ya no se comisionaran para cuidar casas de funcionarios, ni choferes de éstos, cuidadores de vehículos o negocios particulares o ir a las escuelas a recoger a los hijos de funcionarios. Todas esas prebendas que han tenido los funcionarios hasta chofer a la “chacha”, teléfonos, gasolina, se acabarán. Tapachula cuenta con 600 mil ciudadanos, aproximadamente, pero el último censo del 2010 dice que somos como 220 mil, y en función de ello es que se calcula el presupuesto para todos los rubros. Lo vamos a recomponer, porque la inseguridad, nos preocupa, aseguró Gurría. El equipo de entrega recepción los encabeza el presidente electo de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, además de Rosa Irene Urbina, en la sindicatura y en el equipo de transición, Ernesto Navarro, Alberto Pineda, Iván Santos, Luis Miguel del Pino, Luis Eduardo Guizar Cárdenas, Pascual Luna Aceituno, y más adelante se comprometió a dar a conocer el equipo de gobierno, es decir el gabinete municipal. Finalmente se refirió al tema del COAPATAP, en donde dijo que las cosas no están bien, hay mucho endeudamiento pero mucha corrupción y eso es lo que vamos a combatir, empezando por el director, quien sea el elegido tiene que ser una persona que se comprometa con la honestidad, pero que no traiga estela de protección. El problema del agua es el segundo problema que debemos resolver, contar con agua todos los días de buena calidad, concluyó el presidente municipal electo de Tapachula, Oscar Gurría Penagos.
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Designación de “fiscal carnal” de Veracruz será dirimida en tribunales: Cuitláhuac García De la redacción Ciudad de México (apro)
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l gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que acudirá tribunales para echar atrás el nombramiento de Marcos Torres como fiscal anticorrupción en la entidad, aprobado el lunes pasado por 27 de los 50 diputados del Congreso local. Entrevistado en el programa Despierta con Loret, el morenista aseveró que la designación violó la ley porque el Congreso estatal no sumó el número de votos requeridos. “Lo hicieron violando la ley, se requieren dos terceras partes de integrantes del Congreso (…) nos vamos a tribunales, allá se va a dirimir”, advirtió. Además, dijo, el fiscal anticorrupción juzgará la administración saliente y no puede estar ligado al actual gobernador, Miguel Ángel Yunes. “El elegido es incondicional del abogado de la familia Yunes”, acusó.
Entrevistado en el programa Despierta con Loret, el morenista aseveró que la designación violó la ley porque el Congreso estatal no sumó el número de votos requeridos
Cuitláhuac García comentó que buscará se revisen las cuentas del gobierno de Yunes Linares porque hay sospechas de “malos manejos”,
como la presunta compra de despensas con sobreprecios. Sin embargo, aseguró que no actuará “de manera rencorosa”.
Respecto al proceso de transición en Veracruz, Cuitláhuac García dijo que ha sido respetuoso, que desconoce la intención de Yunes, pero éste “ha querido ir retrasando la entregarecepción”. Adelantó que en agosto dará a conocer quién será el secretario de Gobierno para empezar a dialogar con diferentes sectores políticos y “transitar a la gobernabilidad de inmediato” y, de antemano, descartó que gente cercana a Yunes vaya a ocupar cargos de secretarios, subsecretarios y directores de área en la nueva administración. Respecto de la investigación que se sigue contra el exgobernador Javier Duarte, el gobernador electo dijo que los jueces son quienes deciden quién va a la cárcel y qué condena deben cumplir por lo que el proceso continuará en manos de un juez.
Exigen al gobernador de SLP que acabe con la simulación en la aplicación de medidas establecidas en la AVG Verónica Espinosa San Luis Potosí, S.L.P., (apro)
A un año de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género (AVG) en diversos municipios del estado, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acusó al gobierno de simular la aplicación de las medidas previstas por dicha declaratoria. En ese sentido, exigió al gobernador Juan Manuel Carreras López que informe públicamente sobre las acciones realizadas, luego de señalar que el número de asesinatos de mujeres ha ido en aumento. De acuerdo con un pronunciamiento que el Consejo Ciudadano hizo público este miércoles, en lo que va del año 36 mujeres han sido asesinadas violentamente en el estado, incluso en municipios donde se emitió la declaratoria de la AVG. Por ello, exigió que acabe con “la simulación en la aplicación de las medidas establecidas en la AVG” e hizo un llamado a las autoridades “para que garanticen en forma efectiva el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, así como el derecho
al acceso a la procuración de justicia, a una investigación efectiva y a la verdad en los casos de feminicidios”. El presidente del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, las consejeras Graciela Martínez Morales, Giselle Meza Martell, María Guadalupe Mendiola Acosta, Karla Veneranda Martínez Contreras y Paloma Blanco López, así como los consejeros Juan Refugio Granados Naranjo, Jorge Arturo Valle Haro, Martín Beltrán Saucedo y Luis González Lozano, detallaron que, según la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares correspondiente a 2016, cerca de 40% de las potosinas han sufrido violencia por parte de sus parejas en la última o actual relación. Con esas cifras, el 21 de junio del año pasado la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de AVG para los municipios de San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tamuín, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala, debido a que el gobierno de Juan Manuel Carreras no pudo comprobar el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo el grupo de trabajo designado por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres. “A un año de su emisión, las acciones que se han emprendido no se han concretado en políticas públicas efectivas que prevengan la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidio, pues en lugar de disminuir, las cifras de muertes violentas de mujeres han aumentado”, destacó el Consejo Ciudadano. De igual manera, precisó que los homicidios se han registrado en los seis municipios incluidos en la alerta, así como en Rioverde y Ébano, en la zona de la Huasteca. Y reiteró “un desinterés reiterado” por parte del gobierno estatal y de las autoridades municipales para cumplir las medidas previstas por la declaratoria de AVG.
En este punto coincidieron con lo expresado previamente por la Mesa Ciudadana de seguimiento de la AVG, en el sentido de que las acciones han sido instrumentadas de forma desarticulada y parcial, además de la incapacidad para dar seguimiento puntual a las denuncias de las víctimas, y una deficiente coordinación para tomar diversas medidas, entre ellas las órdenes de protección requeridas. Finalmente, el Consejo Ciudadano pidió al gobierno de Carreras López que al elaborar el presupuesto del próximo año lo haga con una perspectiva de género en la asignación de recursos y promueva un monitoreo efectivo para que se cumplan las medidas de la AVG, incluida la participación ciudadana.
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TEPJF ordena a telefónicas dar información de llamadas contra López Obrador De la redacción Ciudad de México (apro)
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l TEPJF ordenó a empresas telefónicas entregar al INE, antes de 72 horas, el nombre y domicilio de los titulares de las líneas telefónicas que fueron el origen de las llamadas contra Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de este miércoles 25, el pleno de la Sala Superior también determinó, “de manera excepcional y por única vez”, que se suspendan las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a AT&T y Telcel debido a que negaron la información para no incurrir en la intervención de comunicaciones. Las multas fueron impuestas a las telefónicas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE por la falta de cumplimiento de diversos requerimientos de información. Lo anterior, al considerar que su negativa a entregar la información solicitada no fue una renuencia, sino resultado del temor fundado de violar la confidencialidad de las comunicaciones, destacó Notimex este día. Morena presentó quejas contra PRI y PAN por infracciones a la normativa electoral por supuestas “encuestas telefónicas realizadas en detrimento del entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador”.
En la sesión de este miércoles 25, el pleno de la Sala Superior también determinó, “de manera excepcional y por única vez”, que se suspendan las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a AT&T y Telcel debido a que negaron la información para no incurrir en la intervención de comunicaciones
De ahí que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE requirió a diversas concesionarias de telecomunicaciones el nombre y el domicilio de los titulares de las líneas telefónicas denunciadas por Morena. Sin embargo, tres requerimientos después, las empresas seguían sin entregar la información solicitada y fueron multadas.
Entre el 9 y el 13 de julio, Dipsa Móvil y AT&T, entre otras, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar el acuerdo derivado del procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/ CG/284/PEF/341/2018. En su intervención, el magistrado Indalfer Infante expuso que se parte de la premisa inexacta al
pretender que solicitar el nombre y domicilio significa restricción al derecho humano de las comunicaciones. Infante González agregó que sólo cuando se requiere destino de llamadas, frecuencia, hora y duración sí es necesario el mandamiento de autoridad judicial que autorice la entrega de dicha información, y la Unidad Técnica nunca requirió información sobre el tráfico. El magistrado Felipe Fuentes Barrera aclaró que “no estamos en el supuesto de inviolabilidad de comunicaciones privadas y no se requiere decisión de un juez; sí existe base legal y constitucional para que se haga el requerimiento correspondiente”. La magistrada Janine Otálora Malassis señaló que las recurrentes no estaban seguras de sus obligaciones por lo que su actuar, el negar la información solicitada, tenía un carácter de aparente licitud. La presidenta de la Sala Superior agregó que por ello compartía el criterio de que se revoquen las multas a las telefónicas, manteniendo el apercibimiento de que deben cumplir con el requerimiento que les fue formulado.
Morena impulsará en la 64 Legislatura el recorte de 50% al financiamiento de los partidos: Clouthier De la redacción Ciudad de México (apro)
La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en reunión con los diputados federales electos de su partido, llamó a impulsar la reducción de 50% del financiamiento que reciben las organizaciones políticas, señaló Tatiana Clouthier. La excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador informó que Polevnsky exhortó a los diputados electos a presentar una iniciativa para disminuir 50% el dinero que
reciben los partidos políticos, una vez que inicien los trabajos de la 64 Legislatura. En entrevista con Notimex, Clouthier dijo que aplaude la congruencia de la lideresa nacional de Morena, así como su solidaridad con el tema de la austeridad republicana. Además, rechazó que el cónclave se lleve a cabo para definir al coordinador de la próxima bancada de Morena, para la legislatura que iniciará el 1 de septiembre; se trata, aclaró de una reunión de capacitación, información y para que se conocieran los legisladores electos.
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Areli Villalobos Ciudad de México (apro)
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l futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que en la reunión entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hubo afinidad “en posturas, ideas y principios”, y en temas como derechos humanos y laborales, medio ambiente y respeto a las comunidades originarias. En este primer encuentro, Ebrard dijo que se planteó una fuerte relación entre ambos países, que incluye inversiones de Canadá en México, y se invitó a ese país a participar en algunos proyectos “prioritarios”, como el Tren Maya –que unirá a Cancún (Quintana Roo) y Palenque (Chiapas)– y el plan de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Además, abundó que el próximo gobierno buscará que Canadá invierta en materia aeronáutica, de trenes, vías férreas y logística de transportación entre puertos. “Vamos a encontrar un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizás más importante o igual a la actividad minera, pero no me quiero adelantar, esa es nuestra perspectiva, vamos a ver si lo logramos, ese es el objetivo”, comentó Ebrard. Resaltó que una política será que todas las empresas de origen canadiense cumplan en México las mismas normas ambientales, laborales y de todo tipo de su país, porque a veces se hace algo aquí y allá otra cosa. “Un principio que vamos a defender es que se respete el mismo trato en su país que el que aquí les damos”, soltó.
Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 pidieron a Andrés Manuel López Obrador que cumpla con el compromiso de crear una comisión de investigación donde participen los organismos internacionales que han dado seguimiento al caso. “Le queremos dar un mensaje al nuevo gobierno que se ha nombrado el 1 de julio, de que se comprometa con la verdad, que nos ayude a encontrar la verdad, y también reanude la investigación de los expertos del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), siguiendo la línea de investigación para poder dar con el paradero de nuestros hijos”, emplazaron. En rueda de prensa, señalaron que ya hubo acercamiento con el equipo de transición, incluso, Melitón Ortega, unos de los padres que ha exigido el esclarecimiento de los hechos, señaló que el “presidente electo nos dijo que estaría abierto a volver a tener asistencia técnica internacional, e incluso a que retome el caso el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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México y Canadá van por homologación de derechos humanos, laborales y ambientales: Ebrard En este primer encuentro, Ebrard dijo que se planteó una fuerte relación entre ambos países, que incluye inversiones de Canadá en México, y se invitó a ese país a participar en algunos proyectos “prioritarios”, como el Tren Maya –que unirá a Cancún (Quintana Roo) y Palenque (Chiapas)– y el plan de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca
Sobre las presuntas violaciones a derechos humanos que cometen las empresas mineras en las comunidades indígenas, el futuro secretario de Relaciones Exteriores respondió: “No entramos en materia, habría sido muy
difícil, pero te diré que la política que se fijó, y así se dijo en la reunión, fue homologar para México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”.
El gobierno de López Obrador no sólo promoverá la inversión, también exigirá el mismo tipo de regulación que se aplica en otras naciones, subrayó. Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en México las empresas canadienses operan 65% de los 850 proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y exploración en el país. En 19 casos se ha documentado que esas mineras ocasionan daños medioambientales, violan el derecho a la consulta de las comunidades indígenas e incluso han incurrido en amenazas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue otro asunto que se trató en la primera reunión del próximo gobierno con representantes de Canadá, y acordaron la necesidad de permanecer de manera trilateral, modernizado, pero no distinto a la naturaleza que hoy tiene.
Padres de los 43 piden a López Obrador honrar compromisos en caso Ayotzinapa El GIEI surgió del acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los normalistas. Los padres de los jóvenes desaparecidos dejaron en claro al presidente Enrique Peña Nieto que, “si no paga por sus crímenes y por ocultar la verdad, la justicia en algún momento lo alcanzará”. Felipe de la Cruz, quien es vocero de los padres, recordó que hace un mes exigieron a Peña que cumpliera su función y creara la Comisión del Verdad, sin embargo, su respuesta, “con todo el poder del Estado, fue interponer 100 recursos contra la creación de la comi-
sión para evitar que los responsables sean investigados”. También hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se sometan a las presiones del Ejecutivo federal y se pongan del lado de la verdad y de las víctimas. En este contexto, a principios de junio un Tribunal de Reynosa, Tamaulipas, ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Pero hace una semana, otro Tribunal deter-
minó que es imposible jurídicamente cumplir con la sentencia que ordenaba la creación de esa instancia. “Es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de los estudiantes, pero sí dediquen tanta energía y coordinación para revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, de conformar una comisión investigadora”, denunciaron los padres de los 43.
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La CNDH y la CDHDF condenan crímenes de periodistas De la redacción Ciudad de México (apro)
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as comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y capitalina (CDHDF) condenaron los asesinatos de los periodistas Luis Pérez García y Rubén Pat Cauich, ocurridos en la Ciudad de México y en el municipio quintanarroense de Solidaridad, respectivamente, y demandaron a las autoridades competentes asegurar el acceso a la justicia, así como prevenir, atender y garantizar la no repetición de casos como éstos. En un comunicado, la CDHDF detalló que Pérez García, quien dirigía la revista “Encuesta de Hoy”, fue asesinado en su propio domicilio ubicado en la delegación Iztapalapa, mientras que Rubén Pat Cauich tenía antecedentes de haber recibido amenazas y solicitar protección a las autoridades, sin embargo, fue ultimado el pasado martes 24 en el estado de Quintana Roo. Estos hechos, apuntó, se suman a la violencia sistemática contra quienes ejercen la libertad de expresión en México y contravienen los principios fundamentales de derechos humanos, en concreto al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la
Patricia Dávila Ciudad de México (apro)
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) analiza la información entregada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el fideicomiso Por los Demás, para determinar si existe delito electoral. Después de la polémica que suscitó la sanción impuesta a Morena por el mal uso de recursos del fideicomiso, la FEPADE dio a conocer que el pasado martes 24 el INE dio vista del expediente integrado sobre el caso, por lo que realizará la investigación en el marco de sus atribuciones como institución especializada, exclusivamente sobre un posible delito electoral federal. La investigación se efectuará sin que se prejuzgue la existencia de delito o la culpabilidad de persona alguna, abundó. Como parte de la indagatoria, la FEPADE requerirá la comparecen-
En un comunicado, la CDHDF detalló que Pérez García, quien dirigía la revista “Encuesta de Hoy”, fue asesinado en su propio domicilio ubicado en la delegación Iztapalapa, mientras que Rubén Pat Cauich tenía antecedentes de haber recibido amenazas y solicitar protección a las autoridades, sin embargo, fue ultimado el pasado martes 24 en el estado de Quintana Roo
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”. En este contexto, la CDHDF hizo un llamado urgente para el pronto esclarecimiento de los asesinatos de Luis Pérez García y Rubén Pat Cauich, e instó a las autoridades a
asegurar el acceso a la justicia, así como prevenir, atender y garantizar la no repetición de estos casos, “tal como señalan los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, y así evitar la impunidad en la persecución de estos crímenes, los cuales elevan el nivel de riesgo en el ejercicio del periodismo”. De igual forma, reiteró la impe-
rante necesidad de ejercer las medidas adecuadas, en todos los niveles de gobierno, para frenar cualquier tipo de ataque que pretenda inhibir y/o silenciar a quienes en México ejercen el periodismo y, en general, el derecho a la libertad de expresión. Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó el asesinato de Rubén Pat Cahuich y demandó a las autoridades implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los familiares del periodista y los demás colaboradores del medio informativo donde trabajaba, Playa News. En un comunicado, la CNDH expresó sus condolencias a los deudos y solicitó a las autoridades ofrecer toda la contención emocional que sea necesaria a los familiares del comunicador. Destacó que visitadores adjuntos viajaron a Quintana Roo para recabar información con el fin de realizar las primeras investigaciones del caso, y aseguró que acompañaron a la esposa del comunicador en su comparecencia ante la Fiscalía General del estado.
La FEPADE analiza información del INE sobre el fideicomiso de Morena cia del representante jurídico del INE para que se pronuncie al respecto y amplíe la información entregada. En un comunicado, destacó que, como lo ha hecho en otros casos, investigará –con apego a la legislación vigente– el cumplimiento al debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Ayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que no hay evidencias que confirmen que el fideicomiso Por los Demás –para apoyar a los afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado– haya sido utilizado en las campañas electorales. Pero una semana antes, el INE resolvió sancionar a Morena con una multa de 197 millones de pesos por supuesto mal uso de los recursos del fideicomiso, aunque aclaró que no
se utilizaron para los comicios del pasado 1 de julio. De igual manera, destacó que el INE no “jugó” con los tiempos de la
investigación para beneficiar electoralmente a Morena, sino que la indagatoria se resolvió según los plazos que la misma requería.
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Caso Narvarte, un crimen que se mantiene en la impunidad: Frayba De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Cimacnoticias/ChiapasParalelo)
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ara el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Frayba”, el multihomicidio de Yesenia, Mile, Olivia, Nadia y Rubén perpetrado en el departamento 401, del Edificio 1909, de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015, es un crimen que se mantiene en la impunidad. El Frayba agregó que la investigación ha sido omisa y carente de perspectiva de género, y que vulnera el derecho a la libertad de expresión, a defender los derechos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y señaló que tanto la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia, son responsables de la negación del derecho a la verdad y la justicia. A tres años del feminicidio de Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de Derechos Humanos Nadia Dominicque Vera Pérez y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el Frayba mencionó que las investigaciones han criminalizado a las víctimas, sin esclarecer los hechos ni sancionar a todos los responsables.
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
En Oaxaca, donde la Fiscalía de Justicia estatal registró el sexenio pasado (2010 a 2016) a 530 niños y niñas en situación de orfandad por el asesinato de sus madres, diputadas locales buscan que accedan a programas sociales como parte de la reparación del daño a que tienen derecho. La legisladora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Neli Espinosa Santiago, propuso en el congreso estatal un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas de Oaxaca para obligar a las autoridades municipales a facilitar el acceso de la niñez que es víctima indirecta del feminicidio u homicidio de sus madres, a programas sociales. La propuesta pretende incluir un apartado especial para que a la niñez y adolescencia en esta situación se le facilite la inscripción a programas asistenciales con los que ya cuenta el gobierno, como becas escolares (incluyendo útiles, uniformes), apoyos alimenticios, de vivienda y salud. Además, la propuesta busca que en la misma Ley de Víctimas se disponga al estado a crear un registro de estas
El Frayba agregó que la investigación ha sido omisa y carente de perspectiva de género, y que vulnera el derecho a la libertad de expresión, a defender los derechos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia
Sólo José Abraham Torres Tranquilino, un ex policía, tiene una sentencia condenatoria de 315 años, “a las otras dos personas detenidas se les otorgaron amparos, en una verdad fabricada con contradicciones; no se ha investigado a posibles autores intelectuales ni a otras personas responsables directas con probable presencia el día de los hechos”, señalan en el comunicado. Afirmaron que la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa omitiendo las amenazas a la vida, seguridad e integridad que Nadia Dominicque Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril habían publicado como contexto del riesgo a defen-
sores y comunicadores en el estado de Veracruz. Ambos se exiliaron en la Ciudad de México después de enfrentar agresiones, hostigamientos, vigilancia e intimidación durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. En este sentido, los testimonios presentados que incriminan a policías de la capital veracruzana, bajo el mando del exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, no han sido considerados suficientemente, agregaron. El Centro de DH detalló que “el proceso de investigación mantuvo ciertas irregularidades, en un primer momento las autoridades intentaron mantener oculta la identidad de Rubén Espinosa, no se cuidó la escena
del crimen ni la cadena de custodia por lo cual las evidencias se alteraron, se filtró información a los medios de comunicación y redes sociales dañando moralmente la memoria de las víctimas y a sus familias, los peritajes presentaron contradicciones, y no se han esclarecido las circunstancias de los hechos ni el móvil, ni se han investigado las torturas realizadas a Nadia Vera y Rubén Espinosa”. A pesar de la ineficacia del Estado mexicano por esclarecer el crimen de la Narvarte, las familias de Nadia, Rubén, Yesenia, Mile y OIivia persisten en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sin separar los casos, exigen que no se desestimen las características de feminicidio y la situación de ataque a la libertad de expresión; se siga la línea de investigación que implica a funcionarios de Veracruz y que las autoridades realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad. El Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reivindicó la digna lucha de las familias para continuar caminando la justicia y se sumó a las demandas y exigencia de Verdad y Justicia.
Diputadas de Oaxaca buscan resarcir a niñez en orfandad por feminicidio víctimas secundarias, debido a la falta de registros sobre el tema, como lo documentó esta agencia de noticias. De acuerdo con la diputada Neli Espinosa, en 2017, la Fiscalía del estado informó que conocía de 530 niños y niñas que estaban en orfandad correspondientes a los 582 casos de feminicidio ocurridos entre 2010 y 2016. Mientras en lo que va del gobierno de Alejandro Murat la organización Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca registró 198 mujeres asesinadas, sin embargo, de estos casos no se sabe cuántos menores de edad quedaron en desamparo. La diputada resaltó que las niñas y niños son doblemente vulnerables por el impacto emocional y el dolor que les causa enfrentar el asesinato de sus madres (muchas veces también testigos del crimen), y después, quedar expuestos en un contexto de carencias económicas, falta de acceso a la salud, educación y alimentación,
hechos que afectan su pleno desarrollo.
REPARACIÓN INSUFICIENTE No obstante que las entidades federativas comienzan a mirar a la orfandad por feminicidio como ocurre en Oaxaca, los familiares de las víctimas encargadas de su cuidado han manifestado su inconformidad por los bajos apoyos económicos que se les otorgan. Por ejemplo, en Coahuila se instauró la semana pasada el programa “Protección integral de niño y niñas víctimas de violencia feminicida” que resarcirá únicamente a 18 beneficiarios por la cantidad de 66 pesos diarios (entregará 4 mil pesos bimestrales). Las familias que lograron estos apoyos fue debido a que interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) obligando al gobierno coahuilense a
negociar con ellos, pero al conocer los lineamientos del programa manifestaron en redes sociales su inconformidad y afirmaron que “dar dinero no es la solución a este asunto –resarcir a la orfandad por feminicidio-”. Otras entidades que también ya cuentan con programas para la niñez cuya madre fue asesinada, son Jalisco, que se limita a dar apoyos únicamente a 66 beneficiarios cada año, y el Estado de México que otorga 800 pesos mensuales para resarcir el daño a esta niñez.
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ROBERTO MOYA, EL HOMBRE QUE FINANCIÓ EL FRAUDE EN PUEBLA
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s notorio que a la única persona que apoyé a una gubernatura fue a Martha Erika Alonso, de quien he tenido una gran impresión desde que la conocí como mi alumna en la Maestría. Mi simpatía fue por sus prendas profesionales y su talento personal. Dejé claro, empero, en su oportunidad (https:// www.facebook.com/sdpnoticias/ videos/2110524808972220/) que no tuve ni tengo relación económica alguna o de ningún tipo que me generara un conflicto de interés para opinar con independencia de criterio. En esas oportunidades expresé lo que creí. El peso específico de Martha Erika, empero, fue reduciéndose conforme avanzó su campaña. Su equipo personal se vio de pronto subordinado a los impresentables de siempre en el gobierno poblano, teniendo como jefe entre sombras al operador financiero de Moreno Valle, Roberto Moya Clemente, autor además de la enorme deuda que heredó el exgobernador a Puebla
Ernesto Villanueva bajo un nombre distinto, pero con los mismos resultados alevosos para los poblanos. Los medios se han ido con la finta con funcionarios menores que poco hubieran hecho sin la cartera abierta de Moya destinada a mantener la gubernatura a cualquier costo. Los Marcelo García, Eukid Castañón y Maximiliano Cortázar poco, muy poco, hubieran podido hacer sin el apoyo ilegal de Moya Clemente, cuya esposa sin experiencia alguna, Alejandra Maupomé, es notaria pública, sin cumplir- evidentementelos requisitos de ley, como lo apunté en su oportunidad en estas páginas. Lo que pudo ser una campaña distinta no lo fue. Martha Erika optó por ser una buena alumna y seguir a la letra el guion preparado por el gobierno del estado y por los operadores de Rafael Moreno Valle, con Moya Clemente a la cabeza, un hombre, como es lógico, de una gran fortuna improvisada por la corrupción de la que es un experto en ejercerla. La campaña fue, por supuesto, lamentable. Lo fue más con el des-
aseo jurídico que cobró vida antes y después de la elección. En una lógica muy forzada, el INE le dio la ventaja con un porcentaje no menor al candidato de Morena Luis Miguel Barbosa y el PREP ofreció resultados exactamente al revés de las expectativas generadas por las encuestas de la propia autoridad electoral. El mundo al revés. Cuando el reconocido jurista Carlos Meza Viveros y su equipo jurídico --Meza habría que recordar no sólo es el abogado más reconocido de Puebla, sino que entró al radar de los abogados de la Ciudad de México cuando generó precedentes jurisprudenciales y derrotó al aún senador, Javier Lozano, a quien todavía
le debe varios millones de pesos-- se hizo cargo de la defensa de Luis Miguel Barbosa supe que muchos de las informaciones y trascendidos de fraude tenían asideros legales. Hablé con Carlos y me explicó no sólo los indicios, sino las evidencias de cómo en Puebla se concretó una elección de Estado. Le creo a pie juntillas por su pericia jurídica de gran calado. Es, por tal razón, que es muy probable que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación emita una resolución conforme a derecho en perjuicio, por ello mismo, de la propia Martha Erika Alonso y del propio Rafael Moreno Valle quien ha fincado en el triunfo del PAN en Puebla su soporte para buscar la dirigencia del PAN. Como se ven las cosas, si como parece, al final del día Martha Erika no sólo pierde la elección, sino habría de pagar un alto costo político al no cuestionar el trabajo político de sus supuestos salvadores, la misma suerte correrá Moreno Valle en sus aspiraciones de presidir el PAN.
“EL PEJE”, ENTRE LA ESPERANZA, LA INCREDULIDAD Y LA DENOSTACIÓN
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a multa del INE a Morena por el fideicomiso para los damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, ha servido como una descarga de aversión de todos aquellos que están en contra o que les disgusta la figura de Andrés Manuel López Obrador y que buscan cualquier incidente para poner en duda su probidad o su capacidad de gobernante aun cuando ni siquiera ha asumido el cargo de presidente. “¿No que muy honesto?”, “ya se le acabo la luna de miel”, “se le agotó demasiado temprano el bono de confianza”, son algunos de los cuestionamientos en las redes sociales o en algunos medios, de gente que no está convencida de la integridad ni de la capacidad del tabasqueño. Muchos de estos críticos son columnistas y articulistas que han sido ampliamente beneficiados en los sexenios pasados y ahora ven en peligro sus onerosos ingresos que les han dado una vida de opulencia que no se sustenta con su salario, sino con las prebendas oficiales. Otros son críticos por cuestión ideológica
José Gil Olmos y política o simplemente porque les disgusta irracionalmente la imagen del próximo presidente. López Obrador es el primer presidente que llega con una de las más altas expectativas sociales de las últimas décadas, traducidas en 30 millones de votos. Además de eso, su carrera de 18 años por la presidencia, las controversias en los procesos anteriores que dejaron muchas dudas en el triunfo de sus adversarios, su personalidad empecinada y carismática, así como sus vastas promesas de la última campaña, lo exponen de forma clara como la figura principal en el escenario público para los próximos años. Y como tal, sobre él irán las principales críticas, observaciones, denuncias, denostaciones, maldiciones, exigencias, reclamos, acusaciones y ultimátum, como ya sucede. Con o sin razón, también en las redes sociales López Obrador será la figura principal de ataques y defensas de adversarios y simpatizantes. Será en la red global donde seguramente se expresará la lucha más tóxica en torno a la figura del próximo presidente.
Las principales expectativas que ha generado la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República las refleja muy bien la última encuesta de Mitofsky. Se trata de la seguridad, la economía y la política, tres aspectos de la vida nacional que están presentes en el ánimo social y de los que se esperan resultados claros en un año, principalmente entre la población joven y de las zonas urbanas. De acuerdo con esta encuesta, más del 60% de la población recibió con alegría, felicidad, satisfacción, seguridad, tranquilidad y confianza el triunfo de López Obrador. Si embargo, el porcentaje refleja también una enorme responsabilidad de dar
buenos resultados. Menos del 30 por ciento recibió la victoria del tabasqueño con tristeza, enojo, decepción, inseguridad, miedo y desconfianza. Y será esa población la más exigente con el próximo gobierno. El sentimiento de ilusión o esperanza, así como de incredulidad y decepción, habrá de ir de la mano de las acciones que tome y aplique el gobierno de López Obrador que aun cuando aún no ha empezado ya está en el ojo del huracán. Así que, bienvenido “Peje” a la Presidencia de un país destrozado, expoliado y confrontado, corrompido y corrupto, vejado y engañado, violentado hasta sus entrañas y con una prensa cebada por el poder. Por cierto… Con antelación les dijeron a los miembros del consejo del fideicomiso “Por los demás”, de ayuda a los damnificados del sismo, que había que tener en regla el manejo administrativo de las aportaciones para que no se contaminara con la operación de los recursos de Morena en la campaña electoral. No hicieron caso y ahí están las consecuencias.
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TABARÉ Y LENIN MORENO, ALIADOS NATURALES DE AMLO EN SUDAMÉRICA Rafael Croda
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odo indica que Andrés Manuel López Obrador está decidido a tener una relación pragmática con los mandatarios latinoamericanos y que su aspiración es jugar un papel de equilibrio y de cohesión en el tablero geopolítico regional, más que la de proyectarse como el líder del bloque izquierdista. Esto porque incluso entre los gobiernos de izquierda de la región hay profundas diferencias. Los modelos políticos de Uruguay y Venezuela, por ejemplo, no sólo son distintos sino divergentes en su manera de entender la democracia, la economía y el bienestar social. Uruguay no tiene el gobierno más izquierdista de la región, pero, según los indicadores de todos los organismos internacionales, es el país latinoamericano con mayor equidad social. Venezuela, en cambio, vive una situación de virtual emergencia humanitaria por la escasez de alimentos y medicinas. Contra lo que muchos de sus detractores vaticinaron, el aliado natural de López Obrador en Sudamérica no es Nicolás Maduro. Los planteamientos y el programa de gobierno del líder de Morena se identifican más con los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Ecuador, Lenin Moreno, dos centroizquierdistas moderados que tratan de llevar la fiesta en paz con todo mundo. El futuro presidente mexicano ya se reunió con Moreno en el Palacio de Carondelet en Quito, el año pasado. En la sede del Ejecutivo de Ecuador, el entonces precandidato presidencial de Morena y su anfitrión tuvieron una larga y “fraterna” conversación –según la calificó López Obrador– en la que abordaron temas de política regional, como la crisis en Venezuela. Y con Tabaré Vázquez, el líder de Morena tenía programado un encuentro
este martes en el marco de la cumbre entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur que se desarrolla en Puerto Vallarta. La reunión finalmente se canceló por la decisión de López Obrador de no acudir a esa cumbre debido a que aún no recibe la constancia de mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo acredita oficialmente como presidente electo. Pero Tabaré y el futuro mandatario mexicano podrían verse las caras en el viaje que planea hacer este último por la región antes de su toma de posesión, el próximo 1 de diciembre. Lenin Moreno y Tabaré Vázquez tienen una relación cordial con los sectores empresariales de sus países, al tiempo que destinan la mayor parte del gasto público al desarrollo social. En materia de política externa, ambos mandatarios se inclinan por una solución negociada de la crisis venezolana, en la que se pongan de acuerdo Maduro y la oposición, pero rechazan las sanciones económicas que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a los altos funcionarios y al gobierno de Caracas. Esto va en la línea de la propuesta de López Obrador para Venezuela: diálogo con mediación internacional para buscar una salida pacífica, aunque con respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En cambio, los presidentes latinoamericanos que promovieron el Grupo de Lima –entre ellos el mexicano Enrique Peña Nieto– apuestan por una posición abiertamente crítica contra el régimen de Maduro. El Grupo de Lima congrega al bloque centroderechista latinoamericano. Además de Peña Nieto, en ese mecanismo de concertación creado expresamente para presionar a Maduro están los presidentes Mauricio Macri (Argentina), Michel Temer (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Martín Vizcarra (Perú) y
Juan Manuel Santos (Colombia). Estos mandatarios son defensores del libre comercio, la disciplina fiscal y la promoción de la inversión externa. Además, apoyan las sanciones económicas a los funcionarios y al gobierno de Venezuela, aunque rechazan una salida militar a la crisis que vive ese país. Pero por encima de las diferencias que pudiera haber entre este bloque de gobernantes hay varias coincidencias. Todos están comprometidos con fortalecer la democracia y la lucha contra la corrupción, y todos respaldan la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. El diplomático y político socialista chileno Luis Maira, quien vivió 11 años en México, considera que López Obrador será un presidente “bastante pragmático” en asuntos externos, aunque no es fácil ahora vaticinar la importancia que, más allá del discurso, le dará a Latinoamérica. Esto, por la magnitud de los problemas internos que deberá afrontar –inseguridad, corrupción, desigualdad social y una economía con bajo crecimiento– y por los temas pendientes con Estados Unidos: renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y migración. Mientras se van despejando esas interrogantes, el solo deseo de López Obrador de asistir a la cumbre Alianza del Pacífico-Mercosur –aunque a última hora se haya frustrado su participación en esa cita– estaría indicando lo que anticipan expertos en relaciones internacionales: que su aproximación a la región será más pragmática que ideológica y que el futuro gobernante mexicano parece decidido a dar continuidad a los esquemas de integración comercial a los que pertenece su país.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Jueves 26 de Julio de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Caer para arriba
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l gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sonríe. En las nueve, de las 14 fotos publicadas en el Facebook, donde aparece y presume ser quien lideró la constitución de la Comisión Ejecutiva Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el día de ayer, se le nota relajado y seguro de que la impunidad llegó en tiempo y forma. Puntualita pues. Pésimo administrador pero político con suerte al fin, dicen algunos. Lo han favorecido, otros. Cayó para arriba, pienso yo. Seis años de impunidad en el Legislativo no son poca cosa y lo sabe. Hay quien buscaba comparar su arribo al Senado con los seis años de impunidad de Juan Sabines Guerrero, pero no hay comparativo. Para nada lo hay. A Sabines, lo sabemos, los favores económicos vertidos a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y sus cotos de poder con Luis Videgaray le valieron a lo mucho el Consulado en Orlando, Florida y un silencio del que el mismo Velasco fue partícipe. Los más de 40 mil millones de pesos que se llevó el ahora cónsul, bajo el cobijo del Poder Legislativo de Chiapas, quedaron como simple cuento de terror para un gobierno verdeecologista que prometía hacer la diferencia. Tampoco fue así. La realidad que nos golpea en el rostro nos lo dice. Sin embargo, Manuel Velasco sí cayó para arriba pese a todo lo que se diga. Su destino, tras una desastrosa administración en la que las instituciones se han prostituido, se ha minado la burocracia y se golpeó severamente a diferentes sectores a los que se les adeudan millones de pesos, está ahora tildado a estar en una curul en la Cámara Alta desde donde, se quiera o no, tendrá injerencia y podrá mover algunas de sus piezas. Incluso algunos creen que puede lle-
gar a liderar el Senado y fortalecer sus relaciones, ante la mira incrédula y la tirria que algunos emanan y que no entienden que la política es un arma que usan, entre sí, los que ostentan el poder, los de las cúpulas. Y no, no es descabellado que Velasco haya caído para arriba y acolchonadito, aunque nos dé coraje, pero sólo si se analiza con pinzas la forma en que se han acomodado las cosas. Porque más allá de señalar de forma visceral su destino, y decir que está muerto políticamente, que hasta ahí llegó su historia y que la justicia federal lo alcanzará este sexenio que arrancará en diciembre, debemos ver el por qué si no era el ungido desde el mismo poder del centralismo, bajo acuerdos de entregar sus votos en Chiapas, llegó sin problema alguno. Es más, los mismos tribunales hicieron ojo de hormiga a su paso. ¡A poco no! Y es aquí, como diría mi abuelo, donde la cocha torció el rabo. Porque la administración de Manuel Velasco seguramente supera, como una historia sacada del realismo mágico, lo devastador del sabinato en detrimento de la economía de nuestro estado. Recuerde los números, el derroche de los millones de pesos que se hizo sólo en la promoción de la imagen de Manuel Velasco a nivel nacional durante su primer año de gobierno, cuando alguien le había vendido la idea de que podía llegar a ser candidato rumbo a la presidencia de México y decidió apostarle a la inmediatez. Basta ver los cobros que se hacen en marchas, en conferencias, a las que el gobernador ha respondido con displicencia para tener apenas una idea del descomunal derroche de dinero que se dio en su sexenio que sirvió, según diversas denuncias, para empoderar a nuevos ricos como el mismo jefe del Instituto de Comunicación So-
cial, José Luis Sánchez, quien sólo el día de su boda tiró hasta las casas (y coches y demás) por la ventana y ha hecho un emporio de la nada. Es más, no vayamos muy lejos, a los mismos partidos políticos los han castigado desde la Secretaría de Hacienda y les adeudan varios millones a cada instituto sin que se vea por dónde les vayan a pagar. Sí, si hay que calificar a este sexenio en Chiapas éste sería el peor. Y no es que los demás sean un dichado de virtud, pero al gobernador Manuel Velasco simplemente le importó poco la crítica o la no aceptación de la gente, se encerró en su burbuja y condenó a Chiapas a la ingobernabilidad. Su obra máxima y logro contundente: cachetear y dejarse cachetear, o sentirse el dueño de las mujeres, digo, para que usted pueda medir el nivel de este sexenio en el que ya se va al Senado y algún esquirol llegará a jugar a ser el rey que, seguramente, terminará crucificado y con una cola más larga que la que ya trae.
Manjar
Parece que no hay poder humano que calme la voracidad de la diputada María de Jesús Olvera Mejía: Sigue encubriendo taxis piratas con su organización sindical, sigue violentando las leyes a su antojo. Sigue moviendo sus tentáculos y metiendo el desorden en el gremio del transporte. Ya veremos si el sexenio que viene sigue con su bandera de impunidad ondeada en todo lo alto. #VeremosDijoUnCiego // La recomendación de hoy es el libro de Leviatán de Thomas Hobbes y el disco Infame de Babasónicos. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.
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LA SUPREMA CORTE Y LA AUSTERIDAD REPUBLICANA Luis Miguel Cano
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la luz del debate público inaugurado por los 50 puntos anticorrupción y de austeridad del próximo gobierno, quiero enfocarme en el tema del Poder Judicial. ¿Privilegios inconfesables o condiciones necesarias para un servicio público indispensable?, usando las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. En mi opinión, servir en el Poder Judicial es la responsabilidad más honorable que se puede tener en un estado constitucional de derecho. Garantizar derechos humanos y el orden constitucional, incluso contra mayorías en los congresos y el poder de la Presidencia es, sin duda, una función pública trascendental. Visto con esa óptica, por supuesto que asegurar la independencia judicial frente al resto del gobierno, es vital en un régimen democrático. Y si esa independencia se ve impactada por las remuneraciones, la estabilidad de éstas debe de resguardarse. Reitero, juzgar para proteger derechos humanos de la población es un honor y el trabajo más digno que se puede tener en un estado de derecho, al menos para mí. Por eso aclaro, el compromiso con la defensa de tales derechos y la impartición de justicia no debería quedar condicionado por la cantidad de dinero y beneficios que se reciben por ejercer esa función pública. En otras palabras, sería muy preocupante que las personas que desempeñan labores judiciales tengan como principal motivación una de tipo económico. Si son personas honorables, no se les podría comprar, ni corromper con cuestiones materiales. Pero tampoco se les tendría que presionar en ese
campo, porque ello agrede la independencia judicial. Para desterrar toda confusión: aunque se disminuyeran prestaciones económicas y condiciones laborales en el Poder Judicial, tendríamos que contar con gente al servicio de la justicia que no claudicaría en su vocación por tales motivos. Dicho eso, tampoco podemos avalar un ataque injustificado a los derechos humanos de las personas que laboran en la rama judicial, porque eso afecta su independencia. Por fortuna, nuestra Constitución brinda una respuesta equilibrada que vale la pena recordar para el debate. Nadie en el gobierno, incluido el Poder Judicial, puede recibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo federal, que es la máxima. Nadie en el aparato estatal puede tener una percepción en efectivo o en especie, incluidas dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualesquiera otras, mayores a las del presidente del país. Eso es texto expreso en el artículo 127 constitucional. Desde finales de agosto de 2009 esta orden constitucional entró en vigor. Así, las remuneraciones que habían sido superiores a la máxima tendrían que haberse ajustado a partir del 2010. Ahora que el presidente electo anunció la reducción de su remuneración, por fin va a tomarse en serio el texto constitucional. Y por lo que hace a integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de Tribunales de Circuito, de Juzgados de Distrito, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Poderes Judiciales estatales y hasta del entonces Instituto Federal Electoral, las indicaciones de nuestra Constitución eran claras: Si estaban en funciones para
agosto de 2009, conservarían sus retribuciones “nominales” durante el tiempo total de su encargo, pero sus remuneraciones adicionales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualesquiera otras en dinero o especie, únicamente permanecerían si al sumarlas, sus remuneraciones totales no excedieran el máximo permitido en la Constitución. Nueve años de “olvido” están por concluir, porque en los presupuestos para 2019 el próximo gobierno no tiene excusa para seguir incumpliendo los mandatos constitucionales. Para el caso de la Corte, la situación tiene una particularidad especial. Solamente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y los ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González, estaban en funciones al momento en que entró en vigor la reforma publicada el 24 de agosto de 2009 del artículo 127 constitucional. De entonces a la fecha, desde la inclusión de los ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hasta los últimos nombramientos, pudo haber imperado un peculiar “uso o costumbre”, guiado por cierto sentido de la igualdad, para que no ganaran menos que sus pares, pero eso debería de concluir en 2019. Tendría que terminar esta singularidad porque no hay defensa viable bajo el pretexto de derechos adquiridos y prohibición de normas retroactivas o regresivas. No la hay porque el mandato proviene de la Constitución, de su artículo 127 y del régimen transitorio que lo acompañó desde 2009, el cual goza de similar fuerza. Nueve años de “ignorar” los mandatos constitucionales no convalidan la situación. El ministro Cossío se retira en diciembre de este año, la ministra
Luna, en febrero del año entrante y el ministro Franco, en diciembre de 2021. Quizá sea algo incómodo que por casi tres años haya disparidad en cuanto a remuneraciones al interior de la Corte, pero lo cierto es que la orden constitucional claramente expresa que eso tendría que ser únicamente por las retribuciones nominales –las remuneraciones adicionales son insostenibles–, y sólo aplica, en términos prácticos, para la ministra Luna –dos meses– y el ministro Franco, pues el resto de integrantes más recientes perciben lo que perciben por “olvido” de la Constitución y quienes lleguen a partir de diciembre tendrán que aceptar el texto constitucional. Con esta reflexión de por medio, vuelvo a preguntarme, ¿privilegios o derechos? Mi respuesta es que aquello que no gozan todas las personas, no es un derecho, es un privilegio, y por tanto, no debería de respaldarse. Luego lo vuelvo a pensar, pues como defensor de derechos humanos debo ser congruente y si reparo en el principio de progresividad y no regresividad y el mandato de máxima protección de las personas, querría poder escribir que no deben disminuir ni un peso las remuneraciones en el Poder Judicial, y menos en la Corte. Pero luego recuerdo que la mayoría de sus integrantes no toman al principio pro persona como una orden que deben obedecer, que no se asumen garantes de nuestros derechos, que las restricciones a los mismos les parecen la máxima en la Constitución, que no han hecho del amparo un recurso breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo para proteger derechos humanos o que apenas ayer se dio a conocer que la Corte reservó la información de sus gastos. Me acuerdo de eso, y se me pasa.
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A 39 AÑOS DEL TRIUNFO, ORTEGA DESBARRANCA AL FSLN
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scoltados por decenas de efectivos de su seguridad personal y policías, el viernes 13 Daniel Ortega y Rosario Murillo entraron a la ciudad de Masaya –a unos 24 kilómetros de la capital nicaragüense– donde, en vez del desborde popular, un gesto de desprecio les golpeó la cara a lo largo de casi un kilómetro de su recorrido: la gente no salió de sus casas, las viviendas permanecieron cerradas y las calles, en silencio. No fue sino hasta que la caravana presidencial se acercó a su destino, la sede policial de Masaya, cuando unos pequeños piquetes de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salieron a recibir a la pareja presidencial, enarbolando banderas rojinegras. “Masaya y Monimbó ya no celebran. Están dolidos por sus muertos”, comenta con amargura el sacerdote Edwin Moreira, párroco de la iglesia San Miguel, quien llegó a esta ciudad hace tres años y medio y se ha ganado el corazón de la población, intercediendo por los jóvenes capturados en la lucha cívica que libran este municipio y el país desde el pasado 18 de abril. Ese día comenzaron las protestas populares contra las reformas a la seguridad social, entre las que destaca un impuesto a las pensiones de los jubilados. Eso despertó una indignación enorme, que se tradujo en protestas en las ciudades de León y Managua, que fueron brutalmente reprimidas. Entre el 18 de abril y el 25 de junio, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en un informe preliminar, contabilizó 30 muertos en la ciudad de Masaya: 28 civiles y dos policías. La mayoría cayó bajo fuego de fusiles AK-47 y Dragunov, éstos, especiales para francotiradores. Entre los muertos está Junior Steven Gaitán López, de 15 años, asesinado el pasado 2 de junio de un disparo en el tórax. Moreira no olvida esa ejecución. “Murió a las cinco de la tarde, cerca de la iglesia San Miguel. No estaba armado. Un policía lo detuvo, lo puso de rodillas, el muchacho le pidió que no lo matara, pero él le disparó y lo mató”, cuenta el sacerdote durante una conversación en Managua, en vísperas de que Ortega celebrara “El Repliegue”, una acción guerrillera contra la dictadura somocista. El religioso –con 28 años de trayectoria sacerdotal– refiere que ese 2 de junio también fue ejecutado otro muchacho, al que apodaban El Mono. Se asegura extraoficialmente que una policía lo ejecutó a sangre fría. “Todos los muertos me han impactado. Es muy cruel todo lo que
Roberto Fonseca estamos viviendo”, dice Moreira. “Es increíble, aquel guerrillero (Ortega) que combatió una dictadura, hoy se ha convertido en un dictador. Se ha muerto el entusiasmo por Ortega, ese apoyo. Habrá sus cuantos todavía que son orteguistas, pero Masaya ya no”. El viernes 13 Ortega y Murillo, junto con sus escoltas, llegaron a la estación policial de Masaya donde se reunieron con oficiales, suboficiales y efectivos de la Policía Nacional. Algunos estaban encapuchados. Para elevarles la moral, la pareja presidencial fue saludándolos y abrazándolos. Una de las agentes del destacamento le comentó a Ortega, precisamente, que la acusaban de haber ejecutado a un muchacho y por temor tuvo que sacar a su familia de la ciudad. Quizás esperó un gesto de apoyo del mandatario, pero éste sólo le palmeó el hombro y siguió caminando. Al concluir los saludos llegó la hora de tomarse selfies con Ortega y Murillo. Primero fueron los policías y luego, militantes y simpatizantes –unos 300– que llegaron a vitorearlos y aclamarlos. El reportero de la televisión oficialista que transmitía el evento en vivo, decía: “La compañera (militante) está cumpliendo su sueño, una foto con el comandante”. Mientras tanto Masaya seguía despreciándolos, manteniendo cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas. Minutos después, al concluir el acto en la estación policial, Ortega y Murillo abandonaron la ciudad de la misma forma en la que entraron: ante la indiferencia y un silencio sepulcral.
El FSLN, al abismo
Para el comandante guerrillero y general en retiro Hugo Torres, la movilización de Ortega y Murillo a Masaya fue un “rotundo fracaso”, pues sólo pequeños piquetes de seguidores fueron a saludarlos. En su opinión, así se evidencia el aislamiento político que rodea a la pareja presidencial. “La masacre de más de 350 personas, entre ellos 25 menores, ha tenido un impacto muy fuerte entre las bases del Frente Sandinista. Hay muchísimos militantes del FSLN que están asqueados con lo que está pasando, porque no aprueban que estén cometiendo estos crímenes horrendos contra personas indefensas que sólo reclaman libertad, justicia y democracia”, dice en entrevista con apro. Torres, general retirado del ejército en 1999, fue uno de los participantes del célebre operativo de diciembre de 1974 ejecutado por un comando del FSLN en la vivienda de un funcionario –Chema Castillo– vinculado estrechamente con el dictador Anastasio Somoza.
La acción fue un éxito, pues Somoza se vio obligado a acceder a las demandas rebeldes: la liberación de los presos políticos, entre quienes estaba Daniel Ortega Saavedra, detenido siete años antes. También participó en el asalto al Palacio Nacional, en agosto de 1978, otra de las acciones guerrilleras exitosas del FSLN, que trascendió a nivel mundial. Hoy Torres es un fuerte opositor y crítico de su excompañero de armas Daniel Ortega, desde las filas del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que se desprendió del FSLN en 1994. “Esos crímenes provocan repugnancia en gente del FSLN que todavía tiene humanismo en su conciencia, y eso se ha traducido en una pérdida acelerada de apoyo a Ortega entre sus propias filas”, reitera. Según los resultados del Estudio de Opinión Pública Nicaragua #90, que CID Gallup realizó en Nicaragua del 3 al 14 de mayo de este año, en todo el territorio nacional, a través de un muestro mixto (personal y telefónico), 70% de los entrevistados estaba de acuerdo –desde entonces– con la salida de Ortega del poder. Días atrás, Carlos Denton, director de CID Gallup, confirmó que entre ese 70% de nicaragüenses que demanda la salida de Ortega, hay simpatizantes sandinistas. “Hay una tercera parte, entre los simpatizantes sandinistas, que apoya la renuncia de Daniel (Ortega). Hay sandinistas que piensan que se debe ir”, afirma Denton en entrevista. “Está próximo el derrumbe de Ortega con toda esta masacre. Se está enterrando él, junto a las pretensiones del establecimiento de una dinastía familiar”, agrega Torres. Cabe recordar que Ortega, violando la Constitución –que prohibía explícitamente la reelección– se amparó en una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo su control total, y se reeligió en 2011. En 2017 volvió a competir por un tercer mandato consecutivo y eligió como pareja presidencial a su esposa, Rosario Murillo, abriendo así el paso a un nuevo proyecto dinástico en la historia nicaragüense. “El futuro del FSLN dependerá de los cuadros y los militantes que han guardado distancia de estos crímenes y que están preocupados precisamente por ese futuro, y que van a tratar de salvarlo como un remanente de la historia de Nicaragua, como una expresión de la lucha contra la dictadura de los Somoza”, reitera Torres. “Ortega, sin embargo, está poniendo en riesgo ese futuro, porque en la medida que arrastra al crimen a algunos de los viejos militantes, y a
retirados del Ejército y del Ministerio del Interior, está arrastrándolos al abismo junto con él”, insiste. Pero Torres lamentó que aún no se alzan voces críticas en el seno del FSLN contra el actuar de la pareja presidencial, de la Policía Nacional y de las fuerzas parapoliciales.
Discurso religioso
Amparándose en ese silencio entre sus partidarios, Ortega y Murillo han emprendido una ofensiva militar contra los principales tranques (cierre de carreteras) levantados por la población, los estudiantes y por el movimiento campesino. Ese operativo empezó semanas atrás, poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su Informe Final ante el Consejo Permanente de la OEA, el 22 de junio. Tras esa ofensiva militar, Ortega ha desmontado los tranques en diversos departamentos del país, y emprendió una ofensiva final el domingo 8, con el ataque a las ciudades de Diriamba y Jinotepe, más de 40 kilómetros al sur de la capital. “Estamos concluyendo una semana victoriosa, en espíritu cristiano, socialista y solidario. Ha sido una semana de triunfos del pueblo… Con la fortaleza invicta de nuestra Revolución Popular Sandinista, alzada y crecida, vigorizada y revitalizada por el amor de Dios y el amor del pueblo. ¡Declaramos, en nombre de Jesús, que vamos adelante!”, escribió la vicepresidenta Murillo en una comunicación fechada el domingo 15 y dirigida a sus cuadros políticos. El martes 17, apoyándose en un fuerte contingente de policías y parapolicías –que se distinguían por sus camisetas azules–, emprendieron una nueva ofensiva contra las barricadas en el barrio indígena de Monimbó, el mismo que se levantó en armas en febrero de 1978 contra la dictadura de Somoza, tras el asesinato del célebre director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro. En esta nueva edición de la lucha popular, el barrio de Monimbó levantó barricadas el 20 de abril, cuando empezó la represión en las ciudades de Managua y León, entre otras. Desde entonces, el barrio está bajo el control de los líderes locales de la rebelión cívica. “Vamos, entonces, hacia el 39/19, que conmemoraremos en distintas modalidades, desde el despliegue de cariño, libertad e inquebrantable decisión de ¡patria libre o morir!”, agregó Murillo, refiriéndose a la conmemoración del 39 aniversario del 19 de Julio, día feriado en Nicaragua, en recuerdo de la fecha en que las tropas del FSLN entraron victoriosas a Managua y el pueblo salió a celebrar la caída de Somoza.
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 26 de Julio de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 5 | No. 1423 INVESTIGACIÓN
La FEPADE analiza información del INE sobre el fideicomiso de Morena
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Vamos a limpiar la corrupción en Tapachula, de “arriba para abajo”: Oscar Gurría
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Padres de los 43 piden a López Obrador honrar compromisos en caso Ayotzinapa PAG. 5
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MANDATO
TEPJF ordena a telefónicas dar información de llamadas contra López Obrador
Sagarpa y salud municipal decomisan vehículo con productos cárnicos contaminados La Sagarpa en coordinación con la Secretaría de Salud municipal, la Secretaría del Campo y la Policía Federal pusieron en marcha operativos contra vehículos de carga que transportan productos cárnicos sin cumplir con las normas sanitarias, las cuales ponen en riesgo la salud de la población. PAG. 5
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Designación de “fiscal carnal” de Veracruz será dirimida en tribunales: Cuitláhuac García